La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) exhibirá en el Parque de la Muralla, el primer lote de vagones y locomotoras adquiridos a la empresa Caltrain, con los que el alcalde Rafael López Aliaga planea impulsar el proyecto de un tren de cercanías entre el Cercado de Lima y Chosica. Aunque aún no existe la infraestructura operativa ni la autorización técnica para su funcionamiento, el evento ha sido organizado como una pomposa presentación pública, con animación musical a cargo de Deyvis Orosco y Ruby Palomino.

Los trenes, que arribaron al país la noche del viernes, serán trasladados desde el Callao hasta la estación Desamparados, según una fuente edil. La actividad contará con la presencia del alcalde y una comitiva de invitados. La Municipalidad afirma que tres operadores ferroviarios han mostrado interés en participar en el concurso público para operar la línea, proceso que, de acuerdo a estimaciones internas, podría tomar varios meses.

Pese a la ausencia de condiciones mínimas para la operación del servicio —como vías, estaciones habilitadas y certificaciones técnicas—, López Aliaga declaró que “estamos listos para operar” y arremetió contra el ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, a quien acusa de frenar el proyecto por motivos políticos. “Ese tren hemos traído. No me vengan a decir que no funcionan”, dijo el burgomaestre de Renovación Popular, refiriéndose a las unidades que antiguamente prestaron servicio en el Silicon Valley.

Desde el MTC, el ministro Sandoval aclaró que los trenes no tienen aún ninguna autorización para operar y que por el momento solo serán trasladados a un almacén de la concesionaria Ferrocarril Central Andino. “No hay fecha concreta para la marcha blanca. Una vez en el almacén, se harán las verificaciones necesarias”, precisó.

La presentación de los trenes se produce en un contexto de alta exposición mediática por parte del alcalde, quien —pese a insistir en que no será candidato a las elecciones generales— viene desplegando una “estrategia de campaña” que combina obras simbólicas, anuncios grandilocuentes y confrontación política. En lugar de un anuncio técnico, el acto parece orientado a fortalecer su imagen como gestor eficiente, aunque no existan condiciones reales para la operación del servicio ferroviario.

Además, el discurso de López Aliaga se ha tornado cada vez más intolerante frente a las críticas. En repetidas ocasiones ha calificado de «comunistas» a quienes cuestionan sus decisiones, evadiendo así el debate técnico y político necesario para una obra de esta magnitud.

Por otro lado, el exministro Rafael Rey aclaró en una reciente entrevista que la adquisición de los trenes no fue una donación, como inicialmente se sugirió desde la Municipalidad. “Se ha pagado US$7.5 millones a Caltrain. No es una donación, es una compra”, indicó.

En suma, la gestión de López Aliaga busca mostrar resultados a toda costa, aunque ello implique inaugurar trenes sin vía y sin permiso. Una estrategia donde la forma se impone al fondo, y donde el cálculo electoral parece pesar más que la viabilidad técnica.

Muchas colas, pacientes, enfermos, moribundos, familiares desvelados, ministros de salud, presidentes, pasaron por más de cinco décadas y la Torre Trecca, construida inicialmente en el año 1969, nunca vio la luz debido a esa insoportable burocracia que se encuentra en cada rincón de las instituciones del Estado. Así de lento funciona nuestro país y todo aquel que haya pasado por un proceso judicial o sacado una cita médica lo sabrá perfectamente.

El edificio de 23 pisos, ubicado en la cuadra 14 de la avenida Arenales, fue pensado como un conjunto de consultorios para trabajadores del seguro social, sin embargo, tras algunas modificaciones estructurales en 1980, el recordado ‘elefante blanco’ quedó paralizado en el año 1985.

Pasaron los años y todos los transeúntes se preguntaban qué pasó con aquel proyecto inconcluso, olvidado durante varios gobiernos sin que ninguno se atreva a terminar lo que alguna vez se empezó. Sin embargo, esta vez la suerte de la Torre Trecca finalmente tendría un desenlace feliz, luego que EsSalud y ProInversión firmaran un convenio que permitirá reactivar el edificio bajo la modalidad de asociación público-privada. La inversión supera los S/490 millones, y se prevé habilitar 110 consultorios, servicios especializados en más de 20 áreas médicas y un centro oncológico con equipamiento de última generación. El proyecto beneficiará a más de 13 millones de personas afiliadas al sistema nacional de salud.

