Por Rafael Romero

Desde la crítica periodística se hace una labor no solo informativa sino también una oportuna visibilización de los problemas que enfrentan los consumidores en el seno mismo de la tramitología del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

Para empezar, en el nombre del Indecopi no aparece la palabra “consumidor” ni el concepto “defensa del consumidor”. Casi al final de 1992, tiempo del nacimiento del Indecopi, se trató de enmendar ese error, o quizá olvido interesado en provecho de las corporaciones y proveedores privados, al crearse como apéndice solo un área ad hoc para atender los reclamos y quejas de los consumidores.

No obstante, más de tres décadas después, el armazón burocrático y la estructura de la tramitación de expedientes a la luz de la tantas veces modificada Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG), persisten las asimetrías y desventajas en provecho de la impunidad de la parte más fuerte en los conflictos contra los consumidores. Es decir, hay procedimientos sistémicos mal abordados como en el caso del conteo de los plazos para la ejecución de sanciones y de las medidas correctivas.

Por ejemplo, si una corporación es sancionada y obligada a atender al consumidor, dándosele el plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente de haber sido notificada, con la resolución de sanción, sucede que hecha la ley, hecha la trampa, pues cuando se trata de notificaciones del Indecopi dirigidas al correo electrónico de una gran empresa privada, el cómputo de las mismas no surtirá efecto al día siguiente de notificada, como normalmente debería de ser, sino que recién surtirá efecto a partir del día que conste que esa empresa recibió dicho email.

Esto es muy injusto porque el consumidor puede tener una resolución a su favor y siendo normalmente que los plazos empiezan a correr desde el día siguiente de haber sido notificado, lamentablemente para el caso de las grandes empresas que usan sus correos electrónicos para enviar o recibir escritos, podría pasar el tiempo y esa empresa sancionada se beneficiaría con la impunidad porque mientras no habrá su correo electrónico, el Indecopi no la dará por notificada; y si debía cumplir la firma sancionada las medidas correctivas en el plazo de 15 días hábiles, estos nunca se computarán hasta que, si y solo si, dicha empresa abra su email.

Al respecto, podría ser materia de estudio por la academia los actos administrativos subsiguientes al Exp. 0553-2022/CC2 y a la Resolución N° 2559-2024/SPC-INDECOPI, desde finales de setiembre del 2024 al 3 de diciembre del año en curso, esto en respeto de la transparencia y del interés público, porque no es lógico ni admisible que transcurran semanas o meses después de haber sido notificado un consumidor y el conteo de los plazos a la empresa sancionada, que debería correr desde el día siguiente de su notificación, no se cumpla simplemente porque para el Indecopi dicha firma o corporación solo habrá sido notificada cuando se verifique en el Sistema Integrado Resolutivo (SIR) que dicha firma o corporación ya brindó su acuse de recibo de la notificación electrónica.

Eso significa que, si su acuse de recibo lo hacía en enero del próximo año, entonces recién empezaría a computarse el plazo para que cumpla con las medidas correctivas a las que fue sancionada, perjudicando así, por el mero transcurso del tiempo, el legítimo interés del consumidor y causándole enormes daños porque justicia que tarda, no es justicia.

Esta es una seria y malévola distorsión del sistema administrativo en materia de notificaciones electrónicas; y el CC2 del Indecopi, sobre todo porque ya ha pasado un tiempo excesivo desde que la Sala Especializada en Protección del Consumidor del Tribunal del Indecopi se pronunció, y de esto hace más de dos meses y medio, debió ver la forma de fiscalizar a esas empresas que se mantienen calladitas y no dan acuse de recibo oportuno acerca de las resoluciones remitidas electrónicamente por el Indecopi.

Ahora bien, si el administrado no protesta o los medios de comunicación no informan al respecto, sencillamente esas empresas sancionadas se van de rositas. Por eso tiene que haber formas para que las áreas de fiscalización del Indecopi, sus secretarios técnicos, los miembros de las comisiones y salas sean más proactivos y no permitan que las firmas sancionadas se burlen o incumplan sus sanciones en el tiempo.

Además, las propias empresas sancionadas, por un deber de cumplimiento, por diligencia y por buenas prácticas tendrían que brindar al Indecopi el respectivo acuse de recibo en un plazo razonable y no hacer como que nunca abrieron su correo electrónico y dizque, por tanto, no estaban enteradas de las notificaciones electrónicas.

