La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y su abogado Jorge del Castillo acudieron hoy a la sesión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que citó a la titular del Ministerio Público, luego de realizarse la Operación Valkiria V, cuya tesis sostiene que Patricia Benavides lidera una red criminal al interior de la Fiscalía de la Nación; sin embargo, de pronto abandonaron la sesión, al considerar que no existen las garantías suficientes para continuar con la audiencia.

El defensor de la fiscal e la Nación, Jorge del Castillo, una vez iniciada la sesión, refirió:

“Consideramos que las garantías no están dadas, para continuar con este procedimiento. Con su permiso, señores magistrados nos vamos a retirar con la señora fiscal de la Nación”.

El abogado reclamó al presidente de la audiencia, que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) no les notificó, con antelación el recurso de inhibición por parte de este organismo.

“Señor presidente, una decisión tan importante no puede ser notificada minutos antes de que comienza la sesión. No es lo más regular”, concluyó, Jorge del Castillo, e inmediatamente procedieron a retirarse de la audiencia.

La celeridad del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Ricardo Pérez Manrique ha sorprendido a todos, porque a solo unas horas de ser publicada la resolución del TC en donde se ordenó la inmediata libertad del expresidente Alberto Fujimori, emitió una Resolución de medidas urgentes y requiere al Estado peruano que se abstenga de ejecutar la liberación del expresidente Alberto Fujimori, hoy encarcelado en el penal de Barbadillo.

Resolución del presidente de la Corte IDH, Ricardo Pérez Manrique que ordena no excarcelar a Fujimori.

Asimismo, ordenó que antes de continuar con el caso, la corte internacional que preside debe contar “con todos los elementos necesarios para analizar si dicha decisión cumple con las condiciones establecidas en la Resolución de la Corte de 7 de abril de 2022”.

En tanto, dispuso que su secretaría notifique la resolución emitida al Estado del Perú, a los representantes de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Parte resolutiva del fallo de la Corte IDH.

La decisión del organismo supranacional prácticamente fue una rápida respuesta al Tribunal Constitucional de Perú, que solo unas horas antes, ordenó la liberación del exmandatario Alberto Fujimori, al ejecutar su sentencia, del año 2022, que restituyó el indulto otorgado al exmandatario.

En la resolución del máximo intérprete de la Constitución peruana, suscrita por los magistrados Francisco Morales, Luz Pacheco y Gustavo Gutiérrez, se declara fundado el pedido y “ordena que el INPE y el director del penal de Barbadillo en el día disponga la inmediata libertad del favorecido, Alberto Fujimori Fujimori, bajo responsabilidad”.

El Gobierno de Dina Boluarte acaba de declarar, mediante Decreto Supremo, que cada 7 de diciembre se celebre el “Día de la Institucionalidad, del Estado de Derecho y de la Defensa de la Democracia”, en conmemoración de la actuación de las instituciones públicas ante el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo el año pasado.

El Decreto Supremo Nº 136-2023-PCM, publicado este miércoles 6 de diciembre en el boletín de normas legales de El Peruano, detalla que esta fecha permitirá promover “los valores democráticos e institucionales en la ciudadanía y estimular la conciencia colectiva sobre el Estado Constitucional y Democrático de Derecho”.

El texto recuerda que el 7 de diciembre del 2022, día en que Pedro Castillo anunció en un mensaje a la Nación el cierre del Congreso y una reorganización de todo el sistema de administración de justicia, “la democracia y el Estado de Derecho en nuestro país estuvieron seriamente amenazados”.

“No obstante, debido a la fortaleza de la institucionalidad pública, expresada en la actuación decidida de los organismos llamados a defenderlos, bajo los estrictos cánones constitucionales y legales, además del concurso invalorable de la sociedad civil, es que hoy nuestra democracia se mantiene incólume”, detalla el decreto.

Cabe recordar que Pedro Castillo actualmente se encuentra cumpliendo prisión preventiva y afronta una investigación por los presuntos delitos de rebelión o conspiración.

El Ejecutivo destaca que la democracia y su defensa son clave para fortalecer la institucionalidad y el Estado de Derecho.

