Tras el pedido de la Fiscalía Suprema de impedimento de salida del país por 36 meses para la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria liderada por el magistrado Juan Carlos Checkley inició hoy lunes 29 de abril, desde las 11:10 a. m. la audiencia de dicho requerimiento.

En la sesión virtual vienen participando el fiscal Marcial Eloy Páucar Chappa, quien alegó que el esposo de la exfiscal de la Nación, el chileno Luis Espinoza Quiroz, es un empresario de la construcción, con diversas compañías y no tiene arraigo en Perú, así como su cónyuge, que actualmente se encuentra sin trabajo.

Fiscal Marcial Eloy Páucar Chappa alega que Patricia Benavides no tiene arraigo laboral.

También participan la fiscal suspendida Liz Patricia Benavides Vargas y su defensa técnica, el abogado Christian Salas, así como el procurador del Estado.

Christian Salas, abogado defensor de Patricia Benavides, argumentando en plena audiencia.

Dicha evaluación se basa en: «El requerimiento fiscal se sustenta en el peligro procesal por la probable pertenencia a la organización criminal de la investigada, que ha sido respaldado con numerosos elementos de convicción presentados ante la autoridad judicial», señaló el anuncio de la Fiscalía.

La Fiscalía Suprema especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos solicitó se imponga esta medida contra Benavides Vargas, investigada por el presunto delito de organización criminal, se lee en el comunicado emitido por el Poder Judicial a través de su cuenta de Twitter.

Fue el último 23 de abril cuando la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos solicitó dicho requerimiento ante el Poder Judicial, puesto que el Ministerio Público consideró que existe un riesgo de fuga de parte de Patricia Benavides Vargas, para las indagaciones que se encuentran en curso.

El ex presidente de 85 años, Alberto Fujimori, fue internado en una clínica local para ser sometido a una biopsia, según confirmó su hija, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, a través de su cuenta de X. La ex candidata presidencial indicó que su padre fue internado en la Clínica Delgado para prepararlo y realizarle una intervención quirúrgica que tiene relación con su lesión en la lengua.

Según detalló, el informe médico especifica literalmente que Alberto Fujimori tiene un “diagnóstico presuntivo ambulatorio de tumor maligno en la base de la lengua con probable metástasis cervical derecha”.

Sobre el procedimiento a realizarse este informe establece que se realizará un “examen bajo anestesia general y biopsia en sala de operaciones”.

Fujimori Higuchi explicó que el objetivo de esta intervención es realizar una biopsia que permita confirmar la naturaleza exacta de ese mal y que los resultados tomarán varios días.

“Mi padre y todos nosotros confiamos en que, una vez más, podrá sobreponerse y recuperarse. Vamos a esperar estos resultados en familia”, expresó.

“Agradecemos de antemano las oraciones de quienes aprecian a mi padre y aclaramos que cualquier información sobre su estado de salud sólo será realizada por los miembros de la familia. Muchas gracias”, agregó.

Ex presidente Fujimori viene siendo procesado por el caso Pativilca

Cabe recordar que, en la actualidad, el octogenario ex presidente viene siendo procesado por el caso Pativilca.

Condenado en el 2009 a 25 años de prisión por los casos de Barrios Altos y La Cantuta, fue excarcelado por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) el 6 de diciembre del 2023, luego que Tribunal Constitucional ordenara su inmediata libertad.

La decisión se acató pese a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para que el Estado se abstenga de ejecutar la medida.

Como se recuerda, la Corte IDH determinó que el Estado peruano cometió “desacato” al ejecutar la referida sentencia, por lo que dispuso se realice una supervisión reforzada de la obligación de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos en los casos Barrios Altos y La Cantuta.

“Nuestro país ha actuado conforme a su marco jurídico interno y externo y ha seguido los procedimientos establecidos en el caso Fujimori en estricto apego a los principios de legalidad y justicia. El Perú exige que se respete su posición y nuestra soberanía jurídica nacional e internacional”, dijo el ministro de Justicia, Eduardo Arana.

