Por Rafael Romero

La semana que pasó confirma la toma del Estado por las argollas de amigotes adheridas como lapas a la administración pública. Clanes de oportunistas se adaptan al poder de turno a cambio de favores. Revísese cualquier sector del Ejecutivo y se encontrará camarillas mandando a su antojo. Hechos objetivos indicarían que el Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería) no es la excepción, permaneciendo en su seno un puñado de vacas sagradas que, a cambio de canjear intereses particulares, permanece impune.

José Ugaz, analizando los enfrentamientos entre el gobierno de Dina Boluarte y la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y también la confrontación con la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, advirtió sobre la politización de la justicia, indicando que el Ejecutivo y el Congreso buscan favorecer a la corrupción. Además, alertó sobre el deterioro institucional y la caída en los índices de transparencia y competitividad.

En el caso de la Cancillería, convertida hoy por esa argolla en una facción “boluartista”, aparece un Schialer hablando de lugares comunes, por ejemplo, sobre las acciones del Perú contra el crimen organizado transnacional en la 61° Conferencia de Seguridad de Múnich; o elucubrando vacuamente sobre competitividad e inversiones ante ASCOA (empresarios americanos).

Sin embargo, como lo indica Ugaz, el país está en caída libre a causa de quienes han tomado las instituciones, debiendo hoy la administración de justicia actuar más firmemente junto a la fiscalización ciudadana. Así, en el caso del ministerio de Relaciones Exteriores, ante un Congreso prostituido, sólo se espera que la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios intervenga frente a hechos que afectan el correcto funcionamiento de la administración.

En primer lugar, cada sector del Ejecutivo reúne en su seno una serie de problemas que favorecen a las argollas de poder. En el caso de la Cancillería, se tiene un titular a la medida, funcional para arremeter contra la meritocracia, y encima genuflexo a la actual inquilina de Palacio (cuyo hijo y la enamorada de este gozan de puestos de lujo en las NN.UU.)

En segundo lugar, se ha politizado el servicio diplomático, primando la presencia de los favoritos de la argolla, que suelen actuar sin probidad, es decir, que son proclives al juego de intereses particulares perjudicando la imagen del país, y encima son permisivos con la indisciplina. En tercer lugar, por la salud de la República y el prestigio de la diplomacia peruana, la Fiscalía debería evaluar indiciariamente frente a una serie de actos antijurídicos e incluso declarados nulos por el propio Poder Judicial, como la resolución ministerial de Néstor Popolizio y la resolución viceministerial de Hugo de Zela, con las cuales destituyeron al diplomático Fortunato Quesada, sobre todo cuando existen pruebas irrefutables de una conspiración.   

En cuarto lugar, existen “registros de mensajes de WhatsApp de los diplomáticos comprometidos” en dicho complot, debidamente fedateado en sus 31 folios por el jefe de la sección consular. En esos registros se revela que el funcionario Pedro Rubín le decía a José Boza: “Si me ofrecen la jefatura de un consulado general pequeño en Europa no tengo el menor inconveniente”. Y Boza le respondía lo siguiente: “Ok. Ya te cuento lo que piensen el 1 y el 2 al respecto”. En el folio 22 del documento, Rubín también le escribe a Boza: “Si estás ocupado lo dejamos para el lunes. Hoy estoy un poco ajustado de tiempo. Lo único que te quiero pedir es que me ayudes. Hablando con colegas pareciese que yo soy culpable de todo. El lunes paso para despedirme de Néstor (Popolizio) y que me vuelva a asegurar que me cambiará a Valencia.”.  No obstante, Pedro Rubín fue puesto en un consulado general, y si bien no fue en Valencia, sí lo enviaron a Río Branco (Brasil).

