En los últimos días, varios medios han reportado que la presidenta Dina Boluarte estaría preparando un programa dominical titulado “Cada domingo a las 8 p.m.”, que sería transmitido por TV Perú. La noticia causó tal revuelo que generó reacciones en el Congreso: parlamentarios expresaron opiniones a favor y en contra, y hasta el canciller Elmer Schialer salió en defensa de la supuesta propuesta televisiva.

Pero ¿de dónde surgió esta historia? La “primicia” fue lanzada por el dominical Panorama el domingo 22 de junio, en un breve informe titulado “Dina querría su programa dominical”. La conductora, Carla Muschi, mencionó la reciente renuncia de Ninoska Chandía como jefa institucional del IRTP y aseguró que, tras su salida, se escondía un proyecto en marcha: un programa dominical para la presidenta, que incluso ya tendría nombre, presentación y horario.

Muschi presentó una cuña de lo que supuestamente sería un programa de entrevistas encabezado por Dina Boluarte. Incluso señaló que Luis Vivanco Aldon, presunto sucesor de Chandía, tendría como misión sacar adelante el espacio presidencial apenas asuma la dirección del IRTP.

Lo que Panorama no contó

Desde la salida de Ninoska Chandía del IRTP, el ambiente dentro de la sede de Santa Beatriz ha estado tenso. Al interior, muchos sospechan que todo este escándalo ha sido armado para desacreditar al posible nuevo jefe institucional: Luis Vivanco. La idea del programa, en realidad, no es nueva. Según información a la que tuvimos acceso, la propuesta fue presentada por Vivanco en 2024, cuando era gerente general del IRTP. Sin embargo, esta idea fue rechazada por el comité de gerentes y jamás llegó a implementarse.

La versión más preocupante es que la cuña difundida por Panorama habría sido filtrada por la propia Ninoska Chandía, en coordinación con su incondicional jefe de prensa, Roberto Wong. Ambos habrían recuperado del archivo la antigua propuesta borrador de Vivanco y la habrían usado para fabricar una historia que nunca se concretó: que la presidenta pronto tendría su propio programa televisivo, al estilo Maduro o Chávez.

Consejo Directivo eliminado

En tiempos de Vivanco Aldon, las decisiones importantes pasaban por el Consejo Directivo del IRTP. Pero Ninoska Chandía, al reformar el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y rediseñar el organigrama, eliminó ese consejo, centralizando todo el poder en la jefatura institucional. Es decir, desde su salida, solo el jefe decide sin consultar a nadie.

Por eso, cuando la propuesta de Vivanco Aldon fue rechazada, aún existía un proceso institucional de deliberación. Hoy, esa estructura ha sido desmantelada.

Luis Vivanco y Ninoska Chandía cuando trabajaban juntos.

El triángulo detrás del escándalo

La historia de esta supuesta “primicia” no termina en la cuña. Panorama le habría seguido el juego a Chandía y Wong, y el apoyo lo habría brindado Karla Ramírez, actual jefa de la unidad de investigación del programa. La periodista Ramírez no es ajena al círculo del IRTP: fue subordinada de Roberto Wong y trabajó con él y con la entonces productora Nancy Morán —otra persona de confianza de Wong— en el programa ‘Aliados por la Seguridad’, una producción exigida por el exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, durante el gobierno de Ollanta Humala.

Nancy Morán, por cierto, fue colocada por Wong en ‘Radio Nacional’ como subdirectora de contenidos periodísticos con un sueldo de alrededor de 10 mil soles, pese a no tener experiencia en periodismo radial. Este mismo grupo ahora estaría detrás de la campaña oscura contra Vivanco.

La lógica es clara: al presentar esta “denuncia” televisiva, se busca frustrar la llegada de Vivanco al IRTP. Así, se protege a quienes actualmente manejan las decisiones y se mantiene el control interno del canal estatal. Es decir, es una lucha por el poder.

El viejo conflicto personal

El trasfondo del asunto es también personal. En su época como gerente general, Luis Vivanco habría tenido un altercado acalorado con Wong, a quien llamó telefónicamente para recriminarle por supuesta ineptitud. La discusión fue subida de tono y Wong presentó su renuncia. Poco después, Ninoska Chandía despidió a Vivanco, pero mantuvo en el cargo a su protegido Roberto Wong. Desde entonces, ambos parecen haber operado en tándem.

