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Política

Cien poderosas razones por las que Fujimori debería seguir en prisión

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El ranqueado corrupto, psicópata, mafioso, sátrapa y asesino, puesto N° 7 a nivel mundial, Alberto Kenya Fujimori, destruyó este país, remató todas las empresas estatales, impuso el terrorismo de Estado, aplastó los movimientos sindicales y confeccionó un mamarracho de constitución política a la medida de los banqueros, empresaurios y poderosos de este país y sentó las bases para un Estado fallido, excremental y de desagüe cuya principal fuente de ingresos es el narcotráfico.
Aquí las cien poderosas razones por las cuales no debemos dejar libre a Fujimori:

1.– Alberto Kenya Fujimori prometió en su primer gobierno “Honradez, Tecnología y Trabajo” y ofreció miseria humana, destrucción de nuestra economía y pauperización de la clase obrera.

2.–Juró que nunca iba a aplicar el shock económico, lo cual ofrecía su oponente: Mario Vargas Llosa. Y fue lo primero que hizo.

3.–Juan Carlos Hurtado Miller, ministro de Economía de Fujimori, solo apeló a Dios para que el pueblo no se hunda en la miseria absoluta y dijo lo siguiente en su nefasto mensaje a la Nación del 8 de agosto de 1990 : “Como resultado de la aplicación firme y sostenida de un programa que ahora iniciamos, los precios en diciembre solo serán marginalmente más altos que los de noviembre y no como ahora que se multiplican semana a semana. […] Es así que la lata de leche evaporada que hoy costaba en la calle 120 mil intis, costará a partir de mañana 330 mil intis. El kilo de azúcar blanca que solo se conseguía a 150 mil intis, costará a partir de mañana 300 mil intis. El pan francés que esta tarde costaba 9 mil intis, costará a partir de mañana 25 mil intis. […] Pocas veces en el Perú o en cualquier parte del mundo se ha requerido de todos un sacrificio tan grande como el que necesita el Perú. Hay que cursar un periodo corto, de unos pocos meses, en el que antes de estar mejor nos vamos a sentir peor. Es el precio que tenemos que pagar por lo ocurrido en los últimos años. […] El Perú tiene futuro. […] Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude”.

4.- Juan Carlos Hurtado Miller postularía a la alcaldía de Lima en 1998 siendo vencido por Alberto Andrade quien iba a la reelección. Fue acusado de recibir fondos para su campaña electoral de parte de Vladimiro Montesinos, por lo cual pasó a la clandestinidad en el 2000.

5.-El autogolpe de Estado de Perú de 1992, también llamado “Fujimorazo”, fue un golpe de Estado propiciado el domingo 5 de abril de ese año por Alberto Fujimori, con el respaldo de las Fuerzas Armadas sometidas y con firmas de sujeción. En este se disolvió el Congreso de la República, se intervino el Poder Judicial, al Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales (hoy Tribunal Constitucional), el Ministerio Público y la Contraloría General de la República. Además, hubo persecución de miembros de la oposición y secuestro de otras personas.

6.- En un plan macabro contra la masa trabajadora se despidió a más de 300 mil trabajadores, dejándolos en la miseria absoluta a ellos y a sus familias.

7.-Cambió la denominación de nuestra moneda para disfrazar la enorme caída que tuvo el Inti por el nuevo sol.  Una iniciativa del gobierno ofreció cambiar nuevos soles con intis peruanos al tipo de cambio de la friolera de 1.000.000 de intis peruanos. El inti y el sol original fueron expulsados de circulación en 1991.

8.-Alberto Fujimori a sólo 11 días del autogolpe de 1992 decidió dar el Decreto Ley N° 25436 para aplicar los fondos del FONAVI en obras de saneamiento, electrificación, agua y desagüe, pistas y veredas y no sólo viviendas como fue el origen de la creación del FONAVI. Cabe recordar que este organismo fue creación del gobierno militar para satisfacer en forma progresiva la necesidad de vivienda de los trabajadores. Y una de sus cláusulas decía: “los recursos del fondo serán destinados exclusivamente a la construcción de viviendas que serán vendidas o alquiladas a los trabajadores que constituyen el Fondo, mediante sorteo”. Y así se manejó en los gobiernos de Fernando Belaúnde y Alan García, pero Fujimori decidió destruir el “sueño de la casa propia” sin pasar por el congreso ni el poder judicial que habían sido disueltos en el autogolpe.

9.-La abolición de los derechos laborales al peor estilo de Margareth Thatcher y  Ronald Reagan convirtiendo a millones de trabajadores en semiesclavos o “recurseros”, gente sin empleo y sin futuro que tenían que hacer lo que sea para sobrevivir.

10.-Destrucción de los sindicatos (la CGTP, CTRP, CTP, etc.) y todos los frentes de autodefensa para satisfacer el apetito voraz de las grandes transnacionales y empresarios voraces.

11.-Creación de los SERVICES o seudoempresas que funcionaban como enganchaesclavos o mediadores, cuyos dueños fueron fujimoristas, apristas o sus allegados quienes amasaron grandes fortunas a costa de explotar salvajemente a los trabajadores.

12.-Compra, manipulación y sometimiento de los medios de comunicación que fueron puestos al servicio del Fujimorato. Así los grandes broadcasters como Delgado Parker, Baruch Ivcher o los Crousillat hicieron grandes fortunas mintiendo y embruteciendo al pueblo peruano.

