La bancada de Renovación Popular, a través de las parlamentarias Norma Yarrow y Patricia Chirinos, presentó el proyecto de ley n.° 10497/2024-CR que establece la clausura inmediata de almacenes de naturaleza clandestina. Esta iniciativa también establece mejorar la fiscalización y multas para cualquier infractor que atente contra la seguridad y los bienes públicos, en especial los asignados a las municipalidades.

Proyecto busca facilitar labor de López Aliaga

En el documento, se lee que el objetivo de modificar la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley n.°27972), y la derogación de artículos de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, permitiría «fortalecer las facultades de fiscalización municipal sobre el uso indebido de inmuebles», y se establecería «medidas de inspección, sanción y clausura inmediata» bajo la normativa de zonificación y seguridad urbana.

Asimismo, se pretende sancionar a cualquier usuario que cause daño a bienes municipales. La medida obligaría al infractor asumir el costo de reparación o reposición mediante la empresa concesionaria a cargo del mantenimiento. Para ello, las dos parlamentarias sugieren que se incluya un nuevo inciso en el Artículo 49° de la Ley N°27972, a fin de que se establezca formalmente en la normativa municipal.

“Todo usuario que, por acción u omisión, causa daño a un bien mueble o inmueble de propiedad de la Municipalidad deberá asumir el costo de su reparación o reposición del daño ocasionado. El pago se efectuará a través de la gerencia concesionaria (…), encargada del mantenimiento y conservación del bien afectado», se lee en el documento legislativo.

La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó el informe final de las denuncias constitucionales acumuladas contra el ex presidente Martín Vizcarra Cornejo, acusándolo de haber infringido el artículo 134 de la Constitución al disolver el Parlamento en el año 2019.

Con 19 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención, se determinó su inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública.

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Comisión Permanente del Congreso aprobó inhabilitar a Martín Vízcarra por 10 años de ejercer cargos públicos

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Asimismo, el ex primer ministro Salvador del Solar fue sancionado con una inhabilitación de 5 años por plantear una cuestión de confianza sin aprobación del Consejo de Ministros.

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Comisión Permanente del Congreso aprobó inhabilitar a Salvador del Solar por 5 años de ejercer cargos públicos

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Según el informe aprobado, “la suspensión del procedimiento de elección de magistrados no podía ser materia de cuestión de confianza al no tratarse de un proyecto de ley; consecuentemente, el presidente Martín Vizcarra no podía interpretar que al haber elegido un magistrado se había denegado la confianza”. Esta interpretación fue clave en la decisión del Congreso de la República, que consideró que Vizcarra actuó fuera de sus facultades constitucionales al cerrar el Legislativo.

Durante la sesión, se informó que Vizcarra envió un documento anunciando su inasistencia, argumentando que el informe en su contra había ignorado los descargos que presentó previamente. No obstante, la Mesa Directiva calificó su ausencia como injustificada y continuó con el trámite de la acusación constitucional.

Por su parte, el abogado de Salvador del Solar, Luciano López, defendió a su patrocinado asegurando que “se le pretende sancionar a pesar de que no existen pruebas razonables que derroten su presunción de inocencia y pese a la fuerza de la cosa juzgada”.

Finalmente, se designó a los legisladores María Acuña y Héctor Ventura como miembros de la Subcomisión Acusadora para sustentar el informe ante el Pleno del Congreso. Ahora, el Consejo Directivo deberá fijar la fecha para el debate y votación final de las sanciones impuestas a los exfuncionarios.

La parlamentaria del Bloque Magisterial de Concertación Nacional, Katy Ugarte Mamani, ha presentado el proyecto de ley 10472/2024-CR, denominado «Ley que incentiva la prohibición del uso del celular en horario escolar en las instituciones educativas del Perú», con el objetivo de restringir el uso de dispositivos móviles en los colegios públicos y privados del país con el objetivo de mejorar la concentración de los estudiantes, fomentar la interacción social y reducir los problemas asociados al uso excesivo de la tecnología.

La propuesta legislativa se sustenta en el impacto negativo que despliegan los celulares en la salud de los escolares. Por lo que, de acuerdo a un estudio publicado en la Revista de la Facultad de Medicina de Katmandú, el uso prolongado de teléfonos inteligentes puede generar fatiga visual, dolor ocular y somnolencia en jóvenes sanos. Asimismo, el uso excesivo de estos aparatos representa un riesgo para la salud mental de los estudiantes.

Uso excesivo de celulares genera ansiedad

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 61% de niños y adolescentes en el país ha experimentado algún tipo de ciberacoso, mientras que el 74% de los casos de cyberbullying se registra en jóvenes de entre 12 y 14 años. Asimismo, estudios han demostrado que la constante exposición a pantallas y redes sociales puede generar estrés, ansiedad y aislamiento en los escolares.  Además, si esta práctica se mantiene de manera constante en menores de 15 años, podría afectar seriamente su visión en el futuro.

Ley deberá ser reglamentada por el Minedu

De acuerdo a datos sustentados por la congresista Ugarte Mamani, actualmente, el 66.8% de los estudiantes pospone sus actividades académicas debido al uso del celular, mientras que el 76.4% presenta bajos niveles de autorregulación.

