Por: Rafael Romero.

El cogobierno de Dina Boluarte y Keiko Fujimori paraliza el control político entre los poderes y determina que las comisiones congresales -en manos de Fuerza Popular- renuncien a su labor fiscalizadora respecto del Ejecutivo.

El ejemplo más ilustrativo de esta parsimonia cuestionable es la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, ayer nomás en manos de Alejandro Aguinaga y ahora bajo la presidencia de Auristela Obando Morgan. Lo cierto es que la labor política de este grupo parlamentario no es ni chicha ni limonada frente a la fiscalización que debería de ejercer sobre la Cancillería del Perú.

No hace mucho, el pasado 9 de setiembre, el canciller Elmer Schialer, estuvo en el seno de la Comisión de Relaciones Exteriores, pero en ningún momento recibió de parte de los congresistas alguna pregunta o inquietud acerca de los temas que realmente le alcanzan al ciudadano y a la institucionalidad, pese a que el propio ministro Schialer les dijo, textualmente, que “las puertas del despacho están abiertas para tratar cuestiones puntuales o generales, según sea el deseo de los representantes del pueblo en esta casa congresal”.

Pese a esa flor lanzada por dicho ministro a los parlamentarios, la verdad es que todos ellos de consuno están lejos de la realidad y peor cuando se trata de ejercer el control político respecto de la probidad, la transparencia y la integridad dentro del servicio diplomático para provecho de las nuevas hornadas de funcionarios en Torre Tagle.

Así tenemos el caso del servidor Hugo Sotomayor Vergara, que ingresó en 1980 a laborar en la Cancillería, pero sus derechos laborales hoy están conculcados. También está pendiente la investigación a Néstor Popolizio, conocido como el canciller del Lagarto Vizcarra, por los complots contra el embajador Fortunato Quesada y el expresidente Alan García.

Respecto de esos problemas, tanto el ministro Schialer Salcedo, como los dos últimos presidentes de la Comisión de Relaciones Exteriores recibieron desde esta redacción cartas, correos y noticias, entre el 2023 y el 2024, pero jamás tomaron razón de los mismos. De manera que, si dentro de casa no se respeta la ley, ni los derechos humanos, ni la dignidad de la persona ni las normas laborales, entonces ¿con qué autoridad moral los ministros o congresistas hablan de Venezuela, de hermandad, de bienestar, progreso, integración, paz social o promoción de los valores democráticos e institucionales?

¿Cómo pueden ellos ponderar sobre el ingreso del Perú a la OCDE, o la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), sobre la Cumbre de Líderes de APEC, la Comunidad Andina o la cooperación multilateral, si no fiscalizan seriamente para que el servicio diplomático esté en manos de funcionarios verdaderamente íntegros e idóneos?

Es más, ¿cómo puede hablar el ministro Schialer “del profesionalismo de la diplomacia peruana y de su reconocimiento internacional”, dizque a partir de la contemplación de la “responsabilidad, los sueños y aspiraciones de nuestro pueblo”, cuando están pendientes de atención y de fiscalización el caso de Hugo Sotomayor o los complots contra el embajador Quesada (donde hay pruebas irrefutables) y contra el expresidente García. Estos tres casos socavan la institucionalidad de la Cancillería, así como dañan la imagen y el prestigio de Torre Tagle.

No se olvide que en diplomacia la forma es el fondo y la coherencia es un requisito de pulcritud, credibilidad y transparencia para la buena imagen y mejor prestigio de un país. Lamentablemente, existe un silencio cómplice del Congreso sumado a la ineficiencia diplomática que daña la institucionalidad. Y esto sucede cuando se sobreponen los intereses personales de una argolla por encima de la verdad, de la ley y de los intereses nacionales.

Haría un mejor trabajo el Congreso si actualiza y mejorta la Ley N° 28091 (Ley del Servicio Diplomático), sobre todo en su capítulo administrativo, en la normativa de los recursos humanos y en el quehacer consular, siendo clave, por ejemplo, especificar que el ascenso sea por resultados.

