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Crónicas del VRAE: «Hecha para matar»
Foto: La República.
En enero de este año el gobierno aprobó la ley 30151, ley que modifica el inciso 11 del artículo 20 del Código Penal: “LEY QUE MODIFICA EL INCISO 11 DEL ARTÍCULO 20 DEL CÓDIGO PENAL REFERIDO AL USO DE ARMAS U OTRO MEDIO DE DEFENSA POR PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS Y DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ.
Artículo 20.- Inimputabilidad
Está exento de responsabilidad penal:
(….)
11. El personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que, en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas u otro medio de defensa, cause lesiones o muerte”.
La ley 30151 que modifica el inciso 11 elimina del texto “uso de sus armas en forma reglamentaria” para reemplazarla por “uso de sus armas” y amplía el margen a “u otro medio de defensa”.
El inciso 11, creado por el gobierno de Alan García en el 2007, ya otorgaba impunidad a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía, la actual modificación no hace sino ampliarla.
Esto abrirá aún más las puertas para que en escenarios de protestas sociales, donde los medios disuasivos debieran primar, las fuerzas policiales y fuerzas armadas hagan empleo de sus armas letales y generen víctimas sin ningún miramiento. Así lo confirman los más de 20 muertos que han dejado las protestas sociales durante el gobierno de Ollanta Humala y las más de 150 víctimas durante el gobierno de Alan García.
Esta modificación cubrirá además con un manto de impunidad toda investigación o denuncia de los abusos y muertes ocasionados por las fuerzas armadas y policiales pues la ley los exime de toda responsabilidad en los daños o muerte causados a terceros.
Para el caso del VRAE la mira estará puesta en los oponentes a la erradicación de la hoja de coca, es decir, la gran mayoría de sus habitantes. En una región donde los campesinos cocaleros son tildados de “narcoterroristas” esta ley justificará la muerte de aquellos que defiendan sus cultivos cuando se inicie la erradicación compulsiva de la hoja de coca, para presentarlos luego como los “narcoterroristas abatidos”.
¿Cuando la nueva ley señala “otro medio de defensa” se referirá acaso a los bombardeos y hostigamientos constantes que las fuerzas armadas hacen padecer a las poblaciones del VRAE y la completa impunidad por los daños humanos y materiales ocasionados?
¿PAPÁ, POR QUÉ DISPARAN A LAS LUCIÉRNAGAS?
Hemos salido de madrugada, cruzamos el río y enrumbamos hacia Canaire. Llegamos por la mañana para tomar desayuno. El ambiente es denso, la base militar contra subversiva está construida dentro del poblado. En el pequeño restaurante donde desayunamos varias miradas agresivas nos hacen sentir que no somos los bienvenidos. Vienen de una mesa adyacente. Me dicen las personas que me acompañan que los que nos observan y vigilan así son militares vestidos de civil. Al rato aparece el comandante Guido, jefe militar de la base, quién ya está al tanto de nuestra presencia. Nos saluda afablemente pero se niega a ser entrevistado. Muchos centros poblados del VRAE padecen la amenaza constante de los bombardeos de los helicópteros del ejército, sobretodo aquellos cercanos o fronterizos con Vizcatán, la región bajo la influencia del Partido Comunista del Perú militarizado. En estos lugares muchos habitantes formaron parte de los Comités de Autodefensa que se organizaron para repeler a las fuerzas subversivas en los años 90. Sin embargo son estos mismos habitantes quiénes hoy en día rechazan la presencia militar en la zona. Los niños viven aterrorizados.
En el Centro Poblado Unión Mantaro Juan Guillén Gonzales presidente del Comité Multisectorial nos muestra los casquillos de los proyectiles disparados sobre la población desde los helicópteros artillados del ejército.
Esta guerra dice “la están haciendo realmente contra los campesinos, si el gobierno quiere hacer la guerra al enemigo que vaya a dicha zona, que vaya a Vizcatán pero que no la haga contra las poblaciones”. Los habitantes que formaron los Comités de Autodefensa de la zona en los años noventa han conocido de cerca a los militares enviados para organizarlos. Sin embargo en esta nueva etapa de conflicto nos comentan que “algunos capitanes son psicóticos, nos miran como si fuéramos sus enemigos, nos miran asustados, creen que somos de Sendero luminoso. Hay algunos sin embargo que hacen trabajo social, nos informan. Pero hay otros que maltratan a la población. Nos dicen que la próxima vez que hayan enfrentamientos nos matarán a toditos. Ese tipo de personas, enfermos mentales, no hacen sino desorganizarnos.”
