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Opinión

Carta abierta de Vladimir Cerrón a los perulibristas desde algún lugar del país

El lìder de Perú Libre se pronunció desde la clandestinidad.

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Por Vladimir Cerrón

Muchos me han reprochado, a lo largo de las dos últimas décadas, por qué en lugar de hacer política no me concentré en enriquecerme con mi especialidad, la neurocirugía, puesto que varios de mis colegas, aun con sus limitaciones profesionales, lo habían hecho. Ante este permanente cuestionamiento de algunos camaradas, a quienes considero vale la pena explicarles, les he dicho que mi accionar en política responde a la lealtad de mi propia historia.

El secuestro de mi padre y su posterior asesinato por sus ideas; mi viaje, estudios y permanencia más de una década en Cuba; el haber vivido, forjado una familia y soportado junto a ese heroico pueblo el bloqueo norteamericano; y, el adquirir una cultura de resistencia para enfrentar los embates de la vida, hicieron de mí un producto consciente de la revolución, que jamás traicionaría.

Tampoco podría defraudar a quienes dejaron sus gotas de sangre en los surcos de lucha, tengo la obligación moral de continuar, sin el mínimo derecho a renunciar. Cada día soy más consciente de que nada de esto hubiera sido posible sin estas circunstancias. A esto responde la creación del movimiento regional Perú Libre, el mismo que posteriormente se transforma en partido nacional, como iniciativa de un pequeño colectivo de jóvenes huancas el año 2005.

A raíz de los modestos éxitos en el gobierno regional de Junín, en los campos social, económico e institucional, que la historia dará cuenta oportunamente, el enemigo decidió que no debíamos avanzar más, desatando una tormenta de ataque múltiple con sus operadores de justicia, llegando a ser el político más investigado del país, producto del cual enfrenté más de 220 procesos penales, de los mismos que se archivaron el 93 %, siendo sentenciado arbitrariamente en dos ocasiones.

En ambos casos, las causas eran jurídicamente simples, pero políticamente complejas, como podrán ver más adelante, los mismos que fueron anulados por la justicia constitucional, uno por uno, pero con daños irreversibles y perdurables en el tiempo. En ninguno de ellos se me acusó de extraer o recibir dinero, en las dos causas la sentencia fue ad portas de procesos electorales, a pocos años de prisión efectiva, que bien pudieron ser suspendidas, pero suficientes para conseguir una inhabilitación política.

Fui enviado a prisión el 5 de agosto de 2019, sentenciado por negociación incompatible en el caso Saneamiento La Oroya, destituido del cargo de gobernador regional, de la docencia universitaria, del hospital donde era médico especialista en neurocirugía, obligado a pagar una reparación civil onerosa e inhabilitado para ocupar cargos en el Estado, así provengan de elección popular, además de ser estigmatizado por la prensa como corrupto a nivel nacional. Esta sentencia me impidió postular en la fórmula presidencial el 2021. A los cinco años, el 18 de agosto de 2023, la sentencia fue anulada, pero el daño estaba consumado.

Cuando salí de prisión, el 18 de octubre de 2019, al variarse la sentencia de prisión efectiva a suspendida, decidimos que el partido debía continuar su rumbo, producto del cual, aun cuando me tacharon de la fórmula presidencial, ganamos las elecciones generales el año 2021, situación que desesperó a la oligarquía, quien decidió apretar nuevamente sus cuerdas judiciales, procediendo a una persecución brutal al partido y, posteriormente, al golpe de Estado militar-parlamentario del 7 de diciembre de 2022.

Recuperado mis derechos políticos y anulada la primera sentencia del caso Saneamiento La Oroya, el 18 de agosto de 2023, temerosa la oligarquía de que mi persona asuma cargo en el gobierno, inmediatamente propició una segunda sentencia. En la causa conocida como Aeródromo Wanka, alegando un “daño potencial”, en un proyecto que jamás se ejecutó, ni demandó un centavo al Estado, fui condenado el 6 de octubre de 2023, volviendo a mi condición de inhabilitado políticamente. Al año siguiente, el 3 de diciembre de 2024, esta condena también fue anulada por la justicia constitucional, pero con las infaltables secuelas colaterales.

Esta segunda sentencia me obligó a tomar el camino de la clandestinidad, condición que mantengo hasta la actualidad, resistiendo con mayor compromiso y realismo, puesto que, a diferencia de la primera, hoy tenemos que cuidar la moral no solo de la militancia, sino también del destacamento en el parlamento, representado por nuestra bancada congresal, única trinchera de lucha de la clase trabajadora, a quienes con mi encarcelamiento hubieran intentado doblegarla.

Empero, existe una condición vital para que la resistencia sea exitosa, por más prolongada que sea. Me refiero a la moral que debe acompañar a todo militante y simpatizante, la misma que debe permanecer intacta ante los embates, además de respaldada por la seguridad de tener la conciencia limpia, caso contrario, sería un fracaso por partida doble. No obstante, estar en la clandestinidad es un estado complicado, atrapado en el dilema de estar libre, pero sin poder moverte, enfrentando continuamente circunstancias más duras que estar en la propia prisión, esto lo afirmo con conocimiento de ambos indeseables espacios. Son los tiempos difíciles de los que hablaba Fidel, para saber realmente de qué estamos hechos.

Esta cruda realidad le permitió al partido despertar de su letargo, transitando de una etapa de triunfalismo nefasto a una de solidaridad, lucha y movilización, expresado en la reactivación de nuestros comités provinciales, difusión del órgano oficial, creación del canal por las redes sociales, reactivación de las escuelas políticas, difusión de murales, realización de banderolazos, plantones y vigilias, reclamando por mi libertad, lo que permitió elevar nuestra conciencia política.

En ninguna de las circunstancias tuvimos la solidaridad de ningún partido que aún conserva su membrete de izquierda, por el contrario, se percibía alguna satisfacción y, en el mejor de los casos, su neutralidad. Lo menciono no por resentimiento, sino para resaltar la ausencia del valor de la solidaridad, rasgo inequívoco que caracterizó a la izquierda de antaño, que al día de hoy no existe, producto de la psicología alienante, mercantilista e individualista, que como triunfo ideológico el neoliberalismo impregnó sobre la masa popular, logrando corromper nuestra conciencia de clase.

Sin embargo, como la dialéctica es la dialéctica, no deja de presentarnos escenarios contradictorios, nuevos, pero a la vez reales. En el plano nacional tuve el respaldo de quienes nunca hubiera esperado, como la del periodista Ricardo Uceda, primera personalidad en acreditar mi inocencia, ante la opinión pública nacional e internacional, en la sentencia del caso Saneamiento La Oroya, causa que consideró el primer caso típico de lawfare. Lo más curioso de la contradicción es que no solo denunció el nuevo poder político de los jueces y fiscales, sino que, además, lo escribió en la misma entraña del diario La República, órgano oficial de nuestro principal enemigo mediático.

Asimismo, el jurista, exjuez penal y docente, Guillermo Olivera Díaz, a quien nunca había conocido antes, totalmente ajeno a mi filiación ideológica, tomó la decisión de ayudarme ad honorem, enclaustrándose por una semana en los archivos de la Corte Suprema de Justicia para desentrañar el caso Saneamiento La Oroya a partir de sus elementos primigenios. Posteriormente, viajaría hasta Huancayo, para hacer lo mismo con el caso Aeródromo Wanka, llegando a la conclusión en los dos casos de la arbitrariedad de las sentencias.