Obviamente, también se debe dar importancia al sistema disciplinario interno de la Cancillería para acabar con las argollas y los complots. Por ejemplo en el caso de Popolizio, De Zela y Rubín no debe primar la política del avestruz, no debe haber impunidad ni blindaje o encubriomiento como parece haber ocurrido durante las gestiones de los cancilleres Wagner, Maúrtua, Landa, Rodríguez Mackey y González-Olaechea.

Lamentablemente la mediocridad se instaló en el Estado y la ilegalidad copa todos los espacios de la administración pública. Y esto no está excento de escándalos, como el reciente acontecimiento de retirar al embajador José Betancourt Rivera del Perú en Egipto, por su mal comportamiento frente a altos funcionarios de dicho país. En el caso del embajador Betancourt, la embajada de Egipto en el Perú agradeció el retiro de dicho diplomático de El Cairo, lo que implica que las autoridades egipcias tácitamente lo declararon persona non grata. Esa situación inédita debería recibir la debida atención del Estado para que no se repita la inaceptable conducta del señor Betancourt, ni los complots contra el embajador Quesada y el ex presidente García.

En el caso Betancourt, la Cancillería debería abrirle un proceso disciplinario dada la gravedad de su mala conducta ratificada por el cónsul egipcio y ante el inusitado agradecimiento de la embajada de Egipto por el retiro de Betancourt.  Basta de tibieza en este caso, toda vez que Betancourt ya debería estar trasladado a Lima para rendir cuentas sobre su mal comportamiento mostrado con las autoridades oficiales egipcias.

Bajo ese contexto, cómo puede decir el canciller Schialer -frente a la comisión congresal de Relaciones Exteriores- que es posible “construir un futuro de paz, prosperidad y bienestar para nuestra nación y para las generaciones venideras”, cuando, por ejemplo, hoy el servidor adulto mayor Hugo Sotomayor está impedido de ascender por el hecho de no pertenecer a una argolla que sí cuenta con una resolución viceministerial casi fantasmal, siendo quien la suscribe el embajador John Camino, que no conoce su caso, mientras que sí figuran para ser promovidos los malos funcionarios que le malograron la carrera al ciudadano Sotomayor Vergara.

Mientras esas cosas sucedan no habrá un futuro de paz, de prosperidad ni de bienestar. Por su parte, la Comisión de Relaciones Exteriores permanece dentro de una cápsula de cristal.

Por: Raúl Villavicencio H.

Entre la espesura de los bosques y la curiosa mirada de aves y animales silvestres, la inmensidad de los desiertos costeros o la silente presencia de las nevadas andinas, ahí donde solo los lugareños y pocos extraños se atreven a caminar, un extranjero amante de la naturaleza tuvo una epifanía sobre el lugar donde estaba parado. Era consciente Giovanni Antonio Raimondi, natural de Milan – Italia, que el Perú poseía una riqueza incalculable tanto en minerales como en flora y fauna.

Aquel investigador, explorador, geógrafo y catedrático ítalo-peruano le dedicó gran parte de su vida al estudio incansable de nuestro país, adentrándose a pie o a caballo por pueblos extraídos de una historia de fantasía y misterio. Habrán sido los paisajes que poco a poco se le iban revelando durante sus exploraciones que le terminaron enamorando del Perú; de pasar por un mar generoso, pletórico de peces, a un desierto que pone a prueba nuestra ubicuidad, y luego caer en el desafío de atravesar, machete en mano, un manto vegetal que tiene voz propia como el canto de una sirena.

Los privilegiados ojos de Raimondi veían, casi doscientos años atrás, las cumbres vestidas de blanco nupcial, los ríos habladores que bajaban prístinos hacia el océano, los atardeceres en los mares del norte hechos para una postal de febrero, miles de árboles, de diferentes raíces y funciones medicinales, elevándose hasta el firmamento, sirviendo de hogar y refugio para los animales. Es ahí donde percibe su lugar y propósito en el universo; es la natureza quien provee a la humanidad y no al revés, concluye el aventurero .

