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Crónicas del VRAE: Los narcotraficantes

¿Quiénes están en la prisión de Yanamilla? se pregunta Primitivo Ramírez, el joven alcalde de Puerto Mayo: “Pues, la mayoría son nuestros hermanos y amigos, quizás del barrio, familiares, conocidos, gente humilde, muchas veces sin educación. Pero, ¿usted ha visto acaso a los grandes narcos de la región, a las grandes mafias en prisión? Muchos de ellos visten de saco y corbata, muchos son incluso autoridades o funcionarios de alto nivel. Son ellos los grandes narcotraficantes. Son ellos a la vez quienes permiten el ingreso de insumos para la fabricación de la cocaína”.
Según Carmen Masías ex jefa de DEVIDA (3) 4.000 jóvenes se encuentran encarcelados en las diferentes prisiones del VRAE por esta razón.
El candidato a la alcaldía de Pichari Hernán Palacios resume la creciente militarización contra el narcotráfico, que según él no es ni siquiera efectiva:
“En 1994 cuando bajó el precio de la hoja de coca no se erradicó al campesino cocalero, se atacó al narcotraficante. Si el estado quisiese hoy en día, persiguiendo al narcotraficante haría bajar el precio de la coca. Además ahora se tiene la tecnología, por ejemplo, con la instalación de escáners en los controles policiales de Machente impediríamos el ingreso de insumos al VRAE. Sin embargo, sucede todo lo contrario, hace unos años tuvimos un jefe de la policía en Machente a quién lo encontraron con droga en Arequipa, dos toneladas, imagínese usted”.
En las rutas del VRAE, decenas de jóvenes “mochileros” perecen cada año por la balas del ejército y la policía. Los mochileros es el término con el que se conocen a los transportadores de pasta básica, jóvenes que llevan en sus mochilas 5 o 6 kilos. Es común ver sus fotos en las portadas de los diarios, mostrados como los “narcoterroristas abatidos”. Estos jóvenes no son sino el ejemplo del abandono en que se encuentra la región y el desangramiento de lo más valioso que tiene un país: su juventud. Los mochileros son sólo el eslabón pequeño del gran negocio del narcotráfico en el que ellos son las primeras víctimas.
En el Perú se incauta menos del 4% de la cocaína producida y sólo el 7% de los insumos necesarios para su fabricación. Si el Perú produce 350 toneladas de cocaína, y sólo 7 toneladas son incautadas, ¿Por dónde salen las 343 restantes teniendo en cuenta que los controles policiales, bases militares, agentes de la DEA pululan en toda la región del VRAE y de las otras regiones cocaleras? Se estima que un 80 % de la cocaína producida en el Perú sale al exterior por vía marítima a través de los puertos del Callao, Ilo, Chimbote, Paita. Actualmente el Perú se ha convertido en el primer productor de cocaína a nivel mundial.
Son las 5 de la tarde, mientras espero en Quisto Valle una camioneta que me lleve de regreso a Pichari veo decenas de jóvenes que bajan caminando hacia la carretera. Converso con algunos de ellos. Trabajan en los cocales. Acaban de terminar una dura jornada. Vienen de diferentes regiones, sobretodo de Huancavelica y de la región de Andahuaylas en Apurímac. Llegan en familias o en grupos, son todos muy jóvenes, hombres y mujeres, buscando un futuro que ningún gobierno les ha otorgado. Una generación que como la de sus padres nunca conoció al “señor gobierno”.
COCA O MUERTE
Es cierto, como me decía el alcalde de Puerto Mayo que “El campesino es muy sencillo y directo en la manera como resume su situación”. “Ellos dicen COCA o MUERTE, pero no por ello esto se debe interpretar como radicalismo”.
El campesino cocalero piensa que la erradicación de los cultivos de la hoja de coca los llevará a una muerte lenta tanto a él como a su familia. Pero también es cierto que muchos de ellos se defenderán y morirán si es necesario en la defensa de sus cultivos.
La anunciada erradicación indudablemente generará un conflicto social de grandes proporciones. “Ojo que las poblaciones y comunidades del VRAE están armadas debido a las secuelas socio políticas que se vivieron durante la violencia política de los 80 y 90”, advierte Primitivo Ramírez.
Al otro lado del río Ene, en la parte ayacuchana se encuentra Sivia. Los pobladores de la región decoran sus embarcaciones y sus casas de color verde esmeralda, el color de la región huantina al que pertenecen los distintos poblados de esta parte del río. En la plaza central de Sivia un campesino cocalero junto a su hija espera la apertura de la sucursal del Banco Agrario para solicitar un crédito. Su rostro y sus manos marcadas son fieles testimonios del arduo y duro trabajo que tienen que realizar los habitantes de la región.
Nos dice que la erradicación sólo traerá “Más hambre y miseria”, “como en los años 90 muchos jóvenes se volcarán hacia la subversión, la situación no ha cambiado, los militares siguen cometiendo abusos, entran a las casas y se llevan nuestras cosas”. “Mucha gente está diciendo que si es necesario dejaremos nuestras vidas en la defensa de la coca”. Hay indignación y desolación en su mirada. El abandono es el sentimiento que se respira en estas tierras, un abandono que contrasta sin embargo con el indescriptible esfuerzo que realizan los campesinos para sobrevivir y sacar adelante a sus familias.
Ruth Villar Quispe ex dirigente de la Federación de Clubes de Madres del Valle del río Apurímac y Ene ve con “preocupación el tránsito diario de helicópteros y naves por el río”. Ella como muchas otras madres ha sufrido y vivido en carne propia la guerra interna, ha perdido familiares. “El estado no se da cuenta que está traumatizando a nuestros niños psicológicamente. Para los niños los helicópteros son los cucos (fantasmas), los ruidos son constantes, tanto de noche como de día. Nuestros hermanos, los agricultores, nuestros hermanos campesinos son bien drásticos, ellos dicen coca o muerte. Pero es cierto que el único sustento para todos acá en el VRAE es nuestra coca. El gobierno debe dialogar con los dirigentes para que lleguen a un acuerdo. Nosotros no estamos de acuerdo que ellos intervengan sin antes consultar”.
Hace un llamado al gobierno de Ollanta Humala para que reflexione antes de cualquier erradicación compulsiva: “¿Qué nos dijo cuando era candidato aquí en Ayacucho? ¡No voy a erradicar la hoja de coca! Quiero que respete su palabra porque realmente nos ha engañado, con un engaño llegó al poder. Señor Humala piénselo mil veces antes de entrar al VRAE” finaliza diciendo.
De Sivia salimos en dirección a Huamanpata recorriendo pequeñas colinas, divisando desde lo alto la belleza del gran río Ene y su tupida vegetación bajo el concierto melódico de la infinita población de seres vivos que habitan el valle. Huamanpata es un poblado pequeño, en la calle principal sus habitantes secan las hojas de coca en bandas largas de plástico negras y azules. Nos recibe un anciano quién nos da la bienvenida. Conversamos con algunos pobladores y luego nos dirigimos a pie a las parcelas para dialogar con los campesinos que se encuentran aún trabajando en la cosecha.
En una pequeña parcela nos recibe Mario Gómez, un campesino cocalero de contextura delgada. En medio de los cultivos ubicados en una pequeña colina bajo un sol intenso las hojas de los arbustos de coca se tornan de un color verde fosforescente. Los niños y niñas juegan en los alrededores, cual nota fresca de alegría en un paraíso que se intenta condenar a la desolación y a una perenne miseria.
En su hablar pausado y conciso Mario explica sus inquietudes: “La política represiva del gobierno de turno y de la institución DEVIDA nos preocupa mucho por la decisión que han tomado para este año. Nosotros somos agricultores pobres minifundistas, no somos grandes cocaleros como ellos piensan. Ellos creen que en el valle hasta los perros de los cocaleros tiene dientes de oro. Eso no es verdad. Nos preocupa mucho esta erradicación represiva, compulsiva que se viene” “Como usted vé, el valle no es como dicen los pitucos de Lima, que señalan que somos terroristas, narcoterroristas, que somos personas de mala reputación, eso no somos nosotros Quisiéramos someternos al desarrollo alternativo pero, desgraciadamente a esta zona no llega.
