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Opinión

¿El canciller Schialer firma resoluciones a la medida y conveniencia?

Lee la columna de Rafael Romero

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Por Rafael Romero

La cancillería, como toda administración, tiene una labor “a la interna” para cuidar directamente el prestigio de los recursos humanos y la idoneidad del personal: cuerpo diplomático y servidores del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE).

En un contexto de evaluación y buena conducta, existen los procesos disciplinarios con el objetivo garantizar que los funcionarios diplomáticos cumplan con sus obligaciones y deberes. El procedimiento disciplinario se inicia con una resolución viceministerial, que se notifica al funcionario o se publica en el Diario Oficial El Peruano. 

La Comisión Disciplinaria es la que se encarga de investigar los casos, de solicitar documentación, de examinar pruebas y de presentar un informe al Viceministro Secretario General de Relaciones Exteriores. En el ámbito disciplinario los ejes fundamentales son la Ley del Servicio Diplomático de la República (Ley Nº 28091) y el Reglamento de Organización y Funciones del MRE, en cuyo artículo 1 se señala que dicho ministerio ejerce la representación del Estado en el ámbito internacional a través del Servicio Diplomático de la República y del Servicio Exterior.

Por eso la cancillería tiene órganos para supervisar el servicio en el exterior y órganos desconcentrados para supervisar a cada unidad funcional del país. Como se recuerda, y ha sido motivo de mucha información publicada desde el mes de setiembre a la fecha en varios medios de comunicación, todavía no se tiene claro qué pasó con el embajador del Perú, José Betancourt Rivera, en la República Árabe de Egipto y del por qué tuvo que retirárselo abruptamente, trascendiendo el hecho de un supuesto maltrato que le habría prodigado a las autoridades del país africano, siendo INFOBAE una plataforma de noticias que documentó acuciosamente este caso.

Precisamente, con ánimo informativo de profundizar en el tema solicitamos una entrevista a dicho embajador, mediante la Oficina de Comunicaciones del MRE, y pese a que inicialmente el propio protagonista de este hecho nos escribió, luego vino un silencio total que nos ha obligado a enviar a la Cancillería un reiterativo o recordatorio de solicitud a fin de concretar la entrevista. Los puntos clave a absolver por dicho funcionario, en provecho de la información pública, son:

1.- ¿Por qué estuvo en el cargo solo dos años? ¿Pudo haber sido más tiempo como otros embajadores que están cuatro, cinco o más años en representación del Perú?

2.- ¿Es cierto que la embajada de Egipto en Lima emitió una nota donde agradece a la Cancillería peruana por su retiro de El Cairo?

3.- ¿Podría decirse que una nota de ese tipo equivale a declararlo “persona non grata”?

4.- ¿Una Resolución Suprema como la N° 151-2024-RE, del pasado 10 de setiembre, debió de explicar el motivo de su retiro de El Cairo y de su retorno a Lima?

5.- La prensa informó entre setiembre y octubre pasados acerca de su retiro como embajador del Perú en Egipto, señalando que la causa fue el comportamiento que usted tuvo con las autoridades egipcias. ¿Qué fue lo que pasó realmente?

6.- ¿Considera que el canciller Schialer decidió retirarlo antes para no dañar las relaciones bilaterales peruano-egipcias? Además, su nombre hasta el día de hoy aparece en el portal web de la Cancillería como “Jefe de Misión – Embajada del Perú en Egipto”. ¿Atribuye esto a un simple error de trámite informático digital del Ministerio de Relaciones Exteriores?; y

7.- ¿Vuestro retiro de la embajada peruana en Egipto fue intempestivo? Por lo mismo, ¿ello implicaría la apertura de un proceso administrativo disciplinario que aclare todos los puntos de este caso?

Sin embargo, en medio de un hecho supuestamente grave acaecido en Egipto, y peor cuando está pendiente por esclarecer, por qué el actual canciller Elmer Schialer acaba de firmar la Resolución Ministerial N° 0871-2024-RE, con la cual nombra como Asesor Especializado en Recursos Humanos al embajador José Betancourt Rivera, a quien hemos formulado peticiones para que dé su versión respecto de lo informado por varios medios, como por ejemplo, INFOBAE; según la cual habría maltratado a funcionario del gobierno egipcio y que fue por eso su culminación abrupta como embajador del Perú en dicho país africano.

