La ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Leslie Urteaga Peña, en una entrevista para Exitosa, reconoció que el programa alimentario ‘Wasi Mikuna’, antes ‘Qali Warma’, ha sido un fracaso y aseguró que debe ser desactivado.

Asimismo, defendió al gobierno de la presidenta de la República, Dina Boluarte, y añadió que se están haciendo los esfuerzos posibles para atender en su alimentación a todos los escolares nacionales, debido a la enorme preocupación que tiene la mandataria.

Las declaraciones de la titular del Midis, se dan luego de los incesantes cuestionamientos que tiene el programa alimentario ‘Wasi Mikuna’, tras la intoxicación masiva de más de 80 estudiantes menores de la institución educativa Elvira Castro de Quiróz, en Piura por haber consumido alimentos en mal estado del programa ‘Wasi Mikuna’.

«La presidenta está sumamente preocupada por el tema de alimentación. La presidenta está respaldando. Cuando ella me llama comentamos este tema porque era una prioridad para ella y este Gobierno. Lo que estamos proponiendo es no arrastrar modelos antiguos y extinguir los que tenemos ahora», aseveró la ministra Leslie Urteaga.

Madres indignadas en Piura protestan por alimentos de ‘Wasi Mikuna’

Tras el anuncio de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga que confirma la extinción del fallido programa alimentario ‘Wasi Mikuna’, tras haber intoxicado masivamente a más de 80 escolares en Piura, las protestas de las madres de familia se han intensificaron con carteles y reclamos directos al Ejecutivo.

Ellas denunciaron con indignación que los alimentos entregados por el programa del Midis están en mal estado. “Que se los coman ellos”, reclamó una madre muy disgustada.

Luego de la confesión de varios testigos respecto a la cirugía realizada a Dina Boluarte, la mandataria ahora ha cambiado de parecer y ya no se encuentra tan predispuesta a colaborar. Tal parece que existiría mayor información sobre las horas en el quirófano de la presidenta y eso no le favorecería a su defensa legal.

El pasado 4 de abril, en el tercer piso del Palacio de Justicia, se realizó una audiencia virtual entre representantes del Ministerio Público, el doctor Mario Cabani, médicos de la clínica Sanna y por supuesto la jefa de Estado. En ese escenario, la presidenta solicitó formalmente al juez supremo Juan Carlos Checkley que su historial clínico se mantenga reservado. “Solicito a su despacho que cautele mi derecho a mantener en privado mis documentos que engloban mi atención médica”, según el informe del programa dominical Cuarto Poder.

Durante su participación en la audiencia, Boluarte Zegarra insistió en que la cirugía fue usada políticamente. Sostuvo que fue su ex jefe de gabinete, Alberto Otárola, quien mencionó el procedimiento ante el Congreso, con el propósito de desviar la atención de las acusaciones que pesaban sobre él. “La noticia de la cirugía fue revelada como una cortina de humo por Alberto Otárola ante la Comisión de Fiscalización del Congreso”, declaró supuestamente el informe del citado programa dominical.

Cambio de parecer

La participación de la “chalhuanquina” llamó la atención no solo por su presencia, sino por el contraste con su discurso anterior. En diciembre del año pasado, durante un mensaje a la Nación, señaló: “Cuando se dignen en citarme una vez más, el Ministerio Público haga su trabajo, renunciaré voluntariamente a mi derecho a la confidencialidad médica y entregaré mi historial clínico”.

Ese compromiso, sin embargo, no se materializó en la audiencia del viernes. Por el contrario, pidió explícitamente que se mantenga la reserva médica. “En esta audiencia en particular, están haciendo uso y abuso de poder. Pretenden violentar asuntos propios y privados, de mi atención, de mi salud”, se mostró en el informe.

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Su ‘estate quieto’ por faltoso. Entre berrinches, dolores de estómago, pataletas y tropelías contra los magistrados de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, el ex presidente Pedro Castillo se ganó a pulso que no se le conceda el “uso de la palabra”. Cabe recordar que el ex mandatario se encuentra en el juicio oral por el presunto golpe de Estado perpetrado en el año 2022.

El profesor chotano, a lo largo de las audiencias, se ha mostrado evasivo y confrontacional con los magistrados, apelando a calificativos ofensivos o denigrantes contra el proceso, tildando de “mamarracho” la misma.