Anualmente DEVIDA, es cierto que tiene un presupuesto grandísimo para el valle, millonadas, pero al final de cuentas al agricultor del VRAE al verdadero cocalero minifundista no llega ese dinero”. “En Lima se queda el 60% del presupuesto. A nosotros sólo nos han dado unas cuantas bolsas para sembrar almácigas y unos cuantos serruchitos. Eso no es desarrollo alternativo” “El plan de desarrollo alternativo ha sido un rotundo fracaso. Vaya y visita cualquier parcela y verá que no ha llegado. Han fracasado porque no hay una real atención al agricultor cocalero. ENACO (La empresa acopiadora estatal de hoja de coca) es una empresa monopolizadora que nos compra a 80 soles la coca como calidad de segunda y en la sierra la venden a 200 soles. Ellos nos monopolizan. Desgraciadamente no hay otra empresa que pueda competir”.
El gobierno peruano ha decidido erradicar para este año de manera compulsiva 30.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca.
LA GUERRA POR LOS RECURSOS
En el año 2005 el gobierno peruano mediante Decreto Supremo N° 036- 2005-EM, otorgó la licencia de exploración y explotación de hidrocarburos en el LOTE 108 a la filial Argentina de la multinacional PLUSPETROL Resources Corporation con sede central en Holanda. Actualmente en el LOTE 108 la PLUSPETROL tiene un 85% de participación y la australiana WOODSIDE PETROLEUM 15% El lote 108 tiene un área de 1’241,675 hectáreas y se ubica en la cuenca del VRAE. Es una extensa región que comprende los departamentos de Junín (Chanchamayo y Satipo), Cusco (La Convención), Ayacucho (Huanta y La Mar), Pasco (Oxapampa) y Ucayali (Atalaya).
En una entrevista concedida al diario Gestión (1), Germán Jiménez representante de PLUSPETROL en el Perú se mostró muy entusiasta por la perspectiva del lote 108: “Es un lote que puede ser otro Camisea por el potencial de gas y sus líquidos e incluso de petróleo”.
La multinacional holandesa PLUSPETROL es también una de los operadoras de los yacimientos de gas del lote 88 de Camisea y del lote 56 en Pagoreni, en el Bajo Urubamba en el Cusco. Pero, son los lotes de explotación 1 AB y 8 de PLUSPETROL ubicados en la selva norte del Perú los que arrastran nefastos antecedentes. La extracción de petróleo en estos dos lotes ha afectado la salud de la nación Achuar tanto del lado peruano como ecuatoriano, de los Kiwchuas y causado daños irreparables en la flora y fauna de la región.
En un Informe de la Dirección Nacional de Salud Ambiental se determinó que más de un 98% de los jóvenes Achuar menores de 18 años superan los valores límite de cadmio en la sangre debido a la alta toxicidad en la zona. Hay que recordar que en el 2006, durante las protestas de los Achuar frente a la terrible contaminación de sus tierras por parte de PLUSPETROL, algunos manifestantes fueron detenidos por la DINOES (Policía de Operaciones Especiales), para luego ser llevados al campamento de la multinacional donde los torturaron.
Con estos antecedentes, la explotación del lote 108 en el VRAE no hará sino militarizar aún más la región y generará una mayor represión de sus pobladores además del daño inconmensurable en la salud de los habitantes y la destrucción del ecosistema de esta paradisíaca región.
En la Amazonía peruana las concesiones para la exploración y explotación de petróleo y gas a empresas multinacionales han aumentado drásticamente pasando del 15% en el 2004 al 75% hoy en día. En paralelo y coincidentemente, la presencia militar estadounidense en el Perú aumentó en los últimos años. Se estiman en más de “85.000 los militares estadounidenses que ingresaron al Perú entre el año 2003 y el 2010” (1).
Dentro de este contexto la expropiación de 470 hectáreas para la construcción de un “aeródromo militar” o una base estadounidense cobra mucho mayor relieve, pues estaríamos frente a una estructura militar instalada en el corazón del VRAE, que se convertiría junto con Pichari en el centro neurálgico para la protección y seguridad de las multinacionales dedicadas a la explotación de los recursos naturales del VRAE; y también se constituiría en centro de abastecimiento para las otras bases que operan en la región en su combate contra el PCP militarizado, que impide, según Plus Petrol, la aplicación de los planes de exploración y explotación en la parte sur del Lote 108; PCP que, durante los últimos años ha ocasionado bajas importantes al ejército peruano y consolidado su influencia en la región.
Como diría Hernán Palacios: “Los estadounidenses nos consideran una colonia de Estados Unidos”, “La tercera guerra mundial será por el agua, y la gran reserva de agua está en la Amazonía y el VRAE como parte, como afluente”.
“Estados Unidos tiene la ambición de tener presencia y control hegemónico. Por ello apropiarse de 475 hectáreas es para algo muy serio”. “El descubrimiento del lote 108, la prospección de minerales, va por ahí el interés de las fuerzas estadounidenses en la región. Somos un país soberano, por ello debemos defender nuestra soberanía”. Algunos ejemplos recientes no hacen sino confirmar los datos sobre el aumento de esta presencia En la Base Naval de Iquitos Santa Clotilde, ubicada en la margen izquierda del río Nanay se encuentra la sede de la Comandancia General de Operaciones de la Amazonía (COMOPERAMA) perteneciente a la Marina de Guerra del Perú.
Por medio del Plan Bilateral del Programa de Operaciones Ribereñas firmado entre el gobierno peruano y el gobierno estadounidense, el Cuerpo de Ingenieros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (USACE) construyó en esta BASE NAVAL la Escuela de Operaciones Ribereñas que es una Escuela de Combate Fluvial, con financiamiento del Comando Sur. En esta instalación, donde participan instructores militares estadounidenses, se forman y entrenan a las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOES) y de la Infantería de Marina que combaten en el VRAE.
A través de este mismo Plan Bilateral también se construyeron 7 Bases e Instalaciones flotantes con el financiamiento de USACE y la DEA y se otorgaron 28 lanchas de patrullaje y armamento.
El Plan Bilateral también establece un Centro de Operaciones Ribereñas (Comando de Operaciones conjuntas), Centro Logístico y de Abastecimiento en la Base Naval Teniente Clavero que se encuentra en la región fronteriza con Colombia.
En paralelo existen 11 bases estadounidenses COER (Centro de Operaciones de Emergencia Regional), supuestamente destinadas a hacer frente a desastres naturales. Los COER se encuentran estratégicamente situadas en todo el territorio peruano (Cusco, Arequipa, Pucallpa, Lambayeque, Junín, Tacna, Tumbes, San Martín, Ucayali, Piura y Puno).
Tomemos el caso del COER de Piura, este se sitúa en una región donde las multinacionales de hidrocarburos y minerales han empezado a operar. Coincidentemente es una de las regiones por dónde sale también una gran parte de la cocaína hacia el exterior (Puerto de Paita).
El más reciente COER, fue inaugurado en abril de este año en Puno, región donde encuentran las principales reservas de uranio del país. Asimismo, el gobierno peruano ha autorizado a la flota estadounidense la utilización de los principales puertos del país para su abastecimiento.
Como lo señala Mónica Bruckmann los militares estadounidenses en el Perú tienen “una permanencia media de 12 a 67 días por cada ingreso, para realizar ejercicios de entrenamiento militar en mar, suelo y ríos; entrenamiento antisubversivo y de inteligencia en conjunto con las fuerzas armadas y policiales del Perú y ejercicios de reconocimiento de terreno en zonas de alto conflicto social. De esta manera, los desplazamientos militares se dirigieron hacia regiones estratégicas de control de la cuenca amazónica y sus principales ríos afluentes; los principales puertos peruanos (Callao, Salaverry, Paita, Chimbote e Ilo), desde donde se embarca el petróleo, gas y minerales que el país exporta y la regiones de alto conflicto social y de protesta (como el Valle del rio Apurímac y Ene, conocido como VRAE)…” (1).
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Sujeto embiste su camioneta en conocido restaurante porque local lo había expulsado debido a que se encontraba presuntamente bajo los signos del alcohol [VIDEO]
Miguel Ángel Requejo Astochado ahora será denunciado por tentativa de homicidio.

