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Crónicas del VRAE: Los narcotraficantes
Foto: IDL-Reporteros.
¿Quiénes están en la prisión de Yanamilla? se pregunta Primitivo Ramírez, el joven alcalde de Puerto Mayo: “Pues, la mayoría son nuestros hermanos y amigos, quizás del barrio, familiares, conocidos, gente humilde, muchas veces sin educación. Pero, ¿usted ha visto acaso a los grandes narcos de la región, a las grandes mafias en prisión? Muchos de ellos visten de saco y corbata, muchos son incluso autoridades o funcionarios de alto nivel. Son ellos los grandes narcotraficantes. Son ellos a la vez quienes permiten el ingreso de insumos para la fabricación de la cocaína”.
Según Carmen Masías ex jefa de DEVIDA (3) 4.000 jóvenes se encuentran encarcelados en las diferentes prisiones del VRAE por esta razón.
El candidato a la alcaldía de Pichari Hernán Palacios resume la creciente militarización contra el narcotráfico, que según él no es ni siquiera efectiva:
“En 1994 cuando bajó el precio de la hoja de coca no se erradicó al campesino cocalero, se atacó al narcotraficante. Si el estado quisiese hoy en día, persiguiendo al narcotraficante haría bajar el precio de la coca. Además ahora se tiene la tecnología, por ejemplo, con la instalación de escáners en los controles policiales de Machente impediríamos el ingreso de insumos al VRAE. Sin embargo, sucede todo lo contrario, hace unos años tuvimos un jefe de la policía en Machente a quién lo encontraron con droga en Arequipa, dos toneladas, imagínese usted”.
En las rutas del VRAE, decenas de jóvenes “mochileros” perecen cada año por la balas del ejército y la policía. Los mochileros es el término con el que se conocen a los transportadores de pasta básica, jóvenes que llevan en sus mochilas 5 o 6 kilos. Es común ver sus fotos en las portadas de los diarios, mostrados como los “narcoterroristas abatidos”. Estos jóvenes no son sino el ejemplo del abandono en que se encuentra la región y el desangramiento de lo más valioso que tiene un país: su juventud. Los mochileros son sólo el eslabón pequeño del gran negocio del narcotráfico en el que ellos son las primeras víctimas.
En el Perú se incauta menos del 4% de la cocaína producida y sólo el 7% de los insumos necesarios para su fabricación. Si el Perú produce 350 toneladas de cocaína, y sólo 7 toneladas son incautadas, ¿Por dónde salen las 343 restantes teniendo en cuenta que los controles policiales, bases militares, agentes de la DEA pululan en toda la región del VRAE y de las otras regiones cocaleras? Se estima que un 80 % de la cocaína producida en el Perú sale al exterior por vía marítima a través de los puertos del Callao, Ilo, Chimbote, Paita. Actualmente el Perú se ha convertido en el primer productor de cocaína a nivel mundial.
Son las 5 de la tarde, mientras espero en Quisto Valle una camioneta que me lleve de regreso a Pichari veo decenas de jóvenes que bajan caminando hacia la carretera. Converso con algunos de ellos. Trabajan en los cocales. Acaban de terminar una dura jornada. Vienen de diferentes regiones, sobretodo de Huancavelica y de la región de Andahuaylas en Apurímac. Llegan en familias o en grupos, son todos muy jóvenes, hombres y mujeres, buscando un futuro que ningún gobierno les ha otorgado. Una generación que como la de sus padres nunca conoció al “señor gobierno”.
COCA O MUERTE
Es cierto, como me decía el alcalde de Puerto Mayo que “El campesino es muy sencillo y directo en la manera como resume su situación”. “Ellos dicen COCA o MUERTE, pero no por ello esto se debe interpretar como radicalismo”.
El campesino cocalero piensa que la erradicación de los cultivos de la hoja de coca los llevará a una muerte lenta tanto a él como a su familia. Pero también es cierto que muchos de ellos se defenderán y morirán si es necesario en la defensa de sus cultivos.
La anunciada erradicación indudablemente generará un conflicto social de grandes proporciones. “Ojo que las poblaciones y comunidades del VRAE están armadas debido a las secuelas socio políticas que se vivieron durante la violencia política de los 80 y 90”, advierte Primitivo Ramírez.
Al otro lado del río Ene, en la parte ayacuchana se encuentra Sivia. Los pobladores de la región decoran sus embarcaciones y sus casas de color verde esmeralda, el color de la región huantina al que pertenecen los distintos poblados de esta parte del río. En la plaza central de Sivia un campesino cocalero junto a su hija espera la apertura de la sucursal del Banco Agrario para solicitar un crédito. Su rostro y sus manos marcadas son fieles testimonios del arduo y duro trabajo que tienen que realizar los habitantes de la región.
