El Poder Judicial, a través del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional ha emitido una orden de captura contra Nadine Heredia Alarcón, tras su ausencia en la lectura de sentencia que solo hace unas horas la condenó a 15 años de prisión efectiva por el delito de lavado de activos.

La ex primera dama y esposa del expresidente condenado Ollanta Humala, no asistió a la audiencia de lectura de sentencia, alegando un descanso médico. Decisión que la jueza Nayko Techy Coronado Salazar consideró insuficiente.

En horas de la mañana, mientras Humala Tasso acudió presencialmente al edificio Carlos Zavala Loayza para escuchar la lectura de sentencia, su esposa Nadine Heredia apenas participó vía Zoom y no asistió a la sala. Dicha ausencia de la exprimera dama fue interpretada por el tribunal como un acto de rebeldía. Como se sabe, la reciente condena, que incluyó la disolución del Partido Nacionalista y una reparación civil de S/15 millones, estableció que ambos cónyuges recibieron fondos de Odebrecht y Venezuela para las campañas de 2006 y 2011.

Ollanta Humala y Nadine Heredia fueron sentenciados a 15 años de cárcel.

Mientras tanto, la orden de captura contra Nadine Heredia, junto con su hermano Ilán Heredia, también condenado a 12 años, busca asegurar su ingreso inmediato al penal de Chorrillos.

Por su parte, las cámaras de Canal N permanecieron en los exteriores de la casa de la ex primera dama en Surco. Sin embargo, en las últimas horas, se registró la salida de una mujer, aparentemente familiar de Heredia, quien con una maleta abordó un vehículo sin brindar declaraciones a la prensa. Según su abogado, Heredia se encuentra delicada de salud y por ello no asistió a la audiencia. Sin embargo, no se ha emitido ningún parte médico oficial, lo que ha generado aún más incertidumbre sobre su situación.

El congresista del Grupo Parlamentario Podemos Perú, Guido Bellido Ugarte presentó ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley n.° 10771/2024-CR que propone crear el fondo de asistencia económica en favor de los hijos de docentes fallecidos en cumplimiento de su labor.

De acuerdo a lo indicado en el objeto de la ley, se busca garantizar una ayuda económica que les permita acceder a una vida digna en reconocimiento al sacrificio y compromiso de los docentes con la educación del país.

La ley será para hijos menores de 18 años

Con respecto al alcance de la iniciativa legislativa, ésta se extenderá a favor de hijos de profesores que hayan fallecido en el ejercicio de su labor, hasta los 18 años de edad. Sin embargo, los que estén cursando estudios superiores hasta que culminen los mismos, también serán beneficiados con la asistencia económica; así como las personas con discapacidad que hayan dependido del docente fallecido.

Subvención anual no excederá al valor de una UIT

Asimismo, se indica en el texto que el monto individual otorgado a cada descendiente beneficiario del profesor fallecido no puede exceder del monto anual al valor de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT-S/5350). Y será otorgado de forma bimestral para fines de alimentación, educación, salud física y mental, terapias de recuperación u otros asociados a la protección social y desarrollo integral de las personas beneficiarias.

Asimismo, no es heredable y tampoco estás sujeto a pago de devengados. Con respecto al financiamiento, a partir del año fiscal 2026, dicha asistencia económica será financiada por el Estado, a través del Ministerio de Economía y Finanzas.

De acuerdo al artículo 77° del Reglamento del Congreso, este proyecto de ley será trasladado a las Comisiones de Educación, Juventud y Deporte; y de Presupuesto y Cuenta General de la República, para su respectivo estudio y dictamen.

Profesores fallecidos no fueron atendidos por el Minedu

La propuesta parlamentaria se fundamenta, ante una eventual falta de apoyo del Ministerio de Educación, por casos de docentes que encontraron la muerte en el ejercicio de sus funciones en diversas regiones del país. Por ejemplo, con el fallecimiento de la profesora Mónica Vergara Amay de 53 años en marzo de este año y que en un intento por llegar hasta su colegio en Gran Chimú, en La Libertad, por falta de carreteras tuvo que caminar prolongadamente en una accidentada zona, hasta que murió debido a las bajas temperaturas. Asimismo, hubo más casos similares con docentes fallecidos procedentes del caserío de Huaranday en la sierra de Lambayeque, así como La Libertad, y Pucallpa.  

