Milagros Samillán es hermana de Marco Antonio Samillán Sanga, quien el 9 de enero del 2023 falleció a los 30 años producto de dos balazos durante las protestas contra Dina Boluarte en Juliaca, Puno, y esta mañana en una entrevista le increpó al ministro de Educación, Morgan Quero, por haber llamado «rata» a su hermano. La estudiante de Psicología de la Universidad Andina de Juliaca mostró su indignación por las recientes declaraciones del aún titular del Minedu, en respuesta a la pregunta de una periodista sobre los 50 fallecidos durante las protestas del 2022-2023.

La joven recalcó que «su hermano no era ninguna rata» y pidió que no continúen existiendo funcionarios como Morgan Quero, porque mancillan la dignidad de los peruanos y «no respetan los derechos humanos». Asimismo, contó que su hermano fallecido tenía muchos sueños y que no era posible que le hayan arrebatado la vida durante las manifestaciones, solo por atender a los heridos.

“No puede levantar falsos testimonios de todos nuestros seres queridos. (…) Mi hermano no era ninguna rata. Era un ser humano educado, con muchos sueños, con muchos planes para su región Puno; pero el día de hoy el Gobierno se ha encargado de mancillarnos y atacarnos», manifestó en Exitosa, muy indignada.

Milagros Samillán exige la renuncia del ministro Morgan Quero

Asimismo, rechazó las desafortunadas expresiones del ministro de Educación Morgan Quero, y entre lágrimas, con la voz entrecortada mostró su indignación y no entendía cómo una persona que asegura «tener educación y buena formación» hable así de seres humanos que perdieron la vida y de los sobrevivientes de las protestas, que «aún tienen perdigones y balas en sus cuerpos».

“Que se les diga ratas o terroristas ¿cómo podemos permitir esto? ¿Cuántas vidas más tienen que sacrificarse para que volvamos a una democracia justa? Lo único que exige el pueblo peruano es justicia que merecemos por nuestros derechos humanos. Censuren a este ministro. Que la señora Boluarte se ponga en mis zapatos por el dolor que yo siento. Ella es mujer, ¿cómo pueden decirles ratas a personas que participaban de sus derechos? En el caso de mi hermano, solo estaba auxiliando por vocación de ser médico, por amor a su pueblo», culminó la hermana del fallecido Marco Antonio Samillán.

Se le acabó el tiempo al ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini Montes. Ya que el Pleno del Congreso debatirá mañana viernes 13 de diciembre la moción de censura que busca removerlo del Midis debido a las graves denuncias de corrupción por múltiples irregularidades en el programa alimentario ‘Qali Warma’.

Piden la ‘cabeza’ del ministro Demartini

El tema de la censura contra Demartini fue incluido en la agenda de mañana viernes 13 luego de que la Junta de Portavoces del Congreso decidiera que en dicho día se llevará a cabo su discusión y votación. Y de conseguir los votos necesarios, el ministro Demartini Montes tendrá que irse a su casa. El debate durará aproximadamente una hora y cada grupo parlamentario intervendrá de acuerdo al tiempo distribuido. Asimismo, los legisladores no agrupados tendrán un minuto para expresar sus posiciones.

Por su parte, el parlamentario Jaime Quito aseguró que el ministro Julio Demartini está «con un pie fuera».

Interpelación a Demartini prácticamente fue un apaleamiento

Como se recuerda, el pasado miércoles 5 de diciembre el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini Montes, acudió al hemiciclo del Congreso para responder a un pliego interpelatorio, debido a su incapacidad en el sector y por sus evasivas respuestas que no aclaraban la intoxicación de escolares que consumían productos del programa ‘Qali Warma’ y que incluso ingerían carne de caballo.

En aquella jornada, Demartini Montes fue prácticamente apaleado por la mayoría de bancadas al no satisfacer con sus respuestas a un pliego interpelatorio de 14 preguntas, por más que trató de defender su gestión y la del programa alimentario que ha sido objeto de múltiples críticas y denuncias.

“No estoy aquí para lavarme las manos, sino para dar la cara y exponer todas las medidas civiles, administrativas y penales que venimos y seguiremos tomando para que no queden impunes los hechos delictivos”, respondió durante su intervención en el Congreso.