En quinto lugar, se demostraría en 31 folios de WhastApp que los funcionarios Popolizio y De Zela estaban al tanto del complot porque no era posible que no supieran acerca de las comunicaciones de un jefe de gabinete ministerial, como José Boza; y un ministro consejero (MC), como Pedro Rubín. Lamentablemente, Dina Boluarte no hace nada pese a ser quien dirige la política exterior, sobre todo cuando existen las declaraciones del exservidor de la embajada del Perú en Israel, el chef Jesús Alvarado, afirmando que las personas de Hugo de Zela, José Boza (ya fallecido) y Pedro Rubín fueron los autores del complot bajo la coordinación de Néstor Popolizio.

En sexto lugar, otro hecho que la Cancillería debería esclarecer es si Néstor Popolizio estaría incurso en un supuesto nepotismo o favoritismo en provecho de su hermano Edgardo Popolizio Bardales. Es decir, ¿las relaciones laborales, contratos y nombramientos se dan de acuerdo a ley, especialmente cuando hay un hermano en el servicio del Consulado General del Perú en Hartford (Connecticut, EE.UU.) y que ha continuado en el puesto cuando su hermano Néstor ocupó el cargo de vicecanciller, luego el sillón de canciller, posteriormente como representante ante las Naciones Unidas, sin abundar en que sigue con más de tres años de embajador del Perú en Praga?

En séptimo lugar, debería ponderar la Fiscalía el “Informe (ORH) N° 011-2020-UARD/MRE”, firmado por la funcionaria Fátima Trigoso, ministra jefa de la Oficina General de Recursos Humanos, que consta de 29 folios,  y según su ítem IV, los infractores del complot son el embajador Néstor Popolizio Bardales; el Embajador Hugo de Zela Martínez (hoy en retiro); el Embajador José Boza Orozco (fallecido en agosto del año 2023); y el diplomático Pedro Rubín, nombrado por la entonces canciller Gervasi como Cónsul General del Perú en Río Branco (Brasil).

Asimismo, la Oficina de Recursos Humanos además de documentar una serie de hechos, sobre la base de otro informe de la Comisión Disciplinaria (2018 – 2019), también concluyó que hay grabaciones no autorizadas contra el embajador Fortunato Quesada, y señaló que las mismas fueron filtradas a un medio de prensa. Pero, mediante Resolución Viceministerial N° 0337-2019/RE de 13 de diciembre del 2019, solo se abrió un PAD a Pedro Rubín, mas no a Popolizio; y se tiene también que Rubín, junto a su abogado, reconoció que fue la propia Cancillería quien le dijo que se contacte con la periodista Cueva, de Panorama, porque se necesitaba de un escándalo para sacar a Quesada de la embajada del Perú en Israel.

En octavo lugar, el Informe de la ORH subrayó que, “según el ministro consejero Pedro Rubín y su defensa legal, el embajador Boza Orozco había actuado en cumplimiento de indicaciones de su jefe directo, el entonces canciller Embajador Néstor Popolizio y con la anuencia del entonces Viceministro Embajador Hugo de Zela Martínez”. Pero el numeral 2.7 del citado informe es más revelador, al asegurar textualmente que “El 28 de mayo de 2020, el abogado del MC Rubín Heraud, letrado Guillermo Gómez Guilfo, entregó al Jefe de la Unidad de Asuntos Disciplinarios de esta Oficina General, un escrito donde afirmaba que el imputado informó a la Superioridad de todo lo que acontecía en Israel el 17 de mayo de 2018; que fue el embajador Boza Orozco, por encargo de la Superioridad, quien se contactó con la directora del programa “Panorama”, que fue el Embajador Boza quien insistió que el MC Rubín se contactara con la mencionada directora y le proporcionó su teléfono, sin pedírselo; que el MC se negó a acudir a la prensa, que el entonces Canciller y el Viceministro estaban al tanto de todo lo acontecido mucho antes del programa “Panorama” y que deseaban “colgar” a Quesada Seminario».

