¡No se quedarán con los brazos cruzados! El Parlamento informó hoy que apelará la decisión de la Primera Sala Constitucional de la Corte de Lima del Poder Judicial de reponer a los exmagistrados Luz Inés Tello de Ñecco y Aldo Alejandro Vásquez Ríos, como integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).  

El presidente del Congreso Alejandro Soto Reyes calificó la medida como ‘arbitraria’ y anunció que hoy se interpondrá un recurso de apelación contra la decisión judicial.

Asimismo, señaló que se utilizarán todos los recursos legales permitidos y se exigirá que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la medida cautelar interpuesta en abril pasado por la representación nacional.

“Vamos a hacer respetar el fuero parlamentario. Eso demuestra que no hay uniformidad en el criterio de los magistrados del Poder Judicial. El Poder Legislativo hará valer sus derechos conforme a ley”, enfatizó el titular del Parlamento.

También subrayó que decisiones como esta perjudican al Perú en su conjunto, mencionando que incluso, uno de los magistrados del Poder Judicial votó en discordia.

Corte de Lima ordenó reponer a Aldo Vásquez e Inés Tello en la Junta Nacional de Justicia

Como se sabe, el lunes 1 de julio, el Poder Judicial, a través de la Primera Sala Constitucional de la Corte de Lima declaró fundada la demanda de amparo interpuesta por Antonio Humberto De la Haza Barrantes, Aldo Alejandro Vásquez Ríos, Luz Inés Tello de Ñecco, Imelda Julia Tumialán Pinto, María Amabilia Zavala Valladares y Guillermo Santiago Thornberry Villarán; y consecuencia, ordenó reponer “en el día” a los magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez como miembros titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Asimismo, la resolución judicial declaró nulo el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobado por la Comisión Permanente del Congreso, respecto de la denuncia constitucional en el que se les acusó de una presunta infracción a la Carta Magna. Además, ordenó que no se apliquen dos resoluciones del Parlamento en las cuales se decidió inhabilitar por 10 años en el ejercicio de la función pública a Inés Tello y a Aldo Vásquez como miembros de la Junta Nacional de Justicia y “de todos los actos posteriores que impliquen el cumplimiento de dichas Resoluciones Legislativas”.

Lo mandó al rincón. Joseph Campos, abogado de la presidenta de la República, Dina Boluarte, no se cayó nada durante una entrevista ofrecida para Exitosa, mencionando que el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena “ha perdido objetividad” al llevar la investigación del caso sobre las muertes de ciudadanos ocurridas durante las protestas del 2022-2023 y que debería “lavarse la boca” por asegurar abiertamente que existe un “complot contra él”.

La defensa legal de la mandataria solicitó al titular del Ministerio Público no tomar una postura política durante la investigación del caso.

“Para efecto en el tema de responsabilidad jurídica de la presidenta, el fiscal Villena debería comprender que no debería hacer política. No tiene competencia. La primera que haga política deberían sacarlo de la Fiscalía de la Nación, pero mientras que haga la investigación jurídica, lo que salga de los documentos de planes operativos ¿cómo va a vincular a Dina Boluarte? Es ridículo”, expresó Joseph Campos para el citado medio.

Asimismo, el letrado recalcó que el fiscal Villena genera declaraciones ante la prensa que pueden ser malinterpretadas, ya que “nadie está obstaculizando su tarea de hacer una investigación jurídica“. 

“Creo que ha perdido objetividad. La otra vez ha salido a hablar de que esto es un complot contra él con las leyes y habla de todos incluido los investigados por las protestas. Sabes qué, ese fiscal que primero se lave la boca por estar dando declaraciones que pueden ser malinterpretadas porque nadie está obstaculizando su tarea. El fiscal Villena tiene una tarea fundamental, todos queremos que le vaya bien. (…) He sido muy respetuoso con él”, comentó a la periodista Karina Novoa.