“Con el apoyo de Proinversión, esta emblemática infraestructura se convertirá en un establecimiento asistencial funcional y equipado, donde se ofrecerán servicios de consulta externa, urgencias, riesgo quirúrgico, procedimientos especializados y diagnóstico por imágenes. De esta manera EsSalud se pone a la vanguardia en beneficio de los 13 millones de asegurados”, afirmó el titular de EsSalud, Segundo Acho.

El convenio firmado este 2025 establece que el concesionario realizará toda la inversión inicial y EsSalud la reembolsará a lo largo de 10 años. Sin embargo, el inicio de obras aún depende de la aprobación de una adenda técnica por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Solo con ese visto bueno, el consorcio podrá ejecutar las obras. El plazo estimado para su habilitación oscila entre 18 y 24 meses.

Tras los escándalos que marcaron el final de ‘Qali Warma’ y el fallido experimento de ‘Wasi Mikuna’, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) liderado por la cuestionada Leslie Urteaga Peña lanza su tercer intento: el programa “Desayuno en mi Cole”, que entrará en vigencia este 11 de agosto en 62 colegios públicos de Lima y Callao.

Aunque se presenta como una «nueva estrategia» para asegurar alimentos frescos y preparados dentro de las instituciones educativas, la credibilidad del Midis está por los suelos. Los antecedentes son claros: ‘Qali Warma’ fue blanco de múltiples denuncias por intoxicaciones, incluso con productos en mal estado como las recordadas conservas con carne de caballo distribuidas en Puno por la empresa Frigoinca, lo que provocó una crisis sanitaria y la destitución de 19 funcionarios.

En respuesta, el entonces ministro Julio Demartini lanzó, en noviembre de 2024, el programa ‘Wasi Mikuna’, prometiendo eficiencia y control. Pero apenas meses después, nuevas intoxicaciones y quejas por alimentos malogrados obligaron al gobierno a declarar en emergencia el servicio alimentario escolar hasta diciembre de 2025. Ahora, con otro cambio de nombre y esquema, el Midis insiste en recomenzar.

En noviembre de 2024 el exministro Demartini cambió de nombre a ‘Qali Warma’ por el de ‘Wasi Mikuna’.

¿Qué ha cambiado realmente? Según la ministra Leslie Urteaga Peña, esta vez habrá mayor control: los alimentos se prepararán diariamente dentro de los colegios, a cargo de un concesionario externo. Pero esa misma figura —la tercerización del servicio— ha sido utilizada antes, sin resultados que eviten los riesgos sanitarios ni la corrupción.

Mientras tanto, el exdirector ejecutivo de ‘Qali Warma’, Fredy Hinojosa, sigue en su cargo de vocero en Palacio de Gobierno, pese a ser señalado en varias investigaciones por omisión de funciones y negligencia.

El Midis, lejos de mostrar una política alimentaria sólida, parece limitarse a cambiar de nombre y maquillar el fracaso con nuevas promesas. Pero mientras no haya responsables sancionados ni un rediseño real del sistema, los escolares seguirán siendo víctimas de la improvisación estatal.

El Poder Judicial, una vez más, ha optado por preservar los intereses económicos de empresas privadas en detrimento del interés público. Esta vez, al declarar infundado el pedido de la Fiscalía para suspender temporalmente el cobro de peajes en la concesión de Línea Amarilla, una infraestructura manchada por la corrupción durante la gestión de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán.

La decisión, firmada por el juez Jorge Luis Chávez Tamariz del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, favorece a Lima Expresa S.A.C., empresa actualmente a cargo de la concesión y vinculada directamente con el caso Lava Jato. La Fiscalía había solicitado que se detuviera el cobro de peajes mientras avanzan las investigaciones por lavado de activos y asociación ilícita, en las que están implicadas varias compañías brasileñas y funcionarios de la gestión Villarán.

