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Política

Cien poderosas razones por las que Fujimori debería seguir en prisión

Lee el artículo de Rodolfo Ybarra

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El ranqueado corrupto, psicópata, mafioso, sátrapa y asesino, puesto N° 7 a nivel mundial, Alberto Kenya Fujimori, destruyó este país, remató todas las empresas estatales, impuso el terrorismo de Estado, aplastó los movimientos sindicales y confeccionó un mamarracho de constitución política a la medida de los banqueros, empresaurios y poderosos de este país y sentó las bases para un Estado fallido, excremental y de desagüe cuya principal fuente de ingresos es el narcotráfico.
Aquí las cien poderosas razones por las cuales no debemos dejar libre a Fujimori:

1.– Alberto Kenya Fujimori prometió en su primer gobierno “Honradez, Tecnología y Trabajo” y ofreció miseria humana, destrucción de nuestra economía y pauperización de la clase obrera.

2.–Juró que nunca iba a aplicar el shock económico, lo cual ofrecía su oponente: Mario Vargas Llosa. Y fue lo primero que hizo.

3.–Juan Carlos Hurtado Miller, ministro de Economía de Fujimori, solo apeló a Dios para que el pueblo no se hunda en la miseria absoluta y dijo lo siguiente en su nefasto mensaje a la Nación del 8 de agosto de 1990 : “Como resultado de la aplicación firme y sostenida de un programa que ahora iniciamos, los precios en diciembre solo serán marginalmente más altos que los de noviembre y no como ahora que se multiplican semana a semana. […] Es así que la lata de leche evaporada que hoy costaba en la calle 120 mil intis, costará a partir de mañana 330 mil intis. El kilo de azúcar blanca que solo se conseguía a 150 mil intis, costará a partir de mañana 300 mil intis. El pan francés que esta tarde costaba 9 mil intis, costará a partir de mañana 25 mil intis. […] Pocas veces en el Perú o en cualquier parte del mundo se ha requerido de todos un sacrificio tan grande como el que necesita el Perú. Hay que cursar un periodo corto, de unos pocos meses, en el que antes de estar mejor nos vamos a sentir peor. Es el precio que tenemos que pagar por lo ocurrido en los últimos años. […] El Perú tiene futuro. […] Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude”.

4.- Juan Carlos Hurtado Miller postularía a la alcaldía de Lima en 1998 siendo vencido por Alberto Andrade quien iba a la reelección. Fue acusado de recibir fondos para su campaña electoral de parte de Vladimiro Montesinos, por lo cual pasó a la clandestinidad en el 2000.

5.-El autogolpe de Estado de Perú de 1992, también llamado “Fujimorazo”, fue un golpe de Estado propiciado el domingo 5 de abril de ese año por Alberto Fujimori, con el respaldo de las Fuerzas Armadas sometidas y con firmas de sujeción. En este se disolvió el Congreso de la República, se intervino el Poder Judicial, al Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales (hoy Tribunal Constitucional), el Ministerio Público y la Contraloría General de la República. Además, hubo persecución de miembros de la oposición y secuestro de otras personas.

6.- En un plan macabro contra la masa trabajadora se despidió a más de 300 mil trabajadores, dejándolos en la miseria absoluta a ellos y a sus familias.

7.-Cambió la denominación de nuestra moneda para disfrazar la enorme caída que tuvo el Inti por el nuevo sol.  Una iniciativa del gobierno ofreció cambiar nuevos soles con intis peruanos al tipo de cambio de la friolera de 1.000.000 de intis peruanos. El inti y el sol original fueron expulsados de circulación en 1991.

8.-Alberto Fujimori a sólo 11 días del autogolpe de 1992 decidió dar el Decreto Ley N° 25436 para aplicar los fondos del FONAVI en obras de saneamiento, electrificación, agua y desagüe, pistas y veredas y no sólo viviendas como fue el origen de la creación del FONAVI. Cabe recordar que este organismo fue creación del gobierno militar para satisfacer en forma progresiva la necesidad de vivienda de los trabajadores. Y una de sus cláusulas decía: “los recursos del fondo serán destinados exclusivamente a la construcción de viviendas que serán vendidas o alquiladas a los trabajadores que constituyen el Fondo, mediante sorteo”. Y así se manejó en los gobiernos de Fernando Belaúnde y Alan García, pero Fujimori decidió destruir el “sueño de la casa propia” sin pasar por el congreso ni el poder judicial que habían sido disueltos en el autogolpe.

9.-La abolición de los derechos laborales al peor estilo de Margareth Thatcher y  Ronald Reagan convirtiendo a millones de trabajadores en semiesclavos o “recurseros”, gente sin empleo y sin futuro que tenían que hacer lo que sea para sobrevivir.

10.-Destrucción de los sindicatos (la CGTP, CTRP, CTP, etc.) y todos los frentes de autodefensa para satisfacer el apetito voraz de las grandes transnacionales y empresarios voraces.

11.-Creación de los SERVICES o seudoempresas que funcionaban como enganchaesclavos o mediadores, cuyos dueños fueron fujimoristas, apristas o sus allegados quienes amasaron grandes fortunas a costa de explotar salvajemente a los trabajadores.

12.-Compra, manipulación y sometimiento de los medios de comunicación que fueron puestos al servicio del Fujimorato. Así los grandes broadcasters como Delgado Parker, Baruch Ivcher o los Crousillat hicieron grandes fortunas mintiendo y embruteciendo al pueblo peruano.

13.-Invento de diarios chicha y una infracultura al servicio de la dictadura. Así aparecieron diarios como El Chino (inspirado en el apodo de Fujimori, 1995), Ajá, El Popular (fundado por Guillermo Thorndike), El Mañanero (1992), Tío, El Chato, La Chuchi (1998), La Yuca (2000), El Men (1999). Algunos diarios deportivos empezaron a incluir secuencias de farándula y así los futbolistas y las prostivedettes se convirtieron en centro de atención e ídolos de barro para implantar el neoliberalismo draconiano impuesto desde Estados Unidos.

14.-El remate de las empresas del Estado a precios de ganga, comprados por fujimoristas y luego revendidos a altos precios.

15.-Augusto Bressani, brazo derecho de Fujimori y Montesinos, fue detenido en Miami en 2002 y expulsado de Estados Unidos. Fue el encargado de intermediar las campañas fujimoristas y la prensa chicha.

16.-Aparición de impresentables y gente miserable como Laura Bozzo, Magaly Medina, Susy Díaz, Melcochita, Carlos Álvarez, cómicos ambulantes, etc., que desviaban la atención del público mientras Fujimori y Montesinos hacían de las suyas.

17.-Cortinas de humo y psicosociales, vírgenes que lloran, anacondas gigantes, espiritistas metemiedo, vampiros, prostivedettes, cómicos ambulantes. Resurrección de Sarah Hellen en Pisco. La procesión del Señor de los Milagros fue sacada en marzo para seguir desviando la atención que era el robo, el desfalco y el asesinato desde el gobierno de Alberto Fujimori.

18.-Compra y doblegación de encuestadoras para favorecer a Fujimori y su nefasto gobierno. Montesinos reveló que pagaba 30 mil dólares a Datum y 20 mil a CPI por encuestas fraudulentas. Estas mismas encuestadoras que ahora dicen que Keiko “está creciendo”.

19.-Esterilizaciones forzadas a más de 300,000 mujeres con el fin de exterminar a la población indígena y siguiendo los planes impuestos desde Washington con el apoyo de los grupos feministas de la izquierda rosa “Flora Tristán” y “Manuela Ramos”.

20.-Esterilizaciones forzadas a más de 30 mil hombres, casos que no fueron nunca tomados en cuenta porque grupos interesados solo querían «priorizar a la mujer».