Contra las cuerdas. El fiscal Germán Juárez Atoche presentó ante el Poder Judicial (PJ) una nueva acusación contra el ex presidente Martín Vizcarra Cornejo en la que se le solicita una pena en su contra de 10 años de prisión por el presunto delito de colusión simple, en el marco de las investigaciones que se le sigue por el caso ‘Obrainsa’.

De esta manera la acusación fiscal contra el denominado ‘Lagarto’ por presuntos actos de corrupción durante su gestión como gobernador regional de Moquegua se incrementará a 25 años de pena privativa de la libertad.

Dicha acusación fiscal debe acumularse con otra que ya había presentado el magistrado ante el PJ contra el ex jefe de Estado, en la que solicitó que se le imponga la pena de 15 años de prisión, al acusarlo por el presunto delito de cohecho pasivo propio dentro de este proceso.

Según explicó el fiscal Juárez Atoche, el caso contra el ex jefe de Estado es “bastante sólido” y en un próximo juicio oral se demostrará que Vizcarra tuvo responsabilidad penal por los delitos que se le imputan.

“Estoy más que convencido voy a ganar ese juicio, porque si no, no hubiera acusado. Tenga la plena seguridad y le digo a la ciudadanía de que en este caso es un caso bastante sólido y el Ministerio Público va a estar a la altura de las circunstancias y vamos a acreditar en juicio oral la responsabilidad penal de este expresidente”, dijo al dominical Panorama.

El caso

El caso inició en marzo de 2021, luego de las declaraciones que brindaron aspirantes a colaboradores eficaces ante el despacho del fiscal Germán Juárez Atoche sobre presuntos sobornos que habría recibido Vizcarra durante su gestión como gobernador regional de Moquegua.

Se precisa que el exmandatario habría recibido el dinero de parte de empresas vinculadas al caso ‘Club de la construcción’, a cambio del Proyecto de Irrigación Lomas de Ilo y de la construcción del Hospital Regional de Moquegua.

Actualmente, la jueza Margarita Salcedo está llevando a cabo la etapa intermedia o de control de esta acusación fiscal. Se espera que la pena se incremente a 25 años de prisión debido a la acumulación de delitos, lo que sería un paso previo para el inicio del juicio oral.

Estos acontecimientos reflejan la complejidad y la profundidad de las investigaciones contra el expresidente Vizcarra, destacando la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito público.

Una más de los ‘otorongos’. La Mesa Directiva del Congreso de la República acordó aumentar la asignación por representación para los congresistas en más de tres mil soles. Es decir, los 130 parlamentarios pasarán de recibir S/7,617.20 a S/11,000 por su función congresal, lo que en otras palabras significa aquellos gastos como alimentación, transporte y alojamiento, entre otros.

Así lo ha dado a conocer el dominical Punto Final, cuya investigación periodística señala que el mencionado incremento para parlamentarios tendrá lugar desde la segunda legislatura del periodo anual de 2023 – 2024.

Ello luego de que el Parlamento haya incluido dicha disposición en el 118-2023-2024/Mesa-CR, donde indica que esta cifra, correspondiente al desempeño mensual de sus labores, es reconocida desde marzo de este año. Ello en medio de la entrega del crédito suplementario al Legislativo por parte del Ejecutivo.

De acuerdo con el reporte del caso, el Congreso de la República tomó como argumento para aprobar dicho aumento el índice de precios al consumidor, aludiendo a que la cifra anterior (S/ 7 mil 617) no es suficiente por el alza de costos.

Los gastos en cifras macro

Esta medida aprobada en la Mesa Directiva provocaría un aumento del gasto congresal anual. Y es que este, de manera mensual, ascendería a más de S/ 456 mil al multiplicarse por los 130 congresistas y los 5 parlamentarios andinos.

En suma, solo el incremento de la asignación por representación para los congresistas significaría un desembolso de más de S/ 5 millones al año.

Ser un congresista en el Perú es todo un privilegio

Actualmente, los legisladores reciben en sus respectivas cuentas bancarias un sueldo de 15,600 soles y 7,617.20 por función congresal, es decir, mensualmente perciben un total de 23,217 soles, pero gracias a este nuevo acuerdo, pasarán a percibir 26,600.