Un demente al volante. La noche de ayer, comensales del restaurante ‘El Charrúa’, ubicado en el distrito de La Molina, previo el incidente, indicaron que Miguel Ángel Requejo (51 años), había discutido con los mozos del local, quienes procedieron a expulsarlo ya que el sujeto había ingerido bastante alcohol y estaba incomodando a los demás comensales.
Minutos después, el sujeto se sube en su moderna camioneta para conducir sin frenos hasta la fachada del local, colisionando sin importarle que adentro se encontraban personas consumiendo.
Producto del salvaje impacto resultaron heridas dos personas, además del daño material ocasionado por el irresponsable conductor.
Uno de los afectados mencionó que procederá a denunciar penalmente a Requena, calificando el hecho de tentativa de homicidio, tildando además de “enfermo mental” al ebrio chofer, quien no paraba de gritar en todo momento, relata el agraviado, que era un magnate y podía hacer cualquier cosa.
«Ya está detenido. Es un enfermo mental. Esto es un intento de homicidio. Nosotros estamos pidiendo la cuenta y pagando. En un principio estaba sentado y me levanté no sé cómo segundos antes de que el carro se empotre por eso que estaba a un costado e igual me hizo volar», detalló a Canal N.
En tanto, el restaurante ‘El Charrúa’, lamentó el incidente ocurrido anoche, manifestando que colaborará directamente con la Policía para suministrar las grabaciones dentro del local.
«Desde ‘El Charrúa’, reafirmamos nuestro firme compromiso con la seguridad y el bienestar de todos nuestros clientes y colaboradores. Como medida preventiva y con el objetivo de reforzar nuestros protocolos internos, hoy miércoles 3 de julio permaneceremos cerrados», indicaron.
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Clínica Delgado-Auna responde a sanción de Susalud por filtración del historial médico de Shakira
Centro de salud privado indicó que el caso se encuentra en “proceso de revisión” y que apelará multa de más de 600 mil soles.

