El parlamentario separado de Fuerza Popular y que actualmente integra la bancada de Somos Perú, Luis Gustavo Cordero Jon Tay, presentó el Proyecto de Ley N° 10343/2024-CR, que autoriza la reelección inmediata de gobernadores regionales, alcaldes provinciales y alcaldes distritales. El legislador, quien en octubre de 2023 fue blindado por la Comisión de Ética presidida por Diego Bazán, por archivar la denuncia en su contra por violencia contra la mujer, indicó que su iniciativa legislativa fortalecerá la democracia y dará continuidad a las políticas públicas.

No es la primera vez que esta iniciativa legal pretende salir airosa en el Congreso. Como se recuerda, en diciembre del año pasado el congresista de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi aseguró que restablecer la reelección inmediata por un periodo adicional ayudaría a tener un sistema político «más estable y representativo», asegurando la continuidad de quienes lo merezcan.

Sin embargo, la propuesta ha generado diversas críticas entre la ciudadanía, que en su mayoría considera que la norma se ha elaborado pensando únicamente en el beneficio de las autoridades regionales y locales, a quienes solo les interesa mantenerse en el poder.

De aprobarse la norma, modificaría los artículos 191° y 194° de la Constitución Política del Perú, que en adelante aprobará la reelección inmediata de las autoridades locales y regionales por un único periodo adicional.

«La presente ley tiene por finalidad fortalecer la democracia, garantizar la estabilidad en la administración pública y permitir la continuidad de políticas y proyectos de desarrollo local y regional, asegurando una representatividad más eficiente y coherente», se lee en el documento y pasaría a establecer que el gobernador regional, elegido conjuntamente con un vicegobernador regional por sufragio directo por un periodo de cuatro años, podría optar, de manera excepcional y por un único periodo adicional, a la reelección inmediata. El mandato de dichas autoridades sería revocable conforme a la ley.

Gobernadores felices con la medida

La iniciativa legislativa que ya fue debatida a profundidad el pasado mes de diciembre, ha sido ampliamente apoyada por las autoridades regionales. Como es el caso de César Acuña Peralta, actual Gobernador Regional de La Libertad, que aseguró que al no aprobarse «deja como gran perdedor al pueblo». Esto luego que el Pleno del Parlamento no llegara a acumular los suficientes votos para aprobar la norma.

«Como presidente fundador de Alianza Para el Progreso, lamento que el Congreso haya rechazado la reelección de alcaldes y gobernadores. Es injusto que se permita la reelección de congresistas, pero no de autoridades locales que demuestran resultados», expresó el popular ‘plata como cancha’ en su cuenta de X.

No solo Julio Demartini, exministro de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), rechazó las acusaciones que lo cuestionan por ser parte de una red delictiva en relación con la investigación que lleva a cabo la Fiscalía de la Nación por presuntas irregularidades en el programa alimentario ‘Qali Warma’.

También su abogado defensor, Fernando Silva, rechazó en declaraciones a Exitosa, cualquier indicio de fuga en relación con el posible nombramiento de su defendido como embajador del Perú ante el Vaticano y destacó que Demartini no evadió ninguna citación y que ha cumplido con todas las diligencias judiciales que le fueron solicitadas, y argumentó que su conducta demuestra su arraigo al país.

Fiscalía investiga a Demartini por irregularidades en ‘Qali Warma’

La solicitud de impedimento de salida presentada el pasado viernes por la fiscal Delia Espinoza ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria se enmarca dentro de una investigación por presuntas irregularidades cometidas durante la gestión de Demartini como ministro de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y tiene como foco una serie de omisiones en el proceso de supervisión de adquisiciones del programa alimentario ‘Qali Warma’, lo que habría resultado en la distribución de productos alimenticios en mal estado, como carne de caballo en lugar de carne de res, y conservas de pollo con hongos.

En esa línea, Fiscalía argumenta que, debido a su posible responsabilidad en estos hechos, Demartini representa un riesgo de fuga. La audiencia que determinará si se acepta o no el pedido de impedimento de salida de Demartini se llevará a cabo el próximo 4 de marzo ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. De ser aprobada, la medida impediría que el exministro deje el país durante un período de nueve meses.

Por su parte, Fernando Silva, abogado de Demartini, recalcó que el exministro ha asistido puntualmente a todas las declaraciones solicitadas por la fiscalía y ha cooperado en todo momento con las investigaciones y agregó que los funcionarios diplomáticos, como los embajadores, no pueden «fugarse» del país, ya que ingresan con pasaporte diplomático, lo que les garantiza un estatus especial ante cualquier posible inconveniente en otro país.

