En pleno siglo 21 y homofóbico. El Poder Judicial (PJ) declaró consentida la condena contra el ex integrante de la orquesta Zaperoko, Juan Carlos Paz Lobatón, por burlarse de un miembro de la comunicada LGBT en el año 2018.

Paz Lobatón, quien no presentó ningún recurso para revertir la decisión judicial, es condenado a dos años de pena privativa de la libertad suspendida, así como el pago de una reparación civil equivalente a dos mil soles y el cumplimiento de reglas de conducta, según Sergio Cruz abogado y asesor de litigio estratégico de Promsex.

 El fin del proceso judicial ocurre luego de 6 años y cuatro meses. Como se recuerda, el 30 de noviembre de 2018, el ciudadano Antonio Gálvez denunció haber sido víctima de burlas homofóbicas por integrantes de la orquesta de salsa conocida como Zaperoko.

“Uno de los integrantes se encontraba parado parodiando sus movimientos de forma burlona y exagerada, y era apoyado con burlas y risas ruidosas por los demás integrantes y el dueño de la orquesta musical”, detalló Promsex sobre el caso. Las grabaciones de Gálvez sirvieron para identificar a sus agresores.

El representante de Promsex recordó que la denuncia de Gálvez fue vital para que las autoridades atendieran el caso, así como el apoyo que recibió de miles de internautas quienes condenaron lo ocurrido. Sobre el agresor Paz Lobatón, “lo último que supimos es que ya no formaba parte de la orquesta, pero había periodos en los que trabajaba con ellos, otros en que no. Ha estado trabajando de manera intermitente”.

El Gerente Regional de Transportes y Comunicaciones de Loreto, Dr. Pío Flores Tang, visitó la provincia fronteriza del Putumayo para coordinar acciones con las autoridades locales y promover proyectos de infraestructura vial. Uno de los principales temas abordados fue el mantenimiento de la carretera Flor de Agosto – Puerto Arica, una vía clave que podría reducir la distancia entre Iquitos y la localidad de El Estrecho.

Durante la reunión con el alcalde provincial, se acordó gestionar una visita conjunta a Provías y al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) con el objetivo de solicitar mayor atención para el mantenimiento de esta ruta estratégica.

Además, se resaltó la importancia de un trabajo articulado entre el Gobierno Regional y las autoridades locales para impulsar el desarrollo de la provincia. En ese sentido, Pio Flores Tang reafirmó el compromiso del gobernador René Chávez de mejorar las condiciones de vida de los habitantes de esta zona fronteriza, considerada un bastión de patriotismo y peruanidad.

Actualmente, la región Loreto enfrenta grandes desafíos en su infraestructura vial debido a la falta de mantenimiento y las condiciones climáticas adversas. Muchas de sus carreteras y caminos rurales se encuentran en estado de deterioro, lo que dificulta el transporte de personas y productos. En varias localidades, la conexión terrestre es prácticamente inexistente, obligando a los pobladores a depender del transporte fluvial, lo que encarece costos y limita el acceso a servicios básicos.

Pese a estos problemas, el Gobierno Regional ha anunciado la priorización de proyectos de infraestructura vial en diversas zonas, con el objetivo de mejorar la conectividad y dinamizar la economía local. Sin embargo, el avance de estas iniciativas sigue dependiendo del apoyo del Gobierno Central y de una mejor asignación de recursos, algo que las autoridades locales buscan gestionar con urgencia.

Lo que viene fácil, fácil también se va. En cualquier momento del día, sea en un programa deportivo de señal abierto o de plataforma sale la mención de una conocida casa de apuestas. Es más, la propia liga doméstica profesional es auspiciada por una de ellas, y si ahondamos más en el asunto se pueden encontrar diversos negocios alejados del rubro de deportes que llevan consigo un logo de esas casas de apuestas.

El problema de todo eso es que se busca normalizar la apuesta, mencionándose escueta y casi silenciosamente que puede causar ludopatía, sin embargo, es tanto el dinero que reciben los programas y las empresas que terminan estirando la mano de aquellas casas dedicadas a las apuestas formales.