21.-Caso La Cantuta donde un profesor y nueve estudiantes fueron secuestrados, ultimados con un balazo en la nuca y sus cadáveres quemados y ocultados en un cerro. Las víctimas fueron:

Bertila Lozano Torres

Dora Oyague Fierro

Luis Enrique Ortiz Perea

Armando Richard Amaro Cóndor

Robert Édgar Teodoro Espinoza

Heráclides Pablo Meza

Felipe Flores Chipana

Marcelino Rosales Cárdenas,

Juan Gabriel Mariños Figueroa

Hugo Muñoz Sánchez (profesor)

22.-En abril de 1993, un grupo de oficiales militares peruanos liberaron anónimamente un documento detallando los eventos en La Cantuta y señalando que el grupo Colina comandado por el Mayor Santiago Martín Rivas, operaba bajo órdenes directas de Vladimiro Montesinos y de Alberto Fujimori, quien también tenía conocimiento de estos acontecimientos.

23.-La matanza de Barrios Altos que acabó con la vida de quince heladeros de la fábrica D´onofrio que celebraban una pollada para reparar sus desagües. El grupo Colina no solo fusiló a estas personas sino que, en un acto, de suma frialdad, acabó la con vida de un niño de 8 años que hoy tendría la edad de Kenji Fujimori. Aquí el nombre de las víctimas que nunca debemos olvidar: Placentina Marcela Chumbipuma Aguirre, Luis Alberto Díaz Astovilca, Octavio Benigno Huamanyauri Nolazco, Luis Antonio León Borja, Filomeno León León, Máximo León León, Lucio Quispe Huanaco, Tito Ricardo Ramírez Alberto, Teobaldo Ríos Lira, Manuel Isaías Ríos Pérez, Javier Manuel Ríos Rojas, Alejandro Rosales Alejandro, Nelly María Rubina Arquiñigo, Odar Mender Sifuentes Nuñez y Benedicta Yanque Churo.

24.- Más 300 estudiantes, docentes y trabajadores torturados y asesinados en la Universidad Nacional del Centro del Perú (Junín), como resultado de una política genocida y asesinatos selectivos durante el periodo de la guerra interna 1980-200. Testimonios de familiares y pobladores manifiestan que muchos de los estudiantes “sospechosos” eran encostalados y luego eran subidos a los helicópteros del Ejército, para finalmente lanzarlos desde las alturas hacia el río Mantaro. Otros estudiantes corrieron la suerte de ser detenidos en sus casas, sufrieron salvajes torturas, les cortaban la lengua o les sacaban los ojos y posteriormente los hacían excavar zanjas en zonas alejadas, enseguida los soldados del ejército los remataban a balazos y luego los cadáveres eran arrojados a las zanjas “fosas comunes”.  Esta política de genocidio se aplicó en diferentes lugares del Perú: San Martín, Huánuco, Cajamarca y en todos los departamentos de la sierra sur.

25.-Compra de 18 aviones de combate MIG-29, en plena guerra con Ecuador, y que fueron sobrevalorados en 54 millones de dólares cada uno cuando en el mercado negro estaba a un millón de dólares por cada avión chatarra. Estas aeronaves responden al paquete del armamento bélico adquiridos en el gobierno de Alberto Fujimori para hacer frente las negociaciones de paz en el conflicto del Perú con el Ecuador en 1995. Estos aviones son de fabricación bielorrusa.

26.– El 18 de diciembre de 1992 fue asesinado Pedro Huillca, líder sindicalista, responsable de la Confederación General de Trabajadores del Perú. En un primer momento se atribuyó el asesinato a Sendero Luminoso, sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Grupo Colina, una agrupación paramilitar que operó bajo el mando de Montesinos y Alberto Fujimori. Y aunque esto ha sido puesto en duda, la verdad es que es más creíble la versión de que el estado acabó la vida de Huillca.

27.-Alberto Fujimori organizó y dirigió un complejo sistema de interceptación telefónica para «chuponear» a quienes consideraba sus enemigos políticos, particularmente dirigentes, periodistas, empresarios y militares. El marco operativo de este sistema de interceptación estuvo a cargo del ex – asesor Vladimiro Montesinos y el coronel EP, Roberto Huamán Azcurra, a través de la Dirección de Información Electrónica (DIE) del ex SIN. El DIE implementó por lo menos 29 puestos de escucha en Lima y Callao, de los cuales 20 fueron plenamente identificados y fueron operados por 40 técnicos de la especialidad de comunicaciones. Para operar el sistema de búsqueda de información electrónica en su integridad la DIE empleó entre los años 1999 y 2000 a unas 205 personas entre oficiales, personal auxiliar del Ejército y empleados civiles.

27.-Llenaron el Poder Judicial, Ministerio Público y TC con fujimoristas y apristas corruptos hasta el tuétano.

28.-Narcoaviones presidenciales. El avión FAP DC8-62F Nº 371 fue interceptado a las dos de la tarde del 11 de mayo de 1996 por iniciativa del entonces jefe del Ala Aérea 2 de la FAP, mayor general FAP Pedro Palomino. Adentro, luego de varias horas de búsqueda se encontró un cargamento de 169 kilogramos de clorhidrato de cocaína que había sido cuidadosamente camuflado en la bodega número 3 del avión. La intervención se realizó pocas horas antes del despegue programado de un vuelo clasificado como “secreto”, para llevar motores y equipos bélicos necesitados de mantenimiento en Rusia.

29.-El narco y asesino apodado «Vaticano» sostuvo durante su juicio que entregaba sobornos a Montesinos y, por ende, a Fujimori. 

30.-Se encontraron más de 100 kilos de cocaína en una empresa vinculada a Kenji Fujimori (en el Congreso disuelto el fujimorismo se opuso a que se fiscalice a las cooperativas de ahorro y crédito, parte de las cuales blanqueaban dinero del narcotráfico).

31.-Suplantación del cargo de Primera Dama por Keiko Fujimori.

32.-Secuestro y tortura a Susana Higuchi con electricidad y golpiza inmisericorde para que pierda el conocimiento y olvide las denuncias que estaba haciendo a su esposo, en ese entonces, Alberto Fujimori.

33.-La compra de congresistas tránsfugas con fajos de dólares vía Montesinos.

34.-El aprovisionamiento de diez mil fusiles AK-47 a las FARC, entonces el movimiento armado más grande y poderoso de América Latina. La CIA y el gobierno colombiano determinaron que eran Fujimori y Montesinos quienes enviaban estas armas mediante la modalidad de dejarlos caer en coordenadas previstas.

35.-La Guerra del Cenepa o el conflicto del Alto Cenepa y el regalo de territorio en Tiwinza a los ecuatorianos que costó la vida de 34 peruanos y una centena de heridos. Y a donde viajó el sátrapa invertebradoFujimori para hacernos creer que habíamos ganado esta guerra cuando, en realidad, la perdimos.

36.-Secuestro y tortura del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer.

37.-Entre 1990 y el año 2000 los profesores estuvieron obligados a sobrevivir con un sueldo de menos de 500 soles.

38.-La re-reelección y la ley de “interpretación auténtica”.

39.-Asesinato y descuartizamiento de Mariela Barreto y tortura de Leonor La Rosa por orden de Fujimori.

40.-El robo del oro del Paititi, caso denunciado por el Padre Juan Carlos Polentini. Toneladas de ese oro salieron por Ica en cinco helicópteros durante varios meses con rumbo hacia Japón y paraísos financieros, como afirmaron varios testigos.

41.-Desfalco de las donaciones del Japón por lo tíos de Keiko Fujimori, hoy prófugos.

42.- Robo de 1,000 millones de soles a la caja policial y militar.

43.-Fuga de los tíos de Keiko Fujimori al Japón.

44.-Postulación de Fujimori al senado del Japón.

45.-Fraude en las elecciones del 2000.

46.-El incendio del Banco de la Nación por orden de Fujimori y la muerte de 6 trabajadores.

47.-Fuga de más 200 fujimoristas corruptos y confesos, que hasta la fecha no son capturados.

48.-Pago de 15 millones de dólares a Vladimiro Montesinos por indemnización y “años de servicio”.

49.-Escape de Alberto Fujimori al Japón y su renuncia por fax.

50.-Fujimori es el séptimo presidente más corrupto de toda la historia a nivel mundial y el primero más corrupto de América Latina.

51.-Toma de las universidades y violación de la libre determinación dentro de estas. Además de abusos y represalias por parte de las tropas contra los estudiantes.

52.-Tráfico y robo de las donaciones de ropa usada y dinero por parte de la familia de Alberto Fujimori.

