El analista: Perú en número rojos 

Ya son 4037 peruanos y contando los asesinados durante el gobierno de Dina Boluarte. En la gestión del ministro del Interior Juan José Santiváñez se registran 1760 homicidios. Estadísticamente cada cuatro horas se reporta la muerte de un ciudadano a manos de la criminalidad, según datos difundidos por el Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef).

El analista de datos, Juan Carbajal, muestra que, durante la gestión del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se registró la mayor cantidad de asesinatos. Desde su toma de mando hasta la fecha, 1.760 peruanos han perdido la vida a manos de la delincuencia.

Cabe recordar que este asumió el cargo el 16 de mayo de 2024. Con 10 meses en el cargo es el titular de cartera de Interior que más ha durado en su puesto en todo el gobierno de Boluarte, solo después de Vicente Romero que conserva el primer lugar solo por 2 días (si Santiváñez sigue en el cargo hasta el viernes hará historia en los efímeros gabinetes de Boluarte). Santiváñez por otra parte ya superó a Vicente Romero en el número de muertos,  en prácticamente el mismo período con Romero murieron 1.232 ciudadanos, mientras que bajó Santiváñez lo supera en 500 víctimas de homicidio.

Según el analista de Datos, Juan Carbajal la situación es numéricamente clara: el crimen avanza y las medidas en su contra no dan resultados desde el gobierno de PPK.

Ante lo declarado por el Gral. Víctor Zanabria: «Nosotros estamos en 6 muertos por cada 100 mil habitantes, es una de las cifras más bajas en esta ola criminal que vive Latinoamérica». Carbajal cuestiona: “No sólo hay que ver la foto final, hay que mostrar todo el panorama (años atrás) y en ese sentido la situación va en AUMENTO”.

En su cuenta de X, Carbajal. Comparte:

«Ese indicador que refiere el Gral. Zanabria proviene del SINADEF (cuyo ministro del Interior desconfía) y vienen en aumento considerable en la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes desde el 2017 (se ha triplicado) e informado también por InSight Crime en su portal web:

2017: 1.98 (674⚰️)

2018: 2.70 (919⚰️)

2019: 3.31 (1127⚰️)

2020: 2.98 (1016⚰️)

2021: 4.16 (1419⚰️)

2022: 4.50 (1533⚰️)

2023: 4.42 (1506⚰️)

2024: 6.03 (2057⚰️)

#OjoAlDato 

Los mismos datos que maneja la PNP por medio del SIDPOL también reflejan ese aumento considerable por cada 100 mil habitantes de 3.2 en el año 2018 a 7.5 en el año 2024.

Perú, un pronóstico reservado

El analista Carbajal desmiente estadísticamente cualquier supuesta mejora de la salud pública respecto al crimen, más bien sus conclusiones resultan demoledoras:

«En lo que va del año 2025, según datos oficiales del SINADEF hasta el 15 de marzo, se han registrado 15% más de homicidios con respecto al mismo período del año 2024».

«Se incrementa a 459 la cantidad de homicidios registrados en lo que va del año 2025 a razón de 6.2 como promedio diario, según datos oficiales del SINADEF».

«El trimestre con la MAYOR cantidad de homicidios registrados, desde el año 2017, ha ocurrido durante la presente gestión del ministro del Interior entre los meses de Oct/Nov/Dic2024 en pleno «estado de emergencia».

No obstante, el presente trimestre Ene/Feb/Mar2025 va rumbo a superar tal registro de acuerdo a los datos oficiales del SINADEF».

¿Dónde están? México en números de exterminados 

Ya no son las dictaduras las que desaparecen a los ciudadanos. En la mayor democracia de Latinoamérica, los desaparecidos se han vuelto una realidad tajante. México está por tener el número de desaparecidos más grande que todos los desaparecidos de toda Latinoamérica junta durante las dictaduras del s.XX.

Mientras la presidenta Sheinbaum cuestiona que se llame como campo de exterminio el rancho hallado con restos humanos, los números de su gestión revelan un panorama innegable.

Entre tanto,  los homicidios bajan un 25% las desapariciones suben un 85%. Un ejemplo, en febrero de 2019 el número de desaparecidos fue de 650 personas. En febrero de 2025 el número de desaparecidos es de 1204 personas.

