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Política

Cuatro chicas semidesnudas lanzan agua bendita como protesta al arzobispo Léonard

Redacción Lima Gris

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LANZAN AGUA BENDITA AL ARZOBISPO LÉONARD

Nuevamente las activistas del movimiento Femen protestaron con todo, estaba vez le tocó el turno al presidente de la Conferencia Episcopal belga, el arzobispo André-Joseph Léonard, a quien le tiraron “agua bendita” por sus declaraciones  homófobas.

Las chicas que actúan estratégicamente, se encontraban camufladas entre el público, en medio del debate interrumpieron entre gritos lanzando agua bendita.

Las cuatro chicas actuaron rápidamente, en solo unos minutos consiguieron rociar y empaparlo con agua. SU intervención su sincronizada, ya que abandonaron el auditorio escapando de la seguridad.

el arzobispo André-Joseph Léonard enfrenta el escándalo de la pederastia en Bélgica que estalló en 2010, en el que la propia Iglesia documentó al menos 475 denuncias de abusos por parte de religiosos, entre 1960 y mediados de los años ochenta, 13 de cuyas víctimas se suicidaron.

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Política

Karem Roca habla de supuestos actos de corrupción de Martín Vizcarra y Mirian Morales en el proyecto minero Quellaveco [AUDIO]

Redacción Lima Gris

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El caso de Richard Swing sigue revelando más información en las diferentes grabaciones que vienen apareciendo diariamente. En un reciente audio publicado por el diario EXPRESO, “Karem Roca le cuenta a su confidente, el abogado Fabio Noriega, que Pastor Paredes Diez Canseco, actual Director de la Oficina de Diálogo y Gestión Social del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) es el supuesto “operador” del presidente Martín Vizcarra y Mirian Morales en el proyecto minero Quellaveco, ubicado en Moquegua y a cargo de la empresa Anglo American”.

En este audio, Roca menciona supuestos actos de corrupción por parte de Vizcarra y Morales, a través de Paredes Diez Canseco, en Quellaveco.

«Él por encargo de la PCM se ha ido nombrado en asuntos sociales, en asuntos de mesas de diálogo, a Moquegua. Él ve todo lo que es Anglo American, Quellaveco, las mesas, él impulsa cómo se hacen las negociaciones, y la directora del proyecto es la concuñada del presidente, Rosemary Silva. (…) Es plata y todo eso lo está viendo el presidente y Mirian, si eso se le cae, pierde. (¿Paredes Diez Canseco es operador del presidente?) Claro y de Mirian», narra Roca Luque, a la vez que remarca que Morales y Paredes Diez Canseco son «mejores amigos».

Un dato importante es que Rosemary Silva Acevedo, quien ocupa el puesto de directora ejecutiva del Fondo de Desarrollo de Moquegua (un organismo de coordinación multisectorial que maneja el fondo social de Anglo American Quellaveco), es la esposa de Gabriel Díaz, hermano de la esposa de mandatario, Maribel Díaz. Sobre ella, Roca ha aseverado que «coordina» con los fiscales Zoraida Ávalos y Domingo Pérez.

Aquí el audio:

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Política

Mirian Morales, exsecretaria de Palacio de Gobierno, continúa trabajando para el Estado

Raúl Vela

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Mirian Morales.

Presidente Martín Vizcarra no pregona con el ejemplo. Sale a los medios diciendo que su Gobierno lucha contra la corrupción y que nadie ocupa un cargo por recomendación. Sin embargo, la realidad lo desmiente.

Según el portal web de Electro-Perú, la ex secretaria general de Palacio Mirian Morales, quien se encuentra envuelta en el caso de las visitas de Richard Swing a la sede del Ejecutivo, ocupa el cargo de directora de esa institución.

Morales fue designada por el directorio del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado el pasado 5 de febrero. Su designación se dio tras la recomendación del Ministerio de Economía. 

Miriam Morales, abogada de profesión, se desempeñó como secretaria general de Palacio de Gobierno desde marzo del 2018 hasta el 13 de setiembre pasado, día en que se le dio las gracias por los servicios prestados.

¿Una persona que participó, según se desprende de los audios hechos públicos recientemente, en la manipulación del registro de ingresos de Richard Swing a Palacio de Gobierno, está moralmente calificada para continuar trabajando para el Estado? 

Directorio de Electro-Perú.

La ex secretaria general de Palacio de Gobierno probablemente diga que sí, que le asiste el derecho al trabajo. Y seguro tiene razón.

Sin embargo, estimado lector, ¿usted qué piensa?

El presidente Vizcarra tiene mucho que explicarle al país, no solo a la fiscalía.

Los peruanos merecemos una autoridad transparente cuyas palabras sean creíbles, que transmitan esperanza, no dudas, más aún en tiempos de pandemia.

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Política

Edgard Alarcón: “Rechazo la utilización de instituciones y de medios de comunicación para concretar el acoso político en mi contra”

Redacción Lima Gris

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Mediante un comunicado el congresista Edgard Alarcón, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, menciona que rechaza la información tendenciosa y falsa que busca mellar su honor. Además, señala que existe una consigna en su contra para obstaculizar su labor parlamentaria.

Aquí el comunicado completo.

_________________ . _________________

AUDIOS CONFIRMAN QUE HAY UNA CONSIGNA EN MI CONTRA; POR ELLO, rechazo la utilización de instituciones y de medios de comunicación para concretar el acoso político en mi contra Y LA OBSTACULIZACIÓN DE MI LABOR PARLAMENTARIA

Ante los últimos acontecimientos producidos tras la revelación de los audios que demuestran las mentiras del Presidente de la República, Martin Vizcarra, me veo en la imperiosa necesidad de denunciar ante los organismos internacionales, la utilización de instituciones y de medios de comunicación para perseguir a los opositores y concretar el acoso político a fin de obstaculizar mi labor parlamentaria.

