El parlamentario de la bancada de Acción Popular Wilson Soto presentó un Proyecto de Ley (PL) que propone que seis feriados que ahora figuran como no laborables para los trabajadores del sector público y privado, se conviertan en laborables, con el fin de fortalecer la productividad y optimizar los días no laborables.

Según el PL 10133/2024 CR, estas seis fechas seguirían siendo feriados, pero laborales.

7 de junio, en conmemoración de la Batalla de Arica y el Día de la Bandera

23 de julio, en conmemoración de la Fuerza Aérea del Perú  

6 de agosto, en conmemoración de la Batalla de Junín

30 de agosto, en conmemoración de Santa Rosa de Lima

8 de octubre, combate de Angamos; y

9 de diciembre, en conmemoración de la Batalla de Ayacucho.

“Para establecer que las fechas señaladas en las referidas leyes (que crearon los feriados) y del artículo 6 del Decreto Legislativo 713 sean conmemorativas y laborables en el sector público y privado, con la finalidad de fortalecer la productividad”, señala el proyecto en su parte ejecutiva.

La iniciativa de Soto también propone la conformación de una comisión multipartidaria en el Congreso, con apoyo técnico del Ejecutivo y del Banco Central de Reserva, para evaluar los otros feriados que figuran en el artículo 6 del Decreto Legislativo 713, que consolida la legislación sobre descansos remunerados de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada.

En esta evaluación se incluiría a prácticamente todos los feriados del calendario nacional: Año Nuevo (1 de enero), Jueves y Viernes Santo (móviles), Día del Trabajo (1 de mayo); San Pedro y San Pablo (29 de junio); Fiestas Patrias (28 y 29 de julio), Todos los Santos (1 de noviembre), Inmaculada Concepción (8 de diciembre); y Navidad (25 de diciembre).

En la propuesta legal, esta misma comisión se encargará también de revisar la sustentabilidad de los feriados decretados por los gobiernos regionales y locales.

Cada feriado equivale a 1400 millones de soles no producidos

De acuerdo a las estimaciones del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) cada feriado implica una pérdida del 0.4 % del Producto Bruto Interno (PBO), equivalente a un máximo de S/ 1,400 millones.

Previamente, la Asociación de Exportadores (ADEX) exhortó al Congreso a reducir los feriados nacionales a 12, eliminando los establecidos recientemente en el calendario: 7 de junio, 23 de julio, 6 de agosto y 9 de diciembre.

El escudero presidencial y ministro de Educación, Morgan Quero Gaime, aseguró que la presidenta, Dina Boluarte Zegarra, da la cara mediante las obras que inaugura y que dialoga con los peruanos. Asimismo, afirmó que el Perú seguirá trabajando en coordinación con los Estados Unidos para la cooperación en aspectos de educación.

En declaraciones para la prensa, el exasesor presidencial y hoy ministro de Estado subrayó que el gobierno no cree en cortinas de humo y que, a diferencia de otros, la presidenta sí demuestra su trabajo con la inauguración de obras.

«Nosotros no creemos en cortinas de humo. El Perú somos todos los peruanos a la vez, quien quiera representar al Perú desde una fracción partidista, ideológica o de intereses de grupo personal, está cometiendo un error imperdonable. Y el trabajo de la presidenta de la República es dar la cara a través de las obras que va inaugurando. (…) de las primeras piedras como las de ayer en Abancay y trabajar dialogando con todos los peruanos», concluyó Quero Gaime.

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Morgan Quero, ministro de Educación: El trabajo de la presidenta Dina Boluarte es dar la cara a través de las obras que va inaugurando. En su momento se verá posibilidad de que ofrezca entrevista a la prensa

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La Junta Nacional de Justicia (JNJ) abrió investigación preliminar contra la jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Carmen Velarde Koechlin, por una denuncia ciudadana referida al proceso de validación de firmas para revocar al alcalde de Marcona, Joel Rosales Pacheco, en el departamento de Ica.

La Denuncia Ciudadana 1396-2024-JNJ presentada por la ciudadana Milagros de la Cruz Mendoza, según informa la JNJ, atribuye a Velarde Koechlin presuntamente no haber cumplido diligentemente el proceso de validación de firmas para revocar al alcalde distrital de Marcona, Ica, y que funcionarios y servidores de la citada institución no habrían cumplido con sus funciones. 

