La canciller Ana Gervasi pasa por su peor momento ante la fiscalización de la prensa que aporta a la calidad en la gestión institucional, a la ética en la función diplomática, la idoneidad en el servicio público y la integridad institucional.
Pues, al parecer, ella ni enterada porque viene toreando una entrevista sobre el llamado Caso Fortunato Quesada, lo cual es tanto peor para Torre Tagle porque han aparecido nuevos hechos de un complot el 8 de agosto y 18 de setiembre en el programa “Habla el Pueblo” (RBC Televisión).
Adicionalmente, este caso reaparece con más contundencia a partir de una sentencia judicial, que no solo declaró nula una resolución ministerial de Néstor Popolizio y una resolución viceministerial firmada por Hugo de Zela, mediante las cuales destituyeron al diplomático Fortunato Quesada, sino que el Estado —por transparencia— debería proceder de inmediato a suspender cualquier tipo de blindaje o complicidad.
En exclusiva, mostramos en esta columna el primero de dos documentos que corroboran la existencia de una conspiración para atentar contra el honor y la dignidad del embajador de carrera Fortunato Quesada, a quien se le destituyó injustamente. Ese documento es el “registro de mensajes de WhatsApp de los diplomáticos comprometidos”, que cuenta con visado oficial de la Embajada del Perú en Israel y fedateado en sus 31 folios por el jefe de la sección consular Víctor Alejandro Reynoso.
Esos folios demuestran el complot originado dentro de Torre Tagle y que hoy mismo podría seguir actuando en medio de la nocturnidad o indiferencia de las autoridades de la Cancillería. Ahí están los diálogos de Whatsapp que constan en un archivo investigatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, conversaciones y coordinaciones entre Pedro Rubín, entonces ministro consejero de la embajada de Perú en Israel, y José Boza, jefe del gabinete de Cancillería, fallecido en agosto del 2022.
Pruebas al canto. El 30 de mayo del 2018, Pedro Rubín, nombrado inexplicablemente cónsul general del Perú en Río Branco —por obra y gracia de la canciller Gervasi—, decía en uno de sus WhatsApp: “Hola José te adelanto los audios del caso. Hoy o mañana sale mensaje oficial respectivo. Tienes un mail privado”.
Transcripción de los chats. Fuente Transparencia.
No obstante, el nivel de coordinación era más elevado, pues la conspiración llegaba al mismo Ministro de Relaciones Exteriores, Néstor Popolizio, y a Hugo de Zela, en el 2018 con el cargo de viceministro. El 6 de enero del 2018, Pedro Boza (alto funcionario de Cancillería) preguntaba: “Hay posibilidades que me consulten a criterio de Néstor y Hugo?”, acotando luego el 6 de febrero del 2018 lo siguiente: “te paso los datos de contacto a Rossana Cueva del programa Panorama”.
Por otro lado, el 6 de marzo del 2018 José Boza le escribía a Pedro Rubín: “Los audios bastan y sobran para efectos de prensa. Háganlos llegar a Panorama. Rossana Cueva ya está al tanto que hay abusos en la embajada de Tel Aviv. Está a la espera que la contacten”.
El 6 de junio del 2018, José Boza decía: “Tmbn están interesados acá en freír al huevonazo abusivo”, y el 14 de junio de dicho año agregaba muy suelto de huesos desde un número telefónico de la Cancillería en Lima: “tú tranquilo. Ya se están preparando las primeras medidas para activarlas el mismo lunes. Yo tmbn he hablado con RC (Rossana cueva). Tranki. Paso a paso.” (…) “Las medidas serán de inmediato”.
Transcripción de los chats. Fuente Transparencia.
También se refieren al embajador Luna, que fue canciller del 2016 al 2017. Y quien habla el jueves 17 de junio de 2018 es Pedro Rubín, con las siguientes expresiones: “Cuéntale al embajador Luna. Dile que fue en su honor”.
El 18 de junio del 2018, el WhatsApp de José Boza ponía estos términos textualmente: “El siguiente paso inmediato será poner término a sus funciones, por eso la premura”. También con absoluta premeditación, alevosía y ventaja, Boza le daba tranquilidad y confianza a Rubín: “Yo tmbn estoy de acuerdo, pero de otro lado no creo que haya nada que temer de él. Ya está hecho”.