13.-Invento de diarios chicha y una infracultura al servicio de la dictadura. Así aparecieron diarios como El Chino (inspirado en el apodo de Fujimori, 1995), Ajá, El Popular (fundado por Guillermo Thorndike), El Mañanero (1992), Tío, El Chato, La Chuchi (1998), La Yuca (2000), El Men (1999). Algunos diarios deportivos empezaron a incluir secuencias de farándula y así los futbolistas y las prostivedettes se convirtieron en centro de atención e ídolos de barro para implantar el neoliberalismo draconiano impuesto desde Estados Unidos.

14.-El remate de las empresas del Estado a precios de ganga, comprados por fujimoristas y luego revendidos a altos precios.

15.-Augusto Bressani, brazo derecho de Fujimori y Montesinos, fue detenido en Miami en 2002 y expulsado de Estados Unidos. Fue el encargado de intermediar las campañas fujimoristas y la prensa chicha.

16.-Aparición de impresentables y gente miserable como Laura Bozzo, Magaly Medina, Susy Díaz, Melcochita, Carlos Álvarez, cómicos ambulantes, etc., que desviaban la atención del público mientras Fujimori y Montesinos hacían de las suyas.

17.-Cortinas de humo y psicosociales, vírgenes que lloran, anacondas gigantes, espiritistas metemiedo, vampiros, prostivedettes, cómicos ambulantes. Resurrección de Sarah Hellen en Pisco. La procesión del Señor de los Milagros fue sacada en marzo para seguir desviando la atención que era el robo, el desfalco y el asesinato desde el gobierno de Alberto Fujimori.

18.-Compra y doblegación de encuestadoras para favorecer a Fujimori y su nefasto gobierno. Montesinos reveló que pagaba 30 mil dólares a Datum y 20 mil a CPI por encuestas fraudulentas. Estas mismas encuestadoras que ahora dicen que Keiko “está creciendo”.

19.-Esterilizaciones forzadas a más de 300,000 mujeres con el fin de exterminar a la población indígena y siguiendo los planes impuestos desde Washington con el apoyo de los grupos feministas de la izquierda rosa “Flora Tristán” y “Manuela Ramos”.

20.-Esterilizaciones forzadas a más de 30 mil hombres, casos que no fueron nunca tomados en cuenta porque grupos interesados solo querían «priorizar a la mujer».

21.-Caso La Cantuta donde un profesor y nueve estudiantes fueron secuestrados, ultimados con un balazo en la nuca y sus cadáveres quemados y ocultados en un cerro. Las víctimas fueron:

Bertila Lozano Torres

Dora Oyague Fierro

Luis Enrique Ortiz Perea

Armando Richard Amaro Cóndor

Robert Édgar Teodoro Espinoza

Heráclides Pablo Meza

Felipe Flores Chipana

Marcelino Rosales Cárdenas,

Juan Gabriel Mariños Figueroa

Hugo Muñoz Sánchez (profesor)

22.-En abril de 1993, un grupo de oficiales militares peruanos liberaron anónimamente un documento detallando los eventos en La Cantuta y señalando que el grupo Colina comandado por el Mayor Santiago Martín Rivas, operaba bajo órdenes directas de Vladimiro Montesinos y de Alberto Fujimori, quien también tenía conocimiento de estos acontecimientos.

23.-La matanza de Barrios Altos que acabó con la vida de quince heladeros de la fábrica D´onofrio que celebraban una pollada para reparar sus desagües. El grupo Colina no solo fusiló a estas personas sino que, en un acto, de suma frialdad, acabó la con vida de un niño de 8 años que hoy tendría la edad de Kenji Fujimori. Aquí el nombre de las víctimas que nunca debemos olvidar: Placentina Marcela Chumbipuma Aguirre, Luis Alberto Díaz Astovilca, Octavio Benigno Huamanyauri Nolazco, Luis Antonio León Borja, Filomeno León León, Máximo León León, Lucio Quispe Huanaco, Tito Ricardo Ramírez Alberto, Teobaldo Ríos Lira, Manuel Isaías Ríos Pérez, Javier Manuel Ríos Rojas, Alejandro Rosales Alejandro, Nelly María Rubina Arquiñigo, Odar Mender Sifuentes Nuñez y Benedicta Yanque Churo.

24.- Más 300 estudiantes, docentes y trabajadores torturados y asesinados en la Universidad Nacional del Centro del Perú (Junín), como resultado de una política genocida y asesinatos selectivos durante el periodo de la guerra interna 1980-200. Testimonios de familiares y pobladores manifiestan que muchos de los estudiantes “sospechosos” eran encostalados y luego eran subidos a los helicópteros del Ejército, para finalmente lanzarlos desde las alturas hacia el río Mantaro. Otros estudiantes corrieron la suerte de ser detenidos en sus casas, sufrieron salvajes torturas, les cortaban la lengua o les sacaban los ojos y posteriormente los hacían excavar zanjas en zonas alejadas, enseguida los soldados del ejército los remataban a balazos y luego los cadáveres eran arrojados a las zanjas “fosas comunes”.  Esta política de genocidio se aplicó en diferentes lugares del Perú: San Martín, Huánuco, Cajamarca y en todos los departamentos de la sierra sur.

25.-Compra de 18 aviones de combate MIG-29, en plena guerra con Ecuador, y que fueron sobrevalorados en 54 millones de dólares cada uno cuando en el mercado negro estaba a un millón de dólares por cada avión chatarra. Estas aeronaves responden al paquete del armamento bélico adquiridos en el gobierno de Alberto Fujimori para hacer frente las negociaciones de paz en el conflicto del Perú con el Ecuador en 1995. Estos aviones son de fabricación bielorrusa.