De estar aún vivo Raimondi no caería en cuenta cómo miles de árboles se vienen quemando ante la pasividad de las autoridades, cómo aquello que alguna vez recorrió para plasmarlo en mapas va convirtiéndose en una enorme mancha negra, símbolo de la desolación y la ignorancia. Todos los animales que alguna vez lo fascinaron en sus recorridos, escondiéndose en las copas, ahora son arrastrados por las brasas provocadas por sujetos que solo piensan en su bolsillo y por aquellos que miran desde un helicóptero, indiferentes al dolor ajeno.

Perdónanos Raimondi, por no saber valorar y reconocer aquello que tanto quisiste y protegiste, aquel país exótico que ahora está tomado por las manos incorrectas.

(Columna publicada en el Diario Uno)

Por: Rafael Romero.

El tiempo siempre le da la razón a la Revista Lima Gris. Además, con el periodismo de datos y la acumulación de información oficial con la que cuenta esta redacción, se tiene las condiciones para las hipótesis de investigación periodística más serias y veraces acerca del desmoronamiento de la Jefatura de Apoyo Educativo del Ejército (JAE) que se agudizó sobre todo del 2022 a la fecha.

Una premisa al respecto ha sido el escándalo y maltrato producido a la docente Doris Gonzales Alzamora de la IE Jesús Niño, con trece años de servicio en ese colegio sin ninguna queja, pero a quien desde la llegada de un nuevo director en enero del 2024 se le puso la puntería, como si se tratara de un experimento de un puñado de funcionarios de la JAE para confrontar con el “Convenio” suscrito hace veinte años con el MINEDU y la DRELM. Es decir, se trataría de un grupito de amigos al que no le interesa la calidad educativa.

Segunda premisa o hecho relevante: esa argolla de la JAE no llega a la media docena de funcionarios, conformada por dos o tres “personales militares” y dos o tres “personales civiles” de Defensa, y actuaría arbitraria o caprichosamente socavando con sus acciones u omisiones el referido “Convenio”, así como incumpliendo el Código de Conducta del MINDEF, el ROF, el MOF y el “Compromiso de Integridad” y la ética en la función pública, poniendo todo de cabeza, empezando por granjearse privilegios y acomodos en contra de la meritocracia, al premiar en puestos clave a quienes no aprobaron los exámenes, pero se les otorga labores de oficina o supervisión sin ser idóneos.

Es decir, el gato de despensero y, en ese sentido, se vulnera el “Convenio” (con el MINEDU), se incumplen las directivas de integridad de la PCM y las del propio MINDEF, en medio de una serie de actos que menoscaban la calidad educativa, la probidad, la meritocracia y la transparencia, siendo lo acontecido en la IE Jesús Niño, de San Juan de Miraflores, solo la punta del iceberg, ya que tenemos documentados otros casos.

Hoy mismo ese grupito de la JAE no tiene vergüenza para proceder dictatorialmente contra quien se cruce en su camino, alterando las normas y los procedimientos de la supervisión, sobre todo de forma arbitraria, subjetiva y bajo la ley del embudo, actuando de mala fe para hacer y deshacer en las instituciones educativas del Ejército conforme a sus intereses particulares.

Tercer aspecto o hecho relevante: la JAE -estando en malas manos- solo atenta contra la imagen del Ejército y el MINDEF, poniendo injustamente en cuestión la buena labor que desempeña el actual ministro de Defensa, Gral. de Div. EP (r) Walter Enrique Astudillo Chávez y la buena gestión de muchos otros oficiales del Ejercito que sí son idóneos para el cargo, sobre todo cuando el titular del MINDEF -a diferencia de su antecesor- conoce el tema pedagógico ya que tiene Maestría en Gestión de la Calidad de la Formación Educativa, por la Universidad Complutense de Madrid, y es doctor en Administración.