Es más, el folio 25 reveló lo siguiente:  “Como se puede apreciar de este nutrido intercambio de mensajes entre el Embajador Boza y el MC Rubín, que se mantuvo por un año y siete meses, se trataron variados temas, desde la coordinación  de la entrega de las grabaciones al programa “Panorama”, los detalles de la emisión del reportaje, sus consecuencias administrativas inmediatas, el inicio de la investigación preliminar, el subsecuente PAD y su resultado: la desestimación de la apelación y cierre de la vía administrativa; hasta quejas por el no ascenso de un funcionario en Tel Aviv y los ofrecimientos de rotación hechos al MC Rubín”.

No obstante, lo más escandaloso que reveló el documento es que la Alta Dirección de la Cancillería estaba enterada de todas las ilegalidades. Así lo pone textualmente: “el manejo de información sensible por parte del Embajador Boza y su transmisión al MC Rubín, constituye una circunstancia que debe ser investigada por la Comisión Disciplinaria pues al margen del alto cargo que ocupó en la Cancillería, que suponía acceso a información privilegiada, las acciones desplegadas por el Embajador Boza no podrían haberse realizado sin conocimiento de la Alta Dirección, justamente por la sensibilidad de los temas y las consecuencias que se dieron a lo largo de los meses”.

Mientras que en el folio 26 se evidencia la responsabilidad del ex canciller Popolizio, sobre todo cuando el informe de la ORH señaló que: “En el caso del Embajador Popolizio, el MC Rubín ha afirmado que estuvo al tanto de todo desde el comienzo y sugiere, en su escrito del 28 de mayo, que el tweet que escribió el embajador Popolizio el 17 de junio, donde refiere que el ex Embajador Quesada Seminario iba a ser traído a Lima para las investigaciones correspondientes por las acusaciones de maltrato, es la prueba de su pretensión de que ‘recién’ se enteró de los hechos, cuando los conocía al menos desde mayo”.

Aún más, el embajador Popolizio, en la absolución de su pliego interrogatorio, aceptó haberse reunido con el MC Rubín a fines de mayo de 2019 para tratar el tema de su rotación al Consulado General de Zúrich. El MC Rubín manifestó que el Embajador Popolizio le habría ofrecido rotarlo a la ciudad de Valencia, lo que motivó una reunión previa, según se desprende de un WhatsApp que le envió el embajador Boza el 23 de agosto del 2018.

En noveno lugar, y esto puede ser de mucha utilidad para la Fiscalía, el folio 28 de la ORH sostiene que las responsabilidades podrían configurar ilícitos penales. Sin embargo, pese a los años transcurridos desde el complot del 2018 a la fecha, hoy el desempeño de la Cancillería ha empeorado. Por ejemplo, ahí están dos destapes periodísticos.

Uno, el de Jonathan Castro, de “La Encerrona”, cuando reveló el 14 de julio del 2024 que Basil Marco (cónsul egipcio) envió una carta de cuatro páginas al entonces canciller Javier González-Olaechea, donde le describió una serie de problemas que vio de primera mano en los últimos dos años en la embajada del Perú en Egipto. Y dos, cuando Ricardo Mc Cubbin (de INFOBAE), el 20 de setiembre del 2024, publicó lo siguiente: “Perú retira a su embajador en Egipto luego de acusaciones de mal comportamiento con altos funcionarios. El país africano incluso agradeció al Ministerio de Relaciones Exteriores peruano por la salida del diplomático José Betancourt”.

En otro pasaje de su informe, Mc Cubbin también detalló que “el cónsul honorario de Alejandría, Basil Marco, reportó a la Cancillería peruana sobre malos comportamientos del referido diplomático ante altos funcionarios y personalidades de Egipto”.

Frente a esto, en medio de los desencuentros de tres mujeres, Dina Boluarte, Delia Espinoza y Janet Tello, lo importante es que los poderes públicos no tergiversen los hechos. Por eso, cuando pregunté a la Cancillería acerca de si ¿existe una nota de la República de Egipto con la cual esta agradece al Perú por la remoción de José Betancourt del cargo de embajador en dicho país africano?, la respuesta oficial fue escudarse en el artículo 24° de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, aduciendo que es instrumento internacional de cumplimiento obligatorio que los archivos y documentos de las misiones diplomáticas son inviolables, por lo que no resulta posible su difusión ni comentar su contenido.