Lamentablemente, con esa lógica y con la falta de una debida fiscalización, esta clase de injusticias se multiplican a diario y esa tardanza permite o facilita que el sistema esté hecho para perjudicar al consumidor. De manera que, más temprano que tarde, tiene que hacerse las modificaciones y precisiones al Sistema Integrado Resolutivo (SIR), debiendo ser más puntual la fiscalización de los órganos del Indecopi respecto de su propia frase de clisé que usa en sus cédulas de notificación, que reza así: “La resolución adjunta surte efectos el día de su notificación y, en el caso de notificación dirigida a correo electrónico, el día que conste haber sido recibida”.

Es decir, si a la corporación sancionada no le da la gana de abrir su correo, entonces el Indecopi dejaría que pase el tiempo ad eternum perjudicando al consumidor, que ya perdió bastante en dos o tres años que duró su denuncia para que encima, a la hora que debe cumplirse con él, se deje pasar el tiempo, sencillamente porque a la sancionada no le dio la gana de abrir su correo.

Estamos en el país de la impunidad, y no lo digo yo, sino que recuerdo haberlo escuchado de boca del excontralor de la República, Nelson Shack. Así, pues, el diablo está en los detalles y esa forma de conteo de plazos de las notificaciones electrónicas es diabólica y perversa. Puestas las cosas de esta manera transparente, ¿qué dice usted, amable lector? ¿Confía en el Indecopi? ¿Le cree lo que dice o hace?

El profesor y escritor Freddy Quillay Alfonzo nos entrega este relato o nouvelle sobre una niña que está por nacer. Sus padres han hecho todas las cosas bien y en el amor que los envuelve y fortifica, encomendaron un vástago que, según todos sus pronósticos, nacería en navidad. Todo estaba previsto y planificado, pero la realidad es otra y en un país pobre -centralista-subdesarrollado, donde faltan los hospitales y los servicios básicos, todo puede cambiar de un momento a otro. El futuro es un albur. Y lo que debería ser la celebración de la vida podría ser todo lo contrario.

Quillay apela también al recurso profético, lo que debería cumplirse por designios es cambiado por una realidad de oprobio. Es decir, no hay nada de mayor felicidad que el nacimiento de un niño o niña. La celebración de la vida es hasta cierto punto ritual y mágica. Y aquí todo un pueblo conspira para salvar a la madre embarazada y a su niña. Incluso las comadronas o “las mujeres de la naturaleza que sabían más que la sabia ciencia” ponen un plan de acción para darle alcance a la ambulancia que viene desde la capital.

Y así todos van a su último destino. El auto que conducía a la embarazada se accidenta poco antes de encontrarse con sus salvadores. Mariela y Benji mueren en el acto. Solo un destello de vida en el vientre de Mariela permite a los médicos apresurar el parto y salvar a Flor, quien contra todo pronóstico nacerá horas previas a la navidad y el pueblo más que una fiesta, tiene que participar de un entierro, un duelo. Y Flor o la navidad pasará a un segundo plano.

Este relato, de alguna manera se emparenta con otros como Un cuento de Navidad, de Charles Dickens; Cartas de Papá Noel, de J.R.R. Tolkien o Un recuerdo navideño, de Truman Capote. Y aparte de sensibilizar a los lectores por las grandes carencias, también nos muestran el otro lado nada amable de lo que es celebrar cuando no hay nada o muy poco de qué alegrarse como el cuento La pequeña cerillera, de Hans Christian Andersen, que enciende palitos de fósforo para darse calor pero que a la vez le trae visiones amables ante un destino ignominioso e incierto.

Una Flor en Navidad es, pues, un reclamo y una llamada de atención. 

(Columna publicada en Diario UNO)

Por Tino Santander Joo

La pendejada y la corrupción son la identidad de los peruanos; nada se hace en el Perú sin pendejada y corrupción. La corrupción es el doctorado de la pendejada; la inmensa mayoría sabe que, sin pendejada, no obtienes nada, así que avanzas sin darte cuenta hacia la corrupción. Además, esos “valores” están tan normalizados que el ejemplo de la clase política y empresarial alimenta esta dinámica de pendejada y corrupción.