Para el 21 de junio del 2018, Pedro Rubín reclamó más atención y contó el complot en toda su dimensión, las tratativas, los acuerdos bajo la mesa y las prebendas, revelando a los cerebros del plan: Néstor Popolizio y Hugo de Zela. Esto es lo que escribió Rubín:
“Muy dolido por la manera que acabo de ser tratado. No es justo. Todos saben que yo soy el que solucionó el problema Quesada. Sólo para ti este mensaje. Quiero que sepas que duele que te traten así. Ni siquiera me han defendido de los ataques e insultos. Cumplí con informar a Néstor y Zela de la amenaza de Fortunato. No quiero beso, no quiero reconocimiento. Solo quiero que no me griten. Pido respeto. Ni Fortunato me ha tratado así. Muy triste Todo esto”.
El 21 de junio del 2018, en otro WhatsApp, Pedro Rubín escribió: “Sí pero me llama a gritos y me amenaza a gritos de desacato. Ponte en mi lugar. Cómo lo tomarías? Lo último que falta es que me abran proceso disciplinario por los cargos hechos contra por un loco maldito. Ya nada me extraña. Pena.”
Transcripción de los chats. Fuente Transparencia.
Esto se producía en medio de las grabaciones ilegales y preparando el camino para pasar todo a Rossana Cueva, de Panorama. En el interín José Boza le respondía: “No pierdas la proporción de las cosas. Denle toda la info a salas necesaria para destituir a Q.”
El 27 de junio del 2018, José Boza escribía vía Whatsapp a Pedro Rubín: “No te preocupes. Las cosas van a ir por donde deben ir, empezando por término de funciones, traslado a Lima y puesta en disposición de la ORH, todo a la brevedad posible”, acotando luego lo siguiente: “Está hecho (Quesada). No tiene margen alguno de acción”.
No obstante, el grado de perversidad y maldad queda en toda su expresión con la siguiente declaración de Rubín dirigida a José Boza, el 29 de junio del 2018: “Verdad, no? Me alegra que lo mandaran a Israel (a Quesada) para encargarme de él. Yo tengo una nutrida experiencia. Casi un doctorado de deshacerme de desgraciados. Valdrá en vez de la maestría que no tengo?”.
Transcripción de los chats. Fuente Transparencia.
La gente al más alto nivel aparece metida en esta trampa, como el entonces vicecanciller Hugo de Zela. Así, un WhatsApp de José Boza indica: “Vice dice que no ofrezcas la residencia”. Y Pedro responde: “perfecto. Por eso pregunto. Gracias”.
El complot contra el embajador Fortunato Quesada iba con todo, así el 9 de julio del 2018, José Boza escribe a Pedro Rubín: “La Comisión Disciplinaria recomendará destitución y el VMR y el MIN aprobarán la recomendación. Punto”.
Todos estos individuos en la Cancillería, José Boza por un lado y Pedro Rubín, por el otro, así como el entonces viceministro Hugo de Zela y el ministro de Relaciones Exteriores de entonces, Néstor Popolizio, dejaban el terreno fértil para la destitución de Fortunato Quesada.
Ahora bien, el pago por todo ese servicio de demolición pudo darse de varias maneras, y en ese contexto, Pedro Rubín, en sus WhatsApp del 17 de julio lo pintó así, cuando se dirigía a José Boza: “Si me ofrecen la jefatura de un consulado general pequeño en Europa no tengo el menor inconveniente”. Boza le respondió lo siguiente: “Ok. Ya te cuento lo que piensen el 1 y el 2 al respecto”.
En el folio 22 del documento que contiene las transcripciones de los WhastApp, el mismo Pedro Rubín, con fecha 23 de agosto, le escribe a Boza: “Si estás ocupado lo dejamos para el lunes. Hoy estoy un poco ajustado de tiempo. Lo único que te quiero pedir es que me ayudes. Hablando con colegas pareciese que yo soy culpable de todo. El lunes paso para despedirme de Néstor y que me vuelva a asegurar que me cambiará a Valencia. Aunque siempre me quedarán dudas me podré ir más tranquilo”. Actualmente, Pedro Rubín tiene un consulado general, no será en Europa, pero sí en Brasil (Río Branco), gracias a la canciller Gervasi Díaz.
Transcripción de los chats. Fuente Transparencia.
En esta historia de un complot, como consecuencia de los ilegales y descontextualizados audios propalados en el programa Panorama, el 17 de junio del 2018, se consumó un atentado contra el embajador Quesada, quien al día siguiente ya era convocado a Lima, prácticamente para ser destituido en el acto, mientras que personas cuestionadas hoy expuestas al escrutinio público, como Néstor Popolizio, continúa de embajador en República Checa desde el 7 de diciembre del 2021.