En el plano internacional, la izquierda latinoamericana representados en el Foro de Sao Paulo, el Seminario Internacional de México del Partido del Trabajo, la Internacional Antifascista de Venezuela, entre otras organizaciones, además de personalidades continentales como José Mujica Cordano de Uruguay, Alberto Anaya Gutiérrez de México, Atilio Borón de Argentina, Esteban Silva de Chile, Ricardo Abreu de Brasil, Nidia Díaz de El Salvador, Carlos Aparicio Vedia de Bolivia, Ricardo Patiño Aroca de Ecuador, Carlos Zamora Rodríguez de Cuba, Alexander Yánez Deleuze y Rander Peña Ramírez de Venezuela, Gloria Flores y Marcelo Caruso de Colombia, siempre alzaron la voz de protesta ante esta injusticia, haciéndonos presente su solidaridad internacionalista.

El imperialismo para controlar sociedades, potencialmente alienables, como la nuestra, crea su propia “oposición” política: la izquierda caviar, que no es más que la vieja socialdemocracia repotenciada, la careta humana del capitalismo. En nuestro país es conocida como la izquierda capitalina, limeña, oenegera o de las consultorías. Esta falsa oposición recibe un financiamiento externo a través de las oenegés, instituciones privadas que tratan de desvincular la paternidad política foránea. Para la comandancia de una de ellas, es indispensable reclutar a “connotados” izquierdistas, quienes claudicaron en sus aspiraciones, renegando de su ideología primigenia, convencidos de lo inviable de una revolución y dispuestos a engrosar las filas del revisionismo, postulando reformas o asistencialismo sin tocar el modelo neoliberal, para la perfecta operación encubierta de cara al pueblo.

Las oenegés, con el pretexto de combatir la violación de los derechos humanos, inseguridad ciudadana, corrupción de funcionarios, crimen organizado, feminicidio, crímenes de odio, trata de personas, racismo, xenofobia, migración forzada, etc., penetran nuestra sociedad, llegando a controlar los bolsones sociales más álgidos, los mismos que son organizados a la medida de sus intereses, prestos a la movilización cuando los convoquen, para simular un movimiento espontáneo y genuino del pueblo, habiendo logrado en ocasiones derrocar a gobiernos incómodos.

Sin embargo, si analizamos profundamente, nos daremos cuenta de que estos males, a que dicen combatir, no son más que engendros del propio capitalismo. Es así como, tras esta maniobra, en aparente democracia, se permite la existencia de una “oposición” política antimperialista, que en realidad es falsa, mediocre, domesticada y farisea, como dijera Mariátegui. Esta, a la vez produce una peligrosa “delimitación política” importante, puesto que para el neoliberalismo todo lo que queda fuera de este marco opositor creado por ellos mismos, son estigmatizados como terroristas, radicales o antisociales, llegando a criminalizarse a la verdadera oposición política.

No debemos perder de vista que esta falsa oposición tiene otra misión, quizá la más importante: asaltar el poder político estatal. Para lograr este cometido se infiltran en los órganos de justicia, los servicios de inteligencia y los medios de comunicación, a través de sus oenegés, usadas como el anzuelo perfecto, para luego de capturarlas y crear lo que se conoce como el Deep state, Estado profundo o Estado oculto, lo que les permite gobernar sin haber sido electos, de manera indefinida, independiente de cualquier gobierno de turno.

Nuestro partido no podía tolerar que estos demócratas burgueses, socialdemócratas o caviares, utilizaran el discurso marxista para engañar al pueblo, sirviendo a los empresarios y banqueros, por lo que comenzó una confrontación ideológica, política y programática, durante la campaña, logrando sobreponerse. La entrada de Perú Libre al Ejecutivo y Legislativo, como representante de la izquierda popular, provinciana o del campo, arrebató a la izquierda capitalina treinta y siete curules, la desenmascaró ante la opinión pública y puso en evidencia al Deep state caviar.

Esto los incomodó de mala forma, producto del cual pusieron en marcha a sus operadores judiciales, disponiendo un uso bélico no convencional de los instrumentos legales y creando los falsos positivos judiciales, con la única misión de liquidar al partido. Así, empezó una persecución sin precedentes, motivo por el cual tenemos presos a los camaradas Arturo Cárdenas, Waldir Vilcapoma, Eduardo Reyes y Eduardo Bendezú, además de cientos de procesados, todos cuadros políticos destacados, de quienes quedan afectados gravemente su esfera familiar, laboral, económica y judicial. Ni siquiera la derecha conservadora o burguesía burocrática, había sido tan implacable.

Esta circunstancia permitió evidenciar las debilidades de los que se proclamaban connotados revolucionarios, quienes terminaron renunciando a su militancia tras la primera notificación fiscal, al primer cuestionamiento de los medios de comunicación, al primer allanamiento domiciliario, decidiendo abandonar la bancada y posteriormente el partido. Sufrimos bajas que afectaron cuantitativamente la combatividad de la izquierda popular en el parlamento e indudablemente fortalecieron a nuestros enemigos de clase, la izquierda caviar.

El número de bajas que sufrió la bancada es histórico, de los treinta y siete congresistas que ingresaron con Perú Libre al día de hoy renunciaron veintiséis, lo que constituye una de las traiciones parlamentarias más grandes que pudo experimentar la izquierda popular. Los motivos son múltiples, desde ambiciones políticas personales de quienes formaron su propio partido, las prebendas más tristes que permitió el transfuguismo hacia partidos de extrema derecha como Podemos Perú hasta la franca traición ideológica que permitió cebar las magras filas de la izquierda caviar en Juntos por el Perú.

Este desequilibrio permitió que la derecha y su facción mimetizada de la izquierda caviar, se fortalecieran en el parlamento, producto del cual se conspiró con éxito para el golpe de Estado militar-parlamentario deponiendo a Castillo y, posteriormente, aprobando leyes como la amnistía tributaria y menores impuestos a las grandes empresas o bancos, la prescripción de los delitos de lesa humanidad, la legalización para que los policías utilicen sus armas de reglamento sin ser detenidos ni procesados, entre otras.

A pesar de haber sido reducido en la representación parlamentaria, el partido supo tener más conciencia de su misión en el Legislativo, optimizando lo que los neoliberales desprecian. Está de más reafirmar que Perú Libre seguirá flameando sus cuatro principales banderas de lucha como son la asamblea constituyente, la revisión de los contratos ley, la nacionalización de nuestros recursos y la lucha contra los monopolios. Nunca renunciamos a ellas, nunca renunciaremos.

Muy a pesar de los golpes a nuestro partido, el pueblo ahora logra identificar a los caviares, sector enemigo de sus aspiraciones genuinas, pues al día de hoy son sinónimo de aprovechados, traficantes, aburguesados y enemigos del pueblo. En provincias, donde pasaban desapercibidos, hasta admirados por el sector intelectual, ahora son meridianamente identificados. Esta izquierda caviar que, finalmente, no es más que un destacamento político de la propia derecha, es la que abandera la lucha antiperulibrista, encargada de difamarnos, procesarnos, encarcelarnos y eliminarnos por encargo.

En esta obligada clandestinidad, la policía multiplicó exponencialmente su agresión, pretextando la orden de captura por la sentencia arbitraria del caso Aeródromo Wanka, con el único fin de amedrentar al partido, coaccionarnos a renunciar a nuestra ideología, programa y acción política, para neutralizar o eliminar lo que sus patrones consideran una amenaza viable. Inclusive, han tratado de doblegarme a través de mi madre, allanando su domicilio, apuntándola con metralletas, amenazándola con prisiones preventivas, haciéndole seguimientos e incautándole sus pensiones.

Por el otro flanco, evidenciamos las indiscutibles deficiencias en la inteligencia estratégica, táctica, operacional y tecnológica de la policía, que no ha dado con mi paradero, a pesar de estar permanentemente en las redes sociales en contacto con el pueblo. Las especulaciones fantásticas, informes de ajenos a la realidad, operativos mediáticos fallidos, entre otros, nos pone a concluir la existencia de un nivel profesional mediocre de la inteligencia policial, cuya génesis tiene dos factores principales, en el siguiente orden: la politización y la corrupción institucional. En este caso, las únicas motivaciones operacionales fueron una sentencia política y los onerosos viáticos pagados con las partidas secretas exentas de fiscalización.