La clase política —léase los podridos— ve al Estado como un botín para enriquecerse. Los empresarios—mercantilistas—hacen negociados con el Estado sin importarles nada. En nombre de la inversión privada y la “libre competencia”, establecen oligopolios como el de los bancos y monopolios como el de las farmacias, y los escribas que tienen a sueldo los llaman «fallas del mercado». Compran con puestos y salarios a los funcionarios de los organismos reguladores, y los grupos de poder solo les interesa controlar el Ministerio de Economía y Finanzas para que defienda sus intereses; el Ministerio de Energía y Minas; el Ministerio de Transportes y Vivienda, para hacer negocios con los recursos naturales y con las necesidades de techo e infraestructura para los peruanos.

Sí, también hay corruptos y pendejos en el Ministerio de «Desarrollo e Inclusión Social», con los alimentos destinados a los niños, pero a ellos no les importa. Los cholos también son pendejos y corruptos. No tienen el pedigrí de los dueños de la concentración mediática ni del club de la construcción, pero están en la línea correcta para hacerse ricos, y si se blanquean, pueden ser aceptados en el club Regatas. El dinero blanquea, a pesar del racismo y el desprecio cultural hacia los cholos.

La pendejada y la corrupción nacen con el pacto implícito entre encomenderos y curacas en la colonia. Los primeros querían hacerse ricos y obtener títulos nobiliarios, mientras que los segundos necesitaban enriquecerse para restaurar los viejos reinos y señoríos del Tawantinsuyo. No querían el retorno del Inca, sino sus propios reinos. Ambos le robaban el quinto real a la corona española, por lo que se estableció en el virreinato el juicio de residencia.[1]

La pendejada se convirtió, para la inmensa mayoría, en un mecanismo de defensa frente a la oligarquía, los grupos de poder económico, las dictaduras y los gobiernos civiles. Los cholos del Perú sabían que eran excluidos y despreciados por sus clases dominantes, y se aliaron a ellas—pendejamente, y en algunos casos corruptamente—para ser reconocidos.

Así se construyeron escuelas, hospitales y carreteras. Así se hizo la reforma agraria con Velazco, y la contrarreforma en la década de los ochenta con la parcelación de las SAIS y las cooperativas. La pendejada y la corrupción brotaban de las empresas estatales y privadas, de la PNP, del poder judicial, del clero y su hipocresía, de las universidades, de los bancos, de los hospitales. Nos empezamos a ahogar por pendejos y corruptos. Lo importante era sacar ventaja pendejamente en cualquier circunstancia de la vida.

Por otro lado, marchan los cojudos, los que intentan actuar correctamente; son los que están en el Perú sin estar en él. Aquellos que miran silenciosamente la degradación del país, los que trabajan y estudian desde las 5 a.m. Son esos peruanos que ven en los mineros informales, en los millones de familias acosadas por los bancos, en los agricultores abandonados, en los sin agua y desagüe; en los millones que sufrimos la precariedad de la salud y la educación, y en el pueblo trabajador y emprendedor, la fuerza de una revolución social que arrase con los pendejos y corruptos.

Esta es la realidad de un país donde la ética y la moral se han convertido en conceptos obsoletos. Los medios de comunicación limeños no son más que voceros de la corrupción. Manipulan la información, desinforman al pueblo, pintando como héroes a aquellos que en realidad son villanos. Nada detendrá esa fuerza vital de la inmensa mayoría, ni la farsa electoral de 50 partidos y 15,000 candidatos al Congreso que busca perpetuar este sistema podrido. La ira del pueblo es incontenible y será bienvenida por todos los cojudos.

[1] Cfr. Valle Riestra, Javier La responsabilidad constitucional del jefe de Estado. Lima. Editorial San Marcos. Centro de Investigaciones Judiciales “Manuel Augusto Olaechea” Corte Superior de Justicia de Ica.

Una de las practicas más antiguas del ser humano consiste en ejercer dominio y control absoluto sobre otros. La esclavitud surgió en la Edad Antigua y lo único que se requería era un dominante y un sometido para tomar posesión sobre él y convertirlo en una mera ‘propiedad’, y cuyos fines más habituales era la servidumbre forzosa. El esclavo era un “patrimonio mueble” obligado a trabajar de Sol a Sol, y también era utilizado para otros fines, como la recreación sexual y la cacería furtiva. Es una conducta típica de los tiranos y opresores.

