Una vez más la población saldrá a las calles a exigir una respuesta más efectiva al gobierno de Dina Boluarte, quien más vive preocupada en la próxima cirugía que se va a realizar o en qué llevar en sus maletas para su viaje al Vaticano. Así de desconectada de la realidad se encuentra la autodenominada “madre de todos los peruanos” que repite en señal abierta que el país marcha a “paso firme”, sin embargo, lo único que mantiene su constancia es su completa desaprobación.

Es por ello que mañana distintos gremios vienen convocando un paro nacional para recodarle a la mandataria que el país no puede permanecer en pie si es que no hace nada por ponerle un freno a las extorsiones, las mismas que muchas veces salen desde una línea telefónica de un penal del país, esos centros penitenciarios que tienen el rótulo de “máxima seguridad”, pero que solo sirven de cárceles doradas para los líderes de las organizaciones criminales.

De norte a sur, regiones como La Libertad, Lima, Arequipa o Puno ya han confirmado su participación, la misma que viene siendo impulsada principalmente por la Confederación General de Transportes del Perú (CGTP); a ellos se suman estudiantes de distintas universidades, nacionales y particulares, profesores, obreros, comerciantes de Gamarra o el Mercado Central, bodegueros, y también los padres de familia que no pueden darle la espalda al terror causado por las bandas criminales.

“Vamos a concentrarnos desde las 8:00 a.m. en Gamarra y Unanue. Hacemos un llamado. Partiremos a las 11:00 a.m. para darnos encuentro en el Congreso… ese día se cierra Gamarra totalmente. Todo el Perú cierra”, manifestó Carlos Choque, representante del Comité contra la extorsión y el sicariato de Gamarra.

Por su parte, se espera que las regiones del sur del Perú adopten medidas más radicales. Ciudades como Arequipa, Juliaca y Puno, las mismas que le han hecho saber su rechazo en más de una ocasión a la jefa de Estado, ya vienen organizándose para que ese día se interrumpa toda la circulación vehicular.

La situación no será distinta en La Libertad, precisamente en Pataz, donde hace poco Dina Boluarte estuvo ahí, pero de manera discreta sin querer conversar con el alcalde de Pataz y demás autoridades. Es ahí donde se espera que la población salga en multitud a reprocharle al Gobierno Central su poca participación para erradicar la minería ilegal.

La situación se va tornando cada vez más insoportable, convirtiendo todo ello en una enorme olla de presión a punto de explotar. La paciencia de la gente se va acabando y cada vez más personas saldrán a las calles, porque ni en sus hogares se encuentran seguros.

Ni Pedro Castillo, conociendo su pésimo gobierno, había alcanzado semejante desaprobación. Parece que Dina Boluarte solo quiere ver y escuchar lo que le conviene, o sencillamente prefiere mirar al costado y fingir que vivimos en un país donde las extorsiones no existen, la inseguridad ciudadana es solo cosa del pasado, la pobreza fue finalmente superada, o que la minería ilegal fue de una vez por todas combatida sin requerir a ineficientes estados de emergencia.

Una respuesta a esa suerte de ‘universo paralelo’ en el que vive podría encontrarse en su entorno, donde se encuentra rodeada de ministros que solo mueven la cabeza en señal de aprobación, exaltando sus obras por más pequeñas que sean, asegurando que la mandataria trabaja día y noche para sacar adelante el país, o sencillamente dando la cara a los periodistas que no pueden conversar con ella desde hace más de 200 días.

Asimismo, tal pareciera que todo su despacho presidencial le ‘siguiera la corriente’, dándole la razón a todo, así ella esté completamente equivocada. Boluarte ha creado una burbuja para demostrarle al exterior que vivimos en “paz y armonía”.

“(Vemos) un país donde las empresas pueden crecer con libertad, con garantía, seguridad, pero también con responsabilidad social. Un crecimiento que permitió que 400 mil peruanos salgan de la pobreza, y los datos del INEI lo demuestran. No es cuestión de suerte, no es una situación al azar, es un trabajo duro de nuestro Ejecutivo, pero también de ustedes”, manifestó la presidenta muy sonriente, como si estuviera en un comercial de televisión.

Lo que no dijo en su discurso de ayer es el resultado de la última encuesta realizada por Ipsos, situándola con un 2 % de aprobación a nivel nacional y colocándola con 0 % en el norte del Perú, cifras que demuestran que no viene haciendo bien las cosas.

