Política
Comandante de la Marina (r): “Por ningún motivo permitiremos que se posterguen las elecciones”
«Desde su llegada como titular del ramo de Defensa, solo ha realizado actos de desprecio y declaraciones inoportunas que han demostrado una vez más cuáles son sus intenciones para el presente y futuro de las Fuerzas Armadas, con la finalidad de someterla a esta nefasta ideología política, de la cual es parte”.

El capitán de Navío (r) de la Marina de Guerra del Perú, Ricardo Patrón Alcázar, ha redactado una carta abierta y pública, dirigida a la ministra de Defensa Nuria Esparch, donde señala pasajes reveladores de esta señora, en su paso por la cartera de Defensa en años pasados.
Él la emplaza frontalmente y le reclama por su permanente desprecio hacia las Fuerzas Armadas. Asimismo, manifiesta que este gobierno tomó el poder por la puerta falsa a costa de mentiras, sin haberlo logrado por la voluntad del pueblo y espera que, así como llegaron, se vayan por donde vinieron el 28 de julio.
Aquí el contenido íntegro de la carta
Señora Ministra:
He tomado la decisión de escribirle esta carta abierta a Ud. porque desde que asumió el cargo de Ministra de Defensa no ha hecho otra cosa que demostrar su profundo irrespeto por la Fuerzas Armadas y su voluntad de cambiar su rumbo establecido en la Constitución, leyes y reglamentos vigentes, con la finalidad de someterla a esta nefasta ideología política, de la cual es parte.
Desde su llegada como titular del ramo de Defensa, solo ha realizado actos de desprecio y declaraciones inoportunas que han demostrado una vez más cuáles son sus intenciones para el presente y futuro de las Fuerzas Armadas y digo una vez más, porque Ud. ya tuvo un paso anterior por el Ministerio de Defensa entre los años 2006 y 2008, ocupando el cargo de Viceministra de Recursos para la Defensa.
Durante ese periodo es recordada no por su excelente gestión, sino todo lo contrario. En vez de defender y apoyar a los miembros de las Fuerzas Armadas en su lucha para establecer la nivelación de las pensiones, se opuso a esta, pero firmó y luego pretendió desconocer su firma; asimismo, administró el presupuesto creado conocido como el Núcleo Básico Eficaz (NUBE), ocasionando que se desguarneciera la operatividad y entrenamiento de las Fuerzas Armadas.
Posteriormente, se desempeñó como Gerente de Relaciones Institucionales (2014-2018) de la corrupta empresa Graña y Montero, socia de Odebrecht; lo cual no hace otra cosa que pintarla de cuerpo entero, porque no nos va a decir ahora que desconocía de los actos de corrupción que ya se conocían y venían siendo investigados.
Ahora que ocupa el cargo de Ministra, una de sus primeras acciones ha sido copar el Ministerio con una serie de personal civil que comparte su misma ideología y que desconoce el manejo y leyes de este sector. Inmediatamente, realizó una declaración inoportuna y fuera del contexto al pretender señalar que se conformaría un comité consultivo AD HOC de notables que ayude a establecer una agenda sobre las decisiones que se tienen que tomar sobre el rumbo de las Fuerzas Armadas.
Al respecto, como ya ha sido señalado varias veces, el Ministerio de Defensa es un ente administrativo y como tal no tiene facultad para tratar temas de carácter operativo puesto que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas son los que tienen esa competencia y son ellos los que efectúan el planeamiento, preparación, conducción y coordinación de las operaciones y acciones militares conjuntas; además, la Constitución Política es contundente al señalar el rol de las mismas en el ejercicio de la Defensa Nacional que son ejecutadas a través del sistema de Defensa Nacional y Política de Seguridad y Defensa Nacional a fin de garantizar la independencia, soberanía y la integridad territorial.
Por otra parte, es necesario recordarle por si ya lo olvidó, que en el año 2017, se conformaron equipos de trabajo en los dos Viceministerios del Ministerio de Defensa, integrada por oficiales generales y almirantes, oficiales superiores y profesionales civiles de larga data del mismo Ministerio; con la finalidad de revisar y actualizar los documentos rectores que contienen las políticas que el Ministerio de Defensa ha emitido en materia de seguridad y defensa nacional y el planeamiento estratégico y la formulación presupuestal de las FFAA; los mismos que fueron aprobados en su momento por resoluciones supremas, que rigen y señalan el rumbo de las FFAA desde hace más de 3 años, todo dentro del marco de la Constitución señalado para las FFAA, las leyes y la concepción de seguridad multidimensional que ha asumido el Estado Peruano.
Esas inoportunas declaraciones, generaron un gran malestar fuera y dentro de las instituciones armadas que generaron la reacción de diferentes autoridades, instituciones, asociaciones y de diversos oficiales en situación de retiro, las cuales usted ya conoce y que debido a la presión, una vez más ha tratado de desvirtuar, aduciendo entre otras falacias, su irrestricto respeto al rol de las FFAA en el marco de la Constitución y que su objetivo es reforzar la capacidad operativa para el cumplimiento de su misión y mandato Constitucional y a la vez asegurar que se cuente con los recursos suficientes y un adecuado equipamiento, mantenimiento y entrenamiento. Asimismo, mencionó que su comentario estaba referido a la posibilidad de contar con los aportes de expertos profesionales en la temática del sector Defensa, con la participación de ex Comandantes Generales y ex Ministros de Defensa.