Entre tanto, ¿Todavía existe la esclavitud? Precisamente, el 2 de diciembre de 1949, se aprobó en la Asamblea General de ONU el “Dia Internacional para la Abolición de la Esclavitud”. Esta fecha nos invita a reflexionar y a preguntarnos, ¿cómo es posible que, tras más de dos mil años, aún perdure esta práctica? que ostenta alarmantes índices en el mundo, en una escala de más de 50 millones de esclavos modernos y casi 30 millones en trabajos forzados, así como matrimonios forzosos. Esta cruda realidad pasa desapercibida, porque desde el punto de vista geopolítico también estamos hablando de una “economía”. Es decir, la esclavitud moderna forma parte de una de las más cotidianas economías ilegales.

En Perú, luego de la diáspora de extranjeros se instauraron más mafias de ‘trata’ que explotan sexualmente a mujeres adolescentes, muchas veces sin opción a la justicia. Asimismo, en plena coyuntura de iniciativas legislativas que buscan formalizar a mineros informales y artesanales, nadie se atreve a poner ‘sobre el tapete’ la explotación de niños que trabajan muchas horas bajo el yugo de mineros ilegales. ¿Las razones? Tiene que ver con grandes intereses económicos que obedecen a oscuras alianzas entre políticos y malos empresarios, con el fin de obtener una gran “puerta giratoria” que oficializa estas ilícitas economías en nuestro país.

A pesar de los datos históricos que nos hablan de múltiples aboliciones a lo largo de todo el planeta, aún subsiste la esclavitud moderna que alcanza niveles laborales, sociales, e incluso familiares. Mientras, algunas ONG de derechos humanos, apenas se han dado el menester de presentar trabajos metodológicos con datos estadísticos, y que en el mundo real únicamente han protegido a hordas de esclavizadores.  

(Columna publicada en Diario UNO)

La reciente exposición dedicada a Alejandro Romualdo en la Casa de la Literatura Peruana pretende rendir homenaje a uno de los poetas más significativos de la generación del 50. Sin embargo, el resultado final dista mucho de estar a la altura del legado de este autor cuya obra siempre estuvo impregnada de intensidad, crítica social y compromiso político.

La muestra no dialoga con los poemas que alguna vez ardieron con el fuego de la pasión y la denuncia. En este sentido, la muestra falla en su propósito de transmitir el espíritu transformador de Romualdo y, en su lugar, ofrece una interpretación deslucida. La exposición carece de creatividad y de una buena curaduría. La riqueza del material gráfico y de la documentación, solo esta desparramada entre paredes y sobre una paupérrima instalación de madera, objeto que termina infectando el espacio y matando la poesía.

¿Por qué el maltrato al autor de “Canto Coral a Tupac Amaru”? ¿por qué extinguir el fuego de la poesía de Romualdo? ¿por qué intentar silenciar el grito de libertad en sus poemas? Son solo algunas preguntas que uno se hace recorriendo una sombría exposición que de manera soterrada esconde lo mejor de Alejandro Romualdo: lo social y lo político.

El desprecio por las posibilidades tecnológicas de la actualidad es particularmente notable. Mientras otros espacios culturales aprovechan recursos como proyecciones interactivas o herramientas de realidad virtual para atraer a nuevas audiencias, esta exposición parece anclada en el pasado. No solo no innova, sino que ni siquiera intenta conectar con los jóvenes estudiantes, quienes podrían haber encontrado en la poesía de Romualdo una fuente de inspiración.

Lo más preocupante, es el modo en que la Caslit ha decidido mutilar los elementos sociales y políticos que son el núcleo de la obra de Romualdo. La exposición, en lugar de destacar al poeta que enfrentó las injusticias con una pluma poderosa, lo presenta casi como una figura anecdótica. Reducirlo a oficios de caricaturista y diseñador gráfico, diluye su importancia como intelectual comprometido.

En definitiva, esta exposición no solo subestima el legado de Alejandro Romualdo, sino también la capacidad del público para enfrentarse a una propuesta desafiante e inspiradora. “Al tercer día de los sufrimientos, cuando se crea todo consumado, gritando ¡LIBERTAD! sobre la tierra, ha de volver. ¡Y no podrán matarlo!”.

