Otro congresista más que podría pasar a la lista de los ‘mocha sueldos’, ese infame grupo de parlamentarios que estarían exigiendo de manera hostil a sus trabajadores una parte de su sueldo para supuestamente usarlo para obras benéficas, pero que en realidad solamente llegarían al bolsillo de los ‘padres de la patria’. Solo en lo que va del año, al menos ocho parlamentarios de diversas bancadas se han visto involucrados en este tipo de casos.

El dominical Punto Final difundió la denuncia de una trabajadora gestante que sindicó al congresista Edgar Tello de recortar el sueldo a su personal y hostigarla por negarse a entregar una parte de su salario.

El hecho conllevó ayer a que la Procuraduría General del Estado (PGE) denunciara al legislador ante la Fiscalía de la Nación, por el presunto delito de concusión.

“El procurador general del Estado, Daniel Soria Luján, presentó denuncia contra el congresista Edgar Tello ante la Fiscal de la Nación, por el delito de concusión, a raíz de presuntos cobros que habría realizado a sus trabajadores”, indicó la entidad mediante sus redes sociales.

La trabajadora, cuya identidad se mantiene en reserva, lo acusó de haberle exigido dinero para la compra de un proyector valorizado en 4 600 soles con el bono entregado por el Parlamento en abril pasado. Añadió que incluso le alcanzó una proforma del producto.

“Al mismo congresista le dije: esto es broma, ¿no? ‘No’, me dijo. ‘Pero cómo va a ser una broma ahora que estás con el bono. No tienes justificación para que puedas apoyarme con este proyector’. Entonces yo le dije: ‘No’. No es que no podía, (es que) no quería. A raíz de eso sentí que él cambió totalmente conmigo”, indicó la mujer al dominical.

Aseveró que el parlamentario quiso cesarla a principios de mayo, pero el hecho no se concretó dado su estado de gestación. No obstante, pasó de ser asesora II a auxiliar de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, presidida por el docente.

La exasesora denunció el hecho ante el Ministerio de Trabajo, tras lo cual empezó el hostigamiento y acoso en su contra. Dijo que se le prohibió ir a los servicios higiénicos, consumir alimentos durante las jornadas laborales y fue anotada en un cuaderno cuando acudió al baño “sin avisar a nadie”.

La trabajadora sostuvo que Tello habría “exigido” a otros trabajadores de la comisión comprar cocinas, ollas y otros utensilios que luego él dona a comedores populares.

El dominical también compartió chats que comprometerían aún más al legislador. Otros dos extrabajadores indicaron al medio que el parlamentario descuenta sueldo a todo el personal de su despacho.

En un audio difundido en el reportaje, otro trabajador reconoce el recorte que se hace, pero precisa que este es voluntario.

Por su parte, en un pronunciamiento, el legislador se victimizó y dijo que, desde el comienzo de su gestión, un “sector de la prensa ha venido difundiendo información tendenciosa” sobre su trabajo en el Congreso.

Las decisiones más trascendentales de todo un país son deliberadas con solo un botón a miles de kilómetros de distancia. Ese es el interés de la congresista de la bancada Podemos Perú Digna Calle, quien abandonó el Perú el pasado 20 de enero con destino a Estados Unidos y no tiene ni la más mínima intención de volver a su escaño.

Desde entonces ha estado ausente de sus responsabilidades legislativas durante más de cuatro meses, debido a una licencia personal, pero esto al parecer no es impedimento para que continúe participando en las sesiones del pleno del Parlamento de manera remota.

Aunque aún no ha regresado al país, mantiene su conexión y participación activa en las actividades legislativas a través de medios virtuales. Una de las últimas sesiones de la que participó fue para la elección del defensor del pueblo, cargo que finalmente terminó ocupando el cuestionado Josué Gutiérrez.

Según los registros migratorios, el 25 de septiembre de 2021, Calle salió con destino a Estados Unidos. Allí la esperaba una lujosa residencia ubicada en la calle Cedar Grove en Wellington, Florida.

La congresista, originaria de Ayacucho, ya había acordado la compra de esta propiedad, la cual está valorada en 865.000 dólares americanos. Pocos días después, el 30 de septiembre, Digna Calle formalizó la adquisición de la casa con los entonces propietarios, Jaime Pardo y Colmar Contreras.