Señora Ministra, usted cree que somos ingenuos por no usar otro término, cree usted que podemos creerle; para empezar usted no respeta a las Fuerzas Armadas y lo afirmo, porque lo ha demostrado en más de una ocasión; ha asistido a ceremonias protocolares de índole castrense y cívico, mostrando irreverencia al asistir con prendas no apropiadas para la ocasión, no ha asistido a la ceremonia de clausura y graduación de la Marina de Guerra a pesar que la espada de honor le correspondía a una mujer a la cual dice tanto respetar y defender. Tampoco asistió a la última ceremonia por el aniversario de la Batalla de Miraflores, último bastión de la resistencia peruana en defensa de la ciudad de Lima, donde dieron la vida por la Patria miles de compatriotas de todas las edades y diferentes clases sociales; Usted no tiene el mínimo respeto por los héroes del Perú y nuestra historia.
Asimismo, cómo puede usted afirmar que tiene como objetivo reforzar la capacidad operativa y asignar los recursos apropiados a las Fuerzas Armadas, cuando en el Presupuesto asignado en el año del Bicentenario para el sector es apenas el 0.96% del PBI, el más bajo en la historia del Perú, siendo el promedio de la región 2.2% del PBI. De este presupuesto, casi el 90% corresponde a gastos fijos de carácter ineludibles, lo cual una vez más nos ponen en una situación de indefensión como pocas veces o nunca visto y no permite cumplir a cabalidad con su rol principal establecido en la Constitución; pero a pesar de todo, como siempre se ha hecho, las Fuerzas Armadas y los hombres y mujeres que la conforman darán todo de sí para defender al Perú de cualquier agresor externo o interno que intente socavar nuestra independencia, soberanía e integridad territorial, dando si es necesario sus vidas para el cumplimiento de sus funciones.
Tampoco le creo que por ahora no va a nombrar ningún comité consultivo y en caso lo hiciera con los ex Comandantes Generales y ex Ministros de Defensa, lo más seguro que buscará entre ellos a aquellos que en su paso por esos cargos demostraron su poco interés por defender y exigir lo que se requería para mantener la operatividad de las FFAA y seguramente más de uno profesa su misma ideología; por eso es que estaremos atentos y vigilantes a cualquier intento de reforma que se pretenda realizar.
Ahora, después de escuchar su último mensaje, es que podemos darnos cuenta el porqué de su frustración y resentimiento hacia las Fuerzas Armadas, su mensaje totalmente tendencioso y lleno de mentiras cuenta su historia por la que no pudo postular a las FFAA en el año 1984 y eso es verdad y sabe porque era así; en esos años salíamos de un gobierno militar de muchos años y estábamos siendo atacados por la hordas sanguinarias de grupos terroristas que pretendían tomar el poder a la fuerza y las instituciones militares no estaban aún preparadas logísticamente y en su infraestructura para recibir a las mujeres; es recién a partir del año 1996 cuando se promulga la Ley 26628, que a partir del año 1997 se permitió el ingreso de las mujeres a las Fuerzas Armadas en forma gradual y hoy han pasado más de 20 años y hemos sido testigos de la importancia, profesionalismo y patriotismo de la mujer en ellas.
Usted no representa a los miles de hombres y mujeres que vistieron y visten hoy el glorioso uniforme militar, los que hoy nos encontramos fuera del servicio no somos una minoría y somos el grupo más numeroso; somos parte de la reserva orgánica dispuestos a sacrificar nuestras vidas por la defensa de la Patria, término que Ud. no comprende ni lo hará.
Podrá Ud. doblegar y quebrantar la conciencia, voluntad y dignidad de algunas personas que visten y han vestido el uniforme, pero no podrá doblegarnos a todos; no estamos dispuestos a permitir que siga maltratando a las FFAA y la defenderemos dentro del marco legal. No sabe lo que significa para un militar sea el grado o rango que tenga estar dispuesto a sacrificar todo por la Patria, muchos hemos servido por años a nuestras queridas instituciones militares y lo hemos dado todo, sin buscar ningún tipo de reconocimiento, solo sabiendo internamente de lo orgullosos que estamos por haber contribuido con un granito de arena en la noble misión de defender y servir al Perú.
Seguiremos siendo militares hasta el último día de nuestra existencia, somos respetuosos de la Constitución y seguiremos manifestándonos siguiendo el libre derecho de opinar públicamente sobre todo lo que acontece y más si ello conlleva a un riesgo para la convivencia de los peruanos y la independencia, soberanía e integridad territorial del Perú.
El gobierno del que usted forma parte, está cometiendo los mismos errores y es causante de la muerte de miles de peruanos al no haber hecho nada para afrontar la crisis sanitaria que nos golpea nuevamente, sigue destruyendo la economía, cometiendo actos de corrupción y despilfarro del tesoro público, dividiendo al país y solo con el propósito desmedido lleno de maldad de querer instaurar una ideología nefasta que solo ha causado muertes y pobreza en los países que se instauró; este gobierno tomó el poder por la puerta falsa a costa de mentiras, sin haberlo logrado por la voluntad del pueblo. Esperamos que, así como llegaron se vayan por donde vinieron el 28 de julio y por ningún motivo permitiremos que se posterguen las elecciones.
Dudo mucho que mis palabras tengan eco en Ud., sabe bien que la historia y el Perú la juzgarán y que la justicia divina siempre prevalece.
Capitán de Navío
Ricardo Patrón Alcázar.
Lima, 25 de enero del 2021.
Política
De ‘Qali Warma’ a ‘Desayuno en mi Cole’: Midis cambia de nombre, pero la problemática continúa
Tras denuncias por alimentos en mal estado, el programa alimentario del Midis pasó de llamarse ‘Qali Warma’ a ‘Wasi Mikuna’. Ahora, la ministra Leslie Urteaga anuncia un nuevo intento bajo el nombre ‘Desayuno en mi Cole’.