Ahora, con la posibilidad de que Vivanco regrese, el grupo habría actuado para evitarlo, filtrando un contenido de los borradores del archivo, fuera de contexto, como si se tratara de un plan actual y oficial. Aquí se habría fabricado un muñeco con la única finalidad de bloquear la llegada de Vivanco al IRTP.

¿Una investigación malintencionada?

El reportaje de Panorama se basó en una promoción grabada en enero del año pasado, cuando aún existía un Consejo Directivo. Eso no fue mencionado por Panorama. Dicha grabación nunca fue difundida ni aprobada. Fue simplemente un insumo descartado. Y presentarla hoy como parte de un supuesto lanzamiento inminente resulta engañoso.

Más aún, se emitió sin verificar el contexto real. No existe resolución alguna que nombre a Luis Vivanco como jefe institucional del IRTP. Tampoco hay evidencia concreta de que Dina Boluarte tenga planificado un programa dominical. Solo existe una cuña antigua, una idea archivada y mucha especulación.

¿Periodismo o campaña de sabotaje?

¿Por qué un programa dominical publicaría un informe que no se ajusta a la realidad? La respuesta parece clara: con este reportaje, Panorama cumpliría dos objetivos. Primero, obstaculizar el regreso de Vivanco. Segundo, reforzar su línea crítica contra el gobierno. Pero en ese proceso, sacrifica la ética periodística y contribuye a difundir información falsa.

El periodismo, por definición, busca contar la verdad. Pero cuando se convierte en instrumento de intereses personales, pierde su legitimidad. Y aquí no solo se ha construido un informe impreciso, sino que se ha lanzado una acusación contra alguien que ni siquiera ha sido nombrado oficialmente.

Tampoco es menos cierto que Lima Gris mantiene una postura muy crítica frente a la gestión presidencial de Dina Boluarte. Pero esa crítica debe basarse en hechos verificados, no en conjeturas, ni operaciones internas de venganza. De lo contrario, se cae en el mismo juego de manipulación que se pretende denunciar.

El verdadero problema es cómo se fabricó esta narrativa. Cómo se trianguló la supuesta existencia de un ‘programa presidencial’ a partir de una propuesta antigua, nunca aprobada, que fue desenterrada por personas con intereses personales. Y cómo un medio televisivo nacional le dio tribuna sin el más mínimo rigor.

Si algo queda claro tras este episodio, es que se ha montado un escándalo mediático sin sustento. Una supuesta primicia que nació de la manipulación de archivos internos, presentada como actualidad, y que termina dañando no solo a una persona, sino a la credibilidad de los medios.

La ciudadanía merece un periodismo responsable, que no se preste a vendettas internas, ni contribuya a la desinformación. Solo así podremos fiscalizar con legitimidad a un gobierno que, como sabemos, tiene muchas cuentas pendientes.

Prohibido hablar. Un recordatorio enviado por el Oficial Mayor del Congreso de la República, Giovanni Forno, hace recordar a todos los trabajadores de esa institución que se encuentra terminantemente prohibido realizar declaraciones públicas sobre los asuntos legislativo o vinculados a los congresistas sin contar con una autorización expresa. En el documento se advierte que el incumplimiento de esta norma podría derivar en sanciones administrativas disciplinarias.

Esta disposición, basada en el artículo 89 del Reglamento Interno de Trabajo del Congreso, ha generado críticas por su posible impacto en la libertad de expresión y en los derechos laborales de los empleados del Parlamento. El comunicado fue remitido el 23 de junio a distintas unidades administrativas y parlamentarias. 

El documento recuerda que los trabajadores del Congreso tienen la obligación de guardar reserva sobre cualquier asunto institucional.

De acuerdo con el reglamento, está prohibido hacer declaraciones a la prensa o por medios públicos sin contar con autorización expresa de las “autoridades respectivas”. 

Aunque se trata de una norma vigente, la reiteración de su cumplimiento ha generado preocupación, pues podría interpretarse como una forma de silenciar denuncias legítimas sobre condiciones laborales, presuntos actos de corrupción o situaciones irregulares que ocurran en el ámbito parlamentario. 

Además, no se aclara quiénes son exactamente las “autoridades respectivas” que deben autorizar una eventual declaración, lo que podría generar vacíos y discrecionalidades en la aplicación de esta medida. 