(Columna publicada en Diario UNO)

Por Rafael Romero

Llegó diciembre y hacemos un balance de la gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería del Perú), que se supone sigue constitucionalmente la política exterior formulada por la inquilina de Palacio de Gobierno, Dina Boluarte.

Parte de la conducción ministerial del año que termina fue concretada por Javier González-Olaechea (JGO) y -tras su abrupta salida del cargo- la otra parte la viene desempeñando su reemplazo Elmer Schialer. Este cambio se precipitó por tensiones internas y discrepancias frente a las elecciones en Venezuela y el “triunfo” de Nicolás maduro.

Las declaraciones de JGO sobre “el fraude” perpetrado por el chavismo causaron desencuentros en el seno del gobierno de Boluarte y esta le pidió su dimisión. Su sucesor, Elmer Schialer, de inmediato cambió de tono cuando dijo que “los problemas de Venezuela deben ser resueltos por los venezolanos”.

No olvidemos que, en agosto, JGO confrontó a 11 países que en el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se abstuvieron de votar sobre una resolución que exigía a Maduro publicar las actas de las elecciones presidenciales. Allí, el entonces canciller JGO criticó las abstenciones y censuró a las representaciones ausentes por no participar ni siquiera de manera virtual.

Pero antes de agosto, respecto de otro hecho diplomático bochornoso, el excanciller Miguel Rodríguez Mackey en su artículo publicado en EXPRESO el 23 de junio, titulado “Canciller: cero en diplomacia y desubicado” (https://www.expreso.com.pe/opinion/canciller-cero-en-diplomacia-y-desubicado/) dijo textualmente:

“En un acto que avergüenza a la diplomacia peruana, el actual ministro de Relaciones Exteriores, Javier González-Olaechea, ha cometido el mayor desatino y desaire diplomáticos que se pueda uno imaginar: asistir al acto oficial más esperado en la historia de la relación bilateral de nuestro país y Canadá, desarrollado en la residencia del excelentísimo señor embajador de ese país acreditado ante el Gobierno del Perú, y lanzar una impertinente increpación –porque se hizo lo que NUNCA: en la propia sede diplomática– por la indiscutible injerencia de Canadá y otras 15 embajadas en asuntos de creación de una ley en el Congreso de la República relativa a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), respecto de los fondos que reciben las ONG que, como referí en mi columna de ayer, hasta ahora nadie las cuadra como corresponde. En efecto, pues como lo hizo el canciller es exactamente lo que no corresponde, abriendo heridas –no voy a decir incurables–, pero que podrían demorar en sanar.”

Y en el siguiente párrafo, Rodríguez Mackey, señaló:

“Apenas publicado el comunicado de las 16 embajadas, dije que el ministro debía convocar a cada uno de los jefes de Misión a la Cancillería, que es lo que corresponde, conforme las reglas, usos y costumbres en diplomacia. Era el lugar correcto y no una magna celebración por los 80 años de la fructífera relación bilateral peruano-canadiense. De hecho, ha sido un portazo totalmente descortés y peor aún, hecho con premeditación –otra vez preocupado en querer llamar la atención a cualquier precio, sin importar las consecuencias de su acto para la imagen de nuestra diplomacia–, mientras el embajador canadiense yacía todo el tiempo preocupado en atenderlo, pues “Es costumbre que en sus recepciones los anfitriones y personal de la embajada reciban a los invitados a su llegada y en caso concurra un jefe de Estado o el Ministro de Relaciones, el embajador y su señora, los acompañarán al interior”.

De este modo, lo sostenido por el excanciller Rodríguez Mackey revela el difícil trance por el que atraviesa el Ministerio de Relaciones Exteriores. Así, tan pronto acabó el Foro APEC, se le acabaron la brisa fresca y las buenas olas a Schialer, porque en la práctica dentro de la Cancillería existe otra realidad, donde no se toma mucho en cuenta la integridad, la idoneidad ni la ética pública, asuntos que no son accesorios ni cosméticos a la luz de las buenas prácticas institucionales que Perú debe cumplir para integrarse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