«Un diplomático no se va a quedar de ilegal, no puede fugarse de una instancia diplomática. Si llegara a haber alguna situación, simplemente lo deportan», explicó Silva.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En diálogo con Exitosa, el abogado de Julio Demartini en el caso Qali Warma, Fernando Silva, aseguró que no hay peligro de fuga en posible nombramiento de su defendido como embajador ante el Vaticano.

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Se le ‘chispoteó’. La bancada de Renovación Popular ha emitido un comunicado exigiendo a la Cancillería declarar como “persona non grata” a la actual mandataria de México, Claudia Sheinbaum, por salir en defensa del ex presidente Pedro Castillo, desconociendo completamente que intentó dar un golpe de Estado en el año 2022.

En el mensaje de la bancada congresal mostraron su rechazo ante las declaraciones de Sheinbaum, quien el pasado 22 de febrero recibió al exabogado del golpista Pedro Castillo, calificando de «injusto» el proceso que se le sigue ante el Poder Judicial por el golpe de Estado.

Así pues, exigieron al canciller Elmer Schialer la medida tras cuestionar y buscar irregularmente tener injerencia política en nuestro sistema de justicia.

Como se recuerda, el pasado 22 de febrero la presidenta de México calificó como “causa justa” la defensa de Pedro Castillo, quien podría ser condenado a una pena de hasta 34 años de cárcel.

En la misma publicación, Sheinbaum argumentó que debe prevalecer la “justicia, la democracia y el respeto a los derechos humanos”, dejando claro que su postura está en contra del gobierno de Dina Boluarte y lo que percibe como un abuso en el trato a Castillo.

La postura de Sheinbaum, que no solo apoya al exmandatario peruano, sino que también cuestiona las acciones legales emprendidas en su contra, ha generado una fuerte reacción en el ámbito político peruano.

En tanto, la Cancillería peruana subrayó que al respaldar una causa que considera “justa”, Sheinbaum omite el contexto legal y constitucional que guió la respuesta del gobierno peruano ante el intento de golpe. Además, enfatizó que esta postura, a la luz de la ideología expresada por la mandataria mexicana, demuestra un claro irrespeto por el Estado de Derecho, un principio fundamental en el sistema democrático del Perú.

Por lo visto, y según las últimas declaraciones del vocero del Real Plaza, ¿el Grupo Intercorp pretendería deslindar responsabilidades?

El vicepresidente de asuntos corporativos de Real Plaza, Hernán Malpartida, aseguró que la tragedia ocurrida en el centro comercial de Trujillo fue un caso «aislado» y que todas las sedes de la cadena de malls son seguras.

Estas declaraciones las dio tras 5 días de ocurrida la tragedia acontecida la noche del pasado viernes 21 de febrero, en el patio de comidas del concurrido centro comercial Real Plaza en Trujillo y que se convirtió en un escenario de caos y muerte, tras el colapso del techo que causó la muerte de seis personas y un saldo de más de 80 heridos.

Entre tanto, los familiares de las víctimas continúan exigiendo justicia y que la empresa perteneciente al Grupo Intercorp asuma su responsabilidad.

Mientras tanto, en entrevista para Exitosa, el vocero y vicepresidente de asuntos corporativos del Real Plaza, Hernán Malpartida aseguró que todas las sedes de los malls Real Plaza cuentan con altos estándares de seguridad y calificó lo sucedido en Trujillo como un caso «aislado».

«Somos conscientes de lo que significa, pero nosotros actuamos en todo momento de manera responsable. Esto es una tragedia, algo que nunca debió suceder, pero creemos que no deja de ser un hecho aislado. Vamos a hacer absolutamente todas las verificaciones necesarias», declaró y añadió con firmeza, que ante el temor de la gente de visitar los centros comerciales de la cadena Real Plaza: «Nuestros malls son seguros».

Este 2025 el Carnaval de Cajamarca tendrá una nueva restricción debido a que el investigado alcalde Joaquín Ramírez Gamarra ha prohibido a través de una ordenanza municipal, la realización de cualquier parodia o representación que haga alusión a figuras políticas y públicas, una tradición que por años caracterizó a los desfiles y comparsas del evento cajamarquino.

