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Crónicas del VRAE: Los narcotraficantes
Foto: IDL-Reporteros.
¿Quiénes están en la prisión de Yanamilla? se pregunta Primitivo Ramírez, el joven alcalde de Puerto Mayo: “Pues, la mayoría son nuestros hermanos y amigos, quizás del barrio, familiares, conocidos, gente humilde, muchas veces sin educación. Pero, ¿usted ha visto acaso a los grandes narcos de la región, a las grandes mafias en prisión? Muchos de ellos visten de saco y corbata, muchos son incluso autoridades o funcionarios de alto nivel. Son ellos los grandes narcotraficantes. Son ellos a la vez quienes permiten el ingreso de insumos para la fabricación de la cocaína”.
Según Carmen Masías ex jefa de DEVIDA (3) 4.000 jóvenes se encuentran encarcelados en las diferentes prisiones del VRAE por esta razón.
El candidato a la alcaldía de Pichari Hernán Palacios resume la creciente militarización contra el narcotráfico, que según él no es ni siquiera efectiva:
“En 1994 cuando bajó el precio de la hoja de coca no se erradicó al campesino cocalero, se atacó al narcotraficante. Si el estado quisiese hoy en día, persiguiendo al narcotraficante haría bajar el precio de la coca. Además ahora se tiene la tecnología, por ejemplo, con la instalación de escáners en los controles policiales de Machente impediríamos el ingreso de insumos al VRAE. Sin embargo, sucede todo lo contrario, hace unos años tuvimos un jefe de la policía en Machente a quién lo encontraron con droga en Arequipa, dos toneladas, imagínese usted”.
En las rutas del VRAE, decenas de jóvenes “mochileros” perecen cada año por la balas del ejército y la policía. Los mochileros es el término con el que se conocen a los transportadores de pasta básica, jóvenes que llevan en sus mochilas 5 o 6 kilos. Es común ver sus fotos en las portadas de los diarios, mostrados como los “narcoterroristas abatidos”. Estos jóvenes no son sino el ejemplo del abandono en que se encuentra la región y el desangramiento de lo más valioso que tiene un país: su juventud. Los mochileros son sólo el eslabón pequeño del gran negocio del narcotráfico en el que ellos son las primeras víctimas.
En el Perú se incauta menos del 4% de la cocaína producida y sólo el 7% de los insumos necesarios para su fabricación. Si el Perú produce 350 toneladas de cocaína, y sólo 7 toneladas son incautadas, ¿Por dónde salen las 343 restantes teniendo en cuenta que los controles policiales, bases militares, agentes de la DEA pululan en toda la región del VRAE y de las otras regiones cocaleras? Se estima que un 80 % de la cocaína producida en el Perú sale al exterior por vía marítima a través de los puertos del Callao, Ilo, Chimbote, Paita. Actualmente el Perú se ha convertido en el primer productor de cocaína a nivel mundial.
Son las 5 de la tarde, mientras espero en Quisto Valle una camioneta que me lleve de regreso a Pichari veo decenas de jóvenes que bajan caminando hacia la carretera. Converso con algunos de ellos. Trabajan en los cocales. Acaban de terminar una dura jornada. Vienen de diferentes regiones, sobretodo de Huancavelica y de la región de Andahuaylas en Apurímac. Llegan en familias o en grupos, son todos muy jóvenes, hombres y mujeres, buscando un futuro que ningún gobierno les ha otorgado. Una generación que como la de sus padres nunca conoció al “señor gobierno”.
COCA O MUERTE
Es cierto, como me decía el alcalde de Puerto Mayo que “El campesino es muy sencillo y directo en la manera como resume su situación”. “Ellos dicen COCA o MUERTE, pero no por ello esto se debe interpretar como radicalismo”.
El campesino cocalero piensa que la erradicación de los cultivos de la hoja de coca los llevará a una muerte lenta tanto a él como a su familia. Pero también es cierto que muchos de ellos se defenderán y morirán si es necesario en la defensa de sus cultivos.