La cuarta y por ahora ultima premisa, pero no por ello menos importante, es la hipótesis documentada de que se buscaría abortar el Convenio con el MINEDU, bajo el objetivo perverso de “PRIVATIZAR” los colegios del Ejército, buscando crear un Estado dentro del Estado peruano, intentando crear su propia y exclusiva isla, sin control, sin fiscalización ni vigilancia de cara a la enorme cantidad de dinero que generan estos colegios.

Todo esto incomoda a dignos especialistas del MINEDU y de la DRELM, porque es un atentado a la calidad educativa y al clima institucional dentro del gabinete presidido por el doctor Gustavo Adrianzén y al poner en riesgo la buena educación que se debe brindar a los hijos del personal militar.

Por tanto, amerita que la propia Contraloría de la República y la Defensoría del Pueblo también empiecen a documentar este caso, siendo en primer lugar de necesidad urgente que el propio Ejército del Perú y la alta dirección del MINDEF pongan las cartas sobre la mesa y procedan a reorganizar la JAE para provecho de la transparencia y la buena impartición del servicio pedagógico en los niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria.

Por: Rafael Romero.

Ante esta redacción trabajadores de las instituciones educativas de la UGEL 07, que prefirieron mantener sus nombres en reserva ante el temor de represalias, sostuvieron que se habría cometido un abuso de autoridad contra el servidor Jesús Antonio Calderón Ormeño, del PRITE Buenos Aires de Villa – Chorrillos, que sufrió un accidente de trabajo el año pasado (30 de mayo del 2023).

Dicho abuso se habría perpetrado con la Resolución Directoral N° 05754-2024-UGEL07, elaborada -a decir del personal administrativo- por el “dúo Saldaña-Grados”, refiriéndose a la directora Gloria Saldaña, y a quien hace las veces de presidenta o secretaria técnica de la Comisión de Procesos Administrativos, Nora Grados, quienes no quieren abrir un proceso administrativo a la funcionaria Susana Ponce, del PRITE Buenos Aires de Villa, obviando profundizar en las posibles faltas que habría cometido antes, durante y después del accidente laboral de Jesús Calderón.

De acuerdo a la denuncia de los trabajadores, la UGEL 07 estaría blindando y consagrando la impunidad en el caso de la directora del ¨PRITE Buenos Aires de Villa, porque de profundizarse en las investigaciones, las responsabilidades escalarían a los funcionarios de la propia UGEL y a su Oficina de Recursos Humanos (ORH) porque eran los encargados de cumplir y hacer cumplir sus propias directivas.

Así es como la propia UGEL 07 vulneró el “REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 07”, atentando contra la Ley N° 26842, que dispone que la salud es condición indispensable del desarrollo humano y el medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo y que la protección de la salud es de interés público, e infringiendo la Ley N° 29783, “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”, que promueve una cultura de prevención de riesgos laborales en el país, y para ello la administración cuenta con el deber de prevención y el rol de fiscalización, pero dichos funcionarios no los habrían cumplido.

Tanto el PRITE Buenos Aires de Villa como la UGEL 07 incumplieron el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (Código UGEL07-SST-R-0), elaborado por Alcides Gerardo Damián Amaya, funcionario del Servicio de SS; revisado por Jean Marco Velásquez Ortega, Jefe de Recursos Humanos; y aprobado por Ronald Ángel Castro Pérez, presidente del Comité de SST, y Gloria Saldaña Usco, directora de la UGEL N° 07. Asimismo, han obviado cumplir la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 238-2014-SERVIR/PE, que aprobó la Directiva N° 002-2014-SERVIR/GDSRH referida a las “Normas para la Gestión del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos en las Entidades Públicas”.