Ante esta situación, ahora se ve más involucrado el propio canciller Schialer en la necesidad de informar con absoluta transparencia sobre este caso, que se agrava a partir de la citada Resolución 0871 firmada por él, lo que nos lleva a plantear lo siguiente ante la Cancillería:

1.- ¿Número de procesos administrativos abiertos al embajador José Jesús Guillermo Betancourt Rivera durante su desempeño funcional en el MRE?

2.- De ser el caso, ¿en qué fechas se le abrieron los procesos administrativos, y cuál fue el resultado (sanción o archivo) de cada uno de ellos?

3.- ¿Existe nota verbal o escrita de alguna autoridad de la República de Egipto con la cual se agradece a la Cancillería peruana por la remoción del embajador José Betancourt Rivera del cargo de embajador en dicho país africano? (según refiere INFOBAE).

4.- ¿Durante la función del embajador José Betancourt Rivera en la República de Egipto tuvo alguna amonestación por incumplir alguna norma y/o costumbre del Protocolo y del Ceremonial del Estado y del Ceremonial Diplomático frente a las autoridades egipcias?

5.- ¿Cuál fue la causa o motivo de la culminación abrupta en setiembre del 2024 de la función de embajador del señor José Betancourt Rivera?

6.- En el caso de las funciones desempeñadas por el señor José Betancourt Rivera en Egipto, ¿existe algún informe, oficio o memorándum en el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre alguna posible inconducta funcional?

7.- ¿El Órgano de Control Institucional y/o Recursos Humanos del MRE tomó conocimiento de lo acontecido en Egipto por el embajador José Betancourt Rivera, según el amplio despliegue informativo sobre posibles maltratos a las autoridades de dicho país por parte del citado funcionario del Perú?

Pese a los hechos acaecidos en Egipto, que requieren una aclaración de la Cancillería, aparece ahora la Resolución 0871 de Schialer que hecha más sombras sobre lo que pasa dentro de Torre Tagle; y desde Lima Gris estamos seguros que con la crítica contribuimos para hacer más eficiente el servicio diplomático, con mayor razón cuando en los países vecinos hay una serie de cambios, como en la Argentina de Milei, donde se están haciendo serios ajustes en el burocrático servicio diplomático de ese país.

Pero, es preocupante la realidad actual en el Perú de Dina Boluarte y de ministros como Schialer, quienes parecen gobernar solo para la quincena y de ninguna manera para la institucionalidad y la historia.  

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Opinión

Lou Ferrigno, el hombre increíble

El gigantesco ‘personaje verde’ de la televisión se volvió muy icónico y dejó una huella indeleble en la cultura pop.

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Desde las entrañas de Brooklyn, Nueva York, emergió Lou Ferrigno, un coloso de ascendencia italiana que transformó su físico monumental y su carácter silencioso en leyenda televisiva. Fue en la icónica serie ‘El Increíble Hulk’, emitida entre los años setenta y ochenta por la cadena CBS, donde su figura verde, imponente y taciturna, conquistó al mundo entero. La serie, basada en el cómic de Marvel, supo mezclar acción y drama con un trasfondo humano conmovedor. No era solo el espectáculo de músculos y destrucción: era el retrato de un alma errante y triste perseguida por su propia tragedia.

El toque melancólico lo ponía Bill Bixby, en su papel del atormentado Dr. David Banner, y juntos —Bixby y Ferrigno— tejieron una simbiosis actoral inolvidable. La serie fue un fenómeno mundial, y su melodía final de piano titulado ‘El tema del hombre solitario’, quedó grabado en la memoria de generaciones. Ferrigno, campeón de Míster Universo, obtuvo con esta serie una victoria y revancha sobre Arnold Schwarzenegger, quien le ganó en el Olympia, pero fue descartado del casting por su baja estatura. El destino le reservó a Lou un lugar privilegiado en la historia televisiva.

En 2024, Ferrigno había prometido visitar Perú para el Día del Cómic Festival, pero una cirugía de rodilla mal curada frustró el anhelado encuentro. Con humildad, envió un mensaje respetuoso a sus seguidores, lamentando su ausencia. Sin embargo, había un capítulo pendiente.