Con la declaración del “Día de la Institucionalidad, del Estado de Derecho y de la Defensa de la Democracia”, se busca promover valores democráticos e institucionales en la ciudadanía y estimular la conciencia colectiva sobre el respeto al Estado Constitucional y Democrático de Derecho.

También se establece que como práctica el izar la bandera en todo el territorio nacional “como acto cívico” y en ceremonias presididas por gobernadores regionales, alcaldes o autoridades según la circunscripción territorial.

“La Presidencia del Consejo de Ministros es la encargada de realizar el seguimiento de lo dispuesto en la presente norma”, indica el Gobierno.

El dispositivo cuenta con la firma de la presidenta de la República, Dina Boluarte; y el titular del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. 

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, ha respondido ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, por las graves acusaciones que afronta, al sindicársele como líder de una organización criminal, al interior del Ministerio Público. Ella se encuentra incluida en el caso ‘La fiscal y su cúpula de poder’ que viene siendo investigado por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFICOP).

Y tras conocerse las respuestas de su exasesor Jaime Villanueva, las que brindó en un interrogatorio, confirmando la veracidad de los chats que involucran a Patricia Benavides en coordinaciones con congresistas, y al reconocer que todas las coordinaciones fueron “por orden de Patricia Benavides Vargas”, la sesión inició en el grupo de trabajo.

Hay que mencionar que, quien se presentó como abogado defensor de Patricia Benavides, ante la Comisión de Fiscalización es el excongresista aprista Jorge del Castillo.

Una vez instalada la mesa en el grupo de trabajo, la Fiscal Benavides cuestionó la ‘Operación Valkiria V’. asimismo, rechazó que lidere una organización criminal al interior de la Fiscalía de la Nación y sostiene que solo pretenden sacarla del Ministerio Público porque existe una venganza personal en su contra.

A su vez, cuestionó a la fiscal Marita Barreto y denunció que existe una manipulación en los chats y criticó fuertemente a la exjefa del equipo especial por haber liderado el caso ‘La fiscal y su cúpula de poder’, porque la tildó de “incompetente” por investigarla. Y añadió que con esos chats manipulados solo buscan desprestigiarla y que esas conversaciones tampoco prueban que esté involucrada en actos ilícitos.

La Fiscal de la Nación Patricia Benavides, explicó también que detrás de las denuncias hay un “montaje” para desestabilizar su trabajo en el Ministerio Público y para no investigar las muertes acontecidas en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte.

“Denuncio un montaje, una motivación política, porque las investigaciones sobre las muertes sucedidas en las protestas sociales no podían detenerse, y debía determinarse las responsabilidades para que sea este Parlamento el que decida la denuncia constitucional”.

Asimismo, señaló que su denuncia contra Dina Boluarte y Alberto Otárola no es “improvisada” porque lo ha trabajado durante meses. Y refirió que una fiscal superior como Marita Barreto, no puede investigarla porque “existen jerarquías” y defendió su decisión de removerla del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder (EFICCOP).

Por otro lado, Benavides indicó que había elementos para archivar la investigación contra 40 congresistas involucrados en el caso ‘Los Niños’ y negó que ello se debió a una “retribución” por algún favor.

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, también negó que se haya reunido fuera de su despacho con parlamentarios y con la mandataria, Dina Boluarte.

Jorge del Castillo, defensor legal de Patricia Benavides, justificó su presencia en la Comisión de Fiscalización ante los cuestionamientos de congresistas porque está investigado en el caso Lava Jato.

El abogado defensor de Patricia Benavides, Jorge del Castillo, en una de sus intervenciones señaló: “Es una mujer honesta y una defensora de la democracia”, y que todas las denuncias contra ella, son parte de un “complot” y un “bullying político” que busca sacarla del cargo que lidera en el Ministerio Público.

Además, ella indicó que trabaja las 24 horas del día a lo largo de los siete días de la semana, cuando le preguntaron por qué tuvo una reunión con sus colaboradores más cercanos horas antes de que el Equipo Especial contra la corrupción del poder y la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional, en el marco del operativo ‘Valkiria V’, realizara, su operativo el lunes de la semana pasada durante la madrugada.

Coronel Harvey Colchado.