El comunicado fue enviado a dependencias clave como la Dirección General de Administración, la Dirección General Parlamentaria y todas las oficinas bajo la Oficina Mayor. También se dirigió a la Unidad Ejecutora 001767, encargada de temas como la bicameralidad. 

Ruraq Maki (hecho a mano) es una reconocida exposición-venta de arte popular tradicional, organizada por el Ministerio de Cultura. Se realiza dos veces al año y reúne a decenas de colectivos de artistas de distintas regiones del país. Sin embargo, surgen preguntas importantes: ¿realmente se garantiza la pluralidad en la convocatoria? ¿O se sigue llamando a los mismos de siempre?

El pasado miércoles 18 de junio, Lima Gris publicó una nota titulada: “Ruraq Maki: conflicto y malas artes”. En ella se señaló que, de forma sorpresiva, el Ministerio anunció la ampliación del número de expositores: de 140 a 210, para la edición 2025. Es decir, 70 cupos más, algunos de ellos para postulantes que antes habían sido rechazados. La nota criticó que esta medida no solucionaba el problema de fondo: la falta de pluralidad en la selección.

Tras la publicación, algunos artesanos habituales expresaron su molestia. Argumentaron que su presencia repetida en Ruraq Maki se justificaba porque habían sido elegidos por su trayectoria y por representar la cultura de sus regiones. Incluso, uno de ellos confesó que dependía económicamente de las ventas que lograba durante la feria.

Es cierto que todos los artesanos merecen oportunidades para mostrar su trabajo, vivir de sus ventas y llevar su arte más allá de sus comunidades. Pero eso incluye también a quienes nunca han sido convocados. No se trata de excluir a nadie, sino de abrir el espacio a nuevos rostros y talentos. Eso es pluralidad: que todos tengan la posibilidad de participar, no solo un grupo que repite año tras año.

En un comunicado, el Ministerio de Cultura habló de su “compromiso con la inclusión”. Pero cabe preguntarse: ¿inclusión de quiénes? ¿De nuevos artesanos marginados o de los mismos colectivos que han tenido siempre un lugar asegurado?

El Ministerio ha anunciado que este miércoles 25 de junio se publicará la lista final de los 70 nuevos expositores. Solo esperamos que estos cupos no terminen en manos de los mismos de siempre, conectados a redes de influencia que distorsionan el verdadero sentido de esta feria.

Estaremos atentos. Veremos si la inclusión es real, o si la argolla sigue intacta.

El que la sigue, la consigue. Bien dicen que para conseguir algo en la vida hay que lucharla y no es la excepción en el suelo de la política, donde por primera vez en la historia 47 partidos políticos luego que las agrupaciones Unidad Popular, encabezada por el expresidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez; Adelante Pueblo Unido (APU), del expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y la exministra de la Mujer, Anahí Durand; y el Resurgimiento Unido Nacional (RUNA), del exministro de Cultura, Ciro Castillo, obtuvieran su inscripción oficial en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).

Cabe mencionar que de las 47 agrupaciones inscritas en el ROP solo 43 podrán participar en las elecciones generales de 2026, pues tales se inscribieron antes del 12 de abril de 2025.

Unidad Popular, encabezada por Duberlí Rodríguez, tiene como personero legal alterno a César Augusto Arteaga Rodríguez.

Por su parte, APU, se encuentra integrada por el expremier acusado de presuntamente participar en el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Ahí también se encuentra la socióloga Anahí Durand, ex ministra de la Mujer de Pedro Castillo.

Finalmente, el partido RUNA, del abogado Ciro Gálvez, cuenta con personeros a Aníbal Gálvez Rivas (titular) y Alex Rodolfo Anyaipoma de la Borda (alterno).

Las tres organizaciones sostuvieron que cumplieron con todos los requisitos legales y reclaman el reconocimiento de la inscripción provisional, contemplada en el artículo 96 de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE), ante la presentación de tachas en su contra. Sin embargo, este punto genera discrepancia jurídica, ya que el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE considera que dicha figura fue «derogada» por la Ley de Organizaciones Políticas (LOP). El pleno del JNE rechazó las apelaciones de las organizaciones políticas.