A eso se suma los viáticos de 2,800 que se les asigna durante la semana de representación, una gratificación de 15,600 soles en julio y diciembre y una tarjeta visa para la canasta navideña, la cual fue de 1,700 soles en el 2023.

Los congresistas cuentan con más beneficios y es que además de asesores, tienen seis celulares, seguros de salud que protegen al 100% tanto a ellos como a sus familiares, también se les otorga cuatro pasajes nacionales ida y vuelta al mes para visitar sus regiones durante la semana de representación.

La historia del loco y el profesor chiflado continúa. Ni un buen tiempo dentro de prisión le ha motivado al líder etnocacerista, Antauro Humala, que cambio de mentalidad, al contrario, parece estar más convencido que nunca que lo más conveniente para todos los peruanos es su postura nacionalista, a pesar de encontrarse congelada en el tiempo.

El también autodenominado líder del movimiento político A.N.T.A.U.R.O. volvió a manifestar que de llegar a ganar las próximas elecciones presidenciales previstas para el año 2026, otorgaría un indulto al ex presidente golpista Pedro Castillo, quien en la actualidad se encuentra cumpliendo prisión preventiva en el penal de Barbadillo investigado por presuntos actos de corrupción cometidos durante su escueto gobierno.

Dicho anuncio de Antauro Humala, para variar, ha vuelto a generar controversia ya que el ex mandatario se encuentra bajo prisión preventiva mientras se llevan a cabo las investigaciones de la Fiscalía.

Asimismo, el líder etnocacerista, también hizo referencia a su intención de impartir una “lección moral” a la izquierda peruana, indicando que el nacionalismo les enseñará a gobernar el país, destacando la “amabilidad” de los militantes de su partido hacia la izquierda personificada por el ex mandatario.

Cabe recordar que Antauro Humala, quien cumplió condena de 15 años por el caso ‘Andahuaylazo’, el año pasado había ya manifestado que una de sus primeras medidas como presidente de la República sería la de indultar a Castillo Terrones.

En aquella ocasión afirmó que, pese a que en el Gobierno del ‘profesor’ no le dieron la libertad, él sí lo haría para darle una lección moral. Sin embargo, el etnocacerista aseveró que no le debe nada al ex gobernador golpista.

Indulto no procedería ya que Castillo es un procesado y no sentenciado

Al respecto, el indulto es aquella facultad presidencial para disponer el perdón de las sanciones penales. En dicha medida, no aplica para procesados sino para sujetos con una sentencia condenatoria en su contra. Ahora bien, el indulto no anula la condición de culpable del favorecido, como sí ocurre en el caso de las amnistías otorgadas por el Congreso, sino que únicamente impide la ejecución de la sanción, esto es, la pena privativa de libertad.

En nuestro país se han emitido leyes que limitan la facultad del presidente de la República para conceder el indulto y el derecho de gracia. Entre ellas podemos destacar la Ley N° 26478, que excluye del beneficio del indulto a los autores del delito de secuestro agravado; el Decreto Legislativo N° 1181, que prohíbe el derecho de gracia, amnistía, indulto y conmutación de pena para los actores del delito de sicariato; y, la Ley N° 28704, que prohíbe la concesión de gracias presidenciales para los autores de los delitos de violación sexual de menores de edad y violación de estos seguida de muerte o lesiones graves.

Asimismo, siguiendo lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en casos de crímenes de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos tampoco es admisible la concesión de indultos.

Carlos Marina acusó el año pasado a la congresista Magaly Ruiz por apropiarse de un porcentaje de su sueldo cuando trabajaba en el Congreso. En tanto, la Fiscalía de la Nación denunció a la legisladora de Alianza para el Progreso (APP) y obtuvo los audios, los cuales la incriminarían en los presuntos delitos de concusión y colusión agravada.

Asimismo, Johnny Fabián Romero Nima, quien habría sido la persona en recibir el dinero de algunos trabajadores, también está siendo investigado por el presunto delito de concusión. Precisamente, Romero fue quien reveló que el fiscal Richard Rojas le pidió dinero en dólares y cargos en el Congreso para sus dos hermanos a la legisladora por archivar el caso.

