Carrera contra el tiempo. Todo lo que no revisaron durante el segundo periodo legislativo (del 1 de marzo al 15 de junio), el Pleno del Congreso de la República sesionará este martes 10, miércoles 11 y jueves 12 para debatir importantes dictámenes de proyecto de ley y tratar temas de interés nacional.

La sesión del martes será semipresencial y empezará a las 15:00 horas. Previamente, el presidente del Legislativo, Eduardo Salhuana, convocó a los miembros de la Junta de Portavoces a una sesión a partir de las 9:00 horas con el objetivo de coordinar los temas de la agenda parlamentaria programada para los próximos días.

Mientras que la reunión del miércoles también será semipresencial y comenzará a las 10:00 horas.

En cuanto a la última sesión, la del jueves, cabe mencionar que esa sí será de manera presencial pues el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana Ysa, acudirá al Congreso en compañía de los demás ministros de Estado con el objeto de exponer y debatir la política general del Gobierno y las principales medidas que requiere su gestión con la intención de obtener el voto de confianza.

Según el artículo 82 del Reglamento, “al inicio de su exposición, el presidente del Consejo de Ministros entrega la versión completa a cada uno de los congresistas”.

Además, señala que “la cuestión de confianza que plantee el presidente del Consejo de Ministros a nombre del Consejo en su conjunto, será debatida y votada en la misma sesión o en la siguiente, según lo que acuerde en forma previa el Consejo Directivo o en el acto el Pleno del Congreso. El resultado de la votación será comunicado de inmediato al presidente de la república, mediante oficio firmado por el presidente del Congreso y uno de los vicepresidentes. Si el Pleno negara su confianza al Consejo de Ministros, el presidente de la república aceptará la renuncia del presidente del Consejo de Ministros y de los demás ministros, que debe realizarse de inmediato”.

Denuncian ante la Fiscalía Especializada de Restos Arqueológicos y Monumentos de Nasca y Palpa al ministro de Cultura, Fabricio Valencia Gibaja y la viceministra de patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Moira Rosa Novoa Silva, por los delitos de Cohecho pasivo propio, Omisión de deberes de funcionarios públicos, Atentado contra monumentos arqueológicos declarados como patrimonio paleontológico del Perú y  abuso de autoridad condicionando ilegalmente la entrega de bienes y servicios, todos ellos tipificados en el Código Penal peruano. 

Asimismo, fueron denunciados el Director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica, Víctor Eduardo Injante Tipismana, La responsable de la Dirección Desconcentrada de Cultura Ica, Jeanette Agueda Gutiérrez Achulla, la coordinadora del área de Patrimonio Arqueológico Inmueble de la DDC Ica, Miriam Roxana Moquillaza Ramos, el responsable del Sistema de Gestión Nasca-Palpa de la DDC de Ica, Johny Isla Cuadrado, el procurador público del Mincul, Henmer Alva Neyra, el actual gobernador Regional de Ica, Jorge Hurtado Herrera, el Director Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Ica, Javier Antonio Borjas Olaechea, y el alcalde de Nasca, Wilman Jorge Bravo Quispe; y contra todos los que resulten responsables en dicha investigación. También fue denunciado el ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero Cornejo por el delito de Atentado contra Monumentos Arqueológicos, tipificado en el articulo 226° del Código Penal.

Esta acusación interpuesta por el ciudadano residente en Nasca-Ica, Leonardo Favio Rojas Escajadillo se fundamenta en la reciente Resolución Viceministerial N° 000128-2025-VMPCIC/MC firmada por la viceministra Novoa Silva, la cual redujo más de 2 mil metros cuadrados del área de protección de las Líneas de Nasca y Palpa, afectando gravemente las zonas que tienen restos y evidencias arqueológicas; los mismos que han permanecido con protección durante varias décadas.  

Asimismo, la denuncia cuestiona a la reciente resolución Viceministerial N° 00134-2025-VMPCIC/MC publicada el domingo 8 de junio, por pretender aparentar una verdadera enmienda jurídica, y porque configuraría una maniobra falsa y encubridora orientada a eludir la responsabilidad administrativa, civil y penal derivada de la emisión irregular y viciada del acto anterior. En tanto, el nuevo dispositivo no reconoce expresamente la nulidad del acto administrativo precedente, a pesar que la causal de nulidad es objetiva y manifiesta.

Por tanto, se pide iniciar una investigación penal contra los funcionarios responsables; así como declarar la nulidad de ambas resoluciones viceministeriales; y que finalmente, se restituya el perímetro original del territorio arqueológico vulnerado.

Se quiso pasar de listo. Luego de que la jueza de investigación preparatoria nacional, Margarita Salcedo, declarara el pasado 29 de mayo la caducidad de la comparencia con restricciones contra el ex presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), el otrora “candidato de lujo”, ni corto ni perezoso, alistó sus malestas y se quiso ir a los Estados Unidos.

El ex mandatario, en una silla de ruedas, se aprestó este último sábado a abordar su vuelo, pero la alerta de Migraciones se activó y su ‘sueño americano’ fue truncado. Minutos despues de que se activara la alerta migratoria que tiene vigente, el fiscal Carlos Puma Quispe y la fiscal adjunta Leidi Gálvz Sánchez, ambos de la Segunda Fiscalía Especializada en delitos de Lavado de Activos, acudieron al nuevo aeropuerto Jorge Chávez para verificar que el ex mandatario intentaba salir del país.