En un próximo informe abordaremos el segundo documento, el de la Oficina de Recursos Humanos, cuyas conclusiones sobre los artífices del complot no deberían quedar en la impunidad y la inmunidad de las argollas enquistadas en la administración pública.
En suma, se demuestra en 31 folios de WhastApp que los funcionarios Popolizio y De Zela estaban al tanto de todo porque no era posible que no supieran de las comunicaciones de un jefe de gabinete ministerial como José Boza y de Pedro Rubín, un ministro consejero de una embajada importante como la de Israel.
Es decir, todo indica que estos no actuaban por la libre, lo que se corrobora con el hecho de que el plan de “freír” mediáticamente a Fortunato Quesada continuó hasta el 17 de junio del 2018, cuando Panorama (de Panamericana Televisión) presentó audios editados y descontextualizados; y al día siguiente, 18 de junio, la resolución de su destitución prácticamente ya estaba hecha.
Por si fuera poco, la alta dirección de Cancillería -a la luz de los coordinado entre José Boza y Pedro Rubín- actuó como juez y parte, tal como se revela desde la sentencia del Poder Judicial recaída en el Exp. N° 05382-2019 (Resolución N° 22), del pasado 20 de setiembre, evacuada por el Décimo Séptimo Juzgado de Trabajo Transitorio (Sub Especialidad Contencioso administrativo).
Nuevo escándalo en Condorcanqui: Subprefectos y un ministro de Educación en medio de irregularidades
Tras la denuncia de violaciones masivas de niñas y adolescentes de los grupos étnicos Wampís y Awajún, aparece un nuevo caso que involucra al Ministerio de Educación y al Ministerio de Interior en la región Amazonas.
En medio de la crisis educativa que vive Condorcanqui (Amazonas), nuevas denuncias salpican al actual Subprefecto Provincial, Romer Orrego Ikam. Según documentos oficiales y testimonios a los que se tuvo acceso, Orrego estaría presuntamente apoyando al Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado «San Marcelo» para operar de manera irregular en las sedes de Nieva y El Cenepa.
Esta institución, dirigida por los hermanos Rosales, ha estado ofreciendo formación docente sin contar con las autorizaciones necesarias. Según la Resolución Directoral N.º 00085-2020-MINEDU-VMGP-DIGEDD-DIFOID y el reciente Oficio N.º 00130-2025-MINEDU/VMGP-DIGEDD, esta institución «no cuenta con licenciamiento ni con filial autorizada por el Ministerio de Educación».
El 12 de noviembre de 2024, mediante Oficio N.º 02302-2024-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIFOID dirigido al propio Orrego Ikam, el MINEDU estableció categóricamente que: «El Instituto de Educación Superior Pedagógica privado ‘San Marcelo’ no cuenta con autorización para brindar servicios en un lugar distinto al de su local ubicado en el distrito de San Miguel, provincia y región de Lima, ni para brindar servicios educativos bajo la modalidad a distancia».
El caso llegó incluso al Congreso de la República. El legislador Guido Bellido Ugarte, mediante Oficio N° 1175-2024-2025-GBU/CR del 12 de diciembre de 2024, solicitó información al MINEDU, quien confirmó la irregularidad del IESP «San Marcelo» en su Informe N° 00040-2025-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIFOID del 17 de enero de 2025.
La gravedad del caso aumenta tras la difusión de un audio en redes sociales el pasado 10 y 11 de marzo de 2025. Según el denunciante Luis Chigkim Catip, en dicha grabación se escucharía al Subprefecto Orrego Ikam negociando el retiro de una denuncia contra los hermanos Rosales por presuntamente intermediar en la apertura de sedes no autorizadas. En el audio, Orrego habría sugerido reducir de 5,000 a 2,000 soles el monto solicitado para desistir de la denuncia por presunta estafa.
Cabe recordar que Romer Orrego Ikam, quien defendió públicamente al Ministro de Educación Morgan Niccolo Quero Gaime en junio de 2024, fue designado como Subprefecto poco después, reemplazando a María Clarivel Huaman Jintach, quien fue sentenciada por solicitar pagos indebidos para el otorgamiento de garantías personales.
Como consecuencia de esta situación irregular, decenas de estudiantes que confiaron en esta institución han quedado en el limbo, ya que, según la normativa vigente, «el marco normativo que rige la trayectoria académica en la Formación Inicial Docente no admite regularizaciones».