Y se escribió en 2025. Desde el 1 al 4 de mayo, en el distrito de Jesús María, Ferrigno, ya con 74 años, llegó para saldar su deuda emocional. Lo recibieron como se recibe a un viejo amigo: con ovaciones, abrazos y ojos brillantes. Firmó autógrafos, posó para fotos y respondió, paciente, las preguntas de fans que aún lo ven como aquel imponente titán de piel verde.

Pero lo que más sorprendió fue su sencillez: esa calidez de hombre bueno, que no necesita rugir para hacerse notar. Porque, aunque en la pantalla gritaba con furia, en la vida real Lou Ferrigno habla con gestos suaves, sonrisa honesta y una humanidad que, como su personaje, sobrepasa cualquier ficción. No cabe duda que su corazón es más grande que todo lo que le rodea en el mundo.  

(Columna publicada en el Diario Uno).

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Opinión

Hasta aquí llegamos, Sra. Boluarte

Lee la columna de Fernando Casanova

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Por Fernando Casanova

Este no es un reclamo más.

Es el grito final de un pueblo herido.

Acaban de asesinar a trece trabajadores en Pataz. Trece vidas reducidas al silencio por bandas armadas, por el crimen organizado, por la desidia estatal. Por usted, señora Boluarte.

Fue una ejecución que triunfa en el vacío.

Y ese vacío tiene nombres: Gobierno. Estado. Presidencia.

Usted sra. Boluarte.

¿Dónde estaba mientras los mataban?

¿Dónde estaba el Estado cuando fueron secuestrados?

¿Dónde está ahora, mientras sus familias entierran cuerpos y nosotros tragamos rabia?

No basta su rostro planchado. No basta su cinismo bien peinado.

No se gobierna con bisturí. No se lidera con carteras y joyas.

Usted, señora Boluarte, convirtió el poder en espectáculo y la política en pasarela. Mientras los peruanos mueren en socavones, usted brilla con relojes y sonríe sin culpa. El Perú es cadáveres en el suelo y cirugías en Palacio. ¿Qué más prueba necesitamos de su distancia sideral con la gente?

Gobernar es encarnar. Y usted es puro simulacro y telepronter.

No hay justicia, no hay consuelo, no hay presencia.

Todo es vergüenza.

Vergüenza de escucharla hablar de sus logros de opio.

Vergüenza de sabernos representados por alguien que no siente, no llora, no existe.

Sra., hasta aquí llegamos.

Váyase.

No por ser mujer. No por ideología.

Usted ha vendido el alma de esta tierra, nos ha entregado a las fauces de sicarios mientras se aferra como naufrago a los pedazos del barco que su avaricia mal diseñó.

El país arde señora, y su rostro solo eleva el octanaje de la desgracia. Lárguese.

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Plan de Acción de la Oficina del Alto Comisionado para la paz y el desarrollo de Pataz

Una clara propuesta para recuperar la paz en Pataz.

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Por Jorge Paredes Terry

Objetivo General:

Erradicar la delincuencia organizada y sentar las bases para un desarrollo económico sostenible en la provincia de Pataz, mediante la articulación de esfuerzos entre el Estado, la gran minería, las comunidades, las rondas campesinas y los mineros artesanales. 

1. CORTO PLAZO (0-8 MESES): RESTAURAR EL ORDEN Y LA CONFIANZA 

Objetivo: Recuperar la seguridad ciudadana, desarticular grupos delincuenciales y garantizar condiciones mínimas de gobernabilidad. 

Acciones:

– Fuerza de Tarea Especial Pataz:

  – Despliegue conjunto de la PNP, FF.AA. Rondas Campesinas y fiscalía en zonas críticas (Tayabamba, Pataz, Parcoy, Buldibuyo y Huaylillas)

  – Inteligencia coordinada con rondas campesinas para identificar bases logísticas de la delincuencia. 

  – Operativos contra extorsión, minería ilegal vinculada al crimen y secuestros. 

– Pacto Social por la Seguridad:

  – Mesas de diálogo con líderes locales, rondas y mineros artesanales para acuerdos de no violencia. 

  – Recompensas anónimas para denuncias de corrupción y crimen organizado. 

– Emergencia en Servicios Básicos:

  – Brigadas médicas móviles para reducir mortalidad materno-infantil y desnutrición. 

  – Reparación urgente de vías críticas (ej. Tayabamba-Buldibuyo) en coordinación con Provías. 

