Ante la ola de criminalidad que azota al país entero y en especial a la capital, el alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, ha propuesto al Ministerio del Interior y a la Presidencia de la República prohibir la circulación de motocicletas en los distritos que temporalmente se encuentran en Estado de Emergencia, como parte de un esfuerzo por reducir los índices delictivos.

Según el Gerente de Seguridad Ciudadana de Los Olivos, William Valladares, el uso de motos lineales está directamente vinculado con el 90 % de los homicidios y un alto porcentaje de delitos como robos, extorsiones y sicariato en su distrito. La medida busca dificultar el actuar de los criminales, quienes constantemente utilizan motos para desplazarse y cometer actos criminales.

Por su parte, Castillo afirma que restringir el uso de motos durante el Estado de Emergencia por 60 días reduciría significativamente los delitos violentos y a su vez propone la necesidad de empadronar a los repartidores y motociclistas que utilizan estos vehículos menores para trabajo, en especial de delivery, a fin de identificar y regular su circulación. Asimismo, reconoció que la medida debe ser complementada con otras acciones, como un mayor empadronamiento, implementación de códigos QR para identificar motos, y un fortalecimiento de la Policía y las Fuerzas Armadas en las zonas más peligrosas.

Finalmente, Felipe Castillo advirtió que la medida debe ser temporal y está dentro del marco legal del Estado de Emergencia, que permite la restricción de ciertos derechos fundamentales como el libre tránsito, con el fin de salvaguardar el derecho más importante: la vida. Por su lado, William Valladares remarcó que, aunque la propuesta podría limitar la movilidad de algunas personas, argumentó que el impacto positivo en la reducción de delitos justifica esta medida extrema.

Por la puerta falsa. El jefe del Archivo General de la Nación (AGN), Ricardo Moreau Heredia, fue destituido de su cargo por el Ministerio de Cultura (Mincul) luego que se constatara un movimiento irregular de traslado de documentos históricos. La Resolución Suprema N.º 012-2024-MC lleva la rúbrica de la jefa de Estado, Dina Boluarte, y del titular del Mincul, Fabricio Valencia, observándose que no se le agradece por los servicios prestados, tal como se acostumbra a realizar cuando sale un funcionario.

Pese a que el Poder Judicial (PJ) admitió a trámite una acción de amparo contra el traslado de documentos a la sede temporal ubicada en el Callao, además de tener pendiente la admisión de una medida cautelar para evitar que la documentación abandone la sede del AGN en el Palacio de Justicia; durante sus últimos días de la gestión de Moreau, el Archivo realizó actividades en su interior con la intención de iniciar la mudanza.

Cabe mencionar que el nuevo donde se pretende colocar cerca de 400 cajas con contenido sumamente importante colinda con fábricas de lejía y químicos, significando un riesgo innecesario para la preservación de dicho acervo documentario.

A propósito de ello, la Contraloría General de la República emitió hasta tres informes en los que señalaba los riesgos de deterioro que podrían significar para el material el traslado al nuevo local.

Así lo dio a conocer la historiadora Natalia Sobrevilla, compartiendo en su cuenta de X una imagen en la que se ve al señor Moreau retirando una caja de la sede del AGN e irse junto a ella en un vehículo oficial de la institución sin destino conocido.

El 27 de septiembre en la mañana se reportó la presencia de un vehículo de la empresa Security International Moving (SIM) a las afueras del AGN, que intentó desmentir cualquier información sobre un posible traslado indicando que en realidad se trataba de un vehículo de una “empresa de seguridad”. Sin embargo, esto resultó ser falso, pues SIM es una empresa de mudanzas seguras.

Pese a ello, el 28 de septiembre el traslado fue realizado en camiones de la misma empresa. Ante ello, Ricardo Moreau fue denunciado ese mismo día por la presunta comisión de delitos de destrucción, alteración, extracción de patrimonio cultural de la Nación y omisión de deberes de funcionarios públicos, horas antes de ser destituido por el Mincul.

El dato:

Ricardor Moreau estuvo en el cargo desde el 31 de marzo de 2022, fecha en la que asumió en reemplazo de Jorge Alfredo Rafael Ortíz Sotelo.

