Lujos, caprichos, y excentricidades pagadas por todos nosotros. Tras el incremento del bono de función congresal, ahora el Congreso busca mejorar los servicios higiénicos de las instalaciones del Poder Legislativo bajo el pretexto de que “baños se encuentran atascados” y por eso se tiene previsto realizar un gasto de S/14.6 millones, según un informe realizado por el portal El Foco.

El citado medio reveló los documentos del proyecto de construcción, en el que se detalla la remodelación de los baños no solo del Palacio Congresal, sino también de los otros cinco edificios que conforman el complejo legislativo y los edificios de las oficinas de los congresistas.

Según lo detallado por el medio de investigación, de estos S/14.6 millones de soles invertidos en el proyecto “Servicio de acondicionamiento de los servicios higiénicos de los edificios del Congreso de la República”, S/10 millones estarán destinados a la remodelación en sí de los espacios de aseo; mientras que el resto, que corresponde a un total de S/4.6 millones, está presupuestado para pagar impuestos y gastos generales.

Según el informe, los espacios sanitarios serán implementados con inodoros, lavamanos y urinarios eléctricos en todos los establecimientos bajo la jurisdicción del Parlamento. Pero no solo eso, también se espera que estos sean implementados “mesas de mármol y granito, luces led y duchas en algunas zonas”. Estos productos son conocidos por su alto costo en el mercado debido a su acabado y puede llegar a costar cientos de soles el metro cuadrado y en este proyecto serán pagados con el dinero del mismo Estado, en una contratación que debería ser la menor posible.

Las modificaciones serán desplegadas en los edificios pertenecientes al Complejo Legislativo, el Palacio Legislativo y los edificios parlamentarios Fernando Belaúnde Terry, José Faustino Sánchez Carrión, Roberto Ramírez de Villar y Luis Alberto Sánchez; en los que se encuentran los despachos de los 130 congresistas.

Cabe recalcar que este proyecto fue uno más de los aprobados para ejecutar durante la gestión del expresidente del Congreso, José Williams Zapata, en el año 2022. Ello, debido a que, según el medio, Williams actualizó el “Proyecto de Infraestructura Inmobiliaria del Congreso de la República” en el que se agregaron otros polémicos proyectos como la clínica del Congreso y el nuevo centro de capacitaciones del Congreso en el exclusivo balneario de Santa María del Mar.

La bancada de Cambio Democrático-JP presentó una moción de orden del día con el objetivo de eliminar el reciente acuerdo (n° 118-2023-2024/MESA-CR) que aprobó la Mesa Directiva, que a partir de la segunda legislatura 2023-2024 otorgará a todos los congresistas una asignación por función parlamentaria de S/11.000 soles.

La iniciativa se da luego que la Mesa Directiva del Congreso de la República acordó aumentar la asignación por representación para los congresistas en más de tres mil soles.

Es decir, los 130 parlamentarios pasarán de recibir S/7,617.20 a S/11,000 por su función congresal; lo que constituiría un aumento de S/3.383 soles mensuales bajo ese concepto, para gastos como alimentación, transporte y alojamiento, entre otros.

Moción de orden del día presentada por la bancada de Cambio Democrático-JP.

En el texto del documento se lee: “Que, de implementarse esta medida, el monto que recibiría cada congresista mensualmente sería equivalente a 25 remuneraciones mínimas vitales”.

“Que la aprobación y confianza de la ciudadanía en el Parlamento se encuentra en sus números más bajos, a la vez que la pobreza, la vulnerabilidad económica, y la anemia infantil no hacen sino incrementarse, por lo que al Congreso le corresponde asumir esta realidad con austeridad y empatía con la ciudadanía y no con incrementos salariales para las y los congresistas de la nación”.

Finalmente, la bancada de Cambio Democrático-JP pidió dejar sin efecto el acuerdo n° 118-2023-2024/MESA-CR que dispone elevar con carácter retroactivo, la asignación por función congresal.

“Que a efectos de recuperar la confianza ciudadana es indispensable que la Mesa Directiva del Congreso dé marcha atrás en el mencionado acuerdo y/o proceda a llevarlo al Pleno del Congreso para los 130 congresistas decidan su ratificación o archivamiento”, concluye el documento de la moción.

Definitivamente el ministro de Economía no es su ‘wayki’. La presidenta de la República, Dina Boluarte, negó que su Gobierno sea débil, en réplica a lo mencionado por el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), José Arista, quien afirmó durante una entrevista ofrecida en RPP que el Ejecutivo “no tiene la fuerza suficiente para generar un balance en la parte política”.