Tras los escándalos que marcaron el final de ‘Qali Warma’ y el fallido experimento de ‘Wasi Mikuna’, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) liderado por la cuestionada Leslie Urteaga Peña lanza su tercer intento: el programa “Desayuno en mi Cole”, que entrará en vigencia este 11 de agosto en 62 colegios públicos de Lima y Callao.
Aunque se presenta como una «nueva estrategia» para asegurar alimentos frescos y preparados dentro de las instituciones educativas, la credibilidad del Midis está por los suelos. Los antecedentes son claros: ‘Qali Warma’ fue blanco de múltiples denuncias por intoxicaciones, incluso con productos en mal estado como las recordadas conservas con carne de caballo distribuidas en Puno por la empresa Frigoinca, lo que provocó una crisis sanitaria y la destitución de 19 funcionarios.
En respuesta, el entonces ministro Julio Demartini lanzó, en noviembre de 2024, el programa ‘Wasi Mikuna’, prometiendo eficiencia y control. Pero apenas meses después, nuevas intoxicaciones y quejas por alimentos malogrados obligaron al gobierno a declarar en emergencia el servicio alimentario escolar hasta diciembre de 2025. Ahora, con otro cambio de nombre y esquema, el Midis insiste en recomenzar.

En noviembre de 2024 el exministro Demartini cambió de nombre a ‘Qali Warma’ por el de ‘Wasi Mikuna’.
¿Qué ha cambiado realmente? Según la ministra Leslie Urteaga Peña, esta vez habrá mayor control: los alimentos se prepararán diariamente dentro de los colegios, a cargo de un concesionario externo. Pero esa misma figura —la tercerización del servicio— ha sido utilizada antes, sin resultados que eviten los riesgos sanitarios ni la corrupción.
Mientras tanto, el exdirector ejecutivo de ‘Qali Warma’, Fredy Hinojosa, sigue en su cargo de vocero en Palacio de Gobierno, pese a ser señalado en varias investigaciones por omisión de funciones y negligencia.
El Midis, lejos de mostrar una política alimentaria sólida, parece limitarse a cambiar de nombre y maquillar el fracaso con nuevas promesas. Pero mientras no haya responsables sancionados ni un rediseño real del sistema, los escolares seguirán siendo víctimas de la improvisación estatal.
Política
Poder Judicial protege peajes de ‘Línea Amarilla’ pese a vínculos con Villarán
El juez Jorge Luis Chávez Tamariz rechazó el pedido fiscal de suspender el cobro de peajes en Línea Amarilla. Lima Expresa alegó riesgo de quiebra, priorizando intereses privados sobre la corrupción investigada durante la administración edil de Susana Villarán.

