Qué se puede esperar si la cabeza del Ministerio de Educación (Minedu), Morgan Quero, lanza ‘vivas’ al autismo, califica de “prácticas culturales” las violaciones perpetradas a niñas awajún, o manda a todos los niños a clases virtuales cuando la realidad de la conectividad al internet es sumamente deficiente.

Qué se puede esperar si los colegios se caen a pedazos, la infraestructura es precaria, los niños no tienen donde sentarse y tienen que caminar largas horas para llegar a su centro de estudios.

Tampoco se puede pedir mucho si el año pasado hubieron más de 15 feriados, muchas clases se realizaron de manera virtual, colocando grabaciones que reemplazaban a los profesores, y que terminadas las clases los padres los dejaban a su suerte a sus hijos para pasar largas horas pegados a un celular o una computadora.

Recientemente, el Minedu publicó los resultados de la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje (ENLA) 2024, arrojando una triste realidad: solo el 32,8 % de los escolares de cuarto de primaria obtuvieron una nota satisfactoria en Lectura, resultado inferior al 33 % obtenido en el año 2023.

En el caso de Matemática, el 29,5 % de estudiantes logró desempeños adecuados, un ligero aumento frente al 22,5 % del año anterior. A pesar del incremento, ambos resultados están aún por debajo de los niveles registrados antes de la pandemia.

Para el economista Franco Saito, de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), estos desempeños comprometen seriamente el desarrollo del país y exigen un rediseño de estrategias pedagógicas desde los primeros grados escolares.

“Un estudiante que no entiende lo que lee no puede continuar su proceso de aprendizaje de forma autónoma ni tomar decisiones informadas. Y sin habilidades matemáticas básicas, incluso administrar su dinero se convierte en un desafío”, alertó.

La educación en la selva es para llorar

La situación se torna más crítica en las regiones de la selva. Loreto, por ejemplo, registró apenas un 12,8% de desempeño satisfactorio en Lectura y un preocupante 6,3% en Matemática, siendo la región con los peores resultados del país. Aunque hubo un leve avance respecto a 2023, las cifras siguen reflejando una desigualdad educativa estructural.

En contraste, las regiones del sur como Moquegua y Tacna lideraron nuevamente el ranking nacional. En Lectura, el 50,6% y 50,1% de estudiantes lograron un nivel satisfactorio, respectivamente. Sin embargo, ambas regiones presentaron caídas significativas frente a los resultados de 2023. En el área de Matemática, Tacna alcanzó el 57,3% y Moquegua el 53,9% de estudiantes con desempeño adecuado, manteniéndose como referentes en la educación nacional.

En medio de las tensiones por su menoscabada relación que ha mantenido en los últimos meses con la mandataria, el expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola Peñaranda habló fuerte y claro y afirmó que él no le tiene miedo a la presidenta Dina Boluarte, ni a una probable intervención de la DINI. Asimismo, aseguró que continuará diciendo la verdad, a pesar que ella se moleste con él.

El expremier se pronunció sobre el mandato de Boluarte Zegarra y ratificó que él continuará brindando declaraciones, así ello traiga consecuencias, declaró en una entrevista para Infobae.

“Que se siga molestando. No le tengo miedo ni a ella ni a la DINI”

«No se trata de revelar secretos de Estado, que no lo voy a hacer, ya que tengo la obligación constitucional de mantener en reserva algunos asuntos de Estado. Pero yo no voy a mentir. No soy un mentiroso. Si se molesta conmigo porque digo la verdad, que se siga molestando. No le tengo miedo ni a ella ni a la DINI. (…) Que sepan que los actos generan consecuencias», advirtió Otárola Peñaranda.

Otárola acusa a Boluarte de ordenar su ‘reglaje’

Por otro lado, Otárola Peñaranda aseguró que tiene pruebas y testigos de que la mandataria Boluarte estaría ordenando de que se le perjudique en investigaciones fiscales y policiales. Y le recomendó que sustituya el verbo “odiar” por el de “gobernar”. Asimismo, reveló que desde que salió de la Presidencia del Consejo de Ministros, ha sido víctima de reglaje y señaló que vecinos y clientes le han informado que ven gente fotografiando su centro laboral. Otárola, responsabilizó a la presidenta Dina Boluarte y aseveró que ella estaría detrás de la supuesta persecución política contra él.

«Ella cree que soy la bestia negra, el responsable de todos sus males. Y aprovecho este momento para sostenerlo firmemente: yo no tengo sus cuentas iCloud, no me reúno con sus exasistentes, no conozco a (Harvey) Colchado ni a Marita Barreto», mencionó.

