El alcalde del distrito del Rímac, de Podemos Perú, Néstor Evadio de la Rosa Villegas, propuso la creación de una «ciudad penitenciaria» de máxima seguridad en la zona más alta de Ananea, en el centro poblado de ‘La Rinconada’, región Puno, ubicada a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar. Asimismo, en entrevista para Exitosa afirmó que la propuesta concuerda con una de las siete estrategias de seguridad impulsadas por el Poder Ejecutivo. Y según sostuvo, de ejecutarse esta propuesta, la infraestructura carcelaria podría estar operativa en un año.

«La construcción de una ciudad penitenciaria a más de 5.000 msnm, con tres anillos de acceso, permitiría aislar a los delincuentes de alta peligrosidad. Esta obra podría ejecutarse bajo el mecanismo de obras por impuestos, con el uso adecuado de los recursos y la voluntad política necesaria, es posible tener una ciudad penitenciaria en ese plazo», explicó de la Rosa.

‘La Rinconada’, es una de las zonas más altas del planeta

Tras la pregunta de ¿por qué tendría que edificarse una ciudad penitenciaria en dicha zona? el alcalde del Rímac, explicó que la elección de ‘La Rinconada’ no es por azar. Su ubicación geográfica extrema, en una de las zonas más altas habitadas del planeta, la convierte en un lugar estratégico para la ubicación de un penal de alta seguridad. «Allí no hay posibilidad de fuga, no hay vías rápidas de escape; el entorno es inhóspito», argumentó. Además, expresó que su construcción permitiría generar empleo local en la zona y abrir una oportunidad para el desarrollo de servicios básicos en un lugar que está olvidado por el Estado.

Este lunes 7 de abril el Poder Ejecutivo publicó la Ley n.° 32292, que modifica la “Ley 31297, “Ley del Servicio de Serenazgo Municipal, para mejorar los procesos de selección, capacitación y entrenamiento del sereno municipal”.

La norma impulsada por el Congreso de la República y refrendada por el Gobierno, con las firmas de la mandataria Dina Boluarte, y el premier Gustavo Adrianzén Olaya, surge en medio de una crisis de criminalidad que azota al país entero, ante el incremento de las extorsiones y el sicariato. Asimismo, la ley contiene modificaciones, respecto de la ley vigente, para mejorar la selección del personal de serenazgo municipal.

¿Cuáles son los requisitos para ser sereno municipal?

La nueva ley incorpora el artículo 7-A en la Ley 31297, y en él se establece que, para ser sereno municipal provincial o distrital se debe cumplir con los siguientes requisitos:

Contar con documento nacional de identidad (DNI), carné de extranjería u otro documento de identificación vigente en el territorio nacional que lo habilite para la realización de actividades económicas.

Ser mayor de 18 años de edad.

Haber concluido la secundaria completa.

No contar con antecedentes penales ni antecedentes judiciales.

No contar con sentencia consentida o ejecutoriada por delito doloso.

No estar inscrito en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles (RNSSC).

No estar inscrito en el Registro de Deudores.

Alimentarios Morosos (Redam) o, en su defecto, acreditar el cambio de su condición a través de la cancelación respectiva o la autorización del descuento por planilla, o por otro medio de pago, del monto de la pensión mensual fijada en el proceso de alimentos.

No estar inscrito en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles (Redereci).

De corresponder, contar con licencia de conducir, según la modalidad de servicio.

Haber aprobado las evaluaciones del concurso público de méritos abierto, que incluyen pruebas de aptitud física y psicológica, así como conocimiento de primeros auxilios, conforme al perfil del puesto y a los criterios mínimos de evaluación.