El Poder Judicial, una vez más, ha optado por preservar los intereses económicos de empresas privadas en detrimento del interés público. Esta vez, al declarar infundado el pedido de la Fiscalía para suspender temporalmente el cobro de peajes en la concesión de Línea Amarilla, una infraestructura manchada por la corrupción durante la gestión de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán.
La decisión, firmada por el juez Jorge Luis Chávez Tamariz del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, favorece a Lima Expresa S.A.C., empresa actualmente a cargo de la concesión y vinculada directamente con el caso Lava Jato. La Fiscalía había solicitado que se detuviera el cobro de peajes mientras avanzan las investigaciones por lavado de activos y asociación ilícita, en las que están implicadas varias compañías brasileñas y funcionarios de la gestión Villarán.
Corrupción reconocida, pero sin consecuencias prácticas
La resolución judicial reconoce que la empresa Lima Expresa, anteriormente conocida como LAMSAC, está siendo investigada como parte de una red de corrupción encabezada por la constructora brasileña OAS. Sin embargo, considera que no existen motivos suficientes para suspender el cobro de peajes, ni para entregar temporalmente la administración del proyecto a la Municipalidad de Lima, a través de Emape S.A.
El argumento principal del juzgado se sostiene en la supuesta falta de riesgo procesal. Según Lima Expresa, ya no hay posibilidad de obstaculización porque la Fiscalía incautó todos los documentos clave en los allanamientos de mayo de 2023. Además, la empresa alegó que desde 2020 está aplicando correctamente la fórmula de reajuste tarifario dictada por un laudo arbitral internacional.

Fiscalía solicitó al PJ suspender el cobro de los peajes de la Línea Amarilla, pero éste no le dio la razón.
¿Y el perjuicio económico al ciudadano?
Mientras Lima Expresa se defiende invocando la legalidad de sus operaciones desde 2020, la Fiscalía documenta que el primer reajuste tarifario en 2013 —realizado durante la gestión de Susana Villarán— violó el contrato. En lugar de aplicar una fórmula mixta, se utilizó únicamente el IPC nacional, lo que infló las tarifas de manera irregular.
Según el Ministerio Público, esta decisión generó un perjuicio económico al Estado y a los ciudadanos por más de S/ 20 millones, sin que se aplicaran sanciones a la concesionaria. La MML, controlada entonces por la alcaldesa Villarán, avaló el reajuste sin cuestionamientos ni penalidades, pese a tratarse de fondos públicos.
Además, uno de los actos más cuestionables fue la inclusión del Proyecto Río Verde mediante una adenda al contrato original, reemplazando al proyecto COSAC IV sin estudios técnicos ni aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas. El cambio no solo desvió recursos sin control, sino que favoreció directamente a la empresa sin prever mecanismos correctivos.
El fantasma de la quiebra y el chantaje económico
Lima Expresa, hoy controlada por el grupo francés Vinci Highways, argumentó que suspender los peajes durante un año significaría su quiebra. Dijo que se verían afectados 627 trabajadores, los fondos de pensiones que han invertido en sus bonos, y la recaudación del Estado vía IGV.
Este tipo de narrativa —el riesgo de colapso económico— ha sido recurrente en las defensas de concesionarias implicadas en corrupción. La empresa, pese a estar bajo investigación penal, apela a una lógica de chantaje económico que antepone la estabilidad financiera a la rendición de cuentas.
Pero, ¿debe el Estado renunciar a la justicia para evitar la quiebra de una empresa? ¿Debe tolerarse el cobro de peajes en condiciones cuestionadas por la propia Fiscalía, solo para evitar un impacto en el flujo de caja de una firma privada?
Diferencias con el caso Rutas de Lima: ¿doble rasero judicial?
La Fiscalía también intentó que el juzgado tomara en cuenta el precedente del caso Rutas de Lima, donde el Tribunal Constitucional ordenó suspender los peajes por la ausencia de vías alternas. Sin embargo, el juez Chávez Tamariz rechazó esa comparación, argumentando que las condiciones legales y técnicas eran distintas.
Aunque los contextos puedan variar, en ambos casos hay una constante: contratos de concesión firmados en contextos de corrupción, peajes impopulares y decisiones judiciales que terminan por favorecer a los actores privados, incluso cuando están bajo investigación por delitos graves.
Una justicia que llega tarde y a medias
El fallo del juez Chávez Tamariz refleja una tendencia preocupante en el sistema judicial peruano: la incapacidad para actuar de forma preventiva frente a casos de gran corrupción. Las decisiones tienden a privilegiar la estabilidad económica sobre la transparencia y la rendición de cuentas.
En el fondo, lo que se está legitimando es que empresas salpicadas por escándalos de corrupción —como OAS o sus subsidiarias— puedan seguir operando con normalidad, mientras el proceso judicial se arrastra por años. En paralelo, la ciudadanía sigue pagando peajes elevados sin recibir mejoras sustantivas en infraestructura ni respuestas claras sobre a dónde va ese dinero.
Demandas millonarias y arbitrajes internacionales
El caso se complejiza aún más al conocerse que, paralelamente, la Municipalidad de Lima enfrenta una condena internacional: deberá pagar cerca de US$ 200 millones al consorcio Rutas de Lima por incumplimientos contractuales, según una reciente sentencia en EE.UU. El Estado peruano ya ha iniciado acciones para investigar los vínculos de Brookfield, controladora del consorcio, con Susana Villarán.
Pero eso no es todo. Brookfield ha iniciado un arbitraje ante el CIADI exigiendo US$ 2700 millones por presunta expropiación de su inversión. La Municipalidad de Lima afirma que presentará nuevas pruebas sobre irregularidades en los contratos, pero el costo de estos litigios ya recae sobre los contribuyentes.
¿Quién paga por la corrupción?
Lo más preocupante es que, pese a los millonarios perjuicios económicos y las pruebas reunidas por la Fiscalía, las medidas correctivas son mínimas. Mientras las empresas se protegen con arbitrajes internacionales, el ciudadano común sigue atrapado entre contratos viciados, tarifas injustas y un sistema judicial que llega tarde y actúa con tibieza.
La pregunta es inevitable: ¿cuántos millones más deben perderse antes de que se tomen decisiones valientes en defensa del interés público?
Política
Compra de aviones de guerra: Dina Boluarte recibió a dueño de empresa Saab
La presidenta Dina Boluarte recibió en Palacio a Marcus Wallenberg. Mientras tanto, su gobierno destina más de S/ 13 mil millones a aviones de guerra, sin enemigo visible, en una decisión ajena a las urgentes prioridades del país.