Un informe de Playtech titulado “Juego Responsable: datos y tendencias del consumidor en América Latina”, arrojó que el Perú tiene la tasa más alta de jugadores online frecuentes en la región. El 92 % de los encuestados apuesta, al menos, una vez al mes en estas plataformas.

En el país, el fútbol predomina en el mercado con casi el 90% de la participación. En general, el sector mueve alrededor de 2.5 mil millones de dólares.

A su vez, los juegos favoritos de los connacionales son las máquinas tragamonedas y la ruleta, con un 59 % de encuestados manifestando su preferencia. Luego, está el bingo (48 %) y el blackjack (28 %).

Una ruleta sin fin

Según el estudio, un 46 % de los entrevistados dijo que tuvieron intentos fallidos de dejar de participar en juegos de apuestas. En ese sentido, uno de cada tres (33 %) manifestó saber exactamente a dónde acudir en caso sientan un daño, mientras que un número ligeramente menor (31 %) sostuvo tener una idea al respecto.

En contraste, uno de cada cinco (22 %) no tiene ninguna idea de dónde buscar ayuda. Los jugadores mayores de 55 años son los menos informados, ya que solo el 10 % sabe a qué lugares acudir. Este es el porcentaje más bajo entre los grupos de edad.

Los cantantes de cumbia manifiestan el miedo que los agobia día a día y declaran que quieren seguir viviendo y no ser asesinados por bandas de extorsionadores.  A través de un comunicado conjunto, firmado por los grupos ‘Armonía 10’, ‘Corazón Serrano’, ‘La Única Tropical’, ‘Agua Marina’ y ‘Hermanos Yaipén’, la orquesta piurana impulsó la campaña #NoQueremosMorir, en la que artistas y agrupaciones expresaron su indignación por la incesante inseguridad que enfrentan ante la delincuencia y la extorsión que los mantiene en zozobra permanentemente.

«Alzamos nuestra voz de protesta porque estamos cansados de las extorsiones, amenazas, el peligro y asesinatos que enfrentamos día a día los artistas en el Perú», se lee en el pronunciamiento, firmado por cantantes y músicos.

‘Armonía 10’ también hizo un llamado a grupos de rock, pop, cumbia, salsa, reguetón y otros géneros en el país para unirse a la campaña #NoQueremosMorir, con el propósito de exigir a las autoridades medidas severas y concretas contra la criminalidad y frenar los asesinatos de artistas que actualmente se estaría convirtiendo en una práctica normal.

«No podemos seguir normalizando esta realidad, por eso, hacemos un llamado urgente a nuestros colegas de la cumbia, salsa, folklore, rock, y a todos los artistas del país, así como a los medios de prensa y marcas, para unirnos y exigir seguridad y justicia y acciones inmediatas por parte de las autoridades y el cese de toda esta criminalidad.

La música debe ser paz, no miedo. No nos callarán. Unidos somos más fuertes. ¡Exigimos justicia! Únete a nuestra causa usando el hashtag #NoQueremosMorir y juntos hagamos ruido hasta ser escuchados”, sostienen en el comunicado.  

Piuranos gritan en homenaje al cantante ‘El Ruso’: ¡Fuera Dina!

Este martes 18 de marzo, desde horas de la tarde, miles de ciudadanos piuranos se reunieron en las calles del asentamiento humano (A.H) Andrés Avelino Cáceres, en Piura, para despedir al asesinado vocalista de Armonía 10, el ‘Ruso’ Paul Flores, pero de pronto la ceremonia que fue amenizada por un recital musical, se convirtió en una protesta en contra de la inseguridad ciudadana y la falta de gestión del Gobierno para controlarla. Y entre música y dolor, los asistentes en plena calle exclamaron su rechazo a la mandataria Dina Boluarte, y gritaban: «¡Fuera, Dina!».

En un esfuerzo por fortalecer la seguridad vial en la región Loreto, el Gobierno Regional, a través del Consejo Regional de Seguridad Vial, viene impulsando estrategias para reducir los accidentes de tránsito y fomentar una cultura de prevención entre conductores y peatones.