Acta de firmas de denuncia Subprefecto.
Un acta del Juez de Paz de Condorcanqui, con participación del Comandante PNP William Herrera Cotera, muestra que ya existe un «pedido de destitución del señor Subprefecto ROMER ORREGO IKAM por haber pruebas contundentes sobre la negociación y estar involucrados directamente con el Instituto San Marcelo». Este documento hace referencia al aparente vínculo con Gilmer Nilton Rosales Sánchez, quien fue candidato por Fuerza Popular a la Alcaldía de Condorcanqui en las Elecciones Regionales y Municipales 2022.
Es urgente que tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio del Interior se pronuncien sobre estas graves acusaciones. Mientras tanto, en una región que sufre por la falta de profesionales docentes calificados en EIB, el Subprefecto anuncia que la atención de su despacho será virtual, limitando aún más el acceso a servicios gubernamentales en esta apartada provincia amazónica.
Por parte del ministro de Educación Morgan Quero existe un gran silencio. Por otro lado, ministro Diaz Zulueta, los ciudadanos necesitamos muestras de transparencia y lucha concreta contra la corrupción. No cometa el error del ex ministro Santiváñez que con la RM N° 1066-2024-IN de fecha 16 de agosto de 2024, decidió absolver a la ex subprefecta de la Provincia de Condorcanqui Rosemary Pioc Tenazoa, con la excusa de que se perdió el expediente de la denuncia. ¡El colmo!
Colegio Médico del Perú investiga a cirujano Mario Cabani por presunto intercambio de favores
El CMP inició investigación ética y disciplinaria en contra de Mario Cabani, cirujano de la presidenta Dina Boluarte porque habría gestionado puestos en entidades del Estado para personas allegadas a cambio de cirugías estéticas realizadas en su clínica.
El Colegio Médico del Perú (CMP) ha iniciado de oficio una investigación ética y disciplinaria contra Mario Cabani Ravello, cirujano estético de la presidenta Dina Boluarte Zegarra, por presuntas irregularidades en su práctica profesional y por ende por incumplir las normas deontológicas que rigen el ejercicio de la profesión médica en Perú.
Comunicado Oficial del CMP n.° 31-2025, que anuncia investigación a Cabani.
Esta investigación surge tras la publicación de un informe que en los medios de comunicación difunde documentos y correos electrónicos en el que se indica que el cirujano plástico habría solicitado puestos en el Estado para personas de su confianza y entorno, tras realizar intervenciones quirúrgicas a la mandataria Dina Boluarte.
Según el comunicado oficial del CMP N° 31-2025, el caso será evaluado por su comité ético, el cual analizará si Cabani Ravello incurrió en faltas deontológicas, específicamente relacionadas con el principio de imparcialidad y la conducta profesional en su relación con la presidenta. Si se encuentran irregularidades, podrían aplicarse sanciones disciplinarias al cirujano.
Este caso ya se encuentra en investigación preliminar en el Ministerio Público y ha cobrado más relevancia, tras la difusión de dos audios y de un correo electrónico, en el que Cabani Ravello habría solicitado a la exsecretaria personal de Boluarte Zegarra, Patricia Muriano Peralta, cargos en diversas entidades estatales, como EsSalud y PromPerú, para allegados suyos.
El doctor Mario Cabani ya empezó a hablar en Fiscalía, contra Dina Boluarte.
Exsecretaria Patricia Muriano declaró ‘virtualmente’ ante Fiscalía sobre cirugías de Dina Boluarte
Finalmente, la exsecretaria de la presidenta de la república Dina Boluarte, Patricia Muriano Peralta, si bien no llegó a aterrizar a suelo peruano, procedente de Estados Unidos para declarar presencialmente ante el Ministerio Público por el caso denominado ‘cirugías’; de todas maneras, realizó la diligencia y lo hizo de manera virtual ante el fiscal supremo Hernán Mendoza quien investiga el caso de las intervenciones quirúrgicas de la mandataria. Durante la comunicación en línea, Muriano Peralta ofreció detalles sobre las operaciones estéticas a las que se sometió Boluarte Zegarra en 2023.
Muriano Peralta no solo coordinó las consultas con el cirujano plástico Mario Cabani, encargado de realizar los procedimientos estéticos, sino que también tiene datos específicos sobre el financiamiento de dichas intervenciones.