Antonio Carbajal Gamboa el joven teniente gobernador de Villa Progreso se indigna también “contra la violencia creada por el ejército” Nos relata el caso reciente de un “campesino poblador de su comunidad” al que los militares prácticamente lo secuestraron, a él y a su hijo, cuando regresaban de sus labores en su parcela. Se “los llevaron como hombres en punta”, es decir como guías forzados y a la vez como escudos humanos en búsqueda de guerrilleros “sin consultar a la población y sin dar a conocer el hecho a las autoridades”.
Atravesamos el río Mantaro y del otro lado nos encontramos en el centro poblado José Olaya que pertenece ya a Pangoa, departamento de Junín.
A partir de aquí el camino se torna agotador debido al fuerte calor y a un mal cálculo en las distancias en este último tramo, es decir, el que nos llevará hasta Nueva Esperanza de Mazángaro. Esto hizo que no previéramos agua suficiente y alimentos para la ruta. Las 2 o 3 horas previstas hasta Nueva Esperanza se convirtieron en 8 horas de intensa e interminable caminata a través de la selva alta de Pangoa, con sus verdes colinas infinitas y la tierra convertida en fango. En este largo trayecto cruzamos algunas casas aisladas cuyos moradores compartieron amablemente con nosotros sus refrescos y algunos alimentos. También encontramos algunas pequeñas cabañas abandonadas, probablemente debido a los constantes bombardeos. Los trabajadores madereros con los que nos cruzamos en el camino confirmaron nuestras sospechas.
Viven y trabajan con temor: “ Incluso cuando hemos querido trabajar de noche con linternas para evitar los bombardeos también recibimos disparos”.
Hemos encontrado un árbol frutal silvestre después de muchas horas de caminata. Se llama Ozón. Sus frutos son pequeños, parecen tomates, son dulces. La naturaleza depredadora que tenemos los humanos, sobre todo en situaciones de urgencia, ha salido a relucir en ese momento. El árbol ha quedado sin un solo fruto. Más allá encontramos caña de azúcar silvestre. A duras penas hemos llegado al centro poblado de Bellavista, sobretodo yo. Bellavista está rodeado de pequeñas colinas. Hoy se llevará a cabo una reunión de cocaleros del lugar.
Desde la colina donde se ubica el local comunal observo a los campesinos que van llegando poco a poco. Muchos son jóvenes, dejan el trabajo de cosecha y secado de la hoja de coca, otros abandonan su labor en la construcción del futuro terreno de fútbol del poblado.
En los diferentes lugares que hemos visitado se ven pocos ancianos, no sé cuál sea la esperanza de vida en estas regiones pero vista la dureza del trabajo, las enfermedades y la ausencia de médicos en la zona, no debe ser muy alta. Ya en Quisto Valle el candidato a la alcaldía de Pichari nos comentaba indignado que el VRAE teniendo una población de más de 400.000 habitantes carece de un hospital.
Al empezar la reunión los representantes del Frente de Lucha por el Desarrollo del VRAE toman la palabra brevemente.
Luego, es un campesino ya mayor quién habla. Su mirada refleja todo una vida de ardua lucha por sobrevivir. Se emociona y entristece al mencionar el abandono en que se encuentran, sobretodo los niños de la región.
Denuncia el pacto de “los poderosos, el del gobierno y los narcotraficantes”.
Él, como otros campesinos de la región es favorable a los cultivos alternativos pero sin embargo constata: “Acá cuando vienen los ingenieros sólo nos hacen preguntas para poder hacer luego sus tesis, no vienen a trabajar. Pero, no importa, nosotros sabemos más que los ingenieros”.
“Antes hemos luchado contra la subversión como Rondas Campesinas (Los actuales Comités de Autodefensa), somos nosotros los que hemos limpiado la zona, los militares han huido. Ahora los militares vienen a jodernos. A nosotros nos agarran y nos dicen terroristas. Nosotros no somos terroristas, ellos son el terror, ellos nos bombardean, los niños están asustados. Tenemos el caso de Nueva Esperanza, allí el gobierno ha mandado a que maten a los pobres campesinos, eso no es justo, no queremos ser carne de cañón”.
Pablo Carpio Bejarano, un joven comunero se levanta y agradece la visita, “una necesidad para los pobres campesinos humillados como nosotros” .
“Sembrando hoja de coca no estamos formando violencia, Nosotros somos simples agricultores que trabajamos. Nos están obligando a hacer cultivos alternativos ¿pero si no tenemos carreteras, vías de comunicación cómo vamos a cambiar? Acá producimos de todo: café cacao, yuca, plátano, ajonjolí pero cuando llevamos nuestros productos a Pichari ¿ cuánto nos pagan por el kilo? 3 soles, 4 soles y de aquí a Pichari cuanto nos cuesta el flete y cuántas horas tenemos que cargar nuestros productos hasta Puerto Palmera? Cuánto nos cuesta la cargada? El bote? El vehículo? Ahí se va todo nuestro trabajo. Mientras, la hoja de coca la vendemos acá nomás, tenemos un costo mínimo. Nosotros no somos narcotraficantes.”