26.– El 18 de diciembre de 1992 fue asesinado Pedro Huillca, líder sindicalista, responsable de la Confederación General de Trabajadores del Perú. En un primer momento se atribuyó el asesinato a Sendero Luminoso, sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Grupo Colina, una agrupación paramilitar que operó bajo el mando de Montesinos y Alberto Fujimori. Y aunque esto ha sido puesto en duda, la verdad es que es más creíble la versión de que el estado acabó la vida de Huillca.

27.-Alberto Fujimori organizó y dirigió un complejo sistema de interceptación telefónica para «chuponear» a quienes consideraba sus enemigos políticos, particularmente dirigentes, periodistas, empresarios y militares. El marco operativo de este sistema de interceptación estuvo a cargo del ex – asesor Vladimiro Montesinos y el coronel EP, Roberto Huamán Azcurra, a través de la Dirección de Información Electrónica (DIE) del ex SIN. El DIE implementó por lo menos 29 puestos de escucha en Lima y Callao, de los cuales 20 fueron plenamente identificados y fueron operados por 40 técnicos de la especialidad de comunicaciones. Para operar el sistema de búsqueda de información electrónica en su integridad la DIE empleó entre los años 1999 y 2000 a unas 205 personas entre oficiales, personal auxiliar del Ejército y empleados civiles.

27.-Llenaron el Poder Judicial, Ministerio Público y TC con fujimoristas y apristas corruptos hasta el tuétano.

28.-Narcoaviones presidenciales. El avión FAP DC8-62F Nº 371 fue interceptado a las dos de la tarde del 11 de mayo de 1996 por iniciativa del entonces jefe del Ala Aérea 2 de la FAP, mayor general FAP Pedro Palomino. Adentro, luego de varias horas de búsqueda se encontró un cargamento de 169 kilogramos de clorhidrato de cocaína que había sido cuidadosamente camuflado en la bodega número 3 del avión. La intervención se realizó pocas horas antes del despegue programado de un vuelo clasificado como “secreto”, para llevar motores y equipos bélicos necesitados de mantenimiento en Rusia.

29.-El narco y asesino apodado «Vaticano» sostuvo durante su juicio que entregaba sobornos a Montesinos y, por ende, a Fujimori. 

30.-Se encontraron más de 100 kilos de cocaína en una empresa vinculada a Kenji Fujimori (en el Congreso disuelto el fujimorismo se opuso a que se fiscalice a las cooperativas de ahorro y crédito, parte de las cuales blanqueaban dinero del narcotráfico).

31.-Suplantación del cargo de Primera Dama por Keiko Fujimori.

32.-Secuestro y tortura a Susana Higuchi con electricidad y golpiza inmisericorde para que pierda el conocimiento y olvide las denuncias que estaba haciendo a su esposo, en ese entonces, Alberto Fujimori.

33.-La compra de congresistas tránsfugas con fajos de dólares vía Montesinos.

34.-El aprovisionamiento de diez mil fusiles AK-47 a las FARC, entonces el movimiento armado más grande y poderoso de América Latina. La CIA y el gobierno colombiano determinaron que eran Fujimori y Montesinos quienes enviaban estas armas mediante la modalidad de dejarlos caer en coordenadas previstas.

35.-La Guerra del Cenepa o el conflicto del Alto Cenepa y el regalo de territorio en Tiwinza a los ecuatorianos que costó la vida de 34 peruanos y una centena de heridos. Y a donde viajó el sátrapa invertebradoFujimori para hacernos creer que habíamos ganado esta guerra cuando, en realidad, la perdimos.

36.-Secuestro y tortura del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer.

37.-Entre 1990 y el año 2000 los profesores estuvieron obligados a sobrevivir con un sueldo de menos de 500 soles.

38.-La re-reelección y la ley de “interpretación auténtica”.

39.-Asesinato y descuartizamiento de Mariela Barreto y tortura de Leonor La Rosa por orden de Fujimori.

40.-El robo del oro del Paititi, caso denunciado por el Padre Juan Carlos Polentini. Toneladas de ese oro salieron por Ica en cinco helicópteros durante varios meses con rumbo hacia Japón y paraísos financieros, como afirmaron varios testigos.

41.-Desfalco de las donaciones del Japón por lo tíos de Keiko Fujimori, hoy prófugos.

42.- Robo de 1,000 millones de soles a la caja policial y militar.

43.-Fuga de los tíos de Keiko Fujimori al Japón.

44.-Postulación de Fujimori al senado del Japón.

45.-Fraude en las elecciones del 2000.

46.-El incendio del Banco de la Nación por orden de Fujimori y la muerte de 6 trabajadores.

47.-Fuga de más 200 fujimoristas corruptos y confesos, que hasta la fecha no son capturados.

48.-Pago de 15 millones de dólares a Vladimiro Montesinos por indemnización y “años de servicio”.

49.-Escape de Alberto Fujimori al Japón y su renuncia por fax.

50.-Fujimori es el séptimo presidente más corrupto de toda la historia a nivel mundial y el primero más corrupto de América Latina.

51.-Toma de las universidades y violación de la libre determinación dentro de estas. Además de abusos y represalias por parte de las tropas contra los estudiantes.

52.-Tráfico y robo de las donaciones de ropa usada y dinero por parte de la familia de Alberto Fujimori.

53.-Cuentas bancarias con dinero mal habido en las cuentas de casi todos los familiares de Alberto Fujimori. Incluso la abuelita a quien se le encontró una cuenta con 500 mil dólares que no podía justificar.