Otro ejemplo, es el fin de semana rojo. Solo en el último fin de semana, del 14 al 16 de marzo se registró en México 198 homicidios dolosos (viernes 60, sábado 62 y domingo 76).

En resumen, si contamos  solo 10 días México tendría  más muertos que los que tuvo Argentina en la guerra de Malvinas. 

Según informó el medio Latinus de México, el lunes en la página de la comisión de Seguridad nacional desaparecieron los datos del viernes 14, desaparecieron sin ninguna explicación, igual como ocurrió con los datos del 28 de febrero y los 14 días de marzo.

Los Estados con más homicidios este fin de semana fueron Guanajuato, Sonora, CDMX, Michoacán, Sinaloa, Edomex, Chihuahua, Baja California y Puebla.

Por otro lado, solo en el primer mes del gobierno de Sheinbaum, México registra 2,564 homicidios. Esto es un aumento del 6.6 % interanual y un promedio de 82 diarios, en medio de masacres que han marcado el comienzo del Gobierno y una agudización de las pugnas del narcotráfico.

Además, el hallazgo de un campo de exterminio recientemente en Jalisco se debió al colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, quienes encontraron crematorios clandestinos, restos óseos y cientos de pertenencias personales, incluyendo ropa, unos 400 zapatos, juguetes, entre otras pertenencias. El lugar conocido como Izaguirre (en vasco significa «descampado del abeto o lugar expuesto al viento») se ha convertido en la muestra clara que México está enfermo de violencia. 400 pares de zapatos revelan dónde terminan muchos de los desaparecidos.

Solo Jalisco tiene 15 mil desaparecidos. En todo México desde 2006 el número de desaparecidos es de 110 mil.

La Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso presidida por Edhit Julon Irigoin aprobó por amplia mayoría, 14 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones, el predictamen que permite la liberación del 100% de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) para los trabajadores en Perú.

La medida considerada por algunos sectores como “populista”, establece que los trabajadores podrán disponer de estos fondos hasta diciembre de 2026. Además, un porcentaje de la CTS podría ser retirado de manera permanente, lo que marcaría un cambio en la regulación de este beneficio.

Se presentaron 15 proyectos de retiro de CTS

Este dictamen prácticamente consolidó a los quince proyectos de ley presentados por diversas bancadas, que proponían diferentes alternativas de acceso y retiro de estas compensaciones laborales. Entre tanto, la Comisión de Economía deberá revisar la propuesta antes de que pase al Pleno del Congreso para su debate y eventual aprobación.

Algo que aún se encuentra en discusión, es si el retiro de la CTS será permitido hasta 2025 o 2026. Según, la presidenta de la Comisión de Trabajo, Edhit Julón Irigoin, existen tres proyectos que plantean el retiro solo hasta 2025, mientras que otras nueve iniciativas proponen extenderlo hasta el año siguiente, 2026.

“Se incluirá la opción de retiro hasta 2025 y 2026 para que el Pleno lo debata y se alcance un consenso”, indicó la titular del grupo de trabajo Edhit Julón.

“Se autoriza, por única vez y hasta el 31 de diciembre de 2026, a los trabajadores comprendidos dentro de los alcances del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 650, Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, aprobado por el Decreto Supremo 001-97-TR, a disponer libremente del cien por ciento (100 %) de los depósitos por Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) efectuados en las entidades financieras y que tengan acumulados a la fecha de disposición”, se lee en el documento.

¿El MEF se preocupa por la economía de trabajadores?

Asimismo, desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), han manifestado su preocupación sobre los posibles efectos negativos de esta medida y advierten que permitir el retiro irrestricto de la CTS podría dejar a los trabajadores sin un respaldo económico en caso de despido.

Ya tienen un lugar donde despachar. La Mesa Directiva del Congreso de la República autorizó la compra de dos inmuebles ubicados en el centro de Lima para la “implementación del modelo de infraestructura y funcionamiento de las cámaras legislativas del sistema parlamentario bicameral en el Poder Legislativo”.

Por acuerdo tomado el 4 de marzo en la sesión N°25, se decidió gestionar la compra de dos inmuebles ubicados en el Jr. Lampa 445 y Jr. Lampa 415 con Jirón Huallaga 320- 324, (Cercado de Lima), de propiedad del Banco de Crédito del Perú (BCP).