Sin embargo, la Cancillería no reparó en que esa nota no solo existe, sino que ya es pública, demostrándose que el canciller de Egipto, Dr. Badr Abdelatty, sí le “agradece” al ministro Schialer por retirar al embajador Betancourt, y eso resulta un escándalo, por lo que el ministro boluartista no puede negar lo acontecido, y peor cuando habría omitido denunciar el hecho o la apertura de un proceso disciplinario por parte de control interno. Pero a esto se suma el hecho grave de “premiar” al funcionario traído de Egipto al nombrarlo, paradójicamente, en un puesto clave de la Oficina de Recursos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

En suma, la presidenta Boluarte acaso no querrá mejorar la imagen internacional del Perú; pero la Fiscalía, en cumplimiento de su deber de prevención del delito, bien podría contribuir indirectamente si procede a investigar una supuesta argolla de impunidad enquistada en Torre Tagle.

Preocupación total ante la nueva decisión del Gobierno. El Congreso de la República, a través de su Comisión Especial de Seguimiento a la Realización de los Juegos Panamericanos Lima 2027, ha citado al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén; al ministro de Educación, Morgan Quero; y al presidente del IPD, Federico Tong, para que respondan y expliquen las razones del cierre del ‘Proyecto Especial Legado’. Como se recuerda, el Ejecutivo formalizó esta medida en la sesión del Consejo de Ministros del último miércoles 12 de febrero.

El próximo lunes 17 de febrero a las 11 a. m. deberán dar explicaciones

En la próxima cita, los funcionarios del Gobierno deberán sustentar los fundamentos técnicos, legales y presupuestales, así como el análisis del costo-beneficio que hizo tomar la decisión de extinguir el ‘Proyecto Especial Legado’, para ponerlo en manos de un ineficiente Instituto Peruano del Deporte (IPD).

Por su parte, el ministro de Educación, Morgan Quero, como era de esperase, aprobó la medida y afirmó: “Para evitar la duplicidad de funciones y fortalecer la institucionalidad deportiva, se tomó la decisión de extinguir este proyecto especial, cuyos resultados en su momento fueron importantes”. Y añadió que el proyecto cumplió con su finalidad principal tras organizar los Juegos Panamericanos de 2019 y que los próximos XX Juegos Bolivarianos Lima – Ayacucho 2025 están garantizados.

Carlos Neuhaus critica la decisión del Gobierno de disolver LEGADO

El expresidente del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos Lima 2019, Carlos Neuhaus cuestionó la justificación del Poder Ejecutivo y cuestionó al ministro de Defensa, Walter Astudillo por tener mucha ignorancia y desconocer la historia del proyecto.

“Me sorprende la tremenda ignorancia, al decir que ‘Legado’ se creó en 2015. Lo que se estableció entonces fue el proyecto especial para organizar los Juegos. Legado nació en 2020 con el objetivo de mantener y operar las sedes utilizadas en los Panamericanos”, enfatizó Neuhaus y también recordó que el modelo de Legado se inspiró en el London Legacy, que aún gestiona las instalaciones de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Asimismo, destacó que la continuidad de ‘Legado’ fue clave para que Lima lograra la sede de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2027.

“Si no se hubiera conservado Legado, no hubiéramos conseguido la sede”, afirmó, resaltando que el Proyecto se creó porque el IPD no tenía la capacidad de asumir esas funciones.

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, salió a declarar ante los medios y aseguró que el colapso del puente en Chancay que provocó la caída de dos vehículos, incluido un bus interprovincial, fue por causa de las intensas lluvias.

En declaraciones a la prensa, informó que todos los heridos fueron trasladados al Hospital de Chancay y anunció que, en 12 días, se instalará un puente de doble vía y de aproximadamente 60 metros de longitud con el fin de restablecer el tránsito que se encuentra interrumpido en dicha zona.