Como se recuerda, al expresidente se le viene investigando por unas presuntas irregularidades en la campaña presidencial del partido Peruanos por el Kambio entre el 2015 y el 2016. En este caso se le atribuye al exgobernante los delitos de lavado de activos agravado, falsa declaración en procedimiento administrativo y fraude procesal.

18 meses de impedimento de salida del país para PPK

En un principio el Ministerio Público había solicitado que se revise el impedimento de salida del país contra el exmandataria para este lunes a las nueve de la mañana, pero debido al intento de salida de PPK, la jueza Salcedo Guevara, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, dictó ayer 18 meses de impedimento, rechazando el pedido de 36 meses de la Fiscalía al consideralo desproporcionado.

En tanto, el expresidente adujo, mediante un comunicado, que Migraciones “vulneró todos” sus “derechos constitucionales” al impedirle el pasado sábado abordar un avión para reencontrarse con su esposa Nancy Lange, a la que no ve, indicó, desde hace más de siete años, fecha que coincide en el momento donde decide renunciar a la presidencia del Perú tras revelarse los infames “Mamanivideos”; a la par, el Congreso evaluaba vacarlo tras conocerse su vinculación con la constructora brasileña Odebrecht.

Con la plata de todos. La suerte que tienen algunos ciudadanos que sin mucho mérito y esfuerzo se pueden llevar a sus bolsillos hasta 15 mil soles por el solo hecho de ser “personal de confianza” de la Mesa Directiva del Congreso de la República que, una vez más, demuestra con acciones el porqué de su pobre aprobación.

Un informe del dominical Cuarto Poder reveló que la Mesa Directiva, presidida por el congresista Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso) viene realizando contrataciones sin pasar por el concurso público, es decir, pueden ingresar a trabajar al Poder Legislativo con el solo hecho de solo saber sumar y restar.

Pero esto no viene de ahora, sino desde el año 2022, cuando la Mesa Directiva era presidida por el parlamentario José Williams (Avanza País). En efecto, gracias al Acuerdo de Mesa n.° 072-2022-2023/MESA-CR se creó el denominado “Módulo de Personal de Confianza Adicional de la Organización Parlamentaria”, permitiendo una suerte de ‘puerta giratoria’ para que los congresistas contraten “asesores” sin tantos pergaminos o experiencia laboral.

Otro despilfarro en el Congreso

El citado medio detalló que durante la gestión de José Willams, en 2023, el gasto en estas contrataciones ascendió a S/2 076 722. Su sucesor, Alejandro Soto Reyes (Alianza para el Progreso), elevó el monto a S/3 194 476. Pero fue Eduardo Salhuana Cavides (Alianza para el Progreso) quien impuso una marca preocupante: en apenas nueve meses de gestión, se gastaron S/3,5 millones en este tipo de personal.

Así, solo en abril del 2025 se destinó cerca de medio millón de soles en sueldos para 58 trabajadores con el rótulo de “personal de confianza”. Entre los afortunados figuran: Yeshira Peralta Salas, cuñada nada menos que del congresista Alejandro Soto; Jimmy Torres Siás, asesor del presidente del Congreso. Sin maestrías ni una trayectoria destacada en el servicio público, percibe un sueldo de 15 mil soles mensuales y ha viajado en múltiples ocasiones al extranjero acompañando al titular del Legislativo.

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Según el propio acuerdo de Mesa Directiva, el personal del llamado módulo de confianza no pasa por concurso público. Es el presidente del Congreso quien decide a quién contratar

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— Cuarto Poder (@Cuarto_Poder) June 9, 2025

La ‘mesa’ está servida

Por otro lado, algunos congresistas manifestaron desconocer tal “Módulo de Personal de Confianza”, ya que solo la Mesa Directiva maneja ese tipo de contratos “adicionales”. Parlamentarios como Paul Gutiérrez (Bloque Magisterial) o Guido Bellido (Podemos Perú) mencionaron no tener conocimiento de tal módulo. En tanto, los demás congresistas que conforman la Mesa Directiva evitaron pronunciarse al respecto; por un lado, Waldemar Cerrón optó por el silencio, mientras que Alejandro Cavero, prefirió evadir a los periodistas.

La provincia de Nazca ha despertado el interés de empresarios mineros y energéticos. La riqueza cultural de las Líneas de Nasca y Palpa sobre su suelo parece no importar cuando existen mineros informales que buscan a toda costa extraer la riqueza bajo su suelo: oro, plata, cobre y hierro. Pero los suelos de Nazca también son deseados por empresas extranjeras de energías renovables, ya que su ubicación costera y sus fuertes vientos la convierten en un área con potencial para la generación de energía eólica. Detrás del recorte del perímetro de las Líneas de Nasca hay una historia que involucra a políticos, empresarios y al propio Palacio de Gobierno.