Corrupción reconocida, pero sin consecuencias prácticas

La resolución judicial reconoce que la empresa Lima Expresa, anteriormente conocida como LAMSAC, está siendo investigada como parte de una red de corrupción encabezada por la constructora brasileña OAS. Sin embargo, considera que no existen motivos suficientes para suspender el cobro de peajes, ni para entregar temporalmente la administración del proyecto a la Municipalidad de Lima, a través de Emape S.A.

El argumento principal del juzgado se sostiene en la supuesta falta de riesgo procesal. Según Lima Expresa, ya no hay posibilidad de obstaculización porque la Fiscalía incautó todos los documentos clave en los allanamientos de mayo de 2023. Además, la empresa alegó que desde 2020 está aplicando correctamente la fórmula de reajuste tarifario dictada por un laudo arbitral internacional.

Fiscalía solicitó al PJ suspender el cobro de los peajes de la Línea Amarilla, pero éste no le dio la razón.

¿Y el perjuicio económico al ciudadano?

Mientras Lima Expresa se defiende invocando la legalidad de sus operaciones desde 2020, la Fiscalía documenta que el primer reajuste tarifario en 2013 —realizado durante la gestión de Susana Villarán— violó el contrato. En lugar de aplicar una fórmula mixta, se utilizó únicamente el IPC nacional, lo que infló las tarifas de manera irregular.

Según el Ministerio Público, esta decisión generó un perjuicio económico al Estado y a los ciudadanos por más de S/ 20 millones, sin que se aplicaran sanciones a la concesionaria. La MML, controlada entonces por la alcaldesa Villarán, avaló el reajuste sin cuestionamientos ni penalidades, pese a tratarse de fondos públicos.

Además, uno de los actos más cuestionables fue la inclusión del Proyecto Río Verde mediante una adenda al contrato original, reemplazando al proyecto COSAC IV sin estudios técnicos ni aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas. El cambio no solo desvió recursos sin control, sino que favoreció directamente a la empresa sin prever mecanismos correctivos.

El fantasma de la quiebra y el chantaje económico

Lima Expresa, hoy controlada por el grupo francés Vinci Highways, argumentó que suspender los peajes durante un año significaría su quiebra. Dijo que se verían afectados 627 trabajadores, los fondos de pensiones que han invertido en sus bonos, y la recaudación del Estado vía IGV.

Este tipo de narrativa —el riesgo de colapso económico— ha sido recurrente en las defensas de concesionarias implicadas en corrupción. La empresa, pese a estar bajo investigación penal, apela a una lógica de chantaje económico que antepone la estabilidad financiera a la rendición de cuentas.

Pero, ¿debe el Estado renunciar a la justicia para evitar la quiebra de una empresa? ¿Debe tolerarse el cobro de peajes en condiciones cuestionadas por la propia Fiscalía, solo para evitar un impacto en el flujo de caja de una firma privada?

Diferencias con el caso Rutas de Lima: ¿doble rasero judicial?

La Fiscalía también intentó que el juzgado tomara en cuenta el precedente del caso Rutas de Lima, donde el Tribunal Constitucional ordenó suspender los peajes por la ausencia de vías alternas. Sin embargo, el juez Chávez Tamariz rechazó esa comparación, argumentando que las condiciones legales y técnicas eran distintas.

Aunque los contextos puedan variar, en ambos casos hay una constante: contratos de concesión firmados en contextos de corrupción, peajes impopulares y decisiones judiciales que terminan por favorecer a los actores privados, incluso cuando están bajo investigación por delitos graves.

Una justicia que llega tarde y a medias

El fallo del juez Chávez Tamariz refleja una tendencia preocupante en el sistema judicial peruano: la incapacidad para actuar de forma preventiva frente a casos de gran corrupción. Las decisiones tienden a privilegiar la estabilidad económica sobre la transparencia y la rendición de cuentas.

En el fondo, lo que se está legitimando es que empresas salpicadas por escándalos de corrupción —como OAS o sus subsidiarias— puedan seguir operando con normalidad, mientras el proceso judicial se arrastra por años. En paralelo, la ciudadanía sigue pagando peajes elevados sin recibir mejoras sustantivas en infraestructura ni respuestas claras sobre a dónde va ese dinero.