«Todos los heridos que han sido trasladados al Hospital de Chancay están siendo atendidos y todos se encuentran fuera de peligro. Se ha dispuesto que un plazo no mayor de 12 días se instale un puente de doble vía de aproximadamente 60 metros de longitud», declaró.

Asimismo, indicó que han dispuesto un plan de desvío para que el tránsito no se vea afectado, en sentido de sur a norte.

«Se ha dispuesto también un plan de desvío, con la señalética adecuada, para que el tránsito de sur a norte no se vea afectado y se ha garantizado también la entrada y salida al Puerto de Chancay, sin ninguna novedad», agregó.

Gustavo Adrianzén aseguró que concesionaria es la responsable del mantenimiento del puente de Chancay

En esa misma línea, Gustavo Adrianzén apuntó que los trabajos de mantenimiento del puente le corresponden a la empresa concesionaria Norvial y refirió que, si las investigaciones determinan algún tipo de responsabilidad, el Gobierno se encargará de que rindan cuentas.

«Teniendo en cuenta la antigüedad del puente, según se me hecho saber aproximadamente de 60 años, no me sorprende que esto haya ocurrido. Nosotros tenemos una capacidad limitada para ello (…) El concesionario tiene que haber realizado estas acciones de mantenimiento», culminó.

Al parecer la estrategia de la defensa legal de la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, no funcionó; por lo que ella continuará siendo investigada en el caso ‘Cofre’ por el presunto encubrimiento en la fuga del prófugo Vladimir Cerrón. Así lo dispuso mediante resolución el Poder Judicial y desestimó el recurso de ‘control de plazo’ que interpuso el abogado de la mandataria, Juan Carlos Portugal.

Según lo ratificado por el juez supremo de Investigación Preparatoria, Juan Carlos Checkley, la investigación preliminar todavía tiene vigencia hasta el 23 de mayo de este año; ya que, una vez vencidos los 90 días de plazo para las pesquisas preliminares, se dispuso su ampliación, desde el 20 de diciembre del 2024 hasta mayo de 2025 (es decir, por 5 meses adicionales).

Mientras, que Portugal, abogado de Dina Boluarte, asegura que este plazo venció el 23 de diciembre. Motivo por el que el 24, en la antesala de la noche buena, pidió a la Fiscalía que concluyeran con la investigación contra la mandataria. Sin embargo, fue notificado de la ampliación de la misma hasta por ocho meses; no obstante, él insistió en precisar que se le notificó seis días después.

Al respecto, el Ministerio Público precisó que la ampliación y la notificación de la investigación en contra de la presidenta Dina Boluarte se realizó cuando ésta aún tenía vigencia.

Dina Boluarte es investigada por delito de encubrimiento en ‘caso Cofre’

La presidenta de la República, Dina Boluarte, se encuentra investigada por la presunta comisión del delito en contra de la administración de la justicia, en la modalidad de encubrimiento. Según la tesis de la Fiscalía, con el vehículo oficial conocido como el ‘Cofre’, desde Palacio de Gobierno habrían ayudado a que el prófugo Vladimir Cerrón evite el operativo policial en su contra realizado en enero de 2024 en Asia, al sur de Lima.

Como se recuerda, Boluarte Zegarra fue citada por la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para que acuda el 15 de enero a la sede del Ministerio Público; sin embargo, no acudió a la misma. Mientras que el 29 del mismo mes asistió, pero no declaró, al hacer uso de su derecho a ‘guardar silencio’. Y ahora, con la ampliación de la investigación hasta el 23 de mayo de este año, la presidenta nuevamente tendrá que acudir a la Fiscalía para rendir su testimonio.

La postura no es novedosa, pues el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Gustavo Adrianzén, ya viene hablando sobre la pena de muerte desde hace varios meses; el pasado 5 de febrero del año en curso el premier escribió una columna de opinión en el diario El Comercio, respecto a la apertura de la ciudadanía y autoridades a un debate sobre la pena de muerte en nuestro país.

Cabe mencionar que actualmente la pena de muerte se encuentra estipulada en nuestra Constitución Política de 1993, en su artículo 140, para dos situaciones muy específicas: el terrorismo o la traición a la Patria en tiempos de guerra.