La anunciada erradicación indudablemente generará un conflicto social de grandes proporciones. “Ojo que las poblaciones y comunidades del VRAE están armadas debido a las secuelas socio políticas que se vivieron durante la violencia política de los 80 y 90”, advierte Primitivo Ramírez.
Al otro lado del río Ene, en la parte ayacuchana se encuentra Sivia. Los pobladores de la región decoran sus embarcaciones y sus casas de color verde esmeralda, el color de la región huantina al que pertenecen los distintos poblados de esta parte del río. En la plaza central de Sivia un campesino cocalero junto a su hija espera la apertura de la sucursal del Banco Agrario para solicitar un crédito. Su rostro y sus manos marcadas son fieles testimonios del arduo y duro trabajo que tienen que realizar los habitantes de la región.
Nos dice que la erradicación sólo traerá “Más hambre y miseria”, “como en los años 90 muchos jóvenes se volcarán hacia la subversión, la situación no ha cambiado, los militares siguen cometiendo abusos, entran a las casas y se llevan nuestras cosas”. “Mucha gente está diciendo que si es necesario dejaremos nuestras vidas en la defensa de la coca”. Hay indignación y desolación en su mirada. El abandono es el sentimiento que se respira en estas tierras, un abandono que contrasta sin embargo con el indescriptible esfuerzo que realizan los campesinos para sobrevivir y sacar adelante a sus familias.
Ruth Villar Quispe ex dirigente de la Federación de Clubes de Madres del Valle del río Apurímac y Ene ve con “preocupación el tránsito diario de helicópteros y naves por el río”. Ella como muchas otras madres ha sufrido y vivido en carne propia la guerra interna, ha perdido familiares. “El estado no se da cuenta que está traumatizando a nuestros niños psicológicamente. Para los niños los helicópteros son los cucos (fantasmas), los ruidos son constantes, tanto de noche como de día. Nuestros hermanos, los agricultores, nuestros hermanos campesinos son bien drásticos, ellos dicen coca o muerte. Pero es cierto que el único sustento para todos acá en el VRAE es nuestra coca. El gobierno debe dialogar con los dirigentes para que lleguen a un acuerdo. Nosotros no estamos de acuerdo que ellos intervengan sin antes consultar”.
Hace un llamado al gobierno de Ollanta Humala para que reflexione antes de cualquier erradicación compulsiva: “¿Qué nos dijo cuando era candidato aquí en Ayacucho? ¡No voy a erradicar la hoja de coca! Quiero que respete su palabra porque realmente nos ha engañado, con un engaño llegó al poder. Señor Humala piénselo mil veces antes de entrar al VRAE” finaliza diciendo.
De Sivia salimos en dirección a Huamanpata recorriendo pequeñas colinas, divisando desde lo alto la belleza del gran río Ene y su tupida vegetación bajo el concierto melódico de la infinita población de seres vivos que habitan el valle. Huamanpata es un poblado pequeño, en la calle principal sus habitantes secan las hojas de coca en bandas largas de plástico negras y azules. Nos recibe un anciano quién nos da la bienvenida. Conversamos con algunos pobladores y luego nos dirigimos a pie a las parcelas para dialogar con los campesinos que se encuentran aún trabajando en la cosecha.
En una pequeña parcela nos recibe Mario Gómez, un campesino cocalero de contextura delgada. En medio de los cultivos ubicados en una pequeña colina bajo un sol intenso las hojas de los arbustos de coca se tornan de un color verde fosforescente. Los niños y niñas juegan en los alrededores, cual nota fresca de alegría en un paraíso que se intenta condenar a la desolación y a una perenne miseria.
En su hablar pausado y conciso Mario explica sus inquietudes: “La política represiva del gobierno de turno y de la institución DEVIDA nos preocupa mucho por la decisión que han tomado para este año. Nosotros somos agricultores pobres minifundistas, no somos grandes cocaleros como ellos piensan. Ellos creen que en el valle hasta los perros de los cocaleros tiene dientes de oro. Eso no es verdad. Nos preocupa mucho esta erradicación represiva, compulsiva que se viene” “Como usted vé, el valle no es como dicen los pitucos de Lima, que señalan que somos terroristas, narcoterroristas, que somos personas de mala reputación, eso no somos nosotros Quisiéramos someternos al desarrollo alternativo pero, desgraciadamente a esta zona no llega.