Demandas millonarias y arbitrajes internacionales

El caso se complejiza aún más al conocerse que, paralelamente, la Municipalidad de Lima enfrenta una condena internacional: deberá pagar cerca de US$ 200 millones al consorcio Rutas de Lima por incumplimientos contractuales, según una reciente sentencia en EE.UU. El Estado peruano ya ha iniciado acciones para investigar los vínculos de Brookfield, controladora del consorcio, con Susana Villarán.

Pero eso no es todo. Brookfield ha iniciado un arbitraje ante el CIADI exigiendo US$ 2700 millones por presunta expropiación de su inversión. La Municipalidad de Lima afirma que presentará nuevas pruebas sobre irregularidades en los contratos, pero el costo de estos litigios ya recae sobre los contribuyentes.

¿Quién paga por la corrupción?

Lo más preocupante es que, pese a los millonarios perjuicios económicos y las pruebas reunidas por la Fiscalía, las medidas correctivas son mínimas. Mientras las empresas se protegen con arbitrajes internacionales, el ciudadano común sigue atrapado entre contratos viciados, tarifas injustas y un sistema judicial que llega tarde y actúa con tibieza.

La pregunta es inevitable: ¿cuántos millones más deben perderse antes de que se tomen decisiones valientes en defensa del interés público?

Mientras el país sufre por hospitales colapsados, cárceles hacinadas y vías de transporte en ruinas, el gobierno de Dina Boluarte ha decidido destinar más de S/ 13 mil millones a la compra de aviones de guerra. ¿La justificación? Una “renovación histórica” de la flota aérea de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), pese a que el país no enfrenta ningún conflicto armado ni amenaza inminente.

La decisión, anunciada oficialmente el 2 de julio durante la ceremonia por los 40 años del sistema Mirage 2000, se concretó esta semana con una reunión en Palacio de Gobierno entre la presidenta Boluarte y Marcus Wallenberg, presidente de Wallenberg Investments AB, principal accionista de Saab, la empresa sueca que fabrica los cazas Gripen E que el Perú planea adquirir.

En la cita también participaron representantes del poderoso Grupo Wallenberg y seis ministros de Estado, incluyendo el titular de la PCM, Defensa, Relaciones Exteriores, Economía, Transportes y Energía. La visita se da en vísperas del arribo del ministro de Defensa de Suecia, Pål Jonson, quien llega tras participar en la feria F-AIR en Colombia, donde se exhibieron aviones Gripen utilizados por la Fuerza Aérea de Brasil.

Presidenta Dina Boluarte se reunió con Marcus Wallenberg y representantes del Grupo Wallenberg.

¿Seguridad o pretexto?

El gobierno argumenta que esta compra responde a la necesidad de “fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias” y renovar equipos obsoletos. Pero en un país donde la inseguridad ciudadana, la corrupción y la pobreza golpean a diario a millones, resulta difícil creer que las prioridades nacionales pasen por modernizar cazas de combate sin enemigo a la vista.

La pregunta cae por su propio peso: ¿a quién realmente beneficia esta millonaria operación? En un contexto de cuestionamientos a la legitimidad del Ejecutivo, con una presidenta aislada y acusada de usar el poder para blindarse, la compra de armamento de alto costo abre la puerta a sospechas sobre posibles negociados, comisiones ocultas o compromisos oscuros antes de dejar el cargo.

Aviones sí, hospitales no

El contraste es brutal: mientras se firman acuerdos para importar aviones supersónicos, las postas médicas carecen de insumos, las escuelas se caen a pedazos y los ciudadanos mueren esperando una cama UCI. La supuesta “decisión histórica” se parece más a una jugada estratégica que podría tener más de oportunismo que de visión de Estado.