Dentro del periodo anual de sesiones 2024-2025, la Comisión de Presupuesto y Cuenta General del Congreso de la República, propone establecer disposiciones el predictamen que agrupa los proyectos de ley 8903/2024-PE, 4817/2022-CR, 5406/2022-CR, 8648/2024-CR, 8765/2024-CR, 8950/2024-CR y 8957/2024-CR.

Las propuestas legales buscan establecer un incremento en la remuneración íntegra mensual superior (RIMS) de los docentes de institutos y escuelas de educación superior en diversas áreas del sector público.

Los parlamentarios, durante el debate, deberán remarcar la necesidad de mejorar las condiciones salariales de los profesores que imparten clases en instituciones educativas bajo la jurisdicción del Ministerio de Defensa, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, así como en las Escuelas Superiores de Formación Artística y universidades especializadas como la Universidad Nacional de Música y la Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito.

En tal sentido, para sostener el debate se ha citado al ministro del Interior, Juan José Santiváñez Antúnez, quien deberá sustentar y defender el presupuesto de su cartera, resaltando las necesidades en seguridad ciudadana. Asimismo, el ministro de Defensa, Walter Enrique Astudillo Chávez, para tendrá que exponer los requerimientos financieros para el fortalecimiento de las capacidades de defensa del Perú. Por su parte, Julio Velarde Flores, presidente del Banco Central de Reserva del Perú, deberá brindar un análisis detallado de los supuestos macroeconómicos que respaldan el proyecto de ley de presupuesto del sector público. Y finalmente, el ministro de Educación, Morgan Niccolo Quero Gaime, deberá presentar su justificación para el presupuesto asignado a su sector, con el fin de aumentar la inversión en docentes, para así mejorar la calidad educativa a nivel nacional.

No se explica cómo un sujeto ostentaba viajes al extrajero, ropa exclusiva, licores de 10 mil dólares, vehículos de alta gama, y vivir en una casa alquilada. Es por ello que el Poder Judicial (PJ) ha ordenado levantar el secreto bancario y la reserva tributaria del conductor televisivo, Andrés Hurtado ‘Chibolín’. Dicha orden judicial también recae sobre la ex superintendente nacional de Migraciones, Roxana del Águila, en el marco de la investigación preliminar que afrontan en el Ministerio Públco por el presunto delito de tráfico de influencias.

El Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima acogió el pedido que hizo la Fiscalía Anticorrupción para que se ejecute dicha medida como parte de esta investigación preliminar relacionada al trámite que realizó el futbolista Roberto Siucho en el año 2019 para renunciar a su nacionalidad peruana, a fin de que pudiera jugar en China.

La instancia judicial determinó que el levantamiento del secreto bancario permitirá corroborar de manera indiciaria posibles transacciones bancarias en las cuentas de los investigados, que den cuenta de algún donativo, beneficio o promesa para sí o para terceros durante o después de concluido el procedimiento de renuncia de la nacionalidad peruana de Roberto Siucho y, en su caso, corroborar algún incremento en su patrimonio injustificadamente.

La instancia judicial dispuso que la Superintendencia Nacional de Banca, Seguros y AFP requiera a las entidades bancarias (públicas y privadas) y otras del mismo rubro informen si estos investigados son titulares de cuentas de ahorros, crédito, corrientes, personal y si registran cuentas mancomunadas con otras personas e informen sobre los movimientos realizados (depósitos, retiros, transferencias, etc.) en el periodo del 1 de diciembre del 2019 hasta el 31 de agosto del 2020.

Asimismo, ordenó que la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) remita información documentos y declaraciones de carácter tributario de los investigados correspondiente a dicho periodo.

El juzgado también dispuso que el presente mandato debe ser ejecutado en un plazo de cinco días hábiles de recibida la presente resolución.

Primero el Congreso promulga una ley a favor del crimen organizado, obstaculizando los allanamientos, y ahora la presidenta de la República, Dina Boluarte, ha salido prácticamente a sacar la cara por esos delincuentes que el jueves pasado paralizaron media ciudad, extorsionando a los transportistas públicos.