Anualmente DEVIDA, es cierto que tiene un presupuesto grandísimo para el valle, millonadas, pero al final de cuentas al agricultor del VRAE al verdadero cocalero minifundista no llega ese dinero”. “En Lima se queda el 60% del presupuesto. A nosotros sólo nos han dado unas cuantas bolsas para sembrar almácigas y unos cuantos serruchitos. Eso no es desarrollo alternativo” “El plan de desarrollo alternativo ha sido un rotundo fracaso. Vaya y visita cualquier parcela y verá que no ha llegado. Han fracasado porque no hay una real atención al agricultor cocalero. ENACO (La empresa acopiadora estatal de hoja de coca) es una empresa monopolizadora que nos compra a 80 soles la coca como calidad de segunda y en la sierra la venden a 200 soles. Ellos nos monopolizan. Desgraciadamente no hay otra empresa que pueda competir”.
El gobierno peruano ha decidido erradicar para este año de manera compulsiva 30.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca.
LA GUERRA POR LOS RECURSOS
En el año 2005 el gobierno peruano mediante Decreto Supremo N° 036- 2005-EM, otorgó la licencia de exploración y explotación de hidrocarburos en el LOTE 108 a la filial Argentina de la multinacional PLUSPETROL Resources Corporation con sede central en Holanda. Actualmente en el LOTE 108 la PLUSPETROL tiene un 85% de participación y la australiana WOODSIDE PETROLEUM 15% El lote 108 tiene un área de 1’241,675 hectáreas y se ubica en la cuenca del VRAE. Es una extensa región que comprende los departamentos de Junín (Chanchamayo y Satipo), Cusco (La Convención), Ayacucho (Huanta y La Mar), Pasco (Oxapampa) y Ucayali (Atalaya).
En una entrevista concedida al diario Gestión (1), Germán Jiménez representante de PLUSPETROL en el Perú se mostró muy entusiasta por la perspectiva del lote 108: “Es un lote que puede ser otro Camisea por el potencial de gas y sus líquidos e incluso de petróleo”.
La multinacional holandesa PLUSPETROL es también una de los operadoras de los yacimientos de gas del lote 88 de Camisea y del lote 56 en Pagoreni, en el Bajo Urubamba en el Cusco. Pero, son los lotes de explotación 1 AB y 8 de PLUSPETROL ubicados en la selva norte del Perú los que arrastran nefastos antecedentes. La extracción de petróleo en estos dos lotes ha afectado la salud de la nación Achuar tanto del lado peruano como ecuatoriano, de los Kiwchuas y causado daños irreparables en la flora y fauna de la región.
En un Informe de la Dirección Nacional de Salud Ambiental se determinó que más de un 98% de los jóvenes Achuar menores de 18 años superan los valores límite de cadmio en la sangre debido a la alta toxicidad en la zona. Hay que recordar que en el 2006, durante las protestas de los Achuar frente a la terrible contaminación de sus tierras por parte de PLUSPETROL, algunos manifestantes fueron detenidos por la DINOES (Policía de Operaciones Especiales), para luego ser llevados al campamento de la multinacional donde los torturaron.
Con estos antecedentes, la explotación del lote 108 en el VRAE no hará sino militarizar aún más la región y generará una mayor represión de sus pobladores además del daño inconmensurable en la salud de los habitantes y la destrucción del ecosistema de esta paradisíaca región.
En la Amazonía peruana las concesiones para la exploración y explotación de petróleo y gas a empresas multinacionales han aumentado drásticamente pasando del 15% en el 2004 al 75% hoy en día. En paralelo y coincidentemente, la presencia militar estadounidense en el Perú aumentó en los últimos años. Se estiman en más de “85.000 los militares estadounidenses que ingresaron al Perú entre el año 2003 y el 2010” (1).