Mientras el país sufre por hospitales colapsados, cárceles hacinadas y vías de transporte en ruinas, el gobierno de Dina Boluarte ha decidido destinar más de S/ 13 mil millones a la compra de aviones de guerra. ¿La justificación? Una “renovación histórica” de la flota aérea de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), pese a que el país no enfrenta ningún conflicto armado ni amenaza inminente.
La decisión, anunciada oficialmente el 2 de julio durante la ceremonia por los 40 años del sistema Mirage 2000, se concretó esta semana con una reunión en Palacio de Gobierno entre la presidenta Boluarte y Marcus Wallenberg, presidente de Wallenberg Investments AB, principal accionista de Saab, la empresa sueca que fabrica los cazas Gripen E que el Perú planea adquirir.
En la cita también participaron representantes del poderoso Grupo Wallenberg y seis ministros de Estado, incluyendo el titular de la PCM, Defensa, Relaciones Exteriores, Economía, Transportes y Energía. La visita se da en vísperas del arribo del ministro de Defensa de Suecia, Pål Jonson, quien llega tras participar en la feria F-AIR en Colombia, donde se exhibieron aviones Gripen utilizados por la Fuerza Aérea de Brasil.

Presidenta Dina Boluarte se reunió con Marcus Wallenberg y representantes del Grupo Wallenberg.
¿Seguridad o pretexto?
El gobierno argumenta que esta compra responde a la necesidad de “fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias” y renovar equipos obsoletos. Pero en un país donde la inseguridad ciudadana, la corrupción y la pobreza golpean a diario a millones, resulta difícil creer que las prioridades nacionales pasen por modernizar cazas de combate sin enemigo a la vista.
La pregunta cae por su propio peso: ¿a quién realmente beneficia esta millonaria operación? En un contexto de cuestionamientos a la legitimidad del Ejecutivo, con una presidenta aislada y acusada de usar el poder para blindarse, la compra de armamento de alto costo abre la puerta a sospechas sobre posibles negociados, comisiones ocultas o compromisos oscuros antes de dejar el cargo.
Aviones sí, hospitales no
El contraste es brutal: mientras se firman acuerdos para importar aviones supersónicos, las postas médicas carecen de insumos, las escuelas se caen a pedazos y los ciudadanos mueren esperando una cama UCI. La supuesta “decisión histórica” se parece más a una jugada estratégica que podría tener más de oportunismo que de visión de Estado.
Política
Zonificación a la medida: MML autoriza edificios de 28 pisos en San Isidro
Pese a las normas vigentes, con la ordenanza 2670, la gestión de López Aliaga allana el camino a megaproyectos inmobiliarios. Vecinos acusan a la alcaldesa de San Isidro de ceder ante su partido y ante intereses empresariales.

