Este lunes 21 de abril de 2025, en horas de la noche, el recluso extranjero John Kennedy Javier Sebastián se fugó como ‘Pedro en su casa’ del penal de Lurigancho, tras escalar el alto muro de la fachada del reclusorio, burlando al personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y de la Policía Nacional del Perú, mientras los vecinos sanjuanluriganchinos grababan asustados con sus celulares la insólita escena.

Los que hemos visto algunas películas de temática carcelaria, entre ellas, Fuga de Alcatraz, El Gran Escape, Papillon, Fuga de Absolom, La Roca, entre otras, pudimos vislumbrar que las cárceles no son cien por ciento seguras y que los antihéroes se convierten en héroes. Sin embargo, la realidad siempre superará a la ficción y es más cruda de lo que podemos imaginarnos. No obstante, en Estados Unidos, en algún momento clausuraban las cárceles que habían sufrido fugas importantes. Como es el caso de Alcatraz en 1963, la prisión de West Virginia en 1995, y el Mecklenburg Correctional Center, también en Virginia, en 2012.

Así las cosas, en Perú, parece que cuando un centro penitenciario es protagonista de una escandalosa fuga, más bien adquiere mayor prestigio y se incentiva su funcionamiento. ¿Acaso cerraron el penal Miguel Castro Castro luego de la fuga de 48 terroristas del MRTA? Aquel 9 de julio de 1990, Víctor Polay (camarada Rolando) y sus secuaces escaparon por un túnel de 250 metros y como decía Martínez Morisini: —Aquí no pasa nada—una prueba de ello, es la vigencia de este centro penitenciario que aún continúa funcionando en Canto Grande; pese a que, en mayo del 2023, el condenado Romario Robin Correa Sarria, durante el relevo de turno también se escapó de este penal, supuestamente de “máxima seguridad”. ​

Lo mismo sucedió un mes antes en el Penal de Puerto Maldonado en Madre de Dios, en el cual tres reclusos que fueron sentenciados por violación sexual a menores de edad se escaparon por un torreón sin vigilancia policial. Y así sucesivamente, otro violador sexual Roberto Ancco Checa, en febrero del año pasado en el Penal de Socabaya en Arequipa, casi escapa, al intentar llegar al muro exterior; sin embargo, felizmente quedó atrapado en la concertina (alambre de púas). Asimismo, apenas hace 4 meses en el Penal de Piura, otro sentenciado a 20 años de cárcel por robo agravado se valió del habitual relevo de policías y saltó por el pabellón en pleno cambio de turno.

“El INPE parece nuevo”

Como es habitual, luego de producirse una escandalosa fuga, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), se ‘pone las pilas’, se vuelve diligente y anuncia medidas disciplinarias. Esta vez rodó la cabeza del director del penal de Lurigancho y acaba de ser destituido, como para ‘calmar las aguas’. Incluso, se ha relevado al personal de custodia que fue testigo del grave incidente; es decir, se los habría reasignado a otra cárcel-coladera. También se han suspendido las visitas familiares, se viene coordinando con la Policía Nacional la recaptura del prófugo, y quizá se le incluya en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior. Y como ‘cereza del pastel’, que pretende ‘taparle la boca’ a la opinión pública, ya iniciaron una exhaustiva investigación para determinar las probables complicidades producidas internamente.

La crisis penitenciaria en nuestro país se ha convertido en un cáncer, y en especial el penal de Lurigancho, por cierto, el más grande del país con más de 20 pabellones y que alberga a casi 10 mil internos, pese a que fue inaugurado hace 51 años, para una capacidad original de 3,200 convictos. En otros términos, “Luri” tiene una superpoblación de 190%, algo indecible que solo ocurre en Perú.

Asimismo, este establecimiento ya debería ser clausurado y trasladado a otro lugar, no solo por el tremendo hacinamiento que enfrenta; sino, porque la urbe colindante, prácticamente ya se ‘comió’ el terreno del penal. Por ejemplo, urbanizaciones como Villa Huanta, albergan a numerosas familias que han convertido ese rincón en una creciente zona residencial.   

En suma, el sistema penitenciario en el país, es fallido, insuficiente y corrupto. Prácticamente, se ha convertido en un ecosistema que mantiene e impulsa ‘resorts de confort’, como una especie de ‘escuelas del crimen’ que subsisten gracias a las coimas y a la negligencia reinante, que hace oídos sordos ante la recurrente “desactivación de los protocolos de seguridad”. 

¿Qué daño ha cometido el Perú que tiene gobernantes indolentes? ¿Acaso es imposible que en nuestro país se construya un CECOT como en El Salvador?