1.- RECHAZO LA INFORMACIÓN TENDENCIOSA Y FALSA QUE BUSCA MELLAR MI HONOR a través del diario la República, bajo el titular “Alarcón contrató exagentes navales para espionaje”. En dicha nota se me acusa de recurrir a viejas prácticas de la historia negra de la política peruana para “reglar” y “chuponear” a los fiscales que investigan mis denuncias en el Ministerio Público.

Al respecto, debo señalar que la rigurosidad periodística exige recopilar evidencias que permitan comprobar hechos, incluyendo la versión del involucrado. Estos elementos básicos en toda investigación periodística, no se cumplen en la narración ficticia del Diario La República ya que nunca se buscó mi descargo, ni a mi persona ni por medio de mi equipo de prensa para solicitar mi versión de los hechos. Asimismo, basan sus dichos en versiones no corroboradas que, de ser ciertas, se habría concretado mediante una denuncia en contra de los fiscales que me investigan, cosa que no sucedió. Tampoco conozco a los agentes que supuestamente hicieron un trabajo sucio al que sólo recurren los políticos mafiosos. Por tanto, la denuncia del diario La República carece de sustento.

2.- LOS AUDIOS DE LA VERGÜENZA REVELAN QUE EXISTE UNA CONSIGNA EN MI CONTRA PARA OBSTACULIZAR MI LABOR PARLAMENTARIA AL FRENTE DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN

Llama poderosamente la atención que luego de haberle mostrado a todos los peruanos las mentiras del Presidente de la República, se haya iniciado una campaña sistémica de demolición para desprestigiar y obstaculizar mi labor parlamentaria, más aún cuando asumo la presidencia de la Comisión de Fiscalización en el Congreso de la República, vulnerando con ello el artículo 117° de la Constitución Política del Perú.

Los audios de la vergüenza muestran claramente que existe una consigna para “bajarse a Alarcón”, no sólo bajo la utilización de medios de comunicación sino también de instituciones públicas para descalificar, presionar, perseguir, hostigar a los opositores del gobierno desde hace mucho tiempo, lo cual degrada la calidad de la democracia.

Por ello, rechazo que se quiera judicializar la política y la grave posibilidad de que la Fiscal de la Nación coordine con Palacio de Gobierno, pues del contenido de los audios que señalan que luego de realizarse el Consejo de Estado en palacio, el pasado 09 de julio, la titular de la Fiscalía se reunió con el presidente y extrañamente, cinco días después, el Ministerio Público notifica dos acusaciones constitucionales en mi contra, justo al medio de las investigaciones por el caso Richard Cisneros. ¡Qué coincidencia!

3.- MERECE SER INVESTIGADA LA UTILIZACIÓN DE INSTITUCIONES Y DE RECURSOS PÚBLICOS PARA LLEVAR A CABO PLANES DE PERSECUCIÓN A LOS OPOSITORES

Rechazo públicamente que el gobierno esté recurriendo a maniobras antidemocráticas y contrarias al estado de Derecho. Los indicios podemos verlos en el hecho de que personas extrañas vigilan mi domicilio las 24 horas del día y la posible intervención de mis comunicaciones privadas.

Esto se corrobora con la denuncia efectuada anoche por el periodista Eloy Marchan en el programa de la periodista Milagros Leiva a través de Willax TV, quien reafirmó que uno de los involucrados en los audios de la vergüenza, brazo derecho del presidente de la República, Oscar Vásquez, es el operador mediático y el enlace con el Ministerio del Interior para “FILTRAR INFORMACION Y PARAR NOTAS (PERIODÍSTICAS)”, lo cual es muy grave y valida la hipótesis que sugiere la intervención y presión de los medios de comunicación en la agenda política y la influencia sobre la opinión pública.

Por lo expuesto, no temo cumplir con mi labor fiscalizadora y no cederé ante las amenazas pero sí EXHORTO A LAS INSTITUCIONES DEFENSORAS DE LA DEMOCRACIA Y LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES a vigilar y observar estas prácticas que han puesto en riesgo la gobernabilidad, la democracia y la soberanía del Parlamento para impedir la labor encomendada por el pueblo.

La democracia implica un amplio respeto entre poderes y la lucha anticorrupción requiere valores, actitudes y conductas democráticas. Los titulares de nuestras instituciones y los medios de comunicación tienen la oportunidad de demostrar que nuestro sistema no está quebrado y que premia a los políticos honestos que actúan por consciencia y no a los enemigos de la democracia.

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Política

“El Congreso de los aventureros”, por Umberto Jara

Umberto Jara

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Ninguna decadencia ocurre de la noche a la mañana. Toda descomposición tiene un proceso. El problema en el Perú es la adicción al corto plazo y el corto plazo, aunque la ciencia no lo sepa, produce una ceguera que impide percibir que se están repitiendo los errores una y otra vez. El actual Congreso es el producto deforme de un proceso que se inició entre 1989 y 1990 cuando, sucesivamente, Ricardo Belmont y Alberto Fujimori se convirtieron en Alcalde y Presidente de la República.

Los académicos bautizaron aquellos dos episodios como el fenómeno Outsider, un fenómeno que modificó radicalmente el contenido de las campañas políticas y la elección de autoridades. No fue un cambio favorable porque terminó destruyendo la escasa institucionalidad que existía y abrió las puertas de par en par a la nociva informalidad. El mensaje perverso fue éste: si un dicharachero conductor de televisión o un desconocido subido a un tractor podían ocupar los más altos cargos, entonces cualquiera podía ser candidato y apostar a la lotería política. En un país de excesiva informalidad, los aventureros se dieron cuenta de que el Congreso ofrecía 130 vacantes para un trabajo fijo con alto sueldo y gollerías. Otros, más ladinos, percibieron que, llegando a ese cargo, podían multiplicar los ingresos a través de la corrupción.