54.-Evasión tributaria y posterior atentado a la casa de Fernando Olivera para apagar estas denuncias en 1990.

55.-Sabotaje al GEIN e impedimento de captura de Abimael Guzmán el 6 de diciembre de 1990, mediante nota escrita enviada por debajo de la puerta de la casa de Buenavista (vivienda que estaba en la mira por el GEIN)

56.-Creación de nueva constitución con el afán de la reelección.

57.-Otorgamiento de amnistía para civiles y militares autores de las masacres del Frontón, Cantuta y Barrios Altos.

58.-Robo de más 6 mil millones de dólares, vía las privatizaciones y concesiones amañadas en todos los sectores estratégicos del país.

59.-Venta sobrevaluada de pólizas de seguro.

60.-Pago de coimas a los bancos BCP, Wiese y Latino.

61.-Desviación de US$ 1 millón 225 mil del Estado para estudios y gastos de sus cuatro hijos en Estados Unidos.

62.-Obtención de cupos del cartel de Medellín.

63.-Ejecuciones extrajudiciales en la operación Chavín de Huantar.

64.-Proliferación de las AFP, un robo masivo a todos los trabajadores peruanos.

65.-Terrorismo de Estado: provocación de desmanes e incendios durante la marcha de los cuatro suyos para echarle la culpa a Toledo. El atentado provocó la muerte de varias personas.

66.-Allanamiento de casa de Trinidad Becerra (mujer de Montesinos) para poner los demás vladivideos a salvo; se hizo uso de fiscal falso.

67.-Represión salvaje y brutal contra los estudiantes en las marchas de 1998, muchos de ellos salieron en televisión para evidenciar este hecho condenable.

68.-Fujimori destruye adrede la educación nacional, llevándola al último lugar en Latinoamérica, prueba de ello es el bajo nivel en matemáticas y comprensión lectora (Lenguaje) en las pruebas PISA. Eliminación de los cursos fundamentales para edificar el amor a la patria y el fomento de las identidades locales y nacional: Historia, Geografía, Filosofía, Lengua y Literatura, Educación Física, entre otros, siendo reemplazados por cursos confusionistas y por religión católica.

69.-En el gobierno fujimorista hubo más de 5,000 denuncias de desapariciones.

70.-La utilización del «profeta» Reynaldo Dos Santos quien indujo el voto tras su predicción sobre el triunfo de Keiko en 2011.

71.-Pretensión de liberar a Alberto Fujimori, cuestión que ha sido corroborada en varias entrevistas a KF.

72.-Keiko fue acusada por encubrimiento de narcotráfico, cohecho pasivo propio y tráfico de influencias.

73.-Enriquecimiento ilícito de hermanos de Alberto Fujimori con las ONG Apenkai y Aken.

74.-Presunto lavado de activos con polladas, rifas, y polémico cóctel en un local sin puertas ni ventanas.

75.-En plena campaña 2016: Obsequios, premios, ayudas humanitarias y dádivas en efectivo a votantes. Entrega irregular de 50 mil soles a mototaxistas en Cajamarca, obsequios de Giancarlo Vacchelli y Kenji Fujimori en programa sabatino de Andres Hurtado (Chibolín) de Panamericana.

76.-Fujimori le debe al Estado 1420 millones de dólares por reparación civil que ya no se menciona ni se sabe cuándo lo va a pagar.

77.-Los narco-almacenes de Kenji Fujimori.

78.-Vínculos de Fujimori y Keiko con la mafia Yakuza japonesa.

79.-Familiares de Keiko Fujimori están involucrados con compañías offshore creadas por Mossack Fonseca.

80.-Licencia de 500 días por maternidad cuando Keiko fue congresista, mientras que miles de mujeres trabajadoras eran despedidas inmediatamente durante la dictadura, cuando quedaban embarazadas, sin ningún beneficio laboral.

81.-Lavado de 15 millones de dólares de Keiko por Joaquín Ramírez, vinculado a la mal llamada Universidad Alas Peruanas.

82.-Recepción de dinero de Odebrecht, Credicorp y empresarios corruptos, dinero no declarado.

83.-Los mamanivideos.

84.-Los aportantes fantasmas.

85.-Rifas, cocteles y polladas para lavar dinero y desviarlos a cuentas de testaferros.

86.-Manejo del partido por Fujimori y Keiko desde la cárcel.

87.-Aportes de empresarios para mantener a Keiko y a su exmarido parasitario Mark Vito.

88.-Complot para sacar a Kenji y sus “Avengers” del Congreso.

89.-Complot para sacar a PPK.

90.-Keiko como congresista faltó a quinientas sesiones al congreso, tomó 223 días de licencia por viajes al extranjero y solo asistió a siete de las cuarenta y dos sesiones de la comisión. Vil herencia genética de su esperpéntico progenitor.

En cinco años solo hizo que se aprobaran cinco proyectos de ley.

91.-Keiko utilizó a su madre para beneficiar al corrupto gobierno de Alberto Fujimori

92.-Kf le pidió a su madre, Susana Higuchi, que no declare de las torturas que hubieran originado otro proceso penal contra Alberto Fujimori.

93.-KF a los crímenes de su padre les dice “errores”.

94.-En una entrevista en 2007, Keiko Fujimori dijo que a ella no le constaba que Montesinos haya cometido delitos.

95.-La ONPE dijo que KF no pudo sustentar cómo se pagaron los 46 mítines en el 2011

96.- Ana Hertz de Vega, mano derecha de KF por más de veinte años, ha sido acusada de malversación de fondos.