53.-Cuentas bancarias con dinero mal habido en las cuentas de casi todos los familiares de Alberto Fujimori. Incluso la abuelita a quien se le encontró una cuenta con 500 mil dólares que no podía justificar.

54.-Evasión tributaria y posterior atentado a la casa de Fernando Olivera para apagar estas denuncias en 1990.

55.-Sabotaje al GEIN e impedimento de captura de Abimael Guzmán el 6 de diciembre de 1990, mediante nota escrita enviada por debajo de la puerta de la casa de Buenavista (vivienda que estaba en la mira por el GEIN)

56.-Creación de nueva constitución con el afán de la reelección.

57.-Otorgamiento de amnistía para civiles y militares autores de las masacres del Frontón, Cantuta y Barrios Altos.

58.-Robo de más 6 mil millones de dólares, vía las privatizaciones y concesiones amañadas en todos los sectores estratégicos del país.

59.-Venta sobrevaluada de pólizas de seguro.

60.-Pago de coimas a los bancos BCP, Wiese y Latino.

61.-Desviación de US$ 1 millón 225 mil del Estado para estudios y gastos de sus cuatro hijos en Estados Unidos.

62.-Obtención de cupos del cartel de Medellín.

63.-Ejecuciones extrajudiciales en la operación Chavín de Huantar.

64.-Proliferación de las AFP, un robo masivo a todos los trabajadores peruanos.

65.-Terrorismo de Estado: provocación de desmanes e incendios durante la marcha de los cuatro suyos para echarle la culpa a Toledo. El atentado provocó la muerte de varias personas.

66.-Allanamiento de casa de Trinidad Becerra (mujer de Montesinos) para poner los demás vladivideos a salvo; se hizo uso de fiscal falso.

67.-Represión salvaje y brutal contra los estudiantes en las marchas de 1998, muchos de ellos salieron en televisión para evidenciar este hecho condenable.

68.-Fujimori destruye adrede la educación nacional, llevándola al último lugar en Latinoamérica, prueba de ello es el bajo nivel en matemáticas y comprensión lectora (Lenguaje) en las pruebas PISA. Eliminación de los cursos fundamentales para edificar el amor a la patria y el fomento de las identidades locales y nacional: Historia, Geografía, Filosofía, Lengua y Literatura, Educación Física, entre otros, siendo reemplazados por cursos confusionistas y por religión católica.

69.-En el gobierno fujimorista hubo más de 5,000 denuncias de desapariciones.

70.-La utilización del «profeta» Reynaldo Dos Santos quien indujo el voto tras su predicción sobre el triunfo de Keiko en 2011.

71.-Pretensión de liberar a Alberto Fujimori, cuestión que ha sido corroborada en varias entrevistas a KF.

72.-Keiko fue acusada por encubrimiento de narcotráfico, cohecho pasivo propio y tráfico de influencias.

73.-Enriquecimiento ilícito de hermanos de Alberto Fujimori con las ONG Apenkai y Aken.

74.-Presunto lavado de activos con polladas, rifas, y polémico cóctel en un local sin puertas ni ventanas.

75.-En plena campaña 2016: Obsequios, premios, ayudas humanitarias y dádivas en efectivo a votantes. Entrega irregular de 50 mil soles a mototaxistas en Cajamarca, obsequios de Giancarlo Vacchelli y Kenji Fujimori en programa sabatino de Andres Hurtado (Chibolín) de Panamericana.

76.-Fujimori le debe al Estado 1420 millones de dólares por reparación civil que ya no se menciona ni se sabe cuándo lo va a pagar.

77.-Los narco-almacenes de Kenji Fujimori.

78.-Vínculos de Fujimori y Keiko con la mafia Yakuza japonesa.

79.-Familiares de Keiko Fujimori están involucrados con compañías offshore creadas por Mossack Fonseca.

80.-Licencia de 500 días por maternidad cuando Keiko fue congresista, mientras que miles de mujeres trabajadoras eran despedidas inmediatamente durante la dictadura, cuando quedaban embarazadas, sin ningún beneficio laboral.

81.-Lavado de 15 millones de dólares de Keiko por Joaquín Ramírez, vinculado a la mal llamada Universidad Alas Peruanas.

82.-Recepción de dinero de Odebrecht, Credicorp y empresarios corruptos, dinero no declarado.

83.-Los mamanivideos.

84.-Los aportantes fantasmas.

85.-Rifas, cocteles y polladas para lavar dinero y desviarlos a cuentas de testaferros.

86.-Manejo del partido por Fujimori y Keiko desde la cárcel.

87.-Aportes de empresarios para mantener a Keiko y a su exmarido parasitario Mark Vito.

88.-Complot para sacar a Kenji y sus “Avengers” del Congreso.

89.-Complot para sacar a PPK.

90.-Keiko como congresista faltó a quinientas sesiones al congreso, tomó 223 días de licencia por viajes al extranjero y solo asistió a siete de las cuarenta y dos sesiones de la comisión. Vil herencia genética de su esperpéntico progenitor.

En cinco años solo hizo que se aprobaran cinco proyectos de ley.

91.-Keiko utilizó a su madre para beneficiar al corrupto gobierno de Alberto Fujimori

92.-Kf le pidió a su madre, Susana Higuchi, que no declare de las torturas que hubieran originado otro proceso penal contra Alberto Fujimori.

93.-KF a los crímenes de su padre les dice “errores”.

94.-En una entrevista en 2007, Keiko Fujimori dijo que a ella no le constaba que Montesinos haya cometido delitos.

95.-La ONPE dijo que KF no pudo sustentar cómo se pagaron los 46 mítines en el 2011

96.- Ana Hertz de Vega, mano derecha de KF por más de veinte años, ha sido acusada de malversación de fondos.

97.-Otra persona de la cercanía de KF, Cecilia Chacón, fue sentenciada a cuatro años de prisión por enriquecimiento ilícito.

98.-Mark Vito, exesposo de Keiko, compró hace poco terrenos por 617 mil soles en efectivo sin tener trabajo. La familia de Vito, ciudadano ítalo-americano, cursa procesos por evasión de impuestos y otros delitos en USA.

99.-En el año 2011 varios partidos políticos firmaron el compromiso ético contra la infiltración del narcotráfico en la política, para evitar que los narcos se apoderen del Estado: KF se opuso y no firmó tal pacto. ¿Por qué no quiso firmar Keiko este compromiso para evitar dinero del narco en la política y el Estado peruanos? Más claro ni el agua.

100.- El expediente criminal de Keiko Fujimori Higuchi tiene más de 55000 folios y si ahora puede postular a cada rato a la presidencia y recorrer el país, es solamente gracias a la complicidad y corrupción del Poder Judicial, herencia del gobierno de Alberto Kenya Fujimori y los sucesivos gobiernos que alguien denominó acertadamente fujimorismo sin Fujimori: neoliberalfascismo que ha vuelto a revivir con más fuerza ante la liberación intestinal de su líder recto-atrabiliario.

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Rodolfo Ybarra. Ha estudiado matemática pura, física, electrónica y comunicaciones. Ha publicado una veintena de textos entre novelas, cuentos, poemarios y ensayos. Ha dirigido un programa de televisión de contracultura y política, y editado revistas y fanzines. Se expresa también vía el vídeo y la música. Desde el 2007 maneja el blog www.rodolfoybarra.blogspot.com.

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Política

Mientras 3 «Cholos» con rasgos indígenas se pudren en barbadillo, el gringo PPK con privilegios, intenta fugar

El Privilegio en la Justicia Peruana. Mientras los agentes y fiscales escoltaban a PPK de vuelta a su residencia de San Isidro, donde cumple arresto domiciliario por lavado de activos vinculado a Odebrecht, tres hombres de raíz indígena y andina respiran el aire viciado del Penal Barbadillo. Ollanta Humala, Alejandro Toledo y Pedro Castillo: «los tres del Fundo Barbadillo», encarcelados en la misma prisión diseñada para expresidentes, pero en celdas muy distintas a la suite de PPK.