El partido puede exhibir logros en su gestión como Ejecutivo regional, inclusive comparables a un gobierno nacional y obtener mejores resultados. En las dos gestiones al frente del Gobierno Regional Junín (GRJ), se construyeron cuatro hospitales especializados, puentes emblemáticos, carreteras interprovinciales, cientos de centros educativos, museo de la memoria, además de los programas sociales como Médico de la Familia, Odontólogo por Colegio, Psicólogo por Colegio, Movilización por la Alfabetización, Residentado Médico Regional y Especialización Hospitalaria.

Lo que debemos resaltar de esta experiencia es que el Estado regional puede hacer obras que, en la actualidad, ya dejaron de ser prioridad para el Estado nacional neoliberal. Esta es la razón del porqué Junín, luce hospitales modernos en contraste a los penosos edificios nosocomiales de Lima. Asimismo, en su política de transportes, para poner un solo ejemplo, el partido entregó el 15 de diciembre de 2024 una megaobra en Huancayo, el puente Comunero II, sobre el río Mantaro, con una longitud de 730 metros de luz, cuya ejecución fue con recursos públicos, construida por dos entes estatales: el GRJ y los Servicios Industriales de la Marina (SIMA), sin necesidad de concesiones, ni peajes, propio de una administración socialista.

Esta sola obra demuestra que muchas de las obras ejecutadas en Lima, podían haberse construido como en Junín, pero el Estado neoliberal, municipal o nacional, prefiere entregarlos a las empresas privadas como Odebrecht, obteniendo coimas, concesionándolos por décadas, imponiendo peajes abusivos, concertando adendas criminales, perdiendo arbitrajes e indemnizándolos.

Para hacer más obras con estas características, necesitamos que Perú Libre llegue al gobierno nacional, pero escoltado por una mayoría congresal, lo que le permitirá modificar los regímenes de propiedad, de empresa, de concesión, monetaria y tributaria. No existe otra forma, pero debemos tener claro que estos cambios deben estar sujetos a condiciones políticas coyunturales favorables, sin las cuales simplemente es mejor no jugar con fuego, hasta que se creen las condiciones necesarias.

Aprovecho para dirigirme a los que dicen que las obra son gracias a los impuestos del pueblo y nada se debe a los líderes. En parte tienen razón, pero ellos deben saber que para hacer realidad los grandes desafíos, como los puentes interprovinciales Comunero I y II, no basta contar con recursos económicos, sino que hacen falta hombres que encarnen la misión de ejecutarlo, de llevar las cosas a término, dispuestos a correr todo tipo de riesgos, desde incomprensiones, persecuciones, juicios, prisiones, hasta conspiraciones perpetuas y sus consecuencias. La frustración de más de 70 años en la construcción del Gran Aeródromo Wanka, a pesar de tener presupuesto, es una muestra tangible de lo que afirmo.

El partido necesita conducir una revolución y, en caso no pudiera darse, por lo menos, acercarse a un acto revolucionario para con la patria. Para ello, debemos estar claros en cuál será la misión en el gobierno y, en el mejor caso, en el poder. Precisamente esta consiste en optimizar todo lo que los neoliberales desprecian, nos referimos a mejorar la educación, erradicando el analfabetismo; mejorar los índices de salud, reduciendo la mortalidad materna e infantil; mejorar la cultura, desalienando la escuela pública; eliminar la desnutrición, tecnificando la agricultura popular; mejorar la vivienda, con programas propios; erradicar la explotación laboral, permitiendo la constitución de sindicatos; descongelar los sueldos, redistribuyendo nuestras reservas económicas; generar valor agregado, industrializando el país; dignificar las pensiones, terminando con las mafias de las AFP; dignificar la patria, nacionalizando nuestros recursos estratégicos; superar el déficit fiscal, renegociando los contratos ley; en resumen, reemplazar la economía social de mercado por la economía popular con mercados.

Los peores indicadores en el índice de desarrollo humano en nuestro país, dan fe de que el Estado se hizo a un lado, abdicando su misión de protección al pueblo, sin constituir un obstáculo para el mercado, sin interferir ante el saqueo y estando ausente en su regulación para evitar la explotación. Estas variables interpretadas políticamente también significan la ausencia de socialistas o comunistas.

La mejor prueba de que tres décadas de neoliberalismo han fracasado en el Perú, es la existencia de las tareas pendientes mencionadas, pues seguimos enfrentando los mismos problemas que cualquier país tercermundista de Asia o África. Los gobiernos que se han ido sucediendo a partir de Alberto Fujimori hasta Dina Boluarte, siguen manteniendo un 16,7 % de desempleados, más del 30 % de peruanos sin agua potable, un alarmante 43 % de anemia infantil, el país en el último lugar en comprensión lectora y matemática, los servicios básicos precarios, entre otros, pero destinando fondos millonarios para la compra de armas y aviones de guerra.

Perú Libre no es enemigo del empresariado nacional privado, puesto que para alcanzar el objetivo de la industrialización del país es imprescindible el concurso de ellos, a quienes el Estado debe brindar todo tipo de apoyo. Nunca podrían vencer las barreras y techos impuestos a su crecimiento por el gran poder empresarial y financiero transnacional, multinacional o global, si no cuentan con el concurso estatal.

Para que este apoyo sea planificado y efectivo, son necesarios dos puntos. Primero, en el plano objetivo, el Estado debe recuperar el control sobre sus materias primas, pues la supremacía sobre ellas en manos privadas ha generado el monopolio u oligopolio. Una vez resuelto la titularidad, es más fácil regular el mercado nacional, los medios de producción, las patentes intelectuales, los derechos laborales, los intereses de la banca, etc., en favor del empresariado nacional.

Segundo, en el plano subjetivo, la clase trabajadora empresarial nacional, estratégicamente denominada por la burguesía como emprendedores, debe ser consciente que es la nueva clase obrera explotada por el gran capital. A diferencia del empresariado tradicional, esta emerge del pueblo, por consiguiente, su crecimiento económico tendrá un techo. Es natural que, en el proceso de desmarcarse de su pasado, eviten alienadamente reconocerse como tal, asumiendo que ser emprendedor es escalar irreversiblemente la pirámide social, donde aparentemente el proletariado se extinguió al no existir fábricas ni sindicatos, pero en realidad, solo han mutado. Esta clase, si no se organiza políticamente en un partido, en defensa de sus intereses, jamás podrá reivindicarse.

Este partido, que incluye la alianza del obrero, campesino, clase media y la burguesía nacional patriota, debe ser dirigido por los hijos más preparados y representativos del pueblo, pero que mantengan incólume su conciencia de clase. Una vez constituido, debe participar dentro del marco legal vigente, sometiéndose al voto popular, alcanzando distintos niveles de gobierno y, por ende, cierto grado de poder. No hay dirigentes de arriba, ni dirigentes de abajo, por lo que no existen gobiernos de arriba, ni gobiernos de abajo, todos los niveles son igualmente importantes.

Como nos han enseñado los camaradas chinos, debemos aprender a luchar en un mundo real y con los medios reales. Esto quiere decir que debemos participar del proceso electoral nacional, a pesar de quienes piensan que esto es un método reaccionario, pues nosotros no pensamos así, la práctica nos ha demostrado que el pueblo peruano es tradicionalmente un pueblo electoral, participa disciplinadamente, respeta a sus elegidos, aunque ocasionalmente no los respalde en el gobierno, salvo excepciones.

En esta circunstancia, nuestro partido ingresa a la lucha política, lo que significa actualmente lidiar en el campo comunicacional, donde las armas convencionales son los celulares y las redes sociales, quienes asumirán el rol de guerrilleros mediáticos cercando a la gran televisión, radio y prensa hegemónica. Una vez triunfado, deberá poner en marcha el programa político a favor de las mayorías, no de todos, debiendo recordar siempre que: en una sociedad de clases, uno no es electo por todos, ni gobierna para todos.