97.-Otra persona de la cercanía de KF, Cecilia Chacón, fue sentenciada a cuatro años de prisión por enriquecimiento ilícito.

98.-Mark Vito, exesposo de Keiko, compró hace poco terrenos por 617 mil soles en efectivo sin tener trabajo. La familia de Vito, ciudadano ítalo-americano, cursa procesos por evasión de impuestos y otros delitos en USA.

99.-En el año 2011 varios partidos políticos firmaron el compromiso ético contra la infiltración del narcotráfico en la política, para evitar que los narcos se apoderen del Estado: KF se opuso y no firmó tal pacto. ¿Por qué no quiso firmar Keiko este compromiso para evitar dinero del narco en la política y el Estado peruanos? Más claro ni el agua.

100.- El expediente criminal de Keiko Fujimori Higuchi tiene más de 55000 folios y si ahora puede postular a cada rato a la presidencia y recorrer el país, es solamente gracias a la complicidad y corrupción del Poder Judicial, herencia del gobierno de Alberto Kenya Fujimori y los sucesivos gobiernos que alguien denominó acertadamente fujimorismo sin Fujimori: neoliberalfascismo que ha vuelto a revivir con más fuerza ante la liberación intestinal de su líder recto-atrabiliario.

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Rodolfo Ybarra. Ha estudiado matemática pura, física, electrónica y comunicaciones. Ha publicado una veintena de textos entre novelas, cuentos, poemarios y ensayos. Ha dirigido un programa de televisión de contracultura y política, y editado revistas y fanzines. Se expresa también vía el vídeo y la música. Desde el 2007 maneja el blog www.rodolfoybarra.blogspot.com.

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Política

Continúa la pugna entre Patricia Benavides y Delia Espinoza por el control de la Fiscalía

La batalla entre Benavides y Espinoza sigue escalando, mientras el Juzgado Supremo admite la apelación de Benavides contra su inhabilitación de dos años, se profundiza el caos institucional en el Ministerio Público y se debilita la imagen de imparcialidad judicial.

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La reciente admisión de apelación presentada por Patricia Benavides Vargas, suspendida fiscal suprema, ha reactivado un conflicto interno que ya desbordó los límites del Ministerio Público. Lejos de tratarse de un proceso judicial común, el enfrentamiento entre Benavides Vargas y la actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, ha evidenciado una peligrosa politización del sistema de justicia peruano.

Con el respaldo del abogado Jorge del Castillo, quien calificó de «express» la resolución que suspendió a Benavides Vargas por 24 meses, la estrategia es clara: revertir una medida que, si bien fue contundente, no estuvo exenta de cuestionamientos procesales. Sin embargo, lo más grave no es el recurso legal en sí, sino el uso instrumental de los órganos judiciales en medio de una pugna de poder.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema deberá ahora pronunciarse sobre la legalidad de la suspensión impuesta por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. Pero la expectativa está menos en el argumento jurídico y más en el equilibrio de fuerzas internas. Las decisiones ya no parecen moverse por criterios de institucionalidad, sino por simpatías y alianzas políticas que fracturan peligrosamente la imagen de imparcialidad del Poder Judicial.

Hace unos días, el PJ suspendió por 24 meses a Patricia Benavides del cargo de Fiscal Suprema.

Ambas señoras, Benavides Vargas y Espinoza Valenzuela, representan facciones enfrentadas dentro del Ministerio Público, convirtiendo a esta institución en un campo de batalla. El problema no es solo la disputa personal entre dos fiscales, sino cómo esta ha contaminado los cimientos del sistema judicial, arrastrando a jueces, fiscales y salas completas a tomar posición en lo que debería ser un proceso técnico y desapasionado.

La justicia, en lugar de ser un poder del Estado autónomo, parece haberse convertido en una arena política más. El daño es profundo: se debilita la confianza ciudadana y se compromete la legitimidad de futuras decisiones. Mientras Benavides Vargas lucha por volver, la justicia debería luchar por no hundirse con ella.

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Política

Renunció la jefa de Prensa de Palacio de Gobierno, Mónica Tiburcio

Apenas duró un día en el Despacho Presidencial.

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Mónica Otilia Tiburcio Orbezo fue designada hace dos días, como nueva secretaria de Comunicación Estratégica y Prensa del Despacho Presidencial, en reemplazo de Luis Urmeta Delgado. Su nombramiento habría tenido que pasar por el visto bueno de Juan José Santiváñez, pues según registros se llegó a reunir hasta en tres ocasiones con el exministro del Interior.

Resolución n.° 000040-2025-DP/SGDP, de renuncia de Mónica Tiburcio.

Ella tenía la misión de enfocarse en mejorar considerablemente la imagen de la presidenta de la República que ya lleva sin declarar a la prensa más de 200 días. Sin embargo, ya no va más y a través de la Resolución N° 000040-2025-DP/SGDP, firmada por el Secretario General, Enrique Vílchez, el Gobierno decidió aceptar su renuncia, dándole las gracias por los servicios prestados, apenas un día.

¿Ahora quién será el reemplazante de Tiburcio? ¿Acaso alguien que juegue en pared con el IRTP?

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Política

Congreso perverso: cuando la planilla se reparte entre familiares

Al menos 30 grupos de hermanos fueron contratados sin restricción. Mientras el país exige transparencia, en el Congreso se reparten puestos como favores políticos. Parlamentarios de bancadas como APP y Fuerza Popular han convertido la planilla estatal en un feudo familiar, contratando hermanos, militantes y operadores sin pudor ni mérito.