Este martes 15 de abril del 2025, el expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola Peñaranda, acudió a la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso presidida por el legislador Juan Burgos para responder sobre el caso de las cirugías estéticas que se realizó en 2023 la presidenta Dina Boluarte Zegarra.

Y durante su intervención oral ratificó lo que anteriormente ya había revelado, que efectivamente la mandataria se había sometido a dichas intervenciones quirúrgicas. Sin embargo, Otárola Peñaranda añadió que la jefa de Estado nunca le informó ni formal, ni informalmente sobre su procedimiento médico. 

“Yo dije que efectivamente la presidenta se había sometido a una operación quirúrgica el 28 de junio del 2023. Si esta fue por razones de salud, o por estética, no me corresponde responder estas precisiones. ¿La señora Boluarte informó formal o informalmente al Concejo de Ministros, o al presidente del Concejo de Ministros la realización de este procedimiento medico? y la respuesta es contundente, no. No lo hizo. La segunda cuestión es la siguiente, debió comunicar al presidente del Congreso el procedimiento quirúrgico al que se sometió”, refirió el expremier Otárola.

En otro momento, denunció que el gobierno de Dina Boluarte, mediante ordenes expresas de la mandataria, le ha venido realizando una persecución absurda, la misma que considera un acto ruin.

“En la PCM ocurrió una persecución absurda dirigida por el actual Presidente del Concejo de Ministros (Gustavo Adrianzén), quien por órdenes directas de la señora Boluarte, despidió hasta a la señora que hacía limpieza en mi despacho. Y no contentos con ello, personalmente se encargaron de prohibir a estos profesionales a otras entidades del Estado, con llamadas directas del secretario general del despacho presidencial. La persecución ha sido ruin contra mí y contra mis colaboradores”, aseveró el expremier.

Asimismo, Alberto Otárola se mostró a favor de la moción de censura contra el actual premier Gustavo Adrianzén, a quien incluso calificó como «vocero del crimen organizado» y mencionó que su permanencia en la PCM no solo, no le brinda ninguna garantía a la seguridad y la vida de todos los peruanos, sino, a unas elecciones limpias y transparentes. Por lo tanto, planteó su inmediata censura.

“El Presidente del concejo de Ministros, este señor Adrianzén, (lo que ha hecho) en la última conferencia de prensa, (…) es repetir las denuncias calumniosas (…). Se ha convertido en el vocero del crimen organizado y un presidente del Concejo de Ministros que es el vocero del crimen organizado no puede continuar ocupando ese cargo. el presidente del concejo de Ministros no da ninguna garantía no solamente para seguir respetando la integridad y la vida de todos los peruanos, sino para que las elecciones sean limpias, transparentes y seguras.  Si le vamos a hacer un bien al Perú este año, el Congreso debiera plantear una moción de censura inmediatamente contra esta persona”, concluyó el expremier Otárola ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.

¿Una aventura con Ventura? Quién no quisiera llegar a su centro de trabajo a las once de la mañana, manejar una moderna camioneta y tener un estacionamiento en el Congreso, ganar mensualmente más de diez mil soles, y que a todo eso nadie se atreva a contradecirla por tener el visto bueno de su jefe. Tal parece que el congresista de Fuerza Popular, Héctor Ventura, habría perdido los papeles por una de sus asesoras, treintañera ella, tanto que la lleva a todas partes, incluso al estadio del club de sus amores.

Gabriela Soria Cruz, militante del partido naranja, parecería ser la ‘engreída’ del legislador, pues ha sido vista en más de una ocasión ingresando al Congreso fuera del horario ordinario, el mismo que cualquier trabajador tiene que cumplir para que no se le descuente su sueldo, o peor aún se le sancione o destituya.