A la caída del atardecer llegamos a Nueva Esperanza de Mazángaro, el centro poblado que fuera bombardeado hace unos meses por las fuerzas armadas peruanas. Un helicóptero militar vuela a baja altura sobre el poblado, el ruido ensordecedor hace huir a los niños. Los pobladores nos muestran los estragos dejados por el bombardeo. Cuando escuchan a los lagartos, como llaman aquí a los helicópteros, salen de sus casas y esperan hasta que se vayan.
Gabino Toscano Curvo vicepresidente del CAD (Comité de Autodefensa), estaba conversando con sus vecinos fuera de su casa cuando empezó el bombardeo que le destrozó el húmero derecho y la clavícula. Gabino vio a los helicópteros que hacia rato daban vueltas alrededor del pueblo pero como la base militar se encuentra dentro del poblado no imaginaron que bombardearían, no tenían idea de lo que iba a suceder. “De pronto escuché un sonido fuerte, el helicóptero había dejado caer una bomba y quedé inconsciente”. “Explosionó, vi luces amarillas, aún guardo la enorme piedra que me cayó en el brazo, pensé que las esquirlas me habían traspasado. Luego me toqué para ver si sangraba por el pecho y el vientre, pero nada. Sólo me atoraba y vi que me salía sangre por la boca, mi brazo colgaba, sentí que me iba a morir”.
Fue su cuñado quién lo llevó a la base militar donde lo atendieron.
Su hermano increpó a los militares “¿Por qué hacen esto, en quién podemos confiar, ustedes dicen que son seguridad del pueblo pero con estos actos qué seguridad podremos tener?”
El enfermero de la base le contestó: ¿Por qué no informan a la base?
Pero qué vamos a informar jefe, si nosotros no sabemos nada”.
Gabino continúa relatando : “Yo he visto al fallecido (Rodolfo Huamán Vilcapoma, teniente gobernador de Nueva Esperanza), él agitaba sus pies sin parar, salía sangre por sus oídos. A él le había impactado una piedra en la cabeza”.
A Gabino lo operaron en varias ocasiones pero ha quedado lisiado.
Tiene dos hijos y como agricultor ya no puede trabajar. En Lima el Ministerio de Defensa solo le ha reconocido 8 meses de trabajo, pero para él no es suficiente:
“Ellos se comprometieron a responsabilizarse de mi recuperación, de mi tratamiento médico y rehabilitación pero hasta ahora no recibo nada, ni siquiera una pastilla. No puedo trabajar en mi chacra. El golpe también me afectó los pulmones”.
“El enfermero de la base le advirtió a mi hermano: ¡No estén hablando mal de las fuerzas armadas!”.
Y finaliza: “Es un gran abuso el que cometen las fuerzas armadas contra la población civil”.
Eduardo Huamán Palomino, Presidente Multisectorial de Mazángaro, primo del fallecido nos comenta que las piedras proyectadas al impactar la bomba perforaron las casas y la escuela primaria del pueblo. Cuentan los habitantes que fue el mismo jefe de la base militar quién los obligó a que taparan el inmenso forado dejado por la bomba de 250 kilos: “Si no lo tapan, les dijo, no obtendrán ayuda”.
Ha llegado la noche a Nueva Esperanza de Mazángaro y la reunión con los pobladores se lleva a cabo bajo la luz de una bombilla conectada a una batería de automóvil. Bajo la penumbra los pobladores poco a poco momentáneamente se desprenden del miedo impregnado en la piel y empiezan a relatar el terror diario que significa para ellos vivir en un poblado cercano a Vizcatán.
Al finalizar la reunión volvemos a la oscuridad de la noche. Solo vemos desfilar pequeñas luces fugaces provenientes de las linternas de los transeúntes. Varios niños nos observan con curiosidad. Una niña nos cuenta que “los cachacos (soldados) pasan en la mañanita por el pueblo formaditos y en la punta va un comandante”. “Ellos se equivocan (los militares), no saben. Por las noches no sé dan cuenta que disparan a las luciérnagas”.
Son las 8 de la noche y los disparos comienzan a sentirse en la oscuridad de Nueva Esperanza de Mazángaro. Veo sólo pequeñas luces que, veloces desaparecen en la distancia. Nadie quiere seguir caminando por las calles.