Recientemente, en representación del gobernador regional de Loreto, Dr. René Chávez, el Dr. Pío Flores Tang, gerente regional de Transporte y Comunicaciones y secretario técnico del Consejo de Prevención de Siniestros Viales (COPRESEVI), visitó la ciudad de San Antonio del Estrecho, capital de la provincia fronteriza del Putumayo. En esta visita, el Dr. Flores Tang juramentó al alcalde provincial, César Campos Asenjo, como presidente del Consejo Provincial de Seguridad Vial. Asimismo, el burgomaestre tomó el juramento a los demás miembros del consejo provincial, consolidando así un equipo de trabajo orientado a la reducción de siniestros viales en la región.

Durante su discurso, el Dr. Flores Tang enfatizó que la seguridad vial es una responsabilidad compartida entre autoridades, conductores y peatones. Hizo un llamado a la población a respetar las normas de tránsito, tales como el límite de velocidad, la prohibición de conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias prohibidas, la obligatoriedad del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), la prohibición del uso del teléfono móvil al volante, y la observancia de las señales de tránsito.

«Reducir los accidentes de tránsito no solo es una meta gubernamental, sino una necesidad para preservar vidas y evitar el sufrimiento de familias afectadas por siniestros viales», señaló el funcionario.

Finalmente, Pío Flores instó a las autoridades locales a trabajar de manera articulada con el Estado, las empresas de transporte, los conductores y la sociedad civil para implementar planes de acción efectivos. Subrayó la importancia de sensibilizar a la ciudadanía sobre la seguridad vial y reforzar la fiscalización de las normas de tránsito con el fin de reducir los accidentes en calles y carreteras de la región.

«El trabajo conjunto es clave para generar conciencia ciudadana. Si todos asumimos un compromiso real con la seguridad vial, lograremos disminuir los siniestros viales y proteger a nuestras familias», concluyó el funcionario regional.

Un equipo de la Policía Nacional del Perú (PNP), liderado por el Coronel Juan Carlos Reyes Miranda, intervino esta mañana en el colegio Santa Rosa de Lima 2001 para investigar a la directora, ST1 PNP Flor Betzabé Cama Trebejo. La funcionaria fue denunciada por condicionar la matrícula de un estudiante al pago de una cuota y por difamar al menor.

La madre del alumno afectado, Victoria Lezama, denunció que la vacante de su hijo fue injustamente cancelada por la directora. Sin embargo, el coronel Erick Augusto Quiroz Dávila, jefe del Departamento de Gestión y Servicios Educativos de la PNP, revirtió la decisión. A pesar de ello, Cama Trebejo continuó negándose a restituir la vacante que le correspondía al menor.

Ante la gravedad del caso, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ordenó la intervención de las unidades correspondientes de la Policía Nacional del Perú. Durante la diligencia, el coronel Reyes Miranda entrevistó a la directora y recabó información contable sobre los aportes que los padres de familia deben pagar para matricular a sus hijos en el colegio policial.

Victoria Lezama relató que el lunes, día de inicio de clases, acudió a la institución, pero la directora continuaba negándole la vacante a su hijo. «Me quedé muy triste en la puerta del colegio viendo cómo las demás madres despedían a sus niños. Decidí que mi hijo se quedara en casa porque presentía que la señora Cama Trebejo volvería a humillarme. Y no me equivoqué», expresó.

Curiosamente, tras la publicación de este caso en los medios, la secretaria de la directora, Técnico PNP Rosmery Alejandro Flores, llamó a la familia del estudiante para informarles que la vacante estaba disponible.

Esta situación plantea una interrogante preocupante: ¿Cuántas familias aceptan estos abusos en silencio por temor a represalias contra sus hijos?

Esperamos que la Inspectoría de la Policía Nacional del Perú realice una investigación exhaustiva y garantice justicia. Los colegios de la PNP están destinados a ser dirigidos por oficiales preparados en gestión educativa, pero en este caso surgen dudas: ¿Cuáles fueron los méritos de la ST1 PNP Flor Betzabé Cama Trebejo para asumir el cargo? Hasta el momento, la única referencia que se conoce es que reside a cuatro cuadras del colegio.