El partido debe apuntar a estructurar un Estado moderno, esto implica contar con cuatro pilares: un sistema financiero estatal fuerte, una defensa militar óptima, una seguridad jurídica garantista y una democracia sólida. En el plano internacional, debe incorporarse a la lucha por la integración latinoamericana, lo que implica tener una conciencia antimperialista e integrarse al movimiento antifascista, garantizando nuestra seguridad alimentaria, energética e hídrica, cuyas fuentes nuestro continente estratégicamente garantiza, y, lo más importante, preservar nuestra la zona de paz, desenvolviéndonos acorde a las demandas del nuevo mundo multipolar.

Estoy convencido, ahora más que nunca, que dedicarse a la política de verdad, con la misión que esta significa, conlleva ineludiblemente a un deterioro económico personal, riesgos en tu seguridad y pérdida de la comodidad social, pero a la vez, encauza hacia una gran satisfacción histórica cuando los objetivos políticos se han logrado, quedando como un legado. Contrariamente, los que utilizan la política como medio de enriquecimiento, presos de sus compromisos subrepticios y al ser conscientes de sus inmoralidades, vislumbrarán cercanamente su final nada deseable.

“Aún con el nudo en la garganta, con la gasa sobre la herida, sobreviviendo una vez más, frente a los acechos perpetuos que forjan nuestra cultura de resistencia y convicción de victoria. Hoy más consciente de mi necedad: «Yo me muero como viví»”.

¡Hasta Más Allá de la Victoria!

En algún lugar de mi gran país, 3 de enero de 2025.

Vladimir Cerrón

Secretario General Nacional

Partido Político Nacional Perú Libre

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Opinión

Como un gamonal del siglo pasado, César Acuña se hace cargar por campesinos

Lee la columna de Jorge Paredes Terry

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Por Jorge Paredes Terry

El “plata como cancha” en su última visita a Pataz, volvió a escenificar un viejo ritual del poder peruano: el político que se hace cargar por los pobres para demostrar que es “uno más del pueblo”. En imágenes que rápidamente se viralizaron, el líder de Alianza para el Progreso (APP) apareció siendo transportado en hombros por campesinos, sonriente, repartiendo  promesas, como si el tiempo no hubiera pasado. La escena, grotesca y humillante, parece sacada de un archivo del siglo XIX, cuando los hacendados exhibían su dominio montados sobre los hombros de los indios. Pero hoy, en lugar de látigos y tierras, el gamonal moderno usa su cargo y la plata del estado.

Acuña, dueño de un imperio educativo y con décadas en la política, no es nuevo en este tipo de teatros. Su carrera está construida sobre el clientelismo descarado: regala dinero en efectivo, becas de dudosa calidad, materiales de construcción y hasta medicinas a cambio de lealtades. En Pataz, como en tantos otros pueblos, la fórmula se repite: llega con fanfarria, reparte promesas como si fueran caramelos, posa para las fotos abrazando a ancianos y niños, y luego se va, dejando atrás más pobreza que soluciones. Es el mismo juego de siempre, pero con selfies y redes sociales.  

Lo irónico es que, mientras Acuña se hace cargar como un cacique de antaño, su partido controla municipios y gobiernos regionales con una red de favores que poco tiene que envidiarle al gamonalismo clásico. Antes, los terratenientes mandaban con el látigo y la amenaza; hoy, lo hacen con contratos públicos, empleos temporales y la promesa de una beca en una universidad de garaje. La esencia es la misma: el pobre sigue siendo usado como animal de carga, solo que ahora, en lugar de arar la tierra, aplaude en mítines.  

Pero hay algo aún más cínico en este espectáculo. Mientras Acuña juega al “hombre del pueblo”, su fortuna,amassada gracias a universidades que venden títulos como pan caliente, lo delata como parte de una élite que disfraza su explotación de filantropía. El hacendado de antes al menos no fingía: sabías que te explotaba. El nuevo gamonal te vende la ilusión de que algún día, si le eres fiel, tendrás una migaja de su riqueza.  

La imagen de los campesinos cargando a Acuña no es solo un acto de sumisión: es un símbolo de cómo el poder en el Perú nunca ha dejado de humillar a los más pobres. La Reforma Agraria acabó con los terratenientes, pero no con la mentalidad que los sostenía. Hoy, los nuevos gamonales no necesitan haciendas; les basta tener un puñado de billetes y una cámara cerca. Y el pueblo, como en los tiempos de Max Uhle, sigue cargando el peso de quienes dicen gobernarlo.

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Opinión

Poder Judicial no puede amparar persecución al periodista Ricardo Belmont

Lee la columna de Rafael Romero

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Por Rafael Romero

Los magistrados de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Chorrillos, presidida por Luis Alberto Arancibia Agostinelli e integrada por Jorge César Mayta Palián y Carlos Alberto Ccallo Chirinos, tienen en sus manos un caso donde se persigue mediática y políticamente a un periodista: a don Ricardo Belmont Cassinelli (RBC).

Es decir, cuando apenas acababa la persecución judicial del fujimontesinismo, que duró 18 años, desde 1996 al 2014, lamentablemente muy pronto llegaría a la puerta de RBC otra clase de “lawfare”, perpetrada por su propio hijo, quien desde abril del 2016 tomó con matones su canal y al año siguiente, en el 2017, el hoy inquilino de ese hijo, Phillip Butters Rivadeneyra, declaró públicamente desde Radio Exitosa que Belmont se creía una santa y que él ya le había comprado su canal para vengarse de todos sus “pinches enemigos”, incluido el Hermanón.

Esa declaración de Butters la hizo frente a Nicolás Lúcar; pero ahora, ocho años después de ese ucase, en momentos en que el país está en crisis a causa de la codicia y la avaricia, con esa clase de querellas maliciosas, caprichosas y antojadizas solo se malgasta el tiempo del Poder Judicial en lugar de concentrar todas las fuerzas de la magistratura contra la delincuencia callejera u organizada, contra el abuso y la prepotencia.

Lamentablemente, tenía que aparecer un juez supernumerario, y para remate tocayo del querellante Phillip Butters, para sentenciar en primera instancia al periodista Ricardo Belmont Cassinelli, dizque por supuestos agravios contra el “Sabelón”, y sin reparar en ningún momento en los graves ataques y amenazas lanzadas por el querellante Butters, y sin meditar en su objetivo principal como es la venganza en contra de Ricardo Belmont.

Esa sentencia de primera instancia podría enmarcarse en la nueva persecución contra RBC, la iniciada en el 2016 con la toma por la fuerza del Canal 11 y luego con la toma de la Planta de Transmisión en el Cerro Marcavelica de Chorrillos, al punto en que hoy el verdadero dueño de la televisora, como es Ricardo papá, está despojado del medio de comunicación que fundó debido al plan del dúo perverso conformado por dos angelitos, el querellante Butters y el primogénito del Hermanón.

Sin embargo, ¡qué curioso!, son más de ocho años de enfrentamientos y litigios, y cuando en el año 1923, Ricardo Belmont ya tenía listo su Partido Cívico Obras, ¡zas!, empezó un juicio por una supuesta usurpación; y luego de inscrito oficialmente el partido, un año después, el pasado 15 de julio del 2024, aparece otro juicio, el de una querella de Butters por quítame estas pajas, quien es una persona con objetivos políticos y por eso se ha metido al partido Avanza País, para ser candidato a la presidencia y así continuar haciéndole fieros y remedos a su querellado Ricardo Belmont.

No sé por qué Butters odia tanto o envidia infinitamente a Ricardo Belmont, y hasta quiere imitar su paso por la radiodifusión poniendo las siglas de su nombre “PBO” a su grupo mediático, tal como Ricardo llamó “RBC Televisión” a su medio de comunicación. El caso es que los dos son personajes públicos, y por ello renuncian o toleran las críticas porque están expuestos a las mismas, relativizándose su derecho a la intimidad o el honor, a diferencia de cualquier otro ciudadano que no es mediático.