Inmediatamente después del debate de la interpelación y de la intervención de los legisladores que recriminaron la conducta de Demartini en el portafolio que dirige, el Congreso comenzó a recolectar firmas para presentar una nueva moción de censura contra él. La iniciativa, fue liderada por el parlamentario Jaime Quito y tras conseguir las rúbricas, prácticamente el destino de Demartini ahora pende de un hilo.

¿Por qué quieren censurar a Julio Demartini?

Su permanencia en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) ha sido cuestionada por falta de liderazgo y resultados concretos en la reducción de brechas sociales y en especial, por las denuncias sobre las irregularidades en la ejecución del programa social ‘Qali Warma’ en desmedro de niños escolares. Incluso, la Fiscalía de la Nación inicio una investigación contra el ministro Julio Demartini y la viceministra de Prestaciones Sociales, Jessica Niño de Guzmán. A ambos se les acusa de los delitos de omisión, rehusamiento y retardo de actos funcionales por presuntas irregularidades en el Programa Nacional de Alimentación Escolar ‘Qali Warma’.

Bien blindado. Waldemar Cerrón, vicepresidente del Congreso, se siente bien cobijado por la Mesa Directiva, pues esta le aprobó desembolsar para su defensa legal para las investigaciones que se le sigue por los presuntos delitos de encubrimiento personal y obstrucción a la justicia, esto en relación a que tanto él como la mandataria habrían influenciado dentro del Ejecutivo y el Parlamento para promover proyectos de ley que habrían favorecido a miembros del partido Perú Libre, impidiendo o complicando las investigaciones en su contra.

Así lo expone el acuerdo de la Mesa Directiva N° 059-2024-2025/MESA-CR donde se precisa que el pedido se formuló a propósito de la inclusión del perulibrista en la investigación preliminar ordenada por la Fiscalía de la Nación, correspondiente a la Carpeta Fiscal 211-20224, “por los presuntos delitos de encubrimiento personal y obstrucción a la justicia, que habría cometido en el ejercicio de la función parlamentaria”.

“Se acordó autorizar a la Dirección General de Administración para que realice las acciones administrativas y presupuestales pertinentes para la contratación del servicio de defensa legal a favor del congresista Waldemar José Cerrón Rojas”, se lee.

Aunque no se dan detalles, el encubrimiento personal y obstrucción de la justicia sería por un caso alertado a mediados de este año. Según la tesis fiscal, revelada por el dominical Cuarto Poder en julio, Dina Boluarte y Waldemar Cerrón habrían utilizado su influencia en el Ejecutivo y el Congreso al promover proyectos de ley que habrían favorecido a miembros del partido Perú Libre, impidiendo o complicando las investigaciones en su contra.

En ese entonces, el fiscal adjunto supraprovincial de lavado de activos, Ángel Astocondor Villalobos, recomendó denunciar a la presidenta y al vicepresidente del Congreso al ser acusados de integrar el “brazo legal” de una supuesta organización criminal que opera en el partido Perú Libre. Para ello, remitió un documento de 200 páginas a su coordinador, Rafael Vela —también coordinador del Equipo Especial de Fiscales del caso Lava Jato—, y este lo derivó al fiscal de la Nación.

De acuerdo con el citado medio, el documento pone foco en un proyecto presentado por Waldemar Cerrón para que los partidos políticos no puedan ser investigados como organizaciones criminales. La iniciativa fue aprobada por el pleno del Congreso en mayo pasado y un mes después, promulgada por Boluarte.

Otra propuesta que también está en la mira es la que promueve el cambio de definición de organización criminal y obliga a que los allanamientos se realicen con la presencia del involucrado y su abogado. Ambas, pese a ser polémicas, no recibieron observaciones por parte de la jefa de Estado.

La Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, fue enfática en afirmar que la Fiscalía sí tiene plena competencia de investigar a la presidenta de la República Dina Boluarte en torno a su cirugía estética. Desde Ayacucho, la titular del Ministerio Público (MP) precisó que, a pesar de que la mandataria es una aforada, sí se le puede iniciar el proceso de indagación.

“Es una señora con una función que constituye un cargo de aforada, por lo tanto, la Fiscalía de la Nación, que corresponde a quien habla, sí es competente para poder investigarla con todas las garantías de un debido proceso”, aseveró.