“Hoy el Perú avanza con decisión y el rumbo está claro: seguir liderando el crecimiento económico (…) Con inversión privada, talento nacional y espíritu emprendedor, estamos construyendo un Perú más próspero, moderno y competitivo. El camino ya comenzó y nos está llevando a buenos resultados. Estamos en marcha y con paso firme”, concluyó.

¿Por qué tanto rechazo?

Cabe recordar que Dina Boluarte asumió la presidencia como primera vicepresidenta dentro de la plancha de Perú Libre, y por sucesión constitucional juramentó como presidenta el 7 de diciembre del año 2022 tras la abrupta salida de Pedro Castillo. Luego de ello, Boluarte se aparta del partido del lápiz aduciendo diferencias ideológicas que hasta la fecha no han sido bien explicadas, sin embargo, tal como va manejando su gobierno se puede evidenciar que tiene una postura más inclinada hacia la derecha.

Sin una bancada nativa que la apoye desde el Congreso, la presidenta ha tenido que tejer puentes con las demás bancadas, tales como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso o Acción Popular, entre otras, que en determinadas circunstancias votan en contra de censuras o mociones de vacancia. Sin embargo, esos mismos acuerdos no se han podido realizar con la ciudadanía, pues ven con amargura que tanto el Ejecutivo como el Legislativo vienen apoyándose mutuamente para permanecer en el poder, y si a todo ello se suma la incesante inseguridad ciudadana, la respuesta no podría ser otra que el evidente rechazo.

El congresista Guido Bellido Ugarte envió el Oficio N° 2395-2024-2025-GBU/CR al presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, Ilich Fredy López Ureña para solicitarle con carácter de urgencia que se sirva a emitir el dictamen respectivo, respecto del proyecto de Ley N° 10440/2024-CR, titulado “Ley que autoriza el retiro facultativo de los fondos de los afiliados en el sistema privado de pensiones hasta por 4 UIT”, con el objetivo de proseguir con el trámite parlamentario respectivo, para poder agendar a debate y la aprobación de la iniciativa en mención.

Como se recuerda, el legislador de Podemos Perú presentó el proyecto legislativo el pasado 3 de marzo de este año y posteriormente, el miércoles 07 de mayo, sustentó los alcances de su iniciativa de retiro facultativo de fondos de AFP, ante el grupo de trabajo que preside justamente el parlamentario López Ureña.

Y en vista que ya transcurrió el plazo superior para la emisión de dictámenes, conforme a lo estipulado en el marco normativo parlamentario, Bellido Ugarte mediante carta formal realizó el pedido.

Por su parte, Ilich López, presidente de la comisión, reveló la semana pasada que sí se encuentran trabajando en un dictamen, pero que también incluye opciones alternas de uso de los fondos de las AFP. Mientras, este sería el cuarto proyecto que sería discutido, dejando ocho que aún no han sido sustentados.

De aprobarse el proyecto, éste permitiría el octavo retiro de fondos de AFP estableciendo un acceso de hasta 4 UIT (S/21 mil 400) de los fondos privados de pensiones para cada afiliado (en tanto estos tengan los fondos disponibles). Pero permitiría que todo el monto, en caso se solicite este máximo, llegué en menos tiempo: la primera y segunda UIT en cada 30 días cada una, y las 2 UIT restantes en 30 días juntos.

Buen olfato, pero para la comida. De qué le sirve someterse a incontables cirugías si a final del día va a terminar consumiendo más calorías de las necesarias. La jefa de Estado, Dina Boluarte, asegura que nos encontramos en una etapa de austeridad, clausurando incluso 14 programas del Estado. Cualquiera pensaría que ese dinero en efecto será destinado a los niños que hace poco se intoxicaron consumiendo alimentos del extinto programa Wasi Mikuna (o Qali Warma, el nombre cambia, pero el servicio deficiente es igual), o para los colegios que se caen a pedazos, o para los hospitales que no cuentan con la infraestructura adecuada, pero nada más lejos de la realidad.

La información recogida en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace) demuestra que desde el 2023 la tendencia a comprar más alimentos desde el Despacho Presidencial se ha ido incrementando con los años. Así, solo en los primeros 120 días de lo que va del año, el gasto en productos como abarrotes, carnes, frutas, embutidos, gaseosas y otras bebidas llegó a 598,700 soles, lo que representa un incremento de más del 10 % en comparación con el mismo periodo del 2024, cuando se destinaron 540, 000. En 2023, el desembolso fue de 550,000.