No cabe duda, que esta medida busca evitar que en la vía pública se hagan representaciones satíricas de cuestionados personajes como la presidenta Dina Boluarte, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, el gobernador Regional de La Libertad, César Acuña Peralta, e incluso la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

“Queda terminantemente prohibido realizar parodias o representaciones en alusión a personas, ya sea figuras públicas o particulares, de manera que atente contra su dignidad o buen nombre”, se lee en el documento oficial.

Asimismo, la ordenanza prohíbe el uso de imágenes religiosas que puedan resultar ofensivas para la comunidad. Esta disposición se anuncia en medio de serias investigaciones judiciales contra el burgomaestre Joaquín Ramírez, quien apenas hace 24 horas, sufrió el allanamiento su vivienda y otros inmuebles por una pesquisa que lo involucra por presunto fraude y lavado de activos relacionado con el desfalco a la Universidad Alas Peruanas. En dicha diligencia también se incluyó a su hermano Osías Ramírez y al exasesor fujimorista Pier Figari, además de diversas empresas vinculadas.

La ley de la impunidad. La congresista de Podemos Perú Heidy Juárez presentó un Proyecto de Ley (PL) que busca declarar nulo un proceso judicial si se presentan pruebas o medios obtenidos de manera ilícita.

De aprobarse el PL n.° 10296 se estaría modificando el Código Procesal Penal (artículo VIII.2 y 159) que hace referencia al uso de pruebas ilícitas en los procesos judiciales. De comprobarse que se presentaron pruebas obtenidas contraviniendo los derechos fundamentales de las personas todo el proceso podría ser declarado nulo.

Además, se establece que los jueces no podrán utilizar, ni siquiera de manera indirecta, fuentes o medios de prueba obtenidos de forma ilícita. «El proceso será declarado nulo si tiene su origen en pruebas que violen derechos fundamentales», precisa el texto de la iniciativa.

En los fundamentos de la iniciativa, Juárez subraya que garantizar un marco normativo que proteja estos derechos es clave para la mejora del sistema de justicia. Además, la propuesta sostiene que la implementación de la norma no generará costos adicionales para el Estado, ya que se mantendrán los gastos establecidos.

«La propuesta legislativa, además de tener importancia y trascendencia, no irrogará ningún gasto al erario público, por cuanto los gastos se mantendrán conforme a lo fijado. No obstante, se podrá apreciar que los beneficios para la mejora del sistema de justicia en el país, es trascendental, toda vez de que, se da mayor protección a los derechos fundamentales de la persona», se indica en el proyecto de ley.

#EnVivo

La congresista Heidy Juárez presentó un proyecto de ley que modifica las pruebas ilícitas

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— Canal N (@canalN_) February 25, 2025

Entre los coautores del PL se puede apreciar los nombres de los parlamentarios José Luna Gálvez, Guido Bellido Ugarte, José Arriola Tueros, Luis Picón Quedo, Kira Alcarraz, Edgar Tello, Darwin Espinoza Vargas, todos ellos con procesos judiciales abiertos.

Es más, la propia autora se encuentra bajo investigación por presunto cohecho pasivo.

Por lo visto para el Grupo Intercorp la vida de los ciudadanos peruanos tiene precio. El vicepresidente de asuntos corporativos de Real Plaza, Hernán Malpartida, anunció que se ha dispuesto un fondo especial de S/20 millones para poder atender a los deudos y heridos de la tragedia en Trujillo.

Como se sabe, la noche del viernes 21 de febrero el techo del patio de comidas del Centro Comercial Real Plaza Trujillo colapsó y como fatídico saldo dejó seis fallecidos y más de 80 heridos. Desde esa fecha, los familiares de las víctimas exigen justicia y que los representantes y directivos de este mall se hagan responsables. En tanto, recién el vicepresidente de asuntos corporativos de la compañía que pertenece al grupo Intercorp, Hernán Malpartida, salió a mencionar que colaborarán con las investigaciones del caso y que ya han mantenido contacto con «todos los familiares de los fallecidos y con las personas hospitalizadas e incluso con aquellos dados de alta» para atender sus demandas y que por ello han abierto un fondo especial económico para atender a todos los afectados y a todas las personas que necesiten atención de salud.

“Es un fondo de S/20 millones que será administrada por La Fiduciaria, una institución seria que garantiza que eso se manejará con transferencia», señaló Malpartida.