Varios gobiernos desde hace décadas prometieron construir nuevos penales con mejores infraestructuras y con sustanciales reformas carcelarias; sin embargo, hasta el día de hoy se quedaron en promesas y “quienes ganan son los preciosos, que con toda su batería emprenden una pichanga, mientras se ven chalequeados por la propia PNP”.

A plena luz del día un presunto sicario acabó con la vida del fiscalizador de la municipalidad de San Juan de Lurigancho (SJL), Rubén Alfonso Guillén (52), desatando el pánico entre los presentes.

De acuerdo a las cámaras de vigilancia, el asesino se aproximó a la víctima por detrás, disparándole en su cabeza para posteriormente escapar hacia la vía contraría de la cuadra 3 de la avenida Los Postes. Testigos del hecho indicaron que una moto lineal lo venía esperando, la misma con la que se dio a la fuga con dirección hacia la avenida Las Flores.

En la escena del crimen se encontraron dos casquillos, aunque los testigos afirman que el delincuente llegó a realizar más de cinco disparos.

“El señor sale por una llamada telefónica y, en esa llamada, pasa un sujeto y le dispara por la cabeza y se da vuelta. Y dicen que por allá lo esperaba una moto”, manifestó una mujer.

Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen, pero no se descarta que se trate de un ajuste de cuentas. El hecho se produce en medio del estado de emergencia decretado en Lima y Callao por el incremento de la violencia.

Desde la Municipalidad de SJL lamentaron el fallecimiento de uno de sus fiscalizadores, exigiendo una “profunda investigación” para dar con la captura de los responsables.

Sede maldita. La sede de Los Olivos de la Universidad César Vallejo (UCV) desde hace unos meses se viene convirtiendo en un lugar donde los jóvenes encuentran trágicamente la muerte. Este último domingo, un joven de iniciales R. A. I. I., de nacionalidad venezolana, perdió la vida tras lanzarse del octavo piso de uno de los edificios del campus.

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron hasta esa casa de estudios para iniciar las primeras diligencias; minutos después, representantes del Ministerio Público fueron realizando las primeras pesquisas.

En las redes sociales se viene difundiendo un video donde aparece un joven anunciando que tomaría medidas radicales, presuntamente indicando que tomaría la peor de las decisiones, aunque ello aún se encuentra bajo investigación. Al respecto la UCV hizo un llamado para “evitar la difusión de información confirmada” hasta que se corrobore la autenticidad del video.

«Agradecemos la comprensión y el respeto de la opinión pública frente al dolor de la familia y de quienes compartieron vivencias con nuestro estudiante. Pedimos evitar la difusión de información no confirmada (…) Esta noticia nos conmueve profundamente y nos compromete aún más a seguir construyendo un entorno cada vez más humano y solidario», finalizan en su comunicado.

Joven falleció en enero en la misma sede

Cabe recordar que el pasado 6 de enero un estudiante de 22 años también falleció tras caer desde el piso 12 del mismo campus universitario. En ese entonces, la Policía Nacional reportó que el cuerpo fue encontrado en el área exterior del edificio, tras una caída desde gran altura. Aunque se iniciaron investigaciones, las causas del hecho aún no han sido esclarecidas públicamente.

Aquel episodio también fue atendido por la Fiscalía y peritos en criminalística, que recogieron evidencia para determinar si se trató de un accidente, un suicidio o si existió algún tipo de responsabilidad adicional. A la fecha, no se ha difundido un informe oficial con las conclusiones de ese caso.

Escándalo en la Policía Nacional del Perú. El analista de datos, Juan Carbajal, presentó un informe basado en la información de la Central Única de Denuncias, que revela una preocupante cifra que tiene que ver con el desempeño de los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) durante sus deberes y jornadas laborales. Solo entre enero y marzo de este 2025, se registraron más de mil denuncias por conductas indebidas y otras acciones contra personal policial.

Mediante su red social, Juan Carbajal, reportó las alarmantes cifras que lanzó la Central Única de Denuncias del Ministerio del Interior, las cuales reflejan la crisis de valores que enfrenta la institución policial, y que la ubica como una de las entidades con más crisis institucional, entre las que existen dentro del Estado peruano, ya que se han registrado, en solo estos tres primeros meses del presente año (de enero al 31 de marzo), 1,121 denuncias y quejas por conductas indebidas.

Esta cifra es superior a las 671 y 976 registradas en los años 2023 y 2024, respectivamente, en el mismo período. Las quejas y conductas indebidas que presentan más denuncias tienen que ver con negligencia en el ejercicio de sus funciones (407), abuso de autoridad en el ejercicio de sus funciones (288), realizar actividades ajenas al servicio que menoscaban la imagen institucional (93).