Las cámaras del programa dominical Panorama captaron a Soria Cruz, asesora 2 del congresista Ventura, bien distendida y relajada limpiando su moderna camioneta un día de semana cuando la mayoría de sus compañeros de trabajo ya se encontraban en sus puestos.

A propósito de ello, el parlamentario respondió: “Entiendo que ingresan a partir a las 8:30 o 9:00 de la mañana. El ingreso es a partir de las 9:00 con tolerancia de 20 minutos”.

Al mencionarle que la trabajadora de su despacho estaría incumpliendo el horario de trabajo, el fujimorista alegó: “Si hubiera alguna irresponsabilidad de los trabajadores, la responsabilidad es personalísima. Yo no tengo que hacerme cargo de las irresponsabilidades o incumplimientos que tienen los trabajadores”.

La flexibilidad en el ingreso al trabajo no sería el único beneficio de Gabriela Soria. Y es que estaciona en un espacio cercano al Congreso, aparentemente asignado al congresista Ventura, supuestamente cuando funge de chofer del parlamentario. Sin embargo, este último tiene otra versión.

“En el caso de la señorita Soria, muchas veces ha asistido con su vehículo. Hemos visto la posibilidad de ver dónde estacionar. Eso ya no está en manos de mí si estaciona en tal lugar, si es que viene con el carro, si viene con pasajero o si viene con bus. (Pero es su vehículo el que sale para darle paso al auto de Soria) Como le decía, nos damos las facilidades para poder cumplir nuestras obligaciones”, afirmó Ventura.

Finalmente, el parlamentario o descartó que sea nuevamente captado con su asesora en el estadio de Alianza Lima. “Si es que el tiempo me da. No solamente con mi asesora. También voy con unos amigos. Algunas veces he asistido con mi hermano”, dijo.

Un vocero presidencial que no habla no sirve para nada. Un nuevo audio difundido este último domingo por el dominical Panorama ha puesto contra las cuerdas al hasta ahora vocero de la presidenta Dina Boluarte, Fredy Hinojosa. En ese registro de audio se escucha a Noemí Alvarado, ex trabajadora que denunció las irregularidades, y a Carlos Guillén, amigo cercano de la mandataria, deslizando la idea de que Hinojosa estaría involucrado en la muerte de Nilo Burga, ex presidente del directorio de la sociedad Frigoinca.

El audio difundido data del 29 de diciembre —cuatro días después del hallazgo del cuerpo de Burga en un hotel de Lima—, indica que Nilo Burga habría sido asesinado por disposición del grupo más cercano a la jefa de Estado, incluyendo a Fredy Hinojosa entre los autores intelectuales.

Al respecto, un peritaje forense señaló que Burga fue asesinado dentro del hotel donde se encontró su cuerpo.  El análisis, realizado por un equipo de expertos internacionales, incluidos consultores de México y Estados Unidos, refuerza la hipótesis de un homicidio y cuestiona la versión inicial que planteaba un suicidio.

En tanto, desde Secretaría de Prensa se ha dicho que el audio es falso. No obstante, el dominical aclaró que lo que él desmintió fue una transcripción, y no el audio en sí, que fue difundido por primera vez.

Fredy Hinojosa y Qali Warma (o Wasi Mikuna)

Antes de asumir como portavoz presidencial, Hinojosa fue presidente ejecutivo de Qali Warma durante la gestión de Dina Boluarte al frente del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). Dicho programa fue duramente criticado tras revelarse que Frigoinca había distribuido alimentos en mal estado a varios colegios en zonas vulnerables del país.

Según la Fiscalía, el portavoz presidencial habría modificado supuestamente las bases del contrato para permitir que los proveedores del programa compraran productos a fabricantes locales, lo cual favoreció a Burga.

Cabe recordar que luego de este escándalo, Qali Warma fue reemplazado por el programa Wasi Mikuna, el cual también ha sido objeto de denuncias por intoxicaciones masiva en distintas regiones del país.