Una nueva polémica sacude al tradicional distrito de San Isidro. La construcción de un edificio de 28 pisos en la avenida Salaverry con calle Burgos ha desatado la indignación vecinal. ¿El motivo? La Municipalidad del distrito otorgó una licencia que contradice abiertamente las normas urbanísticas: en esa zona solo se permiten edificaciones de hasta 10 y 4 pisos, respectivamente. La Contraloría General de la República lo ha confirmado: la obra viola todas las regulaciones vigentes.

Pese a que el caso se encuentra judicializado, la Municipalidad de San Isidro aprobó el proyecto en marzo de este año. Mientras tanto, la alcaldesa Nancy Vizurraga de ‘Renovación Popular’ guarda silencio ante el reclamo ciudadano. Su gestión ha iniciado “acciones administrativas” para investigar responsabilidades, pero los vecinos no ven avances concretos. Para ellos, la situación es clara: el municipio parece responder más a los intereses del sector inmobiliario que al bienestar de los ciudadanos.

Alcaldesa de San Isidro es criticada por no defender al distrito

“No estamos en contra del desarrollo urbano, pero queremos que se respete el orden y se escuche a los vecinos”, dicen con firmeza. La falta de transparencia, consulta y estudios técnicos —como los de impacto ambiental y vial— en proyectos como este refuerzan sus sospechas.

La controversia se amplía con la ordenanza 2670, que modifica la zonificación del centro comercial Camino Real. La Municipalidad de San Isidro ha pedido su revisión, alegando que sus observaciones técnicas fueron ignoradas. Pero la decisión final la tiene la Municipalidad de Lima, bajo la gestión de Rafael López Aliaga, que, según los vecinos, actúa como aliado de los grandes constructores.

Ordenanza 2670 de la MML, firmada por el teniente alcalde Renzo Reggiardo.

En medio del malestar, la vecina Nora Loredo fue contundente:

“Lo que está sucediendo es un escándalo. La MML ha cambiado la zonificación para que aquí se pueda construir cuatro torres de 18 pisos, con no sabemos cuántos departamentos, sin hacer estudios de impacto ambiental, sin hacer estudios de impacto vial; no hay consulta vecinal y sin tomar en cuenta que esta es una zona de reglamentación especial porque está la huaca Huallamarca allá y El Olivar aquí. la alcaldesa de San Isidro Vizurraga que se ponga los pantalones y que se enfrente a su jefe, el señor López Aliaga, pero en realidad no es su jefe. Su jefe somos nosotros señora alcaldesa, porque nosotros fuimos los que votamos por usted. Nosotros fuimos los que la hicimos alcaldesa a usted. Usted tiene que rendirnos cuentas a nosotros. A sus votantes”.

Durante una ceremonia organizada por el Ministerio de Trabajo, la presidenta Dina Boluarte anunció que culminará su mandato el 28 de julio de 2026 “con orgullo y la frente en alto”. Frente a un centenar de jóvenes talentos, afirmó que su gestión se ha caracterizado por la ejecución de obras y una lucha firme contra la corrupción. “Misión cumplida. Me retiraré con el orgullo de haber servido de la mejor manera como presidenta de la república», exclamó Dina Boluarte, refiriéndose a su paso por el Ejecutivo.

En el acto, donde se presentó a los jóvenes que se integrarán a la administración pública, Boluarte insistió en que su gobierno será recordado como “honesto y decente”. Aseguró que no se toleran actos irregulares en su gestión y que todo indicio de corrupción es sancionado de inmediato. “Con nosotros no hay adendas, donde bien sabemos que se escondía la corrupción. Aquí obra iniciada es obra terminada y entregada al pueblo”, dijo.

Pese a investigaciones, la mandataria dice: “Nuestras obras son con las manos limpias”.

Más tarde, acompañada del ministro de Desarrollo Agrario, Ángel Manero Campos, Boluarte presentó un informe sobre avances en el sector agropecuario. Desde Palacio de Gobierno, resaltó el cierre de brechas como una de las prioridades de su mandato.

Sin embargo, la afirmación de que dejará el poder con la “misión cumplida” contrasta con una gestión marcada por cuestionamientos, protestas sociales, crisis política y altos índices de desaprobación. Si bien la presidenta busca proyectar una imagen de transparencia y eficiencia, diversos sectores de la sociedad civil critican la falta de resultados tangibles y la desconexión con las demandas ciudadanas. Su declaración parece más un intento de consolidar una narrativa oficial que una evaluación objetiva de su paso por el poder.