Finalmente, el abogado Joseph Campos pidió al fiscal de la Nación que se dedique a hacer correctamente su trabajo sin tomar posturas políticas y “solo ajustarse a las competencias que le ha dado la Constitución” respecto a la investigación que se sigue contra la jefa de Estado.

Alejandro Salas Zegarra, ex ministro de Cultura y Trabajo del régimen de Pedro Castillo, se ha convertido en el vocero del partido “Perú Primero”, y con miras a las elecciones generales de 2026 se ha propuesto limpiar el terreno político a su líder Martín Vizcarra y ha empezado diciendo que el exmandatario hoy investigado por la Fiscalía, es víctima de una persecución política motivada por una venganza “porque se enfrentó a agrupaciones políticas disolviendo el Congreso”.

Salas Zegarra, consideró de “injustos” los procesos de inhabilitación impuestas por el Congreso contra el expresidente, afirmó esta mañana en Canal N.  

Con respecto a su protagonismo en el gobierno del vacado expresidente chotano, que además fue marcado por corrupción y su actual rol de vocero en el partido de Martín Vizcarra, el exministro Salas respondió que “las responsabilidades penales son personales y que la justicia debe ser la encargada de determinar culpabilidades”.

Asimismo, sobre su posible y futura candidatura, al afirmar que el partido “Perú Primero” se encuentra inscrito en el JNE y está habilitado para participar en las próximas elecciones generales del 2026, mencionó que se someterá a las elecciones internas del partido, pero no descartó la posibilidad de postularse al Congreso de la República.

Defiende a Martín Vizcarra de sus acusaciones fiscales

En cuanto a las acusaciones fiscales que actualmente, enfrenta el exmandatario Martín Vizcarra, como es el caso ‘Richard Swing’ y las compras de las ‘pruebas rápidas’ durante la pandemia, Alejandro Salas defendió la independencia del expresidente en las contrataciones y señaló que la Fiscalía ha archivado algunos casos por falta de pruebas y que se investigan otros, que seguirán su curso.  

El Poder Judicial, a través de la Primera Sala Constitucional de la Corte de Lima declaró fundada la demanda de amparo interpuesta por Antonio Humberto De la Haza Barrantes, Aldo Alejandro Vásquez Ríos, Luz Inés Tello de Ñecco, Imelda Julia Tumialán Pinto, María Amabilia Zavala Valladares y Guillermo Santiago Thornberry Villarán; y consecuencia, ordenó reponer “en el día” a los magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez como miembros titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Asimismo, la resolución judicial declaró nulo el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobado por la Comisión Permanente del Congreso, respecto de la denuncia constitucional en el que se les acusó de una presunta infracción a la Carta Magna.

Primero los despiden, luego los reponen y nuevamente ordenan sus inhabilitaciones

Como se recuerda, en una primera instancia, el 7 de marzo, Con 67 votos a favor y 23 en contra y 3 abstenciones, el Congreso de la República decidió sancionar e inhabilitar a Aldo Vásquez y a Inés Tello De Ñecco por haberse mantenido en el cargo de miembro titular de la JNJ fuera del límite de edad previsto en la Constitución y el artículo 109° de la Ley Orgánica de dicho organismo constitucional. Según se establece en ambos textos, uno de los requisitos para integrar la JNJ es tener como mínimo 45 años y como máximo 75 años de edad; sin embargo, Tello De Ñecco cumplió en setiembre del año pasado 78 años y se resistió a dejar el cargo.

Posteriormente, El 22 de marzo, la Corte Superior de Justicia (CSJ) ordenó la reposición de Inés Tello y Aldo Vásquez como miembros titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), luego de declarar fundada la medida cautelar presentada por dichos magistrados, quienes fueran inhabilitados por el Congreso para ejercer cargos públicos durante 10 años.