Centros de capacitación del Mininter

En el artículo 10° que establece los elementos sobre los centros de capacitación de los serenos, ha sido uno de los artículos modificados por la nueva ley. Asimismo, se agrega una cláusula que le otorga mayor control al Ministerio del Interior. Esta institución no solo establecerá los requisitos de autorización y certificación, sino que también tendrá la responsabilidad de inspeccionar el cumplimiento de estos requisitos periódicamente. Asimismo, indica que los serenos de municipalidades que no cuenten con presupuesto, de todas maneras, serán preparados en centros de capacitación debidamente certificados por parte del Ministerio del Interior, o por la Policía Nacional del Perú.

«La capacitación y entrenamiento realizados por la Policía Nacional del Perú se efectúan en las escuelas técnico superiores ubicadas en las respectivas provincias, o en las unidades de instrucción de las regiones policiales en aquellas provincias que no cuenten con escuelas técnico superiores, previa autorización de la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial.», indica la norma.

Municipalidades podrán realizar convenios

La nueva norma permite a las municipalidades provinciales y distritales contratar o hacer convenios con instituciones públicas o privadas para brindar actividades de actualización y fortalecimiento de capacitación, ya sea de forma presencial o no presencial, siguiendo una estructura curricular específica aprobada por el Ministerio del Interior.

Asimismo, el literal a) del artículo 11 sobre funciones de los centros de capacitación también fue modificado.

«Brindar capacitación y entrenamiento básico, integral, especializado y permanente a los serenos municipales, orientados a la adquisición de conocimientos, uso de medios de defensa autorizados y perfeccionamiento de habilidades físicas y cognoscitivas necesarias para el adecuado desempeño de sus funciones, conforme con principios éticos y morales», establece la nueva ley.

La nueva ley introduce la capacitación en «uso de medios de defensa autorizados», lo cual no estaba en la anterior norma. Asimismo, en vez del «perfeccionamiento de habilidades necesarias» señalado en la ley antigua, la nueva normativa específica el «perfeccionamiento de habilidades físicas y cognoscitivas». Además, la norma publicada hoy, establece que los serenos deben tener una capacitación conforme con «principios éticos y morales».

Personal de las FF.AA. PNP y Bomberos podrán incorporarse

En la nueva norma, al igual que en la de 2021, se estableció una disposición complementaria final que establece que las municipalidades incorporan al personal en situación de retiro de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional a servicios de seguridad ciudadana. En la anterior ley se mencionaba únicamente la incorporación de licenciados de las FF. AA. y miembros en PNP. En cambio, con la nueva normativa se amplía la inclusión al personal de bomberos voluntarios, especificando que estos deben tener una antigüedad mayor de 36 meses en el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

Esta incorporación será en un porcentaje «no menor del 30 % del total de sus efectivos, en mérito a su formación y experiencia en materia de orden público y seguridad ciudadana». Previamente establecía un porcentaje de 20 %. Asimismo, se establece una bonificación del 10 % para los bomberos activos del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Se mantiene la bonificación del 20 % para el personal de las FF. AA. y 15 % para el de la PNP. Ambas leyes excluyen a quienes hayan sido pasados al retiro por cuestiones disciplinarias o por actos de corrupción.

El congresista de Acción Popular (AP) Carlos Enrique Alva Rojas fue denunciado ante la Policía Nacional del Perú (PNP) por su propia esposa por agresión física. El acto de violencia ocurrió el pasado miércoles 26 de febrero en Trujillo, La Libertad, durante la semana de representación, informó el dominical Cuarto Poder.

En la denuncia policial se esgrime que, durante una discusión por una presunta infidelidad cometida por el parlamentario Alva Rojas, éste le respondió a su cónyuge con palabras soeces y le amenazó con que se iban a divorciar. Seguidamente, empezó a propinarle puñetes en el rostro y a la altura del pecho.

“Luego de ello, la empujó y le propinó un puñete en el pómulo izquierdo, para luego propinarle puñetes en el hombro izquierdo (en donde la denunciante indica que tiene una operación en el seno izquierdo), pese a ello el denunciado continuó golpeándola, por lo que se presentó ante esta Comisaría Policial El Alambre, a fin de realizar la denuncia correspondiente del hecho”, se lee en el parte policial.