Una nueva polémica sacude al tradicional distrito de San Isidro. La construcción de un edificio de 28 pisos en la avenida Salaverry con calle Burgos ha desatado la indignación vecinal. ¿El motivo? La Municipalidad del distrito otorgó una licencia que contradice abiertamente las normas urbanísticas: en esa zona solo se permiten edificaciones de hasta 10 y 4 pisos, respectivamente. La Contraloría General de la República lo ha confirmado: la obra viola todas las regulaciones vigentes.
Pese a que el caso se encuentra judicializado, la Municipalidad de San Isidro aprobó el proyecto en marzo de este año. Mientras tanto, la alcaldesa Nancy Vizurraga de ‘Renovación Popular’ guarda silencio ante el reclamo ciudadano. Su gestión ha iniciado “acciones administrativas” para investigar responsabilidades, pero los vecinos no ven avances concretos. Para ellos, la situación es clara: el municipio parece responder más a los intereses del sector inmobiliario que al bienestar de los ciudadanos.
Alcaldesa de San Isidro es criticada por no defender al distrito
“No estamos en contra del desarrollo urbano, pero queremos que se respete el orden y se escuche a los vecinos”, dicen con firmeza. La falta de transparencia, consulta y estudios técnicos —como los de impacto ambiental y vial— en proyectos como este refuerzan sus sospechas.
La controversia se amplía con la ordenanza 2670, que modifica la zonificación del centro comercial Camino Real. La Municipalidad de San Isidro ha pedido su revisión, alegando que sus observaciones técnicas fueron ignoradas. Pero la decisión final la tiene la Municipalidad de Lima, bajo la gestión de Rafael López Aliaga, que, según los vecinos, actúa como aliado de los grandes constructores.

Ordenanza 2670 de la MML, firmada por el teniente alcalde Renzo Reggiardo.
En medio del malestar, la vecina Nora Loredo fue contundente:
“Lo que está sucediendo es un escándalo. La MML ha cambiado la zonificación para que aquí se pueda construir cuatro torres de 18 pisos, con no sabemos cuántos departamentos, sin hacer estudios de impacto ambiental, sin hacer estudios de impacto vial; no hay consulta vecinal y sin tomar en cuenta que esta es una zona de reglamentación especial porque está la huaca Huallamarca allá y El Olivar aquí. la alcaldesa de San Isidro Vizurraga que se ponga los pantalones y que se enfrente a su jefe, el señor López Aliaga, pero en realidad no es su jefe. Su jefe somos nosotros señora alcaldesa, porque nosotros fuimos los que votamos por usted. Nosotros fuimos los que la hicimos alcaldesa a usted. Usted tiene que rendirnos cuentas a nosotros. A sus votantes”.
Política
Dina Boluarte: “Me retiraré en 2026 con el orgullo de haber servido de la mejor manera»
La presidenta Dina Boluarte afirma que dejará Palacio de Gobierno el 28 de julio de 2026 “con la frente en alto”, pese a las críticas, protestas sociales y su alta desaprobación ciudadana.

Durante una ceremonia organizada por el Ministerio de Trabajo, la presidenta Dina Boluarte anunció que culminará su mandato el 28 de julio de 2026 “con orgullo y la frente en alto”. Frente a un centenar de jóvenes talentos, afirmó que su gestión se ha caracterizado por la ejecución de obras y una lucha firme contra la corrupción. “Misión cumplida. Me retiraré con el orgullo de haber servido de la mejor manera como presidenta de la república», exclamó Dina Boluarte, refiriéndose a su paso por el Ejecutivo.
En el acto, donde se presentó a los jóvenes que se integrarán a la administración pública, Boluarte insistió en que su gobierno será recordado como “honesto y decente”. Aseguró que no se toleran actos irregulares en su gestión y que todo indicio de corrupción es sancionado de inmediato. “Con nosotros no hay adendas, donde bien sabemos que se escondía la corrupción. Aquí obra iniciada es obra terminada y entregada al pueblo”, dijo.