Toda esta normativa ha sido letra muerta para el dúo Saldaña – Grados en el caso del accidente del trabajador Jesús Calderón, pero tampoco cumplieron con las actividades de capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y lo que es más grave, tal como lo denuncian algunos trabajadores administrativos, no realizaron una investigación, al haberse producido daños en la salud de Jesús Calderón, a fin de detectar las causas y tomar las medidas correctivas al respecto.

El hecho de que la resolución diga no haber mérito para abrir proceso administrativo contra la directora del PRITE Buenos Aires, Susana Ponce, resulta sospechoso o trasunta parcialización, posible encubrimiento o algún tipo de subjetivismo en provecho de la citada directora, porque de abrirle un proceso administrativo, resultarían en problemas los funcionarios de la ORH de la propia UGEL 07. Además, es evidente que tanto la directora del PRITE B.A.V. como los funcionarios de la UGEL 07 han silenciado el caso por más de un año.

La Resolución Directoral del dúo Saldaña – Grados contraviene la letra y el espíritu de las disposiciones de SERVIR, donde se indica que la Seguridad y la Salud en el Trabajo SST es un derecho fundamental de todos los trabajadores, estándo obligadas las entidades públicas a propiciar el mejoramiento de las condiciones laborales a fin de prevenir daños en la integridad física y mental de los trabajadores (Ley N° 29783 y Decreto Supremo N° 005-2012-TR).

Asimismo, SERVIR señala que la SST es un proceso que forma parte del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos en las entidades públicas, estando las ORH obligadas a su cumplimiento, amén de que es misión de la Ley SERVIR desincentivar la falta de diligencia funcional y la impunidad en la administración pública. Pero lo más grave es que compañeros de trabajo de Jesús Calderón han señalado que la Resolución Directoral N° 05754-2024-UGEL07 del dúo Saldaña-Grados ocultó un acta fundamental sobre el accidente del citado trabajador.

Se trata del ACTA DE SUPERVISIÓN del 31 de mayo del 2023, donde dos funcionarios de la propia UGEL refieren que Jesús Calderón estaba pintado en el PRITE B.A.V. el día del accidente, y no “limpiando” como dice la resolución cuestionada, y señalan también que la escalera del PRITE B.A.V. no era la adecuada para ese tipo de trabajos, todo lo cual constituiría una falta de su directora Susana Ponce. Pero grave y punible sería el hecho de que la secretaria técnica Nora Grados obvió tomar el testimonio de los funcionarios de la UGEL 07 que firmaron el acta, cuyos nombres aparecen irregularmente tachados de verde por la propia administración.

La Resolución Directoral N° 05754-2024 de la UGEL 07 no es nada seria porque falsea los hechos, pues en el segundo párrafo de la misma, que corresponde al primer párrafo de sus considerandos, dice textualmente que Jesús Calderón “HABRÍA SUFRIDO” un accidente. Es decir, se pone en el plan de que él no habría sufrido ningún accidente, lo cual es una afrenta a la verdad puesto que sí está probada la existencia del accidente.

Esa Resolución Directoral N° 05754-2024 no valora ni analiza que Jesús Calderón sufrió un fuerte traumatismo en la región parietotemporal derecha (hematoma de 15 cm), con la consecuencia de pérdida de conciencia (TEC y contusión hemorrágica). Además, en el Servicio de Emergencia del Hospital III Suárez – Angamos de EsSalud, se le diagnosticó fractura desplazada de clavícula derecha, con fuerte dolor a la movilidad del brazo derecho, y fractura del 5to arco costal, quedando Jesús Calderón hospitalizado, y para entonces con necesidad urgente de intervención quirúrgica, la misma que jamás se realizó por falta de atención o apoyo.

Ese olvido o falta de referencia a estos hechos, por parte de la resolución, demuestran un desprecio al trabajador y a la vida, máxime cuando otro documento clínico, del 23 de junio del 2023, evacuado tres semanas después del accidente, indicó que dicho trabajador sufrió trauma Múltiple; TEC moderado, contusión hemorrágica fronto temporal izquierda + HSD parieto temporal izquierdo leve + HSA traumática; fractura parietal derecha no desplazada; trauma torácico cerrado; fractura costal múltiple 4 – 7 costal izquierdo; contusión pulmonar; y fractura de clavícula derecha.