La resolución viceministerial N° 000128-2025-VMPCIC/MC, firmada por la viceministra Moira Novoa Silva el 28 de mayo pasado, redibujó el perímetro de las Líneas de Nasca y Palpa. Lo sorprendente de esto es que todo se hizo al caballazo y contó con el apoyo del ministro de Cultura Fabricio Valencia Gibaja. Pero meses antes de la publicación de la resolución en el diario oficial El Peruano, sucedieron cosas muy extrañas, algunas de ellas con visos de presunta corrupción en la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica.

El 24 de marzo pasado, Alberto Martorell Carreño renunció al cargo de director de la DDC de Ica. Según altos funcionarios del Ministerio de Cultura, la renuncia de Martorell se debió a que se opuso al recorte del perímetro de las Líneas de Nasca. Pero Martorell no quedó fuera del Ministerio de Cultura, ya que días después fue designado Coordinador del Proyecto Qhapaq Ñan.

Resolución de renuncia de Alberto Martorell.

Tras la salida del exdirector de la DDC de Ica, el terreno quedó libre de oposición, y la jerarquía en las oficinas del Ministerio de Cultura de Ica se reestructuró para continuar con el plan del recorte del perímetro de las Líneas de Nasca. Es así que el 24 de marzo pasado, el ministro Fabricio Valencia designa como nuevo director de la DDC de Ica a Víctor Injante Tipinmana; como subdirectora le siguió Jeanette Agueda Gutiérrez Achulla y como arqueólogo principal continuó Johny Isla Cuadrado. Ellos, junto a cinco funcionarios más del Mincul, fueron los responsables de sustentar un informe exprés para la modificación del polígono de la reserva arqueológica de las líneas y geoglifos de Nasca y Palpa.

Visos de presunta corrupción en DDC de Ica

“Hubo mucha presión detrás de esto. «La estabilidad del ministro ha sido negociada a cambio de sacar rápido la resolución viceministerial”, señala una fuente de la sede central del Ministerio de Cultura.

Un documento oficial del Mincul revela detalles de cómo se cocinó el informe exprés. Se trata del acta de la primera reunión técnica, donde Johny Isla figura como el funcionario de la DDC de Ica que propuso la “actualización” del polígono que protege la Reserva Arqueológica de las Líneas y Geoglifos de Nasca.

Johny Isla Cuadros, uno de los responsables del informe de la DDC de Nasca.

En dicha acta, también se proyectó un cronograma inusual. La etapa técnica —la más demandante, por implicar labores de campo— fue programada para realizarse en apenas 11 días. Al final, todo el proceso duró solo 17 días. Los responsables de esto son: Alejandra Rengifo, del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial; Carlos Osores, asesor del Viceministerio de Patrimonio Cultural; Diego Milla, arqueólogo, y Diego Villagómez, ingeniero de la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal (DSFL). A ellos se suman Víctor Injante, director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica; Jeanette Gutiérrez, subdirectora de la DDC de Ica; Johny Isla y Miriam Moquillaza, arqueólogos de la DDC de Ica.

Fuente: Ministerio de Cultura.

El arqueólogo Isla ya cuenta con investigaciones; una de ellas es la carpeta fiscal 2106054502-2024-933-0 en la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Nasca, por el presunto delito de omisión de los deberes funcionales.

Fuente: Ministerio Público.

Con Gutiérrez Achulla, funcionaria de confianza del Ministerio de Cultura, el caso adquiere un matiz particular. En 2018, su hermano, Augusto Gutiérrez Achulla, solicitó ante el Ingemmet del Minem derechos mineros sobre 100 hectáreas ubicadas dentro del polígono protegido, según consta en el sistema Geocatmin. Aunque su hermano falleció, ese mismo predio fue solicitado nuevamente el pasado 4 de junio por un tercero, tras advertir que el área ya no contaba con protección arqueológica. Lo que sorprende de todo es el secretismo con que se manejó el tema, y con línea directa al despacho del ministro Fabricio Valencia.

Según fuentes del Ministerio de Cultura, la funcionaria habría favorecido a su hermano, Augusto Sergio Gutiérrez Achulla, quien es titular de un petitorio minero vigente denominado «Águeda 1», ubicado originalmente dentro del polígono protegido de la Reserva Arqueológica de las Líneas y Geoglifos de Nasca.   Aquí la subdirectora Jeanette Águeda Gutiérrez Achulla estaría involucrada en un presunto caso de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, tipificado en el artículo 399 del Código Penal.

Empresa minera en Nasca a nombre del hermano de la funcionaría del Ministerio de Cultura. Fuente: Geocatmin.

Fuente: Ingemmet.

¿Una coima de un millón de soles?

Pero el tema para los funcionarios del Ministerio de Cultura se agrava con la información filtrada del propio Ministerio Público, ya que fuentes de la Fiscalía señalan que tienen información de la persona que estuvo recolectando dinero para presuntamente coimear a los funcionarios de la DDC de Ica. En esa misma línea, la abogada Noemy Castañeda mencionó: “Efectivamente, aquí se ha recolectado un millón de soles. Esta ha sido una gestación del grupo minero, de la facción del mismo Jorge Bravo (alcalde provincial de Nasca por APP). El señor Guzmán Belizario Mamani (APP), que es su candidato, su amigo y su compadre, ha peticionado 800 mil hectáreas en un tercer pedido, el segundo de 600 mil hectáreas y el otro de mil hectáreas. La subdirectora de la DDC también tiene petitorio minero desde el 2018; ella sabía que no se podía, pero su familiar pidió y lleva su nombre: Agueda 1. Creo que todo está gestado políticamente por Alianza por el Progreso (APP)”.