Dos audios argumentan la denuncia del Ministerio Público y complicarían la situación de Magaly Ruiz.

Los audios son altamente incriminadores

En el primer audio se escucha una conversación con su hijo Jeffrey Rahim Marrufo Ruiz, donde se habla de Camila Mantilla Heredia, con quien mantenía una relación sentimental y trabajó en el Parlamento desde febrero de 2022 hasta marzo de 2023.

Magaly Ruiz le menciona que existen partes que “la perjudican”.

“Camila le ha contado a una chica, dice que a mí me daba plata mensualmente y le ha dicho, aquí según dice acá que lo ha cambiado una tarjeta […] eso es cárcel hijo. Entonces, son dichos, pero pa’ desmentir eso solamente necesito ahorita una cosa y no sé cómo lo puedes decir. Necesito que saque un estado de cuenta del número de tarjeta que sacó”, se lee en la transcripción que sería la parlamentaria.

Marrufo Ruiz confundido le menciona que “no entiende”, pero la legisladora le insiste que se debe “negar” todo y le pide que “mienta”:

“Estoy en sus manos. Estoy cambiando de abogado, estoy cambiando, estoy haciendo todo, pero me han dado el abogado este de acá y yo recién acabo de llegar a la casa y me avergüenza tu papá, lo encuentro todo molesto y yo no encuentro a nadie con quien conversar, no encuentro a nadie, pero no quiero escribirle también a Camila porque mi número de teléfono no vaya a estar intervenido, pero tengo miedo también que a ella le estén interviniendo su número, pero necesito que ella saque un estado de cuenta de su tarjeta, ella sabe, solamente eso me va a tener tranquila, si está todo bien eso tengo una salvación, sino que ella no, parece que lo conversó con alguien”, palabras Magaly Ruiz.

Entonces su hijo pregunta cuál es la situación que enfrentaría su enamorada Camila por estos actos, pero la congresista le niega que esté comprometida en la investigación.

“La cosa es que corroboren que ella diga sí. Si es cierto, eso me daría cárcel a mí. Tengo que contarle a tu papá, me da miedo [sollozos]. Por eso yo quiero estar segura, estoy un poco nerviosa sí […]”, manifiesta.

“O sea, quieres que le diga a Camila que te pase su estado de cuenta y que, si es que la llaman o algo para que declare que mienta”, le responde su hijo Jeffrey.

Otro audio compromete a Magaly Ruiz

En otro audio, la congresista vuelve a pedir el apoyo de su hijo y le asegura que no será incluida en otra investigación, debido a que la joven está en otro proceso sobre un presunto delito de tráfico de influencias por laborar con ella, a pesar de su vínculo.

“[…] mi caso no tiene nada que ver con ella, no tiene nada que ver, o sea, no lo relacionan conmigo con ella, es un caso que a ella solamente la investigan, donde ya se han olvidado, es porque yo le he dado trabajo, porque es tu enamorada y dicen que hay tráfico de influencias, y tampoco no hay tráfico de influencias hijo, porque ustedes no son casados no son nada […]”, indicó Ruiz.

La legisladora pretendía que los trabajadores que eran citados por el Ministerio Público solo hablen del caso conocido como ‘mochasueldo’, pero no del vínculo con Camila.

“[…] pero yo no, mientras yo lo trato de ayudar, no vaya a meter ella la pata… porque yo estoy segura de que le van a preguntar, pero ya han preguntado a Recursos Humano, porque yo le decía cómo vas a bloquear si le preguntan por su certificado, (ininteligible) yo sé cómo bloquearlo me dice”, responde la congresista.

Cada vez más, las explicaciones de la presidenta de la Republica Dina Boluarte, se hacen menos creíbles.

Desde que se reveló el escándalo del caso Rolex que la involucra a ella y al Gobernador Regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, por un presunto enriquecimiento ilícito; desde un principio la mandataria optó por el silencio y finalmente, tras salir de su visita a la Fiscalía, aseguró que las joyas que exhibía en eventos oficiales se trataban de un “préstamo” de su “wayki” Oscorima. Evidentemente, la población no le creyó ni una sola palabra.