Pese a investigaciones, la mandataria dice: “Nuestras obras son con las manos limpias”.
Más tarde, acompañada del ministro de Desarrollo Agrario, Ángel Manero Campos, Boluarte presentó un informe sobre avances en el sector agropecuario. Desde Palacio de Gobierno, resaltó el cierre de brechas como una de las prioridades de su mandato.
Sin embargo, la afirmación de que dejará el poder con la “misión cumplida” contrasta con una gestión marcada por cuestionamientos, protestas sociales, crisis política y altos índices de desaprobación. Si bien la presidenta busca proyectar una imagen de transparencia y eficiencia, diversos sectores de la sociedad civil critican la falta de resultados tangibles y la desconexión con las demandas ciudadanas. Su declaración parece más un intento de consolidar una narrativa oficial que una evaluación objetiva de su paso por el poder.
Política
Congreso: bancadas tantean ‘alianzas’ para disputar la Mesa Directiva
Con los comicios internos a la vuelta de la esquina, el denominado “Bloque Democrático” busca perpetuarse en el control del Congreso, mientras sectores opositores intentan —sin aún los votos suficientes— construir una alternativa que rompa la hegemonía legislativa.

A pocas semanas de elegirse a la nueva Mesa Directiva del Congreso para el período 2025-2026, las bancadas empiezan a mover fichas, tejer alianzas y tantear escenarios posibles. Por un lado, el Bloque Democrático, ya instalado por dos periodos consecutivos, busca repetir el control legislativo. Por el otro, agrupaciones opositoras intentan romper esa hegemonía y armar una lista alternativa. Pero el panorama está lejos de definirse.
El Bloque Democrático, conformado por Alianza para el Progreso (APP), Fuerza Popular, Perú Libre y Avanza País, perfila una fórmula continuista con apoyo previsible de Somos Perú, cuya adhesión ha sido casi automática en los últimos años. En palabras del vocero Héctor Valer, Somos Perú solo integrará una lista si es bajo el paraguas de ese bloque.
Desde el otro lado del tablero, la bancada Honor y Democracia —integrada por ex Renovación Popular como Jorge Montoya y José Cueto— fue la primera en anunciar su intención de competir. El 27 de junio, Montoya oficializó la candidatura de Cueto a la presidencia del Congreso y, en una muestra de apertura política poco usual, no descartó tender puentes incluso con bancadas de izquierda: “La mayoría manda”, afirmó.
Una oposición que aún no suma
La noche del domingo, Aron Espinoza, dirigente de Podemos Perú y esposo de la congresista Digna Calle, anunció que esta semana se iniciarán conversaciones formales con diversas agrupaciones para construir una lista opositora. Las bancadas convocadas para una primera reunión este martes 8 de julio son: Acción Popular, Renovación Popular, Juntos por el Perú y Honor y Democracia.
Espinoza fue tajante: la intención es evitar que la próxima Mesa Directiva sea funcional al Ejecutivo. “La lista oficialista está hecha para proteger a Dina Boluarte. Ya se sabe quiénes la integran: Fuerza Popular, Perú Libre —que ya le gustó la mamadera a Waldemar Cerrón—, Avanza País y Somos Perú”.
Sin embargo, los números aún no cuadran. Juntas, las bancadas convocadas suman apenas 46 votos (Podemos 13, Renovación 11, Acción Popular 9, Juntos por el Perú 8, Honor y Democracia 5). Aún les faltan 21 votos para alcanzar la mayoría simple de 67 necesaria para ganar en primera vuelta. Este margen obliga a una ampliación de alianzas que todavía no está asegurada.
Además, falta definir quién encabezará la fórmula. Aunque Honor y Democracia propone a Cueto, tanto Renovación Popular como Podemos Perú han señalado que no asumirán cargos en la directiva, al menos por ahora, lo que deja abiertas negociaciones complejas sobre los puestos de vicepresidencia.
¿Una izquierda como comodín?
Un punto llamativo es la disposición de Honor y Democracia —una bancada de perfil conservador— a dialogar con grupos de izquierda como Juntos por el Perú. Esta flexibilidad responde, más que a convicciones ideológicas, a una estrategia pragmática de supervivencia política, tras haber quedado fuera de las mesas anteriores. En esta ocasión, buscan evitar el aislamiento y no descartan respaldar una fórmula distinta si se garantiza su participación en algún cargo de la directiva.
¿El Congreso se inclina hacia el continuismo?
A pesar de los esfuerzos opositores, todo indica que el Bloque Democrático mantiene ventaja. Tiene experiencia, recursos, alianzas consolidadas y respaldo tácito del Ejecutivo. Además, los incentivos para mantenerse en el poder son evidentes: controlar la agenda parlamentaria, blindar a sus aliados y decidir el ritmo de las reformas.
La carrera hacia la Mesa Directiva 2025-2026 ya empezó. Pero más allá de los nombres, la verdadera disputa es por el modelo de Congreso que predominará: uno que responda a los intereses del oficialismo o uno que ejerza una oposición más activa, aunque aún fragmentada.
Política
Fiscalía investiga al alcalde de Pomalca por presunta apropiación de fondos municipales
El alcalde Manfri Bernal y dos funcionarias son investigados por no depositar más de S/ 171 mil en la Cuenta Única del Tesoro, lo que habría facilitado el presunto desvío de recursos públicos durante el primer semestre de 2025.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque ha abierto una investigación preliminar contra el alcalde del distrito de Pomalca, Manfri Bernal, y dos funcionarias de su gestión, por la presunta apropiación indebida de recursos económicos municipales que ascienden a más de S/ 171 mil soles.
El fiscal a cargo del caso, Daniel Gerardo Flores Aguinaga, del Tercer Despacho de la mencionada fiscalía, junto a agentes de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional, intervino las oficinas de Caja y Tesorería de la municipalidad para recabar documentos y verificar los ingresos recaudados durante el primer semestre de 2025.