La doctora Castañeda también señaló que hoy lunes se presenta la denuncia formal ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra el Patrimonio para que luego sea canalizada a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Además, la abogada Castañeda mencionó que Jhony Isla debe ser retirado de la DDC de Ica ya que existiría una grosera corrupción.

Otro detalle importante en esta historia es que, tras destaparse el escándalo de las Líneas de Nasca, los funcionarios de la DDC de Ica, Víctor Injante, Jeanette Gutiérrez, Johny Isla y Miriam Moquillaza, casualmente habrían salido de vacaciones.  Según el movimiento migratorio, el señor Johny Isla salió del Perú con rumbo a España el 2 de junio pasado. Es decir, cinco días después de la publicación de la Resolución Viceministerial N° 000128-2025-VMPCIC/MC.

Como en temas políticos y culturales nada es casualidad, lo que nos llama la atención es que viajó a España, país donde se encuentran líderes de APP y, además, país al cual pertenecen empresarios del sector energético interesados en las tierras de Nasca.

Fuente: Migraciones.

Nos comunicamos vía telefónica con Víctor Injante, Jeanette Gutiérrez y Johny Isla, pero ninguno de los tres respondió nuestras llamadas ni mensajes al WhatsApp.

2022: el primer intento fallido

Detrás de la historia del recorte del perímetro de las Líneas de Nasca, hubo reuniones, gestiones y fotografías que registran a políticos de Alianza para el Progreso (APP) con un empresario que tiene grandes intereses mineros. Pero es importante señalar que el deseo del recorte del polígono de las Líneas de Nasca no es nuevo; tuvo un primer capítulo durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo. En abril del 2022 se realizó en Ica una sesión descentralizada de la Comisión de Cultura; por ese entonces el congresista Alex Flores era presidente de la mesa de trabajo, y como ministro de Cultura estaba Alejandro Salas.

La sesión también se convirtió en una audiencia pública descentralizada; el tema principal fue la “Modificación Poligonal Arqueológica de Nasca”. Esta sesión fue impulsada por los congresistas de Ica, José Luis Elías Avalos y Jorge Marticorena Mendoza, dos parlamentarios que actualmente pertenecen a APP de César Acuña.

Sobre esta reunión en Ica, el exministro de Cultura Alejandro Salas recuerda: “Yo viajé porque el Congreso me pidió asistir como ministro de Cultura». Había congresistas de la región de Ica. Marticorena fue uno de los que impulsó; también estuvo Alex Flores porque era presidente de la Comisión de Cultura. Había la necesidad de escuchar a la población y establecer lo mejor para la protección del tema cultural. Me hablaban mucho de la necesidad de servicios básicos, que mientras las Líneas de Nasca eran protegidas, la gente no tenía acceso a agua y desagüe. Pero después, cuando termina la reunión, me pongo a investigar y encontré otro tipo de problemas: tráfico de terrenos y aspectos vinculados a minería ilegal. De ninguna manera iba a firmar un documento que apruebe la situación en ese contexto”.

En esa sesión también participó la congresista Susel Paredes y el exalcalde provincial de Nasca, Oscar Elías Lucana. En el banner de la pared, claramente se lee: «Modificación del poligonal Arqueológico de Nasca».

Foto de sesión descentralizada de la Comisión de Cultura en abril de 2022.

APP: Un alcalde y dos congresistas

Después de casi tres años, el tema de la modificación del polígono de las Líneas de Nasca regresó a la agenda política. Esta vez el contexto es diferente: Dina Boluarte ocupa el sillón presidencial de Palacio de Gobierno, y sus socios políticos son APP y Fuerza Popular. Mientras que en el Ministerio de Cultura, Fabricio Valencia obedece en silencio las órdenes desde Palacio, con la única finalidad de mantenerse en el cargo tras el escándalo de Shirley Hopkins.

Una reunión clave entre políticos de APP y el ministro de Cultura se realizó el 28 de febrero de 2025 en el despacho del ministro Valencia Gibaja. En esa reunión participaron el alcalde de Nasca, Jorge Bravo; el congresista Jorge Marticorena; su asesor del parlamentario, Guillermo Quiroz Moscoso; y dos funcionarios de la Municipalidad Provincial de Nasca: Cecilia Loayza Pinedo y Juan Huamán Reyes.

Reunión con el ministro de Cultura. Fuente: Transparencia.

Según fuentes del propio Ministerio de Cultura, en esa reunión se trató el tema de la modificación del polígono de las Líneas de Nasca y de otras problemáticas de la zona. Para conocer detalles sobre esa reunión, nos comunicamos con el congresista Jorge Marticorena, quien casualmente no firmó la interpelación contra el ministro de Cultura y niega haber gestionado el tema de la modificación del polígono arqueológico de Nasca.

Sobre esta reunión, el parlamentario Marticorena mencionó: “En esa reunión nunca se tocó el tema del polígono; lo que se habló fue a raíz del estado de emergencia en el que estaba Nasca. Lo que estaba pidiendo el alcalde fue que utilizara las piedras para la defensa ribereña y eso no le permitían porque ahí tenía que utilizar unos explosivos. “Nunca se tocó el tema en perjuicio del polígono de Nasca”.