La titular del Ministerio Público refirió que siempre ha tenido actuaciones correctas desde que está en el cargo. Al cierre de la sesión no quiso responder varias interrogantes que legisladores de la Comisión de Fiscalización le hicieron.

Tras casi cuatro horas de interrogatorios, la fiscal Patricia Benavides se retiró de la Comisión de Fiscalización y salió de la Sala Martha Hildebrandt.

Por ‘mochasueldo’. Con 90 votos a favor, 1 en contra y 12 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó el informe final del expediente 122 de la Comisión de Ética Parlamentaria, que recomienda la suspensión en el ejercicio del cargo y el descuento de sus haberes, por 120 días de legislatura, de la congresista María del Pilar Cordero Jon Tay (No agrupada).

La legisladora es acusada de vulnerar los artículos 2 y 4 del Código de Ética Parlamentaria y los artículos 3, 4, 6 y 8 del Reglamento del Código de Ética Parlamentaria, luego de ser denunciada por exigir a su favor hasta el 75% de la remuneración de su trabajador asignado a la Comisión Especial del Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes (PEBPT).

De acuerdo con el informe de la Comisión de Ética, se le imputa a la parlamentaria exigir a su trabajador que cubra con su sueldo los gastos de los viajes realizados en la semana de representación.

Durante el debate, el presidente de la Comisión de Ética, Diego Bazán (Avanza País), sostuvo que el caso fue investigado a raíz de una denuncia de parte, realizada por la legisladora Patricia Juárez (Fuerza Popular).

Asimismo, el legislador detalló que su grupo legislativo, para llegar a la conclusión de recomendar la suspensión de Cordero, recabó información, realizó dos audiencias y recibió los descargos de la denunciada.

En esa línea, Bazán detalló que la legisladora ha alegado, a través de un oficio, que no ha cometido ningún delito y que, en las audiencias que ha sido convocada, solo ha participado su abogado.

Agregó que una de las víctimas fue el ex trabajador Rafael Cabrejos Vela, quien dijo que fue la persona que grabó los audios, donde se escucha a la parlamentaria exigirle el pago de una parte de su salario, su gratificación y bonos. También dijo que el dinero era recabado por Braden Paredes, un trabajador del Parlamento y cercano a Cordero.

La parlamentaria no acudió a la sesión del Pleno del Congreso para defenderse y presentó una licencia de salud a fin de que su caso pueda discutirse en una próxima sesión. Cordero alegó que se encuentra internada en la clínica Jesús del Norte, debido a que tiene una artrosis lumbar.

Al respecto, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, decidió continuar con la sesión, ya que la congresista Jon Tay había sido citada en más de una oportunidad para su participación en el debate del informe en su contra en la Comisión de Ética.

Inhabilitada por 10 años

Como se recuerda, el pasado 28 de noviembre, la legisladora Jon Tay, al escuchar su inhabilitación por 10 años de ejercer cualquier cargo público por parte de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, rompió en llanto, pidiendo disculpas a la ciudadanía por la “mala imagen que se pudo haber dado por hechos inexactos”.

Mientras la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se encontraba en el Congreso de la República, citada por la Comisión de Fiscalización, negaba cualquier delito relacionado con una presunta organización criminal que ella lideraría, en la Prefectura de Lima su ex asesor principal, Jaime Villanueva, reconocía ser el responsable de los mensajes de texto en donde se evidenciarían acuerdos políticos con diversos parlamentarios, y que todo ello había sido previamente coordinado con la fiscal Benavides.

“Sí, reconozco que las imágenes que me muestra, corresponden a las capturas de pantalla de las conversaciones que tuve por el aplicativo WhatsApp con mi número 924****** con un congresista de la República, con quien realicé coordinaciones por orden de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, para lograr la inhabilitación de la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, así como la elección del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor”, respondió ante el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop).

Dicha confesión le valió su liberación al promediar la una de la madrugada de hoy tras cumplirse el octavo día de su detención preliminar.

En la audiencia ante la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional, el abogado de Villanueva, Luis Capuñay, declaró que su cliente retiraba el recurso de apelación contra la orden de detención preliminar.

El ex asesor de Benavides, que estuvo en compañía de su abogado, saludó a la prensa desde el interior de la prefectura antes de ingresar al automóvil de color gris en el que se retiró de la sede policial.