Dentro de este contexto la expropiación de 470 hectáreas para la construcción de un “aeródromo militar” o una base estadounidense cobra mucho mayor relieve, pues estaríamos frente a una estructura militar instalada en el corazón del VRAE, que se convertiría junto con Pichari en el centro neurálgico para la protección y seguridad de las multinacionales dedicadas a la explotación de los recursos naturales del VRAE; y también se constituiría en centro de abastecimiento para las otras bases que operan en la región en su combate contra el PCP militarizado, que impide, según Plus Petrol, la aplicación de los planes de exploración y explotación en la parte sur del Lote 108; PCP que, durante los últimos años ha ocasionado bajas importantes al ejército peruano y consolidado su influencia en la región.
Como diría Hernán Palacios: “Los estadounidenses nos consideran una colonia de Estados Unidos”, “La tercera guerra mundial será por el agua, y la gran reserva de agua está en la Amazonía y el VRAE como parte, como afluente”.
“Estados Unidos tiene la ambición de tener presencia y control hegemónico. Por ello apropiarse de 475 hectáreas es para algo muy serio”. “El descubrimiento del lote 108, la prospección de minerales, va por ahí el interés de las fuerzas estadounidenses en la región. Somos un país soberano, por ello debemos defender nuestra soberanía”. Algunos ejemplos recientes no hacen sino confirmar los datos sobre el aumento de esta presencia En la Base Naval de Iquitos Santa Clotilde, ubicada en la margen izquierda del río Nanay se encuentra la sede de la Comandancia General de Operaciones de la Amazonía (COMOPERAMA) perteneciente a la Marina de Guerra del Perú.
Por medio del Plan Bilateral del Programa de Operaciones Ribereñas firmado entre el gobierno peruano y el gobierno estadounidense, el Cuerpo de Ingenieros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (USACE) construyó en esta BASE NAVAL la Escuela de Operaciones Ribereñas que es una Escuela de Combate Fluvial, con financiamiento del Comando Sur. En esta instalación, donde participan instructores militares estadounidenses, se forman y entrenan a las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOES) y de la Infantería de Marina que combaten en el VRAE.
A través de este mismo Plan Bilateral también se construyeron 7 Bases e Instalaciones flotantes con el financiamiento de USACE y la DEA y se otorgaron 28 lanchas de patrullaje y armamento.
El Plan Bilateral también establece un Centro de Operaciones Ribereñas (Comando de Operaciones conjuntas), Centro Logístico y de Abastecimiento en la Base Naval Teniente Clavero que se encuentra en la región fronteriza con Colombia.
En paralelo existen 11 bases estadounidenses COER (Centro de Operaciones de Emergencia Regional), supuestamente destinadas a hacer frente a desastres naturales. Los COER se encuentran estratégicamente situadas en todo el territorio peruano (Cusco, Arequipa, Pucallpa, Lambayeque, Junín, Tacna, Tumbes, San Martín, Ucayali, Piura y Puno).
Tomemos el caso del COER de Piura, este se sitúa en una región donde las multinacionales de hidrocarburos y minerales han empezado a operar. Coincidentemente es una de las regiones por dónde sale también una gran parte de la cocaína hacia el exterior (Puerto de Paita).
El más reciente COER, fue inaugurado en abril de este año en Puno, región donde encuentran las principales reservas de uranio del país. Asimismo, el gobierno peruano ha autorizado a la flota estadounidense la utilización de los principales puertos del país para su abastecimiento.
Como lo señala Mónica Bruckmann los militares estadounidenses en el Perú tienen “una permanencia media de 12 a 67 días por cada ingreso, para realizar ejercicios de entrenamiento militar en mar, suelo y ríos; entrenamiento antisubversivo y de inteligencia en conjunto con las fuerzas armadas y policiales del Perú y ejercicios de reconocimiento de terreno en zonas de alto conflicto social. De esta manera, los desplazamientos militares se dirigieron hacia regiones estratégicas de control de la cuenca amazónica y sus principales ríos afluentes; los principales puertos peruanos (Callao, Salaverry, Paita, Chimbote e Ilo), desde donde se embarca el petróleo, gas y minerales que el país exporta y la regiones de alto conflicto social y de protesta (como el Valle del rio Apurímac y Ene, conocido como VRAE)…” (1).