En ese sentido, la mandataria señaló que desde su gobierno no trabajan para las encuestas, esto luego que en una última encuesta de Datum se revelara que su aprobación ante la ciudadanía cayó a 7%, siendo la cifra más baja que se registró en su gestión y la que, en los últimos 20 años, obtuvo un jefe de Estado.

Además, el sondeo arrojó que apenas un 4% de peruanos ha afirmado creer la historia que la mandataria brindó en un Mensaje a la Nación, tras haber declarado ante la Fiscalía de la Nación, el pasado 5 de abril.

Frente a esta mínima cifra de credibilidad, el porcentaje de personas que no le creen a la mandataria es aplastante. Con un 92% del total de peruanos encuestados, Datum indica que la presidenta ya no cuenta con la capacidad de hacer que la ciudadanía le otorgue algo de confianza.

Sin embargo, ella no acepta su desaprobación y responde:

“Desde el Gobierno les decimos: no trabajamos para las encuestas, donde nos dicen que estamos en el 9%, 10%. Nosotros estamos trabajando para que podamos desarrollar el país y ahí le ponemos la plata, no para pagar a las encuestadoras. La ponemos para los emprendedores”, increpó la presidenta Boluarte Zegarra.

Estas declaraciones las brindó desde Palacio de Gobierno al cierre de la premiación a los ganadores del programa ProInnóvate, que impulsa la innovación y apoya a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Asimismo, sostuvo que su gobierno es “de hechos y no de palabras”; y remarcó que “no se van a distraer en temas menores”.

“Somos un Gobierno de hechos y no de falsas esperanzas. Donde antes había olvido, hoy hay atención. Donde antes había desidia, hoy hay coraje y firmeza. Donde antes había corrupción, hoy estamos sacando a los corruptos, y por eso tenemos las broncas allá afuera, pero no les tenemos miedo, seguiremos avanzando”, enfatizó la mandataria.

Nuevamente fuera. El Tribunal Constitucional (TC) suspendió la medida cautelar del Poder Judicial (PJ) y restablece la inhabilitación de Aldo Vásquez e Inés Tello de sus funciones como miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). En la resolución se declara fundada en parte la solicitud del Congreso de la República.

“Lo que estamos diciendo es que esta medida cautelar que emitió esta sala queda en suspenso porque hay una apelación en el proceso de amparo. Hasta que la sala constitucional y social de la Corte Suprema de la República defina la situación de esa apelación, puede confirmar la medida cautelar, en cuyo caso quedará vigente”, explicó el magistrado César Ochoa, en entrevista con RPP.

Indicó, además, que la medida cautelar entrará en vigencia apenas la resolución sea publicada. “He tenido que hacer el anuncio debido a esta desinformación que se ha generado en los medios”, precisó.

Por otro lado, negó que se esté violando el artículo 139 de la Constitución Política del Perú, que impide a cualquier autoridad interferir con los procesos judiciales en cursos.

“Eso será entre órganos de una misma jerarquía, pero no entre un órgano supremo que está ejerciendo control de competencias. Además, nosotros no hemos anulado, hemos dicho se suspende los efectos de esa medida cautelar, en tanto la Corte Suprema, a través de la sala, se pronuncie al respecto”, argumentó.

En contraposición, el abogado constitucionalista Omar Cairo, dijo que “lo que debe quedar es un error manifiesto del TC, que quedará como una decisión declarativa sin ninguna consecuencia”.

“Yo no creo que el Poder Judicial se doblegue para permitir que la resolución, número 3, que no es parte del competencial, haya sido rota por el Tribunal Constitucional. (…)”, mencionó en diálogo con el mismo medio.

Presidente del Congreso a favor de decisión del TC

Al respecto, a través de sus redes sociales, el presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto Reyes, saludó el pronunciamiento del TC que ratifica la inhabilitación de los magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez.

“El pronunciamiento del TC ratifica la decisión legal y constitucional del Pleno de inhabilitar a los señores Inés Tello y Aldo Vásquez en la JNJ. Seguiré defendiendo al Congreso de la República en pleno respeto a la separación de poderes”, escribió Soto Reyes en su cuenta de X.