Los pobladores nos han alojado en la parte alta del local comunal donde se desarrolló la reunión. En la noche de Nueva Esperanza los sonidos del constante tiroteo se mezclan con los ladridos de los perros. Durarán casi toda la noche, estamos en un ambiente de guerra.
(1) Luis Hidalgo y Julio Lira, Diario Gestión, 15 de noviembre 2012.
(2) Mónica Bruckmann, “Recursos naturales y la geopolítica de la integración Sudamericana”
(3) DEVIDA es la organización gubernamental que diseña y conduce las políticas antidrogas en el Perú.
Datos sobre el VRAE
Población 426.000 habitantes en 12.000 km2
79% de la población vive en situación de pobreza
50% en situación de pobreza extrema
Sólo el 14% tiene agua potable
La tasa de desnutrición infantil llega al 43%
Mortalidad infantil 50%
Sólo el 9% de la población goza de red pública y saneamiento
Un campesino gana 190 soles
Fuente: INEI
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Repugnante: encuentran vellos en comidas enlatadas del programa Wasi Mikuna, ex Qali Warma
Producto enlatado fue abierto en presencia de los padres de familia, causando la sorpresa e indignación.
Primero carne de caballo, luego alimentos en mal estado, y ahora ¡vellos! Un terrible caso se ha dado en la Institución Educativa n.° 016 del Centro Poblado Puentecillos, distrito de Santa Rosa, en Jaén, donde padres de familia han denunciado la presencia de vellos en las conservas de pollo distribuidas por el programa Wasi Mikuna (ex Qali Warma).
El incidente fue reportado durante la preparación de los alimentos escolares, en presencia de los padres de familia, docentes y personal de cocina del centro educativo.
«Se han encontrado vellos supuestamente. Son pequeños. Delante de padres de familia, de la directora y de las profesoras vimos. Yo pensé que eran gusanos. Al momento en que nosotros abrimos el pollo enlatado era prácticamente vellos», aseveró una madre de familia.
Ante la situación, los padres han solicitado la presencia de las autoridades responsables para inspeccionar los productos y garantizar que los alimentos sean aptos para el consumo. Advirtieron que, de no obtener una solución, rechazarán la recepción de estos productos en futuras entregas.
El caso ha reavivado cuestionamientos sobre el control de calidad en la distribución de alimentos escolares y la supervisión de los proveedores encargados del abastecimiento.
La respuesta de Wasi Mikuna
En tanto, el programa Wasi Mikuna, a través del encargado de imagen institucional, mencionó que se vienen realizando las indagaciones en el centro educativo de conformidad a los protocolos, adelantando que se pronunciarán oficialmente cuando haya resultados.
Asimismo, el Ministerio de Inclusión Social y Desarrollo (Midis) pidió que no se consuma el producto hasta que exista un pronunciamiento al respecto.
«Ante esta alerta (…) sobre una presunta materia extraña en la conserva de pollo, el programa Wasi Mikuna informa que (…), al tomar conocimiento de manera inmediata, acudió a la institución educativa donde, en presencia de los integrantes del comité de alimentación escolar y comunidad educativa procedió a verificar el lote del producto. Se procedió a revisar el muestreo de los alimentos; en tanto, se suspendió el uso y consumo del lote involucrado», se puede leer en el documento.
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Odisea en el circuito de playas por ‘cierre total’ de bajada de Armendáriz
Tras varios meses de paralizar una obra turística en Miraflores-Barranco, y luego del robo en la grúa abandonada en la quebrada de Armendáriz, los conductores no solo sufrieron congestión vehicular durante el verano, sino, que la supuesta fecha de entrega del puente peatonal, según informa la comuna miraflorina tras el reinicio de las obras, sería en junio.
En la bajada de Armendáriz una gigantesca grúa generó el rechazo y el malestar de transeúntes y conductores vehiculares no solo miraflorinos y barranquinos, sino de la capital, por encontrarse abandonada y varada hace varios meses en el lugar que ya debía haberse inaugurado un puente peatonal que uniría los distritos de Miraflores y Barranco. Sin embargo, gracias a la improvisación, esta obra quedó paralizada debido a las disputas y desencuentros entre la Municipalidad de Miraflores liderada por el alcalde de Renovación Popular, Carlos Canales y la compañía INCOT SAC Contratistas Generales.
Caos en el circuito de playas hasta el 01 de abril Así las cosas, la bajada de Armendáriz ha sido cerrada totalmente al tránsito vehicular desde altas horas de la noche del jueves 27 de marzo, hasta el martes 01 de abril. ¿Las razones? La municipalidad de Miraflores anunció que reiniciaron las obras del Corredor Turístico, que enlazará Miraflores con Barranco, con el puente tubular en la quebrada mencionada. En tanto, la Municipalidad miraflorina informó que, el cierre será total hasta las 5:00 a. m. del martes 1 de abril.