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Gobierno Regional de Loreto intensifica mantenimiento de la carretera Iquitos-Nauta y exige mayor apoyo del Ejecutivo
Gestión del gobernador René Chávez reafirma su compromiso con Loreto.
El Gobierno Regional de Loreto, a través de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones (GRTC), ha intensificado las labores de mantenimiento rutinario en la carretera Iquitos – Nauta, una de las principales vías terrestres de la región amazónica. Las acciones, que comprenden la limpieza de malezas, desbroce de áreas invadidas por la vegetación, limpieza de cunetas y bacheo en zonas críticas, forman parte de una estrategia de conservación de esta importante arteria vial que conecta la capital regional con el distrito de Nauta.
Según lo anunciado por el gobierno regional, el mantenimiento de esta vía es considerado una prioridad, no solo por su relevancia para el tránsito de personas y mercancías, sino también porque es una de las pocas rutas terrestres que permite una conexión directa entre poblaciones del interior de Loreto. La Amazonía, caracterizada por su geografía compleja y dispersión territorial, depende en gran medida del buen estado de sus carreteras para facilitar el acceso a servicios básicos, el comercio local y la reactivación económica de la región.
El Dr. Pío Flores, gerente de la GRTC, informó que, además del mantenimiento rutinario, su despacho viene desarrollando los estudios técnicos necesarios para el mejoramiento integral de la carretera Iquitos-Nauta. “No solo se trata de parchar huecos o limpiar los bordes. Esta vía necesita una intervención mayor, y estamos trabajando en los estudios que lo permitan. Pero sin apoyo del Gobierno central, será difícil avanzar”, declaró Flores.
En ese sentido, el funcionario hizo un llamado enérgico al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de Provías Nacional Descentralizado, así como al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para que asignen mayores recursos al Gobierno Regional de Loreto y a las municipalidades locales. “Con los escasos recursos que tenemos, hacemos lo posible por mantener nuestras vías transitables. Pero esto no puede recaer únicamente en los gobiernos regionales. El Estado debe entender que la conectividad en la Amazonía es una cuestión de urgencia y justicia territorial”, agregó.
La carretera Iquitos-Nauta, que ha sido históricamente afectada por el abandono y las inclemencias del clima, representa una línea vital para más de 120 mil personas que habitan en los distritos adyacentes. En épocas de lluvia intensa, muchas de sus zonas quedan prácticamente intransitables, lo que pone en riesgo la seguridad de los usuarios y limita el traslado de bienes de primera necesidad.
El Gobierno Regional de Loreto reitera su compromiso con el desarrollo vial de la región y continuará ejecutando labores de mantenimiento mientras gestiona el financiamiento necesario para proyectos de infraestructura más sostenibles. La ciudadanía espera que las autoridades nacionales escuchen este llamado y que, por fin, la selva deje de ser olvidada en el mapa de prioridades del Estado peruano.
Gestión del gobernador René Chávez reafirma su compromiso con Loreto. pic.twitter.com/q9tsxnKOZB
— Revista Lima Gris (@Limagris) April 17, 2025
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‘Cajuela’ de motorizados de delivery deberá estar fijada al chasis del vehículo
Quienes brinden servicios deberán empadronarse en el “Registro Nacional de Envíos de Entrega Rápida” de lo contrario ya no podrán circular, y deberán contar con DNI o carné de extranjería, domicilio y correo electrónico, domicilio del representante legal y partida de inscripción registral de la empresa. Asimismo, los motorizados no podrán llevar acompañantes.