Por tanto, la actuación pública de ambos es, ha sido y será polémica, sobre todo cuando el querellante Butters lanzó ataques, frases y expresiones más graves e irreproducibles contra Ricardo. En ese sentido, resulta inequitativo, asimétrico y hasta gravoso para RBC la sentencia condenatoria del juez de primera instancia, tocayo de Butters, y peor se vulnera la dignidad y el honor de RBC cuando su querella contra Butters jamás prosperó, peor cuando este declaró en diversas ocasiones que le meterá preso a Ricardo y que se va a encargar de que la pase mal en la cárcel o que se muera dentro, debiendo los magistrados de la Sala Penal de Chorrillos, frente a esta clase de intríngulis y conflictos, actuar con mucha mesura, con un sano criterio de conciencia y con sabiduría judicial, no debiendo amparar el abuso del derecho.

Un tema objetivo es que la judicatura penal de Chorrillos, en primera instancia, no amparó la demanda de RBC, es decir, no ha querido declarar fundada su querella, pero sí admitió la pretensión del querellante Butters. Ahora bien, como es sabido, en la ciencia y la praxis jurídica, y a la luz de la misión y visión del Poder Judicial, toda sentencia y resolución de la administración de justicia debe evaluar, ponderar y valorar su impacto en la sociedad y en el Estado Democrático y Constitucional de Derecho.

Y si ese querellante, Butters, va a postular a la presidencia por Avanza País, y si RBC es el fundador del Partido Cívico Obras, con larga ejecutoria en la política peruana, la pregunta cae de madura: ¿se puede llegar a tanto por parte de algunos rivales del periodista RBC, acaso al punto de querer usar a los magistrados del Poder Judicial para sacarlo de la carrera electoral por encima de la voluntad popular?

Esas son las sombras que hay en todo este caso, donde no se admite la querella del periodista Ricardo Belmont, pero si se admite la querella de Butters, quien ha venido atacándolo públicamente desde hace ocho años por lo menos. En consecuencia, este deslinde de la judicatura peruana contra el favoritismo tiene que darse necesariamente en la Sala Penal de Chorrillos para preservar su integridad, su ética pública y la transparencia, debiendo tener muy presente como órgano colegiado su apego a la sabiduría judicial y al sano criterio de conciencia. Pues si se revisa bien este expediente, y la historia detrás del mismo, se descubrirá que son más graves los ataques del querellante Butters contra RBC, y no al revés, sobre todo desde su confesión pública frente a Nicolás Lúcar (Radio Exitosa), cuando prometió acabar con el periodista Ricardo Belmont, en abril del 2017.

Es más, de cara al Poder Judicial, RBC es la víctima y no el victimario, incluso ya perdió su canal de televisión y ahora se le quiere bloquear como candidato presidencial del Partido Cívico Obras, partido que junto al canal 11, fueron los únicos que jamás se arrodillaron en la salita del SIN de Montesinos.

De manera que debemos preguntarnos hoy dónde queda el Artículo 1° de la Constitución, dónde queda la condición de adulto mayor (Ley N° 30490) de Ricardo Belmont, y dónde queda la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad, siendo todo eso el fin supremo de la sociedad y del Estado.

Pero, en virtud de la “pluralidad de instancia”, la Sala Penal de Apelaciones de Chorrillos puede y debe enmendar la sentencia de primera instancia por adolecer de motivación y fundamento, al estar divorciada de un contexto histórico político y social, al estar fuera de la realidad y al no haber evaluado y ponderado todos los hechos de este caso, siendo evidente que el agraviado es Belmont y no Butters.

Es deplorable que esta clase de iniquidades y asimetrías solo sucedan el Perú, donde el agraviado aparece como agresor y la víctima como victimario. Un absoluto abuso. El mundo al revés, y como dice mi amigo Herbert Mujica solo en el Perú llueve para arriba.

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Opinión

Los Eunucos Inmorales

Comentarios sobre la última edición de la novela de Oswaldo Reynoso.

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Por José Emilo Caro Gómez          

Estaba atorado en el taxi rumbo al Centro Cultural Ccori Wasi, para la presentación del libro Las huellas nada más de Roberto Reyes, quienes, junto con Murillo, son los sobrevivientes del Grupo Narración. La tertulia fue en un anfiteatro amplio, cómodo y rebosante de rostros jóvenes: Una atmósfera cálida que casi me deja sin lugar.

Tomó la palabra Roberto Reyes, agradeció al auditorio por el tiempo y por su gentileza de estar, comentaba que el día anterior fue a la presentación de un novelista famoso, pero que asistió poco público. Recordó cuando quiso dedicarse a escribir, lo fácil que se ve en el producto final y lo difícil que es el proceso. Muchas veces uno puede tener la historia oral más rica y trágica, pero convertir eso en libro es místico.

El creador puede quedarse sin palabras al segundo día. Como autor, uno entiende esto, el terror a la página en blanco. En el brindis posterior a la presentación, dentro de la galería de arte del Centro Cultural, yo estaba junto con Funes el Memorioso y algunos amigos reflexionando sobre los principales problemas de la República del Perú, el país bananero, como decía Funes. Y su interlocutor mentó: “-Claro, la dictadura nuevamente-”. Pasaban las fuentes, los bocaditos, las presas de pollo con centro de fuego maravilloso, vino y agua para los abstemios. La galería de arte ahora es rebosante y bulliciosa. Adquirí el libro de cuentos, pues debía seguir con mi itinerario. Ya tenía en las manos el cuerpo del delito: un asesinato literario cometido por Random House en su sello Alfaguara.

No fui a la presentación de Los eunucos inmortales porque ese día tenía que jugar a la pelota con mi hijo. Le comentaba, mientras devoraba las piernitas de pollo que metía de vez en cuando a la flama para mantenerla tibia en esa noche de invierno de panza de burro limeño: Mira la nota del editor, en la página 9, citó: ‘Se ha realizado una versión integral del texto, corrigiendo erratas y ajustando aspectos formales —como uso de las mayúsculas y la ortografía— conforme a las normas lingüísticas actuales’”. Compadre, pero si es la primera copa que te tomas y ya con esos factos, Funes- dijo el presentador del libro Las huellas nada más-. Nos miramos todos en un minuto de silencio dentro de la multitud que se aglutina por una foto con el autor.

Los eunucos inmortales es, ante todo, una novela experimental cuyas páginas discurren a modo de testimonio” Viendo el vaso medio lleno o medio vacío. Esa nota editorial parece ser una estrategia para desautorizar ediciones anteriores y reconocer únicamente la versión de 1995” (por eso desconoce las demás).  

—¿Eso dice la información del libro?

—Sí —respondí—, en los paratextos. Interpreto que para causar revuelo.

El corrector de Random House se atreve a corregir a Oswaldo Reynoso, un especialista reconocido en la materia,  su expertis y dominio lo destacaron de los demás correctores de estilo que residían en el  Hotel de la amistad y, de vez en cuando, era convocado para trabajar en los documentos  del Buró  del Comité Central del Partido Comunista Chino, lo que en buena cuenta era un reconocimiento a su talento en el dominio del lenguaje español.

Muestra de ello es su libro El escarabajo y el hombre, que fractura el lenguaje, proponiendo que la literatura como arte puede transgredir el lenguaje para conseguir ciertos detalles estéticos, simbólicos o simplemente por placer.