Asimismo, otras de las denuncias sobre atenciones indebidas u omisiones dentro de las fuerzas de policiales que contravienen con sus deberes funcionales y las normas vigentes se encuentran las siguientes:

Actuar con negligencia en a atención y tramitación de denuncias por violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar (53).

Negarse a recibir denuncia o no registrarla en el sistema de denuncias respectivo (87).

Atender al público en forma displicente o dirigirse a las personas con términos vejatorios o irrespetuosos o gestos inadecuados (36).

Conductas indebidas del personal del Sector Interior (26).

No prestar auxilio a cualquier persona cuando esta así lo requiera (23).

Hacer uso de la fuerza en forma innecesaria o desproporcionada o maltratar a los intervenidos (18).

Abuso de autoridad (5) y presentarse o consumir drogas o bebidas alcohólicas o fumar durante el ejercicio policial (5).

Denuncias por ausentismo laboral de policías

Además de estas conductas, se han registrado denuncias menos frecuentes, pero de gran gravedad como favorecer a amigos o compañeros, haciendo uso de su cargo (4), demora o retraso en la tramitación de documentos (3), actuar con negligencia en atención y tramitación de denuncias en la PNP por persona desaparecida (2), ausentismo laboral (2).

Los ciudadanos también denuncian que los policías habrían tenido actos de discriminación por razón de origen, raza, idioma, religión, género, preferencia sexual o de cualquier otra índole, hostigamiento sexual u omitir información o consignar información falsa, inexacta, tardía o incompleta en la tramitación de los documentos.

Desafortunadamente, la Central Única de Denuncias del Ministerio del Interior pone en manifiesto que la región donde se evidencian más denuncias por conductas indebidas de la PNP es Lima Metropolitana, con 697 casos. Le sigue la provincia constitucional del Callao con 57 denuncias, Lima con 40, Piura con 34 casos, y Cusco con 25.

¡En Perú el mundo está al revés! y en lugar de ajusticiar a los criminales, se encierra a los efectivos del orden. La Corte Superior de Justicia de Lambayeque condenó a 10 años de prisión efectiva por el delito de ‘homicidio simple’ al suboficial PNP Gilmer Torres Bello, tras abatir a un delincuente armado que le robó sus pertenencias y que luego intentó robarle su auto en Chiclayo. Asimismo, al policía se le impuso una reparación civil de S/ 5,000.

El 7 de mayo de 2022, Torres Bello, trabajaba en la Unidad de Emergencia en la ciudad norteña, y mientras prestaba servicio de taxi en su día de descanso, un grupo de cinco menores lo detuvo como servicio para un traslado hasta la urbanización Las Palmas en Chiclayo. Y al llegar al destino, los delincuentes tras amenazarlo con armas de fuego y un arma blanca, le robaron dinero, el celular y las llaves del auto. Mientras uno de ellos intentó huir con el vehículo del suboficial Torres Bello, él inmediatamente reaccionó para impedirlo.

Mientras pretendía escaparse, el criminal adolescente identificado como Leonel E.M.R. disparó contra el policía, y en ‘legítima defensa’ éste respondió con su arma de fuego, lo que terminó con la vida del delincuente de 16 años.

Luego, los efectivos policiales confirmaron el fallecimiento y hallaron un revólver junto al cuerpo del menor, lo cual respaldaba la versión del suboficial sobre el enfrentamiento armado. Por ende, inmediatamente después, el hermano de Leonel fue detenido por su participación en el asalto a mano armada.

PJ desestimó la ‘legítima defensa’

El Poder Judicial a través de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque determinó que la conducta del policía no encajaba en la figura de legítima defensa, por lo que no fue eximido de responsabilidad penal y lo condenó a prisión efectiva por el delito de ‘homicidio simple’. Mientras tanto, la sentencia está pendiente de confirmación en la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque.

Este caso ha causado indignación y controversia y ha sido criticado por el congresista Fernando Rospigliosi, quien arremetió contra el sistema judicial en sus redes sociales. «Policía que abatió a un delincuente armado, que junto con otros cómplices lo había asaltado, es condenado a 10 años de prisión en Chiclayo. El sistema judicial controlado por la mafia caviar está podrido. No se puede derrotar a la delincuencia así. Hay que barrer la Fiscalía y el Poder Judicial. ¡Soluciones radicales!».

Asimismo, Rospigliosi hizo mención a la ley vigente en defensa de los policías. «Existe una Ley de Defensa Policial promulgada el 2020 y otra reiterándola y ampliándola del 2024, que debería aplicarse porque favorece al policía. Pero no hay manera, el sistema judicial favorece a los delincuentes y maltrata a las fuerzas de orden pisoteando las leyes. Se requieren soluciones radicales», expreso desconcertado.