La dirección general de administración del Congreso contó hasta con once propuestas (edificios) de las cuales, tres resultaron óptimas por reunir los requerimientos de aforo, área útil requerida, servicios óptimos, rutas de evacuación, entre otros. Sin embargo, dos de estas tres propuestas presentaban características de corte patrimonial, por lo que cualquier intervención en su infraestructura requeriría conseguir las autorizaciones del Ministerio de Cultura, aspecto que demoraría en tener listas las obras de implementación y adecuación con proyección a julio del 2026, fecha en que el Congreso con dos cámaras debe estar instalado.

Así, el edificio del BCP resultó ser la opción seleccionada por un valor de 13.5 millones de dólares americanos (previa tasación realizada), “toda vez que cumple con tener un área construida/techada de 25,895 m2 y un área útil de 13,017 m2, lo cual permitiría albergar al personal requerido con miras a la implementación de la Bicameralidad para el año 2026, según la proyección realizada”, señala el documento en el que también se deja constancia que la congresista Patricia Juárez «votó en abstención».

La mesa directiva acordó autorizar a la directora general de administración a suscribir la minuta, escritura pública y demás documentos necesarios para formalizar la adquisición del edificio.

Tras haberse tramitado tres mociones de censura previas contra el ministro Juan José Santiváñez Antúnez, esta mañana la bancada de Fuerza Popular ingresó a trámite la nueva moción de censura contra el titular del Mininter, en menos de 48 horas de presentarse las anteriores.

«El Congreso de la República acuerda: censurar al ministro de Interior, Juan José Santiváñez Antúnez, por la inseguridad ciudadana en el país y la falta de cooperación para mejorar el sistema de administración de justicia» se lee en el documento.

Es la cuarta ‘moción de censura’ contra Santiváñez

La cuarta moción de censura contra el ministro Juan José Santiváñez ha sido impulsada por la bancada de Fuerza Popular; sin embargo, también lleva la firma de miembros de Avanza País, Juntos por el Perú – Voces del Pueblo y Bloque Democrático Popular y No Agrupados.

En el documento oficial se señala que, el Perú no necesita únicamente un cambio de ministro del Interior, sino también una reforma del sistema de justicia. No obstante, resaltan que la censura al ministro Santiváñez Antúnez es una medida política inmediata.

«Sin una reforma integral del sistema de justicia y sin un Ministerio Público que haga su trabajo, la delincuencia seguirá ganando terreno», se lee en el oficio.

Las primeras tres mociones de censura han sido impulsadas por la congresista Susel Paredes, y sus colegas Jaime Quito y Diego Bazán. Todas, según el portal de Congreso, ya se encuentran listas para verse, debatirse y votarse en el próximo Pleno de este viernes 21 de marzo, a partir de las 10 de la mañana, según acordó la Junta de Portavoces del Parlamento.

Por Jorge Paredes Terry

La presidenta Dina Boluarte ha sorprendido al país con un anuncio que, en principio, parece contundente: está considerando seriamente la implementación de la pena de muerte como herramienta para combatir la delincuencia organizada y desbordada que aqueja al Perú. Sin embargo, antes de que este anuncio se convierta en otro «cohete lanzado al aire» una de esas promesas grandilocuentes que luego se diluyen en la inacción, es importante analizar qué implicaría realmente llevar esta medida a cabo y qué pasos concretos debería seguir el gobierno para que no quede en una mera declaración mediática.

1. Reforma constitucional: el primer paso ineludible

La Constitución Política del Perú de 1993 establece en su artículo 140 que la pena de muerte solo puede aplicarse por traición a la patria en caso de guerra y por terrorismo. Para extender su aplicación a otros delitos, como los vinculados a la delincuencia organizada, es necesario modificar la Carta Magna. Esto implica:

– Mayoría calificada en el Congreso: Se requiere la aprobación de dos tercios del Parlamento (87 votos) para reformar la Constitución. Esto significa que el gobierno debe construir consensos políticos, algo que no ha sido precisamente su fuerte.

– Debate público y técnico:  La reforma no puede ser apresurada. Debe incluir un amplio debate con expertos en derecho, organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil para evaluar sus implicaciones.

2. Cumplir con los tratados internacionales

Perú es signatario de tratados internacionales que limitan el uso de la pena de muerte, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Para implementar esta medida, el gobierno tendría que:

– Denunciar o renegociar tratados:Esto implicaría un proceso complejo y podría aislar al Perú en el escenario internacional.