“Es interesante tu postura, muy acorde al contexto de este evento Podrías leerlo y comentarlo en un artículo extenso”, menciona José García Cosavalente, panelista de hoy. Le hago una seña a Funes para irnos, me despido del autor y de los presentadores. En el taxi rumbo a los juegos de mesa para jugar Exploding Kittens, en casa de un amigo copywriter, poeta y crítico. Conversando un poco más con Funes el Memorioso, él, totalmente indignado, me leía algunos párrafos y los comentaba: No sé chino, así que su traducción sería cosa de otro día, pero veamos el detalle. Al menos de pasada analicemos el caso de las mayúsculas, me dice: “Porque en más de 20 años las reglas ortográficas casi no han cambiado, salvo en el caso de la tildación en los determinantes demostrativos. Así que esa nota de editor solo podría aplicarse al Cantar de mio Cid del 1207, ese sí que era un español con normas ortográficas y gramaticales distintas.”

Lo miro serio.

  • Busca una página al azar , es el mejor test.

Página 28: “Informes y documentos públicos del Partido y del Gobierno chinos se han ido perdiendo como…”. ‘partido’ Partido, ‘gobierno’ Gobierno. Se entiende que escribe con mayúscula cuando te refieres al gobierno como un Estado, y se escribe con minúscula cuando se refiere a la acción de gobernar.  En la primera edición de 1995 (PEISA), se usa partido y gobierno en minúsculas, como en las ediciones de 1999 (San Marcos), 2005 (San Marcos), y la de 2006 (Narraciones 2, Universidad Ricardo Palma). También en la de 2011 (San Marcos, vía ISBN).

En las Obras completas que sacó la Universidad Ricardo Palma, fue revisada por el autor en vida, la usa así: “partido” y “gobierno”. Por tanto, estas correcciones parecen incorrectas. Es posible que, en algunas mayúsculas minoritarias, el autor buscara transmitir algo más allá de una simple corrección gramatical. Al elegir minúsculas, incluso en casos donde gramaticalmente debería haber mayúsculas, es parte de un estilo personal o ideológico. Esto no es incorrecto en textos no formales,

Te voy a contar algo, Funes el Memorioso, por tu lucidez y tu reflexión, no puedo opinar sobre ello, tú lo dijiste todo. Sin embargo, cuando el vecino del segundo piso increpó a Oswaldo porque en el patio interior tenía tantos papeles en bolsas, de lejos, pues la altura del segundo piso era considerable, parecía basura. Oswaldo le gritó: ‘¡Son correcciones de prueba! Mire, son hojas bond, no es papel higiénico ni basura’. Le respondió. El vecino, algo increpado: ‘Disculpe, no sabía que era escritor, pero es un abuso, pobres árboles. No olvide botar esos papeles que dan mal aspecto’. Se cruzaron unas miradas de pocos amigos.

 Ahora que veo el libro Los eunucos inmortales y, sinceramente, parece que el departamento de corrección de estilo de Alfaguara es tan eficiente en esta reedición como los libros que le pirateaban a Reynoso, pues en ellos veías la libertad de corregir al autor. Es posible que estas decisiones respondan a políticas de uniformidad editorial, como en el papel finísimo de la publicación, que en menos de un año será de otro papel, al grado de ser casi añejo, con circunferencias dislocadas de distintos tamaños, pequeñas manchas aquí y allá, formando un tapiz vintage en cada página.

Sin embargo en este caso, han pasado por alto elementos esenciales de la obra original, y las decisiones editoriales parecen no haber considerado plenamente la intencionalidad estilística de Reynoso. Prefiero las ediciones anteriores de hojas blancas o color marfil grueso. Limpios, pulidos como joyas preciosas donde no falta ni una m, pues para los amantes de la literatura, la calidad reside en el lenguaje poético; alterar esto es mutilar un coleccionable.

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Cuestionan a Raúl Canelo por no representar a los abogados de Lima

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Por: Rafael Romero.

Poco tiempo pasó, desde que llegó al decanato del Colegio de Abogados de Lima (CAL), para que Raúl Canelo Rabanal quede absolutamente desdibujado y hoy la inmensa mayoría de jurisconsultos citadinos señala que él no los representa. ¿Qué ha sucedido con el profesor bonachón y patero de la PUCP?

Seguramente el poder a algunos los marea, ¿o será que desea ir al senado de la República y se ve obligado a usar como trampolín electoral a la institución del ilustre CAL?

A mediados de mayo pasado Raúl Canelo fue suspendido por 6 meses del cargo de decano del Colegio de Abogados de Lima como consecuencia de tres hechos en los que presuntamente abusó del cargo.

Pero, pese a ser hombre de derecho, sorprendió a propios y extraños al reaccionar desaforadamente diciendo que no acataría dicha suspensión y acusó al Consejo de Ética de tener serios cuestionamientos. No obstante, son más serios los cargos que se le atribuyen, pero eso no parece quitarle el sueño al cuestionado Canelo Rabanal.

La sanción también conlleva la prohibición de ejercer la profesión de abogado debido a la suspensión temporal de su colegiatura. Lo concreto es que las evidencias saltan a la vista y es que Raúl Canelo se habría excediendo en sus funciones de forma abusiva y arbitraria, vulnerando el Estatuto del CAL y manteniendo una actitud innoble con otros colegas de la orden.

Las presuntas infracciones incurridas por los “canelistas” son: 1) crear una “Oficina de Control Interno” en el CAL, pese a que la junta directiva no tenía la competencia para hacerlo, máxime cuando ya existe una Junta de Vigilancia; 2) remover al abogado Víctor Alca del cargo de director de Bienestar Social bajo el pretexto de la causal “retiro de confianza”, figura que no existe en el Estatuto del gremio; y 3) nombrar a la abogada María Vera como accesitaria del Consejo de Ética, pese a no haber sido elegida por la asamblea general.

Por lo demás, también es grave la denuncia de varios abogados contra Canelo y su grupo en el sentido de que tendrían una maquinaria destinada a inventar denuncias y presentar hechos falsos con el objetivo de atacar, desacreditar y difamar a sus opositores, para lo cual presentarían memes, panfletos y falsedades en las redes sociales.

Queda todavía por desentrañar cómo va el manejo económico en el CAL, desde la fecha en la cual llegó Raúl Canelo al decanato, y eso será presentado en un próximo artículo.

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Crónica de una fiscalía convertida en novela

Continúa la saga de las fiscales enfrentadas, donde ni Patricia Benavides ni Delia Espinoza defienden principios, sino protagonismo. En esta intriga interminable, la ley es solo un adorno, y la teleaudiencia ya no espera justicia, sino el capítulo mil de un drama sin final.

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El Perú, es un país que ya no se asombra de nada y ha quedado atrapado en una trama que parece escrita por un guionista adicto al melodrama jurídico. Una historia de poder, traición, maniobras legales y fiscales enfrentadas como archienemigas de telenovela, pero con escudos, títulos y escoltas. La realidad ha superado al libreto. Lo que presenciamos no es justicia, sino una guerra entre facciones que han tomado por asalto las instituciones para convertirlas en trincheras.

El Ministerio Público ya no imparte justicia: ahora emite episodios. Cada día, un nuevo capítulo. Cada hora, una nueva sorpresa. Y así, entre flashes noticiosos y comunicados indignados, abogados, opinólogos y congresistas se pasean por los ‘sets’ de la indignación fingiendo preocupación por el Estado de derecho, cuando en realidad lo único que defienden es a su gente, a su bando, a su tribu.

Todo comenzó —o al menos en esta temporada— con la Junta Nacional de Justicia (JNJ) desenterrando una decisión que ya se creía sepultada porque tenía la condición de ‘cosa decidida’: revocó la destitución de Patricia Benavides Vargas y la repuso como fiscal suprema y, por rebote, como Fiscal de la Nación.

El cliffhanger fue inmediato. Horas después, Benavides, escoltada por su guardia personal y una batería de abogados, irrumpió en los pasillos del piso nueve del Ministerio Público con la intención de recuperar su trono; pero la recepción no fue para nada cálida. Delia Espinoza—su némesis—le cerró la puerta en la cara; literalmente.