Tal parece que a la “madre de todos los peruanos” le encanta vestirse bien, lucir joyas “prestadas”, viajar al Vaticano, darse unos “retoquitos”, y, por supuesto, llenarse el estómago con la comida de su preferencia. Es así que desde su despacho no se escatima en comprar de manera abundante alimentos que originalmente son destinados a eventos protocolares, pero ¿todos los días hay eventos dentro de Palacio?

Resulta increíble que la mandataria envíe un mensaje a la población donde supuestamente se muestra muy comprometida con la realidad de millones de peruanos que luchan por llevar un pan a sus casas, pero que detrás de ese mensaje esté aprovechándose de los recursos de todos los peruanos.

De acuerdo con un reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la Agricultura (FAO), el Perú tiene el porcentaje más alto de inseguridad alimentaria en toda América del Sur: más de la mitad de su población tiene dificultades para conseguir los alimentos necesarios para vivir bien.

Y pensar que ahora mismo se viene evaluando otorgarle un permiso para viajar al Vaticano para entrevistarse con el nuevo papa. Es más que seguro que el santo padre le pedirá que se dé la media vuelta y que regrese al Perú, pero caminando para que baje toda la comida que viene consumiendo.

Habría que ser bien caradura para solicitar un aumento de sueldo pese a los malos resultados. Si un técnico de fútbol pierde todos sus partidos no puede pedir que se le mejore su sueldo. Si un gerente manda a la quiebra su empresa no puede atreverse a ganar el doble. Como todos los cargos, siempre se exigirán resultados, y lo realizado hasta ahora por la presidenta de la República, Dina Boluarte, es desastroso, por decirlo de una manera educada.

Desde que se colocara la banda presidencial el 7 de diciembre del 2022, Dina Boluarte ha declarado al menos 32 estados de emergencia en distintas regiones del país. En teoría, durante un estado de emergencia, según el artículo 137 de nuestra Constitución Política, se suspenden ciertos derechos, como la libertad de reunión, de tránsito o la inviolabilidad de domicilio, sin embargo, son los propios lugareños quienes manifiestan que todo, absolutamente todo, continúa igual.

En pleno “estado de emergencia” ocurren asesinatos, extorsiones, detonaciones con dinamita, secuestros al paso, amenazas a pequeños negocios. Todo eso a escasos metros de una comisaría o un puesto de vigilancia.

Las medidas adoptadas por la mandataria y sus ministros de Defensa y del Interior ya rozan con la improvisación o la mera dejadez. Hace poco, Miguel Rodríguez Díaz, conocido como ‘Cuchillo’, se fue a Colombia desde el aeropuerto Jorge Chávez de Lima. ¿No que estaban realizando un “trabajo articulado”?

Cuesta mucho colegir que en verdad se viene trabajando de manera eficiente desde el Gobierno Central, sobre todo por los resultados que se vienen dando desde hace más de tres años. De los miles de detenidos solo uno o dos son verdaderos cabecillas de organizaciones criminales. Los demás fueron detenidos por violencia familiar, micro comercialización de drogas, o robo o hurto agravado.

La mandataria piensa que declarando estados de emergencia como por arte de magia la criminalidad va a desaparecer, pero si detrás de ello no hay una verdadera planificación todo seguirá con o sin declaratoria.

Un informe realizado por el diario Correo indica que desde el año 2022 se han declarado al menos 32 estados de emergencia a nivel nacional, siendo la provincia de Pataz, en La Libertad, con más declaratorias debido a la minería ilegal. Le siguen las regiones de Huancavelica, Amazonas, Lima y Callao en cantidad.

En dichas regiones no se ha visto un cambio positivo, al contrario, las bandas criminales vienen actuando con total impunidad, asesinando a diestra y siniestra a cuanto ciudadano se le cruce en su camino.

Cualquier experto en seguridad, con dos dedos de frente, concluye que no existen resultados en esa treintena de declaratorias. La presidenta, de tratarse de un trabajador más, ya estaría desempleada desde hace tiempo, por la sencilla razón de que no cumple con lo requerido: restablecer la paz en todo el país.

No estamos hablando de una, dos, tres, diez, o veinte fiscalizaciones, sino que a lo largo de la gestión del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, las zonas comerciales conocidas como Mesa Redonda y Mercado Central, durante todo el día, están repletas de vendedores ambulantes, triciclos que invaden gran parte de la avenida Abancay, imposibilitando el libre tránsito de los vehículos y transeúntes.