El expresidente de la República Ollanta Humala Tasso y su esposa la exprimera dama de la Nación Nadine Heredia Alarcón, hoy podrían ir a prisión tras la lectura del veredicto del Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional, por el presunto delito de lavado de activos, debido a aportes ilícitos en sus dos campañas presidenciales.

Por su parte, el expresidente Ollanta Humala llegó muy resguardado al edificio Carlos Zavala Loayza del Poder Judicial para escuchar el veredicto final en torno a su juicio de uno de los casos más mediáticos del financiamiento de la campaña presidencial del líder nacionalista, por los presuntos aportes recibidos por el partido Nacionalista en las campañas de 2006 y 2011.

La audiencia estuvo programada para hoy (09:00 horas.) en la sala 1 de la sede judicial Carlos Zavala Loayza. Sin embargo, se retrasó más de una hora.

Fiscalía pide 20 años para Humala y 26 años para Heredia

El Ministerio Público ha solicitado una pena de 20 años de prisión contra el expresidente Humala Tasso, por el delito de lavado de activos, tras las investigaciones que apuntan a supuestos aportes ilegales provenientes de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS. En el caso de su exesposa Nadine Heredia Alarcón, el pedido es de 26 años de prisión. Sin embargo, la sede judicial no contó con su presencia, ya que notificó al juzgado a través de su abogado Julio César Espinoza, su inasistencia por motivos de salud.

Como se recuerda, la investigación la inició la Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada en el año 2009, y tras 15 años de diligencias, hoy culminaría con la lectura de sentencia.

Escribo estas líneas con estupor, luego de escuchar la entrevista publicada el 25 de septiembre de 2024 en el canal de Youtube «Después de clases» de Alberto Grados, escuchar a la Ex ministra de Educación Marilú Martens Cortés decir expresiones como «No son los más talentosos los que dicen ‘me voy a Educación’ o ‘No son las carreras más consideradas, como las que oye, tienes que prepararte, tienes que ser el mejor para ingresar a esta carrera, no veo a una chica a un chico que dicen yo quiero estudiar educación, pero es muy difícil entrar tengo que prepararme mucho porque ahí van los mejores, no, por último entraré a Educación”.

Marilú Martens, ex ministra de Educación: “No son los más talentosos los que dicen me voy a Educación” @MineduPeru pic.twitter.com/JPzmjyf5R8

— Revista Lima Gris (@Limagris) April 15, 2025

¿Qué clase de país somos cuando la carrera que forma a quienes forjarán el futuro de la nación es vista, desde los ojos de una ex ministra de Educación, como “la última opción” para quienes no lograron ingresar a otras profesiones? ¿Con qué clase de personas conversa la ex ministra para que le digan algo así? O, tal vez, habla desde el resentimiento que aún guarda hacia la carrera docente. Al parecer, todavía le queda rencor por la huelga del 2017, aquella que fue impulsada por docentes organizados y liderados por el ex presidente Pedro Castillo Terrones, una huelga que inició desde las aulas rurales, y que provocó su salida del cargo. Una huelga que ni ella ni los técnicos del Ministerio de Educación supieron manejar. Se inició en Cusco y Arequipa, el sur peruano siempre contestatario, siempre rebelde, siempre lucido y dispuesto a dar batalla, mientras el norte aburguesado solo mira y aplaude. Le queda el encono de haber sido desplazada por un docente al que, luego, su grupo de amigos con apellidos de avenidas no pudo vencer en las urnas.

Tal vez la ex ministra no recuerda que existen grandes maestros que han ejercido la docencia en las escuelas del Perú y que decidieron ser docentes. A lo largo de la historia del Perú, numerosos docentes han dejado una profunda huella no solo en las aulas, sino también en la literatura, la filosofía, la pedagogía y la construcción de una identidad nacional. Figuras como Jorge Basadre, Ciro Alegría, Oswaldo Reynoso, César Vallejo, José María Arguedas, César Picón, Walter Peñaloza, Mario Vargas Llosa, Everardo Zapata Santillana y Enrique Guzmán y Valle, entre muchos otros, han ejercido la docencia y han contribuido al desarrollo intelectual y educativo del país.

