Tras hacerse público que el alcalde recurre a las redes sociales para responder a sus detractores que lo atacan por no aparecer en el lugar de los hechos donde ocurre el siniestro, el grupo de trabajo presidido por Juan Burgos, lo convocó para que responda si adoptó medidas preventivas antes que se desatara el incendio en Barrios Altos.

El legislador Juan Burgos Oliveros, a través de la Comisión de Fiscalización del Congreso convocó al alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, para que responda sobre las medidas que se habrían adoptado ante el incendio que se viene registrando desde el lunes 3 de marzo, en el edificio de seis pisos de la cuadra 4 del jirón Cangallo en Barrios Altos, en el centro histórico de Lima.

Sin embargo, sucedió algo inesperado. La sesión no se desarrolló debido a la falta de quórum, a pesar de la urgencia que exige el tema.

Burgos Oliveros, contó que citaron a López Aliaga con el objetivo de conocer las acciones de contingencia y evacuación que se habrían aplicado en el centro histórico, así como el control de licencias de construcción y fiscalización de las edificaciones en las zonas aledañas al siniestro. “Hemos citado en forma extraordinaria al alcalde de Lima y a la Compañía de Bomberos”, indicó el parlamentario.

Hasta el momento, más de 50 unidades de los Bomberos Voluntarios del Perú vienen trabajando en la zona siniestrada con apoyo de cisternas de agua de Sedapal.

El congresista de Renovación Popular, Diego Bazán Calderón, ha salido a defender con “dientes y uñas” al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, tras los señalamientos que lo ponen como responsable de la falta de fiscalización en los almacenes donde viene ocurriendo el incendio en Cercado de Lima, e indicó que las masivas críticas, simplemente son respuestas al liderazgo del burgomaestre en las encuestas. “Estarían aprovechando el momento político», expresó el parlamentario celeste.

«Los que quieren señalar como el responsable al alcalde Rafael López Aliaga, lo único que quieren es aprovechar el momento político. A todos les queda claro que en los últimos meses está liderando las encuestas. Acá es una responsabilidad compartida», expresó.

Asimismo, señaló que la responsabilidad por el incendio en el Cercado de Lima es compartida y que Indeci también tendría un rol importante dentro del proceso de fiscalización de los almacenes.

«Acá es una responsabilidad compartida. (…) Indeci debería garantizar (la seguridad) y los Bomberos tendrían que tener el equipamiento para que combatan el siniestro», añadió con afán de justificar a la autoridad edil. Y desde su punto de vista, considera que el alcalde López Aliaga, está cumpliendo con cada una de sus promesas de manera firme y que los grandes proyectos están ejecutándose.

“Creo que él está cumpliendo cada una de las promesas de manera firme; los grandes proyectos de Lima están saliendo, se están avanzando; ha sacado a Lima de un proceso de recesión. Hoy está cumpliendo con Lima; tiene presupuesto de la Municipalidad de Lima. Está trabajando a través de Prolima con el tema de las casonas que está refaccionando y, además de ello, ha cumplido con el tema de las motos a cabalidad. Hoy no tiene quién más recibir las motos. El alcalde de Lima se está haciendo responsable de su promesa», culminó Bazán Calderón.

Diego Bazán, congresista de Renovación Popular, ante ausencia de RFL durante incendio en centro de Lima: Los que quieren señalar como el responsable al alcalde Rafael López Aliaga, lo único que quieren es aprovechar el momento político. pic.twitter.com/g9hkSe6qCS

— Revista Lima Gris (@Limagris) March 5, 2025

El titular de la cartera de Cultura Fabricio Valencia Gibaja, mediante Resolución Suprema n.° 006-2025-MC, primero aceptó la renuncia de Jamer Nelson Chávez Anticona del cargo de Viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales del Ministerio de Cultura, quien desde el 11 de octubre del 2024 fue designado a dicho cargo y además anteriormente se desempeñó como Decano Nacional del Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú.

Y seguidamente, mediante la Resolución Suprema n.° 007-2025-MC se designó en reemplazo de Chávez Anticona, en el mismo cargo de Viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales del Ministerio de Cultura, a la arqueóloga, Moira Rosa Novoa Silva y quien anteriormente se desempeñó como directora de Programa Sectorial IV de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble del Ministerio de Cultura, ubicada en el tercer piso de la sede central.

La nueva viceministra Moira Rosa Novoa Silva, es arqueóloga por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y fue vicedecana del Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú. Asimismo, a través de su empresa privada ‘ANDISPANA CONSULTORES S.A.C’ fue proveedora del Estado, al que hoy pertenece. Su consultora elaboró Estudios de Impacto Ambiental (EIA) en el sector turismo, específicamente para el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Según nuestra fuente del Mincul, Novoa Silva es una funcionaria cuestionada y formaría parte del “grupo” que tiene “manejando” el Ministerio de Cultura. Entre tanto, su ingreso en el Viceministerio de Patrimonio Cultural, no solamente sería para reemplazar al exviceministro Jamer Chávez Anticona, sino por un tema de intereses en el patrimonio cultural. 