La turba congresal de hoy es fruto de un largo proceso que lleva tres décadas. No se generan de un día para otro parlamentarios que, sometidos a la comparación, logren la proeza de que Becerril o Bartra parezcan mejores que ellos. Son los fantoches producidos por un país informal que olvidó la educación y la cultura y que ha tenido en los últimos treinta años medios de comunicación masivos dedicados a difundir ignorancia bajo el slogan “Eso es lo que le gusta a la gente”. En el ámbito de la televisión política no es una casualidad que Mónica Delta, con 31 años de carrera, o Federico Salazar, con 27 años en pantalla, sean cortesanos de los outsiders o que Mávila Huertas con un cuarto de siglo de maquillaje a cuestas, se preste para poner en escena un guión disfrazado de entrevista a Richard Swing.

Tres décadas de disparates hacen posible que dos pérfidos bobos hayan pretendido dar un golpe de Estado disfrazados de constitucionalistas. Manuel Arturo Merino de Lama, a pesar de ser tres veces electo congresista nunca logró aprender ni siquiera los principios básicos de la mala política y pretendió buscar la complicidad de las Fuerzas Armadas vía ¡mensajes de whatsapp¡ olvidando que hasta en el juego de mesa llamado Conspirador la carta clave es la del secreto. Su socio, el congresista Edgar Arnold Alarcón Tejada, autor de la frase “¡Tanto ruido por cinco milloncitos!”y aficionado a las grabaciones clandestinas, se consiguió un operador que cuando se conozca quién es se entenderá a cabalidad toda la farsa que montaron.

Si los dos mencionados son las figuras del Parlamento —Presidente del Congreso y Presidente de la Comisión de Fiscalización— se puede entender, con espanto, que la barbarie del populismo —iniciada por el presidente Vizcarra— esté diseminada por todos los escaños virtuales. En pleno siglo XXI solamente individuos de supina ignorancia pueden pretender destruir la estabilidad fiscal del país sin entender que sus actos irracionales dañarán, incluso, el pan de sus propios hijos. Vocingleros y altaneros, se exhiben como los que descubren el dinero ajeno y quieren dilapidarlo mientras el Perú encabeza la lista de las economías destruidas.

El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo son, hoy, las dos caras impresentables de una misma moneda sin valor. A esto hemos llegado porque renunciamos a ser ciudadanos con dignidad al punto de entregar el voto por una falsa promesa o un taper con diez soles. Preocupados en odiarnos nos olvidamos de razonar. Ocupados en descalificar con clichés al que piensa distinto, dejamos el aprendizaje a un lado y elegimos el inútil sendero de las pasiones. Así llegamos a que cada acto electoral se convierta en una plegaria en la que pedimos que la autoridad electa ojalá destruya lo menos posible lo poco que hemos logrado edificar.

Hemos llegado así a esta dura, triste descomposición que se resume en lo siguiente: tenemos en Martín Vizcarra a un Presidente que, de acuerdo a ley, califica para una prisión por varios delitos y tenemos un Congreso que merece la clausura. Sobrevivimos, pues, sin autoridades legítimas. Como el Perú es el reino de todo lo posible (y lo imposible), la piadosa modalidad que nos habíamos inventado, aquella de elegir «el mal menor», no ha podido contener a los bárbaros atilas que se convierten en presidentes o en congresistas.

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Política

¿Qué hacen los intelectuales en el Perú?, por César Hildebrandt

Redacción Lima Gris

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Escribre: César Hildebrandt

¿Dónde están sus voces, sus iras, sus ensayos sobre este país, el nuestro, cap­turado por las mafias? No se sabe. Ellos hablan de lo suyo. Algunos son guardaespaldas y pará­sitos de Vargas Llosa y por eso creen tener estatuto de intocables. Otros defendieron los plagios de Bryce y se sienten dueños de la posverdad.

Los más se han metido en sus ni­chos, sus becas yanquis, sus paraguas, los sombreros variados de la sombre­rería. Otros desfilan como monjas de clausura en las universidades. Pero ninguno se pronuncia sobre esta tormenta que se ensaña con los más pobres.

Me refiero a la corrupción genera­lizada, a la pudrición de nuestras ins­tituciones.

Cuando fui niño y adolescente abría un libro y allí estaba Washington Del­gado con su espléndido desasosiego. Y estaban Alberto Hidalgo o Luis Nieto. Y frente a un Xavier Abril o un Mar­tín Adán, con los que volabas por esos parajes donde las palabras arden y se esfuman, estaba Manuel Scorza que nos contaba sobre rostros vacíos, hombres de mirada prematuramente cana y balnearios de hueso, chúpate esa.

Y si eso no te satisfacía, pues ahi estaba Mariátegui, para explicarte algunas cosas plenamente vigentes. Y estaban Sebastián Salazar Bondy o Enrique Solari Swayne para decirte que este país había que arreglarlo. Y si nada de eso te placía, les echabas mano a los patriarcas, desde González Prada has­ta Julio Cotler. Para no hablar de Vallejo, claro, o de nuestros remotos consuelos: Hesse, Sartre, Camus, Tolstoi, Solzhenitsyn, Dos Passos, todos los infelices que querían que supié­ramos cuán idiotas debían ser los que andaban reconciliados con el mundo. Lo que quiero decir es que había una trama de la inteligencia y del espíritu que sostenía la esperanza. Y el sostén de la esperanza es la rebeldía.

Hoy todo eso parece roto, viejo, ar­queológico. Los artistas se han dedicado a sobrevivir, los escritores se mueren por complacer a ese gran mundo que los quiere recibir castrados y pasteurizados, los sociólogos buscan maestrías y los filósofos languidecen en la enseñanza.

El Perú es un país de viudas y de huérfanos. La derecha ha tenido un éxito clamoroso en desacreditar el des­contento y en incul­carles a los jóvenes que la historia ha terminado con este aborto de liberalismo dinerario. Fukuyama triunfó entre nosotros. El país de Beltrán, el hombre de los mil agros al decir de Romualdo, es aquel con el que soñaron Chirinos Soto y Salazar Larraín en los 50.