Nos dice que la erradicación sólo traerá “Más hambre y miseria”, “como en los años 90 muchos jóvenes se volcarán hacia la subversión, la situación no ha cambiado, los militares siguen cometiendo abusos, entran a las casas y se llevan nuestras cosas”. “Mucha gente está diciendo que si es necesario dejaremos nuestras vidas en la defensa de la coca”. Hay indignación y desolación en su mirada. El abandono es el sentimiento que se respira en estas tierras, un abandono que contrasta sin embargo con el indescriptible esfuerzo que realizan los campesinos para sobrevivir y sacar adelante a sus familias.
Ruth Villar Quispe ex dirigente de la Federación de Clubes de Madres del Valle del río Apurímac y Ene ve con “preocupación el tránsito diario de helicópteros y naves por el río”. Ella como muchas otras madres ha sufrido y vivido en carne propia la guerra interna, ha perdido familiares. “El estado no se da cuenta que está traumatizando a nuestros niños psicológicamente. Para los niños los helicópteros son los cucos (fantasmas), los ruidos son constantes, tanto de noche como de día. Nuestros hermanos, los agricultores, nuestros hermanos campesinos son bien drásticos, ellos dicen coca o muerte. Pero es cierto que el único sustento para todos acá en el VRAE es nuestra coca. El gobierno debe dialogar con los dirigentes para que lleguen a un acuerdo. Nosotros no estamos de acuerdo que ellos intervengan sin antes consultar”.
Hace un llamado al gobierno de Ollanta Humala para que reflexione antes de cualquier erradicación compulsiva: “¿Qué nos dijo cuando era candidato aquí en Ayacucho? ¡No voy a erradicar la hoja de coca! Quiero que respete su palabra porque realmente nos ha engañado, con un engaño llegó al poder. Señor Humala piénselo mil veces antes de entrar al VRAE” finaliza diciendo.
De Sivia salimos en dirección a Huamanpata recorriendo pequeñas colinas, divisando desde lo alto la belleza del gran río Ene y su tupida vegetación bajo el concierto melódico de la infinita población de seres vivos que habitan el valle. Huamanpata es un poblado pequeño, en la calle principal sus habitantes secan las hojas de coca en bandas largas de plástico negras y azules. Nos recibe un anciano quién nos da la bienvenida. Conversamos con algunos pobladores y luego nos dirigimos a pie a las parcelas para dialogar con los campesinos que se encuentran aún trabajando en la cosecha.
En una pequeña parcela nos recibe Mario Gómez, un campesino cocalero de contextura delgada. En medio de los cultivos ubicados en una pequeña colina bajo un sol intenso las hojas de los arbustos de coca se tornan de un color verde fosforescente. Los niños y niñas juegan en los alrededores, cual nota fresca de alegría en un paraíso que se intenta condenar a la desolación y a una perenne miseria.
En su hablar pausado y conciso Mario explica sus inquietudes: “La política represiva del gobierno de turno y de la institución DEVIDA nos preocupa mucho por la decisión que han tomado para este año. Nosotros somos agricultores pobres minifundistas, no somos grandes cocaleros como ellos piensan. Ellos creen que en el valle hasta los perros de los cocaleros tiene dientes de oro. Eso no es verdad. Nos preocupa mucho esta erradicación represiva, compulsiva que se viene” “Como usted vé, el valle no es como dicen los pitucos de Lima, que señalan que somos terroristas, narcoterroristas, que somos personas de mala reputación, eso no somos nosotros Quisiéramos someternos al desarrollo alternativo pero, desgraciadamente a esta zona no llega.
Anualmente DEVIDA, es cierto que tiene un presupuesto grandísimo para el valle, millonadas, pero al final de cuentas al agricultor del VRAE al verdadero cocalero minifundista no llega ese dinero”. “En Lima se queda el 60% del presupuesto. A nosotros sólo nos han dado unas cuantas bolsas para sembrar almácigas y unos cuantos serruchitos. Eso no es desarrollo alternativo” “El plan de desarrollo alternativo ha sido un rotundo fracaso. Vaya y visita cualquier parcela y verá que no ha llegado. Han fracasado porque no hay una real atención al agricultor cocalero. ENACO (La empresa acopiadora estatal de hoja de coca) es una empresa monopolizadora que nos compra a 80 soles la coca como calidad de segunda y en la sierra la venden a 200 soles. Ellos nos monopolizan. Desgraciadamente no hay otra empresa que pueda competir”.
El gobierno peruano ha decidido erradicar para este año de manera compulsiva 30.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca.
LA GUERRA POR LOS RECURSOS
En el año 2005 el gobierno peruano mediante Decreto Supremo N° 036- 2005-EM, otorgó la licencia de exploración y explotación de hidrocarburos en el LOTE 108 a la filial Argentina de la multinacional PLUSPETROL Resources Corporation con sede central en Holanda. Actualmente en el LOTE 108 la PLUSPETROL tiene un 85% de participación y la australiana WOODSIDE PETROLEUM 15% El lote 108 tiene un área de 1’241,675 hectáreas y se ubica en la cuenca del VRAE. Es una extensa región que comprende los departamentos de Junín (Chanchamayo y Satipo), Cusco (La Convención), Ayacucho (Huanta y La Mar), Pasco (Oxapampa) y Ucayali (Atalaya).