En nuestra coyuntura dominada por la inseguridad ciudadana, las extorsiones y el sicariato, muchos ciudadanos se muestran a favor de leyes más radicales para reducir los altos índices de homicidios, sosteniendo que la pena de muerte debe de ampliarse a más delitos, sin embargo, el Perú se encuentra adscrito a tratados internacionales que le impiden su extensión.

A propósito de ello, el primer ministro Gustavo Adrianzén, a través de una columna escrita en el citado medio, puso de manifiesto la necesidad de debatir la pena máxima y cuestionando a quienes, sin mayor interés por el sentir ciudadano, condenan esta medida.

«La pena de muerte, y esto es una verdad evidente, es uno de esos temas parte aguas en toda sociedad y en toda era, incluso en aquellas que formalmente lo tienen definido. En los hechos el debate nunca acaba y, cada cierto tiempo, ante determinada circunstancia, se reaviva la polémica y se caldean los ánimos», escribió el premier.

Adrianzén no apoyó directamente la implementación de la pena, sino que, por el contrario, expresó la relevancia de abrir el debate. En tal sentido, rechazó que la presidenta de la república, Dina Boluarte, haya recurrido a hablar de la pena de muerte como una “cortina de humo”.

«Algunos han calificado la iniciativa presidencial como una supuesta «cortina de humo». En realidad, lo que hay detrás de esa definición es la censura previa a la ciudadanía, como si el ciudadano no pudiera o, lo que es peor, no debiera discutir el tema para que su voz no sea escuchada por las autoridades», precisó. 

Además, el premier reconoció que, si bien el mundo tiende al abolicionismo de la pena máxima, la sensibilidad de la ciudadanía en las encuestas al respecto «ha sido siempre y mayoritariamente positiva«.

Finalmente, Adrianzén cerró su artículo mencionando que la pena de muerte, al menos en nuestra sociedad, «no es un tema cerrado» e invitó a la ciudadanía a participar libremente sobre los graves asuntos sociales que la afectan.

“No, la pena de muerte no es un tema cerrado. Al menos no lo es en nuestra sociedad. Aquellos que pretenden que así sea, en el fondo, lo que hacen es negarle al ciudadano su libertad de expresión, de información, de participación y, por último, de decisión respecto de los graves asuntos sociales que le involucran y afectan”.

El burgomaestre de Aucallama, en Huaral, Edwin Valdivia Santiago, no solo mostró su preocupación sobre la actual situación de los puentes en su distrito, especialmente después del colapso del puente Chancay; sino que salió a aclarar algunos puntos y aseguró que desde 2023 ha advertido a las autoridades nacionales, específicamente al MTC sobre el mal estado de los puentes en la zona, solicitando la revisión y mantenimiento de la infraestructura.

Y pese a haber reportado estos puntos críticos, no recibió respuestas efectivas por parte del ministro de Transportes, Raúl Pérez Reyes. En esa línea, lamentó que este sector no priorice la situación de las vías y de los puentes que se encuentran en mal estado. Asimismo, refirió que tres puentes están caídos, lo que afecta la comunicación hacia el norte del país, y el único puente disponible está en condiciones críticas.

Respecto al puente Huaral, el alcalde Valdivia Santiago indicó que, aunque actualmente éste puede soportar el paso de vehículos, su estructura está debilitada por la erosión del río, lo que podría comprometer su estabilidad en el futuro y lamentó el accidente reciente en el río Chancay, donde un autobús cayó tras el colapso del puente, lo que tuvo un saldo fatídico con víctimas mortales.

Valdivia Santiago aseveró que la alta carga vehicular, especialmente la llegada del megapuerto de Chancay, podría haber sido un factor que debilitó la infraestructura del puente.

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, como es habitual, luego de producirse una tragedia, o un colapso en los servicios públicos, como lo ocurrido el año pasado en el aeropuerto internacional, recién sale a dar declaraciones para tratar de justificar su cuestionada labor en dicho portafolio. Y esta vez, llegó al lugar del accidente y lo hizo para confirmar que el colapso del puente Chancay dejó un saldo de dos fallecidos y al menos 38 heridos.