“Mi patrocinado ha reconocido los chats, los cuales sustentan la detención preliminar, ya no existiendo los fundamentos, haríamos que el Colegiado tome parte de una decisión a pesar de que mi patrocinado ya aceptó las comunicaciones”, manifestó el letrado.

De esta manera, al acogerse a ser colaborador eficaz, el ex hombre de confianza de la fiscal de la Nación dejó en custodia su teléfono celular y brindó la dirección del lugar en que permanecerá durante las investigaciones. 

“En estos momentos no vamos a dar más detalles, porque la investigación sigue siendo reservada. Lo que sí, se ha recuperado su libertad, que era el principal objetivo. Por medida de seguridad no te puedo indicar dónde vamos, pero va a colaborar con la investigación”, agregó su abogado.

Por Rafael Romero

Nunca es tarde para que el Ministerio de Relaciones Exteriores y la diplomacia peruana como institución de la República empiecen a revelar verdades, eliminar la impunidad, sacar la mala sangre y sincerar sanciones.

A poco de concluir el 2023, en medio del caos de gobernabilidad y la guerra de mafias, le cabe a Torre Tagle hacer de tripas corazón y darle un ejemplo de altura y decencia a la nación.

Al margen del prurito legalista, del argot administrativista falto de constitucionalidad y de la letra chiquita de la dictadura burocrática, existe una agenda irresoluta en la Cancillería frente al abuso contra la dignidad humana, a la ineficiencia de algunos cuadros profesionales, a la falta de probidad y la indiferencia.

¿Esa agenda puede corregirse hoy? Desde luego que sí. Aunque recién empiece, será un gran avance ante el silencio cómplice de cancilleres del pasado, llámense Gervasi, Wagner, Meza Cuadra o Maúrtua, por citar algunos.

Hoy el ministro de Relaciones Exteriores es un hombre formado “en y para” la diplomacia, pero también “en y para” el derecho, con una reconocida labor en la academia, en la ciencia política y las relaciones internacionales, profesor en la Universidad Mayor de San Marcos y en la Academia Diplomática, con gran sensibilidad y olfato para distinguir de lejos lo que es justo y lo que es violatorio de los derechos humanos.

De manera que le será fácil concordar que el complot contra el entonces embajador del Perú en Israel, Fortunato Ricardo Quesada Seminario, fue hecho sembrado el año 2018 que configuró un acto de canibalismo funcional y de barbarie ministerial, pero que todavía no ha terminado.

Es decir, el embajador Quesada fue víctima de un acto de la peor estofa, perpetrado por otros funcionarios cuyos nombres son hoy un baldón para el servicio diplomático; pero están en mejores puestos, premiados inexplicablemente porque en el Perú cualquier cosa puede pasar.

Ellos (Popolizio, Boza, De Zela y Rubín) protagonizaron una conspiración probada tal como se desprende de los expedientes de investigación disciplinaria; pero esta historia todavía no ha tenido un correlato de justicia en la medida del enorme daño generado en una persona.

Esto amén de que el hecho fue nulo desde un inicio, con grabaciones ilegales, premeditadas y alevosas, también con chats de funcionarios de Cancillería que llenan de vergüenza ajena a quienes los lean, sin la debida sanción en más de cinco años de oprobio, falto de medidas reparadoras para el daño acometido contra la imagen del Perú y la Cancillería.

En puridad, esto no lo puede negar hoy el funcionario de recursos humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y más allá que el caso esté en el Poder Judicial, existe la figura legal de la revocación (Ley del Procedimiento Administrativo N° General N° 27444), evidenciando que hay una justicia institucional para proscribir esos complots, por demás que en el Caso Quesada las pruebas son irrefutables, obtenidas por la propia Cancillería, que demostraron que él era inocente, aunque todavía prima impunidad para determinadas vacas sagradas de la diplomacia que hasta el presente no han recibido sanción alguna.