En una entrevista concedida al diario Gestión (1), Germán Jiménez representante de PLUSPETROL en el Perú se mostró muy entusiasta por la perspectiva del lote 108: “Es un lote que puede ser otro Camisea por el potencial de gas y sus líquidos e incluso de petróleo”.
La multinacional holandesa PLUSPETROL es también una de los operadoras de los yacimientos de gas del lote 88 de Camisea y del lote 56 en Pagoreni, en el Bajo Urubamba en el Cusco. Pero, son los lotes de explotación 1 AB y 8 de PLUSPETROL ubicados en la selva norte del Perú los que arrastran nefastos antecedentes. La extracción de petróleo en estos dos lotes ha afectado la salud de la nación Achuar tanto del lado peruano como ecuatoriano, de los Kiwchuas y causado daños irreparables en la flora y fauna de la región.
En un Informe de la Dirección Nacional de Salud Ambiental se determinó que más de un 98% de los jóvenes Achuar menores de 18 años superan los valores límite de cadmio en la sangre debido a la alta toxicidad en la zona. Hay que recordar que en el 2006, durante las protestas de los Achuar frente a la terrible contaminación de sus tierras por parte de PLUSPETROL, algunos manifestantes fueron detenidos por la DINOES (Policía de Operaciones Especiales), para luego ser llevados al campamento de la multinacional donde los torturaron.
Con estos antecedentes, la explotación del lote 108 en el VRAE no hará sino militarizar aún más la región y generará una mayor represión de sus pobladores además del daño inconmensurable en la salud de los habitantes y la destrucción del ecosistema de esta paradisíaca región.
En la Amazonía peruana las concesiones para la exploración y explotación de petróleo y gas a empresas multinacionales han aumentado drásticamente pasando del 15% en el 2004 al 75% hoy en día. En paralelo y coincidentemente, la presencia militar estadounidense en el Perú aumentó en los últimos años. Se estiman en más de “85.000 los militares estadounidenses que ingresaron al Perú entre el año 2003 y el 2010” (1).
Dentro de este contexto la expropiación de 470 hectáreas para la construcción de un “aeródromo militar” o una base estadounidense cobra mucho mayor relieve, pues estaríamos frente a una estructura militar instalada en el corazón del VRAE, que se convertiría junto con Pichari en el centro neurálgico para la protección y seguridad de las multinacionales dedicadas a la explotación de los recursos naturales del VRAE; y también se constituiría en centro de abastecimiento para las otras bases que operan en la región en su combate contra el PCP militarizado, que impide, según Plus Petrol, la aplicación de los planes de exploración y explotación en la parte sur del Lote 108; PCP que, durante los últimos años ha ocasionado bajas importantes al ejército peruano y consolidado su influencia en la región.
Como diría Hernán Palacios: “Los estadounidenses nos consideran una colonia de Estados Unidos”, “La tercera guerra mundial será por el agua, y la gran reserva de agua está en la Amazonía y el VRAE como parte, como afluente”.
“Estados Unidos tiene la ambición de tener presencia y control hegemónico. Por ello apropiarse de 475 hectáreas es para algo muy serio”. “El descubrimiento del lote 108, la prospección de minerales, va por ahí el interés de las fuerzas estadounidenses en la región. Somos un país soberano, por ello debemos defender nuestra soberanía”. Algunos ejemplos recientes no hacen sino confirmar los datos sobre el aumento de esta presencia En la Base Naval de Iquitos Santa Clotilde, ubicada en la margen izquierda del río Nanay se encuentra la sede de la Comandancia General de Operaciones de la Amazonía (COMOPERAMA) perteneciente a la Marina de Guerra del Perú.
Por medio del Plan Bilateral del Programa de Operaciones Ribereñas firmado entre el gobierno peruano y el gobierno estadounidense, el Cuerpo de Ingenieros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (USACE) construyó en esta BASE NAVAL la Escuela de Operaciones Ribereñas que es una Escuela de Combate Fluvial, con financiamiento del Comando Sur. En esta instalación, donde participan instructores militares estadounidenses, se forman y entrenan a las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOES) y de la Infantería de Marina que combaten en el VRAE.
A través de este mismo Plan Bilateral también se construyeron 7 Bases e Instalaciones flotantes con el financiamiento de USACE y la DEA y se otorgaron 28 lanchas de patrullaje y armamento.
El Plan Bilateral también establece un Centro de Operaciones Ribereñas (Comando de Operaciones conjuntas), Centro Logístico y de Abastecimiento en la Base Naval Teniente Clavero que se encuentra en la región fronteriza con Colombia.