Quieren ir hasta las últimas. La Clínica Delgado-Auna recientemente emitió un comunicado respondiendo a la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) por el caso que los involucra con la cantante colombiana Shakira. Al respecto, indicaron que dicho caso aún se encuentra en “proceso de revisión”, pues no existe hasta el momento una resolución final.
Como se recuerda, en febrero pasado, el historial clínico de la cantante barranquillera fue divulgado públicamente por personal de ese centro de salud privado, constituyéndose una grave vulneración a la confidencialidad de los datos de las personas, sean nacionales o extranjeras.
Es así que Susalud le impuso una multa a la clínica equivalente a S/668,750 por la difusión no autorizada del parte médico de la cantante Isabel Mebarak Ripoll, mejor conocida como Shakira.
Al respecto, la Clínica Delgado-Auna también indicó que apelará la millonaria sanción, argumentando que el caso se encuentra bajo evaluación por el Tribunal de Susalud, contando para ello con 15 días hábiles para presentar formalmente su impugnación.
“Clínica Delgado presentará la impugnación correspondiente para que el caso sea evaluado por el Tribunal de SuSalud, conforme lo establece el debido proceso, confiando en la solidez de los argumentos que nos respaldan. Cabe señalar que contamos con un plazo de 15 días hábiles para impugnar”, concluye el comunicado.

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Fiscalía investiga a Johny Isla y a Jeanette Águeda Gutiérrez por caso ‘Líneas de Nasca’
El Ministerio Público abrió una investigación preliminar contra los dos funcionarios de la DDC de Cultura de Ica y el alcalde de Nasca, William Jorge Bravo Quispe, por presunto atentado contra las Líneas y geoglifos de Nasca, Patrimonio Mundial de la Unesco.