En la diligencia virtual la exsecretaria de la presidenta Dina Boluarte confirmó detalles de la rinoplastia y otros procedimientos estéticos que la presidenta se realizó el año pasado. Asimismo, corroboró un audio que reveló la relación entre ambas, así como la posible manipulación de la historia clínica de Boluarte Zegarra. También, habría revelado que la jefa de Estado habría permanecido dos días hospitalizada en la clínica Cabani.
Patricia Muriano empezó a declarar ante Fiscalía.
De acuerdo con las investigaciones, Mario Cabani habría realizado al menos cinco procedimientos quirúrgicos a Dina Boluarte en el año 2023, entre los cuales se destacan una rinoplastia y una abdominoplastia. Asimismo, la clínica del doctor Cabani, ‘Cabani Health’, entregó a la Fiscalía documentos relacionados con las operaciones, incluidos correos electrónicos y cartas notariales que exigirían el pago de los procedimientos.
Un detalle que ha generado suspicacias, es la falta de facturas y la ausencia de la historia clínica de la presidenta de la República, la cual, según Muriano Peralta, habría sido retirada personalmente por Boluarte Zegarra.
Teniente alcalde de Chorrillos recibió ‘fajo de dinero’ para presunta coima a tribuno del JNE [VIDEO]
A través de un video se capta al primer regidor de Alianza para el Progreso (APP) Richard Cortez Melgarejo recibir una fuerte cantidad de billetes en una reunión privada. Tras la propalación del audiovisual, el Consejo Municipal lo encaró y lo suspendió. Asimismo, el alcalde Fernando Velazco, le dijo: «Vas a responder ante la Fiscalía».
El Municipio de Chorrillos, a través del Concejo Municipal, fue escenario de un escándalo tras la difusión de un video en el que se observa al teniente alcalde de las filas de Alianza para el Progreso (APP), Richard Cortez Melgarejo, recibiendo fajos de dinero, en medio de una reunión privada.
Durante la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Municipal, el alcalde Fernando Velazco presentó el material audiovisual ante los regidores y vecinos. En el video, Cortez Melgarejo discute sobre un proceso de vacancia y menciona contactos con miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Tercera Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Chorrillos, del jueves 27 de marzo.
En el audiovisual que se expuso frente a los 13 regidores que conforman el Concejo Municipal y algunos ciudadanos del distrito, el teniente alcalde de Alianza Para el Progreso (APP) intenta persuadir a su interlocutor para que le brinde un “apoyo económico” en lo que denomina una “línea de confianza con proyección al futuro”. Asimismo, Cortez Melgarejo habla sobre el proceso de vacancia aparentemente ‘obstruido’ en alguna instancia del JNE, y las soluciones que le encuentra a este trámite.
«Lamentablemente, este jurado está un poco desprestigiado. Entonces, estas situaciones, de cuestión de interpretación se manejan de otra forma. Yo he buscado la forma de contactarme con alguno de los cinco tribunos para así evitar que, al final, algún intermediario me termine engañando o mintiendo. A través del doctor Acevedo he logrado contactarme con uno de los tribunos. He tenido una conversación directa, seria y concisa. Para mí, es una batalla que voy a ganar», expresa el teniente alcalde en la conversación con uno de los presuntos ‘aportantes’.
El interlocutor le termina dando una ‘inicial’ pecuniaria a Cortez Melgarejo: «Toma, te estoy dando 5 (mil soles). Una señal de buena voluntad. A más tardar, mañana te estoy dando 35 (mil soles)».
Posteriormente, en otra parte del video, que recopila varias grabaciones, Richard Cortez Melgarejo influye en otra persona, a la que revela, conoció a través de un tercero al que llama ‘Tejada’, para que se sume a la recolección de fondos que, según exclama, ya tiene acumulado 150 mil soles. En seguida, este nuevo ‘aportante’ le da un nuevo fajo de billete, Cortez Melgarejo cuenta la suma y lo mete a su bolsillo.
Concejo Municipal lo suspendió
Tras observar las reveladoras imágenes, los demás integrantes del Consejo Municipal increparon fuertemente a Richard Cortez Melgarejo por su presunto acto de corrupción y anunciaron la suspensión de sus funciones por contravenir los principios éticos de la función pública. Tras conocer dicha decisión, el teniente alcalde trató de defenderse, pero terminó protagonizando una fuerte discusión con el alcalde de Chorrillos Fernando Velazco, y tras abandonar la sesión, la autoridad edil le dijo: «Vas a responder ante la Fiscalía».
🚨 Teniente alcalde de Chorrillos y militante de Alianza Para el Progreso, Richard Cortez Melgarejo, fue captado recibiendo 'plata como cancha'.