Para expremier, Gustavo Adrianzén es un ‘fantasma’

Finalmente, el expremier Alberto Otárola Peñaranda indicó que Dina Boluarte es responsable del Gabinete Ministerial que la secunda y mencionó que el ministro de Educación Morgan Quero es un «ágrafo»; mientras que el titular del Interior es un ‘pirañita’; y que el actual premier Gustavo Adrianzén es un «fantasma».

«Ella es responsable de nombrar a un ‘ágrafo’ como ministro de Educación, a un ‘pirañita’ como Ministro del Interior, y a un ‘fantasma’ como primer ministro. Que asuma las consecuencias y sustituya el verbo odiar por el de gobernar», concluyó.

El exprmier Alberto Otárola salió a responderle fuerte a la presidente Dina Boluarte. "Yo no voy a mentir, yo no soy un mentiroso. Yo no le tengo miedo". @AlbertoOtarolaP @pcmperu @presidenciaperu @FiscaliaPeru @congresoperu pic.twitter.com/ipvFuYeQCZ

— Revista Lima Gris (@Limagris) April 9, 2025

Se las saben todas. Nuestros ‘padres de la Patria’, aquellos que acostumbran de contar con seguridad, viajar cómodamente, tener la facilidad de votar virtualmente, contar con asesores si desconocen de algún tema jurídico (lo cual sucede frecuentemente), degustar exquisitos buffets, y una larga lista de privilegios, ahora podrán realizar campaña política sin renunciar a su cargo legislativo.

Así quedó establecido en la Ley 32058, que establece medidas para la optimización del proceso electoral y que modifica la Ley Orgánica de Elecciones y la Ley de Organizaciones Políticas.

Esta norma fue aprobada por el pleno del Congreso en mayo del año pasado, quedando con carta libre para ostentar todo cargo de elección popular por coincidir el último año de gestión parlamentaria con los procesos electorales del 2026.

Así, los legisladores podrán participar de las Elecciones Generales 2026 y presentarse a la Presidencia y vicepresidencia, Congreso bicameral, a través de las cámaras de senadores y diputados. También, a nivel de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, podrán presentarse a las presidencias, vicepresidencias de los gobiernos regionales, así como a las alcaldías y regidurías.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Los congresistas podrán postularse y llevar a cabo campañas políticas sin necesidad de renunciar a su cargo legislativo, gracias a la promulgación de la Ley 32058, que establece medidas para optimizar el proceso electoral.

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— Exitosa Noticias (@exitosape) April 9, 2025

Se podría dar mal uso de los recursos del Estado a favor de sus campañas

Al respecto, el Jurado Nacional de Elecciones ha exhortado a las autoridades a respetar las normas de neutralidad electoral de cara a los comicios, pero hay quienes advierten que existe una delgada línea que separa la labor de representación con la del proselitismo político, y allí surge el riesgo de que los recursos del Estado sean mal utilizados.

De esta manera beneficios como movilidad, personal de seguridad, viajes pagados, viáticos, alimentación o hasta papel y fotocopias pueden usarse para fines políticos con el presupuesto del Parlamento.

Libre de toda sospecha. La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad confirmó —por unanimidad — la sentencia absolutoria dictada contra el empresario y ex dirigente deportiva Edwin Oviedo por el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Transitorio de Trujillo el 22 de agosto del año pasado.

Oviedo Picchotito, junto a otros procesados, fue declarado inocente, en dos instancias, de los homicidios en agravio de Manuel Rimarachin Cascos y Percy Waldemar Farro Witte. En la audiencia, el colegiado determino que la Fiscalía no presentó pruebas de cargo que demuestren la culpabilidad de los acusados.

Como se recuerda, la investigación y acusación fue realizada por el ex fiscal Juan Carrasco Millones. Esta fue criticada por el juzgado a cargo del juicio, así como por la sala que revisó y confirmó la sentencia absolutoria.

#AlDíaConWillax | Confirman absolución de Edwin Oviedo en caso 'Los Wachiturros de Tumán'

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— Willax Televisión (@willaxtv) April 9, 2025

Al respecto, el abogado César Nakasaki confirmó que fueron los tres jueces de la Sala de Apelaciones quienes declararon por unanimidad la inocencia de Oviedo, al determinar que el caso se construyó bajo «un pésimo uso de la colaboración eficaz», sin pruebas de corroboración.

«Después de diez años de persecución penal arbitraria y más de 550 días preso, finalmente el Poder Judicial en dos instancias reconoce la inocencia por la cual él luchó desde el primer día junto a su familia», aseguró.