“No somos un Gobierno débil, somos un Gobierno que estamos construyendo una madurez democrática, una madurez política para que en adelante no venga ningún grupito que quiera quebrar la democracia, que quiera quebrar el Estado de derecho y en menos de cinco años tengamos seis presidentes”, señaló Boluarte en un acto oficial en el frontis de Palacio de Gobierno, añadiendo que el Ejecutivo es “sólido, fuerte y unido, a pesar del ruido político y de lo que dicen mañana, tarde y noche”.

“Acá hay un tema importante que debe saber la sociedad (…) esta mujer andina no tiene bancada en el Congreso, pero tiene grandes amigos en las bancadas y este Gobierno tiene mejor relación con el Legislativo, y es por eso que podemos avanzar en aquellos derechos e intereses que la población tanto necesita”, sostuvo Boluarte.

La jefa de Estado añadió que el Ejecutivo, el Legislativo y otras autoridades están trabajando en conjunto con una agenda común para atender las necesidades de la población.

Las declaraciones del titular del MEF

El ministro de Economía reconoció la mañana de ayer que el Gobierno de Boluarte no tiene “la fuerza suficiente” en el Congreso para generar un balance político, al comentar la rebaja de la calificación crediticia del país por la agencia Standard & Poor’s (S&P) Global Ratings.

Arista indicó en el citado medio que el Ejecutivo “no tiene ni un congresista del partido”, dado que Perú Libre, el partido del que formó parte, se puso contra Boluarte al asumir la Presidencia, tras la destitución de Pedro Castillo en 2022.

“No ha podido (este Gobierno detener la rebaja de la calificación crediticia del Perú), tampoco tiene espacio, porque tampoco tiene un congresista del partido que está en el Congreso, no tiene balance, ni fuerza para hacer el balance en la parte política […] Definitivamente es un Gobierno débil”, dijo el titular del MEF.

No obstante, Arista dijo que la rebaja de la calificación crediticia hecha por S&P es una consecuencia de las acciones de los últimos años.

El pasado viernes, S&P ajustó a la baja la calificación crediticia de Perú de BBB a BBB- por la incertidumbre política que afronta el país que, según indicó, “limita el crecimiento” de su economía

Por unanimidad, con 15 votos a favor, cero en contra y ninguna abstención, la Comisión de Ética del Congreso liderada por el congresista Diego Bazán, aprobó la denuncia de oficio contra los congresistas Darwin Espinoza, de Acción Popular y Kira Alcarraz, de Podemos Perú, por la presunta vulneración a la ética parlamentaria en el caso de un supuesto intercambio de favores.

Según un informe periodístico, ambos legisladores fueron implicados en un presunto intercambio de favores, lo cual se habría materializado con la contratación por parte de Alcarraz de una trabajadora vinculada a Espinoza Vargas.

Este hecho se dio luego que el congresista acciopopulista cedió su lugar en la Comisión de Ética Parlamentaria a su colega de Podemos Perú, según una denuncia periodística presentada el domingo pasado.

La grave denuncia fue emitida el 21 de abril en el programa periodístico “Punto Final”, y en el que revelaron que Kira Alcarraz contrató a Stephania Cuya Bezzolo en la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad. Dicha señorita es amiga íntima del congresista Darwin Espinoza desde la campaña electoral del 2021.

Cuya Bezzolo fue contratada el 17 de agosto del 2023; tres días después de que Espinoza le cedió a su colega Alcarraz el cupo que tenía Acción Popular en la Comisión de Ética.

Stephania Cuya Bezzolo es la “amiga” del congresista Darwin Espinoza.

El reportaje también indicó que Stephania Cuya laboró dos meses como auxiliar en la Comisión de Vivienda y Construcción del Congreso, cuando dicho grupo era presidido por Darwin Espinoza, en el 2021.

Por su parte, la congresista Alcarraz respondió a la prensa sobre la denuncia sobre el presunto intercambio de favores con su colega de Acción Popular:

“El cupo de Ética solo es para que puedas votar (…) Me parece muy bajo que estén intentando ensuciar o crear morbo, la mayoría conoce mi trabajo. Jamás he negociado un voto, jamás he negociado un cupo de trabajo”.

Alcarraz Agüero renunció el pasado lunes a la Comisión de Ética y anunció el despido de la trabajadora Estefanía Cuya Barzola, quien es vinculada a Espinoza Vargas.