Por tanto, señores de SERVIR, no es responsable ni honesto por parte del dúo Saldaña-Grados de la UGEL 07 negar la realidad de esa forma, tal como se puede corroborar con abundante documentación clínica en el sentido de que el accidente de trabajo del ciudadano y padre de familia, Jesús Calderón Ormeño, nunca fue debidamente investigado y menos atendido como legalmente correspondía. El Perú y los trabajadores merecen respeto y justicia.

Alberto Fujimori partió a la eternidad ante el estupor de quienes le amaban. Y tras haber sido testigos de que anteriormente se contrataban “portátiles” para llenar los eventos naranjas; luego de haber visto a miles de personas alrededor del féretro del “chino”, es innegable que más de un tercio de peruanos le idolatraban; mientras, sectores de la izquierda celebran el deceso. Es decir, la polarización que vivimos ha agravado la enfermedad emocional que sufre cada ‘bando’. Por un lado, los “brutos y achorados” de la derecha han erigido al nipón como el mejor presidente del Perú; y por su parte, los “progresistas de izquierda” no hacen otra cosa que odiar mediante el insulto desmesurado.

El chino dejó un legado imborrable que se ha hegemonizado a través de una nueva sociología peruana, como autor de “La Cultura Combi” desde que reformó el sistema de transporte y abrió la importación de unidades vehiculares usadas, originando que las pistas del Perú se inundaran de “chatarras asesinas” para instaurar el terror. Los logros del fujimorato se basaron en el enfoque neoliberal que estabilizó la economía; y en el fin del terrorismo. Aunque los verdaderos héroes que cazaron a “Cachetón Guzmán” fueron los miembros del GEIN; sin embargo, el crédito se lo llevó un anodino general de nombre Vidal.

A Fujimori se le llama dictador por haber violado el orden democrático el 5 de abril de 1992 al disolver el Congreso e irrumpir con los tanques. Él transformó el país en una jungla de informalidad, donde primaron las prebendas para favorecer a los grupos empresariales y dejar en la calle a miles de desempleados que luego se sometieron a las ‘services’ y a los ‘contratos temporales’. Eso sin contar el nacimiento de la “prensa chicha” y la “propaganda” que era editada desde el propio Palacio de Gobierno. Alfonso Quiróz mencionó en su libro que el origen de la corrupción data de antaño, y es totalmente cierto. Sin embargo, nadie puede negar que con la llegada del fujimorato en los noventas se instauró la destrucción de las instituciones y la infame toma de los poderes del Estado. Entre tanto, ha reinado la informalidad laboral y el surgimiento de nuevos políticos que hoy nos avergüenzan por haber contribuido a esta degradación nacional, que por lo visto no tiene fin.  

(Columna publicada en el Diario Uno)

Por: Raúl Villavicencio H.

Manuel Escorza Torres, hijo de padre cajamarquino y madre huancavelicana, poeta, político, aprista, ex aprista, socialista, leonciopradino, sanmarquino, editor, novelista, reinvindicador del indigenismo, crítico de la realidad peruana, amante de un realismo mágico que supo impregnar en cada página de sus libros, confeso hombre de izquierda socialista, nació un 9 de setiembre de 1928 y murió trágicamente durante un accidente aéreo un 27 de noviembre de 1983.

Su pulso narrativo y conocimiento profuso de la realidad indígena le permitieron publicar cinco novelas que conforman su denominada ‘Guerra Silenciosa’; entre ellas Redoble por Rancas, Historia de Garabombo el Invisible, El Jinete Insomne, Cantar de Agapito Robles y finalmente La Tumba del Relámpago, obras que le valieron ser voceado en el año 1979 para el premio Nobel de Literatura, galardón que finalmente obtuviera el poeta griego Odysseus Elytis. A propósito de ello, tuvieron que pasar más de 30 años para que un leonciopradino como él, un tal Mario Vargas Llosa, finalmente le otorgue al Perú el primer y único (hasta el momento) Nobel de Literatura.