Asimismo, Pérez Reyes, informó que la empresa concesionaria de la ruta proporcionará maquinaria pesada para remover y remolcar el bus interprovincial, que quedó atrapado en el derrumbe.

Colapso del puente en Chancay: autoridades locales alertaron sobre falta de mantenimiento, pero no fueron escuchadas. pic.twitter.com/d0MFSuME8t

— Revista Lima Gris (@Limagris) February 14, 2025

Luego del colapso anuncia que “investigarán” sobre mantenimiento del puente Chancay

El ministro Pérez Reyes anunció que se realizará una evaluación técnica e ingeniería estructural para determinar si la concesionaria cumplió con el mantenimiento de la vía y si la caída del puente fue consecuencia de factores naturales, o fallas en su conservación. E indicó que se instalarán puentes modulares para garantizar la transitabilidad en la zona afectada.

Alcalde de Aucallama responsabiliza al MTC por mal estado de los puentes

El alcalde de Aucallama, Edwin Valdivia, tras el colapso del puente Chancay, asegura que desde 2023 advirtió a las autoridades nacionales, específicamente al MTC sobre el mal estado de los puentes en la zona, solicitando la revisión y mantenimiento de la infraestructura; sin embargo, nunca obtuvo respuestas.

Colapso del puente en Chancay: caos y enfrentamientos durante el rescate. pic.twitter.com/hYqQlZlvkT

— Revista Lima Gris (@Limagris) February 14, 2025

Se confirmaron los rumores. La Junta Nacional de Justicia (JNJ) abrió un procedimiento disciplinario contra la presidenta del Poder Judicial (PJ), Janet Tello, y otros 4 jueces supremos, debido a una denuncia interpuesta por Julio Ramón Cadenillas Díaz, el pasado 4 de noviembre, por la «actuación funcional» de los referidos magistrados como «integrantes de la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema».

la JNJ indicó que «en todos los procedimientos disciplinarios que lleva a cabo, se actúa con el más absoluto respeto al debido proceso y al derecho de defensa de todos los administrados».

«En este sentido, se asegura que cada magistrado tiene la oportunidad de ejercer su defensa conforme a las garantías establecidas por la Constitución y las leyes del país», señalaron. 

Asimismo, la entidad indicó que su actuación «se enmarca dentro de las funciones que le han sido asignadas» por el ordenamiento constitucional y jurídico, y que «tiene la competencia exclusiva para investigar y sancionar faltas cometidas por los jueces supremos, conforme a los principios de legalidad, transparencia y objetividad que rigen su actuación».

«La [JNJ] es respetuosa de la independencia de la función jurisdiccional, un principio fundamental en nuestro ordenamiento jurídico. No obstante, de acuerdo a lo establecido en la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial, los jueces están sujetos a un control por sus actuaciones jurisdiccionales», indicaron. 

«Este control no solo es una obligación, sino también una herramienta fundamental para fortalecer la confianza de la ciudadanía en la justicia, garantizando la integridad y la transparencia del Poder Judicial», puntualizaron.

Presidenta del PJ mostró su preocupación por investigación

En tanto, horas antes de que se hiciera oficial el procedimiento disciplinario por parte de la JNJ, la titular del PJ se pronunció por lo que hasta ese momento era solo información periodística.

Tello Gilardi indicó que «de confirmarse esa información», esperaba «con serenidad» la notificación de la JNJ «a fin de ejercer nuestro derecho de defensa, como corresponde a cualquier procedimiento que respete el debido proceso». 

Acto seguido, la titular del Poder Judicial consideró «preocupante» que dicho proceso «haya sido dispuesto bajo un trámite célere, reservado para casos de suma gravedad».

«Debo señala que mi línea de conducta durante toda mi carrera judicial siempre ha sido y es de apego a la ley y a la Constitución», agregó.