La ola delictiva durante los últimos meses ha ido escalando a niveles impensables, tanto así que diariamente se viene reportando un asesinato sea por extorsión, sicariato, o homicidio simple, pese a que en la actualidad supuestamente 14 distritos se encuentran en estado de emergencia. En tanto, desde el Gobierno Central, más se encuentran preocupados en atacar a los medios periodísticos sobre las investigaciones que van sacando contra la mandataria y sus ministros, que en procurar soluciones articuladas.

La semana pasada la extorsión en la capital llegó a un hito jamás visto en los últimos 40 años, solamente comparable con la época del terrorismo. Choferes de transporte público paralizaron sus labores exigiendo una reacción de parte de Palacio y la Policía contra aquellos sujetos que los van asesinando uno a uno. El resultado de todo eso es que Lima Norte se paralizó, dificultando que miles de personas salgan a trabajar o estudiar.

Ante esa coyuntura que vive el país, la jefa de Estado salió a declarar durantwe una ceremonia celebrada en la ciudad de Piura, el último domingo, que la delincuencia es el resultado de la falta de trabajo, atacando con ello de manera indirecta a los millones de pobres del país.

Durante una parte de su alocución, la primera autoridad aseguró que los sujetos que cometen hechos delictivos se ven tentados de hacerlo ante la falta de empleo e ingresos económicos. Por ello, anunció la creación de bolsas de trabajo en las próximas semanas para mitigar este flagelo.

“Estamos trabajando en la prevención del delito, por ello generamos espacios de recreación, por ello es que estamos aperturando espacios que estaban por ahí abandonados, pero también estamos generando bolsas de trabajo porque el que delinque es porque no tiene un ingreso, seguramente, aunque otros ya lo hacen sabe Dios por ambición o porque tienen en la sangre, la sangre del sicariato”, indicó.

#VIDEO | Dina Boluarte lanza polémica frase: "El que delinque es porque no tiene un ingreso, seguramente"

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— Altavoz.pe (@altavozpe) September 29, 2024

No cabe duda que la mandataria tiene una deficiente preparación para comunicar correctamente sus ideas, pues ya van reiteradas ocasiones que comete tal tipo de exabruptos.

A través de un oficio dirigido al titular del Minem, la congresista Norma Yarrow, de Renovación Popular, solicitó al ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, que brinde información sobre las medidas que ha adoptado su despacho para frenar el aumento de la minería ilegal en diversas regiones del Perú. Asimismo, la legisladora remarcó los lamentables incidentes criminales producidos en los últimos días.

“Hace unos días hubo nuevamente un atentado con armas de fuego y explosivos a una patrulla de seguridad que fue perpetrado en la provincia de Pataz, La Libertad, hechos que dejaron como saldo un trabajador fallecido”, se lee en el documento remitido. Yarrow Lumbreras señaló que “también se suma la alarmante escalada de violencia debido al aumento de la criminalidad relacionada con la minería ilegal.”

“Más aún se encuentra por vencer el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) sin que se evidencie acciones inmediatas por parte de su despacho a la no extensión del mismo”, dijo.

Además, remarcó que la informalidad en la minería causa daños económicos y pérdidas de vidas humanas, por lo que exige que se tomen medidas urgentes.

“En ese sentido, al amparo del artículo 69° del Reglamento del Congreso de la República, solicitar informe en calidad de urgente al respecto”, concluyó.

El pez por la boca muere. El acoso laboral ha existido y continúa dándose en distintas instituciones del Estado, sean estos pequeños municipios o grandes comunas como la del Callao; lastimosamente, muchas de las mujeres acosadas prefieren guardar silencio ante las propuestas indecentes por temor a represalias o a ver truncada su carrera laboral. Sin embargo, existen otras valerosas mujeres que deciden afrontar a sus acosadores, denunciándolos públicamente.

Un audio difundido anoche por el dominical Panorama, revelaría que Rubén Villalba Rospigliosi, coordinador de la oficina de gestión patrimonial del Gobierno Regional (GORE) del Callao, habría solicitado favores sexuales a la joven Karla Riera a cambio de que esta se acueste con el Procurador Público Regional, Roberto Meléndez Arévalo, y así pueda obtener un puesto de trabajo.