Es preciso indicar que el pasado 18 de abril, la Fiscalía de la Nación inició diligencias preliminares contra el congresista y vocero de la bancada de Acción Popular, Darwin Espinoza, por la presunta comisión del delito de peculado de uso (recursos humanos y logísticos) en agravio del Estado.

Darwin Espinoza es acusado de utilizar ilegalmente recursos del Congreso para fines políticos

El último fin de semana, un programa dominical reveló, además, que, en enero de 2024, la oficina del congresista Darwin Espinoza solicitó diez millones de hojas a la Oficina de Abastecimiento del Congreso, las cuales habrían sido utilizadas para imprimir las fichas de afiliación de la agrupación política.

Un extrabajador del despacho congresal reveló que todas estas acciones con presuntos fines proselitistas que realizaron los servidores de la oficina de Espinoza se llevaron a cabo en horario laboral, e incluso, los fines de semana y que los propios trabajadores debían asumir los gastos y la manutención que demandaban sus viajes y traslados para que pudieran recolectar las firmas en las regiones que visitaban.

Engreimientos de una quinceañera. La congresista Rosselli Amuruz protagonizó un bochornoso incidente ante la Comisión de Ética, después de que el grupo parlamentario aprobara imponerle una amonestación pública y una multa de 60 días. Esto ocurrió tras cambiar su testimonio acerca de si organizó o no la fiesta de cumpleaños de su pareja, Paul García, donde lamentablemente falleció un joven producto de un disparo.

“Espero que sean iguales con los ‘mochasueldos’, presidente, a ver si usted en sus fiestas…Yo voy a publicar sobre sus fiestas y lo voy a hacer público”, reaccionó furibunda la parlamentaria de Avanza País al escuchar la decisión de dicho grupo de trabajo, abandonando la sala ante la atónita mirada de sus demás colegas.

Diego Bazán, presidente de la comisión, desestimó las declaraciones de la vicepresidenta de la Mesa Directiva y argumentó que tales comportamientos se producen por ser “permisivos”.

“No vamos a permitir faltas de respeto en esta comisión. Lamentablemente ese tipo de acciones que suceden en la Comisión de Ética es porque somos permisivos y porque salimos a defender lo indefendible. Ahí están las consecuencias”, expresó el parlamentario, quien contó con el apoyo de los integrantes de la comisión.

Elías Varas, Margot Palacios y Héctor Valer expresaron su desaprobación hacia las declaraciones de Amuruz, señalando que estas podrían constituir una amenaza hacia Diego Bazán. Como resultado, solicitaron que se inicie una investigación al respecto.

“Presidente, es de lamentar lo que acabamos de ver y escuchar, y todo lo que ha sucedido, pero realmente ha sido un agravio directamente a su persona, como una amenaza, que van a publicar videos donde usted ha participado en fiestas, probablemente, yo no lo sé, pero lo cierto es que esto ya merece otro tipo de tratamiento, y debería abrirse una denuncia de oficio porque es una amenaza y una coacción directa”, indicó Varas.

Al finalizar la sesión, Bazán comunicó a los medios de comunicación que se realizará un análisis de las expresiones para determinar si es apropiado iniciar un proceso. Destacó que no podía emitir un juicio sobre el incidente porque eso implicaría prejuzgar el asunto. “No voy a adelantar posición, vamos a evaluar los hechos, vamos a revisar los videos, determinar técnicamente si corresponde a flagrancia y así lo aplicaremos”, dijo.

Congresista Amuruz vuelve a disculparse una vez más

Pidió disculpas cuando la descubrieron que había realizado su fiesta de cumpleaños en plena cuarentena por la pandemia; pidió disculpas cuando la volvieron a ver participando de una fiesta organizada por el cumpleaños de su actual pareja sentimental; y ahora vuelve a disculparse por su berrinche ante la Comisión de Ética. No nos referimos a una adolescente, sino a una congresista de la República, quien cada cierto tiempo vuelve a hacer noticia no por un notable proyecto de ley, sino por sus escándalos.

Ya en un tono más sereno, Rosselli Amuruz expresó su lamento que se le sancione debido a las declaraciones que hizo sobre su participación y organización en la fiesta mencionada. Además, cuestionó por qué no se aplica el mismo criterio a los congresistas involucrados en el escándalo de los ‘mochasueldos’.

Del mismo modo, ofreció disculpas a los peruanos por “el momento de exaltación” y recalcó que no amenazó ni a Diego Bazán ni a los miembros de la Comisión de Ética, quienes, según su criterio, “tiene una doble moral”.