Scorza, neoindigenista, en Redoble por Rancas, obra escrita y reescrita desde 1968 hasta 1969, cuenta la historia de los campesinos de Rancas, en Cerro de Pasco, que se levantaron contra la empresa minera multinacional  Cerro de Pasco Corporation que pretendía quitarle parte de sus terrenos. Producto del conflicto entre los ranqueños y los policías salieron sin vida los líderes comunales Teófilo Huamán y Alfonso Rivera. Esa historia le impactó mucho al escritor, que no se quedó de brazos cruzados con semenjante injusticia.

Cuenta su hija Ana María Scorza que su padre recibió en su domicilio de Lima a un grupo de comuneros que habían viajado desde Rancas hacia la capital para contarle las atrocidades sufridas. El ya laureado poeta y escritor, no solo puso atención en la denuncia de los comuneros, sino que les ofreció su vivienda como lugar de descanso y refugio.

Aquella convivencia de casi una semana con los comuneros le valió años después al escritor elaborar un ensayo de todos los testimonios, informes y audios recopilados, sin embargo, viendo que en un ensayo no iba a plasmar toda la historia optó por convertirla en una novela. Gracias a Scorza, las injusticias contra la comunidad de Rancas fueron conocidas a nivel mundial.

Columna publicada en el Diario Uno.

Por Raúl Villavicencio.

Si ya cuesta bastante dirigirse a la Selva Central del Perú, por medio de la vertiginosa y traicionera Carretera Central, no existe punto de comparación con lo que hicieron hace más de 150 años un centenar de colonos austro alemanes, los cuales tuvieron que sortear esos obstáculos y muchos más para encontrar lo que ahora es conocida como la ciudad de Pozuzo.

Fue el barco guanero inglés Norton el encargado de llevar en sus maderos a más de 300 almas confiadas en las palabras del Padre Joeph Egg, el cual también se encontraba convencido de lo prometido por el Barón Cosme Damián Schütz von Holzhausen respecto a las riquezas que se podían encontrar en un país lejano llamado Perú.

Cerca de dos años atravesando en más de una ocasión a machetazo limpio desde la costa del Perú hasta las alturas de Ticlio y la espesura de la selva, los colonos tuvieron que padecer enfermedades, el frío intenso o la carencia de alimentos. No obstante, el sueño de un lugar que les permita empezar desde cero se imponía a la fatiga, los dolores o la desnutrición. Es así que el 25 de julio de 1859 llegaron con vida 170 austriacos y alemanes, iniciándose una nueva etapa de supervivencia.

Las promesas iniciales del presidente Ramón Castillas nunca se dieron, dejando a ese grupo de colonos provenientes de Tirol, Vorarlberg, Renania, Nassau y Hesse, prácticamente a su suerte cerca de cien años. No fue recién en su centenario que el gobierno peruano, por impulso de Austria y Alemania, empezó a mirar hacia el centro del país, firmando nuevos acuerdos para la buena convivencia.

No fue hasta el año 1975 que se construyera una carretera asfaltada que permita conectarlos con la costa, pero solamente hasta Oxapampa, la segunda ciudad formada por colonos. Las lluvias y los deslizamientos de tierra hasta la actualidad mantienen en ocasiones aislado a esa pequeña ciudad europea congelada en el tiempo.

El contraste con Lima es inmenso, valorándose que allá no se va a encontrar una ciudad caótica, compuesta de ruido y metales, de basurales o combis asesinas; sino todo lo contrario, ahí uno podrá respirar aire puro, caminar despreocupado o dejar sus pertenencias sin ese temor a que alguien las robe. Desconexión total para estas Fiestas Patrias.