Tras completar la compra de la vivienda, la legisladora regresó a Perú el 5 de octubre de 2021. Sin embargo, a partir de ese momento, la legisladora comenzó a realizar viajes mensuales a Estados Unidos.

Calle, quien afirma tener el mayor número de proyectos de ley, también registra la mayor cantidad de viajes a los Estados Unidos. A pesar de haber sido elegida para desempeñar funciones de representación y escuchar a la población en busca de soluciones, en febrero de este año solicitó una licencia personal sin goce de haber, evitando así tener que asistir al Congreso. Esta solicitud se produjo tan solo días después de su última salida del país, el 20 de enero.

A pesar de la distancia, ella continúa impulsando sus proyectos de ley más destacados y participando en las decisiones que se toman en la bancada de Podemos Perú. Entre sus propuestas legislativas más populares se encuentran la renuncia de los congresistas, la creación de la Policía Municipal, el seguro privado para serenos, la liberación de 4 UIT de los fondos de las AFP y la ley contra el bullying.

Sin necesidad de pisar el hemiciclo, ha encontrado la forma de participar en las sesiones del pleno y emitir su voto en momentos críticos. Lo hace únicamente los miércoles, cuando las sesiones son semipresenciales y los congresistas aún pueden votar a través de sus dispositivos móviles.

El arqueólogo Julio Abanto, exadministrador del Parque Wiracocha, señaló que la presunta obra del alcalde de Lima es el gasto político más inútil que se hizo. Recordemos que la falsa “playa artificial” inaugurada por Rafael López Aliaga, costó casi 150 mil soles por colocar arena alrededor de la piscina.

Para julio Abanto, lo realizado por Rafael López Aliaga es un grave error que le podría costar una revocatoria si continúa actuando así. También explicó la necesidad de faltas de espacios para la cultura en San Juan de Lurigancho, y lamentó que el museo Ruricancho del Parque Wiracocha se encuentrepor más de 2 años cerrado.

Aquí la entrevista completa.

Lo peor es que lo admite todo y no cae en cuenta de la infracción que está cometiendo respecto al donativo de 8 mil dólares americanos solicitado a la Oficina Económica y Cultural de Taipei en Perú, acto para más proscrito por el propio Congreso de la República y que cualquier parlamentario conoce a la perfección. Así se haya tratado de un dinero destinado para una obra benéfica como las ollas comunes, el hecho de recibir aportes se encuentra censurado.

De acuerdo a un reportaje elaborado por el dominical Punto Final, el legislador de la bancada del Bloque Magisterial habría solicitado a la oficina diplomática de Taipéi una donación cuya cifra asciende a ocho mil dólares americanos, supuestamente como “ayuda humanitaria” para las ollas comunes. Sin embargo, el congresista califica como “gestiones que realizan” para apoyar a la población.

“Hay instituciones que nos facilitan de las obras sociales que hacemos, embajadas también. […] ¿Hay un delito ahí o está prohibido? Mientras no se vulnere”, señaló.

No obstante, el legislador olvida que en Artículo 7 del Reglamento del Congreso se dice que está prohibido “de recibir donaciones” y debe dar informar de los gastos que se realiza. En tanto, negó que haya pedido dinero a una institución, solo son “gestiones”.

Aunque no pudo dar una explicación concreta, negó que se trate de un pedido, sino de un agradecimiento. “No, solo es una ayuda humanitaria que ha hecho llegar la embajada […] ellos lo compran”, refiere.

Precisamente, el parlamentario aseguró que esta institución lo compra, pero una boleta confirmaría que en realidad fueron los trabajadores de la Comisión de Comercio Exterior del Congreso de la República. “Lo que hay que resaltar es que se ha dado la atención a las ollas comunes”, arguyó el congresista Tello.

Lima Gris mediante llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp, intentó comunicarse con la Oficina Económica y Cultural de Taipei, pero hasta el cierre de esta nota no tuvimos respuesta.

A propósito de ello, el parlamentario se encargaría de recortar el sueldo a sus trabajadores, los cuales les serían entregados de manera “voluntaria” por sus propios empleados. Conversaciones de chat desmentirían una vez más dicha aseveración del legislador de izquierda.