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Por Jorge Paredes Terry

La madrugada del 7 de junio de 2025, el aeropuerto Jorge Chávez se convirtió en el escenario silencioso de una fuga frustrada. Pedro Pablo Kuczynski, el expresidente de 86 años conocido como «PPK», fue interceptado por la fiscalía cuando intentaba abandonar el Perú, aprovechando la caducidad de la comparecencia con restricciones aplicando la Ley 32130 aprobada por el Congreso y promulgada por Dina Boluarte. Según información no confirmada sugieren que llevaba maletas llenas de pertenencias esenciales, y un billete de primera clase con destino a un país sin extradición. Su abogado argumentó «trámites médicos», pero el fiscal detectó el patrón clásico de la huida: un hombre blanco, educado en Oxford y Princeton, ciudadano norteamericano, convencido de que las reglas no aplican para su estirpe . Mientras agentes lo escoltaban de vuelta a su residencia de San Isidro donde cumple arresto domiciliario por lavado de activos vinculado a Odebrecht, tres hombres de raíz indígena y andina respiraban el aire viciado del Penal Barbadillo. Ollanta Humala, Alejandro Toledo y Pedro Castillo: «los tres del Fundo», encarcelados en la misma prisión diseñada para expresidentes, pero en celdas muy distintas a la suite de PPK.


Los 3 del fundo Bardadillo


Ollanta Humala atraviesa su hora más oscura. El 15 de abril, el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional lo condenó a 15 años de prisión por lavado de activos. La sentencia, fría y contundente, detalló cómo recibió dinero del fallecido Hugo Chávez para su campaña de 2006 (cerca de un millón y medio de soles) y de Odebrecht en 2011 (3 millones de dólares). Su esposa, Nadine Heredia, recibió igual pena. Mientras Humala era esposado en la sala, Heredia, hospitalizada según sus abogados, solicitaba asilo político en la Embajada de Brasil. El expresidente militar, de rasgos y ascendencia indígena, fue trasladado al Barbadillo sin contemplaciones. Su futuro pende de un hilo: la Fiscalía investiga otro caso que podría sumarle 30 años más.

Alejandro Toledo, el economista de Cabana que pasó de vender periódicos en Chimbote a gobernar el Perú, cumple 20 años y 6 meses en Barbadillo. Condenado en octubre de 2024 por recibir 35 millones de dólares en sobornos de Odebrecht, su actitud en el juicio fue un vaivén entre el cinismo y la súplica. Durante las audiencias, sonreía burlón al escuchar cifras millonarias. Pero en su declaración final, con la voz quebrada, imploró: «Por favor, déjenme sanar o morir en mi casa», alegando cáncer y problemas cardíacos. La jueza Inés Rojas fue implacable: «Defraudó al Estado». Hoy, a sus 79 años, llora entre rejas, lejos de Elian, su esposa, y de California, donde vivió años como profesor emérito fugitivo .

Pedro Castillo, el maestro rural de Chota, enfrenta un destino aún incierto. Encarcelado desde diciembre de 2022 por intentar disolver el Congreso, su encierro en Barbadillo es una batalla política continua. En marzo de 2025 inició una huelga de hambre contra lo que llama un «juicio pantomima». «Contra el juicio oral politizado y su condena anunciada, me declaró en HUELGA DE HAMBRE», escribió en una carta dirigida al país. Tres días después, deshidratado y débil, fue hospitalizado de emergencia. Regresó a prisión con visitas suspendidas y aislamiento. La Fiscalía pide 34 años por rebelión. Castillo insiste: «Solo di un discurso político»

PPK: El Privilegiado

 Mientras Humala, Toledo y Castillo los «tres cholos» como los estigmatiza la élite limeña habitan celdas de 8 metros cuadrados, Pedro Pablo Kuczynski navega una justicia paralela. La Fiscalía lo acusa de lavado de activos por recibir US$ 4.8 millones de Odebrecht a través de sus empresas Westfield Capital y First Capital. En mayo de 2023, el fiscal José Domingo Pérez solicitó 35 años de prisión contra él . Pero PPK, ciudadano estadounidense, exbanquero de Wall Street y miembro de la oligarquía limeña, no ha pisado una celda. Desde 2019 cumple arresto domiciliario en su casa de San Isidro, con restricciones de salida que, como demostró el intento de fuga, son fácilmente eludibles .

Su historial de escándalos los pagos de Odebrecht, las transferencias sospechosas a su chofer (US$602,000), los «Kenjivideos» donde se intentaba comprar votos para evitar su vacancia no han quebrado su aura de impunidad . Su defensa es técnica, fría, administrativa: «Westfield realizó consultorías legítimas», dice. Mientras Toledo llora y Castillo se desvanece de hambre, PPK negocia con abogados de alto perfil y presenta certificados médicos de clínicas privadas. El contraste es un mapa del racismo estructural peruano: el «gringo» blanco y angloparlante versus el cholo, el serrano, el indígena. PPK no evade la cárcel por inocente, sino porque el sistema protege a los suyos: la élite que aún controla bancos, medios y jueces

Barbadillo: El Mausoleo de un país Fracturado

El penal de Ate, bautizado «Fundo Barbadillo», es hoy un símbolo grotesco. Diseñado para albergar a Alberto Fujimori, hoy acoge a tres expresidentes vivos: Toledo, Castillo y Humala. Pero también es un espejo de las fracturas peruanas . Las celdas son iguales, pero los destinos no: Toledo suplica piedad médica; Castillo alza la voz como mártir político; Humala calla, consciente de que su condena es también el fin definitivo de su proyecto nacionalista. Mientras, en San Isidro, PPK toma whisky en su jardín, esperando que el tiempo o un juez compasivo lo absuelva. Su intento de fuga no fue un acto de desesperación, sino de arrogancia: la creencia de que su pasaporte azul y su apellido europeo lo ponen por encima de la ley que aplasta a los otros.


El Perú tiene hoy cuatro expresidentes encarcelados o procesados (incluido Martín Vizcarra, por cohecho en Moquegua), y uno bajo arresto domiciliario . Pero la justicia que los persigue es selectiva: lenta y decorosa para el blanco; veloz y brutal para el cholo. Mientras el Penal de Barbadillo se llena de huellas andinas, la fuga de PPK frustrada en el aeropuerto nos recuerda que algunas celdas tienen vista al mar, aire acondicionado, y puertas que siempre se abren hacia fuera.

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Política

Corrupción sin freno en Ayacucho: funcionarios públicos enfrentan miles de denuncias

Actualmente, existen más de 2,500 casos de corrupción registrados en entidades públicas de Ayacucho.

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La corrupción en las entidades estatales de Ayacucho se ha convertido en una plaga creciente y normalizada. Actualmente, existen más de 2,500 casos registrados, lo que refleja no solo la ineficacia del control público, sino también el enquistamiento de redes ilícitas en todos los niveles de gestión.

Durante una sesión extraordinaria de la Comisión Especial Multipartidaria de Monitoreo y Control Concurrente del Congreso, presidida por el legislador José Luna Gálvez (Podemos Perú), se evidenció la magnitud del problema. Funcionarios de distintas instituciones de Ayacucho expusieron la alarmante situación de sus entidades, reconocieron la fragilidad de los mecanismos de control y la limitada capacidad de sanción efectiva.

Yoshio Mabel Valenzuela Retamozo, representante de la Procuraduría Pública Anticorrupción Descentralizada de Ayacucho, informó que existen 2,586 casos activos por corrupción, incluyendo 370 casos en etapa de ejecución de sentencias condenatorias con reparación civil. Los delitos más comunes: colusión, peculado, negociación incompatible, tráfico de influencias y cohecho. En resumen, el catálogo completo de la corrupción administrativa.

El congresista Luna reconoció la gravedad del fenómeno, señalando que se necesita “control concurrente real y sanción efectiva”. Sin embargo, sus declaraciones contrastan con la débil acción del Estado frente al avance sistemático de la corrupción en regiones históricamente desatendidas.

Por su parte, Víctor Oriundo, procurador del Gobierno Regional de Ayacucho, reveló que solo en esa entidad existen 778 casos de presunta corrupción, de los cuales 422 ya están camino a sentencia. Una cifra que habla por sí sola sobre la magnitud de la podredumbre institucional.