El dato:

En abril del 2026 se realizarán las elecciones generales, mientras que en octubre del mismo año se votará por las autoridades regionales y municipales. Tal situación no ocurría desde el año 2006.

Ya son cuatro las ocasiones en que el Ejecutivo, con complicidad del Legislativo, viene extendiendo el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). La última ampliación estaba prevista hasta este 30 de junio, pero ahora el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Jorge Montero, explicó que su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre de este año.

«Hemos tomado la decisión de ampliar por única vez hasta el 31 de diciembre del 2025 para concluir adecuadamente el proceso de formalización en la fecha que hemos indicado, con condiciones que quedarán establecidas en la norma, en el decreto supremo que será publicado esta semana», afirmó a TV Perú.

Miente el ministro Montero al decir que por “única vez” se extenderá el Reinfo cuando ya ocurrieron otras tres ampliaciones, tiempo suficiente para que los mineros ilegales e informales presenten todos sus documentos para la formalización, pero todos sabemos que tal proceso nunca ocurrirá ya que lo que ellos buscan es tener un pretexto para continuar extrayendo oro sin tener que declarar al fisco, y qué mejor ayuda del Gobierno al mantener esa ‘ventana’ abierta para que continúen atropellando el medio ambiente y también a las personas.

Solo cabe recordar que el mes pasado la presidenta Dina Boluarte firmó el Decreto Supremo n.° 009-2025-EM, en donde se indicaba en una de sus disposiciones la transferencia por herencia del Reinfo, sin embargo, ante semejante ‘cachetada’ a las decenas de trabajadores mineros fallecidos, el gobierno dio marcha atrás.

Se indicó además que existe una complicidad de parte del Congreso de la República al no acelerar el debate para una nueva ley que regule, de manera eficiente, la pequeña minería y la minería artesanal. Vergüenza ajena da cómo parlamentarios votan a favor de la extensión o tratan, bajo todas las formas, de boicotear las votaciones, sea ausentándose o no presentándose en las distintas comisiones. Es más, hasta hay parlamentarios que sin ningún rubor se reúnen con mineros informales y hasta salen a bailar junto a ellos por la extensión del Reinfo.

Al respecto, la vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas, Diana Gonzales, criticó la poca participación de sus colegas a la hora de debatir sobre el proyecto de ley MAPE, calificando además la cuarta extensión como “decepcionante”.

“No se puede hablar de compromiso con la formalización si no participan cuando se discute el marco legal que la define”, indicó la parlamentaria de Avanza País.

Ampliaciones no sirvieron para nada

En cifras, desde el año 2016 hasta la fecha solo el 2,4 % de 87,111 mineros informales lograron formalizarse. Los demás, como es de esperarse se escudan para las constantes ampliaciones para continuar operando al margen de la ley, y cuando se les fiscaliza responden, entre risas poco disimuladas, que se encuentran “en proceso de formalización”.

El Gobierno de Dina Boluarte nuevamente ha decidido caminar de espaldas al pueblo, permitiendo que el oro salga sin ningún control, a pesar de que en el proceso vidas inocentes sufran las consecuencias.

La gestión del Miunedu garantiza una enseñanza alineada con lo que realmente necesita el mercado laboral. Y eso no es todo: 26 institutos públicos ya aplican el Modelo de Excelencia del Minedu, priorizando carreras con alta demanda y formando a los profesionales del futuro con herramientas como inglés técnico, habilidades digitales e innovación.

Un licenciamiento que abre puertas

Desde 2023, el Ministerio de Educación ha intensificado el proceso de licenciamiento de Instituciones de Educación Superior Tecnológica (IES e IEST), con el objetivo de asegurar estándares de calidad y mejorar las oportunidades laborales para miles de jóvenes.

Tan solo en lo que va del año, 20 instituciones han sido licenciadas: 8 IES públicos, 10 privados y 2 escuelas tecnológicas privadas, en regiones como Ica, Ayacucho, La Libertad, Puno, Cusco, Lima y más. En 2023 fueron 48 institutos los que obtuvieron el licenciamiento. En total, desde 2018, ya son 188 instituciones autorizadas, que hoy forman a más de 312 mil estudiantes.

“El licenciamiento no es un trámite más. Es una garantía de calidad y una puerta directa al empleo para nuestros jóvenes”, destacó el ministro de Educación, Morgan Quero. Además, el Minedu brinda acompañamiento técnico a las instituciones y a las direcciones regionales de Educación para fortalecer la infraestructura, la gestión y los recursos pedagógicos.