Según el expediente N.º 1396-2024-JNJ, la denuncia sostiene que la entidad invalidó más del 80% de las firmas presentadas, reduciendo el total a 2.672, cuando el mínimo requerido para proceder con la revocatoria es 3.409. De la Cruz Mendoza aseguró que se anularon firmas de sus familiares sin justificación. Un dato clave en la denuncia es que más de 800 ciudadanos de Marcona presentaron declaraciones juradas certificadas ante notario, respaldando el reclamo y asegurando que sus firmas fueron invalidadas de manera arbitraria por la jefa del Reniec.

Ante la denuncia, la JNJ solicitó a la titular del Reniec, el pasado 24 de enero, informar al organismo constitucional sobre las acciones adoptadas al respecto.

El pleno de la JNJ abrió la Investigación Preliminar 001-2025 contra Carmen Velarde y concedió el plazo de diez días para que informe de manera documentada lo que estime pertinente en relación con los hechos observados, adjuntando los medios probatorios necesarios. 

Cumplido el plazo otorgado, «no se habría remitido la información completa que permita establecer si, en el marco de sus funciones y competencias, ha impulsado, con diligencia y de acuerdo a ley, la debida tramitación de los hechos denunciados», señala la JNJ.

La respuesta de la titular del Reniec

Ante las acusaciones, Velarde Koechlin ha defendido la actuación del Reniec, asegurando que la entidad sigue criterios técnicos y jurídicos en la validación de firmas. Explicó que, en este caso, se presentaron declaraciones juradas de personas que afirmaban haber firmado el documento de revocatoria, pero enfatizó que estos documentos no forman parte del procedimiento oficial de verificación.

“Nosotros no lo podemos saber porque solo la persona es quien puede decir eso directamente, pero las declaraciones juradas no son parte del procedimiento de revisión de firmas”, declaró en entrevista con Canal N. Asimismo, mencionó que en la revisión se detectaron múltiples firmas duplicadas o que no coincidían con los registros, lo que impidió que se alcanzara el número necesario para proceder con la revocatoria del alcalde.

El congresista representante de los peruanos en el extranjero, Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu, dio su opinión respecto a la posibilidad de que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) sean fusionados en uno solo, y cuestionó la permanencia de la cartera de la Mujer, al sugerir que el Estado no lo necesita, y que, si fuese así, también debería existir un «Ministerio del Hombre».

El parlamentario que en 2021 ingresó al Legislativo con Fuerza Popular y que luego de renunciar al partido naranja, en 2024 se incorporó a Alianza para el Progreso (APP), fue consultado por la prensa, respecto a la probabilidad de que dichos ministerios sean unificados. La pregunta surgió luego de que las nuevas titulares de ambas carteras, Fanny Montellanos Carbajal y la reciclada Leslie Urteaga Peña, confirmaron que la medida está evaluándose desde la PCM.

En ese sentido, Lizarzaburu indicó que su postura sobre este tema obedece a la funcionalidad de los portafolios y que no debería crearse más ministerios.

Cuando se le preguntó sobre la supuesta fusión de las carteras del MINP y el MIDIS, Lizarzaburu respondió: “Yo estoy de acuerdo con que las cosas funciones. No crear Ministerios. ¿Por qué no hay un Ministerio del Hombre? ¿No somos iguales? ¿No hablamos de igualdad?

Esta chalhuanquina sí que sabe ahorrar comiendo todos los días con “10 solcitos” desayuno, almuerzo, cena y hasta postre. La jefa de Estado, Dina Boluarte, podrá salir todos los días a gritar a los cuatro vientos que dejará su gobierno “con las manos limpias”, pero los números nunca mienten, pues su última declaración jurada indica que no le ha ido nada mal con el dinero.

Según la última declaración jurada presentada por la mandataria ante la Contraloría General de la República ydifundida este martes por Canal N, en 2024 sus ingresos anuales alcanzaron los S/792,167.99, lo que representa un aumento considerable en comparación con los tres años anteriores.