Este episodio provocó indignación genuina en la facción conservadora… y rating asegurado. Porque, seamos sinceros, a estas alturas nadie cree que alguna de estas señoras defiende el principio de legalidad. Aquí lo único que importa es el hambre de poder. El guion se escribe solo, mientras el país asiste con palomitas de maíz en mano a este thriller institucional donde el Estado es el escenario y la ley, un insignificante adorno.

En esta historia, uno de los momentos más cuestionados llegó cuando Benavides Vargas, sin haber retomado formalmente sus funciones de fiscal, ya contaba con seguridad policial, como si estuviera de regreso en su despacho. Y cuando el capítulo aún no había terminado, la JNJ —con un toque autoritario digno de series de los 80— envió un oficio a la Policía Nacional solicitando que sacaran a Delia Espinoza de su oficina, y que repusieran a Benavides en el cargo de Fiscal de la Nación. Todo sin esperar a que el Poder Judicial se pronunciara. Pero así se mueve esta serie: por impulso, por drama y por espectáculo.

Y esta mañana, en el más reciente episodio —casi un especial de temporada— el Poder Judicial suspendió a Patricia Benavides como fiscal suprema y fiscal de la Nación por un plazo de 24 meses. ¿La razón? su presunta participación en una organización criminal, acusada de delitos que parecen extraídos de un tratado de derecho penal completo: cohecho activo y pasivo, tráfico de influencias, patrocinio ilegal, y un largo etcétera que suena más a inventario de corrupción que a expediente judicial.

Los ‘actores secundarios’ también tuvieron su momento de gloria ante los reflectores. Abogados de apellidos rimbombantes como ‘Abanto’ o ‘Del Castillo’ alzaron la voz ante lo que consideran una traición a su causa. Porque saben perfectamente que, con esta suspensión, su clienta Patricia Benavides ya no podrá regresar a su cargo, porque su mandato se extinguirá antes de que pueda volver.

Mientras tanto, los seguidores ‘caviares’ de Delia Espinoza —la otra protagonista de esta ficción institucional— celebran con mesura y respiran tranquilos. Dicen que esta medida no fue improvisada, que se remonta a mayo de 2024, cuando la propia Espinoza, entonces titular de la Fiscalía Suprema en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, solicitó al juez supremo Checkley una suspensión de 36 meses para Benavides. Y aunque pasaron 13 meses de silencio, finalmente el juez Segismundo León Velasco le dio la razón. Una resolución que, de paso, invalida también el acto de la JNJ que había devuelto a Benavides al cargo.

Poder Judicial suspendió por 24 meses en el ejercicio del cargo a Patricia Benavides.

¿El resultado? Patricia Benavides no podrá ejercer ni como fiscal suprema ni como fiscal de la Nación, al menos hasta junio de 2027. Un final inesperado para una protagonista que parecía eterna.

En otros términos, la justicia ha hablado. Y aunque el elenco no parece dispuesto a respetar el guion judicial, un fallo debe acatarse; al menos en teoría. En la práctica, esperemos el siguiente episodio. Porque, como en toda serie de culto, siempre hay espacio para una nueva temporada.

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Amnistía, ley del olvido: Congreso busca borrar crímenes del Estado

Lee la columna de Leonardo Serrano Zapata

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Amnistía según la RAE lo define como: “Derogación retroactiva de la consideración de un acto como delito, que conlleva la anulación de la correspondiente pena. No debe confundirse con indulto (‘anulación o conmutación de una pena’)” Ese es el escenario que nos propone hoy en Congreso de la República del Perú con el Proyecto de Ley N° 07549, que pretende amnistiar a quienes deshonraron su uniforme y se llevaron de encuentro vidas inocentes; quieren que empecemos a creer que Barrios Altos – La Cantuta, Uchuraccay y tantos otros no fueron delitos contra los derechos humanos, no fueron actos de terror.

Según el diccionario jurídico de Poder Judicial de Perú define la palabra Amnistía como: “Disposición con fuerza legal por la que se condonan los delitos cometidos y se excarcela a todos o un grupoespecífico de presos”. Una amnistía de este nivel pretende perdonar delitos vinculados a terrorismo entre los años 1980 y 2002. 

Los 52 congresistas que votaron a favor y las 3 abstenciones le dicen al país, sin el menor remordimiento, que debemos excluirlos de los delitos cometidos contra civiles que esperaban de sus Fuerzas Armadas y Policía Nacional protección y vocación de servicio, y que encontraron terror y muerte. Mientras el discurso oficial del Congreso es “planeamos una Ley para miembros que lucharon contra el terrorismo”. Nada más falso que eso. Matar inocentes no es luchar contra el terrorismo, es generar terror desde el Estado.

¿Qué propone el Proyecto de Ley N° 07549/2023-CR?

Se trata de una ley que concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y comités de autodefensa vinculados a la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000, incluso a quienes ya tienen sentencia firme.

Artículo 1.

“Se concede amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, y a los que hayan sido integrantes de los Comités de Autodefensa que se encuentren denunciados, investigados o procesados por hechos delictivos derivados u originados con ocasión de su participación en la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000”.

Artículo 2.

“Se concede amnistía de carácter humanitario a los adultos mayores de setenta años miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, y a los que hayan sido integrantes de los Comités de Autodefensa, que cuenten con sentencia firme con calidad de cosa juzgada o se encuentren en trámite de ejecución de sentencia, con pena privativa de libertad efectiva o suspendida, por delitos derivados u originados con ocasión de su participación en la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000, siempre que no hayan sido condenados por delitos de terrorismo ni por delitos de corrupción de funcionarios”.

En otras palabras, significa decirles a las víctimas, a los hijos que nunca volvieron a casa, a las madres que lloraron frente a fosas comunes, que la justicia que tardó décadas en llegar no vale nada frente a los intereses de unos cuantos congresistas y sus allegados. Significa perdonar el delito a quienes deshonraron el juramento con la patria.

En los últimos cinco años hemos visto decenas de decretos supremos reconociendo a miles de peruanos, héroes todos, como Defensores de la democracia. Sin embargo, vemos también que las viudas y los deudos hacen fila. Me cuentan que incluso deben comprar su medalla, porque hasta para eso se habría instalado una corrupción mezquina y nauseabunda en el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa. Forman fila para aparecer en la “famosa lista” y ser llevados a Palacio de Gobierno a recibir de manos de la presidenta Dina Boluarte la medalla de defensor de la democracia. Forman fila para que procesos judiciales larguísimos, de más de una década, terminen con un cheque de gracia, como si con dinero o becas bastara para reconciliarse o para compensar una vida entregada a la patria.

¿Qué diremos entonces mañana? Que, ante la amnistía, a policías y militares sentenciados con prueba válida y hechos ya juzgados se les borró todo como si nunca hubieran cometido crímenes. Que sus víctimas hicieron fila para alcanzar justicia y, cuando por fin el Estado se las dio, el Congreso se las arrebató a golpe de voto.

Este es el Congreso de Keiko Fujimori, de César Acuña, de Vladimir Cerrón, de José Luna, de quienes se disfrazan de defensores de la patria mientras nos imponen falsos héroes, bajo el discurso de que fueron “delitos derivados u originados con ocasión de su participación en la lucha contra el terrorismo”. No. Hoy se burlan de los verdaderos héroes: aquellos que combatieron al terrorismo con honor, sin ensuciar su uniforme, sin convertir el escudo de la República en un permiso para matar inocentes.

Mi padre, SOT2 PNP (F) Leonardo Serrano Vílchez, fue asesinado junto a 17 policías la madrugada del 3 de febrero de 1993, en un atentado terrorista de Sendero Luminoso en Huarmanca, Piura. De esos 17 héroes, solo 3 han sido reconocidos oficialmente como Defensores de la Democracia y, hasta hoy, solo una familia —la del Capitán PNP (F) Roberto Morales— recibió la medalla prometida. Amnistía de un lado y olvido del otro. Como hijo de un héroe la patria, exijo respeto a su memoria, justicia para todas las familias y verdad para el Perú.