¿Y dónde están nuestros intelectua­les? ¿En qué torre se callan, desde qué azotea de suicidas nos miran como si con ellos no fuera la cosa?

Juhen Benda habló de la traición de los intelectuales que permanecie­ron distantes de lo que él consideraba ámbito intrínseco de su actividad: la trascendencia, los valores, los fueros de la cultura y el espíritu. Los nuestros no es que hayan traicionado su papel de “clérigos” —ese fue el término lato que empleó Benda— entregándose a la poética y a la banalidad de sus revueltas. Los nuestros han construido castillos de lego, egoísmos ínfimos, avideces de pasado mañana. Y todo para que la cultura oficial los tome en cuenta, para que las fundaciones frívolas los inviten. Para que el poder, en suma, no frunza el ceño.

¿Dónde están los que deberían estar dándonos lecciones de coraje y com­promiso frente a una situación que es de las peores en la esperpéntica histo­ria de nuestra república? Están en lo suyo, repantigados en el comentario indulgente, esperando una llamada, fingiendo independencia o encontrán­dole coartadas al asco.

En “Los tiempos modernos” Sartre, el inolvidable, escribió esto: “todos los escritores de origen burgués han cono­cido la tentación de la irresponsabilidad; desde hace un siglo, esta tentación constituye una tradición en la carrera de las letras. El autor establece rara vez una relación entre sus obras y el pago en numerario que por estas recibe. Por un lado, escribe, canta, suspira; por el otro, le dan dinero”.

Bueno, de eso se trata.

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Política

The Washington Post: “La promesa anticorrupción llega a su fin en Perú”

Redacción Lima Gris

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El diario The Washington Post publicó ayer un artículo donde resume los últimos acontecimientos políticos que viene sucediendo en el Perú. El medio estadounidense señala que la promesa anticorrupción ha llegado a su fin y la bandera anticorrupción del presidente Martín Vizcarra ha quedado manchada. El artículo fue realizado por el periodista Jonathan Castro. Aquí reproducimos t la publicación completa.

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La última crisis política peruana tiene como origen las contrataciones de un cantante, Richard “Swing” Cisneros, por el Estado. Por esto, el país podría quedarse sin presidente este viernes 18 de septiembre, cuando el Congreso ha programado la votación de la moción de vacancia contra Martín Vizcarra, acusándolo de incapacidad moral permanente.

Cisneros, quien además de cantante es coach, es un personaje excéntrico incluso para la clase política peruana. Sin mucho talento ni gran fama, Cisneros estuvo contratado por el Ministerio de Cultura desde 2018 (entre otras cosas, para dar charlas motivacionales y organizar algunos eventos), cuando Vizcarra asumió la presidencia, por un total de 155,400 soles (aproximadamente 44,000 dólares estadounidenses). ¿Cómo había obtenido estos contratos que incluso se extendieron hasta los inicios de la pandemia? Una foto con el presidente, registros de visitas a Palacio de Gobierno y declaraciones de Cisneros y Vizcarra dieron luz a una relación entre ambos más o menos cercana, dependiendo de quién lo diga.

Al margen del desenlace de la votación de este 18 de septiembre, esto representa un punto de inflexión en el legado de Vizcarra. El referéndum para la reforma de justicia y para evitar la reelección de congresistas, los proyectos de reforma del sistema político y la disolución del Congreso —principales gestos de su gobierno— vinieron con una promesa: mejorar la clase de representantes políticos de la mano de la lucha anticorrupción. Esa promesa es ahora una desilusión.

La Fiscalía y una comisión investigadora del Congreso llevan a cabo indagaciones por estos hechos. Pero la semana pasada, el congresista Edgar Alarcón, presidente del grupo investigador del Legislativo, presentó en una sesión pública del Parlamento unos audios en los que se escucha a Vizcarra y su entorno cercano coordinando las versiones sobre las visitas de Cisneros a Palacio de Gobierno. En respuesta, el Congreso aprobó el inicio de la moción de vacancia. Esto sucede en el último año de su mandato y a siete meses de que se produzcan las elecciones generales de 2021.

La hemorragia de grabaciones —hechas por una asistente del presidente— ha continuado desde ese día, y probablemente prosiga en los próximos. En estas grabaciones se escucha a los funcionarios de Palacio de Gobierno planificando el encubrimiento de las visitas de Cisneros a Vizcarra.

Pero el proceso que se ha seguido en el Congreso ha sido rápido y cuestionable. El trámite de vacancia inició el mismo día que se presentaron los audios, y el artículo de la Constitución al que apeló —la incapacidad moral permanente— puede ser un cajón de sastre para justificar cualquier acusación.

Si bien los hechos que allí se describen ameritan investigaciones fiscales para determinar si hubo delitos de colusión y obstrucción de la justicia, la percepción que habrá sobre los audios tendrá un manto de oscuridad. La sospecha tiene justificación popular, pues la historia sobre la que se asientan los últimos 20 años de democracia está marcada por grabaciones que revelaron hechos ilícitos: en el 2000, por estas mismas fechas, los “vladivideos” demostraron el pago de sobornos en el régimen de Alberto Fujimori; en el 2008, los “petroaudios” revelaron un faenón petrolero durante el gobierno de Alan García; en el 2018, los “mamanivideos” propiciaron la renuncia del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.

Vizcarra, un presidente sin partido ni bancada en el Parlamento, se ha enfrentado varias veces a la oposición con una sola arma: poner a la opinión pública a su favor con base en la popularidad de la que goza un hombre que se enfrenta a la corrupción.

Ahora, ha quedado desnudo. Su bandera anticorrupción ha quedado manchada. Y aunque, según una encuesta de la empresa Ipsos, 79% de los encuestados considera que Vizcarra debe continuar con su presidencia, la opinión pública difícilmente volverá a mostrar un apoyo mayoritario mientras la población peruana siga luchando por sobrevivir durante la crisis sanitaria y económica generada por el nuevo coronavirus.