El Primer Despacho de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Nasca, a cargo del fiscal provincial José Alejandro Meléndez Curasi, ha iniciado una investigación preliminar de 60 días —con posibilidad de ampliarse— contra dos funcionarios de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Ica y el alcalde de la Municipalidad Provincial de Nasca. Están siendo investigados por los presuntos delitos de atentado contra monumentos arqueológicos, omisión de deberes funcionales y abuso de autoridad, en agravio del Estado Peruano.

Los involucrados son la arqueóloga Jeanette Águeda Gutiérrez Achulla, responsable interina de la DDC de Ica, Johny Augusto Isla Cuadrado, arqueólogo responsable del Sistema de Gestión Nasca-Palpa de dicha dirección; y William Jorge Bravo Quispe, actual alcalde de Nasca.

La investigación se origina tras la modificación del área de reserva arqueológica de las Líneas y geoglifos de Nasca y Palpa, declaradas Patrimonio Mundial por la Unesco. Esta zona protegida fue delimitada inicialmente en 1993 y reafirmada en 2004, cubriendo un total de 5,633.47 km². Sin embargo, una reciente resolución viceministerial —la N° 000128-2025-VMPCIC/MC, firmada a fines de mayo por la viceministra de Patrimonio Cultural, Moira Novoa Silva— redujo esta área a solo 3,235 km². Es decir, se recortaron 2,397 km² de territorio protegido.
La denuncia sostiene que esta reducción no cumplió con los procedimientos legales requeridos. Además, acusa que la resolución habría sido emitida como una “maniobra falaz” para encubrir posibles irregularidades.

El Ministerio Público investiga si la resolución favoreció intereses mineros. Se han detectado petitorios mineros en las zonas que quedaron fuera de la protección, así como posibles vínculos familiares y políticos entre los involucrados. También se denunció la exclusión de más de 100 sitios arqueológicos, y se presume la existencia de una red político-económica que habría actuado para facilitar la reducción del área protegida con fines de lucro y tráfico de terrenos.
Este caso surge semanas después de que el ciudadano Leonardo Favio Rojas Escajadillo denunciara ante la Fiscalía Especializada de Restos Arqueológicos y Monumentos de Nasca y Palpa a varios altos funcionarios, incluyendo al ministro de Cultura, Fabricio Valencia, y a la viceministra Novoa Silva.

En la acusación también figuran el director de la DDC de Ica, Injante Tipismana; Miriam Moquillaza Ramos; Johny Isla; Henmer Alva Neyra; el gobernador regional Jorge Hurtado Herrera; Javier Borjas Olaechea; el alcalde William Bravo Quispe y el ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero Cornejo. Sin embargo, la Fiscalía por el momento inició investigación preliminar contra las tres personas indicadas en la introducción de esta nota.
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Ilusión de control: ¿Qué tan común es este fenómeno en el juego en línea?
Conoce más sobre el viejo mecanismo del cerebro.