A pocas semanas de elegirse a la nueva Mesa Directiva del Congreso para el período 2025-2026, las bancadas empiezan a mover fichas, tejer alianzas y tantear escenarios posibles. Por un lado, el Bloque Democrático, ya instalado por dos periodos consecutivos, busca repetir el control legislativo. Por el otro, agrupaciones opositoras intentan romper esa hegemonía y armar una lista alternativa. Pero el panorama está lejos de definirse.

El Bloque Democrático, conformado por Alianza para el Progreso (APP), Fuerza Popular, Perú Libre y Avanza País, perfila una fórmula continuista con apoyo previsible de Somos Perú, cuya adhesión ha sido casi automática en los últimos años. En palabras del vocero Héctor Valer, Somos Perú solo integrará una lista si es bajo el paraguas de ese bloque.

Desde el otro lado del tablero, la bancada Honor y Democracia —integrada por ex Renovación Popular como Jorge Montoya y José Cueto— fue la primera en anunciar su intención de competir. El 27 de junio, Montoya oficializó la candidatura de Cueto a la presidencia del Congreso y, en una muestra de apertura política poco usual, no descartó tender puentes incluso con bancadas de izquierda: “La mayoría manda”, afirmó.

Una oposición que aún no suma

La noche del domingo, Aron Espinoza, dirigente de Podemos Perú y esposo de la congresista Digna Calle, anunció que esta semana se iniciarán conversaciones formales con diversas agrupaciones para construir una lista opositora. Las bancadas convocadas para una primera reunión este martes 8 de julio son: Acción Popular, Renovación Popular, Juntos por el Perú y Honor y Democracia.

Espinoza fue tajante: la intención es evitar que la próxima Mesa Directiva sea funcional al Ejecutivo. “La lista oficialista está hecha para proteger a Dina Boluarte. Ya se sabe quiénes la integran: Fuerza Popular, Perú Libre —que ya le gustó la mamadera a Waldemar Cerrón—, Avanza País y Somos Perú”.

Sin embargo, los números aún no cuadran. Juntas, las bancadas convocadas suman apenas 46 votos (Podemos 13, Renovación 11, Acción Popular 9, Juntos por el Perú 8, Honor y Democracia 5). Aún les faltan 21 votos para alcanzar la mayoría simple de 67 necesaria para ganar en primera vuelta. Este margen obliga a una ampliación de alianzas que todavía no está asegurada.

Además, falta definir quién encabezará la fórmula. Aunque Honor y Democracia propone a Cueto, tanto Renovación Popular como Podemos Perú han señalado que no asumirán cargos en la directiva, al menos por ahora, lo que deja abiertas negociaciones complejas sobre los puestos de vicepresidencia.

¿Una izquierda como comodín?

Un punto llamativo es la disposición de Honor y Democracia —una bancada de perfil conservador— a dialogar con grupos de izquierda como Juntos por el Perú. Esta flexibilidad responde, más que a convicciones ideológicas, a una estrategia pragmática de supervivencia política, tras haber quedado fuera de las mesas anteriores. En esta ocasión, buscan evitar el aislamiento y no descartan respaldar una fórmula distinta si se garantiza su participación en algún cargo de la directiva.

¿El Congreso se inclina hacia el continuismo?

A pesar de los esfuerzos opositores, todo indica que el Bloque Democrático mantiene ventaja. Tiene experiencia, recursos, alianzas consolidadas y respaldo tácito del Ejecutivo. Además, los incentivos para mantenerse en el poder son evidentes: controlar la agenda parlamentaria, blindar a sus aliados y decidir el ritmo de las reformas.

La carrera hacia la Mesa Directiva 2025-2026 ya empezó. Pero más allá de los nombres, la verdadera disputa es por el modelo de Congreso que predominará: uno que responda a los intereses del oficialismo o uno que ejerza una oposición más activa, aunque aún fragmentada.