‘Renovación Popular’ defiende a ‘Fuerza Popular’ y rechaza a Fiscal de la Nación por pretender su cancelación
A través de un comunicado, el partido ‘celeste’ de propiedad de Rafael López Aliaga se solidariza con el partido de Keiko Fujimori, debido a la disposición de la fiscal Delia Espinoza, que podría determinar la extinción del partido ‘naranja’ y el de Carlos Álvarez, ‘País para Todos’.
El partido político de Rafael López Aliaga, ‘Renovación Popular’, se pronunció con respecto a la medida dispuesta por la Fiscal de la Nación Delia Espinoza Valenzuela, y rechazó que busque declarar la ilegalidad de las organizaciones políticas ‘Fuerza Popular’ y ‘País para Todos’. Mediante un comunicado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) exhortaron a Espinoza Valenzuela a «avocarse a su función» y no utilizar políticamente sus facultades fiscales. Asimismo, el (CEN) indicó que aquello solo interferiría en el proceso electoral convocado.
Renovación Popular, mediante sus redes sociales, compartió el comunicado oficial, en donde expresó su rechazo ante lo establecido por la mandamás del Ministerio Público.
Comunicado del CEN de Renovación Popular.
Fiscalía inició diligencias por denuncia de ilegalidad contra dos partidos políticos
Como se sabe, último jueves 27 de marzo, la Fiscalía inició diligencias contra los partidos ‘Fuerza Popular’ y ‘País para Todos’, por presuntamente haber incurrido en «conductas antidemocráticas».
Según el artículo 14 de la Ley n.º 28094 – Ley de Organizaciones Políticas, la Corte Suprema, a pedido del fiscal de la Nación o defensor del Pueblo, podrá declarar la ilegalidad de una organización política cuando considere que sus actividades son contrarias a los principios democráticos, siendo los siguientes:
1- Vulnerar sistemáticamente las libertades y los derechos fundamentales, promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas por cualquier razón, o legitimando la violencia como método para la consecución de objetivos políticos.
2- Complementar y apoyar políticamente la acción de organizaciones que, para la consecución de fines políticos, practiquen el terrorismo o que con su prédica contribuyan a multiplicar los efectos de violencia, el miedo y la intimidación que el terrorismo genera.
3- Apoyar la acción de organizaciones que practican el terrorismo Y/o el narcotráfico.
Artículo 14° de la Ley n.º 28094 – Ley de Organizaciones Políticas.
‘Renovación Popular’ exige a Delia Espinoza que se avoque a sus funciones.
«RP manifiesta el rechazo rotundo a la utilización política de la facultad de investigar que tiene la fiscal de la Nación, pretendiendo interferir en el proceso electoral ya convocado», se lee en el primer punto anunciado por la agrupación celeste que lidera López Aliaga.
Además, aseguró que sus militantes defenderán el Estado de Derecho y el sistema democrático de gobierno, y garantizarán el respeto irrestricto al derecho constitucional de elegir y ser elegidos que tienen todos los peruanos. Por último, RP exhortó a Delia Espinoza a avocarse exclusivamente a sus funciones, y no interferir en asuntos políticos.
«Exigimos a la fiscal de la Nación avocarse a su función constitucional de investigar y combatir la delincuencia y la criminalidad que mantienen en zozobra a toda la población, haciendo uso eficiente de sus recursos, para lograr dicho fin. El derecho de elegir a sus autoridades las tiene el pueblo peruano, no la fiscal de la Nación», concluyó el CEN del partido.
Declaraciones de exsecretaria complican a Dina Boluarte: tras cirugías, publicaron tres decretos con firma falsa de la presidenta
Patricia Muriano teme por su vida y no desea volver a Perú. Sin embargo, declaró ante Fiscalía de forma virtual por más de 6 horas y estaría tramitando residencia en Estados Unidos como ‘perseguida política’ del gobierno. Su próxima declaración está programada para inicios de abril.
La exsecretaria personal de la presidenta Dina Boluarte, Patricia Muriano Peralta, pese a que no llegó a Perú para apersonarse al Ministerio Público, y a pesar que el abogado de la mandataria Juan Carlos Portugal intentó frustrar la diligencia, ella declaró de forma virtual ante la Fiscalía durante más de 6 horas por el ‘caso Cirugías’. Según el informe de Hildebrandt en sus Trece, se indica que Muriano Peralta declaró que tres decretos fueron publicados con la firma falsa de la jefa de Estado y todas las intervenciones fueron operaciones de rejuvenecimiento.