Una de sus trabajadoras, quien en la actualidad se encuentra en estado de gestación, mencionó para el dominical que desde un inicio el congresista Tello le pidió un “aporte” voluntario de su sueldo al que nunca accedió. Luego se le solicitó un proyector de S/4,600, pero ella se volvió a negar y aquí le llegaron los problemas. Como Edgar Tello no la pudo cesar por su condición, le redujo el sueldo, le cambió el cargo y la acosó laboralmente impidiéndole comer y hasta ir al baño, lo que dañó la salud de su bebé, refiere. Ahora los partes médicos le han indicado que su embarazo corre riesgo ante la situación de estrés a la que el parlamentario la ha sometido.

Además de esto, también pidió a sus trabajadores donaciones de cocinas, ollas y cucharones para los más necesitados. Esto se vio evidenciado a través de una conversación de WhatsApp en la que exigió que este pedido no pase del mes de abril. “No podemos ponernos en ese plan, algo no está bien. No sé cómo se hace, pero sale el primero de abril. Falta de compromiso o no se quiere trabajar”, aseveró Tello en la conversación.

Al final, Tello obtuvo lo que quiso y sus trabajadores accedieron a “donar” todos los implementos.

Nuevas sombras aparecen y desaparecen por los salones de Palacio de Gobierno, con distintos rostros pero con las mismas intenciones: estar lo más cerca posible al poder pero que nadie se entere.

Óscar Nieves no solo es un abogado implicado en casos como los “Gángsters de la política” o el “Huanucazo”, sino que también sería uno de los asesores jurídicos de la presidenta Dina Boluarte, según un reportaje del programa Cuarto Poder. Este ha confirmado que sus visitas a Palacio de Gobierno fueron para tratar temas de “carácter estrictamente jurídico”; sin embargo, causa alarma confirmar que su paso por la casa de gobierno no ha sido registrado en actas.

De acuerdo al citado programa, ninguna de las cuatro visitas a Palacio de Gobierno aparecen registradas en el portal del Registro de Visitas y Gestión de Intereses del Estado ni en el Portal de Transparencia Estándar. Sus reuniones con la jefa de Estado solo están reportadas en el registro de visitas del despacho presidencial siendo el primero de esto el día que Dina Boluarte asumió la presidencia tras el golpe de Estado de Pedro Castillo.

Nieves Vela llegó a la casa de Pizarro minutos después de la juramentación de Boluarte y permaneció hasta las 9:35 p.m. Las posteriores visitas se realizaron en los tres días siguientes y duraron doce, once y seis horas respectivamente. Su rápida convocatoria se habría dado el vínculo que mantenía con la presidenta de la República en espacios gremiales y académicos cuando estaba lejos de los reflectores.

“Lo que ocurre es que la señora Boluarte, antes de ocupar el cargo de presidenta de la República, tenía algunos procesos de naturaleza penal que estaban vigentes. Entonces las consultas (…) tenían que ver, sobre todo, para preguntarme cuál era el trámite que iba a seguir en una circunstancia nueva porque la señora presidenta, en ese momento, estaba asumiendo un cargo diferente”, dio Nieves en declaraciones para RPP.

Otras reuniones con Dina Boluarte se habrían dado fuera de Palacio de Gobierno, según el abogado. “Lo que ocurre es que el estudio que yo patrocino ha estado a cargo de algunos casos de ella (…) Y mi relación con la señora, también por eso, siempre ha sido transparente”, dijo para luego negarse a compartir información en torno a los honorarios que la jefa de Estado le paga. Solo señaló que ningún sol proviene de las arcas del Estado.

Cabe mencionar que Óscar Nieves es recordado debido al caso conocido como “Huanucazo”. Este caso se refiere a un fraude electoral orquestada por Vladimiro Montesinos durante las elecciones de 1995.

La acción fraudulenta consistió en manipular actas electorales para garantizar que Joy Way fuera elegido como el congresista más votado en ese momento, aumentando así sus posibilidades de convertirse en el presidente del Parlamento. Según la fiscalía, los hermanos Carlos Alberto y Óscar Nieves Vela fueron identificados como los “operadores” de esta actividad ilegal.