Las cajuelas portátiles que aún llevan en sus espaldas los miles de repartidores motorizados del servicio delivery que circulan por todo el país, están con las horas contadas, debido al reciente Decreto Supremo n.° 006-2025-MTC emitido este jueves 17 de abril, que aprueba medidas específicas para fortalecer la seguridad ciudadana en materia de tránsito y transporte. El mismo que establece la creación de un registro obligatorio para los repartidores de delivery, quienes dentro de un mes deberán inscribirse en dicho padrón a través de sus municipalidades.
Es decir, a partir del 17 de mayo de 2025, todos los repartidores de delivery, ya sean personas naturales o vinculadas a empresas o aplicaciones, están obligados a registrarse, en el «Registro Nacional de Prestadores y Conductores del Servicio y Actividad de Transporte de Envíos de Entrega Rápida», parte del Sistema Nacional de Registros de Transporte y Tránsito (SINARETT).
Requisitos para registrarse como repartidor delivery
El registro incluye a conductores de motocicletas, bicimotos y bicicletas. Estos deberán cumplir con requisitos como presentar su DNI o carné de extranjería, licencia de conducir, placa del vehículo, SOAT vigente y certificado de inspección técnica, cuando corresponda.
-Nombre, razón o denominación social.
-Documento nacional de identidad (DNI), carné de extranjería o número del Registro Único de Contribuyentes (RUC).
-El domicilio y correo electrónico de la persona natural o jurídica solicitante.
-De corresponder, el nombre y domicilio del representante legal y número de partida de inscripción registral de la empresa solicitante y de las facultades del representante legal de la persona jurídica.
-Nombre, documento nacional de identidad o carné de extranjería y número de licencia de conducir del (los) conductor(es) que se solicita habilitar, cuando corresponda.
-El número de las placas de rodaje de los vehículos que se solicita habilitar, cuando corresponda, señalando que los mismos cumplen con las condiciones establecidas en el presente reglamento.
-Contar con certificado SOAT y certificado de inspección técnica vehicular vigente, cuando corresponda.
-Número de operación de pago por derecho de trámite.
También se exigirá una declaración jurada donde se comprometan a no llevar acompañantes y a transportar los paquetes en cajuelas, salvo en el caso de bicicletas.
Se acabaron ‘cajuelas portátiles’ adheridas en espaldas de motorizados
En uno de los preceptos del Decreto Supremo en mención se indica las condiciones técnicas específicas que en lo sucesivo se exigirá a los motorizados repartidores del servicio de delivery
Artículo 24-A.- Condiciones técnicas específicas exigibles a los vehículos destinados al servicio de transporte de envíos de entrega rápida
24-A1 Sólo se puede destinar al servicio de transporte de envíos de entrega rápida vehículos que correspondan a la categoría L subcategorías L1 y L3 del ANEXO I. CLASIFICACIÓN VEHICULAR del RNV y bicicletas. 24-A.2 Los vehículos de la categoría L subcategorías L1 y L3 deben contar con los siguientes elementos, características, equipamientos o dispositivos:
a. Sistema de frenos;
b. Sistema Sonoro;
c. Láminas retrorreflectivas;
d. Alumbrado delantero y trasero; y
e. Cajuela para reparto de mercancía, en la cual debe consignarse la Placa Única Nacional de Rodaje y ser fijada al chasis posterior del vehículo.
Si repartidor no tiene moto, deberá tener ‘contrato de arrendamiento’
La norma contempla situaciones en las que el repartidor no sea propietario del vehículo. En estos casos, se deberá presentar un contrato de arrendamiento que indique expresamente que el vehículo será usado para entrega de pedidos. Este documento será validado por las municipalidades provinciales, que deberán verificar que el arrendador sea el dueño legítimo.
Vehículos permitidos para el servicio de delivery
-Motocicletas: Cilindrada mayor a 50 cm3. Velocidad máxima mayor a 50 km/h
-Bicimotos: Cilindrada de hasta 50 cm3. Velocidad máxima de 50 km/h
-Bicicletas: De todo tipo
Adicionalmente, los conductores deberán participar en capacitaciones dictadas por las municipalidades provinciales sobre calidad de servicio, normativas de tránsito y seguridad vial. El incumplimiento de cualquiera de estos lineamientos podrá generar sanciones severas.