Delia Espinoza opina sobre leyes que sanciona a jueces y fiscales

Asimismo, la fiscal Delia Espinoza también respondió sobre las leyes recientemente promulgadas por el Gobierno en torno a sancionar a jueces y fiscales que liberen criminales, además de la eliminación de la detención preliminar y preventiva en casos donde no haya flagrancia. Respecto a la primera norma, la fiscal de la Nación Delia Espinoza expresó su rechazo, afirmando que “preocupa que se pretenda criminalizar las decisiones que son discrecionales o criterios jurídicos. Yo quisiera exhortar al Congreso que reexamine su decisión porque eso vendría a constituir incluso una interferencia de funciones, una afectación a la autonomía e independencia”.

Y en torno al segundo tema, manifestó que “todo ejercicio funcional venga de quien venga tiene que ser objeto de calificación y de control”. Asimismo,la titular del Ministerio Público se preguntó sobre “¿qué sucedería si hay un error policial en el uso del arma de fuego? ¿No se podría investigar?”, cuestionó. “Ese es un retroceso en la lucha contra la delincuencia o contra los errores que puedan cometer incluso las autoridades como la Policía Nacional”, culminó.

Durante decenios relegada, la selva peruana durante los últimos años recién viene atrayendo las miradas de nuestras autoridades, conociendo que su preservación es vital para la sustentación de un enorme ecosistema donde forman parte miles de comunidades amazónicas.

De manera unánime (104 votos a favor) el Pleno del Congreso aprobó declarar el 12 de febrero de cada año como el «Día de la Amazonía peruana», con el objeto de reconocer los valores ambientales, científicos y culturales asociados al bioma amazónico, así como la importancia de asegurar su conservación para el Perú y el planeta, y la valiosa contribución de las poblaciones indígenas en su preservación y defensa ambiental.

La autora del Proyecto de Ley (PL) 6942/2023-CRR, la parlamentaria Karol Paredes, recordó que el 60 % del territorio peruano es amazónico, y que 15 regiones del país tienen parte de la Amazonía.

Durante la sustentación, la parlamentaria Edhit Julón Irigoín (APP) manifestó que la conmemoración del Día de la Amazonia resulta importante toda vez que permite visibilizar la importancia de esta parte del territorio nacional, el cual alberga a unos 400 mil miembros de pueblos indígenas u originarios quienes también contribuyen con la protección de la Amazonia.

La norma en su única Disposición Complementaria Final establece que, los ministerios de Ambiente, de Educación y de Cultura; así como  los gobiernos regionales y locales, conforme a sus respectivas competencias, funciones y presupuesto, dispondrán acciones de sensibilización para fomentar la preservación del ecosistema amazónico en el marco de los compromisos sobre el cambio climático y la conciencia ambiental y cultural de la ciudadanía en torno a los valores asociados al Día de la Amazonía Peruana.

Se presumía que el gobernador Regional de La Libertad, César Acuña, postuló al cargo para atender y enfrentar los problemas que afronta la región del norte y para tal misión, él debió trabajar a tiempo completo, tal como lo esperaron sus electores. Sin embargo, desde que asumió su administración regional no fue así y desde 2023 ya se tomó 103 días fuera del cargo para tomarse “vacaciones como cancha”.   

En tal sentido, César Acuña desde ayer 11 de diciembre, una vez más dejó el cargo para viajar al extranjero por temas personales; y lo hará hasta el 19 de diciembre. Con esta nueva salida del país, el gobernador acumulará desde el 2023 que asumió en el Gobierno Regional, 103 días fuera del cargo para el que fue elegido: 85 por licencias sin goce de haberes, 11 por comisión de servicios y 7 de vacaciones.

El gobernador dejó su cargo en el Gobierno Regional de La Libertad durante nueve días para tomarse su cuarta licencia del año. La gobernación nuevamente estará al mando de la vicegobernadora Joana del Rosario Cabrera Pimentel. Esta nueva ausencia se dará en medio de protestas por la falta de obras y la inseguridad ciudadana que aqueja a la región.