La ilusión de control es un sesgo cognitivo donde una persona cree influir sobre resultados en realidades definidas por el azar. En el contexto de los casinos en línea, donde gran parte depende del azar, este fenómeno puede intensificarse. Esto ocurre porque las personas suelen buscar patrones y apoyo incluso en los detalles más pequeños, tratando de mantener el control sobre situaciones inciertas, como el juego.
A continuación, verás cómo se manifiesta, en qué juegos es más evidente, por qué conviene conocerla y cómo se puede manejar.
¿Qué es la ilusión de control?
En los mejores sitios de juegos de azar —ya sea en Perú, España u otros mercados bien desarrollados— vas a encontrar todo tipo de opciones. Si entras a cualquier buen casino online español, te vas a topar con juegos en vivo, ruletas, slots, blackjack… y cada uno ofrece distintos niveles de participación por parte del jugador.
Hay momentos en los que el azar es el único protagonista: tiras los dados, apretas un botón en la tragamonedas o eliges un número en la ruleta, esperando que sea el indicado. Pero si sientes que tu decisión tuvo algo que ver con el resultado —aunque racionalmente sepas que no—, eso es la ilusión de control. Un viejo mecanismo del cerebro.
La psicóloga Ellen Langer acuñó este término hace ya más de cincuenta años, y lo cierto es que el fenómeno sigue más presente que nunca. Hoy en día, con tantos juegos disponibles al alcance de un clic, es fácil sentir que estamos tomando decisiones clave. Las personas, en general, tienden al optimismo y a confiar demasiado en sus habilidades, lo que alimenta esta ilusión. Forma parte de esas pequeñas ilusiones positivas que ayudan a sobrellevar la vida… aunque, en contextos de juego, pueden jugar en contra.
Manifestaciones en los casinos en línea
En general, las personas tienden a buscar patrones y a predecir resultados, incluso en situaciones donde el azar manda. Durante una sesión en un casino online, hay momentos en los que esa ilusión se vuelve especialmente sutil. Estas son algunas de las formas más comunes en que puede aparecer:
Máquinas tragamonedas y “near-misses”
Cuando los símbolos casi coinciden, el cerebro se activa como si hubiera ganado. Ese “casi” no pasa desapercibido. Según Frontiers in Psychiatry, una revista científica de prestigio, los jugadores tienden a seguir apostando después de una “casi victoria”, motivados por la ilusión de estar cerca.
Juegos con interacción física simulada
Lanzar los dados o girar la ruleta con un gesto da la sensación de agencia. Pero no cambia las probabilidades. Estudios confirman que esa interacción refuerza la percepción (falsa) de control.
Bonificaciones y programas de fidelidad personalizados
Incluso los bonos, promociones y programas de fidelidad, si no se usan con responsabilidad, pueden reforzar la sensación de control. Estos incentivos personalizados hacen que los jugadores se sientan recompensados por sus elecciones y lealtad, lo que aumenta la creencia de que sus acciones influyen en los resultados, aunque en realidad el azar sigue siendo el factor clave.
¿Por qué vale la pena identificarla?
Porque cuando usted cree que tiene el control, lo pierde. Entender la ilusión de control es como quitarse una venda: le permite tomar decisiones más lúcidas, sin la trampa del “esta vez sí gano”. Como advierte la psicóloga Dra. Clark, de la Universidad de Cambridge, este sesgo está ligado a un menor autocontrol durante el juego. Al reconocer que el azar manda, es más fácil frenar la escalada de apuestas y evitar ese ciclo en que se apuesta más para recuperar lo perdido. El resultado: menos ansiedad, menos pérdidas, y una relación más sana con el juego. Al final, el juego no debería ser una fuente de estrés, sino un pasatiempo que aporte disfrute, emoción y momentos agradables.
¿Cómo combatir esta ilusión?
No se trata de dejar de jugar, sino de jugar con los ojos abiertos. Una forma efectiva de romper la ilusión de control es establecer límites de tiempo y dinero antes de empezar, cuando la cabeza todavía manda sobre el impulso.
También ayuda evitar juegos que imitan control con botones, gestos o decisiones irrelevantes. Pensar críticamente —¿esto depende de mí o del azar?—es clave.
Y ojo: estudios recientes destacan el valor de mensajes personalizados que alertan sobre patrones de riesgo. A veces, una simple notificación puede ser un freno necesario.
Antes de hacer clic otra vez
La ilusión de control no es un monstruo invisible ni un invento de los expertos en comportamiento. Es una voz suave que le susurra: “Esta vez sí puedes ganar”. Y lo hace justo cuando usted más quiere creerlo. Aparece en las tragamonedas que casi aciertan, en cada gesto que simula decisión.
Detectarla no significa dejar de jugar. Significa jugar con criterio. Con límites. Con la conciencia de que, en la mayoría de los casos, no hay una estrategia mágica, ni un toque especial, ni un presentimiento acertado. Solo azar.
Antes de hacer clic otra vez, pregúntese: ¿es esta decisión realmente mía… o solo parece serlo?
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Imponen multa de más de 600 mil soles a Clínica Delgado -Auna por filtrar historial médico de Shakira
Susalud indicó que vulneración de confidencialidad de datos de la artista colombiana configura como una “falta grave”.

Tremenda multaza que le acaba de caer a la Clínica Delgado–Auna, la misma que en pandemia recibió una ola de críticas por el excesivo cobro de “garantías” cuando un paciente se quería hospitalizar por Covid-19, llegando a pagar hasta 60 mil soles, y que la misma era solo una fracción del monto total.
Sí, el karma existe, y ahora le tocó el turno a la mencionada clínica privada, luego que la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), entidad adscrita al Ministerio de Salud (Minsa) le impusiera una sanción administrativa equivalente a S/668,750 por filtrar información confidencial sobre la salud de la cantante colombiana Isabel Mebarak Ripoll, mejor conocida en el mundo artístico como ‘Shakira’, quien sufriera un malestar estomacal el pasado mes de febrero.
Como se recuerda, la cantante barranquillera ingreso de emergencia a la mencionada clínica luego de acusar un severo malestar estomacal que le impidió poder presentarse en la primera fecha de sus conciertos previstos en Lima. Horas después, personal que ya fue identificado por la propia clínica difundió parte de su historial clínico en las redes sociales. Ante ello, el centro de salud privado se pronunció sobre lo ocurrido, precisando que ya se había iniciado una “investigación exhaustiva”.
«Siempre hemos actuado con el máximo respeto por nuestros pacientes, su privacidad y cumpliendo con el marco normativo existente. El incidente ocurrido, en el que se filtró información confidencial de uno de nuestros pacientes, no representa en absoluto la ética profesional que rige nuestra institución. Lamentamos, profundamente lo sucedido y reiteramos nuestra tolerancia cero contra todo acto que vulnere la información personal de nuestros pacientes», indicó.
Más allá de las investigaciones iniciadas por la Clínica Delgado-Auna, Susalud mencionó que tal divulgación de datos representaba una “falta grave” y por ello ameritaba una sanción pecuniaria.
«Susalud enfatiza que, toda persona usuaria de los servicios de salud, independiente de su nacionalidad, seguro, y tipo de establecimiento donde se atienda, tiene derecho a ser atendido con pleno respeto de su dignidad e intimidad, con la garantía de la confidencialidad y protección de los datos referidos a su atención», se puede leer en el portal web de la institución.