Última declaración jurada de la presidenta Dina Boluarte consigna incremento de patrimonio: S/631,000 más que en el 2021

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En 2021, año en que se desempeñaba como vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Boluarte reportó un ingreso de S/160.415,060, monto consignado en el rubro ‘otros’, que incluye bienes de valor, propiedades arrendadas o cedidas, así como intereses generados por la colocación de capitales, regalías, rentas vitalicias, entre otros.

En 2022, sus ingresos aumentaron a S/389,519.23 en la misma categoría y, al año siguiente, alcanzaron los S/593,347.31. Cabe recordar que ella juró como presidenta a finales de ese año.

Particularmente, entre 2023 y 2024 —cuando se destapó el escándalo ‘Rolexgate’, en el cual es investigada por presunto cohecho pasivo impropio y enriquecimiento ilícito—, el patrimonio de Boluarte experimentó un incremento de S/198,820.68.

Los detalles de las otras 13 declaraciones juradas presentadas por Dina Boluarte a la Contraloría entre 2021 y 2023 fueron difundidos por el diario La República en marzo del año pasado, semanas después de que una investigación periodística revelara que la mandataria utilizaba relojes de lujo entregados por el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, presuntamente a cambio de partidas presupuestales para su región.

En ese momento, el exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado dijo al citado medio que “no es normal que las cantidades se tripliquen en un lapso de solo dos años” por “cuestión de aritmética”. Consideró, además, que si la mandataria no llegara a detallar todos los ingresos correspondientes a ese apartado de las declaraciones juradas habría indicios de desbalance patrimonial y enriquecimiento ilícito. Asimismo, remarcó que debe existir una máxima rendición de cuentas porque, de lo contrario, dejaría una vacío de efecto en la prevención de la corrupción.

Al parecer, el vocero presidencial Fredy Hinojosa Angulo viene perdiendo la cordura ante las pesquisas fiscales que se vienen adicionando. En esa línea, él salió a defenderse de las acusaciones en su contra con relación al ‘caso Qali Warma’ y luego de que el Ministerio Público confirmara su impedimento de salida del país por seis meses. A través de sus redes sociales, el hombre de confianza de la mandataria Dina Boluarte alegó ser «blanco de una campaña mediática sin precedentes».

El vocero de Dina Boluarte, dejó entrever que existiría un complot político en su contra, rechazando tajantemente cualquier investigación que se le sigue por presuntas irregularidades durante su gestión en el programa ‘Qali Warma’.

El funcionario de Palacio de Gobierno es acusado de incurrir en la presunta comisión del delito de organización criminal con fines de colusión agravada, tráfico de influencias y otros en agravio del Estado. Por lo cual, la Fiscalía Superior Anticorrupción consiguió la confirmación de su impedimento de salida del país, así como de otros 11 imputados.

«En los últimos meses, he sido blanco de una campaña mediática sin precedentes, construida sobre un cúmulo de mentiras y falsedades. Estos ataques, lejos de buscar la verdad, han intentado socavar mi reputación y desviar la atención de los hechos reales», se lee en la primera parte del post de Hinojosa Angulo.

Fredy Hinojosa asegura que no hay pruebas en su contra

Seguidamente, Hinojosa Angulo aseguró que no existen pruebas que lo vinculen con los actos ilícitos que se le investigan y por ello, cuestionó la labor de las instituciones judiciales por no cumplir adecuadamente con el debido proceso.

«Hoy, nuevamente, se magnifica una situación que, según el Juzgado y la Sala Superior, es una INVESTIGACIÓN INCIPIENTE. ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde están los indicios razonables? No existen. No hay nada que me vincule con los actos ilícitos que se investigan. Esta es una campaña de desprestigio, por ser yo un objetivo político», sostuvo y agregó que «no se callará, “ni permitirá que la mentira se imponga”.

La Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima ha abierto una nueva investigación preliminar contra el Fiscal Provincial Titular Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, José Domingo Pérez Gómez, por el presunto delito de ‘peculado de uso’, contra la Administración Pública. La denuncia fue presentada por el ciudadano Luis Miguel Caya Salazar en junio de 2024, y se le acusa de utilizar recursos e instalaciones del Estado; específicamente del Ministerio Público para ejercer su defensa personal en una audiencia judicial.