Este caso también forma parte de una ruptura sistemática de la primera parte de la promesa: mejorar la clase de representantes políticos. Por lo tanto, Vizcarra tiene parte de la responsabilidad de tener frente a él a este Congreso.

En 2018, Vizcarra impulsó un referéndum que, entre otros temas, prohibió la reelección de parlamentarios. Hoy, la única cámara está conformada por una amplia mayoría de legisladores sin experiencia en el cargo y sin posibilidades de reelección. Tienen una mirada de corto plazo, como lo han señalado varios analistas.

Por otro lado, tras la disolución del Parlamento en septiembre de 2019, Vizcarra convocó a elecciones pero se hizo de lado. A pesar de tener una mayoría de aprobación presidencial, no buscó alianzas con partidos políticos que levanten las reformas políticas que impulsaba. Su idea para implementar una renovación de la representación nacional parecía un viejo chiste de la serie televisiva The IT Crowd: “¿Has intentado apagarlo y encenderlo de nuevo?”.

En los seis meses que tiene en funcionamiento, el nuevo Parlamento ha demostrado la misma arbitrariedad que tenía el anterior. Sus decisiones en materia económica son un peligro para la estabilidad fiscal, y han permitido que se encumbren personajes cuestionables en el terreno político. Edgar Alarcón, el presidente de la comisión investigadora, fue destituido del cargo de contralor general de la República por faltas graves, tiene investigaciones fiscales por enriquecimiento ilícito, y llegó al Parlamento de la mano de un partido aliado del golpista Antauro Humala.

Al no disputar el espacio político, el Parlamento se llenó de grupos fragmentados, algunos con más beligerancia que la que hubo en el periodo anterior. Vizcarra no tiene aliados allí, ni mecanismos para un entendimiento político.

En ese tránsito, Manuel Merino, presidente del Congreso y sucesor de Vizcarra en caso de ser destituido, se intentó comunicar con los comandantes generales de las Fuerzas Armadas para informarles sobre el proceso. El Ministerio de Defensa calificó esos hechos como temerarios por pretender involucrarlos en un proceso político. Luego, el ministro de Energía y Minas, Miguel Incháustegui, reveló que dos personas del partido político de Merino se comunicaron con él para señalarle que él podría continuar en el cargo si destituyen al presidente.

Lo que Vizcarra no ha podido ganar en la política, ahora pretende hacerlo en los tribunales. La oposición no tiene los votos suficientes para destituirlo, pero en lugar de convencer a los indecisos, se ha optado por otra vía. El lunes, el Ejecutivo presentó una medida cautelar y una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional para detener el proceso de vacancia, recursos que serán vistos en las próximas sesiones aunque podrían durar unos tres meses en resolverse. Este proceso no es excepcional, pues ya el Congreso pasado había presentado un pedido similar contra la disolución, pero fue desestimado. Aún así, profundizar la judicialización de la política es un camino que no tiene retorno.

La polarización de la opinión pública pretende que solo se mire las irregularidades de un lado. Vizcarra rehusó la necesidad de una organización que le dé respaldo político, y se refugió en un pequeño círculo de confianza que se ha ido destartalando. Aún así, si este viernes prospera la vacancia, este periodo será recordado como el del turbulento siglo XIX, cuando los gobernantes cambiaban con tal frecuencia que sus nombres han pasado al olvido para los peruanos.

Tomado de The Wshington Post.

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Política

La locura y el chongo político

Parece difícil negarlo: existe una vis cómica y mucho desvarío en las actuaciones políticas. La política y el humor se solapan hasta límites inimaginables. En las siguientes elecciones solamente un loco o un cómico podrán, legítimamente, aspirar a ejercer un cargo político.

Roberto Ramírez Manchego

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Cuando Alejandro Magno dijo, que de no ser quien era (el conquistador más grande de la época antigua) le hubiera gustado ser Diógenes (el pensador cínico que vivía como un perro y reía) se evidenció la íntima unión entre locura, risa y política. Que Alejandro haya expresado el deseo de ser Diógenes, puede resultar disparatado. ¿Por qué el más grande conquistador del mundo antiguo quisiera ser, de no ser quien era, un pensador loco que se masturbaba en el ágora ateniense y reía? En otras palabras: ¿Por qué un rey quisiera ser un loco? La explicación está en el poder: de no ser Alejandro el demente por el poder que era, de no ser el ambicioso por el poder, que lo llevó a dominar los confines de Persia y adentrarse hasta la India, hubiera elegido ser el demente que tenía el poder de prescindir de las convenciones en el mundo antiguo. En ambos casos se trataba de poder y en ambos casos de locura. No en balde Diógenes fue denominado por Platón como un Sócrates enloquecido. Desde entonces la risa, el poder y la locura aparecen –como en un juego de espejos– en distintos momentos de la historia política.

En la Edad Media la organización política y social estaba fundada en la teocracia, el monarca no podía permitirse críticas ni mostrar un desvarío en su persona: era descendiente de los dioses y todo en su persona era perfecto. El pueblo, a su vez, estaba impedido de expresar críticas y burlas sobre el monarca, a excepción de los momentos de carnaval, fechas en las cuales el espíritu popular se manifestaba en su esplendor. Esta imposibilidad de la autocrítica, este acartonamiento y severidad –  al cual era obligado el monarca por su soberanía – es el acicate de la institución más provechosa y dinámica de esta etapa de la Historia: la institución del bufón.