Pero al mes siguiente, el 25 de abril Inés Tello y Aldo Vásquez vuelven a ser inhabilitados de la JNJ tras fallo del Tribunal Constitucional (TC) que suspendió la medida cautelar del Poder Judicial (PJ) y restableció la inhabilitación de ambos magistrados de sus funciones. En la resolución se declaró fundada en parte la solicitud del Congreso de la República. Es decir, la inhabilitación fue temporal hasta que la Corte Suprema se pronuncie respecto a una apelación interpuesta por el Congreso.

Sin embargo, este lunes 1 de julio, la Primera Sala Constitucional de la Corte de Lima que declaró fundada la demanda de amparo interpuesta por los magistrados, además, ordenó que no se apliquen dos resoluciones del Parlamento en las cuales se decidió inhabilitar por 10 años en el ejercicio de la función pública a Inés Tello y a Aldo Vásquez como miembros de la Junta Nacional de Justicia y “de todos los actos posteriores que impliquen el cumplimiento de dichas Resoluciones Legislativas”.

Incluso, en el numeral 3 de la decisión judicial, se le dispone al Congreso de la República que “se abstenga de incurrir en el futuro en las mismas infracciones al ejercicio de los derechos fundamentales amparados en esta sentencia, bajo apercibimiento de denunciarse penalmente a sus integrantes que las cometieran”.

El protegido. Con una impresionante escolta policial y portando un chaleco antibalas, así se presentó la mañana de ayer el fiscal José Domingo Pérez a la Corte Penal Nacional para sustentar el caso denominado ‘Cócteles’, en donde se encuentra involucrada la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, así como otros 45 investigados que formarían una presunta organización criminal.

Propios y extraños se quedaron sorprendidos ante la llegada del fiscal Domingo Pérez con tremenda seguridad, como si se tratara de la presidenta de la República o un alto dignatario internacional; sin embargo, las razones del encargado de sustentar la tesis fiscal van por el lado de su integridad debido a que semanas atrás viene recibiendo amenazas.

El motivo de por qué llevó ayer chaleco antibalas

Tal como se ha dado a conocer a través de un documento dirigido al Fiscal Superior Coordinador, José Domingo Pérez informa que continúan las campañas de hostigamiento, acoso y violencia hacia su función como fiscal, intensificándose a días del inicio del juicio oral contra Keiko Fujimori, Fuerza Popular y otros implicados.

Según se detallan los hechos, el 28 de junio de 2024 en horas de la mañana, el conductor de Domingo Pérez recibió una amenaza directa para el fiscal describiendo lo siguiente: “Me encontraba en el desempeño de mis funciones (…), cuando se acercó por la ventana del conductor un hombre de aproximadamente 60 años a bordo de una bicicleta quien vociferó lo siguiente: ‘Tu jefe va a caer, ese terruco de m***da’, continuando con su marcha (..)”.

Después de poner en conocimiento este hecho, se solicitó a la Fiscalía de la Nación que adopte las medidas necesarias para garantizar que no sigan ocurriendo actos como los mencionados anteriormente y que puedan poner en riesgo su integridad. Especialmente mientras el juicio por el caso Cócteles (actualmente en curso) esté por iniciar.

“Es una situación de competencia de la Policía, la Fiscalía de la Nación ha informado correspondientemente y debo guardar la seguridad correspondiente. Se ha recibido una amenaza, sí y esto debe ser competencia de la PNP que tendrá que realizar las investigaciones correspondientes”, declaró el fiscal José Domingo Pérez a los medios de comunicación.

Caso ‘Cócteles’

Keiko Fujimori viene siendo investigada por el Ministerio Público por el delito de lavado de activos en sus anteriores campañas electorales. Según la hija de Alberto Fujimori, el dinero que ingresó a las arcas de Fuerza Popular para los procesos del 2011 y 2016 fueron lícitos.

La Fiscalía, a través del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales avanza tenazmente en la investigación contra tres parlamentarios en el ‘caso Huawei’ y según fuentes ya habría accedido a las copias originales de los correos electrónicos entre Paloma Sarria y Brendan Oviedo, mencionándose en ellos a los congresistas Jorge Flores Ancachi, Luis Kamiche, y Luis Aragón.