En ese sentido, para nadie es un secreto que hay un grupo de poder e influencia que regenta la Cancillería y que los ministros solo son aves de paso, y así se viene arrastrando casos sin resolución, generando mala atmósfera en Torre Tagle, como el complot probado contra el entonces embajador Fortunato Quedada en Israel; la conspiración en pleno reinado del Lagarto Vizcarra contra el expresidente Alan García con el objetivo de bloquear su asilo político en Uruguay; el caso administrativo laboral del servidor Hugo Sotomayor; y se suma explicar el porqué de la Resolución Suprema N° 151-2024-RE, del 10 de setiembre del 2024, que determinó el retorno del embajador del Perú en Egipto, José Betancourt Rivera, asunto respecto del cual estamos coordinando con él a fin de recibir su versión, pues hacerlo sería valiente, esclarecedor y funcionalmente constructivo para la diplomacia peruana, sobre todo frente a la posición del gobierno egipcio.

Lamentablemente a esto se suma, como regalo navideño o como la cereza sobre el chantilly, el nombramiento de David Eduardo Gómez Boluarte, hijo de la presidenta Dina Boluarte, realizado desde el despacho de Elmer Schialer en un puesto de las Naciones Unidas, con sede en Nueva York.

Sobre el particular, los oficialistas o relajados de la administración pública podrán decir que la designación de Gómez Boluarte es legal (pero en realidad no representa al principio de integridad); podrán decir que es una decisión normal (pero en realidad no representa a la ética pública); y podrán decir que es funcional (pero en realidad no es moral).

Esta sumatoria de casos polémicos, sin resolver ni explicar debidamente, ensombrecen la función de la Cancillería en este 2024 porque ¿cuál es la mano que mece la cuna en Torre Tagle? ¿Quién es el que solo corta el salame o quién es dueño del horno donde se quema lo que una cofradía escoge?

En todos los casos líneas arriba citados, ¿hubo hechos públicos reprochables? Y si los hubo, ¿los órganos de control y fiscalización de la Cancillería y del Ejecutivo actuaron en consecuencia o no? Para algunos problemas, ¿acaso la Cancillería aplica el bisturí y para otros solo pone paños fríos de impunidad?

En suma, frente a todos estos hechos, de cero a 20, ¿cuál es la nota que le pondría el amable lector a la Cancillería del Perú para este año que culmina?

Por Edison Mamani

El viernes 29 de noviembre, el Pleno del Congreso aprobó la ampliación del REINFO, con algunas “reglas claras”, conforme lo habíamos señalado anteriormente en nuestra proyección. Hubo consenso en el plazo, cambio de competencias, pero un allanamiento sobre la trazabilidad. Tarde o temprano se aprobaría la ampliación, pero el factor Salhuana logró que se aprobara este viernes. En la izquierda jugó un papel muy importante Guido Bellido, según los propios mineros informales, mientras que en la derecha hizo lo suyo Arturo Alegría.

El punto de quiebre fue el comunicado de Fuerza Popular y la pésima presentación del exministro Rómulo Mucho en el pleno, porque no había ninguna bancada que lo respaldara, incluso el vocero de Alianza para el Progreso, principal bancada oficialista, pidió su salida, al igual que la mayoría de las bancadas. Luego de ello, se presentaron dos mociones de censura. Todos estos gestos políticos fueron suficientes para afirmar que el escenario político en el Congreso ya estaba claro desde hace más de una semana, sin embargo, el Gobierno y una parte de la derecha y el sector empresarial, no lo querían ver. ¿Cuáles fueron las razones de los otorongos? Primero, la contundencia de la marcha de los mineros informales, incluso más que la de los transportistas informales, a pesar que estos últimos tuvieron el apoyo de los medios de comunicación, que se olvidaron por un más de meses que eran informales. Segundo, la tardía presentación del proyecto de la Ley MAPE, faltando un par de semanas para culminar la legislatura y un poco más de un mes para vencer el plazo del REINFO, y que no aportaba ninguna solución a la formalización que convenza a todos los sectores involucrados, siendo interpretado esto por los congresistas como una forma de echarles la culpa de la problemática. Tercero, la falta de liderazgo (político no técnico) del exministro Rómulo Mucho para buscar consensos entre la pequeña minería artesanal y la gran minería. Algunos opinólogos le echan flores al exministro, pero quieren ocultar que le faltó capacidad política para sentar en una mesa a todos los actores y tomar grandes decisiones como el cambio de competencias. Lo anecdótico fue que al final lo que se aprobó fue casi una pequeña Ley MAPE, pero sin el exministro.