Nicanor Boluarte Zegarra, es el conocido hermanísimo de la mandataría que se encuentra siendo investigado por la Fiscalía. Según fuentes del Ministerio Público, un audio comprometedor con un contexto de presunta corrupción ya se encontraría en manos de la Fiscalía. La pregunta es ¿Por qué la fiscal Marita Barreto no actúa existiendo algo tan contundente?

En programa de radio de Lima Gris, también se señaló que vendrían preparando a Morgan Quero para reemplazar al premier Gustavo Adrianzén. Quero Gaime, actual ministro de Educación, sería la pieza clave de Nicanor Boluarte en el gobierno.

En el video todos los detalles del audio y del posicionamiento de Morgan Quero en el gobierno de Dina Boluarte.

En el programa de Lima Gris en radio Planicie 91.5 FM, conversamos con el abogado Percy Vilchez Salvatierra sobre los nuevos hallazgos de la Fiscalía. Tras los recientes allanamientos el nombre de Camilo Peirano Blondet (hijo de los exministros Luis Peirano y Cecilia Blondet Montero) nuevamente saltó a las páginas policiales.

Según la tesis de la investigación del Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder, el abogado Óscar Nieves habría sobornado con dinero al fiscal supremo provisional Marco Huamán, así como a los exasesores Jaime Villanueva y Miguel Girao, para que algunas denuncias sean archivadas.

Nieves habría ofrecido, una “buena cantidad de dinero” para que se archive la denuncia contra Camilo Peirano Blondet, por lavado de activos. En esa línea, habrían buscado aprovechar la relación de amistad que el “filosofo” mantenía con Rafael Vela Barba, fiscal coordinador repuesto en la Fiscalía de Lavado de Activos.

Sobre el abogado Vílchez Salvatierra indicó: “Para que se realicen estás acciones contundentes, es porque la Fiscalía tiene elementos suficientes para motivar esos actos, no pueden hacerlo de una forma que no tenga una argumentación. Hay referencias de que se han dado las condiciones delictivas para que se pueda actuar de esta forma”.

Aquí el video del programa sobre el hijo de los exministros.

La Fiscalía estima que la posible condena que afrontaría la suspendida exfiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, por la investigación que se le sigue por el presunto delito de organización criminal y otros, en agravio del Estado, sería de más de 30 años de cárcel, debido a que existiría un concurso real de delitos.

Asimismo, la fiscal suprema Delia Espinoza, titular de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios Públicos, solicitó 36 meses de impedimento de salida del país contra Benavides Vargas, basándose en los 186 elementos de convicción existentes en dicho caso, sosteniendo la existencia de graves y fundados elementos, así como el peligro procesal de fuga durante la investigación.

En esa línea, este lunes 29 de abril, se llevó a cabo la audiencia virtual a cargo del juez supremo Juan Carlos Checkley para evaluar el pedido de impedimento de salida del país en contra de Benavides Vargas, e informó que resolverá el pedido en el plazo de ley y anunciará su decisión a través de la casilla electrónica de las partes involucradas en el caso.

En el mencionado requerimiento del Ministerio Público, se indica que la exfiscal no solo tendría las facilidades para salir del país, sino, que contaría con distintos contactos en el ámbito político no solo para lograr su objetivo de escapar de la justicia, sino, de obstaculizarla.

“Tomando en cuenta las reglas de sumatoria de penas por el concurso real de delitos que se habrían cometido, que conforme al Art. 50 del Código Penal, no puede ser superior al doble de la pena concreta del delito más grave, esta podría superar los treinta (30) años de pena privativa de libertad en el presente caso. Por lo que, la imposición de una pena grave puede influir en la conducta procesal de la investigada Liz Patricia Benavides Vargas y en consecuencia evadir la acción de la justicia”, se lee en el documento de la fiscal Espinoza.

A la exfiscal de la Nación Patricia Benavides Vargas, se le acusa por haber sido sindicada por su exasesor Jaime Villanueva como cabecilla de una presunta organización criminal, la cual se enquistó en el órgano fiscal institucional. Asimismo, enfrenta un juicio por varios delitos, incluyendo cohecho pasivo y activo, en sus distintas modalidades, así como tráfico de influencias agravado.

A la exfuncionaria fiscal se le atribuye haber realizado: interacciones indebidas con diversos parlamentarios para influir en la designación del Defensor del Pueblo, lograr la inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Ávalos y la destitución de miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), así como intentar retirar de sus cargos a los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela.

Además, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción (Eficcop) indica que Benavides Vargas habría recibido distintos sobornos, entre ellos un pago de S/30 mil soles, a cambio de direccionar dos licitaciones de compra de computadoras por más de S/7,5 millones.