Citación de la Fiscalía no impidió su viaje de vacaciones                                                       

Como se sabe, César Acuña Peralta es investigado por la Fiscalía por presuntos delitos contra la administración pública. Esto, luego de que lo denunciaran por la designación de Flor Ahon Solis en la Subgerencia de Gestión Institucional de la Gerencia Regional de Educación. Ella no habría cumplido con el perfil para ocupar el cargo. En esa línea, el Ministerio Público le hizo un llamado a Acuña Peralta para que responda por la indagación. La citación de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo, lo convocó para el próximo martes 17 de este mes a las 9 de la mañana. Sin embargo, el popular “plata como cancha” prefirió priorizar su viaje al exterior y afirmó que pedirá que el Ministerio Público reprograme su declaración. “Pediré que lo posterguen”, aseveró el último fin de semana.

103 días de ‘viajes como cancha’ durante 2023

César Acuña Peralta, el año pasado dejó el cargo durante 45 días por licencias aprobadas por el Consejo Regional, de mayoría apepista (APP). Por ello, se ausentó del 8 al 16 de abril (9 días), del 9 al 18 de junio (10 días), del 28 de julio al 5 de agosto (9 días), del 6 al 14 de octubre (9 días) y del 12 al 19 de diciembre (8 días) del 2023.

Y en 2024, los consejeros aprobaron que se ausente del 24 de mayo al 1 de junio (9 días), del 28 de julio al 8 de agosto (12 días), del 4 al 13 de octubre (10 días) y esta última salida, del 11 al 19 de diciembre (9 días). A esto habría que sumarle el viaje a China que realizó César Acuña, del 4 al 14 de abril por comisión de servicios, por invitación de la empresa Huawei. Además, a fines de agosto, se fue de vacaciones una semana a Chile con su familia, según confirmó la misma autoridad.

César Acuña pide que lo dejen tranquilo cuando viaja al extranjero: “Tengo derecho a descansar”

El popular ‘Plata como cancha’ en el mes de octubre manifestó durante una conferencia de prensa, que como cualquier servidor público también tiene derecho a descansar y tomarse un tiempo para vacacionar, aunque asegura que sus 30 días de goce lo viene dividiendo en partes a lo largo del año.

«Yo soy un trabajador público, tengo derecho a descansar, pero, al contrario, no soy irresponsable de pedirme los 30 días seguidos. Al contrario, los 30 días los he compartido en 3 o 4 tramos porque no puedo abandonar la región 30 días», indicó el líder del partido Alianza para el Progreso (APP). Además, Acuña Peralta aclaró que sus viajes al extranjero con su familia no costaron “ni un solo centavo” al gobierno regional. Afirmó que, aunque algunos medios lo critiquen, tiene derecho a viajar.

Indignada mujer le gritó “te vas a ir al infierno”

El controvertido gobernador fue increpado por un grupo de ciudadanos que se encontraban en el interior del aeropuerto Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillos de la ‘Ciudad de la eterna primavera’, cuando este se disponía a viajar en pleno paro realizado en La Libertad.

Las críticas contra Acuña Peralta responden a que los crímenes en su jurisdicción continúan. “Nos matan todos los días y nunca hacen nada, nos engañas, mentiroso. Ya vamos a hacer la pista, dices, y nunca haces nada. Año tras año y sigue así”, le increpó una indignada mujer.

Ante los reproches, el gobernador de La Libertad lo único que atinó fue a esbozar una sonrisa. Asimismo, se pudo observar a una de las viajeras presentes en la sala manifestarle al gobernador que tenía libertad de expresión al estar en un sitio público. Esto ocurrió en el marco de una posible respuesta previa de César Acuña hacia la ciudadana, la cual no se pudo apreciar en el video difundido.

«Estamos en un sitio público, podemos hacer lo que quiera. Aquí hay libertad de expresión en este país, o ¿qué cosa? ¿No sabes? ¿O tú también eres político, seguro, y no sabes nada, igual que todos los políticos que tenemos en este país?», expresó una de las pasajeras.

@limagristv "Te vas a ir al infierno" duras palabras exclamando su molestia los ciudadanos ante César Acuña. #news #fyp #parati #peru #actualidad #limagris #últimahora #últimahora #noticias #cesaracuña ♬ sonido original – LimaGris

Tras cuernos, palos. El Primer Juzgado Unipersonal del Poder Judicial (PJ) de Puno sentenció a 5 años de prisión a Fermina Pandia Laura, luego que se le encontrara responsable de haber participado en las protestas de febrero del año pasado contra Dina Boluarte, así de haber intentado quitarle el fusil a un efectivo policial. El PJ la halló culpable del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de disturbios.