El Modelo de Excelencia: formar técnicos con visión de futuro

De forma paralela, el Minedu impulsa el Modelo de Servicio Educativo Superior Tecnológico de Excelencia, una apuesta por modernizar los institutos públicos y responder directamente a las necesidades de los sectores productivos.

Este modelo no solo actualiza los estándares de calidad, sino que pone en el centro del aprendizaje a carreras clave como energía, manufactura, finanzas y logística, incorporando además inglés técnico, habilidades digitales, innovación y emprendimiento. A la fecha, 26 institutos públicos han adoptado este enfoque, beneficiando a más de 8 mil estudiantes.

Educación tecnológica con visión digital

Además, el Minedu trabaja en actualizar los programas de estudio en tecnologías de la información. En alianza con el sector productivo y la academia, se están incorporando competencias de vanguardia como inteligencia artificial, machine learning y big data, con el objetivo de preparar profesionales a la altura de los nuevos desafíos digitales.

Inversión récord para la educación superior técnica

El compromiso con la educación técnica es firme. Desde el 2023, el Gobierno ha incrementado de forma sustancial el presupuesto para fortalecer la formación tecnológica. Los programas presupuestales 107 y 147 pasaron de S/700 millones a más de S/1097 millones, una inversión que refleja la apuesta del Estado por el talento joven como motor del desarrollo nacional.

El congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante Barrios, enfiló sus críticas contra la Junta de Fiscales Supremos por no restituir a Patricia Benavides Vargas como fiscal de la Nación, pese a la resolución emitida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Desde sus redes sociales, el legislador acusó a los fiscales supremos de “ponerse por encima de la ley” y de desacatar abiertamente una decisión legal y vinculante.

“No hay dos fiscales de la Nación, ni tampoco una disputa por la titularidad del Ministerio Público”, escribió Muñante en un mensaje publicado en su cuenta de X, insistiendo en que la única titular legítima es Benavides Vargas.

La reacción del congresista refleja la creciente desesperación de sectores de derecha, que buscan a toda costa devolverle el control del Ministerio Público a una figura altamente cuestionada por sus presuntos vínculos con una red de corrupción. La narrativa de “restitución inmediata” ha sido impulsada desde el Congreso y medios afines, en un intento por debilitar a la no menos cuestionada Delia Espinoza y revertir la feroz crisis institucional con una solución política disfrazada de legalidad.

Muñante y sus aliados insisten en desconocer la autonomía del Ministerio Público cuando no les favorece, revelando una agenda que más prioriza intereses, antes que justicia.

En una muestra más del desgobierno y la politización que afecta al Ministerio Público, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, finalmente acató –a regañadientes– el mandato judicial que ordenaba la reposición del fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez Villegas. Su terquedad, más que un gesto de firmeza, fue una negativa abierta a respetar la ley.

Desde que el Tribunal Constitucional dispuso su reincorporación, y pese a que la Junta Nacional de Justicia restituyó su título en abril, Espinoza Valenzuela se negó por semanas a asignarle un despacho, desobedeciendo al Décimo Juzgado Constitucional de Lima. Esta actitud no solo puso en entredicho su capacidad de liderar una institución ya golpeada por la crisis, sino que expuso una peligrosa indiferencia ante las resoluciones judiciales.

Gálvez Villegas, quien fue separado en 2021 sin condena firme, estaba en su derecho de regresar. No obstante, la máxima autoridad del Ministerio Público prefirió alargar el conflicto y tensar aún más la situación institucional. Fue necesaria la amenaza de una denuncia por «omisión de funciones» para que Delia Espinoza terminara por firmar la Resolución N.º 1874-2025-MP-FN, publicada el 20 de junio, asignando finalmente a Tomás Gálvez la Fiscalía Suprema de Familia.

Este episodio evidencia un patrón preocupante: Espinoza Valenzuela no solo está enfrascada en una pugna interna con Patricia Benavides por el liderazgo de la Fiscalía, sino que también actúa al margen de la Constitución y los fallos del Poder Judicial. Su obstinación no es digna de una fiscal de la Nación. Si no está dispuesta a cumplir la ley, debería, como sugiere el propio Gálvez, dar un paso al costado.