¿Qué le decimos a las familias que aún guardan retratos amarillentos esperando justicia? Están intentando reescribir la historia. ¿Qué sigue? ¿Cambiar el relato del Museo de la Memoria, que permanece de pie para recordarnos que sí hubo terrorismo, sí hubo terrorismo de Estado, y que negarlo es un acto de cobardía? Quieren borrar el terrorismo de Estado de los libros, de los informes, de las sentencias. Pero mientras queden madres buscando huesos, mientras queden fotografías clavadas en una pared de adobe, mientras quede memoria, esta patria sabrá que la amnistía no es perdón: es traición.

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Isla Santa Rosa: Los cocineros de la frontera

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Por Jorge Linares

Todo comenzó con una conversación franca y ácida con el alcalde Yván Yovera Peña en una precaria recepción municipal en julio de 2014. Bastaba observar los rayos del sol filtrándose por casi todas las aberturas de su techo de hojas de irapay y los diminutos bancos y mesa que rodeaban el salón edilicio. Yovera recibía con indignación y molestia a cada funcionario de cualquier organismo del Estado que, por alguna razón, había pisado su territorio; él era consciente de lo frágil que era la situación.

No contaban con agua potable; la corriente eléctrica se la suministraba por horas la ciudad colombiana de Leticia; los enfermos se atendían en los centros de salud de Colombia y Brasil; los niños y adolescentes estudiaban en los colegios de los países vecinos; es decir, crecían cantando los himnos de las naciones hermanas. No disponían de cementerio para enterrar a sus seres queridos, tenían un presupuesto de S/. 6,000 mensuales para atender las necesidades de más de 3,000 personas. En resumen, Isla Santa Rosa era un pueblo fantasma, uno de esos pueblos olvidados de zona de frontera, y los lugareños se sumaban a la estadística y a aquel sentir generalizado: «Los votos de esa población en las urnas electorales no nos representan políticamente». Por tanto, estaban confinados al abandono y al olvido por todas las instancias del Estado, situación que hasta la fecha viven otros peruanos en zonas de frontera.

Esta realidad fue asumida por la Pontificia Universidad Católica del Perú, que se propuso revertir la calidad de vida de estos pobladores. El ingeniero Emilio Díaz Mori presentó el proyecto «Turismo transfronterizo en base a la gastronomía peruana», y el reto fue liderado inicialmente por los cocineros Andrés Ugaz Cruz, los hermanos Gary y José Nogueira Paz, y Lizardo Vallejo Ruíz.

El reportaje describe con crudeza la falta de oportunidades de los habitantes en la triple frontera, pero también evidencia una esperanza y una ruta viable de desarrollo económico para estas personas que se encuentran geopolíticamente bien ubicadas. La propuesta era ser creativos ante el boom de la gastronomía peruana, ya que los colombianos y brasileños cruzaban y hasta ahora cruzan el río Amazonas exclusivamente para degustar la comida peruana.

Este valioso y extraordinario trabajo de los cocineros de la frontera quedó registrado en la cámara de Jota Sánchez y el reportaje de Vania Figueroa, que fue emitido en el programa periodístico de Nicolás Lúcar, con la dirección y producción de Alfredo Pomareda y Giovanna Díaz y la edición de Cynthia Tarazona, logrando que el gobierno de Kuczynski reaccionara ante esta indiferencia y que se sumaran otros actores como el economista Aldo Castillo y el presidente del directorio de Electro Oriente, Mario Ríos Espinoza, quien dotó de energía eléctrica las 24 horas a Isla Santa Rosa. Se mejoró la infraestructura del colegio de educación primaria y secundaria, se implementó una oficina sucursal del Banco de la Nación y, por supuesto, se incrementó la inversión privada con mejores medios de transporte fluvial. La comunicación digital llegó con la empresa Global Perú y se edificó el hotel Machu Picchu con más de 40 habitaciones de lujo para atender a los visitantes que llegan a esta región del Perú.

Finalmente, la vicepresidenta del Parlamento Amazónico, la licenciada Karol Paredes Fonseca, junto al alcalde encargado Yván Yovera Peña, lograron cumplir el sueño de muchas décadas de los peruanos que viven en este territorio: declarar a este centro poblado como distrito de la región Loreto, lo que generará mayores ingresos económicos para que estas personas tengan acceso a mejoras en el sistema de agua potable, salud y educación.

En la actualidad, la cocina peruana en su conjunto viene siendo galardonada, pero más allá de recibir esos premios que nos enorgullecen, también debemos ser conscientes de que constituye una herramienta de cambio y transformación para la sociedad, brindando oportunidades a los peruanos para vivir con dignidad humana.

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Cuando las fiscales mandan más que la ley

El país está secuestrado por dos facciones que han convertido las instituciones en trincheras de su disputa. Una guerra por el poder que involucra a abogados, opinólogos y congresistas que simulan defender la legalidad, cuando en realidad solo buscan blindarse y proteger sus propios intereses.

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La escena es insólita y vergonzosa: Patricia Benavides Vargas, aún sin haber retomado funciones formales en el Ministerio Público, recibe seguridad policial como si ya estuviera despachando en el cargo de fiscal de la Nación. El argumento para justificar semejante privilegio raya en el absurdo, porque fue la propia Benavides quien informó a la Policía Nacional que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) la había repuesto con una resolución oficial. Y como si esto fuera suficiente, el Comando de Operaciones de la PNP actuó con “carácter de muy urgente” para brindarle resguardo, pese a que legal y formalmente no había retomado el cargo.

¿Desde cuándo una persona puede autoproclamarse repuesta en el cargo y obtener privilegios del Estado? Si aplicáramos ese mismo criterio, ¿tendría sentido que un presidente electo en abril, aún sin haber asumido el 28 de julio, ya cuente con seguridad del Estado solo porque él lo pidió? La lógica institucional se diluye y el principio de legalidad es pisoteado con absoluta impunidad.

La excusa posterior del Mininter fue aún más ridícula. No reconocieron a Benavides como fiscal de la Nación, sino que le brindaron protección “en calidad de titular del Ministerio Público”. Pero eso no solo es inexacto, sino jurídicamente inadmisible.

Jaime Villanueva confirmó que Dina Boluarte y Patricia Benavides eran muy allegadas: «Se reunieron cuatro o cinco veces».

Patricia Benavides no tiene actualmente ninguna función activa en el Ministerio Público. Lo que sí tiene, como queda claro, es poder e influencia en sectores de la derecha política, mediática y judicial, que buscan desesperadamente reposicionarla en el cargo, no por sus méritos, sino para blindar intereses particulares.

Y del otro lado, como en un juego de espejos deformados y grotescos, está su “rival”, la fiscal del momento, Delia Espinoza Valenzuela, la que hace sus vigilias con velitas y que representa al bando caviar.

Fiscal de la Nación Delia Espinoza blindó a su colega Pablo Sánchez por caso IDL.

El país ha quedado atrapado en una lucha entre dos facciones que usan las instituciones como trincheras personales. Una pugna por el poder que arrastra a abogados, opinólogos y congresistas que pretenden convencernos de que lo que hacen es defender la ley, cuando en realidad se protegen entre ellos.

El Ministerio Público ya no es el garante de la legalidad. Es el campo de batalla donde se juega el futuro de investigaciones sensibles, donde se define quién es blindado y quién es perseguido. ¿Y el ciudadano? Atónito y confundido, sin saber realmente cuál de estas fiscales “favoritas” representa el verdadero interés nacional.

El país necesita una reforma urgente de sus instituciones. No podemos seguir tolerando que la legalidad se interprete según quién esté sentado en el sillón. O restablecemos el respeto al Estado de derecho, o seguiremos hundiéndonos en este lodazal de impunidad, donde el poder se convierte en el único objetivo, y la justicia en su principal víctima.

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