A partir de esa fecha, las restricciones continuarán según el horario aprobado por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML): de lunes a domingo, se restringirá el tránsito de 5:00 a. m. a 9:00 p. m., y el cierre será total de 9:00 p. m. a 5:00 a. m. del día siguiente. Según informan, la medida es requerida debido al movimiento de la gigantesca grúa que ocupará parte de los carriles. Se espera que una vez finalizadas las obras—anunciaron que sería dentro de tres meses, a fines del mes de junio—la vía será completamente reabierta.
Alcalde Canales en 2024 canceló contrato y perjudicó a vecinos
Como se recuerda, en diciembre del 2024, la Municipalidad de Miraflores resolvió el contrato con INCOT S.A.C. Contratistas Generales debido al incumplimiento en la culminación de un puente peatonal en los malecones que uniría a los distritos de Miraflores y Barranco, el cual se denomina: proyecto “Mejoramiento y ampliación de los servicios turísticos del Corredor Turístico Malecón de la Reserva”. Sin embargo, INCOT se defendió y le echó la culpa a la subcontratista, la empresa metalmecánica AMENPROD STELL S.A.C. tildándola como la verdadera responsable de la paralización de la obra, por no cumplir con la entrega de la estructura metálica, pese a que estaba pagada en un 95%. E incluso, porque pedían más dinero para cumplir con la entrega.
Rutas alternas durante el cierre
Mientras dure el cierre, los conductores deberán tomar rutas alternas para aminorar en algo el congestionamiento que ya viene perjudicándolos. Para el desplazamiento de norte a sur, se debe tomar la Subida San Martín hacia la Av. Del Ejército, girar a la izquierda en la Av. José Pardo, continuar por la Av. Ricardo Palma y luego acceder a la vía auxiliar de la Vía Expresa en dirección sur. Otra alternativa es usar la Bajada Balta desde el Circuito de Playas, girar a la derecha en la Av. Óscar R. Benavides (Diagonal) y seguir hasta la Av. José Pardo.
De sur a norte, quienes vengan de Barranco pueden tomar la salida 2 (Av. 28 de Julio) hacia la vía auxiliar de Paseo de la República, girar a la izquierda en la Av. Ricardo Palma, seguir por la Av. José Pardo hasta la Av. Del Ejército y continuar hasta la Subida San Martín. Otra opción es tomar la Av. Reducto, continuar por la Av. 28 de Julio, girar a la derecha en la Av. José Larco, luego girar nuevamente a la derecha en la Calle Shell, lo que llevará directamente a la Bajada Balta en dirección norte.
Los vecinos miraflorinos y barranquinos y los ciudadanos en general, esperan que la municipalidad de Miraflores, con supervisión de la MML, esta vez cumplan con los plazos de entrega, ya que se han visto dilatados durante meses y es exigible que el famoso puente peatonal realmente sea culminado en el mes de junio, de acuerdo a lo anunciado.
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Minsa emite alerta sanitaria por suero fisiológico defectuoso que hasta el momento ya habría causado la muerte de 3 personas [VIDEO]
En tanto, lote defectuoso de suero del laboratorio Medifarma se encuentra inmovilizado hasta determinar responsabilidades.
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Este 28 de marzo artistas confirman nueva manifestación ¡Marchamos todos! ‘No queremos Morir’
La movilización iniciará en el Parque Bustamante y Rivero, en San Isidro desde las 5 p.m. y se dirigirá hacia el Ministerio del Interior, con el fin de exigir al Gobierno de Dina Boluarte que tome medidas inmediatas contra la criminalidad.
Así como ocurrió el pasado viernes 21 de marzo, ciudadanos a través de diferentes plataformas han difundido una nueva convocatoria para manifestarse este viernes 28 de marzo, a las 5 de la tarde, en el Parque José Luis Bustamante y Rivero, en San Isidro. La protesta lleva como nombre ¡Marchamos todos! y en el cual los asistentes partirán desde el parque sanisidrino y se dirigirán a la sede del Ministerio del Interior, ubicada en la Av. Canaval y Moreyra.
Marcharán los artistas
Distintos artistas de salsa, cumbia, DJs, cantantes solistas y otros representantes del ámbito musical han compartido y difundido publicaciones sobre la convocatoria, e hicieron un llamado a la población a sumarse a la protesta. El objetivo de esta manifestación es exigir al Gobierno de Dina Boluarte, que tome acciones contra la criminalidad que día a día somete a la población a los más viles vejámenes y los asesina a mansalva, tal como ocurrió con la tragedia por el reciente homicidio del cantante Paul Flores.