Las consecuencias de querer salvar tu negocio y la vida de tus seres queridos. Gran indignación ha causado el caso del empresario Ney Chávez Santillán quien por querer poner en resguardo la integridad de las personas más importantes de su vida, las cuales se encontraban ante una inminente amenaza, tuvo que apretar el gatillo de su arma de fuego para abatir a un presunto delincuente que había ingresado a su local. Ahora, temeroso de las represalias, se ha visto forzado a tener que mudarse y traspasar su negocio de Villa El Salvador (VES).

Chávez Santillán indicó que solo buscaba proteger a su familia del malhechor ya que se encontraban amenazados y precisó que no tenía la intención de quitarle la vida.  

“Dar a conocer a todas las personas que nunca fue mi intención, mía, quitarle la vida a alguien. Solo actué en defensa y protección de mi familia, de mi hijo, de mi señora y de mí mismo porque estaban siendo amenazadas de muerte“, narró. 

Por otra parte, solicitó a la Fiscalía que archiven lo más pronto posible su caso, debido a que tiene temor a las represalias que podría sufrir por parte de los compañeros del presunto ladrón, quien fuera abatido dentro de su local.

“Pedir a la Fiscalía que revise mi caso bien y que realmente merece que sea archivado este caso porque por miedo a las represalias y todo, yo no estoy trabajando he tenido que retirarme por un momento de mi casa, de mi trabajo“, agregó. 

Asimismo, aseveró que vive con miedo de que su esposa y su hijo sean objetos de venganza, por lo que no puede reabrir su negocio, que es su único medio para generar ingresos a su hogar. 

“Ya no puedo trabajar, ahora es mi único medio de ingreso y ahora no puedo ni siquiera trabajar yo mismo por todo este temor que estoy viviendo, con miedo de que les hagan daño a mi hijo y a mi señora. Debo estar escondiéndome y yo no veo que sea justo para uno”, dijo.

De igual manera, pidió a las autoridades que realicen el trabajo que les corresponde y agradeció a los fiscales, que observan su caso, tras dejarlo en libertad. También, enfatizó que él no es el delincuente, sino la víctima. 

“Decirles a todas las autoridades que hagan su trabajo, nosotros elegimos autoridades para que se preocupen por el bienestar del pueblo. Agradecer a los señores fiscales que están viendo mi caso por tomar la decisión de dejarme en libertad. Yo no soy el delincuente, yo soy la víctima. Yo no tengo porque huir de la justicia”, añadió.

En otro momento, instó a la Policía Nacional del Perú (PNP) a que incremente la seguridad en el distrito de VES, específicamente en la zona donde vive, a causa de que los vecinos le informaron que hay personas sospechosas rondando en las calles. Además, manifestó que anteriormente fue víctima de robos y de extorsión. 

“Pido a la policía mayor patrullaje por donde vivo, por mi calle, porque realmente ahorita los vecinos me están informando que hay personas desconocidas, sospechosas, rondando y yo he sido víctima de varios asaltos en mi local, incluso también de extorsión y creo que nunca han sido resueltos esos casos por la policía porque nunca me han dado respuesta”, sentenció.

Igualmente, aseguró que por la situación que está atravesando, ha tomado la decisión de vender el negocio porque siente amenazada su vida y la de su familia.

También recibió su ‘yapa’. El hasta hace unos meses conductor de televisión y supuesto periodista imparcial Mauricio Fernandini finalmente terminó confesándolo todo a la Fiscalía, la cual viene investigándolo por presuntamente pertenecer a una red de corrupción que se había enquistado en el Ministerio de Vivienda. En esa enredada historia de pagos en sobres cerrados y reuniones clandestinas se encontraban tanto el periodista, en su posición de intermediario, como su prima Pilar Tejero, el ex asesor de Palacio Salatiel Marrufo, la empresaria Sada Goray, y hasta el ex ministro de Vivienda Geiner Alvarado.

De acuerdo a un informe del dominical Punto Final, el otrora periodista se acogió a la confesión sincera, detallando que actuó como intermediario en las presuntas coimas que pagó la empresaria a Marrufo.

Según contó el ex conductor del programa ‘20 lucas’ al Ministerio Público, el chofer de Goray le dejó un encargo en su departamento el 14 de octubre del 2021. Se trataba de “una bolsa mediana con contenido”.