En paralelo existen 11 bases estadounidenses COER (Centro de Operaciones de Emergencia Regional), supuestamente destinadas a hacer frente a desastres naturales. Los COER se encuentran estratégicamente situadas en todo el territorio peruano (Cusco, Arequipa, Pucallpa, Lambayeque, Junín, Tacna, Tumbes, San Martín, Ucayali, Piura y Puno).
Tomemos el caso del COER de Piura, este se sitúa en una región donde las multinacionales de hidrocarburos y minerales han empezado a operar. Coincidentemente es una de las regiones por dónde sale también una gran parte de la cocaína hacia el exterior (Puerto de Paita).
El más reciente COER, fue inaugurado en abril de este año en Puno, región donde encuentran las principales reservas de uranio del país. Asimismo, el gobierno peruano ha autorizado a la flota estadounidense la utilización de los principales puertos del país para su abastecimiento.
Como lo señala Mónica Bruckmann los militares estadounidenses en el Perú tienen “una permanencia media de 12 a 67 días por cada ingreso, para realizar ejercicios de entrenamiento militar en mar, suelo y ríos; entrenamiento antisubversivo y de inteligencia en conjunto con las fuerzas armadas y policiales del Perú y ejercicios de reconocimiento de terreno en zonas de alto conflicto social. De esta manera, los desplazamientos militares se dirigieron hacia regiones estratégicas de control de la cuenca amazónica y sus principales ríos afluentes; los principales puertos peruanos (Callao, Salaverry, Paita, Chimbote e Ilo), desde donde se embarca el petróleo, gas y minerales que el país exporta y la regiones de alto conflicto social y de protesta (como el Valle del rio Apurímac y Ene, conocido como VRAE)…” (1).
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Repugnante: encuentran vellos en comidas enlatadas del programa Wasi Mikuna, ex Qali Warma
Producto enlatado fue abierto en presencia de los padres de familia, causando la sorpresa e indignación.
Primero carne de caballo, luego alimentos en mal estado, y ahora ¡vellos! Un terrible caso se ha dado en la Institución Educativa n.° 016 del Centro Poblado Puentecillos, distrito de Santa Rosa, en Jaén, donde padres de familia han denunciado la presencia de vellos en las conservas de pollo distribuidas por el programa Wasi Mikuna (ex Qali Warma).
El incidente fue reportado durante la preparación de los alimentos escolares, en presencia de los padres de familia, docentes y personal de cocina del centro educativo.
«Se han encontrado vellos supuestamente. Son pequeños. Delante de padres de familia, de la directora y de las profesoras vimos. Yo pensé que eran gusanos. Al momento en que nosotros abrimos el pollo enlatado era prácticamente vellos», aseveró una madre de familia.
Ante la situación, los padres han solicitado la presencia de las autoridades responsables para inspeccionar los productos y garantizar que los alimentos sean aptos para el consumo. Advirtieron que, de no obtener una solución, rechazarán la recepción de estos productos en futuras entregas.
El caso ha reavivado cuestionamientos sobre el control de calidad en la distribución de alimentos escolares y la supervisión de los proveedores encargados del abastecimiento.
La respuesta de Wasi Mikuna
En tanto, el programa Wasi Mikuna, a través del encargado de imagen institucional, mencionó que se vienen realizando las indagaciones en el centro educativo de conformidad a los protocolos, adelantando que se pronunciarán oficialmente cuando haya resultados.
Asimismo, el Ministerio de Inclusión Social y Desarrollo (Midis) pidió que no se consuma el producto hasta que exista un pronunciamiento al respecto.
«Ante esta alerta (…) sobre una presunta materia extraña en la conserva de pollo, el programa Wasi Mikuna informa que (…), al tomar conocimiento de manera inmediata, acudió a la institución educativa donde, en presencia de los integrantes del comité de alimentación escolar y comunidad educativa procedió a verificar el lote del producto. Se procedió a revisar el muestreo de los alimentos; en tanto, se suspendió el uso y consumo del lote involucrado», se puede leer en el documento.
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Odisea en el circuito de playas por ‘cierre total’ de bajada de Armendáriz
Tras varios meses de paralizar una obra turística en Miraflores-Barranco, y luego del robo en la grúa abandonada en la quebrada de Armendáriz, los conductores no solo sufrieron congestión vehicular durante el verano, sino, que la supuesta fecha de entrega del puente peatonal, según informa la comuna miraflorina tras el reinicio de las obras, sería en junio.