(Columna publicada en el Diario Uno)

La literatura peruana está herida de muerte desde hace demasiado tiempo. Sus estertores, sin embargo, no cesan y no alcanzan a poner un fin digno a su agonía. La crítica nula que deja a millares de homúnculos con cabeza y creyendo que son cualquier cosa (que les facilite la demencia y la alcahuetería de sus amigos) excepto aficionados con suerte (mala en su mayoría) lleva buena parte de culpa en este trágico chascarrillo que implica ser escritor en el Perú.

Esta ausencia de criterio no solo se da en torno a los libros contemporáneos sino, también, a los supuestos clásicos que no se cuestionan de ninguna forma, sino que se aplauden por sus alcances mínimos sin compararlos jamás con otras obras notables coetáneas de otras latitudes.

En este sentido, las argollas tanto limeñas como provincianas repiten una y mil veces el mismo tipo de jugadas que falsamente “imponen” a sus adeptos en coyunturas despreciables en tanto que de estética, inteligencia, talento y osadía no queda absolutamente nada, ni siquiera una nómina de buenas intenciones.

Todo ello coadyuva a que nadie centre el valor real de los miles de libros que pululan en ferias y librerías de todo el país a tal extremo que entre los resentidos marginales en sus mínimos cenáculos miserables y los aparentemente favorecidos y prósperos, la literatura peruana se ha convertido en un crimen palpable como una cicatriz inmunda en el rostro más delicado, en una abyección insostenible aún ante los más réprobos delincuentes.

Tal es así que entre los pseudomoralistas en boga que proliferan, siempre, ignorantes (y medianamente aviesos con quienes no conocen y chupamedias complacientes de los que les hacen el mas mínimo favor) y quienes tienen acceso a medios tradicionales sin tener ninguna claridad, dignidad ni criterio, cada uno de ellos, en la medida de sus oficios e influencias, se aprovechan de los lectores sin brújula  que se someten a ver la literatura, de vez en cuando, desde cualquier feria del libro o desde un puesto de periódicos en cualquier parte con las clásicas ofertas adjuntas previo pago adicional.

En este desgraciado orden de cosas, la última colección de la Editorial Planeta presentada y promocionada por El Comercio lleva hasta el extremo varios de estos problemas y eso se debe a la inexistencia de rigor en el medio cultural, la nulidad tanto de la crítica libre como de la rígida y superflua de la “academia” y, desde luego, la falta de carácter y agudeza del escritor peruano promedio.

Claro está que a todo esto debe sumarse el abuso desmedido en contra de la población tal y como se ha caracterizado la presencia del falso decano de la prensa peruana durante toda su existencia. Veamos el motivo de esta enumeración de desgracias y juzgue cada uno la pertinencia y necesidad de lo expuesto.

Desde febrero se puso en circulación la colección Planeta Lector 2 y en medio de 13 obras de calidad sino incuestionable, por lo menos, sí, aceptada por medio mundo, se infiltraron un par de obras cuyo “mérito” ni siquiera viene al caso pues para cualquiera (con un mínimo de cultura) es obvio que no pueden figurar ni siquiera entre las obras más representativas del Perú, mucho menos, entre las supuestas “piezas clave en la literatura mundial” y “títulos fundamentales” que contiene la colección en cuestión como “Cumbres Borrascosas”, “La Divina Comedia”, “Don Quijote de la Mancha”, “La Vida es Sueño”, “Edipo Rey”, “Hamlet”, etc.

Me refiero a que en esta lista aparecen, sin ninguna posibilidad de justificación, “La Hora Final” de Carlos Paredes y “Estación Final” de Hugo Coya, dos libros dignos de pertenecer a una lista de volúmenes cuyos títulos incluyan la palabra “final”, pero nunca a una serie de literatura de primer orden a nivel mundial.

Esto solo puede pasar en Perú y es meritorio exponer que ante dicho exceso no cabe ninguna forma de tolerancia.

(Columna publicada en Diario UNO)