Hace 11 días asesinaron a Paul Flores
Apenas hace una semana, la reconocida agrupación Armonía 10 compartió un mensaje en redes sociales en memoria de Paul Flores (39 años), conocido como ‘Ruso’, quien perdió la vida la madrugada del domingo 16 de marzo, tras ser víctima de un atentado armado. Se presume que el crimen estuvo vinculado a extorsionadores que habrían amenazado a la banda de cumbia.
Por causa de este execrable suceso, la ola de indignación en la comunidad artística y en la ciudadanía en general creció enormemente, y se organizó una primera marcha (21 de marzo) en la que cientos de personas salieron a las calles para exigir al Gobierno que tomen acciones rápidas y efectivas contra el crimen organizado, para que “no los sigan matando”.
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Nombramiento de sub oficial PNP en colegio Santa Rosa de Lima violaría convenio con Ministerio de Educación
Graves irregularidades frente a los ojos del Ministerio de Educación y del Ministerio del Interior.
En menos de diez días, una serie de denuncias sobre la gestión de la directora del colegio Santa Rosa de Lima, la suboficial PNP Flor Betzabé Cama Trebejo, ha llegado a la redacción de Lima Gris. Hemos publicado aquellas respaldadas con documentos oficiales y testimonios de fuentes involucradas, entre ellas: la asignación irregular de vacantes, la construcción de tres aulas sin un expediente técnico con dinero de los padres de familia y la manipulación del proceso de contratación docente.
Ahora, hemos accedido al documento titulado Convenio Marco N° 002-2019-MINEDU entre el Ministerio de Educación y la Policía Nacional del Perú. Este convenio establece que la designación de directores en colegios administrados por la PNP debe recaer exclusivamente en un oficial PNP. Es decir, el nombramiento de la suboficial Cama Trebejo sería irregular y contrario a la normativa vigente.
En la cláusula quinta del documento, titulada “Compromiso de las Partes”, se especifica que la Dirección de Bienestar de la Policía Nacional del Perú tiene la obligación de designar en el cargo de Director, a un Oficial PNP. El convenio claramente señala: «podrán celebrar Convenios de Cooperación Institucional con la Dirección de Bienestar y Apoyo al Policía siempre, reconociendo como Director de II EE PNP, al Oficial designado por el Mininter (Ministerio del Interior)».
El nombramiento irregular de la suboficial Cama Trebejo no es un asunto menor; sería una violación directa a un convenio que busca garantizar una gestión adecuada en los colegios administrados por la PNP. Permitir que estas irregularidades se normalicen pone en riesgo no solo el cumplimiento de la normativa, sino también la calidad educativa de cientos de estudiantes.
En el mismo convenio, en la cláusula décimo segunda se señala: «En caso de incumplimiento, dentro de los 15 días calendario de producido el mismo, la parte afectada requerirá a la otra el cumplimiento de los compromisos asumidos, otorgándole un plazo de 15 días hábiles, bajo apercibimiento que el convenido quede resuelto de pleno derecho».
Es importante señalar que el convenio fue firmado por los exministro Daniel Alfaro y Carlos Morán. La educación no es un juego ni un espacio para la improvisación o el favoritismo. Es un derecho fundamental que debe ser protegido con responsabilidad y transparencia, y en este caso, es el Ministerio de Educación y el Ministerio del Interior quienes deben responder con acciones concretas.
No es posible que algunos integrantes de la Policía Nacional del Perú manejen espacios educativos como si fuera una chacra. Lo que más sorprende que esto sucede frente a los ojos del Ministerio de Educación y del Ministerio del Interior.
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Urgente: Peruanos en el exterior necesitan ayuda para adolescente accidentado en EE.UU.
Aviso de servicio público.
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Nuevo escándalo: acusan a directora de manipular proceso de contratación de docentes en colegio PNP Santa Rosa de Lima
Directora del colegio arrastra irregularidad de vacantes, construcción de tres aulas sin un expediente técnico y un cuestionado proceso de contratación de docentes.
Cuatro docentes han denunciado a la directora del colegio PNP Santa Rosa de Lima, la suboficial Flor Betzabé Cama Trebejo, por presuntas irregularidades en el proceso de contratación docente para el año 2025, llevado a cabo en febrero. A pesar de haber presentado su reclamo ante el Departamento de Gestión de Servicios Educativos de la PNP, esta entidad les dio la espalda. Ante la falta de respaldo, ayer elevaron su denuncia a la Dirección de Bienestar y Apoyo al Policía. Lima Gris tuvo acceso al documento, el cual evidencia un caso de abuso de autoridad.