De acuerdo al letrado, el PJ determinó que hubo una “actuación indebida” del fiscal Carrasco, por lo cual se ordenó que se investiguen las razones por las cuales se construyó el caso en su contra usando “mecanismos arbitrarios indebidos”, tras lo cual evaluarán las acciones legales pertinentes.

“Lo primero, lograr que se ejecute la sentencia del Poder Judicial y que inicie la investigación por parte de la Autoridad de Control del Ministerio Público. Y nosotros podemos sumar una acción de responsabilidad civil por una actuación indebida del fiscal, dependiendo de que se vaya determinando ante el órgano de control», sostuvo.

La congresista del bloque de los ‘No agrupados’, María del Carmen Alva Prieto presentó el proyecto de Ley n.° 10737/2024-CR, que modifica la Ley n.° 31814, “Ley que promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país, con el fin de fortalecer el uso ético e inclusivo de la inteligencia artificial (IA)”.

Sin embargo, en el artículo 1° que señalaba el objeto de la ley, se mencionaba a las Ollas comunes, a pesar que esta se refería a modificaciones en la Ley de IA.

Alva retiró proyecto de ley que hablaba de ‘Ollas comunes’ pese a ser para inteligencia artificial

En tal sentido, la iniciativa legal presentada por María del Carmen Alva tuvo que ser retirada por un error en su primer artículo, el cual hacía referencia a un tema ajeno al resto del contenido normativo, (Ollas Comunes) situación que generó duras críticas y dejó en evidencia la falta de rigor legal y revisión técnica antes de presentar iniciativas legales. Es decir, algunos parlamentarios ni siquiera revisan las propuestas de sus textos sustitutorios y todo el trabajo escrito generalmente se lo encomiendan a sus asesores cercanos. 

La decisión fue tomada aludiendo a un «error material» en la redacción de la primera página, apenas cuatro horas después de haber sido presentada. Ese mismo día, lunes 7 de abril, a las 3 de la tarde, la legisladora Alva Prieto solicitó al cuestionado oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno, el retiro de su Proyecto de Ley 10737/2024-CR, argumentando la existencia de un «error material en la redacción del artículo 1°, referido al objeto de la ley». por su parte, en el portal institucional del Congreso se indica que la propuesta legislativa fue retirada a pedido de su autora.

¿Ley de IA para mejorar a Ollas comunes?

Hay que remarcar que el proyecto de ley fue presentado a las 11 de la mañana del mismo día 7 de abril y tenía como objeto modificar la ley actual sobre inteligencia artificial (IA), con la finalidad de «fortalecer el uso ético e inclusivo de la IA». Sin embargo, el impase se presentó en su primer artículo, donde se señalaba el objeto de la ley. en dicho artículo se afirmaba que el propósito era «mejorar la constitución, reconocimiento y registro de las ollas comunes, así como garantizar su financiamiento y sostenibilidad», algo que no guardaba relación con el tema de inteligencia artificial.

Mientras el fiscal Domingo Pérez denuncia que ANC del Ministerio Público no le permite ingresar a la Fiscalía para retirar sus pertenencias (responsabilizó al jefe responsable, Juan Fernández Jerí, de emitir una disposición que le impide ingresar a su oficina y hacer el traspaso de sus documentos) y poco después de ser suspendido por la Autoridad Nacional de Control del MP de su cargo como fiscal del Equipo Lava Jato por 6 meses; las reacciones en el congreso no se hicieron esperar.

Cavero fue frontal en su crítica al fiscal: «Domingo Pérez ha sido el fiscal más inútil y politizado de la historia del ministerio público. Hasta ahorita no ha sido capaz de resolver ni uno solo de los casos que se le ha encomendado. Se ha dedicado a hacer declaraciones políticas, decir que es un perseguido, que es una víctima cuando en realidad es un fiscal incompetente, politizado y con gravísimas acusaciones de desbalance patrimonial que hace rato debió no solo ser suspendido sino separado del ministerio público».

Exigió también que el Ministerio público sea un órgano objetivo e imparcial.

Por su parte la congresista Juárez también se mostró dura respecto al fiscal Pérez:

«Mi posición es que el señor Domingo Pérez con esta sanción ha sido premiado (…) Debemos de   ver qué resultados obtiene, por ejemplo, ya hemos visto que el juez declaró nulo la acusación fiscal en el caso cócteles. Y nula por inconsistente, por estar mal hecha (…) Ahora él se va suspendido y luego quién va a asumir la responsabilidad de todo lo que hizo Domingo Pérez y su equipo (…) ellos han perseguido, promovido la persecución de tal manera que hemos visto como un ex presidente se ha quitado la vida para evitar caer ser esposado y conducido de esa manera como ocurrió con otros políticos. Entonces todo eso son consecuencias que tiene que asumir el señor Domingo Pérez».