Sobre los intereses mineros de los candidatos políticos de Nasca que pertenecen a APP, Marticorena señaló: “Sí lo sé, pero en esa parte yo tengo mucho cuidado. Todas mis decisiones están vinculadas a la población. Sé que el día lunes están preparando una movilización en Nasca; me he comunicado con algunas personas, pero todavía no con el alcalde. Yo te voy diciendo que no he intervenido ni estoy de acuerdo con esa decisión. «El tema es muy sensible para que el ministro se haya apresurado”.

También nos comunicamos con el congresista José Luis Elías Avalos, pero hasta el cierre de este informe no tuvimos su respuesta. Lo que sí, se le vio muy entusiasta el 29 de mayo en la sesión descentralizada de la Comisión de Cultura que se realizó en Ica. Tras el anuncio del recorte del polígono de las Líneas de Nasca, el congresista Elías publicó en su cuenta oficial de Facebook el siguiente mensaje:

“El ministro de Cultura, Fabricio Valencia, anunció la actualización del área de la Reserva Arqueológica de las Líneas de Nasca, pasando de 5,633 km² a 3,235 km², tras más de 20 años de estudios. Según dijo, esta modificación no afecta su condición de Patrimonio Mundial de la UNESCO, ni su zona de amortiguamiento”. Junto al mensaje aparece una fotografía estrechándole la mano al ministro Fabricio Valencia, como quien dice “tarea cumplida”.

En esa sesión descentralizada de la Comisión de Cultura en Ica del 29 de mayo, justo un día después de la publicación de la Resolución Viceministerial que recortó el perímetro de las Líneas de Nasca, también participaron el congresista Edgard Raymundo, presidente de la mesa de trabajo, la parlamentaria fujimorista Martha Moyano, la viceministra Moira Novoa Silva y el alcalde provincial de Ica Carlos Reyes Roque. Sorprendentemente, la congresista de Fuerza Popular ni el congresista de APP levantaron su voz de protesta ante el atentado cultural contra las Líneas de Nasca. Esto tiene una explicación líneas abajo.

Por su parte, el alcalde provincial de Nasca también negó que en la reunión del 28 de febrero con el Ministerio de Cultura se trató el tema de la modificación del polígono de las Líneas de Nasca. “El día 28 nosotros veníamos de un desborde del río. Hemos sufrido tres situaciones de emergencia; mi reunión ha sido únicamente para hablar de la situación de los acueductos y ver el trabajo de protección de las riberas y para proteger los acueductos. He escuchado muchas versiones, he escuchado que soy minero, que yo soy beneficiado. Las personas que realmente me conocen saben que mis actividades no están en la provincia de Nasca”.

Sobre su amistad con el oscuro candidato de APP y empresario minero, Guzmán Belizario Mamani, señaló: “Somos amigos, eso yo no le puedo negar. Sobre su tema de la minería, pregúntele a él; yo por qué le tengo que responder, yo no tengo por qué saber cuáles son sus actividades ni tengo por qué estar preguntándole”.

Belizario Mamani, empresario minero, candidato de APP.

El personaje de Guzmán Belizario Mamani viene preparando su campaña política para su candidatura al sillón municipal de Nasca; para esto ya se puso la camiseta de APP y cuenta con aliados políticos en el poder. No solo es amigo del alcalde Jorge Bravo, también es presidente del Santos F.C. de Nasca.

Guzmán Belizario Mamani con la camiseta de APP junto a César Acuña, el alcalde de Nasca y otros personajes de Alianza Para el Progreso.

Su pasado está impreso en las páginas policiales; en el 2022 fue sindicado por la fiscalía como financista de una presunta organización criminal. En el reportaje de Cuarto Poder, también se menciona que Belizario Mamani fue denunciado por los delitos de robo, contaminación del ambiente y minería ilegal en forma agravada.

Además, se señala que: “Es un sujeto que pasó de encabezar uno de los seudos sindicatos de construcción civil al lucrativo negocio de la minería informal a través de su empresa Inversiones Mineras GBM E.I.R.L”.

También es importante señalar que en octubre de 2022 la Sala Mixta y Penal de Apelaciones de Nasca anuló la orden de prisión preventiva que se había dictado contra Guzmán Belizario Mamani.

Pero la mención de Belizario Mamani, en este informe, es porque, seis días después de que el Ministerio de Cultura recortara el perímetro de las Líneas de Nasca, el candidato de APP, mediante su empresa Inversiones Mineras GBM, solicitó 800 hectáreas que se encuentran dentro del área del polígono protegido que el Ministerio de Cultura pretendió recortar.  

Empresa minera de Belizario Mamani dentro del polígono de las Líneas de Nasca.

Empresa de Guzmán Belizario Mamani. Fuente: Sunat.

Fuente: INGEMMET.

El PL fujimorista

Pero no solo la bancada de APP tendría intereses en las tierras de Nasca; en abril pasado, desde la bancada de Fuerza Popular, se comenzó a consultar un borrador de un proyecto de ley con el que se buscaba la exclusión de la poligonal arqueológica de Nasca.