En la declaración ante el equipo del fiscal supremo Hernán Mendoza Salvatierra, encargado del área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales del MP, Muriano Peralta reconoció su voz y ratificó que el audio difundido es suyo y confirmó que el contenido de este es verídico. De igual modo, ratificó que la expresidenta Dina Boluarte fue sometida a cinco intervenciones quirúrgicas.
Exsecretaria Patricia Muriano declaró ‘virtualmente’ ante Fiscalía sobre cirugías de Dina Boluarte.
Abogado de Boluarte intentó frustrar declaración
Según se dio a conocer, la defensa técnica de la jefa de Estado, Juan Carlos Portugal, tal como lo hizo en diciembre pasado, nuevamente se opuso a que Patricia Muriano declarara ante el Ministerio Público. Sin embargo, el equipo fiscal admitió el testimonio de la examiga de Dina Boluarte, quien ha manifestado que está dispuesta a colaborar con todo lo que se pueda con la investigación del ‘caso cirugías’, pero solo lo hará de forma virtual, ya que no desea volver al Perú y teme por su vida. Incluso, ya habría empezado a tramitar su residencia en Estados Unidos argumentado que es una perseguida política del gobierno de Dina Boluarte Zegarra.
Entre las cosas más importantes que reveló y confirmó, fue que al menos tres decretos supremos que se publicaron en el diario oficial ‘El Peruano’ llevaban una firma falsa de la mandataria. Esto debido a que la presidenta Dina Boluarte se encontraba indispuesta después de las intervenciones estéticas realizadas entre el 28 y 30 de junio del 2023.
Además, mencionó que, si bien el internamiento fue de 48 horas, la jefa de Estado se mantuvo en reposo absoluto hasta el 9 de julio del 2023. En relación a ello, también indicó que el médico Mario Cabani la visitó en dos oportunidades en su vivienda de Surquillo. Sin embargo, él no fue el único galeno que supervisó su estado de salud, porque la expresidenta de EsSalud, María Elena Aguilar del Águila, también estuvo en la Clínica Cabani en la fecha que se realizaron las operaciones a la presidenta Dina Boluarte. Por lo que ella se habría encargado personalmente de supervisar la recuperación postoperatoria de la mandataria.
Doctores Mario Cabani y exjefa de EsSalud María Aguilar supervisaron recuperación de Dina Boluarte.
Muriano es presionada por circulo cercano de la presidenta
Según se ha podido conocer, Patricia Muriano le ha dicho a su círculo más cercano que ha estado recibiendo presiones del círculo de seguridad de la jefa de Estado Dina Boluarte Zegarra para que desconozca el audio en el que se le escucha confirmar las operaciones estéticas de la mandataria, y que niegue que fuera su voz.
¡Qué estaremos pagando! El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, incapaz hasta la fecha de poder reordenar Mesa Redonda y Mercado Central, investigado por traer vagones de tren a sobrecosto, desaparecido durante el último incendio en Barrios Altos pero que sí se encontraba muy predispuesto a tomarse cuanta foto sea posible con un famoso streamer extranjero, ahora acaba de designar a uno de los ingenieros incondicionales del ex burgomaestre Luis Castañeda Lossio, nos referimos al ingeniero José Luis Justiniano Martínez, como el nuevo gerente general de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape).
Ingeniero José Luis Justiniano Martínez.
Y es que más que se le recuerde al ingeniero Justiniano Martínez por sus magníficas obras en la ciudad, es recordado solamente por su frase “no se cayó, se desplomó” luego que tratara de explicar la caída del puente de la Solidaridad en el año 2017, luego de la crecida del río Rímac.
El entonces gerente de Infraestructura Vial de Emape, Justiniano Martínez, dijo que la estructura había sido diseñada “por los mejores especialistas del medio” y “de acuerdo a las normas vigentes”.
“No se ha caído, solamente se ha desplomado su apoyo externo. Yo le estoy hablando técnicamente. Usted no me va a entender quizás nunca, porque es periodista”, mencionó al ser interrogado por América TV.
Ahora, de acuerdo a la plataforma oficial del Estado peruano, el ingeniero comenzó a laborar el 8 de marzo de este año en esta dependencia de la Municipalidad de Lima.
Será Justiniano Martínez quien tenga a cargo la firma de acuerdos y convenios con entidades públicas, privadas y organismos internacionales, así como la dirección, ejecución y supervisión del cumplimiento de las decisiones de la empresa. También será responsable de aprobar modificaciones presupuestarias y otras acciones administrativas.