Asimismo, recalcó que los centros médicos deben de proteger datos acerca del diagnóstico, tratamiento y condición médica de los pacientes, y que resaltó que esta información no puede ser revelada sin consentimiento previo, de su familiar responsable o representante legal.
«La garantía de este derecho tiene su amparo en la Constitución Política del Perú, la Ley General de Salud, así como la Ley que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud, que reconocen el derecho fundamental de toda persona a su dignidad, a la intimidad personal y familiar, así como, guardar la reserva de la información en salud», añadió.
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Nombramientos Irregulares en la UNSAAC: nepotismo y despilfarro de recursos públicos
El derrumbe institucional de la UNSAAC. Una historia que incluye a un familiar de la presidenta Dina Boluarte.

La Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, otrora símbolo de sabiduría andina y resistencia intelectual, atraviesa uno de los momentos más oscuros de su historia reciente. Las paredes coloniales que la rodean ya no resguardan el espíritu crítico, sino los ecos de la indignación. Una federación estudiantil en pie de guerra, docentes que denuncian a gritos el desmoronamiento ético de su alma máter, y autoridades que —con el silencio como único argumento— se atrincheran tras resoluciones y formalismos.
La causa inmediata de esta crisis: el proceso de nombramiento de docentes contratados, amparado en la Ley N.º 32171, convertido en botín político y familiar. La ley, que buscaba regularizar a miles de docentes precarios, se ha transformado en Cusco en un instrumento para beneficiar a allegados, parientes y amigos de autoridades universitarias, bajo el manto cómplice de la burocracia y la opacidad.
El Rector Eleazar Crucinta Ugarte y la vicerrectora Paulina Taco han sido señalados públicamente por actos de presunto nepotismo. Más de seis artículos documentadas han encendido las alarmas. Mientras tanto, la comunidad estudiantil —en un acto que recuerda las viejas huelgas universitarias— tomó las instalaciones, exigiendo que las actividades se trasladen a la virtualidad, como si el problema pudiera esconderse tras una pantalla.
El caso más escandaloso, sin embargo, lo protagoniza la Escuela Profesional de Antropología. En un documento fechado el 26 de junio de 2025, los docentes de dicha escuela denuncian un proceso plagado de irregularidades: nombramientos sin sustento técnico, ampliación indiscriminada de plazas sin análisis de carga académica, y vínculos familiares que rozan el tráfico de influencias.

Entre los casos más indignantes figura el del director del Departamento Académico, Dr. Máximo Cama Tito, cuya esposa, Alejandra Tito Tica, aparece nombrada. Similar situación se presenta con el Antropólogo David Ugarte Vegacenteno, cuya hija —Luz Gabriela Ugarte Boluarte, sobrina de la presidenta de la República— figura entre las beneficiadas, pese a no cumplir con los requisitos de la ley. ¿Coincidencia? ¿Amnesia legal? ¿O simple impunidad disfrazada de meritocracia?
La evaluación de candidaturas parece haberse realizado con la ligereza de quien selecciona nombres al azar. Morvely Karen Núñez del Prado, declarada «apta», jamás figuró como docente contratada durante el semestre exigido por ley. Su inclusión en el listado revela la precariedad —y quizás la perversidad— de los criterios utilizados. En cualquier administración seria, este sería motivo suficiente para anular el proceso. En Cusco, sin embargo, todo sigue igual.
La Federación Universitaria del Cusco, en su oficio N.º 036-2024-FUC-SAG, ha denunciado incluso el pago de sueldos a docentes sin carga académica. Es decir, funcionarios que cobraban sin enseñar. Entre ellos, una vez más, la ya mencionada Luz Gabriela Ugarte Boluarte. ¿Quién autoriza estos pagos? ¿Quién los supervisa? ¿Quién los encubre?

Peor aún, el acuerdo firmado el 8 de mayo entre el rector y el Centro Federado de Estudiantes, donde se comprometía a priorizar la demanda real antes de los nombramientos, fue flagrantemente ignorado. No solo se incumple la palabra dada; se traiciona a una comunidad entera.
Para hablar de estos temas, nos comunicamos con el rector Eleazar Rucinta, pero hasta el cierre del artículo no tuvimos respuesta.

UNSAAC en cuidados intensivos
La UNSAAC está enferma. Y su enfermedad no es solo burocrática, sino moral. La corrupción, ese viejo mal peruano que se infiltra en los pasillos del poder como una hiedra venenosa, ha encontrado terreno fértil en la universidad más antigua del sur del país.
La pregunta ya no es si estas denuncias son ciertas —los documentos hablan por sí solos—, sino cuánto tiempo más la sociedad cusqueña y el Estado peruano permitirán que esta situación se prolongue. ¿Dónde están los organismos fiscalizadores? ¿Dónde está la Sunedu? ¿Dónde está la presidenta, cuya sobrina es parte del escándalo?
Urge una intervención que no sea decorativa. Una auditoría real. Un castigo ejemplar. Porque si dejamos que la UNSAAC se hunda, con ella se hundirá también una parte esencial de nuestra historia académica, de nuestro futuro colectivo. Y lo más terrible: no nos daremos ni cuenta.
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Cámaras inoperativas, vehículos de serenazgo en mal estado, equipos defectuosos, todo eso ha encontrado la Contraloría en 248 municipios
Inspección realizada en mayo por la Contraloría ha revelado que muchos gobiernos locales no cuentan con las medidas necesarias para vigilar sus jurisdicciones.