A pesar de ubicarse a unas cuantas cuadras del Palacio Municipal, pareciera ser que esa parte del Centro de Lima correspondiera a otra región o país, pues es sumamente evidente el nivel de descuido de parte de la autoridad municipal. Está olvidada a su suerte y a pesar de ello el actual burgomaestre ya viene pensando en las próximas elecciones presidenciales.

Día a día miles de personas acuden a esos emporios comerciales a adquirir productos de diversa necesidad. El fin de semana pasado, con motivo al Día de la Madre, la situación resultaba caótica debido a la gran cantidad de vendedores que ocupaban gran parte del espacio público. Y todos se preguntan ¿dónde se guarda tanta mercadería?

Un reportaje del programa dominical Punto Final indicó que más del 50 % de las viviendas ubicadas en el jirón Junín sirven de almacenes. Sería incorrecto llamarlos clandestinos porque es conocido por todos que ahí se guarda mercadería; incluso la propia gerente de fiscalización de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), Mariella Falla, indicó que desde su oficina se tiene conocimiento pleno de los almacenes y la manera en cómo le sacan la vuelta a la ley.

La gerente de fiscalización indicó que en un principio las empresas suelen cumplir con los solicitado, es decir, piden permiso para que en el local trabaje como oficina, pero con el tiempo se utilizan como depósitos.

Cabe indicar que Rafael López Aliaga es alcalde de Lima desde el año 2022; han pasado más de tres años y la situación en esos emporios no ha cambiado en lo más mínimo. Según la gerente entrevistada, desde hace una semana vienen aplicando la “inteligencia” para sancionar a los malos empresarios. En otras palabras, se han pasado tres años colocando anuncios de cierre temporal en los almacenes para que a las semanas vuelvan a abrir.

Ni las propias empresas formales se salvan. El caso de Tai Loy resulta reprochable por donde se le mire, sirviendo de mal ejemplo para todas aquellas empresas formales que se quieren pasar de listas, pasando por encima las normas municipales.

Fueron los propios trabajadores de esa empresa de útiles escolares y de oficina quienes reconocieron que esas viviendas servían de almacenes, infringiendo la norma que indica que solo el 30 % puede ser utilizado como almacén.

A todo esto ¿dónde está el alcalde que le gusta pasearse con tiktokers o youtubers, haciéndolos pasar al Palacio Municipal? ¿O será que él no ve esas cosas porque es un “alcalde empresarial”? Estamos más que seguros que jamás se dará una vuelta por Mesa Redonda o el Mercado Central porque no se encontrará con su “portátil”, sino con ofuscados vecinos que le recriminar el estado de abandono de sus calles.

Se va a cumplir un año desde que el titular del Ministerio de Educación (Minedu), Morgan Quero Gaime, señalara públicamente que las violaciones realizadas contra niñas awajún es una “práctica cultura”.

“[…] Si es una práctica cultural, lamentablemente, que sucede en los pueblos amazónicos para ejercer una forma de construcción familiar con las jovencitas…” fueron las palabras textuales del ministro Quero, las mismas que posteriormente tuvo que pedir disculpas, reconociendo que fueron sumamente indebidas.

A pesar de esas terribles declaraciones, el titular del Minedu permanece inamovible de su cargo, sin que nadie se atreva a moverle un pelo.

A propósito de su equivocada forma de pensar, el programa Punto Final reveló que desde el Instituto Peruano del Deporte (IPD), entidad adscrita al Minedu, se había elaborado un video institucional realzando la imagen de Quero Gaime. La única intención de ese video era tratar de contrarrestar la ola de críticas de la población tras haber escuchado la declaración de Quero en el caso de las niñas awajún.

Dicho video nunca salió a la luz debido a que era una “muy obvia y burda” la manera en que se intentaba limpiar la imagen del titular del Minedu. Ante ello, se optó por guardar ese material audiovisual bajo siete llaves, sin embargo, se tuvo conocimiento que el video finalmente llegó a costar 55 mil soles, según el propio IPD.

Otro dato importante. El citado medio periodístico indicó que el mismo presidente del IPD, Federico Tong, le había solicitado al alcalde de Río Santiago, Urías Sharup Yambisa, que se encargara de realizar unos juegos deportivos para julio del año pasado, para así justificar la presencia del equipo técnico del IPD y así poder realizar el video institucional.