En la bajada de Armendáriz una gigantesca grúa generó el rechazo y el malestar de transeúntes y conductores vehiculares no solo miraflorinos y barranquinos, sino de la capital, por encontrarse abandonada y varada hace varios meses en el lugar que ya debía haberse inaugurado un puente peatonal que uniría los distritos de Miraflores y Barranco. Sin embargo, gracias a la improvisación, esta obra quedó paralizada debido a las disputas y desencuentros entre la Municipalidad de Miraflores liderada por el alcalde de Renovación Popular, Carlos Canales y la compañía INCOT SAC Contratistas Generales.
Caos en el circuito de playas hasta el 01 de abril Así las cosas, la bajada de Armendáriz ha sido cerrada totalmente al tránsito vehicular desde altas horas de la noche del jueves 27 de marzo, hasta el martes 01 de abril. ¿Las razones? La municipalidad de Miraflores anunció que reiniciaron las obras del Corredor Turístico, que enlazará Miraflores con Barranco, con el puente tubular en la quebrada mencionada. En tanto, la Municipalidad miraflorina informó que, el cierre será total hasta las 5:00 a. m. del martes 1 de abril.
A partir de esa fecha, las restricciones continuarán según el horario aprobado por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML): de lunes a domingo, se restringirá el tránsito de 5:00 a. m. a 9:00 p. m., y el cierre será total de 9:00 p. m. a 5:00 a. m. del día siguiente. Según informan, la medida es requerida debido al movimiento de la gigantesca grúa que ocupará parte de los carriles. Se espera que una vez finalizadas las obras—anunciaron que sería dentro de tres meses, a fines del mes de junio—la vía será completamente reabierta.
Alcalde Canales en 2024 canceló contrato y perjudicó a vecinos
Como se recuerda, en diciembre del 2024, la Municipalidad de Miraflores resolvió el contrato con INCOT S.A.C. Contratistas Generales debido al incumplimiento en la culminación de un puente peatonal en los malecones que uniría a los distritos de Miraflores y Barranco, el cual se denomina: proyecto “Mejoramiento y ampliación de los servicios turísticos del Corredor Turístico Malecón de la Reserva”. Sin embargo, INCOT se defendió y le echó la culpa a la subcontratista, la empresa metalmecánica AMENPROD STELL S.A.C. tildándola como la verdadera responsable de la paralización de la obra, por no cumplir con la entrega de la estructura metálica, pese a que estaba pagada en un 95%. E incluso, porque pedían más dinero para cumplir con la entrega.
Rutas alternas durante el cierre
Mientras dure el cierre, los conductores deberán tomar rutas alternas para aminorar en algo el congestionamiento que ya viene perjudicándolos. Para el desplazamiento de norte a sur, se debe tomar la Subida San Martín hacia la Av. Del Ejército, girar a la izquierda en la Av. José Pardo, continuar por la Av. Ricardo Palma y luego acceder a la vía auxiliar de la Vía Expresa en dirección sur. Otra alternativa es usar la Bajada Balta desde el Circuito de Playas, girar a la derecha en la Av. Óscar R. Benavides (Diagonal) y seguir hasta la Av. José Pardo.
De sur a norte, quienes vengan de Barranco pueden tomar la salida 2 (Av. 28 de Julio) hacia la vía auxiliar de Paseo de la República, girar a la izquierda en la Av. Ricardo Palma, seguir por la Av. José Pardo hasta la Av. Del Ejército y continuar hasta la Subida San Martín. Otra opción es tomar la Av. Reducto, continuar por la Av. 28 de Julio, girar a la derecha en la Av. José Larco, luego girar nuevamente a la derecha en la Calle Shell, lo que llevará directamente a la Bajada Balta en dirección norte.
Los vecinos miraflorinos y barranquinos y los ciudadanos en general, esperan que la municipalidad de Miraflores, con supervisión de la MML, esta vez cumplan con los plazos de entrega, ya que se han visto dilatados durante meses y es exigible que el famoso puente peatonal realmente sea culminado en el mes de junio, de acuerdo a lo anunciado.
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En tanto, lote defectuoso de suero del laboratorio Medifarma se encuentra inmovilizado hasta determinar responsabilidades.
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Este 28 de marzo artistas confirman nueva manifestación ¡Marchamos todos! ‘No queremos Morir’
La movilización iniciará en el Parque Bustamante y Rivero, en San Isidro desde las 5 p.m. y se dirigirá hacia el Ministerio del Interior, con el fin de exigir al Gobierno de Dina Boluarte que tome medidas inmediatas contra la criminalidad.
Así como ocurrió el pasado viernes 21 de marzo, ciudadanos a través de diferentes plataformas han difundido una nueva convocatoria para manifestarse este viernes 28 de marzo, a las 5 de la tarde, en el Parque José Luis Bustamante y Rivero, en San Isidro. La protesta lleva como nombre ¡Marchamos todos! y en el cual los asistentes partirán desde el parque sanisidrino y se dirigirán a la sede del Ministerio del Interior, ubicada en la Av. Canaval y Moreyra.