En caso de aprobarse la ley, y buscar su implementación, esta deberá ser reglamentada por el Ministerio de Educación en un plazo máximo de 90 días calendario a partir de su publicación. En este período, se establecerán los procedimientos y mecanismos específicos para aplicar la prohibición de teléfonos móviles en las instituciones educativas, tanto públicas, como privadas, del país.

Tras realizar una actividad oficial en Chiclayo, Lambayeque, donde inauguró el II Roadshow ‘Inversiones en Turismo 2025’, la ministra de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Desilú León Chempén, en declaraciones a la prensa acusó a un «sector de la prensa» de «atacar permanentemente» a la jefa de Estado Dina Boluarte Zegarra y pidió a la población peruana que defiendan los derechos de todas las mujeres, incluyendo a la presidenta.

En sus declaraciones, la titular del Mincetur dio su respaldo total a la mandataria, y aseguró que es víctima de ataques por parte de un grupo de la prensa.

«Hay un sector, no toda la prensa, que está permanentemente atacando a la presidenta. Y eso, ustedes que son periodistas, lo han podido ver. Revisen, a través de los años, es la primera vez que sucede permanentemente con una gobernante mujer», expresó en un inicio y luego afirmó que Boluarte Zegarra sufre constantes agravios por el simple hecho de ser la primera presidenta mujer de nuestra historia.

Por lo que, exhortó que la presidenta sea respetada no solo por el cargo que ostenta, sino también, por su condición de ser mujer.

«Yo creo que, cuando defendemos los derechos de las mujeres, defendemos los derechos de todas. Y la presidenta, es mujer, y permanentemente se le ataca por cualquier cosa que hace o que dice», concluyó Desilú León.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | En declaraciones para distintos medios, la ministra de Turismo, Desilú León, acusó a un "sector de la prensa" de "atacar permanentemente" a la presidenta Dina Boluarte. "Cuando defendemos los derechos de la mujer, defendemos los de todas".

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El presidente del Consejo de Ministros (PCM) Gustavo Adrianzén como es habitual, intentó blindar a la presidenta de la República, Dina Boluarte y desacreditó el audio de la exasistente personal de Dina Boluarte, en el que se le escucha afirmar que las operaciones que se realizó la mandataria en la clínica Cabani fueron estéticas.

Tras no darle fe ni credibilidad al archivo de audio, el jefe del Gabinete Ministerial indicó que este material debería pasar a ser investigado por las autoridades jurisdiccionales.

«Yo no puedo dar fe, ni tampoco doy ninguna credibilidad a audios de esa naturaleza que llegan a la prensa sin tener un origen absolutamente anónimo. En aquello no se puede confiar», aseveró en declaraciones a la prensa.

Adrianzén asegura que autoridades descartarán audio

Asimismo, el premier refirió que, cuando alguien tiene un archivo similar, inmediatamente debería presentarlo a las autoridades jurisdiccionales, en lugar de entregarlo a la prensa. Entre tanto, Adrianzén Olaya se mostró seguro de que las conversaciones registradas en el audio no serán corroboradas, debido a que las autoridades a cargo de la investigación descartarán el archivo. 

“Si alguien tiene información de un proceso que se encuentra en investigación, no corresponde ir a la prensa. Lo que corresponde es presentarse en las instancias jurisdiccionales respectivas y sentar las pruebas de su dicho. Estoy seguro de que aquello no se va a poder corroborar de ninguna manera. Confío en que, llegado el momento, la autoridad jurisdiccional no lo tenga en consideración y lo descarte de hecho», concluyó el primer ministro.

Otro inhabilitado más. La Comisión Permanente del Congreso aprobó, con 20 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención, el informe final que recomienda la inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública del exministro del Interior, Ismael Rubén Vargas Céspedes, por presuntas infracciones a los artículos 45, 139 inciso 3) y 172 de la Constitución Política del Perú.

Además, se aprobó con 21 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención, la propuesta para acusarlo por la presunta infracción constitucional en su condición de exministro del Interior, así como la presunta comisión del delito de abuso de autoridad tipificado en el artículo 376 del Código Penal.

De igual forma, con 19 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención, la Comisión Permanente decidió levantar el fuero parlamentario del exministro Vargas Céspedes, para que el Ministerio Público actúe conforme a sus atribuciones constitucionales.

Culminadas las votaciones, el titular del Parlamento, Eduardo Salhuana, precisó que de esta manera “queda expedito para que el Consejo Directivo fije fecha y hora para el debate y votación ante el Pleno del Congreso”.

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La Comisión Permanente del Congreso de la República inhabilitó al exministro del Interior, Rubén Vargas, por 10 años para ejercer la función pública y le levantó el fuero

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Por su parte, el congresista Jorge Montoya Manrique, delegado de las denuncias constitucionales 285, 287 y 369 (acumuladas), indicó que el exministro Vargas Céspedes debe asumir responsabilidad por la vulneración de las normas que rigen el funcionamiento de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Según Montoya, el 24 de noviembre de 2020, Vargas Céspedes y otros funcionarios habrían dispuesto de manera arbitraria y violando la Constitución el pase al retiro de 3 tenientes generales y 16 generales de la PNP, lo que afectó gravemente la institucionalidad de la Policía, pues produjo un «descabezamiento» sin motivación legal, menoscabando la dignidad de los oficiales y de la institución.