De acuerdo con la denuncia del exconsejero delegado del Gobierno Regional de Moquegua, Pérez Gómez habría utilizado su despacho, equipos electrónicos, mobiliario y otros recursos estatales para presentar sus alegatos durante una audiencia de tutela de derechos realizada el pasado 29 de mayo de 2024. Posteriormente, a los meses siguientes, el 27 de noviembre, la fiscal Elizabeth Marticorena Patiño asumió la investigación, luego de que la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos remitiera el caso.

Por lo tanto, el fiscal Pérez Gómez deberá rendir su declaración el próximo viernes 14 de febrero de 2025 a las 11 de la mañana.

La Corte Suprema rechazó solicitud del fiscal José Domingo Pérez

Cabe recordar que, la Corte Suprema rechazó el pedido del fiscal José Domingo Pérez de cesar la investigación que se le sigue por el presunto delito de “enriquecimiento ilícito”. En esa línea, la Sala Penal Permanente desestimó la tutela de derechos presentada por Pérez Gómez, que buscaba revocar la resolución emitida por el Tercer Juzgado Superior de Investigación Preparatoria el 26 de abril de 2024. Mientras tanto, este rechazo por parte de la Corte Suprema indica que las investigaciones en su contra siguen su curso, por lo que su preocupación aumenta cada vez que el fiscal aparece ante un medio de prensa que lo interroga por las denuncias que enfrenta por presunta corrupción.

El congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante Barrios, presentó el Proyecto de Ley N° 10082/2024-CR, denominado: “Ley que interpreta el quinto párrafo del artículo 191° de la Constitución Política del Perú referida al termino género”, ante el Congreso de la República que busca definir el uso del término «género» en la Carta Magna, con el objetivo de que exclusivamente se refiera a hombres y mujeres.

Esta propuesta legislativa plantea modificaciones en los artículos 3° y 5° de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.

«La presente iniciativa legislativa busca interpretar el término ‘género’ descrita en el quinto párrafo del artículo 191° de la Constitución Política del Perú debiéndose entender que la representación de género que hace referencia el precitado artículo alcanza a la representación política de mujeres y hombres», se lee en el documento parlamentario.

Asimismo, Muñante Barrios indicó que su proyecto de ley busca evitar que el concepto sea empleado con fines «ajenos a su verdadero significado en normativas y políticas públicas»; y aseguró que estas interpretaciones buscan beneficiar a organizaciones no gubernamentales (ONG) de corte «progresista».

«No podemos seguir permitiendo que el término ‘género’ sea utilizado con fines ajenos a su verdadero significado en normativas y políticas públicas. Recordemos que algunos ministerios, como el Ministerio de la Mujer, han empleado esta palabra para emitir diversas normativas, introduciendo de contrabando conceptos como ‘enfoque de género’ y ‘equidad de género'», escribió Alejandro Muñante en su cuenta de X.

Muñante afirma que ‘Proyecto de ley’ no generará gastos al Erario Nacional

Asimismo, el legislador de Renovación Popular asegura que su dictamen no generará gasto económico al Erario Nacional, y más bien, permitirá reducir la emisión de normativas y políticas que extiendan el referido “concepto” a otras distintas que no sea la distinción entre hombres y mujeres.

«Esta propuesta legislativa, no genera gasto económico al Erario Nacional, al contrario, lo beneficia al establecer una línea interpretativa del término ‘género’, lo que reducirá la emisión de normativas y políticas que extiendan el referido concepto a otras distintas que no sea la distinción de mujeres y hombres», indica el proyecto de ley.

Ante posibles críticas, Alejandro Muñante negó que su iniciativa legal tenga como objetivo afectar a la comunidad LGTBI, o restringir los derechos de las personas homosexuales. “Todas las personas, independientemente de nuestros gustos o preferencias sexuales, nacemos hombres o mujeres. No hay un tercer o cuarto sexo”, declaró y además remarcó que la propuesta no busca perseguir, ni discriminar a ninguna persona, sino garantizar que las leyes se basen en realidades objetivas y no en percepciones o sentimientos.

También enfatizó que, mientras no exista evidencia científica que demuestre la existencia de un tercer o cuarto sexo, el término “género” debe interpretarse únicamente en referencia a hombres y mujeres. “Las leyes no pueden desarrollarse en función de los sentimientos. Sería muy peligroso si las leyes se definieran en función de los sentimientos; las leyes se definen en función de las realidades”, puntualizó Muñante Barrios.