– Garantizar estándares de derechos humanos: Aún en casos extremos, el Estado debe asegurar que no se violen los derechos fundamentales, como el derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia.

3. Fortalecer el sistema judicial

Uno de los mayores riesgos de la pena de muerte es la posibilidad de errores judiciales. En un sistema con fallas estructurales, como el peruano, este riesgo es aún mayor. Para minimizarlo, el gobierno debería:

– Invertir en el Poder Judicial:  Mejorar la capacitación de jueces, fiscales y policías para garantizar investigaciones rigurosas y procesos transparentes.

– Evitar la corrupción: Implementar mecanismos para prevenir la influencia de grupos criminales en las decisiones judiciales.

– Crear salvaguardas: Establecer instancias de revisión y apelación exhaustivas para evitar condenas injustas.

4. Definir criterios claros y limitados

La pena de muerte no puede ser una medida aplicada de manera arbitraria o populista. Para que sea efectiva y justa, el gobierno debe:

– Delimitar los delitos aplicables: Establecer de manera precisa qué crímenes serían susceptibles de esta pena (por ejemplo, narcotráfico a gran escala, asesinatos en masa, terrorismo en todas sus modalidades, crímenes atroces).

– Evitar su uso discriminatorio: Garantizar que no se aplique de manera desproporcionada contra grupos vulnerables o minorías.

5. Enfocarse en las causas estructurales del crimen

La pena de muerte, por sí sola, no resolverá el problema de la delincuencia organizada. Para que esta medida no sea una simple distracción, el gobierno debe complementarla con acciones concretas que ataquen las raíces del crimen:

– Lucha contra la corrupción:  La delincuencia organizada florece en entornos corruptos. Es esencial fortalecer las instituciones y sancionar a los funcionarios coludidos con el crimen.

– Inversión social: Mejorar las condiciones de vida en las zonas más afectadas por la delincuencia, con programas de educación, empleo y salud.

– Inteligencia policial: Limpiar de malos elementos y modernizar las fuerzas del orden para desarticular redes criminales desde su base.

6. Transparencia y rendición de cuentas

Si el gobierno decide avanzar con esta medida, debe hacerlo con total transparencia. La ciudadanía tiene derecho a saber:

– Cómo se implementará: Detalles sobre los procesos judiciales, las garantías para los acusados y los mecanismos de supervisión.

– Cuáles son los resultados: Informes periódicos sobre el impacto de la medida en la reducción de la delincuencia.

Vamos a darle el beneficio de la duda a esta señora.

 Dina Boluarte tiene la oportunidad de demostrar que su anuncio no es otro «cohete lanzado al aire», sino una propuesta seria y bien fundamentada. Sin embargo, la pena de muerte no es una solución mágica. Su implementación requiere un esfuerzo enorme en términos políticos, jurídicos y sociales, y debe ir acompañada de medidas integrales que aborden las causas profundas de la delincuencia.

Si el gobierno realmente quiere combatir el crimen organizado, debe dejar de lado las distracciones y enfocarse en acciones concretas y sostenibles. De lo contrario, esta propuesta no será más que otra promesa incumplida en un país que ya está cansado de escuchar palabras vacías. Basta de lanzar cohetes al aire, señora. Es hora de actuar con seriedad y responsabilidad.

Con un palo no basta. La Comisión de Defensa del Congreso de la República aprobó por mayoría la propuesta legislativa para dotar a los serenos municipales de armas de electrochoque en el ejercicio de sus funciones.

El predictamen recaído en los proyectos de ley 07874/2023-GL y 10075/2024-CR, el primero de ellos presentado por la Municipalidad de Surco, fue aprobado con 12 votos a favor, dos en contra y cero abstenciones. 

La propuesta modifica el segundo párrafo del artículo 20 de la Ley 31297, Ley del Servicio de Serenazgo Municipal, mediante el cual se agrega la utilización de armas de electrochoque.

La actual legislación señala que los medios de defensa usados por los serenos, según los recursos de cada municipalidad, son los siguientes: grilletes de seguridad, escudos, bastones tonfa, aerosoles de pimienta, y chalecos antibalas para el cumplimiento de sus funciones. A ello se le agregaría las armas de electrochoque.