El viento sopla a su favor. Qué coincidencia que a tan solo horas de que la jefa de Estado, Dina Boluarte, anunciara la convocatoria a elecciones generales para abril del 2026, el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, fue absuelto por la Corte Suprema en el caso ‘Aeródromo Wanka’, teniendo que pagar solamente una reparación civil; y por su eso no fuera suficiente, el Tribunal Constitucional (TC) falló a favor de Cerrón Rojas, anulando su condena de 4 años de prisión preventiva suspendida por el caso ‘La Oroya’.
fuente: rpp.
De acuerdo con la decisión del alto tribunal, las sentencias de primera y segunda instancia carecen de una debida motivación. Esto, dicen los magistrados, porque se condenó al líder de Perú Libre por hechos por los que no fue acusado por la Fiscalía.
Así, en el caso La Oroya, se acusó a Cerrón por solicitar a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) el pago de mayores gastos a favor del Consorcio Altiplano e incumplir sus obligaciones como gobernador regional.
Sin embargo, subraya el TC, en las sentencias condenatorias se llegó a la conclusión de que la negociación incompatible se concretó con la ampliación del plazo para que el consorcio ejecute la obra “Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de la Oroya”, lo que implicó un pago de 850.000 soles adicionales al presupuesto original.
En relación a la sentencia de segunda instancia, el TC determina que también tiene errores de motivación como, por ejemplo, que no se haya desarrollado “de manera objetiva y razonable la existencia de un interés indebido” por parte de Cerrón, interés que sea “ajeno al ejercicio de sus funciones como entonces gobernador regional de Junín”.
Por ello, el TC declaró nulas las sentencias condenatorias y ordenó al Juzgado Penal de primera instancia que emita un nuevo pronunciamiento sobre la acusación de la Fiscalía contra Vladimir Cerrón, es decir, que se determine nuevamente si es culpable o inocente del delito de negociación incompatible.
El dato:
Sobre el prófugo Vladimir Cerrón solo recae una orden de prisión preventiva por el caso ‘Los Dinámicos del Centro’, así como el pago pendiente de dos reparaciones civiles.
Desde el Congreso de la República, el parlamentario Guido Bellido Ugarte ha enviado un oficio al ministro de Educación, Morgan Quero Gaime, solicitando información sobre el nombramiento de la suboficial PNP Flor Betzabé Cama Trebejo como directora del colegio PNP Santa Rosa de Lima. Esta solicitud responde a las denuncias y documentos que evidencian una gestión deficiente que afecta a una comunidad estudiantil de 900 alumnos de primaria y secundaria.
En el oficio Nº 1927-2024-2025-GBU/CR dirigido al titular del Minedu, Bellido Ugarte menciona la información publicada por Lima Gris y advierte que, según el Convenio Marco N° 002-2019-MINEDU, suscrito entre el Ministerio de Educación y la Policía Nacional del Perú, “se establece expresamente que la designación de directores en colegios administrados por la PNP debe recaer en un Oficial PNP”. Sin embargo, Cama Trebejo es suboficial, lo que, según el oficio, “podría contravenir dicho convenio, generando preocupación sobre el cumplimiento normativo y la gestión adecuada de los centros educativos administrados por la PNP”.
Ante esta situación, el congresista exige al ministro Quero Gaime un «informe detallado sobre el proceso de designación de la dirección de la Institución Educativa Santa Rosa de Lima y los criterios aplicados para la designación de la suboficial PNP Flor Betzabé Cama Trebejo». Además, solicita explicaciones sobre las acciones que tomará el MINEDU frente a esta aparente vulneración del convenio.
Es importante señalar, que el legislador Guido Bellido es parte de la Comisión de Educación del Congreso de la República y, además, en la misiva menciona que el pedido de información lo realiza en virtud a sus facultades contenidas en los artículos 96 de la Constitución Política del Perú y 87 del Reglamento del Congreso.
El silencio del Ministerio de Educación y del Ministerio del Interior ante estas denuncias es inaceptable. Ambas instituciones tienen el deber de supervisar y garantizar que la normativa se cumpla, evitando que decisiones arbitrarias comprometan la calidad educativa de los colegios contemplados en su convenio. Desde Lima Gris, exhortamos a la Defensoría del Pueblo a intervenir de oficio y exigir medidas inmediatas que protejan el derecho de los estudiantes a una educación de calidad.