La transparencia y la justicia no pueden seguir siendo relegadas en la educación de nuestros niños. Desde el Ministerio del Interior se conoció que tras las investigaciones se hará público las conclusiones del caso.

Es importante señalar, que tras publicar este caso del colegio Santa Rosa de Lima 2001, más padres de familia se han comunicado con nosotros para realizar nuevas denuncias.

Saúl contra Goliat. Saúl Luciano Lliuya, un agricultor y guía turístico de 44 años, compareció este lunes ante un tribunal en Hamm, Alemania, para presentar su denuncia contra RWE, una de las mayores empresas energéticas del mundo.

Lliuya reclama que la compañía, señalada como responsable de un porcentaje significativo de las emisiones globales de carbono, financie medidas de protección contra el deshielo de los glaciares en la región de Áncash, que amenaza con inundaciones a más de 50 mil personas, incluida la comunidad de Huaraz.

Lliuya, oriundo de Huaraz, sostiene que el lago Palcacocha, ubicado a 4500 metros de altitud en la cordillera central de los Andes, representa un peligro creciente debido al derretimiento de los glaciares cercanos.

Según Germanwatch, la ONG que lo respalda, el nivel de esta laguna glaciar ha subido “peligrosamente en varias ocasiones” por el cambio climático.

“Los glaciares están desapareciendo poco a poco. Palcacocha pone en riesgo mi vida y la de miles de personas”, afirmó Lliuya antes de la audiencia.

El agricultor exige que RWE aporte aproximadamente 17,000 euros (18,400 dólares) para construir un dique que reduzca el riesgo de desborde. Su argumento se basa en un estudio de 2014 que atribuye a RWE el 0,47% de las emisiones mundiales de carbono desde la era industrial, lo que lo haría parcialmente responsable de los efectos del deshielo en Perú.

La audiencia actual busca determinar si la propiedad del agricultor en Áncash está en riesgo sustancial de inundación. De confirmarse, una futura sesión evaluará la responsabilidad de RWE.

El caso de Lliuya no es solo una batalla local. Según Zero Carbon Analytics, hay 43 litigios por daños climáticos en curso a nivel mundial, y una resolución favorable en Hamm podría revertir el fallo inicial de Essen, marcando un hito en la responsabilidad corporativa frente al cambio climático.

“Es hora de que empresas como RWE contribuyan de forma justa a los daños que han causado”, señaló Francesca Mascha Klein, de Germanwatch.

El bufete Freshfields Bruckhaus Deringer, que representa a RWE, advierte que, aunque la suma en disputa es menor a 20 000 euros, las implicaciones de un precedente podrían ser enormes para la industria energética global.”

El inicio del año escolar 2025 en Lima se ve marcado por un nuevo caso de abuso de autoridad y vulneración del derecho a la educación. En la Institución Educativa Estatal PNP Santa Rosa de Lima 2001, administrada por la Policía Nacional del Perú, la directora, ST1 PNP Flor Betzabé Cama Trebejo, ha sido acusada de negar injustificadamente una vacante a un estudiante y de calumniarlo sin pruebas. Este tipo de acciones no solo afectan a una familia, sino que establecen un peligroso precedente para toda la comunidad estudiantil.

La madre del menor afectado, Victoria Lezama, denuncia que su hijo había obtenido una vacante en el colegio a través del Departamento de Gestión y Servicios Educativos de la PNP, cumpliendo con todos los requisitos, pues pertenece a una familia policial. Sin embargo, la directora eliminó su nombre de la lista de admitidos, exigiendo un pago de 460 soles para restituirle su lugar. “Yo pagué ese monto porque corresponde a una cuota anual que abonamos por alumno, pero aun así me tuvo toda una semana sin atenderme en su oficina”, relata indignada la madre.

Directora Flor Betzabé Cama Trebejo.