Es así que el PJ declaró fundado en parte el pedido de la Fiscalía que en un principio había solicitado 6 años y 4 meses contra la madre de familia de 9 hijos. Además, se pidió 5 mil soles como reparación civil.

Sin embargo, el Juzgado rebajó la pena y el monto por concepto de reparación. Asimismo, la sentencia quedó suspendida bajo determinadas condiciones. Pandia tendrá que cumplir con diversas reglas de conducta y, de cometer otro delito la decisión del Juzgado Unipersonal de Puno se convertirá en prisión efectiva.

La mujer indicó que se dedica al comercio de salteñas y afirmó que no había participado en las marchas; no obstante, fue vista ensangrentada debido a una herida en la cabeza.

Argumentos de la Fiscalía

La tesis fiscal, a cargo de Eddy William Cáceres Caxi, sostiene que el 10 de febrero de 2023 un grupo de personas ocasionó disturbios en Alto Puno. La Fiscalía aseguró que se generaron bloqueo de vías y pidieron dádivas a los conductores que pasan por la zona. 

Esta situación generó una intervención policial y un enfrentamiento que culminó con la detención de la mujer. La acusación indica que Sandia intentó arrebatar el arma de un policía y lo agredió físicamente, por lo que fue detenida.

El dato:

Hasta el momento no existe ninguna sentencia contra los agentes de las Fuerzas Armadas que han sido imputados de presuntamente haber incurrido en abuso de poder y haber ejercido violencia contra decenas de manifestantes. 

El congresista Alejandro Muñante Barrios, de la bancada de Renovación Popular, nuevamente ha expuesto la posibilidad de aplicar la pena de muerte en el Perú. Esto lo hizo en declaraciones a la prensa y pidió al gobierno de Dina Boluarte denunciar a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), un tratado internacional creado el 22 de noviembre de 1969, al que el país está suscrito y que a lo largo de los años se ha presentado como una institución que garantiza la protección de los derechos humanos. Sin embargo, según Muñante Barrios, la denuncia de este pacto es el primer paso necesario para abrir las puertas legales a esta medida extrema de ajusticiamiento.

Muñante señala que el debate sobre ‘pena de muerte’ siempre estuvo en agenda

El legislador argumentó que el debate sobre la pena de muerte no es reciente en el país y que los peruanos consideran esta opción como una respuesta acertada para delitos graves, como los casos de agresores sexuales, feminicidio, y crímenes de demasiada violencia.

«El debate ya se inició hace años, no es un término apropiado, si realmente quieren iniciar el debate deberían empezar por denunciar el Pacto de San José, por parte de la presidenta más acciones que dichos», declaró a la prensa.

¿De qué trata el Pacto de San José?

El Pacto de San José, conocido formalmente como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es un tratado internacional suscrito el 22 de noviembre de 1969, al que Perú está suscrito y que limita la aplicación de la pena de muerte en los países signatarios, entre ellos nuestro país. De acuerdo al artículo 4° de esta convención, los Estados parte se comprometen a respetar la vida desde la concepción y a restringir al máximo la pena capital, permitiéndola únicamente en casos excepcionales, establecidos previamente en sus legislaciones internas.

«La ley establece la sanción y destitución administrativa para aquellos jueces y fiscales que apartándose de sus deberes funcionales deciden poner en libertad a delincuentes capturados en flagrancia, cuyas penas sean mayores de 5 años. Estamos hablando de delitos graves que ya hemos visto en varios casos, los cuáles se busca corregir con esta ley» añadió Muñante Barrios.

En Perú solo se aplica ‘pena de muerte’ por traición a la patria

En el caso peruano, la Constitución permite la pena de muerte únicamente para delitos de traición a la patria en tiempos de guerra y terrorismo. Sin embargo, cualquier intento de ampliar su aplicación colisionaría con los compromisos internacionales asumidos al adherirse a este tratado. La denuncia del Pacto de San José, implicaría que el Perú renuncie formalmente a estas obligaciones.