El 17 de febrero, cinco días después de la publicación de los resultados, la docente Mirtha Calderón recibió una carta firmada por la directora Flor Betzabé Cama Trebejo. En el documento, se detallaban los supuestos “criterios de evaluación” utilizados en el proceso de contratación. Según la directora, el puntaje se distribuía de la siguiente manera: “Título profesional (37puntos), formación continua 2024 (02 puntos), méritos y/o felicitaciones (02 puntos) y entrevista (45 puntos)”. Aunque no se especificó el puntaje máximo, la suma de estos valores reveló que los postulantes competían por un total de 86 puntos.
Directora Flor Betzabé Cama Trebejo.
La jugada de la entrevista personal
De acuerdo con el Ministerio de Educación, el título profesional es un requisito indispensable para la contratación docente. Quienes cumplían con esta condición debían recibir automáticamente los 37 puntos asignados. Hasta ese momento, el proceso parecía seguir un criterio imparcial. Sin embargo, la verdadera diferencia radicó en la distribución de los 49 puntos restantes.
Bajo esta fórmula, logros como un grado de maestría, un reconocimiento por buen desempeño, la experiencia profesional y la actualización académica quedaban reducidos a un máximo de 02 puntos, sin aclarar si eran acumulativos. En contraste, la entrevista personal tenía un peso determinante: 45 de los 49 puntos en disputa dependían del cuestionario realizado por un jurado compuesto por la directora, el subdirector y una docente, lo que dejaba un amplio margen de subjetividad en la calificación final.
La profesora Fanny Morán, quien laboró en el colegio Santa Rosa de Lima durante el 2024, declaró a Lima Gris: “El año pasado también hubo reclamos y, en enero de 2024, Inspectoría de la Policía reevaluó el proceso. Salí en segundo puesto y mi ficha de desempeño laboral de ese año es destacada. Sin embargo, este año, con este nuevo método no aprobé. Informé a la directora que tengo una maestría en Educación, 21 años de experiencia en aula, capacitación actualizada, un libro registrado en la Biblioteca Nacional, y he sido asesora pedagógica de la UGEL y la DRE. Pero su respuesta fue que eso no lo había evaluado. Prácticamente me dijo que mi trayectoria no vale”.
Carta al coronel Quiroz Dávila
Al día siguiente de la publicación de los resultados del “proceso de evaluación”, el 13 de febrero, los docentes Karen Barreto, Fanny Morán, Mirtha Díaz y Luis Almeida enviaron una carta manuscrita al coronel Erick Augusto Quiroz Dávila, jefe del Departamento de Gestión de Servicios Educativos de la PNP. En ella denunciaron las presuntas irregularidades en el proceso, señalando que este había favorecido a ciertos docentes de manera arbitraria. El documento evidenciaba una serie de maniobras premeditadas por parte de la directora Cama Trebejo, las cuales detallamos a continuación.
Coronel Erick Augusto Quiroz Dávila.
La carta inicia con una denuncia clara: “No se publicó el cronograma con sus criterios de evaluación”. Dos semanas después, el coronel Quiroz Dávila respondió afirmando que la convocatoria fue publicada el 6 de febrero en la página de Facebook Prensa Escolar La Voz Santarrosina 2018.
“El anuncio fue publicado en Facebook el 06 de febrero a las 10:30 de la mañana. Este describe que el plazo para la recepción de expedientes es el 06 y 07 de febrero”, afirma la docente Mirtha Díaz, quien laboró por 11 años en el colegio Santa Rosa. Esto revela que los profesores tuvieron menos de 24 horas para enterarse del proceso y postular sus expedientes. No hubo un canal formal de comunicación del proceso. Lima Gris comprobó que el anuncio fue borrado de la mencionada página de Facebook.
Otro punto crítico es que no existieron “criterios de evaluación”. Cuando los docentes exigieron claridad sobre estos, la respuesta del jefe del Departamento de Gestión de Servicios Educativos de la PNP resultó desconcertante: “La Directora dio a conocer las pautas de calificación del expediente y entrevista en concordancia con la mencionada directiva”. El coronel respalda la fórmula de puntuación de Cama Trebejo. Pero no responde: ¿Cuáles son y donde están los criterios de evaluación?
“No tuvimos ningún tipo de información durante el proceso. Un requisito para ser contratado en 2024 en el colegio Santa Rosa era haber aprobado el examen de nombramiento docente a la Carrera Pública Magisterial, yo he aprobado este año, sin embargo, ningún mérito ha sido tomado en cuenta por la directora”, afirma Karen Barreto, docente que laboró el año pasado en la mencionada escuela.