Antes de las protestas y del mal accionar de Rómulo Mucho, no había los votos para ampliar. Luego de ello, la primera interpretación es que había un incipiente consenso en la ampliación del REINFO (porque así lo habían anunciado públicamente la mayoría de las bancadas), pero no en el detalle de las «reglas claras» adicionales. Esto entrampaba la situación. El temor de la derecha y el centro es que luego de la ampliación «sin reglas claras adecuadas”, no haya incentivos para la aprobación posterior de la Ley MAPE, y que todo quede simplemente en ampliación, como anteriormente. Fuerza Popular había señalado que no estaba de acuerdo con los cambios en el predictamen que se estaba debatiendo en la Comisión de Energía y Minas (por ejemplo, que no sea necesario los permisos para el uso de los explosivos). Recordar que en la sesión de la comisión del martes 26, Arturo Alegría, vocero de Fuerza Popular, luego de haber censurado a Rómulo Mucho, «exigió», no queda claro si solo para las cámaras, votar la ampliación, pero no fue escuchado. El asunto estaba en que esas «reglas claras» no se conviertan en una «Ley MAPE», porque ahora no hay consenso para ver todos los temas de fondo. El presidente de la comisión no estaba a la altura de las circunstancias porque no tenía los reflejos políticos de Salhuana, para conseguir un texto. Fue así que el jueves 28, Somos Perú, presentó su cuestión previa para mejorar el texto, porque no estaban de acuerdo con el borrador del presidente de la comisión, teniendo como base la ampliación, y adicionar unas «reglas claras»: querían una “pequeña Ley MAPE”. Esto fue tomado equivocadamente como una victoria para la derecha. Sin embargo, en la noche de ese mismo jueves, Salhuana convocó a los voceros y miembros de la comisión y les invocó a dar una respuesta a la ciudadanía. De esta forma, el viernes 29 al mediodía, el presidente de la comisión, convocó a sesión, con un texto consensuado, pero por obra y gracia de Salhuana. En dicha sesión, Fuerza Popular, logró incluir un artículo sobre la trazabilidad. Finalmente, en la noche, el pleno aprobó el texto de la comisión, sin ningún cambio, porque ya estaba acordado.

Ahora bien, lo anterior es una interpretación desde la óptica de los promotores de la ampliación, pero desde la postura de los que nunca estuvieron de acuerdo con dicha ampliación, había otra tesis, que también puede ser válida, y que era que esas «reglas claras» que acompañen a la ampliación solo eran «pretextos» para no ampliar nada ahora ni nunca, pero con esta estrategia solo se podía jugar por unas semanas más, porque el plazo se acercaba. Es decir, buscaban que los mineros informales se cansen y ya no protesten, valorando que antes de las manifestaciones no había votos para la ampliación. La otra opción era aprobar la Ley MAPE antes de fin de año. Sin embargo, ambos escenarios eran muy improbables. Al contrario, el escenario más previsible mientras pasaba el tiempo es que haya un bloqueo de carreteras a nivel nacional o pérdidas humanas que lamentar. Es posible que el capítulo del jueves 28 en la comisión haya sido influenciado por el CADE 2024. Patricia Juárez, de Fuerza Popular, estuvo en este foro empresarial. Arturo Alegría, el vocero, no estuvo en la sesión de la comisión, pero sí estuvo en la sesión del martes 26: ese jueves, Nilza Chacón, se limitó a leer lo que le escribieron. En política no hay coincidencias. Sin embargo, Salhuana, en la noche de ese jueves 28, estropeó este capítulo para los que nunca estuvieron de acuerdo con la ampliación.

En resumen, en cualquiera de las dos interpretaciones (porque a los congresistas hay que analizarlos no solo por lo que dicen sino por lo que no dicen), lo más probable era que se aprobaría la ampliación del REINFO antes de culminar la legislatura y/o el presente año, con o sin «reglas claras», porque aprobar este año una Ley MAPE, era muy difícil. Se estaba jugando a la presión, de ambos lados (porque las protestas ejercen presión, pero también los medios de comunicación y el sector empresarial). La legislatura concluye el 15 de diciembre. Salhuana es el presidente del Congreso, que indirectamente apoya a los mineros informales. Tarde o temprano tenía que hacer lo suyo.