Durante el debate de la iniciativa, el alcalde Surco, Carlos Bruce, indicó que la experiencia en otros países demuestra que es posible que se puede emplear estas herramientas en la lucha contra la inseguridad ciudadana. 

“Lo que buscamos es permitirles a los serenos, previa capacitación, que puedan tener estas pistolas paralizadoras. Los civiles las podemos usar, pero los serenos por ley no pueden”, afirmó el alcalde de Surco.

A su vez, el congresista Fernando Rospigliosi Capurro (FP), dijo que la utilización de estas armas es peligros ya que no existe control; su colega Roberto Chiabra León (APP), se mostró en contra del proyecto y propuso que las armas letales no deben ser utilizadas por gente que no está preparada para usarlas.

En tanto, el congresista Edwin Martínez Talavera (NA), dijo que los alcaldes deben tomar previsiones para esta ley, y propuso que los serenos deben tener capacitación constante.

El predictamen aprobado debe ser ahora debatido y aprobado en el pleno del Congreso.

La Comisión de Ética aprobó por mayoría el informe final que declara fundada la denuncia contra la parlamentaria Sigrid Bazán Narro, por violar diversos artículos del Código de Ética Parlamentaria y su Reglamento. Asimismo, se recomienda imponerle una amonestación escrita pública.

Calificó al Congreso de ‘delincuencial’

El informe se basa en el Expediente 201-2024-2025/CEP-CR y corresponde a un proceso especial de flagrancia. Esto se debe a que, en enero de este año, la congresista publicó en la red social X un mensaje en el que calificaba al Congreso de la República como «delincuencial», tras la aprobación de un dictamen que devuelve la firma del expresidente Alberto Fujimori a la Constitución de 1993. En el informe se concluye que Bazán Narro no respetó los valores de respeto, tolerancia y responsabilidad al emplear esa expresión, lo cual ofende al Congreso y a todos los congresistas. Además de la amonestación escrita, se recomendó una multa equivalente a 30 días de legislatura.

El cambio en la recomendación final ocurrió debido a una cuestión previa planteada por el congresista Elvis Vergara, quien sugirió que solo se le impusiera una amonestación escrita pública, tal como lo establece el literal b) del artículo 14 del Código de Ética Parlamentaria. La cuestión previa fue aprobada con 7 votos a favor, 3 en contra y ninguna abstención.

El congresista de Podemos Perú, José Luna Gálvez, insiste en mencionar que ya debe haber adelanto de elecciones generales, ante la creciente inseguridad. El legislador explicó a Exitosa que el Congreso actual «no tiene la fuerza» para enfrentar esta grave problemática. Por lo que, consideró que es mejor irse todos.

«Nosotros seguimos proponiendo lo mismo, vámonos todos de una vez. No podemos, este Congreso no tiene la fuerza y el Ejecutivo menos para hacer y parar. Vámonos todos para que no haya un muerto (…) La decisión era hace dos años cuando dijimos para irnos todos y darle la oportunidad a otro grupo humana para que pare la delincuencia», expresó el congresista.

Asimismo, indicó que el Gobierno de Dina Boluarte tampoco ha demostrado tener las competencias necesarias para poder afrontar esta problemática. Por ello, sostuvo que todos deben de dejar sus cargos y dar la posta a un nuevo grupo de servidores para que atiendan la ola de criminalidad.  Para ello, remarcó que el Ejecutivo tendría que hacer un shock de inversión en materia de seguridad ciudadana para poder adquirir el personal y herramientas necesarias para la lucha contra la criminalidad.

«Nuestra posición siempre ha sido esa (a favor del adelanto) porque analizábamos que el Congreso no tiene la fuerza moral para tomar esas decisiones. No nos queda otra cosa que hacer eso. Por eso nosotros retiramos al de la Mesa Directiva», mencionó.

Podemos votará por censura contra Santiváñez

José Luna Gálvez también anunció que respaldarán la moción de censura contra el cuestionado ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

«Voy a votar por eso (que salga Santiváñez), pero a la vez tenemos que exigir un shock de inversiones. Si no se inyecta dinero, cualquiera que asuma el cargo de ministro del Interior no podrá solucionar el problema. La Policía no tiene bala, uniforme, gasolina, etc. Tenemos que botar a toda esta gente, no solo a Santiváñez (…) El señor Santiváñez debería renunciar, pero eso no soluciona el problema», concluyó el propietario de Podemos Perú.