Asevera que es casado pero que está separado

“Lo que sí me acuerdo es que tengo una hija mayor que estaba en plena discusión y yo fui a separarla. Estoy casado, pero estoy separado de ella”, se defendió Alva Rojas y al ser consultado por los golpes que, de acuerdo a la denuncia policial, le propinó a su esposa, el legislador afirmó que “eso hay que demostrarlo”.

En un comunicado, Carlos Alva Rojas indicó que “si bien fui notificado, no conocía los detalles de la denuncia debido a mis múltiples funciones parlamentarias, asimismo porque en fechas recientes sufrí un accidente vehicular que me mantuvo enfocado en mi recuperación”.

“Fue a través de la comunicación (sic) que tomé conocimiento público del caso. La denuncia fue presentada por quien legalmente aún es mi cónyuge, con quien no mantengo convivencia, ni relación afectiva desde hace más de diez años”, aseveró.

Denunciado Alvar Rojas asegura que rechaza todo tipo de violencia

Finalmente, el congresista denunciado por su propia esposa, concluyó que: “Según el acta de la Comisaría PNP El Alambre, la denunciante rectificó su versión inicial, señalando que la denuncia fue presentada en un momento de crisis emocional, provocado por problemas de salud, presiones familiares y una discusión puntual. Es por ello que, por voluntad propia, acudió a dejar constancia de ello con el fin de evitar tergiversaciones que distorsionen los hechos y afecten injustamente mi imagen. Rechazo toda forma de violencia y reafirmo mi compromiso con su erradicación. Este tema debe tratarse con la seriedad que merece, sin distorsiones ni aprovechamientos ajenos a su verdadera gravedad”.

El Poder Ejecutivo, a través de la presidenta Dina Boluarte, firmó la autógrafa de ley que autoriza a los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) utilizar sus armas de fuego en situaciones de flagrante delito, cuando se ponga en peligro la vida de los agentes policiales o de otras personas. Situación que genera desconcierto, tomando en cuenta que ya existen leyes que protegen a los policías y que los eximen de responsabilidad penal, en caso que hagan uso de sus armas de fuego, durante un hecho de flagrancia contra criminales que pretendan atentar contra sus vidas y/o la de terceros.

Boluarte Zegarra firmó la autógrafa, luego de que el Pleno del Congreso aprobara el dictamen de los proyectos de ley n.° 5239/2022-CR y 6531/2023-CR, los cuales proponen modificar el Decreto Legislativo 1186°, que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP).

El acto se realizó en el denominado “Cuartel de Guerra”, y junto a la mandataria estuvieron presentes parlamentarios, altos mandos de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y ministros de Estado, entre ellos el titular del Interior, Julio Díaz Zulueta.

Boluarte Zegarra aseveró que, con esta nueva norma, se acabará con dispositivos que priorizaban la vida del delincuente por encima de la de los miembros de la Policía.

“La democracia no puede ceder ante el miedo ni retroceder frente al crimen. Esta ley marca un antes y un después. Es el primer gran paso para proteger a nuestra Policía y, con ello, restablecer el verdadero Estado de derecho”, afirmó la mandataria. Asimismo, según su criterio, esta ley pone “fin a las leyes que durante años han priorizado la vida del criminal”, sostuvo la mandataria.

La ley establece que los medios autorizados para la PNP, proporcionados por el Estado, incluyen tanto armas letales como no letales, equipos y accesorios que el personal policial emplea para enfrentar amenazas que pongan en riesgo la seguridad pública o la integridad de las personas. Es decir, si un policía en una intervención se enfrenta a armas de fuego, armas letales inoperativas o elementos que representen una amenaza evidente para su vida o la de otras personas, éste podrá abatir al agresor en el lugar de los hechos, considerando la acción como legítima defensa.