Como se recuerda, los legisladores Flores Ancachi, Aragón, y Kamiche habrían realizado un lobby a favor de la empresa transnacional Huawei para que ésta se favorezca de diversos proyectos de ley relacionados a beneficios tributarios, o la exclusión de impuestos, fomentados irregularmente desde la Comisión de Energía y Minas.

¿Cómo se habría logrado el lobby con Huawei?

La firma China habría invitado a los tres congresistas (entre otros funcionarios del Estado) a una serie de eventos tecnológicos internacionales con todo pagado a su sede central en China, así como a otras localidades de Europa, para ganarse la confianza de nuestros ‘padres de la Patria’.

Tras dichos viajes, en noviembre del 2023, la Procuraduría General del Estado (PGE) formuló una denuncia contra los tres parlamentarios involucrados, acusándolos de los presuntos delitos de patrocinio ilegal y cohecho pasivo impropio, en agravio del Estado.

Todo esto se hizo conocido gracias a una serie de correos electrónicos enviados por Paloma Sarria, entonces directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Energías Renovables (SPR) a su jefe Brendan Oviedo, adjuntando en los mismos, los nombres de los congresistas involucrados Luis Kamiche y Jorge Luis Flores Ancachi.

Asimismo, el tercer congresista involucrado en un presunto lobby energético es Luis Aragón y como se sabe, el semanario Hildebrandt en sus Trece dio cuenta de su participación, tras recibir en reiteradas ocasiones en su despacho a Zhilong Liu, vicepresidente de relaciones públicas de la empresa Huawei.

“El 20 de octubre del año pasado, el vicepresidente de relaciones públicas de esa marca en el Perú, Zhilong Liu, visitó a Aragón. Un mes después, el acciopopulista viajó a Ciudad de México con todos los gastos pagados por la empresa para participar como expositor en la ‘Cumbre de Talento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”, se lee en la publicación.

Y continúa el semanario: “Al regresar de su viaje, el congresista recibió nuevamente en su despacho a Zhilong Liu y al gerente de imagen de la empresa, Bleny Valdivia. Tres meses más tarde se repitió la escena. El 8 de febrero Aragón se reunió con el CEO de Huawei en Perú, Jianxin Liu. Días después la marca le financió un viaje a España para participar del Mobile World Congress acompañado de la parlamentaria Patricia Chirinos. Posteriormente, Aragón apoyó las iniciativas de Flores (Ancachi) para la promoción de los autos eléctricos”.

Según fuentes, esta semana habría llegado a las manos del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales del Ministerio Público las copias originales o certificadas de los correos electrónicos expuestos y ya habrían sido adjuntados en la investigación como medios probatorios.

El Grupo La República ha anunciado con “bombos y platillos” que firmó un convenio con el Grupo de Medios de China “para producir contenidos”.

El CMG, es un conglomerado de televisoras, radios y agencias de Noticias (Televisión Central China, Radio Nacional de China y Radio Internacional de China) bajo control directo del departamento de Propaganda del Partido Comunista Chino. Eso significa que en la practica el diario de Chicho Mohme acató volverse un aliado del brazo propagandístico de ese partido. Otros fueron los tiempos y han pasado varias décadas desde que ‘La República’ empezó como un medio periodístico.

Como se sabe, Grupo de Medios de China (CMG) tiene 191 oficinas internacionales, cuya red de comunicación que cubre 67 países y regiones en todo el mundo. El presidente de este gigante conglomerado comunista es Shen Haixiong, Viceministro del Departamento de Publicidad del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) y a partir de este año, CMG tendrá oficialmente una oficina de prensa en Perú.

Hay que mencionar que este extraño convenio se firmó en medio de un viaje diplomático del gobierno de Perú hacia República Popular China. Y a través de imágenes, en una de las presentaciones protocolares se observa en la mesa a la mandataria Dina Boluarte junto a su homologo chino, Xi Jinping. Pero lo curioso es ver, que quien está en la mesa delante de ellos junto a un funcionario del gobierno chino, es nada menos que la hija del dueño de La República. Se trata de Vanessa Mohme.