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El Congreso de la República, lejos de ser una institución al servicio del pueblo, se ha convertido en una agencia de empleo para militantes, familiares y amigos de los legisladores. Lo revelado por el periodista Martín Hidalgo no sorprende, pero sí indigna: hay al menos 30 grupos de hermanos contratados dentro del Parlamento gracias al uso descarado de influencias por parte de congresistas que actúan como si el Estado fuera su chacra personal.

Lo más grave es que este modus operandi no solo es conocido, sino también tolerado por las bancadas más poderosas. Fuerza Popular y, aún más escandalosamente, Alianza para el Progreso (APP) han convertido al Congreso en su feudo, donde colocan a militantes, amigos y familias enteras sin el menor rubor. No se trata de casos aislados, sino de una práctica sistemática que deja en evidencia el profundo desprecio que estos partidos tienen por la ética pública y el servicio al país.

Uno de los recientes casos más graves, tiene que ver con la congresista de APP, denunciada por “mochasueldo” e investigada por la Fiscalía, Rosio Torres, quien contrató a Cecilia Salazar y a su hija Alexandra Tafur, ambas militantes del partido de César Acuña. ¿Y qué dijo Eduardo Salhuana presidente del Congreso y también de APP? que no hay norma que prohíba el hecho de la parlamentaria por Loreto.

‘Mochasueldo’ Rosío Torres de APP, es respaldada por su colega Eduardo Salhuana.

Los contratos se distribuyen sin vergüenza, como si fueran favores políticos pendientes tras campañas financiadas en la sombra. Son hermanos, primos, esposas, hijos y operadores de campaña que de pronto aparecen con sueldos del Estado, sin mérito alguno y muchas veces sin siquiera cumplir con las funciones que se les asignan. Todo esto es posible gracias a la «organización parlamentaria», ese espacio discrecional en el que cada congresista puede disponer de puestos como quien reparte caramelos.

Cecilia Salazar y su hija Alexandra Tafur Salazar, son militantes de APP.

Mientras tanto, el servicio parlamentario profesional, aquel que requiere carrera y mérito, queda relegado. ¿Para qué formar cuadros técnicos si con un carnet partidario basta para asegurarse un puesto? Esta es la lógica de la ‘dedocracia’ parlamentaria que ha colonizado el Legislativo.

El blindaje es otra constante. Entre ellos se tapan, se protegen, se callan. Cuando un escándalo estalla, se finge indignación en los pasillos, pero las comisiones de ética duermen el sueño eterno. Nadie investiga, nadie sanciona. La impunidad es parte del sistema.

Lo más trágico es que esto se hace con dinero de todos los peruanos. El Congreso, lejos de representar al pueblo, ha sido capturado por cúpulas partidarias que reparten cargos como botín. Si no se interviene con una reforma real y profunda, el Congreso seguirá siendo el refugio de mediocres, corruptos y familiares bien conectados.

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Política

Nuevo revés de ‘Porky’: Corte de los EE.UU. falla a favor de Rutas de Lima y ahora Municipalidad de Lima deberá pagarle cerca de 200 millones de dólares

Corte de Apelaciones del distrito de Columbia ratificó que no existen pruebas suficientes de corrupción para anular el contrato firmado el año 2013.

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Al parecer tendrá que requerir más días para “meditar” ya que recientemente la Corte de Apelaciones del distrito de Columbia, en los Estados Unidos, ratificó el pasado 24 de junio dos laudos arbitrales internacionales que ordenan a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), dirigida por Rafael López Aliaga, el pago de aproximadamente 200 millones de dólares a Rutas de Lima.

Como se recuerda, la MML y el consorcio Rutas de Lima (inicialmente liderada por Odebrecht y en la actualidad bajo el control de Brookfield Insfrastructure), firmaron en el año 2013 un contrato de concesión en tres vías de la capital, la Panamericana Norte, Sur y Ramiro Prialé, por un plazo de 30 años, donde se acordó el cobro de peajes a favor de la concesionaria, y que las mismas podían estar sujetas a incrementos paulatinos a lo largo de los años tras nuevos acuerdos pactados en los años 2014 y 2016.

Fue en el año 2017 donde se inició la disputa legal entre Rutas de Lima y la MML tras la implementación del peaje ‘Nueva Chillón’, en el distrito de Puente Piedra. Indignados vecinos empezaron a hacer protestas a lo que ellos consideraban como un cobro abusivo de parte de la concesionaria y en respuesta la comuna limeña decidió cancelar el cobro de manera unilateral, indicando entre sus argumentos que dicho contrato resultaba nulo porque la empresa matriz era Odebrecht, la misma que habría sobornado a funcionarios para quedarse con dicha concesión. Entre los involucrados de ese presunto soborno también se incluye a la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán.  

Fue así que en el año 2020 el primer laudo arbitral resolvió que la MML debía pagar 68 millones de dólares más intereses a favor de Rutas de Lima, monto que con el tiempo se ha elevado a 190 millones de dólares. En el año 2022, un segundo laudo otorgó otros 7 millones a favor del consorcio por la demora en aplicar los ajustes tarifarios.

Declaraciones de ‘Porky’ terminaron inclinando la balanza a favor de Rutas de Lima

Un gran detalle que no se le ha escapado a la jueza Ana C. Reyes, de la Corte de Columbia, fueron las reiteradas declaraciones del alcalde de Lima, quien se oponía públicamente en pagarle a la concesionaria. Tales declaraciones le permitieron a la jueza sacar una conclusión.