Según la denuncia que dio origen a la pesquisa, entre enero y junio de este año, la municipalidad habría percibido S/ 171,050.29 registrados con fecha y número de operación. No obstante, dicho monto no fue depositado en la Cuenta Única del Tesoro (CUT) en el plazo máximo de 24 horas, como lo exige la Directiva N.º 001-2007-EF/77.15, generando sospechas de una posible apropiación ilícita.
Según la denuncia que dio origen a la pesquisa, entre enero y junio de este año, la municipalidad habría percibido S/ 171,050.29 registrados con fecha y número de operación. No obstante, dicho monto no fue depositado en la Cuenta Única del Tesoro (CUT) en el plazo máximo de 24 horas, como lo exige la Directiva N.º 001-2007-EF/77.15, generando sospechas de una posible apropiación ilícita.
En la investigación figuran también Ana Llempén, tesorera de la entidad, quien no habría rendido cuentas ni realizado el traslado de fondos, y Rosaliz Cubas, gerente municipal, señalada por presunta omisión de funciones en el control financiero.
El alcalde Bernal es incluido por inacción ante las irregularidades, lo que podría interpretarse como tolerancia o encubrimiento. La fiscalía ha establecido un plazo de 240 días para determinar responsabilidades y recabar elementos de convicción.
Política
Mininter aprueba contratación de abogados que defenderán a exministro Santivañez
Las resoluciones firmadas por la Secretaría General autorizan el uso de recursos públicos para contratar al estudio de abogados propuesto por el propio Santivañez, investigado por presuntas irregularidades durante su breve gestión en el Ejecutivo.

El Ministerio del Interior ha aprobado, mediante tres resoluciones de Secretaría General —N° 119-2025-IN-SG, 120-2025-IN-SG y 121-2025-IN-SG— la contratación de servicios legales para la defensa del exministro Juan José Santivañez Antúnez, quien enfrenta diversos procesos en su contra.

Resolución de Secretaria General N° 119-2025-IN-SG.
Esta decisión tiene como antecedente la Resolución de Secretaría General N° 071-2025-IN-RSG, emitida el 14 de mayo de 2025, en la que se declara procedente la solicitud presentada por el propio Santivañez para contar con servicios especializados de asesoría y defensa legal. Posteriormente, el Proveído N° 009696-2025-IN-OGAF, con fecha 21 de mayo, fue remitido desde la Oficina General de Administración y Finanzas a la Oficina de Abastecimiento, formalizando el requerimiento.

Resolución de Secretaria General N° 120-2025-IN-SG.
El estudio legal propuesto por Santivañez Antúnez para asumir su defensa es Miranda & Asociados E.I.R.L., firma que también brinda servicios contables y que, según los documentos oficiales, fue seleccionada por el exministro.
Las resoluciones en cuestión aprueban la ejecución de los Procedimientos de Selección No Competitivos N° 25, 26 y 27, a través de los cuales se formalizará la contratación de los abogados encargados de asumir la representación legal del exfuncionario.
Todas las resoluciones han sido firmadas por Erick Fernando Caso Giraldo, actual secretario general del Ministerio del Interior.

Resolución de Secretaria General N° 121-2025-IN-SG.
La decisión genera interrogantes sobre el uso de recursos públicos en defensa de exautoridades investigadas, especialmente en contextos donde la transparencia institucional está bajo constante escrutinio.
Cabe recordar que Juan José Santivañez fue designado ministro del Interior en abril de 2024, y debió dejar el cargo en medio de denuncias públicas por presuntas contrataciones irregulares, vínculos con estudios legales cuestionados y posible tráfico de influencias. Actualmente, es investigado por el Ministerio Público, por lo que el uso de recursos del Estado para costear su defensa ha generado preocupación y críticas por parte de especialistas y sectores de la sociedad civil.
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