Revisarán la sentencia

Este caso aún está pendiente de apelación; por lo que el próximo viernes 28 de marzo de 2025, la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque revisará la sentencia en una audiencia que será clave y cuyo veredicto final marcaría un precedente.

Mientras el Ministerio del Interior (Mininter) ha iniciado una ‘cacería’ para capturar a los responsables de la muerte del cantante de cumbia Paul Flores, deteniendo a cuanto requisitoriado se les cruce por su camino sin tanta prueba de por medio, el Poder Judicial (PJ) se viene encargando de bajarle los humos a las capturas de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Es así que el PJ ha salido a aclarar que el sospechoso Mariano Antonio Altamirano Ramos, conocido como “Marianito”, recibió 7 días de detención preliminar por “tenencia ilegal de armas y tráfico ilícito de drogas” y no como lo viene presentando la PNP de ser el presunto asesino del cantante de Armonía 10.

«A pedido de la Fiscalía, Poder Judicial ordena 7 días de detención preliminar contra Mariano Antonio Altamirano Ramos, por los delitos de tenencia ilegal de armas y T.I.D. En audiencia no se evaluó su presunta vinculación con la muerte del cantante de Armonía 10, tal como lo presentó la PNP ante la prensa», indica el post.

A su turno, “Marianito” negó las imputaciones y su defensa legal acusó irregularidades en la detención del joven de 21 años, ocurrida este último lunes en la jurisdicción de Los Olivos.

Para la PNP, Mariano Altamirano forma parte de los cuatro detenidos por haber participado en el asesinato de Paul Flores, añadiendo que él sería integrante de la banda criminal liderada por Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, atribuyéndosele ser el presunto brazo armado de la organización criminal.

Tras la situación de inseguridad que ha puesto en zozobra a cientos de padres de familias que tienen a sus menores hijos estudiando en los planteles del cono norte y mientras sus centros de estudios vienen siendo extorsionados por delincuentes, los progenitores están desesperados. Por lo que este miércoles 26 de marzo un grupo de padres de familia del colegio Pitágoras de Los Olivos se movilizó hasta la municipalidad de dicho distrito para exigirle al alcalde Felipe Castillo que tome medidas de seguridad en los colegios.

Los padres le increparon al alcalde por la insuficiente presencia del serenazgo en los colegios del distrito. Por su parte, el alcalde Castillo les respondió argumentando que Los Olivos cuenta con aproximadamente 300 colegios, entre públicos y privados, y que los 500 serenos disponibles deben dividirse en turnos y en otras funciones.

Respuesta de alcalde no convence a las familias

Como era de esperarse, las explicaciones del alcalde Castillo no convencieron a los padres manifestantes. «No hay serenazgo en los colegios ni en los parques, no hay seguridad para nuestros hijos». Por su parte, otra madre indignada reclamó: “Usted prometió serenos, mayor seguridad. Pero desde el inicio escolar de nuestros niños, yo no he visto ni un solo sereno en las puertas. Soy una madre de familia del colegio Pitágoras».

La criminalidad ha tomado las calles del cono norte en Lima y debido a la feroz ola de extorsiones en el distrito de Comas, se ha procedido al cierre de varias instituciones educativas, dejando a estudiantes sin clases y a docentes sin empleo, con el objetivo de salvar sus vidas.

El colegio privado Hans Christian Oersted ubicado en la calle 8 de marzo en Comas, anunció su cierre definitivo, tras 44 años de existencia y servicio, con el único propósito de priorizar la seguridad e integridad de su comunidad educativa.

Más de 20 colegios extorsionados en Comas

La situación que viven las instituciones educativas en la zona norte de Lima es más que alarmante, debido a que más de 20 colegios en Comas han denunciado amenazas y extorsiones por parte de bandas criminales. Centros como ‘Los Olivos College’ y el colegio ‘María del Ángel’ han optado por suspender las clases presenciales y adoptar modalidades virtuales para proteger a sus estudiantes y personal.

No es suficiente lo realizado por autoridades

Ante esta situación, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Educación, en coordinación con la Policía Nacional, informaron que desplegarán más de 3200 efectivos para resguardar los colegios públicos y privados afectados y se anunció que se están coordinando acciones con las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) para combatir frontalmente la extorsión en el sector educativo. Sin embargo, no ha habido mejoras en la seguridad.  

Asimismo, padres de familia del ‘Colegio Pitágoras’ de Los Olivos denuncian que ahora los profesores son amenazados por los extorsionadores en plena clase virtual.