El PL fujimorista tenía como objetivo establecer las disposiciones necesarias para la exclusión de determinadas áreas dentro de la poligonal de protección del patrimonio cultural de las Líneas y Geoglifos de Nasca. “Esta medida busca armonizar la conservación del patrimonio arqueológico con las necesidades de desarrollo urbano, económico y social de la región”, señala el documento.

Curiosamente, los congresistas de APP ni de Fuerza Popular se han pronunciado cuestionando la resolución que atentó contra el polígono de las Líneas de Nasca y Palpa. Mucho menos han firmado la interpelación contra el ministro de Cultura. Al final, los gestos políticos muestran los verdaderos intereses que intentan ocultar.

Contacto español en Palacio

Según fuentes de Palacio de Gobierno, otros interesados en las tierras de Nasca serían empresarios españoles dedicados a las energías renovables, ya que su ubicación costera y sus fuertes vientos la convierten en un área con gran potencial para la generación de energía eólica. Según una versión oficial, esta negociación habría tenido incluso el apoyo de la presidenta Dina Boluarte.

Tras el escándalo de las Líneas de Nasca, los empresarios españoles que habrían inyectado dinero están preocupados; una conversación a la cual tuvimos acceso detalló la forma irregular de cómo se habría gestado la oscura resolución firmada por la viceministra Moira Novoa Silva.

Nos comunicamos con la viceministra Moira Novoa para recoger sus descargos sobre las irregularidades de la resolución donde colocó su rúbrica, pero no nos respondió ni las llamadas ni el siguiente mensaje: “Buenas tardes, viceministra Moira Novoa, le estamos llamando para recoger sus descargos sobre la resolución viceministerial que firmó para la reducción del perímetro de Nasca y Palca.  Tenemos información de que usted recibió una orden, y sobre ese tema deseamos hablar”.

También buscamos la versión del ministro de Cultura Fabricio Valencia Gibaja, quien respondió nuestra llamada, pero no accedió a la entrevista telefónica. Su respuesta fue: “Canalízalo mediante la institución, preferiría que todo fuera por la parte formal para evitar cualquier circunstancia anómala”.

Hicimos caso a su recomendación y nos comunicamos con la directora de Comunicaciones del Mincul, Patricia Ramos, a quien llamamos telefónicamente, pero no nos contestó el celular. Insistimos con un mensaje vía WhatsApp donde le mencionamos lo siguiente: “Buenas noches, Patricia Ramos, estamos llamando porque luego de hablar con el ministro Fabricio Valencia, me indicó que la entrevista con él lo coordine contigo. Por ello, quiero coordinar la entrevista para el día que gusten, ya que era importante que me responda hoy sobre el tema de las Líneas de Nasca. Mi consulta era puntual: «¿El ministro Fabricio Valencia recibió la orden para el recorte del perímetro de las Líneas de Nasca desde Palacio de Gobierno?”.

Tres horas después, obtuvimos la respuesta de la jefa de comunicaciones del Ministerio de Cultura. En su mensaje mencionó: “Buenas noches, Sr. Cavello, lamentablemente el SM no podrá brindar la entrevista debido a su recargada agenda.   Sin embargo, respondiendo a su interrogante:

¿El ministro Fabricio Valencia recibió la orden para el recorte del perímetro de las Líneas de Nasca desde Palacio de Gobierno? Le envío la respuesta:

El polígono de las Líneas de Nasca inscritas en la lista del Patrimonio Cultural de la Humanidad NO fue recortado. Por otro lado, el ministro de Cultura NO recibió orden desde Palacio de Gobierno para redelimitar la Reserva Arqueológica de Nasca. Las redelimitaciones de las Reservas Arqueológicas forman parte de las competencias otorgadas por ley al Ministerio de Cultura”.

El Ministerio de Cultura retrocede para tomar impulso

El Ministerio de Cultura ha dejado sin efecto la controvertida resolución que recortaba en un 42% el perímetro de protección de las Líneas de Nasca, ayer 8 de junio, fecha que coincidió con el aniversario del fallecimiento de María Reiche. Sin embargo, lejos de abandonar el intento, ahora se busca aplicar la misma medida por una vía formal y con la participación de varios sectores del Estado.

Detrás de este nuevo intento se encuentran los mismos funcionarios cuestionados, algunos de ellos vinculados a presuntos actos de corrupción. Todo indica que el objetivo sigue siendo el mismo: favorecer intereses privados, especialmente del sector minero y energético, bajo el disfraz de un proceso técnico y participativo.

Mientras se habla de diálogo intersectorial, lo que se estaría gestando es una estrategia para legitimar un nuevo recorte al área protegida de las Líneas de Nasca y Palpa, en beneficio de negociados políticos y empresariales que ponen en riesgo uno de los patrimonios más valiosos del país.

Parece que este gobierno no entiende que los geoglifos de Nasca y Palpa no son simples dibujos en el suelo; son un conjunto interconectado que necesita ser entendido en su totalidad. El espacio que las rodea no es vacío: es parte esencial de su lectura.

Finalmente, en esta historia hay más personajes que poco a poco saldrán a la luz.