Mala sangre. La ex congresista fujimorista Alejandra Aramayo, quien recientemente se desempeñaba como jefa de la Oficina de Comunicaciones de Imagen Institucional del Congreso, presentó su carta de renuncia a dicho cargo luego que se difundiera un reportaje sobre la demanda civil que presentó contra su madre, Vilma Gahona, para exigir ser incluida en la repartición de un inmueble en Puno, un bien que fue cedido en calidad de herencia anticipada a otros miembros de la familia.

“Adopto esta medida como un acto de desprendimiento al trabajo encargado (…) Debo señalar que soy una convencida de que las instituciones están por encima de las personas y, por esta razón, creo necesario y pertinente dar un paso al costado en la función encomendada”, se lee en una misiva enviada al presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana.

La exlegisladora fujimorista lamentó que la disputa familiar haya sido “expuesta” por los medios de comunicación, ya que, según su declaración, se trata de un tema que corresponde “al ámbito íntimo, privado y familiar, lo que ha llevado a desnaturalizar los hechos y a faltar a la verdad”.

En el mismo documento, agradeció la colaboración del equipo de trabajo del Congreso, que apoyó sus “esfuerzos para mejorar la imagen”, a pesar del reciente escándalo sobre una aparente red de prostitución que operaba dentro de la institución. “Hago votos por el éxito de su gestión, en la que, las facilidades en la labor periodística han sido manifiestas, gracias a la política de puertas abiertas implementada por su administración”, agregó.

Según un informe difundido por el dominical Cuarto Poder, la ahora ex funcionaria había recibido dos automóviles, dinero en efectivo y una casa en Arequipa. Sin embargo, la disputa surgió debido a la cesión de un edificio de cuatro pisos a sus otros hermanos (Mónica, Jorge y Adriana).

Mediante el Oficio n.° D000765-2025-PCM-SSCPP, el Subsecretario I de la Subsecretaría de Coordinación con Entidades Públicas y Privadas de la Secretaría de Coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Marco Antonio Pajares Delgado, “presiona” a la secretaria general del Ministerio de Trabajo, Teresa Angélica Velásquez Bracamonte, para que se nombre al nuevo mandamás de EsSalud.  

El asunto del documento lleva por título: “Se solicita se nombre como Presidente Ejecutivo de ESSALUD a un funcionario de planta”.

Por lo visto, Alianza para el Progreso (APP), no solo se conforma con el control del Ministerio de Salud (Minsa), a través de su ministro apepista César Vásquez. Y ya puso la mira en el Seguro Social de Salud (EsSalud), para lograr su eventual control.

Movidas en EsSalud

Como se sabe, en EsSalud apareció un vendaval de sorpresivas movidas y cambios. Primero destituyeron a su presidenta ejecutiva, María Aguilar del Águila. Luego como para “cubrir el puesto” pusieron a un requisitoriado muy afín a Alianza para el Progreso (APP), se trataba de Constantino Vila Córdova. Y tras percatarse de la gran “patinada”, también lo sacaron de la Presidencia Ejecutiva y pusieron a una “encargada” que ignora el campo de la salud.

Se trata de Lelia Lourdes Lazo Cornejo, una abogada experta en derecho municipal y registral (ex militante de Fuerza Popular) y que aún “reposa” como presidenta interina en el Seguro Social, hasta que se designe al nuevo titular.

En ese sentido, los tentáculos de César Acuña Peralta ya no solo pretenden manejar la administración del Ministerio de Salud, con el ministro acuñista César Vásquez; sino también, las riendas del Seguro Social del Perú (EsSalud); y en caso que lo logren, tendrían la hegemonía de todo el sistema de salud y sanitario estatal del país.   

Arroz con mango para todos. Los aspirantes a convertirse en gobernadores, congresistas o presidentes, desde hace ya varios años, han visto sumamente lucrativo convertirse en autoridades del Estado, pues mágicamente su patrimonio se incrementa de manera considerable, pasando, además, de usar aretes y pulseras de fantasía a adornar sus muñecas con costosísimos relojes Rolex.

Y como todos pueden postular libremente, según lo estipulado en nuestro Constitución Política, sin que se requieran títulos o logros, hasta el ‘hijo del vecino’ puede convertirse en un futuro ‘Padre de la Patria’ para luego gozar de buffets, bonos, viajes pagados, y demás facilidades que se le brinda a un funcionario del Estado.

Es por eso que en las próximas Elecciones Presidenciales del 2026 se estima que van a participar al menos 50 organizaciones políticas sin una ideología definida ni vocación de servicio. A muchos de ellos solo les interesa ocupar una curul o estar dentro del Ejecutivo.

A propósito de ello, Roberto Burneo, presidente del JNE; Piero Corvetto, jefe de la ONPE; Y Carmen Velarde, jefa del Reniec, se presentaron ayer ante la Comisión de Constitución del Congreso para exponer los avances que sus respectivas instituciones vienen implementando para las Elecciones Generales 2026.