Ayacucho es un ejemplo más de cómo la corrupción no solo erosiona recursos, sino que perpetúa la desigualdad, deslegitima al Estado y posterga el desarrollo. La lucha anticorrupción no puede seguir siendo solo una promesa política: requiere voluntad, transparencia y sanciones ejemplares.

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Política

Caso «Cofre»: Comisión de Fiscalización avanza hacia vacancia de Boluarte pese a blindaje político

El informe expone presuntas coordinaciones indebidas de la presidenta Dina Boluarte, agravando su situación por posible uso del poder para encubrir actos ilícitos. Sin embargo, su avance en el Congreso es incierto: bancadas como Alianza para el Progreso han sido un escudo clave para evitar su caída.

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Con nueve votos a favor, tres en contra y una abstención, la Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó este viernes el informe final sobre el escándalo del denominado «Cofre Presidencial», que apunta directamente a la presidenta Dina Boluarte por presuntas irregularidades que configurarían incapacidad moral permanente, causal de vacancia según el artículo 113 de la Constitución.

El informe, liderado por el congresista Juan Burgos, señala presuntas coordinaciones indebidas por parte de la mandataria, incluyendo actos en un condominio distinto al complejo Mykonos —ya vinculado a investigaciones anteriores— lo que agrava la situación y refuerza sospechas de uso indebido del poder para encubrir posibles actos ilícitos.

Congresista Burgos: «Estamos desenmascarando todas las mentiras del Gobierno».

Entre las recomendaciones del documento se incluye el otorgamiento de facultades de comisión investigadora, una reforma del reglamento del Congreso para fortalecer su rol fiscalizador, y la evaluación de una posible infracción penal por parte de Boluarte Zegarra. También se plantea que el Pleno debata una eventual vacancia como respuesta constitucional frente a las irregularidades detectadas.

Sin embargo, la posibilidad de que este informe prospere más allá del debate parlamentario parece lejana. El Congreso, que debería actuar como contrapeso institucional, ha sido uno de los principales escudos políticos del régimen de Boluarte. Bancadas como Alianza para el Progreso (APP), pese a su retórica ambigua, han sostenido una postura funcional al Ejecutivo, blindando sistemáticamente a la presidenta de cualquier consecuencia real.

Lo mismo ocurre con otras agrupaciones que, tras bambalinas, negocian cuotas de poder a cambio de su silencio o abstención. El Congreso no solo ha fracasado en su deber de fiscalización, sino que se ha convertido en cómplice activo de la parálisis moral que atraviesa el país. El voto en contra de APP al informe, es solo el último episodio de una alianza tácita que prioriza intereses partidarios sobre el bienestar nacional.

Mientras la ciudadanía asiste con escepticismo a este nuevo episodio de impunidad, el equilibrio de poderes sigue en entredicho. La crisis no es solo de la presidencia: es del sistema político entero, corroído por pactos de impunidad y carente de liderazgo ético.

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Política

Cruzó la línea: se le viene la noche a ministro Fabricio Valencia por recorte de reserva de las líneas de Nasca

Titular del Mincul tendría que acudir al Congreso para responder un pliego de 11 preguntas por permitir la reducción de 2400 km. en zonas protegidas de las líneas de Nasca.

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No una, ni dos, sino ¡tres mociones de interpelación! El titular del Ministerio de Cultura (Mincul), Fabricio Valencia, acaba de cometer un gravísimo error que le podría costar su cargo al reducir considerablemente (2,400 kilómetros cuadrados) la zona correspondiente a la Reserva Arqueológica de las Líneas y Geoglifos de Nasca.

El ministro Valencia aprobó tal disminución, mediante la Resolución Viceministerial n.° 00128-2025-VMPCIC/MC publicada en el diario El Peruano, pese a que en setiembre pasado se advirtió la presencia de mineros ilegales cerca de la zona protegida.

Es por ello que congresistas de distintas bancadas llegaron a presentar hasta tres mociones de interpelación contra el titular de Cultura, teniendo que presentarse en el Parlamento para responder un pliego de 11 preguntas relacionadas a tan bochornosa reducción. Una de ellas se refiere al sustento técnico, científico y legal del recorte del sitio reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco; y otra, a si el portafolio coordinó con la Unesco la modificación del territorio arqueológico, donde se han hallado más de 800 figuras geométricas, antropomorfas, zoomorfas, entre otras.

De conformidad con el artículo 131 de la Constitución Política del Perú y los incisos a) y b) del artículo 83 del Reglamento del Congreso, en la siguiente sesión del Pleno se consultará la admisión de la moción de interpelación.

¿Ministro Valencia presionado por los mineros?

Resulta llamativo que la principal autoridad de Cultura del país, quien en teoría debería de estar encargada de velar y proteger nuestro patrimonio cultural, sostenga que tal recorte no llegará a afectar el valor ni las características de la reserva arqueológica.

En tal sentido, el Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú viene exigiendo la inmediata destitución del titular del Mincul, argumentando que desde su cartera se viene promoviendo la afectación de nuestro patrimonio cultural.

Asimismo, el Observatorio de Minería Ilegal (OMI) resaltó que justo esa área recortada coincida con el petitorio de decenas de mineros para la explotación de la zona.

En un pronunciamiento, la organización destacó que ha “identificado que en el área excluida no solo existen 57 concesiones tituladas y 165 petitorios mineros, sino que, además, a pocos días de la decisión gubernamental, se han presentado ante el Ingemmet al menos 58 nuevos petitorios mineros en la zona arqueológica excluida, generando mayor presión sobre esta área sensible”.

El dato:

En caso de que sus respuestas no resulten satisfactorias, el Congreso de la República podría respaldar una eventual censura contra el ministro del régimen de Dina Boluarte.

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Política

Fabricio Valencia Gibaja: entre órdenes de servicio y minería informal

El escándalo de Shirley Hopkins y el recorte del perímetro de las Líneas de Nasca y Palpa han convertido al ministro Fabricio Valencia en un fusible quemado a favor del clientelismo y la minería informal.

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En medio de una creciente indignación nacional, el ministro de Cultura, Fabricio Valencia Gibaja, enfrenta duras críticas por dos decisiones emblemáticas de su cuestionada gestión: la reducción del perímetro protegido de las Líneas de Nasca y Palpa, y las jugosas órdenes de servicio a la señora Shirley. Ambos casos exponen una alarmante tendencia: el debilitamiento institucional del Ministerio de Cultura y el avance de intereses privados, incluso ilegales, sobre el patrimonio cultural del país.

Nasca y Palpa: el tijeretazo al patrimonio

Una de las medidas más escandalosas del ministro Valencia fue la drástica reducción en un 42% del área protegida de las Líneas de Nasca y Palpa, pasando de 5,600 a 3,200 kilómetros cuadrados. Esta área, reconocida como Patrimonio Mundial por la UNESCO, alberga cientos de geoglifos milenarios que aún no han sido completamente estudiados.

Según el ministro, la decisión responde a un “proceso de optimización técnica”, supuestamente respaldado por estudios internacionales. Pero el Colegio de Arqueólogos del Perú y diversas organizaciones patrimonialistas han calificado esta medida como irresponsable y servil a intereses extractivos.

Reducir el área protegida es abrirles la puerta a los mineros informales que desde hace años intentan ingresar a esa zona. No hay justificación científica ni técnica que respalde semejante atentado. Lo que hay es una larga lista de empresas mineras que vienen acechando la zona con vínculos al partido Alianza Para el Progreso de César Acuña.

El nuevo perímetro excluye zonas con presencia de geoglifos no mapeados y áreas que desde hace décadas estaban en proceso de conservación. Como resultado, la actividad minera informal ha comenzado a avanzar peligrosamente hacia sectores antes resguardados, según informes locales. Altos funcionarios del Ministerio de Cultura señalan que detrás de esta maniobra estaría el acalde de Nasca, Jorge Bravo (APP), y un grupo de mineros con vínculos políticos que operan en la región de Nasca.

Alcalde de Nasca, Jorge Bravo.

El caso Shirley Hopkins: miles de soles sin título universitario

Otro de los episodios que ha revelado el deterioro ético en la gestión de Valencia es la contratación de Shirley Hopkins, quien fue contratada para un puesto clave del sector Cultura sin contar con título universitario, lo que violaría la Ley Servir y los lineamientos del propio Ministerio.