– inicio de la construcción de la carretera asfaltada doble vía Chagual-Mamahuaje.

– Inicio de la construcción del hospital de Tayabamba.

2. MEDIANO PLAZO (8-18 MESES): DESARROLLO ECONÓMICO INCLUSIVO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Objetivo: Formalizar actividades productivas, mejorar infraestructura y generar empleo local. 

Acciones Clave:

Plan Radical de Formalización Minera Artesanal: 

  – Acuerdos con mineros informales para acceso a tecnologías limpias y comercialización justa.

– Comercialización de material minero mediante cetros de acopio y molinos especiales administrados por el estado (SUNAT, OEFA, MINEM, UIF, Otros) y empresas mineras.

  – Creación de una Cooperativa Minera de Pataz con apoyo técnico del MINEM. 

Inversión Minera con Retorno Social:

  – Acuerdo Estado y grandes mineras (Poderosa, Minera Aurífera Retamas, Horizonte, Caraveli y otras) para: 

    – Construcción de hospital con especialidades mediante obras por impuestos.

    – Electrificación rural total y construcción de la carretera asfaltada doble vía Tayabamba-Trujillo.

    – Fondos concursables para proyectos agroindustriales liderados por jóvenes. 

Fortalecimiento de Rondas Campesinas mediante un plan estratégico especial.

  – Capacitación y equipamiento total, comunicación satelital para seguridad e inteligencia operativa.

  – Reconocimiento legal de su rol en el desarrollo local   

3. LARGO PLAZO (2-5 AÑOS): SOSTENIBILIDAD Y AUTONOMÍA

Objetivo:  Convertir a Pataz en un modelo de desarrollo territorial con paz social. 

Estrategias:

Diversificación Económica:

  – Agroparques con cultivos de alto valor (papa, maíz, trigo, café, palta, etc) y plantas procesadoras. 

  – Turismo de aventura (rio Marañón, puerta del monte, laguna de pias, otros) con concesiones a comunidades. 

Institucionalidad Anticorrupción y capacitación.

  – Oficina de Transparencia en Pataz (veeduría ciudadana a contratos públicos y mineros). 

  – Escuelas de liderazgo para futuras autoridades. 

– institutos de capacitación minera y ambiental

Sistema de Alerta Temprana: 

  – Monitoreo satelital de seguridad y medio ambiente.

ACTORES CLAVE Y ROLES:

ACTORES.                                                              COMPROMISO

ESTADO PERUANOFinanciamiento de infraestructura, presencia permanente de fiscalía y PNP.
GRAN MINERÍAInversión social vinculada al desarrollo (50% del Canon y 20% de utilidades a proyectos locales)
RONDAS CAMPESINASVigilancia territorial y mediación de conflictos.
MINEROS ARTESANALESCapacitación, Formalización y adopción de tecnologías de punta                        |   
GOBIERNO REGIONALPresupuesto para educación técnica (ejm. Institutos  Tecnológico Minero Y Ambiental)    

                             

Señora Presidenta:

Este plan no es utopía: es viable si existe voluntad política y participación activa de los patacinos.  La gran minería debe entender que su licencia social depende de dejar un legado real. El Estado no puede seguir ausente. Y nosotros, como ciudadanos, debemos exigir y colaborar. 

“Pataz no quiere limosnas, quiere justicia y futuro.» 

El Alto Comisionado para la Paz y el Desarrollo de Pataz deberá firmar un compromiso público de rendición de cuentas trimestral.   

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Opinión

El Eternauta, una decepcionante serie de Netflix

Lee la columna de Edwin Cavello

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La ambiciosa adaptación de El Eternauta, dirigida por Bruno Stagnaro y producida por Netflix, se estrenó envuelta en una nube de expectativas. Basada en la célebre historieta de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López, la serie prometía ser un hito en la ciencia ficción latinoamericana. Pero tras seis episodios, lo que queda es una sensación amarga: la de una oportunidad desperdiciada.

Ricardo Darín encarna a Juan Salvo, el hombre común atrapado en un Buenos Aires asediada por una nevada mortal y una invasión extraterrestre. A su lado, César Troncoso y un elenco con oficio intentan sostener una narrativa que naufraga entre la estética y el vacío. Los efectos especiales, aunque técnicamente bien logrados, terminan devorando la esencia del relato original: una historia profundamente humana que hablaba de resistencia, solidaridad y compromiso político.