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga Peña, se pronunció sobre su continuidad al frente del MIDIS, y negó toda posibilidad de renunciar al cargo por el que actualmente viene siendo cuestionada. Y en lugar de indicar si tomará una decisión al respecto, solo afirmó que su cargo se encuentra a disposición de la presidenta Dina Boluarte, pero que, en este momento, su prioridad únicamente es reestructurar el programa de alimentación escolar ‘Wasi Mikuna’, y no su renuncia al portafolio.

Leslie Urteaga afirma que habrá cambio en el Midis

Pese a que se niega a dejar el cargo de ministra en el Midis, tras la intoxicación de más de 80 escolares por alimentos en mal estado procedentes del programa ‘Wasi Mikuna’, la ministra Urteaga Peña aseguró que aún tiene la misión de implementar grandes cambios.

«Los ministros siempre estamos a disposición. Nuestros cargos están a disposición; la presidenta es quien nos invita y quien decide hasta cuándo podemos permanecer. Tengo apenas dos meses en la gestión y estoy con mi cargo a disposición de la señora presidenta», expresó.

Asimismo, Urteaga Peña, se pronunció sobre la moción de interpelación en su contra, presentada por congresistas de diversas bancadas y aseguró que comparecerá ante el Parlamento y responderá a todas las inquietudes con el fin de aclarar los hechos.

«Ustedes conocen y saben que cada vez que me llama el Congreso hemos ido. Y estaré nuevamente y cuando me llamen hay una indicación para la interpelación. Estamos trabajando de día y de noche para asegurar la calidad de los alimentos que entregamos a los escolares», concluyó la titular del Midis.

Son de una ‘raza distinta’ que hasta se niegan a pagarle a la Sunat. Un contundente informe periodístico realizado por ‘Punto Final’ ha puesto al descubierto la millonaria deuda que tiene la parlamentaria María Acuña Peralta con la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) por una operación inmobiliaria sumamente lucrativa a favor de la legisladora.

Pese a las reiteradas notificaciones de la entidad tributaria, la congresista de Alianza para el Progreso (APP) se niega a pagar la obligación como cualquier ciudadano, y es que la ley establece que cualquier persona natural tiene el deber de pagar impuestos, sin embargo, la hermana de César Acuña no reconoce dicha deuda.

De acuerdo al citado programa, en el año 2009 otorgó un préstamo de U$300,000 a Teresa Vílchez López, quien, al no poder devolver el dinero, transfirió 117 lotes de terreno en la urbanización El Santuario como parte del pago. Estos terrenos fueron utilizados como capital para fundar la empresa Inmobiliaria Los Alizos, en sociedad con el esposo de la congresista.

El dominical dio cuenta que en menos de nueve meses los lotes experimentaron una revalorización extraordinaria: pasaron de valer $2,500 cada uno a S/ 55,000, acumulando un total de S/ 6.7 millones. Esta valorización llamó la atención de la Sunat, que desde 2020 ha exigido el pago de impuestos por esta operación.

A pesar de los intentos de desligarse del caso alegando no tener vínculo actual con la empresa, la Sunat ha determinado que la deuda corresponde a Acuña como persona natural. Las notificaciones han sido enviadas tanto a su domicilio fiscal como al registrado ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Desde que asumió su cargo como congresista, Acuña ha visitado las oficinas de la Sunat en al menos ocho ocasiones para apelar el caso, pero todas sus solicitudes han sido rechazadas. Actualmente, el tema está bajo revisión del Tribunal Fiscal.

El dominical informó que la empresa Los Alizos ha vendido todos los lotes en Chiclayo y no parece estar operativa ni en su sede fiscal ni en otros registros oficiales.

No obstante, María Acuña evita responde a la prensa sobre el tema.

El dato:

La Sunat argumenta que una persona puede transferir un máximo de dos bienes inmuebles como aporte de capital, sin pagar impuestos. Sin embargo, la legisladora llevó 117 propiedades.