En esa línea, Burneo señaló que 42 organizaciones políticas ya están habilitadas para participar en dichos comicios, pero que la cifra podría incrementarse si logran culminar su proceso de inscripción otros partidos. Además, indicó que las elecciones podrían tener un aproximado de 10 mil candidatos. 

Por su parte, Corvetto calificó a los próximos comicios como «la elección más retadora de la historia de la república», considerando la cantidad de postulantes a cargos de representación nacional y los recursos logísticos que ello implica.

En un momento de su alocución, Corvetto se acercó a Fernando Rospigliosi, presidente de la comisión, para mostrarle las maquetas de lo que serán las cédulas de sufragio. No obstante, indicó que esto podría variar en caso el Congreso aprobara la implementación del voto electrónico.

“En caso ustedes aprueben el uso de voto electrónico no presencial para FF.AA. y PNP podríamos trabajar solo con una cédula [que] responde a nuestra tradición histórica nacional, no subnacional. Nos permitiría reducir tiempos en aproximadamente una hora u hora y media”, indicó. 

«Esta lógica del voto digital es fundamental. Es la elección más compleja de la historia», puntualizó.

Mucho por responder. La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra el exministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho Mamani, por la presunta comisión del delito de aceptación indebida del cargo durante su gestión en el gobierno de la presidenta Dina Boluarte.

La denuncia fue presentada ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales a través del Área de Enriquecimiento y Denuncias Constitucionales.

Según la investigación, Rómulo Mucho habría incurrido en una infracción legal al aceptar el cargo de ministro el 13 de febrero de 2024, pese a estar impedido de hacerlo.

Horas antes de su juramentación, el exfuncionario se desempeñaba como gerente general de la empresa Pevoex Contratistas S. A. C., dedicada al sector minero, y era titular del 63 % de las acciones de dicha compañía.

Esta situación habría violado el artículo 5 de la Ley de Prevención y Mitigación del Conflicto de Intereses en el acceso y salida del personal del servicio público, así como el artículo 11 de su reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo 082-2023-PCM.

La normativa establece que los funcionarios públicos no pueden ejercer cargos en el sector privado que generen conflictos de interés con sus funciones estatales, especialmente en áreas directamente relacionadas con su ámbito de acción.

En este caso, la vinculación de Mucho con una empresa del sector minero habría representado un claro conflicto de intereses durante su gestión al frente del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

En el caso específico de Pevoex Contratistas S. A. C., Mucho declaró que había dejado de ser accionista en agosto de 2023, basándose en una resolución judicial que, según la investigación, no afectaba su titularidad como accionista. Sin embargo, se descubrió que aún mantenía el 63% de las acciones de la empresa, lo que contradecía su declaración oficial. Esta compañía, vinculada al sector minero, mantenía contratos con Southern Peru Copper Corporation, lo que agravaba el conflicto de interés mientras Mucho ocupaba un alto cargo en el gobierno y se debatía la reactivación del proyecto minero Tía María.

Cabe recordar que Rómulo Mucho fue censurado por el Congreso en noviembre de 2024, bajo acusaciones de falta de capacidad e interés para resolver los problemas de los pequeños mineros y mineros artesanales. Tras la censura, el gobierno aceptó su renuncia y lo reemplazó por Jorge Montero Cornejo.

El premier del Gobierno de Perú, Gustavo Adrianzén Olaya, volvió a proteger la imagen de la presidenta de la República, Dina Boluarte y salió a declarar ante la prensa para afirmar que ella viene sufriendo un acoso político y mediático por parte de los medios periodísticos y de la Fiscalía de la Nación.

Esta respuesta la dio, luego de que el Ministerio Público ordenara un allanamiento a la vivienda del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, por la investigación que se le sigue por un presunto abuso de autoridad. Lo que fue calificado por la jefa de Estado como un intento de golpe de ‘Estado blanco’.

Durante un evento oficial en la ciudad de Iquitos, Gustavo Adrianzén conversó con los medios de prensa sobre temas de coyuntura; pero al ser consultado por las investigaciones que se le siguen a la mandataria Dina Boluarte, él aseguró que ello se debe a un acoso político y mediático orquestado por la propia Fiscalía de la Nación.

“Nosotros creemos que la señora presidenta Dina Boluarte está siendo víctima de acoso. Un acoso que además hemos calificado como mediático y también hay una persecución que se dirige concretamente de la Fiscalía», concluyó Adrianzén Olaya.

Gustavo Adrianzén, jefe del gabinete, aseguró que la presidenta Dina Boluarte es "víctima de una acoso mediático" y por parte de la Fiscalía: "Existe una intencionalidad de causar desestabilización del Gobierno […] La prensa es libre en el país" ► https://t.co/QTAt5w82G4 pic.twitter.com/iqW36A3914

— Canal N (@canalN_) March 4, 2025