Aunque el casting prometía solidez, las actuaciones terminan siendo dispares y poco memorables. Ricardo Darín, si bien cumple con profesionalismo, interpreta a Juan Salvo con una contención tan excesiva que termina diluyendo el dramatismo del personaje. César Troncoso aporta presencia, pero no levanta vuelo. El resto del elenco principal oscila entre lo correcto y lo intrascendente, sin que ningún personaje logre generar verdadera empatía. Los extras, en escenas clave de caos o desesperación, actúan con una frialdad que rompe la verosimilitud.

Hay momentos de lucidez visual —la dirección de arte es notable, y la fotografía captura con acierto la desolación porteña—, pero la serie nunca termina de construir una atmósfera sólida. El guion diluye la tensión, la estructura episódica se desarma sin ritmo, y los diálogos caen en la obviedad. Lo simbólico —el tango, el truco, los ecos de Malvinas— aparecen como elementos anecdóticos.  Es decir, como un intento desesperado de lanzar cosas para intentar que signifique algo, pero al final todo resuena como recursos forzados.

El primer episodio cumple sin brillar; el segundo y el tercero caen en el tedio. Solo el cuarto capítulo, “El credo”, roza el cine de verdad, aquel que dialoga con sus personajes y el espectador. Lo demás, lamentablemente, se siente como entretenimiento prefabricado: ciencia ficción de fórmula, desconectada de la potencia política que hizo legendaria a la obra original.

El Eternauta tuvo la oportunidad de actualizar una historia de resistencia sin traicionar su alma. En cambio, se queda en la superficie, atrapada en su propia superproducción. Decepcionante.

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Opinión

A más crisis política, más arte: Pastelistas 2025

Lee la columna de Rafael Romero

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Por Rafael Romero

Con mucha satisfacción esta redacción recibe la nota de prensa que da cuenta de la primera exposición de pintura al pastel en el Perú, denominada “Pastelistas”, donde participan 25 destacados artistas peruanos:

  • Raúl Pazos
  • Gustavo González Echeverria
  • Sebastián Cruz – Ledesma
  • Ana Chura Tito
  • Arturo Yepez
  • Carlos Pereyra
  • César Mejía Pretell
  • Daphne Meza
  • Delsy Jaimes
  • Diego Peña
  • Esperanza Verdi
  • Herbert García Chávez
  • Ingrid Arias Garay
  • Jimena Hoyle
  • Jonathan Quiroz Gonzales
  • Lorena Cárdenas
  • Mirelly Delgado
  • Natalie Varas
  • Noe Gonzales
  • Omar Gordillo
  • Patricia Raffo Campos
  • Renzo Capurro
  • Sandra Gálvez Ortiz
  • Valeria Luque Alvarez
  • Walter Cesar Fernández Alcázar

Estos artistas desarrollan la técnica de pintura al pastel, en la que será la primera exposición colectiva sobre dicha técnica en el Perú (Temporada del 3 al 31 de mayo de 2025), evento a inaugurarse precisamente el sábado 3 de mayo, en la céntrica Galería Martín Yepez, ubicada frente a la emblemática Plaza San Martín (Av. Nicolás de Piérola 938, segundo piso).

La idea de la exposición “Pastelistas” nació a partir de la necesidad de estudiar la técnica de pintura al pastel, tan poco difundida en Perú. Para ello el público tendrá al frente de su apreciación crítica a 30 obras de artistas visuales, todos profesionales de gran trayectoria, pero también la jornada concentra a artistas jóvenes y emergentes, quienes destacan y representan la pintura, el dibujo y la ilustración.

Como se recuerda, la técnica al pastel fue trabajada en sus inicios por Leonardo da Vinci y se desarrolló principalmente en Francia e Italia (siglos XV y XVI). En el siglo XX una de las obras de pastel más destacadas es el Grito de Munch.

Esta exposición colectiva es infaltable tenerla presente en la agenda cultural del mes de mayo y, por supuesto, visitarla. No dejemos ni permitamos que la crisis política destruya el arte en el Perú.