Los bufones eran los únicos seres que podían permitirse insultos, críticas y burlas al Rey. Vivían en la corte y eran parte del entramado monárquico; su función más que alegrar y relajar las tensiones de la corte, eran también equilibrar el humor político de la época. En un mundo donde el Rey desciende de los dioses y al pueblo no se le permite críticas, el bufón hablaba por el pueblo. Con toda la sabiduría y mordacidad que el pueblo cargaba en su espíritu. Es luego de la Revolución Francesa –  cuando el orden teocrático cae y se funda la política en ideales de igualdad – que la institución del bufón va cediendo paso a los espectáculos satíricos burgueses. Así las burlas al poder y a la política se originan en los teatros, en las plazas o en espectáculos en el mismo centro del poder. Las repúblicas liberales incorporan en su seno intrigas, risa, comedia y luchas por el poder que es la comidilla de las clases populares. Una connivencia matizada de personajes, que con el transcurrir de los años irá incorporando diversos actores, que transitan entre el humor y la política otorgando frescura a las intrigas, luchas y devaneos en las nacientes repúblicas, ávidas de poder.

El reconocido historiador Pablo Macera comentó que el Perú era un burdel: haciendo referencia a que en Perú las voluntades se vendían y compraban. Considerando el aserto de esta frase, podríamos añadir que el Perú más que burdel es un chongo: pues también se goza y se ríe. Tal vez si se colocara un techo y luces desde el Norte hasta el Sur, podría ser el chongo más grande del mundo. Quien lea un poco de la historia republicana encontrará –  luego de la indignación –  diversos motivos que generan una mueca: un tránsito de la amargura a la sonrisa.

Es curioso, a pesar de lo dicho antes, que, al elegir autoridades políticas en nuestro país, no se haya elegido todavía a un cómico.

Ya en Estados Unidos han elegido a Donald Trump: un híbrido con peinado de Daniel el travieso, modales de Rambo y discurso de Forrest Gump. En Ucrania ha sido elegido, como máxima figura política, un cómico reconocido en su país. Inició su campaña siendo presidente en una serie de ficción cómica: Servidor del Pueblo. Luego la ficción cómica llegó a la realidad, Zelenski, el actor cómico ucraniano, fue elegido presidente de su país. Un sinceramiento del pueblo ucraniano a través del humor.

En Perú, por el contrario, cuando un cómico de renombre se ha presentado a un cargo de representación pública obtuvo el rechazo en las urnas: Melcochita postuló en el año 2006 por Renacimiento Andino y no obtuvo los votos necesarios. Pareciera que el sentir popular no desea un cómico, de oficio, ejerciendo representación política en nuestro país.

Sin embargo, observar a tantos políticos haciendo payasadas y recibiendo el favor de los votantes obliga a un cambio de análisis: quizás no se quiere un payaso que haga política, pero sí un político que haga payasadas. Pues los políticos que hacen payasadas son muchos. Se podría afirmar, sin ambages, que un requisito de triunfo electoral es participar en alguna que otra payasada. Ejemplos hay miles, pero se puede recordar a Francisco Tudela moviendo las caderas al ritmo del Baile del Chino; la subida electoral de PPK, luego de la providencial mano que le cogió los testículos y lo aupó en las encuestas; el chicharrón que negó Barnechea, con el cual a su vez negó una carrera ascendente en la política. Pareciera que existe una complacencia en tener a un candidato haciendo payasadas, y luego escucharlo disertar, seriamente, sobre los grandes problemas del país.  En el fondo el humor popular intuye que detrás de un político está un loco y un payaso. O que un loco y un payaso es un político en potencia.

Es por eso que en aras de un sinceramiento total en política y estando ad portas del Bicentenario debería unirse ese íntimo sentimiento entre humor y política. Así sería conveniente que en las próximas elecciones se vuelva a presentar Pablo Villanueva, Melcochita, como candidato para la presidencia o para el congreso. Como presidente no tendrá el poder para gobernar y como congresista no tendrá el poder de hacer leyes ni fiscalizar, pero al menos hará reír a un país libre e independiente. Al fin y al cabo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de política? 

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Política

Demanda competencial que presentó el Ejecutivo es improcedente

Luis Felipe Alpaca

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Presidente Vizcarra, ministra de Justicia Ana Neyra y Presidente del Congreso Manuel Merino.

En estos momentos todos se preguntan ¿Es correcto iniciar un proceso de vacancia por incapacidad moral? la respuesta es: más allá que sea correcto o no, la vacancia es una prerrogativa que le compete solamente al Congreso y además obedece a una cuestión política. El tema es estrictamente político en el sentido que quizá no sea conveniente remover a un presidente en plena emergencia sanitaria y sobre todo si estamos a pocos meses de los comicios electorales, no obstante, ese no es el fondo del asunto.

Ahora bien, si nos ceñimos al aspecto jurídico, en ese sentido el Congreso también está totalmente facultado a vacar a un presidente. La incapacidad moral permanente surgió en el siglo XIX y tiene apenas cuatro precedentes en la historia de la República peruana. El primer caso fue en el año 1823 con el presidente José de la Riva Agüero en 1823 y se le destituyó por incapacidad moral y posteriormente en el siglo XX con Guillermo Billinghurst en 1914. Luego en el siglo XXI, con Alberto Fujimori en febrero de 2001 y finalmente, con Pedro Pablo Kuczynski que fue vacado por la causal de: Aceptación de su renuncia por el Congreso

Esta figura es cotidiana en el derecho internacional latinoamericano; incluso en Estados Unidos perdura el impeachment, que significa: destitución o acusación constitucional. En ese sentido, cabe recordar que la mentira ha sido una causal relevante para deponer a un presidente norteamericano, como bien fue el caso de impeachment de los presidentes Richard Nixon y luego Bill Clinton, que en resumidas cuentas mintieron a su país, aunque eso no haya constituido delito. Sin embargo, en el actual escenario peruano, la naturaleza de este conflicto competencial ha sido distorsionada por los opinologos de una forma absurda; pues, en un conflicto competencial se debe dilucidar la facultad entre dos órganos del Estado para resolver quién es realmente el que tiene competencia de decidir o fallar sobre un acto entre ellos.