Montoya Manrique también cuestionó la legalidad de la designación del general César Augusto Cervantes Cárdenas como comandante general de la PNP, al considerarla una violación de los procedimientos establecidos por la ley. Además, destacó que las resoluciones que ordenaron el pase a retiro y desestimaron los recursos de reconsideración interpuestos no fueron debidamente motivadas, lo que vulneró los derechos de los oficiales afectados.

El exministro de Defensa, Emilio Gustavo Bobbio Rosas, afirmó que la Fiscalía le envió una notificación con una carpeta en la cual ha sido incluido como investigado en el caso del golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, ocurrido el 7 de diciembre de 2022.

Sin embargo, negó haber tenido algún rol en los hechos y calificó las acusaciones en su contra como infundadas. Es más, el exministro en recientes declaraciones, calificó de “estúpido” a Pedro Castillo, asegurando que esa era la razón por la que deberían sentenciarlo. “Se ha suicidado políticamente. Claro, cómo lee eso. A mi juicio deben darle 3 o 4 años por estúpido, pero no por haber hecho un golpe de Estado”, manifestó.

Exministro Bobbio niega todo

Por otro lado, Bobbio Rosas indicó que nunca fue convocado por Pedro Castillo y que su llegada al Ministerio de Defensa se debió exclusivamente a una solicitud del entonces comandante general del Ejército, Walter Córdova, cuando presentó su carta de renuncia. Además, aseguró que no estaba en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) el día 3 de diciembre, como se menciona en la investigación, ya que ese día se encontraba dictando clases, algo que puede ser corroborado con registros académicos, según indicó.

Bobbio critica maltrato contra Castillo

Si bien, Gustavo Bobbio reconoce que el mandato de Pedro Castillo fue deficiente, calificó como «digno» el comportamiento del expresidente.

Bobbio también expresó su crítica al proceso judicial contra Castillo Terrones, asegurando que el exmandatario ha sido tratado de manera irregular y que su situación se maneja más como un caso político, que legal.

El 03 de marzo sin presencia de la Policía Nacional, un grupo de fiscales apareció a las 5:30 de la mañana en la vivienda del ministro del Interior, Juan José Santiváñez. Esa misma mañana frente a los medios el titular del Mininter señaló: “Es la primera vez que en un caso de abuso de autoridad se realiza un allanamiento”.

Santiváñez cuestionó que las diligencias en su vivienda hayan sido motivadas por las presuntas declaraciones de dos testigos protegidos, las mismas que calificó como “chismes”.

Tras nueve días del allanamiento, fuentes de la Fiscalía aseguran que la Fiscal de la Nación Delia Espinoza, habría solicitado una nueva orden de allanamiento de la casa del ministro Juan José Santiváñez y de la clínica donde estaría la historia clínica de Dina Boluarte.

¿Un acto de desesperación? Según nos informan, en los pasillos de la fiscalía durante los últimos días se respira una atmósfera inquietante. Sin duda, Santiváñez es el ministro que más dolores de cabeza le ha dado al sector caviar del Ministerio Público.

En las próximas horas, el juez Juan Carlos Checkley deberá resolver los pedidos de la fiscal de la Nación. Fuentes también informaron que los allanamientos se declararían fundados por información que tendrían en su contra ex agentes DIVIAC.

Para algunos la fiscal de la Nación Delia Espinoza actúa con desesperación, para otros, ella tendría su propia agenda. El nuevo allanamiento a la casa de Santiváñez y la clínica donde se atendió Boluarte Zegarra se estarían ejecutando en las próximas horas con el apoyo y la rúbrica del juez Checkley.

Desde el Congreso cuestionan a Delia Espinoza

Congresista Fernando Rospigliosi consideró que el allanamiento de la semana pasada se trataba de una represalia de la fiscal de la Nación.

“Sin duda, es una represalia de la Fiscalía contra el ministro del Interior, dado que el ministro del Interior ha defendido una ley aprobada por el Congreso que devuelve la investigación preliminar a la Policía y el ministro había señalado que iba a denunciar a la fiscal de la nación», indicó. 

Por su parte la parlamentaria Tania Ramírez mencionó: es «la primera vez que he visto un caso que, por abuso de autoridad, se allanen viviendas. Hay casos más graves, como por ejemplo el caso de la señora Barreto y de otros fiscales que son casos más graves imputables, pero no les allanan hasta ahora sus viviendas», cuestionó. 

Finalmente, el congresista Jorge Montoya manifestó: «Tenemos que ver bien el tema porque no es un tema fácil de manejar, es complicado. Todo está apuntándose para que sea censurado el ministro del Interior. Yo pregunto, ¿qué propuestas nuevas están dando los que quieren censurarlo? Por dichos, no vamos a juzgar a las personas, los dichos afectan la honra. En este momento, su casa ha sido intervenida».