También refirió años de gasto infructuoso del Estado en sus investigaciones.

En la resolución emitida este lunes advierten que Domingo Pérez está “impedido de ejercer durante ese periodo las atribuciones propias de la condición de fiscal” por presuntas infracciones administrativas.

¡Escudero a la vista! El ministro de Educación, Morgan Quero Gaime, calificó como «cortinas de humo» a las informaciones que revelan que la presidenta de la República, Dina Boluarte, solicitó al Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, presidida por el juez supremo Juan Carlos Checkley, no divulgar su historial clínico en la investigación que se le sigue en su contra, por el ‘caso cirugías’.

El titular del Ministerio de Educación presentó este martes la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje (ENLA) 2024, prueba censal realizada el 19 y 20 de noviembre del año pasado, y al momento de ser abordado por la prensa para conocer su opinión sobre la investigación que se le sigue a la mandataria, por presunta omisión de funciones y abandono de cargo, tras haberse sometido a cirugías estéticas en la clínica Cabani en 2023; cuando se le preguntó si tenía conocimiento sobre la solicitud que formuló Dina Boluarte durante una audiencia del 4 de abril al Juzgado de la Corte Suprema para evitar que los médicos revelen la historia clínica y detalles sobre sus intervenciones quirúrgicas en junio de 2023, Morgan Quero inmediatamente rechazó esa acusación y la calificó como «cortina de humo».

«Han mencionado que Dina Boluarte ha solicitado que no se levante su reporte médico o se sepa sobre su historial médico. ¿Usted apoya las decisiones que ha hecho durante esta audiencia del Poder Judicial?», le consultó una periodista, mientras que el ministro Quero Gaime pretendió ser irónico en su respuesta: «Le agradezco que nos hagan preguntas sobre cortinas de humo, muchas gracias».

Si la educación nacional se encuentra por los suelos, teniendo a muchos egresados ocupando su tiempo en cualquier otra actividad ajena a su carrera, ahora el promover un acceso casi directo terminaría por eliminar el filtro de aptitud que muchas casas de estudios superiores tienen para admitir a los nuevos estudiantes.

La bancada de Perú Libre viene impulsando un dictamen en la Comisión de Educación para que se cree una única modalidad de ingreso a todas las universidades, sean estas públicas o privadas, denominada ‘ciclo cero’, la cual deberá de ser mayoritariamente subvencionada por las casas de estudio superiores.

Ese dictamen, fomentado principalmente por los congresistas Waldemar Cerrón y Segundo Montalvo, menciona que el costo de funcionamiento del ‘ciclo cero’ deberá ser mayoritariamente financiado por las universidades, teniendo que pagar solamente el alumnado 42,90 soles mensuales.

Ante ello, la Asociación Nacional de Decanos de Universidades del Perú se ha mostrado en contra de dicho dictamen, sosteniendo que se estaría transgrediendo la autonomía de cada institución.

“Este dictamen no fortalece absolutamente nada; constituye un atropello inaceptable contra la autonomía universitaria y pone en riesgo la sostenibilidad del sistema público universitario al intervenir arbitrariamente en los recursos propios, desmantelando la capacidad operativa de las universidades públicas”, se lee en el pronunciamiento.

“(…) docentes, materiales, laboratorios, bibliotecas, tutorías, servicios básicos, infraestructura, personal administrativo, etc. ¿Cómo pretenden que con S/42 al mes por estudiante se pague todo eso? Ni siquiera alcanza para cubrir el sueldo básico de un docente, ni mucho menos para garantizar condiciones mínimas de calidad.

“Este dictamen del “Ciclo Cero” busca imponer a las universidades públicas una carga financiera que corresponde al Estado, sin asignación presupuestal alguna, en un contexto ya marcado por recortes sistemáticos ejecutados anualmente por el propio Poder Ejecutivo, y sin plazas remunerativas a los Decanos(as)”, se acusa en el documento oficial.

Universidades presentarían una demanda de inconstitucionalidad de proseguir el dictamen

Además, los decanos de las universidades públicas indican que, en caso de que se apruebe esta propuesta en el Pleno del Congreso, la respuesta inmediata será interponer demandas de inconstitucionalidad para evitar que esta medida sea aplicada.

“De aprobarse esta ley en el Pleno del Congreso, se interpondrá demandas de inconstitucionalidad, por violar el artículo 18 de la Constitución Política del Perú (autonomía universitaria), la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el principio de sostenibilidad presupuestaria y equidad de nuestras universidades por atentar contra nuestros Centros de Producción (Admisión)».