La opinión pública debe entender que la figura de la vacancia presidencial no es un instrumento que lidia con aspectos penales; en ese sentido, queda claro que no se puede acusar al presidente de la República durante su periodo, porque éste goza de inmunidad presidencial; a excepción de casos como: traición a la patria, por disolver el Congreso sin la aplicación del artículo 134° de la Constitución, y por impedir elecciones generales, tal como señala el artículo 117° de la Carta Magna. No obstante, la vacancia presidencial si bien no es penal, ésta se constituye como fáctica, en el sentido de que siempre habrá la posibilidad real de que un mandatario muera, renuncie al cargo, salga de suelo peruano sin permiso del Congreso, o no regrese en el plazo fijado. Además, vale decir que esta figura de la incapacidad moral permanente cobra más sentido porque técnicamente se le denomina como un concepto jurídico indeterminado, porque es genérico y abstracto; es así que sus límites no pueden ser precisados en un enunciado o en una cartilla de acápites. Ergo, tal concepto no tendría por qué ser tipificado porque es de naturaleza política.

Presidente Martín Vizcarra.

No obstante, algunos penalistas ahora están saliendo con el rollo que se tiene que tipificar; sin embargo, como ya lo mencioné anteriormente, en los pocos pedidos de vacancia de nuestra historia, la interpretación de esta figura ha sido meramente política. Pero en estos momentos una facción que simpatiza con Martín Vizcarra, arremete y opina que al presidente de la República no se le debe acusar y que luego se le deberá investigar. ¿Y quién está hablando de acusación o investigación? Evidentemente, ese menester se tendrá que dar después del 28 de julio de 2021, pero aún no, ya que en ese caso estamos hablando de un aspecto meramente penal. Ahora bien, la vacancia no es una acusación al Presidente. La vacancia propiamente dicha es una atribución que goza el Congreso para aplicarla si se presenta el momento indicado contra un mandatario.

Recordemos que el presidente del Congreso disuelto, Pedro Olaechea también inicio una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional en contra del Poder Ejecutivo al mando de Martín Vizcarra y a pesar del absurdus que pretendía aquel exlegislador, el Tribunal la admitió a trámite y se aplicó el principio pro actione, pero finalmente el fallo fue declarado infundado, porque un Congreso que ya no ejercía sus funciones no podría expedir acuerdos posteriores y eso se constituía como un imposible jurídico, considerando que nunca existió un menoscabo en sus ejercicios y facultades.

Si tan solo aplicáramos un razonamiento elemental, podemos precisar que cuando una institución del Estado sabe perfectamente cuál es su competencia, no debe realizar un ejercicio o atribución indebida que no le corresponda, justamente porque ante esa trasgresión ya no goza de la competencia respectiva que pueda invadir el ámbito de la otra institución. En ese sentido, una demanda competencial únicamente se debe interponer cuando entre dos órganos del Estado, uno de ellos interfiere en las atribuciones y competencias del otro. Y ese no es el caso en esta coyuntura del pedido de vacancia que está tramitando el actual parlamento, sencillamente porque está basado en un precepto constitucional. Leer bien el artículo 113° inciso 2 de la Constitución: La Presidencia de la República vaca por su permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso. En otros términos, eso quiere decir que la atribución y/o competencia de vacar a un mandatario es exclusivamente del Poder Legislativo, y no del Poder Ejecutivo ¿Acaso en la Constitución se señala que el Poder Ejecutivo puede vacar a su presidente? Obviamente que no, pues, un presidente de la Nación no puede vacarse a sí mismo. Sin embargo, si bien el Ejecutivo a través de su ministerio de Justicia tiene todo el derecho de interponer este absurdo jurídico; no obstante, el Tribunal Constitucional ni siquiera debería admitir dicha demanda competencial. Asimismo, la ministra de Justicia Ana Neyra como parte de la estrategia presidencial habló de interponer una Medida Cautelar con el único afán de suspender la pronta sesión del Pleno que se llevará a cabo el viernes 18 donde deberá asistir el presidente Martín Vizcarra para ejercer su derecho a la defensa y donde probablemente a través de los votos llegue a ser vacado. La estrategia de los “abogados” de Vizcarra pretende ganar tiempo para así tumbarse el Pleno de este viernes, considerando que la medida cautelar sirve justamente para eso: para suspender y/o congelar un “tramite” o “acto” hasta que la demanda se resuelva al final con el fallo del Tribunal Constitucional y éste, por lo menos tardaría dos meses y por eso, la pretensión estratégica del gobierno es que en todo ese tiempo Martín Vizcarra continúe gobernando.

Ministra de Justicia, Ana Neyra.

Así las cosas, cuando el tribuno Eloy Espinoza-Saldaña normalmente sale en los medios y los periodistas le preguntan sobre un caso específico que está en curso en el Tribunal Constitucional, él siempre dice que no puede adelantar opinión; sin embargo, ayer en un programa dominical se despachó con todo y aseveró irresponsablemente:

 “Nosotros lo que tenemos es el poder de paralizar el trámite del proceso de vacancia si consideramos que hay elementos, indicios, de violación de competencias de quien ha presentado la demanda. Si eso significa que el día 18 estaba programada una sesión para vacar al presidente y hay una cautelar dada por nosotros, esa sesión no podría darse”. “Espero que la presidencia del TC nos alcance de inmediato la demanda porque el martes tenemos sesión y aun cuando no está programado, el tema tiene la urgencia suficiente como para poder entrar a discutir, definir quién va a ser el ponente y lo más importante, resolver el martes o el jueves a más tardar si se admite la demanda y si se admite o no la medida cautelar”.

Prácticamente, Espinosa-Saldaña ya está anunciando con antelación que el Tribunal Constitucional admitirá la demanda competencial y la medida cautelar porque deberán resolver con premura a más tardar el jueves, porque como el caso es de urgencia, se trabajará de manera express; y eso es casi imposible porque el Tribunal no puede ni debe resolver esta demanda apenas en tres días y lo mismo con la medida cautelar. Sin embargo, con este TC presidencialista, todo es posible. 