“El mismo día que tuve la primera entrevista me dice para tener relaciones con él por haberla conseguido. Yo le dije que no”, detalló la practicante de Derecho.

Contó que, luego de su negativa, las aberrantes proposiciones continuaron a fin de conseguir pasar el proceso de entrevistas. Además de pedirle la suma de 3 mil soles, le dijo que que debía tener relaciones sexuales con quien sería su jefe. “Me dijo que tenía que acostarme con el procurador para poder ingresar”, sostuvo.

En una de las grabaciones, Villalba le adelanta el presunto modus operandi de Melendez y le pide que vaya preparada y que las citas suelen ser en el horario de almuerzo, con la finalidad de que no haya más personas en la oficina.

“Actúa no más ahí, la primera vez tiene que ser así. Ponte cosas livianas para que él pueda actuar. Me entiendes, ¿no? Anda con la mejor ropa interior que tengas, bien elegante”, se oye en uno de los audios difundidos anoche.

Además de su confirmación, a través de una llamada en vivo, en otro extracto de los audios, el funcionario asegura que su designación será respaldada por la máxima autoridad del Gobierno Regional del Callao. Es decir, por Ciro Castillo.

“Pero no te va a llegar porque es cosa del jefe. El GORE no te está invitando a trabajar. Tú no has ganado ni un concurso, tú vas a entrar por la ventana y por la puerta grande, por orden de la máxima autoridad del GORE”, se escucha en otra parte de la grabación.

Consultado por la denuncia, el funcionario negó los hechos. Previo a colgar el teléfono, señaló que no pidió nada y que hubo una equivocación. “Yo no soy nadie para pedir nada”, declaró.

Con la nueva gestión del Ministro de Cultura Fabricio Valencia, se han dado algunos cambios apenas de modo conservador, considerando que en el portafolio aún subsisten algunos servidores que vienen de la anterior gestión de Leslie Urteaga. Mientras tanto, mediante la Resolución Ministerial N° 000360-2024-MC se ha designado a Adolfo Flores Huarcaya en el cargo de Asesor II de la Secretaría General del Mincul.

En 2014 durante la gestión de la exalcaldesa Susana Villarán, Flores Huarcaya se desempeñó en el cargo de Director de la Oficina de Asesoría Legal del Servicio de Parques de Lima SERPAR. También se desempeñó como Secretario General en la Municipalidad de Magdalena del Mar durante la gestión de la alcaldesa Rosa Elvira Quártara de Rúas. Asimismo, el 08 de marzo del 2019, la presidenta de Concytec Fabiola-León Velarde mediante la Resolución de Presidencia N° 033-2019-designó temporalmente a Adolfo Flores Huarcaya como responsable de entregar información pública que se solicite al Concytec.

Jessica Florez fue promovida de asesora II, a Jefa de Gabinete del Despacho Ministerial

Asimismo, mediante la Resolución Ministerial N° 000358-2024-MC se ha designado a Jessica Gabriela Florez Cuentas en el cargo de Jefa de Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial del Mincul. El documento lleva la firma del ministro Fabricio Valencia.

Hay que puntualizar que Jessica Gabriela Florez Cuentas solo hace diez fue designada por el ministro Valencia en el cargo de Asesora II del Despacho Ministerial del Ministerio de Cultura; según la Resolución Ministerial N° 346-2024-MC, en reemplazo de Régulo Gilberto Franco Jordán, a quien se dio por concluida su designación, según la Resolución Ministerial N° 349-2024-MC, que le dio las gracias por los servicios prestados en el cargo, a pesar que fue captado en aparente estado de ebriedad en el Centro Cultural Machu Picchu.

Como se recuerda, la abogada Florez Cuentas, también presidió el equipo de Transferencia del ministro Fabricio Valencia para el proceso de Transferencia de Gestión del Mincul, que dejó la exministra Leslie Urteaga y actualmente despachará como Jefa del Gabinete del despacho del ministro.