La profesora Barreto le tiene mucho cariño a este colegio “pues aquí estudié primaria y secundaria, cuando todo era tierra y no había pabellones, fueron 11 años de mi vida, y como docente el año pasado me he empeñado por mejorar la enseñanza de mis niños, el que no tengan a los mejores docentes no es culpa del Estado, sino de una evaluación injusta, lo padres de familia deben darse cuenta y plegarse a nuestro reclamo, porque son sus hijos los más afectados por la calidad educativa”.
En su denuncia, los docentes también cuestionan al jurado calificador de la etapa de entrevista y señalan que no debió integrarse como sub director de nivel primario a Fernando Quijano Alvarado, pues su título profesional corresponde al nivel secundario. Asimismo, denunciaron la ausencia de un actor clave en el proceso: el representante de los padres de familia en el Consejo Educativo Institucional (CONEI), Luis Alberto Garay Kuga, cuya participación en la evaluación de expedientes y entrevistas era obligatoria.
Respuesta de la directora.
Violaron la Ley
Según la norma vigente “que regula el procedimiento, requisitos y condiciones para la contratación y renovación de profesores en el servicio docente en educación básica y técnico-productiva en el marco de la ley 30328”, es competencia de cada UGEL “determinar los puestos y/o cargos que conforman el comité” de contratación. Algo que la directora Flor Betzabé Cama Trebejo, no ha tenido en cuenta en su proceso de evaluación.
Los profesores señalan que la directora justifica su fórmula de evaluación afirmando de las instituciones Educativas de la PNP tienen independencia, sin embargo, la norma mencionada anteriormente precisa en su artículo 3 que el ámbito de su aplicación alcanza a “Instituciones Educativas Públicas gestionadas por el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior de Educación Básica y Técnico-Productiva”.
Norma vigente.
En el proceso de contratación ideado por Cama Trebejo, el comité tampoco realizó el “cuadro de méritos en la etapa de evaluación de expedientes” que la norma establece en su artículo 5.2.
No se encuentran títulos de Docentes
Como resultado de este proceso de contratación, Lima Gris comprobó que, de un total de 8 docentes contratados en Primaria en el Colegio Santa Rosa, solo 4 registran título en Educación en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) o en el portal de “consulta de grados y títulos” del Ministerio de Educación. Uno alcanza al grado de bachiller y los otros tres no tienen registro en estas plataformas. Otro docente en al área de Arte y Cultura, del nivel secundario, tampoco se encuentra registrado.
Esta omisión viola, una vez más, la norma. Pues en su artículo 5.2 establece que el comité debe “Verificar en la Plataforma de Consulta Pública de Grados y Títulos de Educación Superior del Minedu que el título pedagógico de los postulantes se encuentre registrado, en el siguiente enlace: https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/”.
Este artículo también especifica “Verificar en la plataforma de la SUNEDU, que el título universitario de licenciado en educación u otro de los postulantes al procedimiento de contrato, se encuentre registrado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales”. A la luz de la normativa vigente, son innumerables los vicios que las autoridades encontrarán en este proceso de contratación si toman cartas en el asunto.
A diez días de iniciadas las clases en el colegio Santa Rosa de Lima que es administrado por la Policía Nacional del Perú, son varias las denuncias que han llegado a la redacción de Lima Gris, sobre la directora Cama Trebejo. La asignación irregular de vacantes, la construcción de tres aulas sin un expediente técnico y un cuestionado proceso de contratación docente, son solo la punta de un iceberg.
Ayer, el expediente de denuncia de los profesores, con toda la documentación sustentatoria sobre el proceso de evaluación docente en el colegio Santa Rosa, ha sido enviado vía mesa de partes, al general PNP Antero Rasendo Mejía Escajadillo, director de Bienestar y Apoyo al Policía. Esta entidad, regula al Departamento de Gestión de Servicios Educativos de la PNP, el cual ha sido cómplice de la pésima gestión de Cama Trebejo.
Las entidades responsables, desde la Dirección de Bienestar y Apoyo al Policía hasta el Ministerio de Educación, deben intervenir para garantizar un proceso de contratación docente basado en la meritocracia y la transparencia. No se puede permitir que estas irregularidades sigan afectando la educación de cientos de estudiantes ni que el abuso de autoridad se normalice.
La educación pública no puede ser rehén de intereses personales; es momento de actuar con firmeza y recuperar la confianza en un sistema hoy cuestionado. Mientras no se tomen medidas concretas, los 900 alumnos del IE PNP Santa Rosa de Lima 2001, quedan expuestos a un sistema que prioriza el favoritismo sobre el mérito.
Mientras la directora Cama Trebejo continúa guardando silencio, desde las oficinas del Ministerio de Educación y el Ministerio del Interior nos comunicaron que han solicitado una investigación y en las próximas horas se han comprometido en brindar una respuesta formal de lo que viene ocurriendo en el colegio de la familia policial.
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