Pese a las advertencias internas y la denuncia en Lima Gris, el ministro primero defendió públicamente su nombramiento, alegando experiencia en el sector. Sin embargo, en nuestra investigación revelamos que Hopkins no solo carecía del título profesional exigido, sino que tenía un vínculo previo con miembros del entorno político del ministro, lo que refuerza las sospechas de un caso de favoritismo político encubierto.

Esta contratación fue la gota que colmó el vaso para varios sindicatos del sector, que denunciaron una “política de nombramientos a dedo” en diferentes direcciones regionales de Cultura, entre ellas la de Cusco, donde el intento de imponer al controvertido Régulo Franco también provocó protestas laborales.

Ayer los trabajadores del Ministerio de Cultura de Cusco realizaron un paro de 24 horas, una advertencia que anunciaría la caída de los oscuros negocios digitados desde Palacio de Gobierno.

Una gestión a espaldas de la cultura

La gestión de Fabricio Valencia Gibaja está siendo cada vez más percibida como opaca, ineficaz y favorable a intereses ajenos al sector cultural. Todo esto a que pesar que su padre fue un arqueólogo respetado y su madre  es una antropóloga que hasta el momento continúa sin pronunciarse sobre la gestión de su hijo.

A ello se suma su estilo autoritario, evidenciado en los múltiples conflictos con trabajadores del Ministerio y en las decisiones unilaterales que han derivado en protestas, paros y demandas judiciales, como ocurrió en el caso de la venta de boletos para Machu Picchu.

El ministro, lejos de corregir el rumbo, ha optado por minimizar las críticas y aferrarse al cargo, blindado políticamente por sectores del Ejecutivo que ven en él una ficha útil para facilitar concesiones y recortes en zonas estratégicas. Antes defendía el patrimonio y ahora desde el piso ocho de la sede central del Mincul parece que su tarea es lotizar nuestro legado cultural.

El caso de las Líneas de Nasca y Palpa y la designación de Shirley Hopkins no son hechos aislados, sino síntomas de una política cultural desvirtuada. En lugar de fortalecer la protección del patrimonio y profesionalizar la gestión, el ministro Fabricio Valencia Gibaja parece empeñado en desmantelar lo avanzado, abriendo camino a la informalidad, el clientelismo y el debilitamiento institucional.

En tiempos donde el Perú necesita reafirmar su identidad y proteger su riqueza histórica, la pregunta cae por su propio peso: ¿al servicio de quién está el Ministerio de Cultura bajo la gestión de Valencia?

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Política

El turismo en Loreto:   El gobernador y su estado de emergencia

El pedido de estado de emergencia por parte del gobernador de Loreto levanta sospechas, pues es de conocimiento público que en un estado de emergencia las compras y contrataciones se realizan sin licitación, abriendo la puerta a posibles actos de corrupción y al despilfarro de dinero. Aquí una muestra del manejo del dinero en la gestión de René Chávez.

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Según el último informe emitido por el Banco Central de Reserva del Perú, sucursal Iquitos, el turismo no destaca como actividad primaria en la economía regional, como sí resaltan los sectores agropecuario, pesquero y minero. El sector turístico no se puede evidenciar como actividad de primera importancia. Estos datos reflejan la cruda y veraz condición económica del turismo y que la autoridad regional nunca tuvo el mínimo interés por desarrollar la industria sin chimenea. Es decir, asumió la gobernación sin tener un plan estratégico de desarrollo turístico para Loreto. Y esta aseveración cobra fuerza al apreciar los cuadros estadísticos.

Este mal manejo del turismo debe quedar marcado como precedente para la población electoral y no dejarse sorprender ante tanto parlanchín que se ufana y enarbola la bandera del turismo como herramienta de solución a los problemas económicos de la región. Definitivamente, el gobernador René Chávez tiene una distorsión de la valía del turismo, que no es como él lo viene promocionando con juane y chicha, con fiesta y farra,  y con tufillos populistas y demagógicos con sonido a campaña electoral.

Gobernador Regional de Iquitos René Chávez.

Al parecer, de nada le sirvió su estancia en Cuba, ya que es un país que genera divisas por el turismo y la salud, a través de la hotelería hospitalaria; sin embargo, la región Loreto se encuentra en unidad de cuidados intensivos en ambos sectores. El gobernador Chávez debe saber que cada rincón o provincia de la región Loreto guarda atractivos culturales, naturales y de apoyo  que son claves para poder diseñar corredores turísticos, ya que esta región guarda la más grande riqueza en biodiversidad en sus bosques y ríos, cultura y tradición  en sus 33 pueblos originarios  y una belleza arquitectónica en la zona monumental de la ciudad de Iquitos que no la tiene ninguna otra región o ciudad amazónica peruana.

Ante los últimos hechos deplorables a turistas en el río Amazonas, los asesores y comunicadores del gobernador que desfilan semanalmente  por su despacho, deberían susurrarle al oído que es en vano recurrir a poses plañideras y querer estigmatizar con campañas orquestadas de animadversión a cada mando policial y, más aún, pretender castigarles con el destierro, como si ellos fueran los grandes responsables de las malas decisiones de su gestión que, sospechosamente, excusa al alto mando de  la V Zona Naval ya que son los responsables directos de patrullar los ríos amazónicos.

 Requena.

El gobernador loretano debe hacerse un mea culpa por las mentiras, medias verdades y la falta de atención al sector turístico, porque desde que inició su gestión restringió el presupuesto a la oficina de GERCETUR, o “confía” partidas de inversión a personas leales a su interés, como es el caso de  “arreglos y mejoras en Quistococha” y la “fiesta del juane y su chicha”. Asimismo, mantuvo distanciamiento frontal con los miembros de la CARETUR, pues, irrisoriamente, “inauguró” con matracas y serpentinas un vuelo comercial a la ciudad colombiana de Leticia,  pero  nunca más volvió a despegar o aterrizar alguna avioneta o avión  que nos conecte con la ciudad fronteriza; además, asigna fondos económicos a una oficina improductiva de la marca “Loreto”, donde funcionarios de turno, desde su creación hasta la fecha, despilfarraron o usaron irracionalmente el dinero. El gobernador Chávez debe entender y asumir que  fue elegido para liderar  una de las regiones más grandes del Perú que lo conforman 8 provincias, y en cada una de las mismas debería funcionar una oficina de turismo de enlace con GERCETUR debidamente implementado con  personal capacitado, herramientas tecnológicas y presupuesto asignado que hasta la fecha no se hace.

Los empresarios de turismo de la región Loreto han unido sus voces para decir ¡basta ya!  de estar quejándose y pidiendo suspicazmente “estado de emergencia” para la región, que no hará más que ahuyentar a los pocos turistas que llegan y, por consiguiente, sufrirían pérdidas económicas. Pero, por supuesto, esa suerte no correrían los funcionarios públicos del gobierno regional para hacer las compras o adquisiciones directas sin licitación. Es importante, que la población conozca   que el año 2024 el gobierno regional de Loreto  recibió del Estado S/. 1, 103 millones de soles,  y ejecutó 969 millones de soles, de los cuales invirtió en el sector turístico 77 millones, menos del 10% del monto total recibido y que fue distribuido de la siguiente manera: 34 millones de soles en el Centro Ferial y Turístico de Yurimaguas, 21 millones en el Boulevard de Requena, 12 millones en la Marina Turística en Iquitos, 4,4 millones de soles en construcción de un corredor, casetas y oficinas para información turística en Quistococha, 3 millones en creación y mejoramiento de los servicios públicos en la zona monumental de Iquitos, 2,6 millones soles en mejoramiento de servicios públicos en la Plaza San Francisco de Asís de Requena y otros dos montos de menor inversión, tal como se puede observar en la página oficial del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fuente: MEF.

Esta noticia fue recibida con sorpresa por algunos empresarios de turismo porque hasta la fecha en algunos casos no se colocó ni un ladrillo o hay una evidente desproporción de lo manifestado con la realidad. Hubiese hecho bien invertir en promocionar el destino en ferias nacionales o extranjeras como de Madrid (España), Berlín (Alemania) y Anato (Colombia), entre otros escenarios.