En esa línea, esta mañana el Poder Ejecutivo finalmente presentó al TC la demanda competencial y la medida cautelar, con el afán que el máximo intérprete de la Constitución determine si hubo intromisión e invasión de competencias. Sin embargo, insisto, esa demanda no es procedente a pesar que el Procurador del ministerio de Justicia, Luis Huerta siga sosteniendo que para la admisibilidad solamente requerirán verificar un conflicto que enfrente a dos órganos del Estado; además afirma que se está afectando la competencia del presidente de la Republica para dirigir la Política General del Gobierno como consecuencia del uso indebido de la competencia del Congreso al declarar la vacancia por permanente incapacidad moral. Asimismo, el abogado del Minjus insiste en sustentar que la postura del Ejecutivo, es que el Congreso está haciendo un uso indebido de su competencia para declarar la vacancia por incapacidad moral permanente. Y eso es, además de absurdo, absolutamente falaz, ¿Qué tiene que ver aquí la Política General del Gobierno?

¿Por qué el Procurador Huerta no menciona la norma constitucional que el Congreso está aplicando?

Cabe resaltar que el artículo 113° inciso 2° de la Carta Magna es taxativo, porque confiere al Congreso un pleno uso de su competencia para decidir si vaca o no a un presidente, si éste parlamento, previa votación lo considera admisible. Por lo tanto, aquí no existen competencias debidas o indebidas como afirma el Procurador del Minjus. Y lo único que hay en estos escenarios: son competencias, o incompetencias. Sin embargo, todos los periodistas de los programas de prime time se inhiben ante algunos constitucionalistas que vienen desinformando a pesar que conocen la ley, y las conductoras y conductores no replican ni cuestionan porque se sienten profanos en temas jurídicos. Craso error para un comunicador/a que está obligado a estar informado en asuntos legales. Y eso sin contar la mala práctica mermelera que ejercen los medios pagados por el gobierno.

Parlamentario Manuel Merino, Presidente del Congreso de la República.

Si bien, el presidente no está obligado a asistir el próximo viernes al Pleno del Congreso para hacer uso de su derecho de defensa, sin embargo, la sesión del Pleno de todas formas debatirá y votará finalmente para decidir si Martín Vizcarra se va o no de Palacio de Gobierno. Entre tanto, si el Tribunal Constitucional decide admitir  y otorgar una Medida Cautelar Express, en solo tres días; es decir, hasta el día jueves; Martín Vizcarra sería salvado por un pelo, hasta que esa cautelar se levante, o en su defecto, se lea el fallo final de la demanda. Eso coadyuvaría a azuzar la crisis política y solo nos confirmaría que el Tribunal Constitucional está tomado por el gobierno de turno. 

A continuación, todo lo referente al Proceso Competencial en el Código Procesal Constitucional:

TÍTULO IX

PROCESO COMPETENCIAL

Artículo 109.- Legitimación y representación

El Tribunal Constitucional conoce de los conflictos que se susciten sobre las competencias o atribuciones asignadas directamente por la Constitución o las leyes orgánicas que delimiten los ámbitos propios de los poderes del Estado, los órganos constitucionales, los gobiernos regionales o municipales, y que opongan:

1) Al Poder Ejecutivo con uno o más gobiernos regionales o municipales;

2) A dos o más gobiernos regionales, municipales o de ellos entre sí; o

3) A los poderes del Estado entre sí o con cualquiera de los demás órganos constitucionales, o a éstos entre sí.

Los poderes o entidades estatales en conflicto actuarán en el proceso a través de sus titulares. Tratándose de entidades de composición colegiada, la decisión requerirá contar con la aprobación del respectivo pleno.

Artículo 110.- Pretensión

El conflicto se produce cuando alguno de los poderes o entidades estatales a que se refiere el artículo anterior adopta decisiones o rehúye deliberadamente actuaciones, afectando competencias o atribuciones que la Constitución y las leyes orgánicas confieren a otro.

Si el conflicto versare sobre una competencia o atribución expresada en una norma con rango de ley, el Tribunal declara que la vía adecuada es el proceso de inconstitucionalidad.

Artículo 111.- Medida Cautelar

El demandante puede solicitar al Tribunal la suspensión de la disposición, resolución o acto objeto de conflicto. Cuando se promueva un conflicto constitucional con motivo de una disposición, resolución o acto cuya impugnación estuviese pendiente ante cualquier juez o tribunal, éste podrá suspender el procedimiento hasta la resolución del Tribunal Constitucional.

Artículo 112.- Admisibilidad y procedencia

Si el Tribunal Constitucional estima que existe materia de conflicto cuya resolución sea de su competencia, declara admisible la demanda y dispone los emplazamientos correspondientes.

El procedimiento se sujeta, en cuanto sea aplicable, a las disposiciones que regulan el proceso de inconstitucionalidad.

El Tribunal puede solicitar a las partes las informaciones, aclaraciones o precisiones que juzgue necesarias para su decisión. En todo caso, debe resolver dentro de los sesenta días hábiles desde que se interpuso la demanda.

Artículo 113.- Efectos de las Sentencias

La sentencia del Tribunal vincula a los poderes públicos y tiene plenos efectos frente a todos. Determina los poderes o entes estatales a que corresponden las competencias o atribuciones controvertidas y anula las disposiciones, resoluciones o actos viciados de incompetencia. Asimismo resuelve, en su caso, lo que procediere sobre las situaciones jurídicas producidas sobre la base de tales actos administrativos.

Cuando se hubiera promovido conflicto negativo de competencias o atribuciones, la sentencia, además de determinar su titularidad, puede señalar, en su caso, un plazo dentro del cual el poder del Estado o el ente estatal de que se trate debe ejercerlas.

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