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Leslie Urteaga Peña, en una entrevista para Exitosa, reconoció que el programa alimentario ‘Wasi Mikuna’, antes ‘Qali Warma’, ha sido un fracaso y aseguró que debe ser desactivado.

Asimismo, defendió al gobierno de la presidenta de la República, Dina Boluarte, y añadió que se están haciendo los esfuerzos posibles para atender en su alimentación a todos los escolares nacionales, debido a la enorme preocupación que tiene la mandataria.

Las declaraciones de la titular del Midis, se dan luego de los incesantes cuestionamientos que tiene el programa alimentario ‘Wasi Mikuna’, tras la intoxicación masiva de más de 80 estudiantes menores de la institución educativa Elvira Castro de Quiróz, en Piura por haber consumido alimentos en mal estado del programa ‘Wasi Mikuna’.

«La presidenta está sumamente preocupada por el tema de alimentación. La presidenta está respaldando. Cuando ella me llama comentamos este tema porque era una prioridad para ella y este Gobierno. Lo que estamos proponiendo es no arrastrar modelos antiguos y extinguir los que tenemos ahora», aseveró la ministra Leslie Urteaga.

Madres indignadas en Piura protestan por alimentos de ‘Wasi Mikuna’

Tras el anuncio de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga que confirma la extinción del fallido programa alimentario ‘Wasi Mikuna’, tras haber intoxicado masivamente a más de 80 escolares en Piura, las protestas de las madres de familia se han intensificaron con carteles y reclamos directos al Ejecutivo.

Ellas denunciaron con indignación que los alimentos entregados por el programa del Midis están en mal estado. “Que se los coman ellos”, reclamó una madre muy disgustada.

Luego de la confesión de varios testigos respecto a la cirugía realizada a Dina Boluarte, la mandataria ahora ha cambiado de parecer y ya no se encuentra tan predispuesta a colaborar. Tal parece que existiría mayor información sobre las horas en el quirófano de la presidenta y eso no le favorecería a su defensa legal.

El pasado 4 de abril, en el tercer piso del Palacio de Justicia, se realizó una audiencia virtual entre representantes del Ministerio Público, el doctor Mario Cabani, médicos de la clínica Sanna y por supuesto la jefa de Estado. En ese escenario, la presidenta solicitó formalmente al juez supremo Juan Carlos Checkley que su historial clínico se mantenga reservado. “Solicito a su despacho que cautele mi derecho a mantener en privado mis documentos que engloban mi atención médica”, según el informe del programa dominical Cuarto Poder.

Durante su participación en la audiencia, Boluarte Zegarra insistió en que la cirugía fue usada políticamente. Sostuvo que fue su ex jefe de gabinete, Alberto Otárola, quien mencionó el procedimiento ante el Congreso, con el propósito de desviar la atención de las acusaciones que pesaban sobre él. “La noticia de la cirugía fue revelada como una cortina de humo por Alberto Otárola ante la Comisión de Fiscalización del Congreso”, declaró supuestamente el informe del citado programa dominical.

Cambio de parecer

La participación de la “chalhuanquina” llamó la atención no solo por su presencia, sino por el contraste con su discurso anterior. En diciembre del año pasado, durante un mensaje a la Nación, señaló: “Cuando se dignen en citarme una vez más, el Ministerio Público haga su trabajo, renunciaré voluntariamente a mi derecho a la confidencialidad médica y entregaré mi historial clínico”.

Ese compromiso, sin embargo, no se materializó en la audiencia del viernes. Por el contrario, pidió explícitamente que se mantenga la reserva médica. “En esta audiencia en particular, están haciendo uso y abuso de poder. Pretenden violentar asuntos propios y privados, de mi atención, de mi salud”, se mostró en el informe.

#AlDíaConWillax | Boluarte solicita al Poder Judicial que se respete su privacidad médica

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— Willax Televisión (@willaxtv) April 7, 2025