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Opinión

A propósito del Día del Trabajo, es importante hablar sobre una nueva conciencia de clase en la era de la IA

La clase trabajadora del siglo XXI no puede ser la misma que la del siglo XX. Debe ser una clase informada, organizada y con capacidad de negociación colectiva en un entorno digital.

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Por: Jorge Paredes Terry

En un mundo marcado por avances tecnológicos acelerados, la inteligencia artificial (IA) se presenta como una fuerza transformadora capaz de redefinir el empleo, la productividad y hasta la propia esencia del trabajo humano. Sin embargo, en medio de esta revolución digital, la clase trabajadora enfrenta desafíos sin precedentes: la automatización de empleos, la precarización laboral y la concentración del poder económico en manos de unas pocas corporaciones tecnológicas. Hoy más que nunca, es necesario reivindicar el papel fundamental de los trabajadores y trabajar desde los espacios políticos para construir una nueva clase trabajadora, resiliente y con derechos garantizados en esta nueva era. 

La IA no es solo una herramienta más; es un agente disruptivo que está reconfigurando industrias enteras. Según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para 2030, más del 14% de los empleos a nivel global podrían ser automatizados, mientras que otro 32% sufrirán transformaciones radicales. Esto no significa necesariamente un futuro sin trabajo, pero sí exige una reinvención de las habilidades laborales y una lucha contra la desigualdad que podría profundizarse si no hay intervención política. 

Los trabajadores menos cualificados, los jóvenes en busca de su primer empleo y aquellos en sectores repetitivos (manufactura, logística, servicios básicos) son los más vulnerables. Sin embargo, incluso profesiones tradicionalmente «seguras» como el derecho, la medicina o el periodismo están siendo impactadas por algoritmos capaces de realizar diagnósticos, redactar contratos o generar contenidos. La pregunta clave es: ¿quién se beneficia de este progreso? 

Ante este escenario, la política debe asumir un rol protagónico para evitar que la IA se convierta en un instrumento de explotación, sino en una palanca para el bien común. Algunas líneas de acción urgentes son: 

1. Garantizar Derechos Laborales en la Era Digital

   – Legislar para que la automatización no signifique despidos masivos sin alternativas. 

   – Implementar impuestos a los robots y empresas que reemplacen mano de obra humana, destinados a fondos de reconversión laboral. 

   – Proteger el teletrabajo con salarios dignos y límites a la vigilancia algorítmica. 

2. Educación y Formación Continua como Derecho Universal

   – Sistemas públicos de capacitación en competencias digitales, programación y manejo de IA. 

   – Promover la educación técnica y universitaria gratuita con enfoque en empleos del futuro. 

3. Democratizar la Tecnología

   – Fomentar cooperativas tecnológicas y modelos de economía social donde los trabajadores sean dueños parciales de las herramientas que usan. 

   – Nacionalizar infraestructuras digitales clave para evitar monopolios privados. 

4. Renta Básica Universal (RBU) como Red de Seguridad

   – Ante la posible reducción de empleos formales, la RBU puede ser un mecanismo para garantizar dignidad mientras se transita hacia nuevos modelos económicos. 

Nueva Conciencia de Clase

La clase trabajadora del siglo XXIno puede ser la misma que la del siglo XX. Debe ser una clase informada, organizada y con capacidad de negociación colectiva en un entorno digital. Los sindicatos deben modernizarse, los partidos progresistas tienen que incluir la soberanía tecnológica en sus agendas, y los movimientos sociales deben presionar para que la riqueza generada por la IA se redistribuya. 

La lucha ya no es solo entre capital y trabajo, sino entre humanidad y algoritmos controlados por élites. La meta no es resistir el progreso, sino asegurar que este progreso sirva a las mayorías. Como dijo el filósofo Aaron Bastani: “El futuro será de quienes se atrevan a reclamarlo». La nueva clase trabajadora debe ser protagonista de ese futuro, o corre el riesgo de ser borrada de él. 

CAMARADAS:

La IA llegó para quedarse, pero su impacto dependerá de las decisiones políticas que tomemos hoy. O permitimos que sea un instrumento de concentración de poder, o la convertimos en una oportunidad para construir una sociedad más justa. La clase trabajadora, unida y con visión estratégica, puede ser la fuerza que guíe este cambio. El tiempo de actuar es ahora.