Repartidores que no cumplan con la norma pagarán más de S/ 4 mil
Las infracciones por operar sin estar registrado, o por no cumplir las condiciones establecidas serán consideradas «Graves» o «Muy Graves». Cada falta está sujeta a una multa de 0.8 UIT, equivalente a S/ 4.280, además del decomiso del vehículo y su internamiento.
Entre las infracciones figuran: prestar el servicio sin autorización, transportar mercancías fuera de la cajuela, llevar acompañantes, utilizar vehículos sin las condiciones técnicas exigidas o manejar con una licencia vencida, suspendida o no correspondiente.
Actualidad
Fallece periodista Álamo Pérez – Luna a la edad de 61 años
Un año atrás, polifacético comunicador había indicado que le habían extirpado un tumor maligno en el riñón.
Actualidad
Sodalicio acata orden del Vaticano y queda oficialmente suprimida
Tras décadas de denuncias por abuso sexual, psicológico y físico, el Vaticano ha puesto fin al Sodalicio de Vida Cristiana.
Perdieron el rumbo en el camino y hoy les toca acatar la orden directa del Santo Padre. El Sodalicio de Vida Cristiana (SVC) ha dejado de existir oficialmente desde ayer, luego de que el superior general de la comunidad firmara el decreto de supresión como Sociedad de Vida Apostólica laical.
La disolución fue confirmada por el propio SVC a través de un comunicado en su sitio web.
La decisión, aprobada por el papa Francisco, pone fin a una institución marcada durante años por denuncias de abusos físicos, psicológicos y sexuales contra sus integrantes, perpetrados por sus líderes y fundadores.
“Con dolor y obediencia aceptamos esta decisión”, señala el comunicado.
En el mismo documento, el disuelto grupo pide perdón por los maltratos y abusos cometidos en la comunidad.
“Nuestra mirada se dirige también a las víctimas; les reiteramos nuestro sincero pedido de perdón por los maltratos y abusos cometidos en nuestra comunidad. Pedimos perdón también a toda la Iglesia y a la sociedad por el dolor ocasionado”, señala el texto.
Asimismo, se da a conocer el nombramiento de monseñor Jordi Bertomeu Farnós como comisario apostólico, encargado de la ejecución del proceso de supresión.
Previo a la entrega del decreto de disolución, se identificaron las propiedades y fundaciones vinculadas al Sodalicio con el fin de evaluar su destino como parte del proceso de reparación a las víctimas y el sustento de los miembros que dependían de la comunidad.
Como se recuerda, hace dos décadas surgieron denuncias de exmiembros que fueron profundizadas por investigaciones periodísticas, las cuales expusieron los abusos sistemáticos perpetrados por su fundador, el laico peruano Luis Fernando Figari, quien fue finalmente expulsado del grupo en agosto de 2024.
El dato:
El SVC se resistió a formalizar su disolución, a pesar de la orden del papa Francisco emitida en enero de 2025.Según el abogado José Ugaz, representante de seis víctimas no indemnizadas, el SVC maniobró para vaciar sus bienes y fondos antes de la disolución, con el fin de evitar que sean gestionados por el Vaticano. Ugaz alertó al Vaticano sobre esta posible fuga de dinero y ocultamiento de patrimonio en una carta enviada el 24 de marzo.
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Metro de Lima: Cierran estaciones La Cultura y Nicolás Arriola por persona herida en rieles [VIDEO]
Como es habitual, la Línea 1 del Metro de Lima ha emitido un comunicado indicando que el cierre temporal se debe a un “incidente ajeno a su operación”. Sin embargo, cada cierto tiempo aquellos incidentes consisten en intentos de suicidios de personas que fortuitamente deciden arrojarse a los rieles de la vía ante la inoperancia de los miembros de seguridad.