“Quiero mencionar que no abrí la bolsa, pero sí presumí que contenía dinero y estaba siendo entregado a Salatiel Marrufo como parte de pago por la designación de los directores del Fondo MiVivienda”, dijo a la fiscalía, de acuerdo con “Punto Final”.

El periodista relató que Goray se encontraba satisfecha porque el gobierno de Pedro Castillo había nombrado como directores del fondo Mi Vivienda a tres personas que había propuesto: Pedro Arroyo, Gonzalo Arrieta y Roger Gaviria.

Con esas designaciones, la empresaria esperaba que se apruebe un proyecto que presentó al Ministerio de Vivienda para la construcción de inmuebles de bajo costo.

Goray ha admitido que pagó más de 4 millones de soles para que la empresa Marka Group obtuviera contratos en el sector Vivienda. No obstante, aseguró que los pagos a Marrufo los hizo porque se sintió extorsionada.

La confesión de Fernandini ante la fiscalía cuestiona la versión de Goray, apuntó el citado programa periodístico. Según el periodista, ella buscó a Marrufo para que interceda a favor de su proyecto. Y este le propuso hacerlo a cambio de coimas.

El periodista también reconoció que alquiló su departamento en San Isidro a S/10 mil mensuales durante seis meses para “reuniones” entre su prima, Pilar Tejero, Sada Goray y Salatiel Marrufo.

El Poder Judicial (PJ) declaró fundada la solicitud que hizo la empresa Odebrecht para ser excluida del proceso “Interoceánica Sur” que involucra al ex presidente Alejandro Toledo, quien viene cumpliendo prisión preventiva en el penal Barbadillo.

De esta forma, cinco empresas del grupo no tendrán la calidad de terceros civilmente responsables y, en consecuencia, no pagarán la reparación civil en caso se emita una sentencia.

Estas son: Constructora Norberto Odebrecht S.A. (matriz), Constructora Norberto Odebrecht sucursal Perú, Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C., Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 y Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3.

La decisión del juez Richard Concepción Carhuancho obedece a que la compañía actualmente paga una reparación civil por el acuerdo de colaboración eficaz que firmó por 760 millones de soles.

Al respecto, Silvana Carrión, procuradora ad hoc para el caso Lava Jato, precisó para el diario Correo que la decisión del PJ se sustenta en que Odebrecht ya viene abonando una reparación.

La reparación civil por este proyecto respecto a la empresa Odebrecht está contenido o ha sido parte del acuerdo de colaboración eficaz que ya tiene una sentencia de reparación”, indicó.

En esa línea, recordó que Odebrecht firmó un acuerdo de colaboración eficaz en el que se comprometió a reparar al Estado peruano con 760 millones de soles.

“El juez ha declarado fundado la excepción de la empresa Odebrecht porque ya la empresa va a pagar la reparación civil en la sentencia de colaboración o está pagando la reparación”, destacó.

El acuerdo firmado fue por cuatro proyectos en los que la compañía reconoció hechos ilícitos: Carretera Interoceánica Sur, Tramos 2 y 3; Línea 1 del Metro de Lima, Tramos 1 y 2; Vía de Evitamiento del Cusco y Vía Costa Verde, Tramo Callao.

Por su parte, el abogado penalista Andy Carrión señaló al citado medio que la decisión del PJ no significa que Odebrecht podrá pedir una exclusión en todos los casos en los que se encuentra implicado.

“No se puede generalizar. No es posible presentar una excepción por aquellos casos que no se encuentren dentro del acuerdo”, afirmó.

A la fecha, Odebrecht ha realizado cuatro pagos de esa reparación. En el 2019 hizo uno de 80 millones de soles, mientras que en 2020, 2021 y 2022 pagó 22 millones de soles por cada año. Hasta el momento, suma un total de 146 millones de soles.

Las personas que continuarán como investigados en este caso y que deberán pagar la reparación civil que se imponga al final del juicio son: Alejandro Toledo Manrique, Avraham Dan On, Sergio Bravo Orelllana, Javier Pasco Font Quevedo, José Fernando Castillo Dibos, Fernando Camet Piccone y Gonzalo Ferraro Rey. Asimismo, las empresas que continuarán en el proceso como terceros civilmente responsables son: Graña y Montero, GyM, ICCGSA y JJC Contratistas.