“No pagaré ni un solo mango”, “(La Municipalidad) no paga nada a grupos criminales”, “No pagamos a delincuentes”, “(La Municipalidad) tiene mecanismos de defensa contra bandas criminales”, son algunas frases dichas por el alcalde y tomadas en cuenta por la magistrada.

“La Corte no recompensará tal conducta dilatoria al eximir a (la Municipalidad de) Lima de la obligación predeterminada (…) de presentar una fianza para posponer la ejecución y cumplimiento del fallo. La Corte deniega la petición del solicitante para suspender la ejecución y el cumplimiento del fallo”, resolvió la jueza.

Quizás sea que ahora el alcalde de Lima requiera de un “traductor” a su costado, porque cada vez que declara al público lo estaría haciendo sin tomarse un segundo para pensar en lo que dice. Esta vez la justicia estadounidense le “explotó” en la cara al popular ‘Porky’.

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Política

Rosío Torres coloca a madre e hija en el Congreso y Salhuana afirma que no es ilegal

La congresista de APP, denunciada por “mochasueldo” e investigada por la Fiscalía, contrató a Cecilia Salazar y su hija Alexandra Tafur, ambas militantes del partido. Eduardo Salhuana, presidente del Congreso y también de APP, remarcó que no hay norma que prohíba el hecho.

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La congresista Rosío Torres Salinas, de Alianza Para el Progreso (APP), vuelve a protagonizar un escándalo que evidencia el uso clientelista de recursos públicos en el Congreso. Esta vez, la parlamentaria —investigada por el caso de recortes salariales conocido como “mochasueldo”— ha sido señalada por contratar en su entorno inmediato a una madre y su hija, ambas militantes del mismo partido de César Acuña Peralta.

El reportaje de Cuarto Poder reveló que Cecilia Salazar, asesora principal de Torres Salinas e involucrada en la presunta red de recortes, fue reemplazada temporalmente por su hija, Alexandra Tafur Salazar, como trabajadora del Área de Desarrollo y Bienestar del Parlamento. La contratación de ambas no solo expone la precariedad ética que impera en ciertos sectores del Legislativo, sino también el descaro con el que se normaliza el nepotismo encubierto bajo la excusa de la legalidad.

Cecilia Salazar y su hija Alexandra Tafur Salazar, son militantes de APP.

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana —también miembro de APP— confirmó la relación familiar y reconoció que, si bien no existe una norma explícita que lo prohíba, el hecho es “éticamente cuestionable”. Una declaración tibia, que más parece una maniobra para ganar tiempo que un verdadero compromiso con la transparencia.

Este episodio revela una práctica común pero silenciada: el uso de cargos públicos como botín político, donde los puestos se reparten entre amigos, militantes y familiares. Que Rosío Torres haya confiado su despacho a personas investigadas por delitos, y que además pertenezcan a su círculo íntimo, debería ser suficiente para exigir su separación inmediata del cargo y una investigación seria desde el Congreso.

No se trata solo de una “falta ética”. Se trata de un patrón de conducta reiterado. Cecilia Salazar, madre de Alexandra, ha sido acusada por un extrabajador del despacho de haber sido cómplice directa en el cobro ilegal de parte de los sueldos del personal. Que hoy siga operando en el Congreso como “trabajadora de confianza” de Torres Salinas, parlamentaria por Loreto, y que su hija Alexandra haya sido colocada en un cargo público, es una afrenta a la ciudadanía.

Mientras tanto, el presidente del Congreso promete “evaluar” y “revisar” si existen más casos similares. La pregunta es: ¿necesita más evidencias para actuar? ¿O la complicidad partidaria seguirá imponiéndose sobre la ética pública?

El Congreso no puede seguir funcionando como agencia de empleos. La permanencia de Rosío Torres y su entorno cercano en puestos clave es un insulto a los peruanos que esperan integridad, no favores ni redes de impunidad.

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Política

‘Ley General de Turismo’ proyecta 34 mil nuevos empleos hacia 2030

La nueva normativa busca impulsar el desarrollo sostenible del sector, formalizar a miles de prestadores turísticos, atraer inversiones y fortalecer la economía local en todas las regiones del país, generando un movimiento económico superior a 17 mil millones de dólares.

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La presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, anunció este jueves que el Ejecutivo está sentando las bases para consolidar un turismo fuerte, sostenible y descentralizado, capaz de generar al menos 34 mil nuevos puestos de trabajo en todo el país. Así lo señaló durante la ceremonia de promulgación de la nueva Ley General de Turismo, realizada en Palacio de Gobierno.

En el acto participaron el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana Cavides; la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León Chempén, así como otras autoridades del sector.

“El turismo no solo es una fuente de ingresos para miles de familias peruanas; también constituye un motor clave para el crecimiento económico y un pilar fundamental en la promoción de nuestra cultura y diversidad ante el mundo”, expresó la mandataria.

Boluarte Zegarra destacó que la promulgación de esta norma representa un hito en la modernización del sector turístico, al fomentar su desarrollo competitivo y sostenible. Según detalló, la ley permitirá la formalización de al menos cinco mil nuevos prestadores de servicios turísticos en las denominadas zonas especiales de desarrollo, lo cual contribuirá significativamente a dinamizar las economías locales.

Además, precisó que se espera una reducción del 30 % en la oferta informal en los destinos turísticos priorizados, mediante la implementación de controles efectivos y el fortalecimiento del apoyo a las micro y pequeñas empresas del sector (mypes).