También reiteró que Real Plaza habilitó una línea telefónica exclusiva para todas las víctimas que necesiten un tema de salud o hayan incurrido en algún gasto médico, puedan contactar a la empresa y así ellos cubran todo lo que sea necesario para ayudarlos.

Ayer hemos dado un número para que nos puedan contactar que es el (01) 601-4000 opción 9. (…) Nosotros vamos a asumir absolutamente todos los gastos, ya sea terapias, recuperación, ayuda psicológica, lo que sea necesario, no vamos a escatimar esfuerzos en ayudar a las víctimas de esta situación», añadió el funcionario.

Dos años después de haber votado a favor y de haber firmado la aprobación para entregar el ‘cobro de peaje’ a la corrupta empresa OAS, el exregidor municipal y hoy alcalde de Lima, Rafael Lopez Aliaga, a pocos meses de iniciarse la gestión municipal de Susana Villarán como alcaldesa metropolitana, el 15 de junio del 2011, fundó la compañía ‘ACRES Sociedad Titulizadora SA’, teniendo como socios a ‘ACRES Investments SA’, empresa dirigida por él, y a Javier Riofrio Orrego, su socio en otras firmas.

Esta empresa de López Aliaga, con los supuestos procesos de titulización, prácticamente tercerizaba obligaciones de pagos y/o deudas. Entre tanto, su directorio lo conformaban, además de López Aliaga (como gerente general), Javier Riofrio, Rui Baracco y el chileno Andrés Muñoz Ramírez, quien era el socio operador. Este ciudadano chileno a inicios del siglo XXI se desempeñó como Vicepresidente Ejecutivo Comercial y Vicepresidente Ejecutivo de Riesgos de Interbank; pero desde 2011, tras salir del conglomerado empresarial de los Rodríguez Pastor, Muñoz Ramírez se convirtió en accionista y miembro del directorio de algunas empresas vinculadas a Rafael López Aliaga, entre ellas, ‘ACRES Real Estate SA’ (Digital Ventures), ‘ACRES Investments Peru SA’, ‘ACRES Sociedad Agente de Bolsa’ y ‘Energías Eólicas del Perú SA’.

Asimismo, Lopez Aliaga también fundó la empresa consultora, de asesoría financiera ‘ACRES Finance SA’. Lo hizo a través de ‘ACRES Investments SA’, como su representante, el 19 de octubre de 2011, e incorporando también como socio y presidente del directorio a Andrés Muñoz Ramírez. Y apenas al mes siguiente, es decir, el 18 de noviembre, la oficina de Logística de la Caja Metropolitana convocó justamente a Muñoz Ramírez para que la empresa realice una asesoría externa en gestión integral de riesgos. Entre tanto, él mantenía una relación estrecha con dos funcionarios de confianza de Susana Villarán. Se trata de Ángel Calderón, exgerente de la Oficina de Riesgos de la Caja Metropolitana; y José Miguel Castro, hombre de confianza de la exalcaldesa acusada por recibir coimas y expresidente del directorio de la Caja Metropolitana.

El 20 de diciembre de ese mismo año, Calderón mediante un informe enviado a la gerencia general de la “Caja”, justificó la necesidad de contratar a Muñoz Ramírez, mediante un proceso de contratación directa. Y al poco tiempo, el 20 de febrero de 2012, la Caja Metropolitana suscribió un contrato de asesoría externa con Andrés Muñoz para que diagnóstique los riesgos de los productos del área de banca comercial, y de ‘Caja Gas’.

En aquella época, La Caja Metropolitana le pagó 80 mil soles. Es decir, este primer pago lo dividieron en cuatro armadas de S/20 mil cada una, justo un mes antes de la suscripción del contrato. Por su parte, la fiscal anticorrupción Vanessa Díaz Ramos, mientras investigaba el caso, según su tesis refirió que simularon un proceso de selección y firma del contrato con el fin de favorecer a Muñoz Ramírez. “El servicio para el cual fue contratado Muñoz no fue brindado”, sostuvo Díaz Ramos en su acusación fiscal.

Sin embargo, Muñoz Ramírez no se durmió y el 10 de enero mediante un correo electrónico enviado al gerente general de la Caja Metropolitana, Óscar Vivanco, le planteó “formalizar en un mandato la ejecución de la emisión de bonos titulizados de la cartera Caja Gas”, y que le cabía como “anillo al dedo” al rubro de ‘ACRES Sociedad Titulizadora’, empresa de Rafael López Aliaga, constituida siete meses antes. Fue así que, en la sesión del directorio de la Caja Metropolitana del 9 de agosto de 2012, el entonces mandamás de la “Caja” presentó la propuesta para titulizar la cartera ‘Caja Gas’ hasta por S/40 millones; y el directorio autorizó a Vivanco para que contrate de manera directa—sin licitación—a una empresa titulizadora, para concretar la titulación.