Morgan Quero, el ‘pelele’ de Dina Boluarte

A la jefa de Estado no le incomoda para nada que el titular del Minedu se equivoque una y otra vez, ya que para ella eso solo representa que los focos apunten en dirección al ministro Quero y así la prensa no está detrás de ella todo el tiempo.

El ‘escudero’ de Boluarte es el más fidedigno ejemplar de que los ministros a final de cuentas terminan siendo ‘fusibles’ para la mandataria que está más que agradecida que Quero diga una que otra estupidez cada cierto tiempo. Cómo olvidar la vez que lanzó “vivas” al autismo; o la ocasión en que dijo que “los Derechos Humanos no son para ratas” cuando se le consultó sobre las muertes durante las protestas tras la salida de Pedro Castillo”; o más recientemente, cuando afirmó que no se necesitan “docentes de inglés en los colegios”. Pero la declaración más descabezada de todas, sin lugar a dudas, fue cuando dijo que “las violaciones son una práctica cultural”.

Ni cien videos dirigidos por el mejor director del mundo podrán elevar la imagen de Morgan Quero, pues solo está al lado de Boluarte para distraer la atención cada vez que abre la boca. A fin de año, seguramente, acompañará a la mandataria como figura para quemar en Año Nuevo. Total, es solo un muñeco de paja.

Una de las ministras incondicionales de la presidenta Dina Boluarte, nos referimos a Leslie Urteaga Peña, estuvo presente el pasado 6 de mayo en su casa de estudios para recibir una condecoración con motivo del 474° aniversario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

La ‘Decana de América’ realizó un reconocimiento a destacados ex alumnos que ahora cumplen funciones dentro del Estado, entre ellos la ministra Urteaga, actual titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

Fue la propia rectora de San Marcos, Jerí Ramón, quien entregó la distinción “Sanmarquinos destacados 2025”, a la abogada Leslie Urteaga, aprovechando la ocasión para darle un fuerte abrazo y un beso a la cuestionada ministra que previamente pasó también por la cartera de Cultura.

La infame rectora de San Marcos Jeri Ramón, condecora a Leslie Urteaga como "Personalidad destacada 2025". La Ministra responsable de la intoxicación de decenas de niños por Qaliwarma ¡Una vergüenza! pic.twitter.com/STk3QQNEp5

— Chacotero (@ChacoteroPeru) May 8, 2025

A propósito de sus desempeños en las carteras de Cultura y el Midis, a Urteaga Peña, siendo ministra de Cultura, se le critica severamente por su falta de apoyo al cine regional, siendo abucheada en una oportunidad cuando asistió al 28° Festival de Cine de Lima.

También fue duramente cuestionada al pretender “flexibilizar” la intangibilidad de las reservas indígenas cuando propuso crear una mesa de trabajo para analizarlo.

“Las comunidades que viven ahí necesitan tener servicios básicos, eso no significa que sean intangibles, creo que también es flexibilizar, de pronto, algunas autorizaciones totalmente formales y los esquemas de intervención que tiene el Estado. Me permito hacer una propuesta de tener un grupo técnico que pueda debatir y conversar, respecto aquellos casos en que sí nos preocupa”, fueron sus palabras durante su participación en la vigésima sesión ordinaria de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República, el 30 de abril del año pasado.

También recibió comentarios negativos cuando en una oportunidad recibió en su despacho a Juan Muñico Gonzales, líder de la agrupación de ultra derecha ‘La Resistencia’.

En tanto, siendo ministra del Midis, viene siendo investigada por el Congreso por su labor dentro del extinto programa Wasi Mikuna (ex Qali Warma), al revelarse una serie de casos de intoxicación en niños luego de haber ingerido productos de ese programa alimenticio.

Resulta increíble que una destacada universidad condecore a una ministra que tras su paso por dos ministerios no ha dejado nada rescatable; al contrario, viene saliendo de uno con una pesada mochila, y se encuentra en el Midis solamente por su cercanía con Dina Boluarte.

El dato:

También fueron condecorados personalidades como la doctora Janet Ofelia Lourdes Tello Gilardi, presidenta de la Corte Suprema de Justicia y del Poder Judicial de la República; la licenciada Fanny Esther Montellanos Carbajal, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; el doctor Alejandro Narváez Liceras, presidente del Directorio de Petróleos del Perú – Petroperú S.A.; el abogado César José Bernabé Pérez, presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Calidad (INACAL); y el Sr. Alejandro Castro Coronado, representante en Perú de la Corporación Estatal China CETC.