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Opinión

El negocio de la ‘privatización de las cárceles’: presos convertidos en mercancía

Privatizar las cárceles en el Perú no es la solución mágica que algunos prometen. En un país con instituciones debilitadas, donde el lucro y la coima suelen imponerse al interés público, la privatización puede terminar siendo más cara, menos humana y significativamente ineficaz.

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El sistema penitenciario peruano es un reflejo del colapso institucional del Estado. Sumido en el hacinamiento, la corrupción estructural y una ineficiencia crónica, los penales del país se han convertido en verdaderos «resorts del crimen», espacios donde las reglas del Estado de derecho son fácilmente reemplazadas por sobornos, jerarquías mafiosas y abandono. Las cárceles, lejos de cumplir su función de rehabilitación, operan como “escuelas del delito”, sostenidas por una cadena de negligencia institucional que ignora la permanente “desactivación de los protocolos de seguridad”.

La situación es alarmante. Tomemos como ejemplo el penal de Lurigancho, el más grande del país y uno de los más sobrepoblados de América Latina. Inaugurado hace 51 años para una capacidad máxima de 3,200 reclusos, hoy alberga cerca de 10,000 internos. Es decir, una superpoblación de 190%. Algo indecible, que solo puede ocurrir en Perú. Este nivel de hacinamiento convierte a los penales en focos de violencia, tráfico de drogas, extorsión y fugas, como la reciente huida del interno venezolano John Kennedy Javier Sebastián, quien escapó de Lurigancho escalando un muro sin ser detenido por el personal penitenciario. ¿Es esta la señal definitiva del colapso del INPE?

El pasado lunes 21 de abril, el recluso venezolano John Kennedy Javier Sebastián fugó del penal San Pedro en SJL.

Frente a esta crisis y ante la presión mediática, el Gobierno de Dina Boluarte ha optado por una medida polémica: la privatización de las cárceles. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, anunció el 30 de abril ante la Comisión de Justicia del Congreso que se emitirá un decreto de urgencia para permitir la participación del sector privado en la gestión penitenciaria. Se argumenta que la intención es mejorar la infraestructura, implementar modelos de rehabilitación más eficaces y descongestionar los penales. Pero ¿es realmente la privatización la solución?

El mito del ahorro

Uno de los principales argumentos a favor de las cárceles privadas es que supuestamente resultan más baratas para el Estado. La lógica parece simple: las empresas privadas operan con mayor eficiencia, tercerizan servicios, construyen más rápido y se deshacen del pesado aparato burocrático estatal. Sin embargo, esa premisa se desmorona ante la evidencia internacional.

Estudios en países como Estados Unidos, Reino Unido y Australia han demostrado que los supuestos ahorros desaparecen cuando se consideran todos los costos reales: formación del personal, programas de rehabilitación, supervisión estatal, seguridad y administración. Además, los contratos con operadores privados suelen incluir cláusulas que aseguran altos pagos en todos los servicios.

Un informe del Departamento de Justicia en Estados Unidos, reveló que los presos en cárceles privadas sufren más incidentes violentos y tienen menor acceso a programas de reinserción. En Gran Bretaña, la compañía G4S —encargada de operar varios centros penitenciarios— fue acusada por negligencia grave en la gestión de seguridad. En tanto, surge una conclusión preocupante: las cárceles privadas definitivamente no son más baratas y muchas veces son peores que las estatales.

¿Lucro o rehabilitación?

Privatizar, implica necesariamente introducir una lógica comercial de mercado en un servicio que debería estar guiado por los ‘principios de justicia’ y ‘derechos humanos’. Entonces surge la pregunta: ¿puede una empresa privada cuya finalidad es el lucro, estar realmente comprometida con la rehabilitación del interno?

La experiencia demuestra que no. En la lógica crematística-empresarial, reducir costos y maximizar las ganancias quizá implique recortar en personal capacitado, en alimentación, en salud mental o en programas educativos. Y si mantener las cárceles llenas garantiza mayor rentabilidad y lucro, entonces hay un incentivo perverso que contradice los objetivos de resocialización.

A ello se suma un factor adicional en el caso peruano: la débil capacidad del Estado para regular y fiscalizar. En un país donde el control estatal es frágil, con instituciones penetradas por la corrupción y sin sistemas eficientes de auditoría, ¿quién garantiza que las cárceles privadas no se conviertan en un negocio más, sin rendición de cuentas?