El padre del estudiante, Miguel Mejía Castro, logró ubicar a la directora dentro de un aula y exigirle explicaciones. Su respuesta fue alarmante: la funcionaria escolar afirmó que no aceptaría al menor porque en 2023 se le habría encontrado marihuana en su mochila, basando su acusación en un supuesto informe de aquel año. Sin embargo, dicho informe nunca existió. “Mi esposa jamás fue citada a ninguna reunión ni informada sobre un hecho de esa naturaleza. Durante dos días, la directora intentó justificar su decisión buscando un documento inexistente, para luego terminar admitiendo que nunca hubo tal informe. Esto deja en evidencia que su acusación fue fabricada con el único propósito de negarle la vacante a mi hijo. Voy a proceder con una denuncia formal por difamación ante las autoridades competentes”, enfatiza el padre.

Los padres del estudiante recurrieron a la exdirectora del colegio, la profesora Giselle Zúñiga, y a varios docentes del plantel, incluido el tutor del menor, Wilmer Malaspina. Todos coincidieron en que no tienen conocimiento de la acusación realizada por la directora Cama Trebejo.

Debido esta grave situación, Miguel Mejía Castro solicitó una reunión con el jefe del Departamento de Gestión de Servicios Educativos de la PNP, el coronel Erick Augusto Quiroz Dávila. La cita se llevó a cabo el 14 de marzo y contó con la presencia de la directora denunciada. Durante el encuentro, ocurrió un giro inesperado: la funcionaria cambió su versión y admitió que, en realidad, se había confundido de estudiante. “Ante la inconsistencia de sus declaraciones, fui testigo de cómo el coronel Quiroz ordenó a la directora restituir de inmediato la vacante a mi hijo”, asevera el padre del menor afectado.

¿Pago o extorsión? padres cancelaron 460 al colegio. A pesar de aportar el dinero el menor sigue sin ser matriculado.

Pero lo más indignante aún estaba por suceder. Hoy, lunes 17 de marzo, día del inicio del año escolar, la directora Flor Cama Trebejo sigue negándose a cumplir con la orden y continúa vulnerando el derecho del menor a la educación.

«La actitud de la directora evidencia un ensañamiento contra mi familia. Somos vecinas, ella vive justo al frente de mi casa. Desde que asumió el cargo el año pasado, ha intentado obstaculizar el acceso a la educación de mis hijos. En 2024, ya le había negado la vacante a mi hijo mayor, y solo gracias a la intervención de un oficial del Departamento de Gestión y Servicios Educativos de la PNP logré matricularlo en el colegio», denuncia Victoria Lezama.

Los padres exigen justicia y hacen un llamado a las autoridades del Ministerio de Educación, la Defensoría del Pueblo, Ministerio del Interior y a la Policía Nacional del Perú para que intervengan con urgencia. Este abuso no solo transgrede el derecho individual de un estudiante, sino que también socava la confianza en las instituciones educativas administradas por la Policía Nacional del Perú.

Nos comunicamos vía telefónica con la directora Flor Betzabé Cama Trebejo para recoger su descargo sobre este caso, pero hasta el cierre de este informe no respondió la llamada ni los mensajes de WhatsApp que se le envió a su número celular.

Es importante señalar que la información de este escandaloso caso también se envió a la Comisión de Educación del Congreso de la República. Es necesario que las entidades correspondientes actúen de inmediato y sancionen este atropello. La educación es un derecho fundamental, y ningún abuso de autoridad puede quedar impune.

Estamos a la espera de la respuesta del ministro de Educación Morgan Quero y del ministro del Interior Juan José Santiváñez, que ya han tomado conociendo de lo que sucede en la Institución Educativa Estatal PNP Santa Rosa de Lima 2001.

Actualización

Tras tener conocimiento del caso, el ministro Juan José Santiváñez mencionó: «Estamos disponiendo que la oficina de Asuntos Internos del ministerio del Interior inicie las investigaciones con respecto a esta penosa situación. Bajo ninguna condición se puede restringir el derecho de matricula y mucho menos el derecho a la educación por ninguna persona, y menos por ninguna autoridad. Nosotros tenemos que garantizar la educación de cualquier menor».

Aquí el audio de la respuesta completa del ministro del Interior.