Estamos seguros que los amazónicos le van a  exigir al “médico del pueblo” con mayor presupuesto otorgado por el Estado, para que se ponga a trabajar por la Amazonía en el poco tiempo que le queda y deje de ser berrinchudo con su pedido de “estado de emergencia”. Por otro lado, está en la obligación de esclarecer y rendir cuentas de los desembolsos millonarios que viene haciendo en el sector, porque si no logra sincerar las inversiones que ejecutó el año 2024 (sin revisar de años anteriores), automáticamente se sumará una nueva carpeta en la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público a su abultado legajo de investigaciones que recaen sobre él desde que fue alcalde de la provincia del Datem del Marañón,  y lamentablemente tendrá el mismo final de los anteriores gobernadores de la región Loreto.

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Política

Reelección de gobernadores y alcaldes se definirá mediante referéndum

Anoche pleno del Congreso no alcanzó los 87 votos requeridos para modificatoria constitucional y ahora deberá ser el pueblo quien decida si vuelve la reelección.

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Un Congreso deslegitimado aprobó ayer, en primera votación, la reelección inmediata de gobernadores regionales y alcaldes, sin embargo, al no alcanzar los 87 votos requeridos, ahora tendrá que someterse a un referéndum la reforma constitucional.

Al alcanzarse solo 77 votos, la reforma de la constitución deberá ser vista por la población. Al respecto, el presidente de la Comisión de Constitución, Fernando Rospigliosi, criticó severamente que esto pase por un referéndum, calificando tal vía como “absurda” pues implicaría “gastar una enorme cantidad de dinero”.

“Se ha presentado una reconsideración y, por lo tanto, el proyecto ha quedado en pausa, como el anterior. En la legislatura pasada se votó un proyecto idéntico de reelección de gobernadores y alcaldes, pero que tenía la eliminación de movimientos políticos. Esta vez ya no iba con los movimientos regionales, no tenía nada que ver. Solamente elección de gobernadores y alcaldes, cosa que hubiera sido muy positiva porque permite una mejor gestión y, además, una carrera política”, sostuvo para Canal N.

Alcaldes y gobernadores en ejercicio podrían volver a ser elegidos

El texto sustitutorio propuesto modifica los artículos 191 y 194 de la Carta Magna para permitir que gobernadores y alcaldes puedan postularse nuevamente tras su mandato de cuatro años, estando posibilitados los actuales gobernadores y alcaldes en ejercicio, como por ejemplo el gobernador regional de La Libertad, César Acuña o el burgomaestre capitalino Rafael López Aliaga.

Felicidad de oreja a oreja. César Acuña y ‘Porky’ celebran decisión del Congreso. Foto. Archivo MML.

Opiniones de los congresistas

El congresista Rospigliosi alegó que la reelección de autoridades no constituye un derecho fundamental, sino una decisión política, tal como ha reconocido el Tribunal Constitucional. “Posibilita la implementación de proyectos de desarrollo mediano y largo plazo, además, fomenta la profesionalización de la política”.

Por su parte, la congresista Ana Zegarra (SP), presidenta de la Comisión de Descentralización, señaló que la reelección permitirá que se concluyan proyectos que no son considerados por las nuevas autoridades. “Hay que darle la oportunidad, pues quien finalmente los elige son los electores”, dijo.

A su turno, Alejandro Cavero (Avanza País) manifestó que la reelección no es un derecho de los alcaldes, sino de los ciudadanos, pues es la libertad de poder decidir si un alcalde ha hecho bien o no su gestión y merece un periodo adicional.

En tanto, el parlamentario Alejandro Muñante (RP) dijo que la reelección de alcaldes no ha sido un problema, porque no ha superado el 20%, es decir, no todos los que querían una segunda oportunidad ganaban.

Por otro lado, el congresista Luis Aragón (AP), en representación de los autores de un dictamen en minoría, planteó que la reelección de autoridades municipales y regionales sea a partir del 1 de enero del 2027.

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Política

Escandalosa designación del Presidente de EsSalud es revelada en contundente informe de Contraloría  

Pese a las graves observaciones de la Contraloría sobre la designación irregular de Segundo Acho Mego como Presidente Ejecutivo de EsSalud, la entidad ha emitido un comunicado que, lejos de rendir cuentas y corregir, busca blindarlo con argumentos insostenibles, alimentando la impunidad desde lo institucional.

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Un reciente informe de la Contraloría General de la República (Informe de Acción de Oficio Posterior N.º 003-2025-2-0192-AOP) ha dejado al descubierto una grave irregularidad en el nombramiento de Segundo Cecilio Acho Mego como Presidente Ejecutivo de EsSalud. El funcionario presentó constancias laborales emitidas por clínicas privadas que carecen de respaldo documental, lo que pone en duda su experiencia profesional y lo inhabilitaría para ejercer el cargo que actualmente ostenta. A esto se suma una inhabilitación vigente del Colegio Médico del Perú posterior a su designación, lo que agrava la situación y compromete la legalidad del proceso, así como los principios de idoneidad, veracidad y probidad que deben regir en la administración pública.

Informe de Acción de Oficio Posterior n.º 003-2025-2-0192-AOP.

Designación cuestionada desde el origen

La Resolución Suprema N.º 003-2025-TR del 8 de marzo de 2025 formalizó la designación de Segundo Cecilio Acho Mego como representante del Estado ante el Consejo Directivo de EsSalud, en calidad de Presidente Ejecutivo, con el respaldo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). No obstante, el Manual de Perfiles de Puestos (MPP) de EsSalud establecía una serie de requisitos obligatorios que el funcionario debía cumplir para asumir dicha responsabilidad.

Entre estos requisitos figuraban: contar con título universitario profesional, estudios de maestría, colegiatura y habilitación vigente en el Colegio Profesional correspondiente; además de conocimientos técnicos y diplomados de al menos 90 horas, manejo de ofimática e inglés básico. Pero lo más crítico: se exigía una experiencia laboral general mínima de ocho años y una experiencia específica de cinco años en cargos directivos o jerárquicos equivalentes en el sector público o privado.

La documentación bajo la lupa

El 19 de marzo de 2025, apenas días después de la designación, el Órgano de Control Institucional (OCI) del MTPE solicitó a la Secretaría General del ministerio el expediente completo que tuvo a la vista el ministro Daniel Maurate para respaldar la designación de Acho Mego. La jefatura de Recursos Humanos del MTPE respondió el 24 de marzo remitiendo enlaces con el currículum vitae documentado del funcionario y un informe fechado el 6 de marzo, que concluía que Acho cumplía con los requisitos establecidos en el MPP. Sin embargo, la verificación de los documentos presentados reveló inconsistencias notables.

Acho Mego incluyó tres constancias laborales emitidas por el Hospital Nacional Cayetano Heredia, la Clínica Megasalud Naranjal SAC y la Clínica CORI SAC, que supuestamente acreditaban cinco años, cuatro meses y trece días de experiencia en cargos directivos. Pero un análisis más profundo mostró que solo una de estas entidades —el Hospital Cayetano Heredia— lo registraba en planilla electrónica como trabajador dependiente.

Cuadro N° 3 Constancias presentadas por Segundo Acho Mego.

Clínicas sin evidencia contable ni contractual

Ni Megasalud Naranjal SAC ni la Clínica CORI SAC registraron a Acho Mego como trabajador en planilla electrónica. La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), a través de su base de datos, confirmó que no existió retención de impuestos de cuarta categoría (honorarios) ni de quinta categoría (planilla) por parte de estas clínicas durante los períodos en los que supuestamente el funcionario laboró como director médico.

El vacío es rotundo: no se emitieron recibos por honorarios, no hubo contrato escrito, no existió registro contable de pagos ni documentación firmada por el médico en funciones. La relación laboral fue verbal y carente de cualquier evidencia que demuestre la prestación efectiva de servicios. En resumen, las constancias emitidas por las clínicas carecen de sustento probatorio.

El reglamento de comprobantes de pago es claro: toda prestación de servicios profesionales debe estar respaldada por un recibo por honorarios. Sin embargo, entre el 15 de junio de 2010 y el 14 de diciembre de 2010, y entre el 1 de noviembre de 2018 y el 30 de marzo de 2020, no se registró pago alguno a favor de Acho Mego por parte de las clínicas mencionadas. La Sunat lo confirma, y las clínicas no pueden probar lo contrario.