Uno de los avances más relevantes que trae la nueva normativa es la ampliación del régimen de recuperación anticipada del IGV, que ahora beneficiará a más de 5,900 empresas turísticas, en contraste con las menos de mil que podían acceder bajo el esquema anterior.

Además, subrayó que, con esta ley, se proyecta alcanzar más de mil millones de dólares en nuevas inversiones turísticas públicas y privadas hacia 2030, lo que generaría un movimiento económico superior a los 17 mil millones de dólares. Esta cifra representa un crecimiento de más del 52 % respecto al desempeño del sector en 2024. Asimismo, reafirmó el compromiso de su gobierno con el fortalecimiento institucional del turismo, al proyectar la llegada de más de cinco millones de turistas internacionales por año al 2030, cifra que representa una meta ambiciosa pero alcanzable.

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Política

Perú estudia salir del ‘Sistema Interamericano de Derechos Humanos’

¿Avance o retroceso? El titular del Minjusdh, Juan Alcántara anunció que la Cancillería liderará una comisión multisectorial encargada de evaluar rigurosamente la permanencia del Perú en el SIDH.

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El reciente anuncio del ministro de Justicia, Juan Alcántara, sobre la conformación de una comisión liderada por la Cancillería para evaluar la permanencia del Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) marca un momento clave y delicado en la política exterior y de derechos humanos del país. Esta decisión, impulsada por el premier Eduardo Arana y respaldada por el Ejecutivo, pone sobre la mesa una discusión que tiene implicancias jurídicas, diplomáticas y éticas de gran magnitud.

El hecho de que la Cancillería esté a cargo de esta comisión responde a criterios de competencia institucional. El Ministerio de Relaciones Exteriores, liderado por Elmer Schialer, posee la atribución exclusiva de conducir la política exterior del país, y por tanto, la eventual denuncia o retiro de tratados internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, recae en su ámbito. No obstante, esta formalidad no exime al Estado peruano de asumir las consecuencias que implicaría alejarse de un sistema que ha sido tradicional en la protección de derechos fundamentales, durante las últimas décadas, especialmente en contextos donde la justicia interna ha sido insuficiente.

El SIDH ha sido históricamente una herramienta de protección para las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos en la región. Casos emblemáticos en el Perú, como los de La Cantuta, Barrios Altos o los abusos en penales durante la época de la subversión, encontraron justicia internacional cuando los mecanismos nacionales fallaron.

No obstante, también se han registrado excesos por parte de diversos sectores, en especial algunas ONG que, de manera cuestionable, han instrumentalizado el discurso de los derechos humanos para obtener financiamiento millonario de fundaciones internacionales, promoviendo con ello una agenda progresista. En algunos casos, incluso han recurrido a demandar al Estado con el aparente objetivo de obtener indemnizaciones cuantiosas. A esto se suma la creciente y desproporcionada injerencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), lo cual ha generado preocupación en distintos sectores del país.

La CIDH impone su agenda: Hace unas semanas rechazó amnistía para militares que enfrentaron al terrorismo.

El Ejecutivo plantea que esta evaluación se hará de manera multisectorial —incluyendo al Congreso, la sociedad civil y la academia—, es decir, esta comisión deberá tomar una decisión en un espacio real de deliberación democrática.

La soberanía democrática se fortalece cuando el país se sujeta a estándares supranacionales que garantizan el respeto a la dignidad humana; sin embargo, esta es insoslayable y bajo ningún concepto debería socavarse con algún tipo de injerencia internacional inapropiada.

En conclusión, esta comisión debe ser transparente, técnicamente sólida y abierta al escrutinio público. De lo contrario, podría sentar un precedente regresivo en la protección de derechos humanos en el Perú.

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Política

Rechazan apelación de Pedro Castillo y seguirá en prisión preventiva por 18 meses

La Corte Suprema declaró infundada la solicitud de cesación de prisión preventiva presentada por la defensa del expresidente, quien enfrenta cargos por rebelión, abuso de autoridad y perturbación del orden público.

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El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema declaró infundada la solicitud de ‘cesación de prisión preventiva’ presentada por el abogado del expresidente Pedro Castillo. Con esta decisión, se confirma la vigencia de la medida coercitiva de 18 meses, dispuesta el 5 de julio de 2024 por la Sala Penal Permanente.

La resolución forma parte del proceso penal que se le sigue a Castillo Terrones por su presunta responsabilidad en delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional. Entre los cargos más graves figura el delito de rebelión, contemplado en el artículo 346° del Código Penal, además de abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública.

El Poder Judicial ha considerado que no existen elementos nuevos que justifiquen una variación de la medida. Para el tribunal, los delitos imputados son de suficiente gravedad como para sustentar la prisión preventiva, en tanto se continúa desarrollando el juicio correspondiente.

La defensa del exmandatario alegó que la medida resulta excesiva y desproporcionada, pero su apelación fue rechazada. Según la Corte Suprema, las condiciones jurídicas que motivaron la decisión original se mantienen vigentes, así como el riesgo procesal que representa el imputado.

Castillo se encuentra actualmente recluido en el penal de Barbadillo, donde cumple la prisión preventiva impuesta. Esta medida fue ratificada tras la revisión de los elementos presentados en la investigación fiscal, entre ellos su intento de disolver el Congreso en diciembre de 2022, que dio origen a su detención y posterior procesamiento.

El proceso judicial avanza con audiencias periódicas, aunque no exentas de controversia. En las últimas semanas, se han registrado enfrentamientos verbales entre los magistrados y la defensa legal, reflejando el clima tenso que rodea el caso.

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