Finalmente, un tema adicional. Algo que ha pasado desapercibido fue el predictamen aprobado en la Comisión de Pueblos Andinos el jueves 28, y que, según palabras de Ruth Luque, fue un proyecto de Salhuana vinculado al REINFO, exclusivo para Madre de Dios, que dañaba el medio ambiente. Esta última fue la razón principal por la que el sector progresista que estuvo hiperactivo con las protestas de los transportistas informales sobre la inseguridad ciudadana, ahora haya estado totalmente ausente en el debate de la Comisión de Energía y Minas, respecto a la marcha de los mineros informales. El debate solo fue entre la izquierda y la derecha, y el centro a veces se amanecía con el pie izquierdo, y a veces con el pie derecho. Roberto Sánchez, en la comisión, parecía más de izquierda y menos progresista de izquierda.

Por Jorge Paredes Terry

Con algarabía y júbilo, celebramos la ampliación del proceso de formalización minera por 6 meses, prorrogables por otros 6 meses más. Este logro es un respiro vital para los miles de mineros artesanales que tenían sobre sus cabezas la espada de Damocles, ya que el 31 de diciembre de este año se cumplía el plazo y corrían el riesgo de ser considerados ilegales, situación que podría haber causado un enfrentamiento total y posiblemente violento por la propiedad de las minas en explotación.

Para algunos compañeros este no es un triunfo total, es solo un respiro para los Mineros Artesanales, pero la sola ampliación del REINFO es ya un triunfo significativo. Los mineros artesanales, que representan una parte crucial de la economía peruana, ahora tienen más tiempo para formalizarse y asegurar su subsistencia. Este logro no solo evita la criminalización de su trabajo, sino que también les brinda la oportunidad de seguir contribuyendo al desarrollo del país de manera legal y segura, tal como lo estuvieron haciendo a lo largo de estos años, testigos de esta situación son las miles de familias que hoy pueden desarrollarse y educar a sus hijos con decencia y dignidad.

Pero yo voy mas allá , yo creo sinceramente que es un triunfo total, digo esto ya que según el calendario propuesto, luego del año 2025, fecha en la cual se culmina el plazo, se viene la campaña electoral. Ningún partido político querrá enfrentarse a las miles de bases mineras del Perú, lo que asegura que la formalización minera seguirá siendo una prioridad en la agenda política. Este es un triunfo histórico que demuestra el poder de la movilización y la unidad de los mineros artesanales, su sacrificio queridos hermanos, no ha sido en vano

Pero qué proponemos para el futuro, ahi está la cuestión de fondo, creo que el desafío es proponer, socializar y aprobar una verdadera ley de formalización que nazca de las entrañas del Perú profundo, de las mismas bases mineras y no de un gabinete de tecnócratas dirigidos por la gran oligarquía limeña. Es fundamental que esta ley refleje las necesidades y realidades de los mineros artesanales, asegurando su inclusión y desarrollo sostenible.

Hermanos, los escuché gritar un lema a voz en cuello que marcará un antes y un después en los procesos de reivindicación nacional, » SIN LUCHAS, NO HAY VICTORIAS» pues su lucha les dio esta gran victoria, ustedes han demostrado con su sacrificio que la voz de los mineros jamás podrá ser ignorada. Su lucha y perseverancia han llevado a este logro, y es crucial que continúen participando activamente en la creación de políticas que los afecten, no dejen de cuestionar, no bajen la cabeza, no se confien. La formalización minera no debe ser solo un proceso burocrático, sino una herramienta para mejorar las condiciones de vida y trabajo de miles de peruanos, transmitan a sus hijos y nietos que solo luchando se puede conseguir los grandes triunfos.

Compañeros y compañeras.

La ampliación del proceso de formalización minera es un triunfo histórico para ustedes. Este logro brinda un respiro vital y asegura que la formalización siga siendo una prioridad en la agenda política. Ahora, es el momento de trabajar juntos para proponer y aprobar una ley de formalización que refleje las verdaderas necesidades de los mineros artesanales y asegure su desarrollo sostenible.

¡Celebremos este triunfo y sigamos luchando por un futuro mejor para todos los mineros artesanales del Perú!