En la última sesión, el ambiente se tornó aún más tenso cuando Castillo volvió a desafiar la autoridad del tribunal, lo que motivó una decisión drástica por parte del juez José Neira: suspenderle el derecho a la palabra. Esta medida se tomó luego de que el exmandatario hiciera varios comentarios que fueron considerados como agravios directos a los magistrados, generando un desorden que dificultó el desarrollo del juicio.

De acuerdo al artículo 375 del Código Penal se establecen sanciones para quienes perturben el orden en lugares donde las autoridades ejercen funciones, lo que incluye las salas de justicia.

#EnVivo

Juzgado decide que no le dará la palabra a Pedro Castillo, tras registrarse incidentes en el juicio por el caso golpe de Estado

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— Canal N (@canalN_) April 4, 2025

El desarrollo del juicio se ha visto interrumpido no solo por las actitudes de Pedro Castillo, sino también por las intervenciones de sus abogados, quienes han generado más de un momento de tensión. Durante la jornada de ayer, uno de los defensores del expresidente buscó presentar un recurso de reposición, alegando que se estaba vulnerando el derecho constitucional a la libre expresión de su cliente. Este intento de impugnación fue rechazado por el tribunal, que reafirmó la decisión de suspender la intervención de Castillo.

El juez José Neira, quien preside el juicio, también se vio obligado a reprender a los abogados durante el proceso. En particular, hizo un llamado a la disciplina en la sala, señalando que las intervenciones no estaban siendo realizadas conforme a los protocolos procesales. Con esta reprimenda, el juez restableció el orden y aclaró que el tribunal no toleraría más interrupciones que alteraran el ritmo del juicio.

En medio de la reciente decisión del Gobierno de Dina Boluarte, y tras el anuncio de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga que confirma la extinción del fallido programa alimentario ‘Wasi Mikuna’, tras haber intoxicado masivamente a más de 80 escolares en Piura, las protestas de las madres de familia se han intensificado con carteles y reclamos directos al Ejecutivo.

Ellas denuncian con indignación que los alimentos entregados por el programa del Midis están en mal estado. “Que se los coman ellos”, reclamó una madre muy disgustada.

Ante la gravedad del hecho, ya que no es un caso aislado, la Fiscalía de Prevención del Delito ordenó inmovilizar los lotes de alimentos que se encuentran almacenados para proceder con un riguroso análisis, que determine su calidad y estado de salubridad.

Ochenta y cinco escolares se intoxicaron en Piura

Como se recuerda, 85 escolares del colegio Elvira Castro de Quiróz, en Piura, se intoxicaron tras consumir pescado enlatado provenientes de los productos alimenticios del cuestionado programa estatal ‘Wasi Mikuna’, antes ‘Qali Warma’.  Mientras tanto, cinco menores continúan hospitalizados. Esta situación ha generado la indignación entre los padres de familia, quienes le exigen a la presidenta Dina Boluarte la desactivación del programa alimentario, porque la calidad de sus productos no les brinda ninguna garantía, ni confianza.

Congresista Katy Ugarte exige reestructurar ‘Wasi Mikuna’

Luego de trasladarse presencialmente hasta la institución educativa Elvira Castro de Quiróz, en la región Piura, la congresista Katy Ugarte Mamani, en su condición de miembro de la Comisión de Fiscalización del Parlamento, calificó el programa ‘Wasi Mikuna’ como un fracaso y exigió su reestructuración inmediata, y que ejerzan controles más estrictos de calidad y nutrición.

«No podemos permitir que le estén dando este tipo de alimentos. Han atentado contra la salud de los niños. Se está invirtiendo una importante cantidad de dinero para que los niños tengan que estar en estas condiciones», expresó en canal N.

A pesar de las investigaciones y la presunta intervención del Gobierno para mejorar la calidad del programa alimentario, las madres insisten en que ‘Wasi Mikuna’ sea eliminado y le exigen a la presidenta Dina Boluarte que el Estado les garantice alimentos seguros para sus hijos.

José Andrés Tello Alfaro, exministro de Justicia, y experto en asuntos electorales, se pronunció respecto a las restricciones que impuso el JNE, tras la convocatoria a Elecciones Generales 2026 anunciada por la mandataria Dina Boluarte, y refirió en una entrevista radial que los alcaldes están prohibidos de publicitar colores, frases y símbolos que estén relacionados con una organización política.