Desprotegidos. La Contraloría General de la República realizó un operativo a 248 gobiernos locales durante los días del 8 al 14 de mayo, detectando severas deficiencias en los servicios de seguridad ciudadana. El operativo denominado “Servicios de seguridad ciudadana ejecutados por los gobiernos locales” arrojó que en todos eso municipios no existe un correcto funcionamiento en herramientas que deberían de ayudar al personal a combatir la delincuencia urbana.
Así, figuran 1553 cámaras de videovigilancia inoperativas (el 20 % de las 6144 instaladas), siendo las regiones más afectadas Arequipa (255), La Libertad (180) y Lima Provincias (153). Además, el 22 % de las cámaras no almacenan las grabaciones por el plazo mínimo de 45 días, como exige la norma, y el 86 % de las municipalidades no tiene un plan de mantenimiento para estos equipos.

Respecto a los equipos de radiocomunicación, se detectaron 1054 unidades inoperativas (el 19 % del total) y se constató que el 32 % de las municipalidades no cuenta con un centro de telecomunicaciones para monitoreo y respuesta ante emergencias.
En cuanto al patrullaje municipal, 378 vehículos (el 14 % del total) están inoperativos, mientras que 34 gobiernos locales no realizan patrullaje conjunto con la Policía Nacional, lo que debilita la coordinación interinstitucional.
El personal de serenazgo también enfrenta condiciones precarias: el 63 % de las municipalidades supervisadas no les proporciona equipo de protección completo, y el 20 % solo les entrega equipamiento parcial, sin chalecos antibalas, rodilleras ni coderas.
De forma aún más crítica, seis municipalidades no cuentan con servicio de serenazgo ni con cámaras de videovigilancia, lo que refleja una ausencia total de presencia municipal en materia de seguridad.
Recomendaciones de la Contraloría
La Contraloría General ha comunicado los resultados del operativo a los titulares de los gobiernos locales visitados con la finalidad de que adopten las medidas preventivas y correctivas que contribuyan a optimizar la gestión de seguridad ciudadana que vienen desarrollando.
Asimismo, ha recomendado la elaboración e implementación obligatoria de planes objetivos específicos para el servicio de serenazgo en todos los gobiernos locales, alineados con directivas nacionales y bajo enfoque de gestión de riesgos. Esto permitirá optimizar el uso de recursos, fortalecer la capacidad operativa y mejorar la articulación del sistema de seguridad ciudadana.
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Caos en la Vía Expresa: Metropolitano colapsó otra vez
Más de 20 buses del Metropolitano quedaron varados en la Vía Expresa de Paseo de la República. Según la ATU, el incidente fue causado por un acto de vandalismo que puso en peligro a un conductor.

Este lunes 30 de junio, Lima volvió a experimentar lo que para miles de ciudadanos ya no es una excepción, sino una lamentable rutina: el colapso del servicio del Metropolitano. Más de 20 buses quedaron varados durante horas en plena Vía Expresa, entre el Centro de Lima y San Isidro, dejando a cientos de pasajeros atrapados, molestos y sin respuestas claras.
Según la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), la causa de este nuevo episodio de caos fue un “acto de vandalismo” que afectó a uno de los conductores. Si bien el comunicado oficial señala que el servicio fue “restablecido”, la realidad es que no existen protocolos efectivos para enfrentar imprevistos, ni mucho menos un plan de contingencia que priorice a los usuarios.
La ATU se limitó a publicar en redes sociales: “Se ha superado el incidente”, como si con eso bastara para justificar horas de retraso y desorden en el servicio. Es inaceptable que un sistema de transporte que moviliza a miles de personas a diario dependa del azar, sin medidas preventivas ni capacidad de reacción frente a emergencias mínimas.

Como si fuera poco, la estación Naranjal del Metropolitano también sufrió bloqueos debido a manifestantes. Aunque finalmente se dispersaron con apoyo policial, el daño ya estaba hecho: más demoras, más caos, y más ciudadanos afectados.
La ATU parece olvidar que gestiona un servicio esencial para la vida diaria de la ciudad. La falta de inversión en infraestructura de respaldo, la carencia de información oportuna a los usuarios y la absoluta ausencia de un plan de manejo de crisis evidencian un sistema colapsado por la improvisación.
Los limeños no merecen más excusas ni comunicados vacíos. Necesitan un sistema de transporte urbano que funcione, que sea seguro, previsible y, sobre todo, respetuoso con su tiempo y su dignidad. Si la ATU no puede garantizar eso, entonces la pregunta es obligada: ¿para qué existe?
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