Por Jorge Paredes Terry

La madrugada del 7 de junio de 2025, el aeropuerto Jorge Chávez se convirtió en el escenario silencioso de una fuga frustrada. Pedro Pablo Kuczynski, el expresidente de 86 años conocido como «PPK», fue interceptado por la fiscalía cuando intentaba abandonar el Perú, aprovechando la caducidad de la comparecencia con restricciones aplicando la Ley 32130 aprobada por el Congreso y promulgada por Dina Boluarte. Según información no confirmada sugieren que llevaba maletas llenas de pertenencias esenciales, y un billete de primera clase con destino a un país sin extradición. Su abogado argumentó «trámites médicos», pero el fiscal detectó el patrón clásico de la huida: un hombre blanco, educado en Oxford y Princeton, ciudadano norteamericano, convencido de que las reglas no aplican para su estirpe . Mientras agentes lo escoltaban de vuelta a su residencia de San Isidro donde cumple arresto domiciliario por lavado de activos vinculado a Odebrecht, tres hombres de raíz indígena y andina respiraban el aire viciado del Penal Barbadillo. Ollanta Humala, Alejandro Toledo y Pedro Castillo: «los tres del Fundo», encarcelados en la misma prisión diseñada para expresidentes, pero en celdas muy distintas a la suite de PPK.

Los 3 del fundo Bardadillo

Ollanta Humala atraviesa su hora más oscura. El 15 de abril, el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional lo condenó a 15 años de prisión por lavado de activos. La sentencia, fría y contundente, detalló cómo recibió dinero del fallecido Hugo Chávez para su campaña de 2006 (cerca de un millón y medio de soles) y de Odebrecht en 2011 (3 millones de dólares). Su esposa, Nadine Heredia, recibió igual pena. Mientras Humala era esposado en la sala, Heredia, hospitalizada según sus abogados, solicitaba asilo político en la Embajada de Brasil. El expresidente militar, de rasgos y ascendencia indígena, fue trasladado al Barbadillo sin contemplaciones. Su futuro pende de un hilo: la Fiscalía investiga otro caso que podría sumarle 30 años más.

Alejandro Toledo, el economista de Cabana que pasó de vender periódicos en Chimbote a gobernar el Perú, cumple 20 años y 6 meses en Barbadillo. Condenado en octubre de 2024 por recibir 35 millones de dólares en sobornos de Odebrecht, su actitud en el juicio fue un vaivén entre el cinismo y la súplica. Durante las audiencias, sonreía burlón al escuchar cifras millonarias. Pero en su declaración final, con la voz quebrada, imploró: «Por favor, déjenme sanar o morir en mi casa», alegando cáncer y problemas cardíacos. La jueza Inés Rojas fue implacable: «Defraudó al Estado». Hoy, a sus 79 años, llora entre rejas, lejos de Elian, su esposa, y de California, donde vivió años como profesor emérito fugitivo .

Pedro Castillo, el maestro rural de Chota, enfrenta un destino aún incierto. Encarcelado desde diciembre de 2022 por intentar disolver el Congreso, su encierro en Barbadillo es una batalla política continua. En marzo de 2025 inició una huelga de hambre contra lo que llama un «juicio pantomima». «Contra el juicio oral politizado y su condena anunciada, me declaró en HUELGA DE HAMBRE», escribió en una carta dirigida al país. Tres días después, deshidratado y débil, fue hospitalizado de emergencia. Regresó a prisión con visitas suspendidas y aislamiento. La Fiscalía pide 34 años por rebelión. Castillo insiste: «Solo di un discurso político»

PPK: El Privilegiado

 Mientras Humala, Toledo y Castillo los «tres cholos» como los estigmatiza la élite limeña habitan celdas de 8 metros cuadrados, Pedro Pablo Kuczynski navega una justicia paralela. La Fiscalía lo acusa de lavado de activos por recibir US$ 4.8 millones de Odebrecht a través de sus empresas Westfield Capital y First Capital. En mayo de 2023, el fiscal José Domingo Pérez solicitó 35 años de prisión contra él . Pero PPK, ciudadano estadounidense, exbanquero de Wall Street y miembro de la oligarquía limeña, no ha pisado una celda. Desde 2019 cumple arresto domiciliario en su casa de San Isidro, con restricciones de salida que, como demostró el intento de fuga, son fácilmente eludibles .

Su historial de escándalos los pagos de Odebrecht, las transferencias sospechosas a su chofer (US$602,000), los «Kenjivideos» donde se intentaba comprar votos para evitar su vacancia no han quebrado su aura de impunidad . Su defensa es técnica, fría, administrativa: «Westfield realizó consultorías legítimas», dice. Mientras Toledo llora y Castillo se desvanece de hambre, PPK negocia con abogados de alto perfil y presenta certificados médicos de clínicas privadas. El contraste es un mapa del racismo estructural peruano: el «gringo» blanco y angloparlante versus el cholo, el serrano, el indígena. PPK no evade la cárcel por inocente, sino porque el sistema protege a los suyos: la élite que aún controla bancos, medios y jueces

Barbadillo: El Mausoleo de un país Fracturado

El penal de Ate, bautizado «Fundo Barbadillo», es hoy un símbolo grotesco. Diseñado para albergar a Alberto Fujimori, hoy acoge a tres expresidentes vivos: Toledo, Castillo y Humala. Pero también es un espejo de las fracturas peruanas . Las celdas son iguales, pero los destinos no: Toledo suplica piedad médica; Castillo alza la voz como mártir político; Humala calla, consciente de que su condena es también el fin definitivo de su proyecto nacionalista. Mientras, en San Isidro, PPK toma whisky en su jardín, esperando que el tiempo o un juez compasivo lo absuelva. Su intento de fuga no fue un acto de desesperación, sino de arrogancia: la creencia de que su pasaporte azul y su apellido europeo lo ponen por encima de la ley que aplasta a los otros.