Marcharán los artistas
Distintos artistas de salsa, cumbia, DJs, cantantes solistas y otros representantes del ámbito musical han compartido y difundido publicaciones sobre la convocatoria, e hicieron un llamado a la población a sumarse a la protesta. El objetivo de esta manifestación es exigir al Gobierno de Dina Boluarte, que tome acciones contra la criminalidad que día a día somete a la población a los más viles vejámenes y los asesina a mansalva, tal como ocurrió con la tragedia por el reciente homicidio del cantante Paul Flores.
Hace 11 días asesinaron a Paul Flores
Apenas hace una semana, la reconocida agrupación Armonía 10 compartió un mensaje en redes sociales en memoria de Paul Flores (39 años), conocido como ‘Ruso’, quien perdió la vida la madrugada del domingo 16 de marzo, tras ser víctima de un atentado armado. Se presume que el crimen estuvo vinculado a extorsionadores que habrían amenazado a la banda de cumbia.
Por causa de este execrable suceso, la ola de indignación en la comunidad artística y en la ciudadanía en general creció enormemente, y se organizó una primera marcha (21 de marzo) en la que cientos de personas salieron a las calles para exigir al Gobierno que tomen acciones rápidas y efectivas contra el crimen organizado, para que “no los sigan matando”.
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Nombramiento de sub oficial PNP en colegio Santa Rosa de Lima violaría convenio con Ministerio de Educación
Graves irregularidades frente a los ojos del Ministerio de Educación y del Ministerio del Interior.
En menos de diez días, una serie de denuncias sobre la gestión de la directora del colegio Santa Rosa de Lima, la suboficial PNP Flor Betzabé Cama Trebejo, ha llegado a la redacción de Lima Gris. Hemos publicado aquellas respaldadas con documentos oficiales y testimonios de fuentes involucradas, entre ellas: la asignación irregular de vacantes, la construcción de tres aulas sin un expediente técnico con dinero de los padres de familia y la manipulación del proceso de contratación docente.
Ahora, hemos accedido al documento titulado Convenio Marco N° 002-2019-MINEDU entre el Ministerio de Educación y la Policía Nacional del Perú. Este convenio establece que la designación de directores en colegios administrados por la PNP debe recaer exclusivamente en un oficial PNP. Es decir, el nombramiento de la suboficial Cama Trebejo sería irregular y contrario a la normativa vigente.
En la cláusula quinta del documento, titulada “Compromiso de las Partes”, se especifica que la Dirección de Bienestar de la Policía Nacional del Perú tiene la obligación de designar en el cargo de Director, a un Oficial PNP. El convenio claramente señala: «podrán celebrar Convenios de Cooperación Institucional con la Dirección de Bienestar y Apoyo al Policía siempre, reconociendo como Director de II EE PNP, al Oficial designado por el Mininter (Ministerio del Interior)».
El nombramiento irregular de la suboficial Cama Trebejo no es un asunto menor; sería una violación directa a un convenio que busca garantizar una gestión adecuada en los colegios administrados por la PNP. Permitir que estas irregularidades se normalicen pone en riesgo no solo el cumplimiento de la normativa, sino también la calidad educativa de cientos de estudiantes.
En el mismo convenio, en la cláusula décimo segunda se señala: «En caso de incumplimiento, dentro de los 15 días calendario de producido el mismo, la parte afectada requerirá a la otra el cumplimiento de los compromisos asumidos, otorgándole un plazo de 15 días hábiles, bajo apercibimiento que el convenido quede resuelto de pleno derecho».
Es importante señalar que el convenio fue firmado por los exministro Daniel Alfaro y Carlos Morán. La educación no es un juego ni un espacio para la improvisación o el favoritismo. Es un derecho fundamental que debe ser protegido con responsabilidad y transparencia, y en este caso, es el Ministerio de Educación y el Ministerio del Interior quienes deben responder con acciones concretas.
No es posible que algunos integrantes de la Policía Nacional del Perú manejen espacios educativos como si fuera una chacra. Lo que más sorprende que esto sucede frente a los ojos del Ministerio de Educación y del Ministerio del Interior.
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Urgente: Peruanos en el exterior necesitan ayuda para adolescente accidentado en EE.UU.
Aviso de servicio público.
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Nuevo escándalo: acusan a directora de manipular proceso de contratación de docentes en colegio PNP Santa Rosa de Lima
Directora del colegio arrastra irregularidad de vacantes, construcción de tres aulas sin un expediente técnico y un cuestionado proceso de contratación de docentes.
Cuatro docentes han denunciado a la directora del colegio PNP Santa Rosa de Lima, la suboficial Flor Betzabé Cama Trebejo, por presuntas irregularidades en el proceso de contratación docente para el año 2025, llevado a cabo en febrero. A pesar de haber presentado su reclamo ante el Departamento de Gestión de Servicios Educativos de la PNP, esta entidad les dio la espalda. Ante la falta de respaldo, ayer elevaron su denuncia a la Dirección de Bienestar y Apoyo al Policía. Lima Gris tuvo acceso al documento, el cual evidencia un caso de abuso de autoridad.