Sin pruebas, sin méritos suficientes

El OCI del MTPE ofició directamente a las clínicas involucradas el 14 de abril de 2025, solicitando detalles sobre el tipo de contrato, la jornada laboral y documentos suscritos por Acho Mego en calidad de director médico. La respuesta fue tan alarmante como reveladora: reconocieron que la relación contractual fue “verbal”, que no hubo horario de trabajo definido y que no conservaban ningún documento firmado por el médico en funciones.

Esta ausencia absoluta de pruebas desarma la principal evidencia presentada por el funcionario para acreditar su experiencia específica. Según el informe de Servir, en estas condiciones, las constancias no pueden ser válidas ni utilizadas para respaldar el ejercicio de funciones directivas.

En consecuencia, de los cinco años exigidos por el MPP como experiencia específica, el funcionario solo podría acreditar tres años, cinco meses y once días —correspondientes a su paso por el Hospital Nacional Cayetano Heredia—, lo cual lo deja fuera del umbral mínimo requerido para ocupar el cargo de presidente ejecutivo de EsSalud.

Una inhabilitación que agrava la situación

Por si fuera poco, al momento de su designación, Segundo Acho Mego presentó una captura de pantalla que supuestamente acreditaba su condición de médico habilitado ante el Colegio Médico del Perú. Pero esta información también fue desmentida. El propio colegio profesional, a través de la carta N.º 002469-2025-CMP-CN-SG, remitida el 5 de mayo de 2025, informó al OCI que el funcionario se encontraba en condición de “NO HÁBIL” desde el 1 de abril de 2025, es decir, a menos de un mes de asumir el cargo. El 9 de mayo, la consulta en línea al portal “Conoce a tu médico” confirmó que esta condición no había cambiado.

Esta inhabilitación compromete seriamente la legalidad del nombramiento. El MPP exige colegiatura y habilitación vigentes como requisitos fundamentales para ejercer funciones de dirección en una institución de salud pública. La falta de habilitación no es un error administrativo menor: es una infracción que atenta contra la integridad del sistema público de salud y, en última instancia, contra los derechos de los asegurados.

Silencio institucional y responsabilidades pendientes

La gravedad del caso no ha sido respondida con celeridad. Hasta la fecha de emisión del informe de Contraloría, la Dirección de Redes Integradas de Salud de Lima Norte, entidad vinculada al cargo ejercido por Acho Mego, no había respondido a los oficios remitidos el 22 de abril y el 8 de mayo. La omisión institucional podría interpretarse como falta de voluntad para aclarar o corregir una designación claramente viciada.

El informe de Contraloría no deja margen de duda. Existen elementos suficientes para afirmar que Segundo Acho Mego no cumplía con los requisitos esenciales del puesto. Las clínicas no pueden probar que haya trabajado para ellas. Sunat no tiene registros de pagos. El Colegio Médico certifica su inhabilitación. El MTPE evaluó documentos cuya validez es, como mínimo, cuestionable. Y el silencio institucional refuerza la sospecha de una posible red de encubrimiento.

Un caso que exige consecuencias

Ante este escenario, la Contraloría ha recomendado al titular del MTPE adoptar las acciones necesarias para corregir los hechos irregulares y, de ser el caso, iniciar el deslinde de responsabilidades administrativas, civiles o penales que correspondan. La pregunta clave es: ¿se tomarán medidas o este será un caso más que quede impune bajo el manto de la burocracia?

La ciudadanía exige respuestas. El sistema de salud no puede estar en manos de funcionarios cuya trayectoria está cimentada sobre documentos sin sustento. La transparencia no es una opción, es una obligación. Y en este caso, la evidencia demuestra que la legalidad fue vulnerada, la confianza ciudadana traicionada y los principios que deberían regir la administración pública, pisoteados.

EsSalud emitió comunicado que blinda a Segundo Acho Mego

El reciente comunicado de EsSalud, en respuesta al contundente informe de la Contraloría General de la República que cuestiona la legalidad de la designación de su Presidente Ejecutivo, Segundo Cecilio Acho Mego, es un ejemplo clásico de control de daños institucional que, lejos de disipar dudas, las profundiza.

Aquí un análisis del lamentable comunicado de EsSalud:

1. Blindaje disfrazado de transparencia

«El señor Segundo Cecilio Acho Mego acreditó fehacientemente su experiencia profesional…»

EsSalud inicia su defensa con una afirmación rotunda que contradice de forma directa las conclusiones de la Contraloría y la SUNAT. Se omite por completo que ambas clínicas citadas (Clínica CORI y Megasalud Naranjal) reconocieron no haber conservado documentación que acredite la prestación efectiva de servicios por parte del funcionario. No hubo contratos escritos, no hubo comprobantes de pago, no hay evidencia contable ni administrativa.

Calificar como “fehaciente” una experiencia laboral sustentada en constancias sin respaldo documental ni tributario es, en el mejor de los casos, negligente; y en el peor, una maniobra de encubrimiento institucional.

2. Falsa narrativa de sometimiento al control posterior

«…se somete a la fiscalización posterior de las constancias señaladas, en el marco de la Directiva N.º 001-2023-SERVIR-GDSRH…»

Este argumento es engañoso. El proceso de fiscalización ya fue realizado y los resultados son públicos: las constancias presentadas carecen de sustento verificable. Presentar el sometimiento a una “fiscalización posterior” como gesto de integridad es una forma de dilatar responsabilidades y mantener en el cargo a un funcionario cuya designación, hoy, está objetivamente en entredicho. El comunicado tergiversa el sentido de la fiscalización: no se trata de una fase futura, sino de una acción ya concluida con observaciones graves.

3. Manipulación del hecho sobre la habilitación profesional

«…se encontraba habilitado profesionalmente, como se verificó en el portal institucional del Colegio Médico del Perú…»

Aquí se intenta maquillar otro de los puntos más sensibles del informe: la inhabilitación profesional. EsSalud omite que el Colegio Médico del Perú, mediante documento oficial, informó que Acho Mego estaba en condición de “no hábil” desde el 1 de abril de 2025, y que dicha condición seguía vigente al 9 de mayo. La supuesta captura de pantalla que lo acreditaría como habilitado carece de validez frente al pronunciamiento oficial del CMP. Este punto es especialmente crítico: según el MPP de EsSalud, la habilitación profesional es un requisito obligatorio al momento de la designación. No se trata de una formalidad, sino de un estándar mínimo de legalidad profesional.

4. Silencio sobre los hallazgos de SUNAT y falta de planilla

Lo más revelador del comunicado es lo que no dice: No se menciona que SUNAT confirmó que Acho Mego no percibió ingresos ni emitió recibos por honorarios en las clínicas donde supuestamente trabajó. No se responde al hecho de que solo figura en planilla del Hospital Cayetano Heredia, y no de las otras entidades con las que dice haber tenido vínculo laboral.

Tampoco se reconoce que, de los cinco años de experiencia directiva exigida, solo se puede acreditar tres años y medio. Este silencio cómplice refuerza la percepción de que EsSalud intenta construir una defensa superficial basada en afirmaciones sin evidencia real.

5. Lenguaje evasivo y apelación a la “trayectoria profesional”

«…reiteramos nuestro compromiso con la legalidad, la transparencia y el respeto a la trayectoria profesional…»

La mención a la “trayectoria profesional” es una táctica discursiva frecuente para desviar la atención del núcleo del problema: el incumplimiento de requisitos objetivos y verificables. La trayectoria no sustituye los requisitos legales. Este tipo de apelación emocional desvía la discusión técnica hacia lo subjetivo y refuerza una cultura de impunidad donde el pasado profesional puede justificar la omisión de reglas básicas.

Un comunicado que blanquea la irregularidad

El comunicado de EsSalud, lejos de aclarar las dudas, las profundiza. No responde a los hechos duros verificados por la Contraloría, evade las conclusiones de la SUNAT, ignora la inhabilitación formal emitida por el Colegio Médico, y pretende normalizar la ausencia de evidencia laboral con términos como “relación verbal” o “fiscalización posterior”.

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