¿Por qué Vanessa Mohme viajó junto a una Delegación Oficial del Gobierno de Dina Boluarte? La respuesta es sencilla. Ella trabaja desde el año 2020 como jefa del Área de Desarrollo Sostenible de “Inland Energy”, una empresa subsidiaria que pertenece a Luz del Sur.

Como bien se sabe, la dueña de ‘Luz de Sur’ desde el 2019 es nada menos que la empresa estatal china Yangtze Power Co. Ltd. En los últimos años se han realizado transacciones que han puesto en manos del comunismo chino el monopolio de la energía del Perú. Y en esa línea, se han impulsado y se siguen impulsando proyectos de “leyes lobistas” en la Comisión de Energía y Minas del Congreso, que beneficiarían a la expansión del dragón chino en nuestro país.

Según fuentes, Vanessa Mohme, próximamente sería promovida en esta empresa china y pasaría a tener un cargo en la propia Luz del Sur. Asimismo, desde 2022 ella también es cofundadora y directora de ‘La República Sostenible’, un proyecto que es parte del diario de la familia Mohme.  ¿Acaso un conflicto de interés?

Actualmente, mucho se habla de “sostenibilidad” y también están en boga “las alianzas”. Y en este caso, se ha realizado una alianza con medios estatales chinos ¿acaso un lobby para manejar noticias direccionadas y amables?

Es de conocimiento público que en China no existe la libertad de prensa y que además dicho país comunista es el segundo del mundo, menos amable con la labor de los periodistas.  

Sin embargo, ‘La República’ ha perdido la brújula y anuncia que ya se puso al servicio del Gobierno Comunista Chino, porque para ellos, eso es algo muy normal; así como para el gobierno de Dina Boluarte que ya estaría impulsando lobbies chinos…

El gran negocio sin sudar ni una gota. Si Mark Vito, ex esposo de Keiko Fujimori, afirma que puede llegar a ganar hasta 14 mil soles mensualmente por realizar publicidad en sus redes sociales, entonces de más estaría hablar de actividades pro fondos para un partido político muy conocido por él, pues en su rubro las ganancias que puede obtener alguien resultan sumamente lucrativas y con muy poco esfuerzo.

Dicha aseveración fue dada por Mark Vito Villanela durante el juicio oral por el caso ‘Cócteles’, mencionando que trabaja como “influencer y publicista en redes sociales, en eventos y a veces en programas de televisión, con ingresos alrededor de 14 mil soles, y no tengo antecedentes”.

El empresario estadounidense, quien incursionó en las redes sociales tras el fin de su matrimonio con Fujimori, compareció ante el tribunal presidido por la jueza Juana Caballero el lunes para testimoniar en el juicio contra su expareja y más de 40 involucrados. Vito Villanella enfrenta acusaciones por presuntos delitos de crimen organizado y lavado de activos.

El proceso comenzó pasado las 9 de la mañana de hoy, con la acreditación de abogados y la identificación de los acusados, incluyendo a Mark Vito Villanella. El autodenominado influencer, de 47 años, captó la atención al llegar al Tercer Juzgado Penal Colegiado acompañado de una joven, a quien abrazó y besó frente a cámaras.

El dato:

En junio del año 2022, Keiko Fujimori anunció el fin de su matrimonio de 18 años con Mark Vito Villanela. En sus redes sociales, la lideresa de Fuerza Popular expresó que la decisión de separarse llegó “después de una profunda reflexión”.

“Hoy reitero mi agradecimiento a Mark por haber luchado a mi lado en medio de las circunstancias más difíciles y haber sufrido una terrible persecución solo por ser mi esposo”, escribió. También reafirmó el compromiso mutuo de seguir criando y apoyando con amor a sus dos hijas, Kyara Sofía y Kaori Marcela.