Ante el hacinamiento en las cárceles del Perú, ¿construir más o privatizarlas?

El verdadero problema

La raíz del problema penitenciario no está solo en la infraestructura, sino en la corrupción sistémica que permea todos los niveles del Estado. Desde el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), hasta la Policía Nacional, pasando por funcionarios de justicia y contratistas privados, existe una red informal que mantiene operativas estas “cárceles del crimen” a través del soborno, la inacción y el desgobierno.

El verdadero debate no debería centrarse en si privatizar o no, sino en cómo reconstruir las instituciones públicas. Lo que Perú necesita es una reforma penitenciaria integral, que incluya inversión en infraestructura, profesionalización del personal penitenciario, políticas efectivas de rehabilitación y, sobre todo, voluntad política para enfrentar la corrupción.

En ese contexto, una posible salida podría ser un modelo mixto de Asociación Público-Privada (APP), donde el Estado mantenga el control y la regulación, mientras que el sector privado se encargue de aspectos técnicos o logísticos. Pero esto solo funcionaría si existe un aparato estatal fuerte, transparente y con capacidad real de fiscalización. Hoy, ese no es el caso, porque la institucionalidad en el Perú se ha convertido en una “pita tan débil que se rompe todos los días”.

El ministro de Justicia Eduardo Arana anunció que el gobierno emitirá un decreto de urgencia para permitir que se privaticen las cárceles en Perú.

Privatizar las cárceles en el Perú no es la solución mágica que algunos prometen. En un país con instituciones debilitadas, donde el lucro y la coima suelen imponerse al interés público, la privatización puede terminar siendo más cara, menos humana y significativamente ineficaz. El camino tendrá que ser otro. Es exigible reforzar el Estado, combatir la corrupción y repensar el sistema penitenciario desde sus cimientos. Sin embargo, no solo en este gobierno, sino en los anteriores, ya se ha vuelto una mala costumbre, imponer paliativos, en lugar de tratar y resolver los problemas de fondo.

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Opinión

Renovables ¿Energía limpia o ideología?  La lección de España y Chile

La seguridad energética es una cuestión todavía ignorada por las autoridades peruanas. El marketing de energías verdes oculta algo que los colapsos recientes en España y Chile revelan: son energías inestables.

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Durante muchos años un extraño consenso se ha manejado entre las derechas e izquierdas globalistas de España y Chile, así como de otros tantos países. Y es el consenso hecha política pública (que no se alteró ni con cambios de mandatos y partidos, lo cual revela que no hay una alternancia de poder sino una continuación de una misma común política), y es la consigna de que renovable es igual a bueno. Pues esta política ha seguido a pie juntillas como política de Estado los gobiernos de España y Chile. Resultado: apagones nacionales, algo jamás visto en toda su historia.

Antes el gran pero las renovables eran costosas, pero gracias a los subsidios de los Estados así como la participación masiva de China que viene abaratando los precios, no ha dejado de tener un enorme Pero en el campo práctico. Y es que las renovables son muy inestables. Es decir, que puede generar más inestabilidad a la red eléctrica, dicho de otra manera, hace más probable que ocurra un apagón como el vivido en España y Chile. Si bien las renovables podrían llegar a ser estables, esos proyectos están todavía en estudio e implementación, por lo que falta mucho para su inclusión realista en la red eléctrica.

Lo sucedido en España recientemente se puede explicar por la incorporación forzada de las renovables a la red eléctrica la cual no ha incluido las tecnologías todavía experimentales para su mejora. Por lo que a medida que más energía renovable se ha incorporado a la red eléctrica, más se hace vulnerable.

Conclusión. Sea energía nuclear, de carbón o provenga de gas o petróleo, la energía es energía y será tanto más segura en la medida en que su suministro sea estable. Y en tanto las renovables, sean de energía solar, algunas hidráulicas e incluso las eólicas (que para generar energía utilizan electrónica de potencia para ser más eficiente), no son estables. Poner toda la carne en el asador renovable es ideología y no eficiencia. Porque a medida que las renovables ocupen más espacio en la red eléctrica seremos más vulnerables. Entonces, bastaría que pase algo, un accidente, y la red eléctrica se vienen abajo. Y esto puede volver a pasar. La pregunta es: ¿Es seguro y confiable desconectarnos de las energías tradicionales?

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