Y luego de unos meses, el 4 de octubre de ese año, la Caja Metropolitana suscribió, directamente y sin concurso público, un contrato con ‘ACRES Sociedad Titulizadora’ y ‘ACRES Finance SA’ para el proceso de estructuración, titulización y colocación de bonos titulizados de la cartera de crédito ‘Caja Gas’.

Según el contrato, el pago serían S/300 mil, más IGV, dividido en tres cuotas; y un pago de honorarios de éxito del 1.5% del monto colocado, más el IGV, pagados a la fecha de colocación de bonos. No obstante, fueron estipulaciones que figuraban en papel. Porque igual que lo que sucedió con Andrés Muñoz, las empresas de Rafael López Aliaga cobraron parte de sus honorarios antes de firmar el contrato.

El Ministerio Público determinó que el contrato fue elaborado por ‘ACRES Sociedad Titulizadora’ y ‘ACRES Finance SA’, y no por la Caja Metropolitana de Lima. De acuerdo con la investigación fiscal, la contratación de ambas empresas de “Porky” se hizo “sin que existiera una necesidad real”. Sin “ningún informe técnico que respalde la propuesta de la necesidad de titulización, el monto de la emisión de los bonos, ni el plazo de la operación de titulación”. Al poco tiempo, el 31 de diciembre de 2012, el gerente general de la Caja Metropolitana, Óscar Vivanco suscribió el contrato de Fideicomiso de Titulación y contrato de Emisión de Bonos de titulización por S/ 40 millones con ‘ACRES Sociedad Titulizadora’.

Gestión de Susana Villarán favoreció a López Aliaga

Desde que López Aliaga fundó su compañía ‘ACRES Sociedad Titulizadora’, dicho contrato con la Caja Municipal de Lima, prácticamente fue su primera operación comercial. Por lo que, la gestión municipal de la exalcaldesa Susana Villarán no solo se saltaba los plazos, sino también, la ley, con el fin de favorecer a Muñoz Ramírez y a López Aliaga. De acuerdo con la Fiscalía y la propia Contraloría General de la República, el pago efectuado a la empresa del dueño de Renovación Popular, defraudó y causó un perjuicio millonario a la Caja Metropolitana.

Entre 2012 y 2013, la Caja Metropolitana pagó un total de S/1 millón 550 mil en contratos con ‘ACRES Sociedad Titulizadora’, ‘ACRES Finance’, ambas empresas de Rafael López Aliaga y con el socio de este, Andrés Muñoz Ramírez.

López Aliaga involucrado en corrupción de Caja Municipal

El 21 de diciembre de 2020, la fiscal Vanessa Díaz acusó a 11 personas por el caso de la Caja Metropolitana. En cuanto a Andrés Muñoz Ramírez, la fiscal le imputó los delitos de colusión agravada y falsedad genérica, y pidió al Poder Judicial una condena de 12 años y 11 meses de prisión. Asimismo, la fiscal Manuela Villar, de lavado de activos, señala que Rafael López Aliaga tuvo participación en toda la trama de corrupción en la Caja Metropolitana.

En julio del 2022, la fiscal Villar formalizó la investigación preparatoria a Rafael López Aliaga, por el delito de lavado de activos, contra la administración pública, por el caso de la Caja Municipal de Lima Metropolitana, con el agravante de integrar una organización criminal. La Fiscalía identificó aumentos de capital, bajo la modalidad de capitalización de acreencias entre las compañías de López Aliaga, por S/223 millones 908 mil 180. entre ellas, la offshore ‘ACRES Investments International Ltd Inc’., registrada en Nevada por Mossack Fonseca, el 28 de junio de 2011 y que tiene como único accionista a Rafael López Aliaga.

Hay que remarcar que ‘ACRES Investments International Ltd Inc’. es accionista mayoritaria de ACRES Investments SA, que a su vez es accionista de ‘ACRES Sociedad Titulizadora’ y ‘ACRES Finance’ y de acuerdo a la tesis fiscal, todas estas empresas, están lideradas y controladas por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.