Curiosamente, Tello Alfaro, quien también se desempeñó como Gerente del Gobierno Regional Metropolitano de Lima, justamente durante la gestión del alcalde Rafael López Aliaga en la MML, no le quedó otra opción que pronunciarse sobre las acciones de su exjefe López Aliaga, quien viaja constantemente a algunas regiones del Perú para inaugurar hospitales de la Solidaridad con fondos de la Municipalidad Metropolitana de Lima, y con gorros y pancartas de su partido político ‘Renovación Popular’, y con portátil incluida que lleva banderolas celestes, lo que claramente denota una explicita «campaña electoral».

Ante esta situación, el experto en temas electorales evitó mencionar que López Aliaga habría incurrido en una infracción, pese a las restricciones establecidas por el JNE referente a publicidad estatal y neutralidad, así como propaganda política. Y mencionó que, en este caso, “SISOL tiene un sistema que debe ser analizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) porque es un sistema que no usa recursos de la MML, sino fondos privados”.

Asimismo, añadió que el JNE debe ver cómo opera una persona como el alcalde de Lima, que siempre ha llamado la atención al «viajar como un personaje político», dejando de lado su cargo.

«Podría haber infracciones en tema de neutralidad que debería tener toda autoridad, y no hablar a favor o en contra de un determinado candidato u organización política. (…) Las autoridades, incluido el alcalde de Lima (RLA), debe tener cuidado de no salir en estas actividades porque incluso hoy en día, los alcaldes no pueden aparecer en gigantografías, ya no pueden aparecer con sus nombres en redes sociales», expresó Tello y también cuestionó a López Aliaga por comportarse como presidente de un partido político y pedir licencia en el municipio para inaugurar un hospital, que en su opinión tiene recursos privados.

«Esto más bien debería aclararse y mientras se determina una parte de responsabilidad, por parte del JNE, se tiene también que parar con este tipo de actividades. (…) Con este posible acto de infracciones», aseveró Tello Alfaro.

Lopez Aliaga viajó a Arequipa e hizo campaña política

Pese a las restricciones impuestas por el JNE, alcalde de Lima López Aliaga viajó a Arequipa para la inauguración del Hospital de la Solidaridad. Durante su discurso, aclaró que él llegaba no como burgomaestre, sino como «un ciudadano más».

«Respeto mucho la ley de mi país y también sigo lo que es el marco jurídico. Para estar acá he pedido licencia al Concejo Metropolitano de Lima, entonces en este momento no soy alcalde de Lima. Soy un ciudadano más. Hay un alcalde encargado de acuerdo a ley. No es costumbre mía ni de Renovación Popular sacarle la vuelta ni a la ley ni a nadie», afirmó el alcalde López Aliaga.

¿Repetirán el plato? Quisieron creer a la población que solamente cambiando el nombre se iba a solucionar de raíz el problema de los alimentos en mal estado, pero desde adentro de esa cartera sabían a la perfección que nada había cambiado.

Ante la denuncia de conservas con carne de caballo o con la presencia de elementos ajenos a su producción ‘rodaron la cabeza’ del ex ministro Julio Demartini, quien hasta se atrevió a retar que no iba a volver a aparecer más casos como esos. Tarde o temprano iba a caer y así pasó.

La mandataria Dina Boluarte, apelando a su cúpula más fiel de escuderos, decidió volver a llamar a Leslie Urteaga, una de sus ex ministras favoritas que se fue sin pena ni gloria cuando pasó por el Ministerio de Cultura, para que dirija el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

Ahora, la ministra Urteaga, luego de reportarse más de un centenar de niños intoxicados luego de haber ingerido alimentos del programa ‘Wasi Mikuna’, anunció que dicho programa se encuentra en “proceso de extición”.

“Estamos decidiendo la extinción del actual modelo, porque no podemos poner en riesgo la vida de los niños, tal como estaba constituido con la entrega de productos y raciones, que fueron heredados de Qali Warma. Los proveedores ya estaban con contratos y no podíamos comprar directamente a los fabricantes”, indicó Urteaga para Latina.

🔴 Titular del Midis, Leslie Urteaga, explicó qué sucederá con Wasi Mikuna tras anuncio de "proceso de extinción".

📌 Mira la entrevista completa AQUÍ: https://t.co/bPXLFs6rOI pic.twitter.com/7eJsJr5vie

— Latina Noticias (@Latina_Noticias) April 4, 2025

En ese sentido, la ministra señaló que su sector se encuentra trabajando en un dispositivo legal, para establecer nuevas modalidades que garanticen la calidad, inocuidad, salubridad, valor nutritivo y pertinencia cultural del servicio alimentario, dando paso a un proceso de extinción, en el corto plazo, del referido programa de alimentación tal y como se le conoce hasta ahora.