Alrededor de las 10.30 de la mañana de este lunes 14 de abril, se reportó un nuevo incidente en la Estación La Cultura de la Línea 1 del Metro de Lima. De acuerdo a la información preliminar, una persona resultó herida y fue evacuada al centro de salud más cercano para recibir atención médica. Sin embargo, como es habitual, a través de un comunicado ambiguo, el servicio de transporte público anunció el cierre temporal de las estaciones La Cultura y Nicolás Arriola, indicando que dicho cierre se debe a un incidente ajeno a su operación, evitando informar las verdaderas razones de la suspensión.
Es decir, el servicio de trenes se ha restringido de la siguiente manera: Desde Villa El Salvador hasta San Borja Sur y desde Bayóvar hasta Gamarra.
No habrá circulación de trenes entre San Borja Sur y Gamarra, por lo que las estaciones afectadas no ofrecerán servicio al público.
Las autoridades del Metro de Lima recomiendan a los usuarios considerar otros medios de transporte para sus desplazamientos y agradecen la comprensión del público. Además, solicitan seguir las indicaciones del personal en estaciones.
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Paralizan obras del hotel Sol Ollantaytambo Boutique ante presuntas irregularidades en su construcción
Desde tempranas horas del día, DDC del Cusco intervino construcción salpicada por presuntos actos de corrupción.
Lo que mal empieza, mal termina. Luego de hacerse pública la denuncia de Andrés Bravo Pinedo, presidente del Frente de Defensa de los Intereses del Distrito de Ollantaytambo, respecto a un presunto acto de corrupción perpetrado nada menos que por el alcalde de Ollantaytambo Paul Palma, en colusión con la propietaria del hotel Sol Ollantaytambo Boutique, Lucinda Miranda Farfán, y su administrador Derik Miranda Farfán, la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) del Cusco, con apoyo de los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) paralizaron la construcción del mencionado recinto hotelero como parte de una “medida cautelar” dispuesta por el despacho de Cultura.
La labor fiscalizadora, en principio, le corresponde a la municipalidad de Ollantaytambo, encabezada por Paul Palma, sin embargo, al estar dicha autoridad involucrada en las investigaciones, la encargada de realizar la medida preventiva fue la DDC del Cusco.
Y es que como ya se publicara en este medio, Andrés Bravo Pinedo viene denunciando una presunta red de tráfico de influencias y abuso de autoridad por parte del alcalde Paul Palma y los representantes del hotel Sol Ollantaytambo Boutique.
De acuerdo a los primeros informes obtenidos, la municipalidad de Ollantaytambo otorgó, sin pasar por las comisiones técnicas correspondientes, el permiso de restitución volumétrica para dicha obra, la misma que hasta la fecha no cuenta con una orden de demolición.
“La tardanza en la anulación y la ausencia de una orden de demolición sugieren complicidad o negligencia por parte de las autoridades, permitiendo que el daño al patrimonio continúe”, se lee en la nota publicada el pasado 2 de abril del año en curso.
Asimismo, continúa el informe, “entre las autorizaciones otorgadas de forma irregular se encuentran las siguientes: autorización N° 001-2023-GDUR – MDO, autorización N° 016-2024-GDUR – MDO, y la autorización N° 020-2024-GDUR – MDO. Además, la ejecución de obras no cumple con la normativa vigente, donde los propietarios deberían presentar el expediente respectivo al procedimiento administrativo, en concordancia al Reglamento de Intervenciones Arqueológicas vigente aprobado mediante Decreto Supremo Nº 011-2022-MC, de fecha 23 de noviembre del 2022”.
La nota completa en el siguiente enlace:
Ollantaytambo: atentado al Patrimonio Arqueológico revela presuntos actos de corrupción, tráfico de influencias y abuso de Autoridad
Finalmente, se tuvo conocimiento que la diligencia realizada esta mañana no acudió personal de la Fiscalía, impidiéndose la incautación de las herramientas y maquinarias, y constatando que al término del encintado aún habían obreros trabajando dentro de dicho inmueble.
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