El 17 de febrero, cinco días después de la publicación de los resultados, la docente Mirtha Calderón recibió una carta firmada por la directora Flor Betzabé Cama Trebejo. En el documento, se detallaban los supuestos “criterios de evaluación” utilizados en el proceso de contratación. Según la directora, el puntaje se distribuía de la siguiente manera: “Título profesional (37puntos), formación continua 2024 (02 puntos), méritos y/o felicitaciones (02 puntos) y entrevista (45 puntos)”. Aunque no se especificó el puntaje máximo, la suma de estos valores reveló que los postulantes competían por un total de 86 puntos.
Directora Flor Betzabé Cama Trebejo.
La jugada de la entrevista personal
De acuerdo con el Ministerio de Educación, el título profesional es un requisito indispensable para la contratación docente. Quienes cumplían con esta condición debían recibir automáticamente los 37 puntos asignados. Hasta ese momento, el proceso parecía seguir un criterio imparcial. Sin embargo, la verdadera diferencia radicó en la distribución de los 49 puntos restantes.
Bajo esta fórmula, logros como un grado de maestría, un reconocimiento por buen desempeño, la experiencia profesional y la actualización académica quedaban reducidos a un máximo de 02 puntos, sin aclarar si eran acumulativos. En contraste, la entrevista personal tenía un peso determinante: 45 de los 49 puntos en disputa dependían del cuestionario realizado por un jurado compuesto por la directora, el subdirector y una docente, lo que dejaba un amplio margen de subjetividad en la calificación final.
La profesora Fanny Morán, quien laboró en el colegio Santa Rosa de Lima durante el 2024, declaró a Lima Gris: “El año pasado también hubo reclamos y, en enero de 2024, Inspectoría de la Policía reevaluó el proceso. Salí en segundo puesto y mi ficha de desempeño laboral de ese año es destacada. Sin embargo, este año, con este nuevo método no aprobé. Informé a la directora que tengo una maestría en Educación, 21 años de experiencia en aula, capacitación actualizada, un libro registrado en la Biblioteca Nacional, y he sido asesora pedagógica de la UGEL y la DRE. Pero su respuesta fue que eso no lo había evaluado. Prácticamente me dijo que mi trayectoria no vale”.
Carta al coronel Quiroz Dávila
Al día siguiente de la publicación de los resultados del “proceso de evaluación”, el 13 de febrero, los docentes Karen Barreto, Fanny Morán, Mirtha Díaz y Luis Almeida enviaron una carta manuscrita al coronel Erick Augusto Quiroz Dávila, jefe del Departamento de Gestión de Servicios Educativos de la PNP. En ella denunciaron las presuntas irregularidades en el proceso, señalando que este había favorecido a ciertos docentes de manera arbitraria. El documento evidenciaba una serie de maniobras premeditadas por parte de la directora Cama Trebejo, las cuales detallamos a continuación.
Coronel Erick Augusto Quiroz Dávila.
La carta inicia con una denuncia clara: “No se publicó el cronograma con sus criterios de evaluación”. Dos semanas después, el coronel Quiroz Dávila respondió afirmando que la convocatoria fue publicada el 6 de febrero en la página de Facebook Prensa Escolar La Voz Santarrosina 2018.
“El anuncio fue publicado en Facebook el 06 de febrero a las 10:30 de la mañana. Este describe que el plazo para la recepción de expedientes es el 06 y 07 de febrero”, afirma la docente Mirtha Díaz, quien laboró por 11 años en el colegio Santa Rosa. Esto revela que los profesores tuvieron menos de 24 horas para enterarse del proceso y postular sus expedientes. No hubo un canal formal de comunicación del proceso. Lima Gris comprobó que el anuncio fue borrado de la mencionada página de Facebook.
Otro punto crítico es que no existieron “criterios de evaluación”. Cuando los docentes exigieron claridad sobre estos, la respuesta del jefe del Departamento de Gestión de Servicios Educativos de la PNP resultó desconcertante: “La Directora dio a conocer las pautas de calificación del expediente y entrevista en concordancia con la mencionada directiva”. El coronel respalda la fórmula de puntuación de Cama Trebejo. Pero no responde: ¿Cuáles son y donde están los criterios de evaluación?
“No tuvimos ningún tipo de información durante el proceso. Un requisito para ser contratado en 2024 en el colegio Santa Rosa era haber aprobado el examen de nombramiento docente a la Carrera Pública Magisterial, yo he aprobado este año, sin embargo, ningún mérito ha sido tomado en cuenta por la directora”, afirma Karen Barreto, docente que laboró el año pasado en la mencionada escuela.