Como se recuerda, desde Lima Gris informamos el pasado 27 de octubre, en calidad de primicia, los detalles del “registro de mensajes de WhatsApp de los diplomáticos comprometidos” en un complot (https://limagris.com/chats-revelan-conspiracion-y-blindaje-desde-cancilleria-a-favor-de-popolizio/), documento que cuenta con el visado oficial de la Embajada del Perú en Israel y fedateado en sus 31 folios por el jefe de la sección consular Víctor Alejandro Reynoso.

Pero también existe otro documento revelador de 29 folios, que estaba relegado en la Cancillería. Se trata del “Informe (ORH) N° 011-2020-UARD/MRE”, firmado por la funcionaria Fátima Trigoso Sakuma, ministra jefa de la Oficina General de Recursos Humanos, en respuesta a la Hoja de Trámite (GAC) N° 1321, de 02 de setiembre de 2020. Trigoso remitió ese informe al “gabinete del viceministro” de Cancillería, dando como resultado, según el ítem IV, que los infractores son: el embajador Néstor Popolizio Bardales; el Embajador Hugo de Zela Martínez (hoy en retiro); el Embajador José Boza Orozco (fallecido en agosto del año pasado); y el diplomático Pedro Rubín Heraud, nombrado recientemente por la hoy excanciller Gervasi como Cónsul General del Perú en Río Branco (Brasil).

Hoy, para la Cancillería, no solo está en juego la pulcritud e idoneidad de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, de la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores ni la Ley del Servicio Diplomático de la República sino, fundamentalmente, lo que debe ponerse en vigencia es un tema de derechos humanos. El complot contra Fortunato Quesada no es un tema aislado, sino de todos los ciudadanos que mañana o más tarde pueden ser víctimas de esta clase de trampas institucionales o laborales.

Vaivenes. El cierre de este año viene dando muchas sorpresas a nivel político, debido a que la población tenía centrada su atención a las investigaciones contra el hermano de la presidenta Dina Boluarte y unos presuntos favorecimientos a alcaldes, para luego enfocarse a las pugnas intestinas en la Fiscalía de la Nación, teniendo como protagonistas a la propia fiscal de la Nación, Patricia Benavides, sus asesores y algunos congresistas; y lo más reciente con la orden expresa del Tribunal Constitucional (TC) de liberar al ex presidente Alberto Fujimori.

Mediante una resolución el alto tribunal ha declarado fundado el recurso de reposición en el extremo de la ejecución directa e inmediata de la sentencia del 12 de marzo de 2022 recaída en este proceso. Así, ordenan al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y al director del penal Barbadillo que dispongan la “inmediata liberación” del dictador Alberto Fujimori, quien se encontraba cumpliendo 25 años de cárcel por los casos Barrios Altos y La Cantuta.

Asimismo, los magistrados resolvieron “llamar severamente la atención” al juez a cargo del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, Vicente Fernández, exhortándolo a “poner más diligencia y celo en el cumplimiento de sus funciones” al momento de ejecutar las sentencias estimatorias de habeas corpus.

TC desestima a la CIDH

En la resolución los magistrados también señalan la falta de competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en materia de supervisión del cumplimiento de sentencias, a fin de disponer la inejecutabilidad de una sentencia. Esto luego que la CIDH frenara la restitución del indulto humanitario dispuesta por el TC en marzo del año pasado.

Señalan, en ese sentido, que la CIDH no tiene competencias para ordenar a un Estado, en supervisión de cumplimiento de sentencia, no ejecutar una sentencia de un tribunal nacional y solo queda facultada para dejar constancia en una resolución que se mantiene abierto el procedimiento de supervisión o, si fuera el caso, informar a la OEA.

Reacciones

Por su parte, el vocero de Fuerza Popular, Miguel Torres, en declaraciones para Exitosa, se pronunció tras conocerse que el Tribunal Constitucional ordenó la liberación del expresidente de la República, Alberto Fujimori, y aseguró que hoy se producirá la excarcelación de quien “nos liberó del terrorismo, de las manos de Sendero Luminoso y del MRTA”. 

“Hoy día se libera a la persona que nos liberó del terrorismo, de las manos de Sendero Luminoso y el MRTA. Hoy día se libera a la persona que nos rescató de un desastre económico nunca antes visto (…) Por un tema de derecho y de humanidad, corresponde que el expresidente Alberto Fujimori ya esté en libertad”, señaló.