Además, expresó su solidaridad «con los niños, padres de Piura y varias regiones, por lo ocurrido, que está atribuido a parte de la alimentación» y resaltó que «por eso estamos haciendo cambios estructurales”. Asimismo, por ese caso, señaló que se está a la espera de los resultados de las investigaciones a cargo de Digesa y Sanipes, para esclarecer las causas de la intoxicación.

La hasta ahora titular del Midis estaría intentando de esta manera tratar de salvar su puesto en la referida cartera, pues ya desde el Parlamento se ha previsto una moción de interpelación, la cual podría derivar en una censura por la cantidad de intoxicados.

El pleno del Congreso de la República aprobó, por insistencia, la iniciativa legislativa que propone la inclusión de intérpretes de lengua de señas en las comisarías y en la formación de la Policía Nacional del Perú (PNP), para garantizar la recepción y trámite de denuncias de personas con discapacidad auditiva.

La propuesta modifica la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, y el Decreto Legislativo 1318, Decreto Legislativo que regula la formación profesional de la PNP.

Así se establece que la PNP coordine con el Programa Aurora (del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables), la Dirección de Promoción y Desarrollo de las Personas con Discapacidad (Red Alivia Perú), con el Ministerio Público y otras instituciones públicas para que se facilite intérpretes en lengua de señas peruana de manera inmediata para la atención de denuncias de personas con discapacidad auditiva o con limitaciones para la expresión oral.

Durante la sustentación del proyecto, Jessica Córdova Lobatón, presidenta de la Comisión de Mujer y Familia, destacó la importancia de esta medida para proteger los derechos de las personas con discapacidad auditiva, quienes a menudo enfrentan situaciones de violencia y encuentran obstáculos significativos para acceder a la justicia. Córdova señaló que la falta de intérpretes y personal capacitado en las comisarías ha dificultado que estas personas puedan comunicar sus denuncias de manera clara y eficiente. “Muchos de ellos viven situaciones de violencia y, además, enfrentan el obstáculo de no poder comunicar sus denuncias de manera clara y eficiente debido a la falta de intérpretes y personal capacitado en la Policía”, manifestó la parlamentaria.

También se establece incluir en el Plan Curricular de la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial la enseñanza de la lengua de señas peruana.

La parlamentaria del Bloque Democrático Popular, Sigrid Bazán Narro, presentó una moción de interpelación contra la cuestionada ministra de Desarrollo e Inclusión Social, (Midis) Leslie Urteaga Peña, por la intoxicación masiva de escolares en la institución educativa Elvira Castro de Quiróz, ubicado en la región Piura.

Bazán Narro formuló la iniciativa, luego de conocerse el lamentable hecho que afectó a más de 80 alumnos, quienes presentaron convulsiones, picazón y/o prurito y parálisis, tras ingerir alimentos del programa ‘Wasi Mikuna’, antes ‘Qali Warma’.

“Midis tiene que responder por las intoxicaciones”

La moción de interpelación contra Leslie Urteaga, fue la cuarta iniciativa del día y contó con la firma de 20 congresistas. Asimismo, consta de 14 preguntas, principalmente relacionadas a las intoxicaciones reportadas en Piura.

“¡MIDIS tiene que responder por las intoxicaciones de Wasi Mikuna (ex Qali Warma) ¡He presentado una moción para interpelar a la ministra Leslie Urteaga porque no es posible hasta ahora no se pueda garantizar alimentos seguros para los escolares»!, escribió la congresista en su cuenta de X.

Asimismo, en el Parlamento fueron presentadas otras tres mociones de interpelación contra los ministros de Transportes, Pérez-Reyes, de Salud, César Vásquez, y de Educación, Morgan Quero.

De acuerdo al Reglamento del Congreso, la moción se presenta con no menos del 15 % del número legal de legisladores, y debe adjuntar el respectivo pliego interrogatorio. Luego esta se da cuenta en el Pleno y se evalúa su admisibilidad en la siguiente sesión plenaria. De admitirse dicha moción (se requieren 33 firmas) se fija el día y hora para la presentación de la ministra interpelada. La Junta de Portavoces o el Consejo Directivo del Congreso acuerda el tiempo y las reglas del debate.

La asistencia presencial de la ministra no puede ser antes del tercer día, ni luego del décimo de admitida la moción. Entre tanto, responderá el pliego de preguntas y de no convencer al Pleno del Congreso, este podrá optar por la censura (destitución).