La profesora Barreto le tiene mucho cariño a este colegio “pues aquí estudié primaria y secundaria, cuando todo era tierra y no había pabellones, fueron 11 años de mi vida, y como docente el año pasado me he empeñado por mejorar la enseñanza de mis niños, el que no tengan a los mejores docentes no es culpa del Estado, sino de una evaluación injusta, lo padres de familia deben darse cuenta y plegarse a nuestro reclamo, porque son sus hijos los más afectados por la calidad educativa”.
En su denuncia, los docentes también cuestionan al jurado calificador de la etapa de entrevista y señalan que no debió integrarse como sub director de nivel primario a Fernando Quijano Alvarado, pues su título profesional corresponde al nivel secundario. Asimismo, denunciaron la ausencia de un actor clave en el proceso: el representante de los padres de familia en el Consejo Educativo Institucional (CONEI), Luis Alberto Garay Kuga, cuya participación en la evaluación de expedientes y entrevistas era obligatoria.
Respuesta de la directora.
Violaron la Ley
Según la norma vigente “que regula el procedimiento, requisitos y condiciones para la contratación y renovación de profesores en el servicio docente en educación básica y técnico-productiva en el marco de la ley 30328”, es competencia de cada UGEL “determinar los puestos y/o cargos que conforman el comité” de contratación. Algo que la directora Flor Betzabé Cama Trebejo, no ha tenido en cuenta en su proceso de evaluación.
Los profesores señalan que la directora justifica su fórmula de evaluación afirmando de las instituciones Educativas de la PNP tienen independencia, sin embargo, la norma mencionada anteriormente precisa en su artículo 3 que el ámbito de su aplicación alcanza a “Instituciones Educativas Públicas gestionadas por el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior de Educación Básica y Técnico-Productiva”.
Norma vigente.
En el proceso de contratación ideado por Cama Trebejo, el comité tampoco realizó el “cuadro de méritos en la etapa de evaluación de expedientes” que la norma establece en su artículo 5.2.
No se encuentran títulos de Docentes
Como resultado de este proceso de contratación, Lima Gris comprobó que, de un total de 8 docentes contratados en Primaria en el Colegio Santa Rosa, solo 4 registran título en Educación en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) o en el portal de “consulta de grados y títulos” del Ministerio de Educación. Uno alcanza al grado de bachiller y los otros tres no tienen registro en estas plataformas. Otro docente en al área de Arte y Cultura, del nivel secundario, tampoco se encuentra registrado.
Esta omisión viola, una vez más, la norma. Pues en su artículo 5.2 establece que el comité debe “Verificar en la Plataforma de Consulta Pública de Grados y Títulos de Educación Superior del Minedu que el título pedagógico de los postulantes se encuentre registrado, en el siguiente enlace: https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/”.
Este artículo también especifica “Verificar en la plataforma de la SUNEDU, que el título universitario de licenciado en educación u otro de los postulantes al procedimiento de contrato, se encuentre registrado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales”. A la luz de la normativa vigente, son innumerables los vicios que las autoridades encontrarán en este proceso de contratación si toman cartas en el asunto.
A diez días de iniciadas las clases en el colegio Santa Rosa de Lima que es administrado por la Policía Nacional del Perú, son varias las denuncias que han llegado a la redacción de Lima Gris, sobre la directora Cama Trebejo. La asignación irregular de vacantes, la construcción de tres aulas sin un expediente técnico y un cuestionado proceso de contratación docente, son solo la punta de un iceberg.
Ayer, el expediente de denuncia de los profesores, con toda la documentación sustentatoria sobre el proceso de evaluación docente en el colegio Santa Rosa, ha sido enviado vía mesa de partes, al general PNP Antero Rasendo Mejía Escajadillo, director de Bienestar y Apoyo al Policía. Esta entidad, regula al Departamento de Gestión de Servicios Educativos de la PNP, el cual ha sido cómplice de la pésima gestión de Cama Trebejo.
Las entidades responsables, desde la Dirección de Bienestar y Apoyo al Policía hasta el Ministerio de Educación, deben intervenir para garantizar un proceso de contratación docente basado en la meritocracia y la transparencia. No se puede permitir que estas irregularidades sigan afectando la educación de cientos de estudiantes ni que el abuso de autoridad se normalice.
La educación pública no puede ser rehén de intereses personales; es momento de actuar con firmeza y recuperar la confianza en un sistema hoy cuestionado. Mientras no se tomen medidas concretas, los 900 alumnos del IE PNP Santa Rosa de Lima 2001, quedan expuestos a un sistema que prioriza el favoritismo sobre el mérito.
Mientras la directora Cama Trebejo continúa guardando silencio, desde las oficinas del Ministerio de Educación y el Ministerio del Interior nos comunicaron que han solicitado una investigación y en las próximas horas se han comprometido en brindar una respuesta formal de lo que viene ocurriendo en el colegio de la familia policial.
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