El Perú tiene hoy cuatro expresidentes encarcelados o procesados (incluido Martín Vizcarra, por cohecho en Moquegua), y uno bajo arresto domiciliario . Pero la justicia que los persigue es selectiva: lenta y decorosa para el blanco; veloz y brutal para el cholo. Mientras el Penal de Barbadillo se llena de huellas andinas, la fuga de PPK frustrada en el aeropuerto nos recuerda que algunas celdas tienen vista al mar, aire acondicionado, y puertas que siempre se abren hacia fuera.

La corrupción en las entidades estatales de Ayacucho se ha convertido en una plaga creciente y normalizada. Actualmente, existen más de 2,500 casos registrados, lo que refleja no solo la ineficacia del control público, sino también el enquistamiento de redes ilícitas en todos los niveles de gestión.

Durante una sesión extraordinaria de la Comisión Especial Multipartidaria de Monitoreo y Control Concurrente del Congreso, presidida por el legislador José Luna Gálvez (Podemos Perú), se evidenció la magnitud del problema. Funcionarios de distintas instituciones de Ayacucho expusieron la alarmante situación de sus entidades, reconocieron la fragilidad de los mecanismos de control y la limitada capacidad de sanción efectiva.

Yoshio Mabel Valenzuela Retamozo, representante de la Procuraduría Pública Anticorrupción Descentralizada de Ayacucho, informó que existen 2,586 casos activos por corrupción, incluyendo 370 casos en etapa de ejecución de sentencias condenatorias con reparación civil. Los delitos más comunes: colusión, peculado, negociación incompatible, tráfico de influencias y cohecho. En resumen, el catálogo completo de la corrupción administrativa.

El congresista Luna reconoció la gravedad del fenómeno, señalando que se necesita “control concurrente real y sanción efectiva”. Sin embargo, sus declaraciones contrastan con la débil acción del Estado frente al avance sistemático de la corrupción en regiones históricamente desatendidas.

Por su parte, Víctor Oriundo, procurador del Gobierno Regional de Ayacucho, reveló que solo en esa entidad existen 778 casos de presunta corrupción, de los cuales 422 ya están camino a sentencia. Una cifra que habla por sí sola sobre la magnitud de la podredumbre institucional.

Ayacucho es un ejemplo más de cómo la corrupción no solo erosiona recursos, sino que perpetúa la desigualdad, deslegitima al Estado y posterga el desarrollo. La lucha anticorrupción no puede seguir siendo solo una promesa política: requiere voluntad, transparencia y sanciones ejemplares.

Con nueve votos a favor, tres en contra y una abstención, la Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó este viernes el informe final sobre el escándalo del denominado «Cofre Presidencial», que apunta directamente a la presidenta Dina Boluarte por presuntas irregularidades que configurarían incapacidad moral permanente, causal de vacancia según el artículo 113 de la Constitución.

El informe, liderado por el congresista Juan Burgos, señala presuntas coordinaciones indebidas por parte de la mandataria, incluyendo actos en un condominio distinto al complejo Mykonos —ya vinculado a investigaciones anteriores— lo que agrava la situación y refuerza sospechas de uso indebido del poder para encubrir posibles actos ilícitos.

Entre las recomendaciones del documento se incluye el otorgamiento de facultades de comisión investigadora, una reforma del reglamento del Congreso para fortalecer su rol fiscalizador, y la evaluación de una posible infracción penal por parte de Boluarte Zegarra. También se plantea que el Pleno debata una eventual vacancia como respuesta constitucional frente a las irregularidades detectadas.

Sin embargo, la posibilidad de que este informe prospere más allá del debate parlamentario parece lejana. El Congreso, que debería actuar como contrapeso institucional, ha sido uno de los principales escudos políticos del régimen de Boluarte. Bancadas como Alianza para el Progreso (APP), pese a su retórica ambigua, han sostenido una postura funcional al Ejecutivo, blindando sistemáticamente a la presidenta de cualquier consecuencia real.

Lo mismo ocurre con otras agrupaciones que, tras bambalinas, negocian cuotas de poder a cambio de su silencio o abstención. El Congreso no solo ha fracasado en su deber de fiscalización, sino que se ha convertido en cómplice activo de la parálisis moral que atraviesa el país. El voto en contra de APP al informe, es solo el último episodio de una alianza tácita que prioriza intereses partidarios sobre el bienestar nacional.

Mientras la ciudadanía asiste con escepticismo a este nuevo episodio de impunidad, el equilibrio de poderes sigue en entredicho. La crisis no es solo de la presidencia: es del sistema político entero, corroído por pactos de impunidad y carente de liderazgo ético.