Muchos docentes de vocación son reconocidos con las Palmas Magisteriales, la más alta distinción honorífica otorgada por el Estado peruano a los maestros por su destacada labor en la educación, la ciencia y la cultura. Otros han sido galardonados con premios como el Horacio Cevallos Gámez, que destaca la excelencia docente y la innovación pedagógica en el país.

He visto ministros de Educación que no durarían un día frente a un aula de secundaria en Puno. Tecnócratas que hablan de «competencias digitales» en zonas donde no hay electricidad. Asesores internacionales que confunden Huancavelica con Huancayo en sus lujosos informes.

Las lamentables declaraciones de la ex ministra de educación, solo intentan convertir esta noble profesión, la docencia, en sinónimo de fracaso, relegándola al último escalón de la escalera social.

O rescatamos la dignidad de la carrera docente, o seguiremos permitiendo que discursos como estos pasen desapercibidos. Es cierto: no es la profesión mejor remunerada, y muchas veces trabajamos en condiciones de infraestructura que ponen en riesgo la integridad de docentes y estudiantes. Pero eso no significa que no tengamos derecho a exigir cambios profundos.

En cada aula, en cada rincón del país, existen docentes preparados, con vocación y compromiso. Elegimos ser docentes. Y no fue nuestra última opción.

Si para la señora Marilú Martens la docencia representa “lo último”, ¿por qué entonces CARE Perú —la organización que ahora dirige— continúa firmando convenios con el Ministerio de Educación en nombre del cierre de brechas? ¿Por qué sigue viviendo de la educación y de los docentes peruanos?

Basta revisar la Resolución Ministerial N.º 475-2024-MINEDU, que aprueba el otorgamiento de una subvención de hasta S/ 1 796 000,00 (un millón setecientos noventa y seis mil soles) con recursos del Estado a favor de CARE Perú, destinada a la implementación de una propuesta de servicio educativo en ochenta y siete (87) instituciones educativas del nivel Primaria Multigrado Monolingüe Castellano en las regiones de Arequipa, Cajamarca, Huánuco y Junín. Esta subvención se enmarca en la Cláusula Sexta del Convenio N.º 058-2024-MINEDU, conforme a lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley N.º 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.

¿No es contradictorio? ¿Cómo puede deslegitimar la docencia y al mismo tiempo beneficiarse institucionalmente del trabajo y la entrega de quienes ella misma desacredita?

La presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, anunció la extensión del estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por 30 días más, como parte de las acciones para combatir el sicariato y la extorsión y anunció medidas radicales para los vehículos menores que usualmente perpetran crímenes en Lima y Callao.

Entre las principales disposiciones se encuentra la prohibición de que dos personas circulen a bordo de una moto lineal. La medida fue oficializada a través del Decreto Supremo N° 046-2025-PCM, publicado en el diario El Peruano.

Según el decreto, durante la vigencia del estado de emergencia, se restringe el tránsito de vehículos menores de las categorías L1 y L3, que incluyen motocicletas permitiendo únicamente la circulación del conductor, sin acompañante. La restricción rige desde este lunes 14 de abril hasta el sábado 17 de mayo.

“Los delincuentes lamentablemente se valen de las motocicletas como vehículos para cometer estos actos criminales y fugar impunemente. Pues, Esto se acabó. Ahora no podrán tan fácilmente cometer sus acciones y la Policía actuará de manera enérgica para capturarlos. Se extiende el estado de emergencia, para aquellos peruanos que se ganan el pan día a día de manera decente. La restricción de vehículos menores, circularán con solo un conductor. Aquella moto que circule con dos, será inmediatamente intervenida por nuestra Policía Nacional; esto será en Lima Metropolitana y el Callao, con el fin de combatir las extorsiones», dijo Boluarte.

La norma establece que, de detectarse indicios de la comisión de un delito, las personas involucradas serán conducidas a la comisaría correspondiente para iniciar las investigaciones, de acuerdo con el marco legal vigente. Además, se precisa que el control será ejecutado por la Policía Nacional del Perú (PNP), con apoyo de las Fuerzas Armadas.