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“CANTUTA” LA MEMORIA DEL OLVIDO (En honor a la verdad)
Escribe Christian Rivera.
EN HONOR A LA VERDAD. La madrugada del 18 de julio de 1992, nueve estudiantes de La Cantuta fueron secuestrados y ultimados por el Grupo Colina (conocido también como el Escuadrón de la Muerte), como parte de una absurda estrategia contra el terrorismo. Colina fue el comando armado por Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, para que actuaran bajo la perversa lógica de la Ley del Talión.
Una de las víctimas de aquella masacre fue Amado Cóndor, que aprendió el arte del sikuri junto a su padre puneño Hilario Amaro. El estudiante Amaro era promotor cultural en La Cantuta, junto a Flores Chipana, Pablo Meza y Robert Teodoro. Ellos tocaban música folclórica dentro de la universidad y fueron confundidos como miembros del Movimiento de Artistas Populares (MAP).
El Grupo Colina creyó, o hicieron creer a su comando, que ellos pertenecían al (MAP), que los universitarios que tocaban en el MAP fueron los autores del atentado a Tarata. Esta atribución luego fue descartada ya que la universidad se encontraba bajo un excesivo control militar y por la distancia geográfica era imposible que los estudiantes mencionados fueran los autores del atentado de Tarata, ubicado en Miraflores. Incluso no se reportó ninguna salida de los estudiantes de la residencia ubicada en La Cantuta el día del atentado.
Además la universidad en ese entonces, se encontraba en toque de queda desde las 6:00 p.m. “Lamentablemente, desde que los militares intervienen la universidad por órdenes de Fujimori, el clima que se vivía era de permanente zozobra” menciona Gisela Ortiz Perea, hermana de una de las víctimas Luis Enrique Ortiz, que vivió de cerca aquellos años de intervención militar.
Otra dato demuestra lo siguiente “Según el informe 140 Dinto-Dincote, por lo menos Bertila Lozano era objeto de constante seguimiento por parte de los agentes de Inteligencia asignados a La Cantuta” (CVR, Informe:628). Los estudiantes eran acosados constantemente por los militares dentro del recinto universitario.
El día en que se hallaron los cuerpos de las víctimas de La Cantuta (Foto: El Comercio)
LA FATÍDICA MADRUGADA
Sobre este avasallamiento daría testimonio años después, el periodista, Efraín Rúa en su novela El crimen de La Cantuta. “Todos dormían plácidamente. Flores, Mariños, y Ortiz lo hacían en uno de los cuartos extremos de la residencia estudiantil. En la parte intermedia estaban Amaro, Rosales, Teodoro y Meza… Bertila Lozano fue reconocida de inmediato… en medio de golpes y empujones fue bajada al primer piso Dora Oyague… iban al rumbo final”.
Otro testimonio, publicado en la tesis de Pablo Sandoval titulada Juventud universitaria y violencia política en el Perú La matanza de estudiantes de La Cantuta y su memoria, 1992-2000, relata lo siguiente:
“Aquella madrugada del 18 de julio de 1992, todos dormían plácidamente en las habitaciones de la vivienda universitaria. La víspera habían celebrado hasta las ocho de la noche el cumpleaños de una de las residentes. A pesar de estar prohibidas las reuniones por órdenes del ejército acantonado en la universidad, los estudiantes insistieron y recibieron permiso para celebrar los onomásticos del mes. De repente, entre la 1 y las 3 de la madrugada un contingente de militares encapuchados irrumpió en las habitaciones, portando armas de corto alcance con silenciadores. Obligaron a todos a arrodillarse, con las manos en la nuca y mirando hacia el piso. Mientras un efectivo encapuchado, linterna en mano, pateaba y golpeaba a los que se atrevían a levantar el rostro, otro pedía que dijeran sus nombres completos. “Terrucos [terroristas] de mierda, así que ustedes eran las cabezas, ahora ya se acabó […] esto se acabó”. De un total de cuarenta internos fueron separados nueve. Al mismo tiempo, otros efectivos arrestaban al profesor Hugo Muñoz, que también residía en la universidad junto a su esposa y sus dos pequeños hijos.
HALLAZGO DE LAS FOSAS
Después de una larga y exhaustiva investigación periodística, el 8 de julio de 1993 se hallaron las fosas de Cieneguilla, donde el destacamento militar Grupo Colina intentó ocultar los cuerpos de los nueve estudiantes y la del profesor de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta.
Las investigaciones de la revista “Sí”, dirigida por Ricardo Uceda, establecieron su ubicación en base a un mapa, en una quebrada ubicada en Cieneguilla. Inmediatamente convocaron a la prensa, excavaron y encontraron huesos. Ahí detuvieron la investigación hasta la llegada de los fiscales para evitar que se alterase el escenario del crimen.
Los restos estaban a un metro y medio de profundidad, también se hallaron casquillos de calibre 9 milímetros, partes de antebrazo, cartones, telas, cabellos y huesos sueltos.
Estos indicios comprobaron que las víctimas fueron torturados, calcinados, y padecido vejámenes, humillaciones, violaciones, y los restos de sus cuerpos fueron enterrados y desenterrados dos veces, luego decidieron prenderles fuego, y cubrirlos de tierra.
LAS LLAVES DE AMARO CÓNDOR DESCUBRIERON LA MATANZA
En la fosa, la fiscalía encontró dos manojos de llaves, los que luego ayudarían a comprobar que los restos sí eran de los estudiantes de La Cantuta; también un cráneo de una mujer de unos 25 años aproximadamente, una cadena con un dije de motivo prehispánico y trozos de tela.
“Le pedí al doctor Villanueva que probara una de las llaves en la puerta de mi casa, lo cual hicieron. Cuando vi que esa llave abría la puerta, sentí que perdí a mi hijo para siempre”, recuerda Raida Cóndor.
El 12 de julio de 1993, tres días después del hallazgo en Cieneguilla, la DINCOTE (Dirección Nacional Contra el Terrorismo) pretendió desvirtuar el croquis y la investigación publicada en la revista “Sí” intentando mostrarla como una campaña montada por Sendero Luminoso para desprestigiar al Estado.
Aquí recordaremos los nombres de los estudiantes: Juan Mariños Figueroa (32, Electrónica), Heráclides Pablo Meza (28, Ciencias Biológicas), Robert Teodoro Espinoza (24, Ciencias Biológicas y Matemáticas), Armando Amaro Cóndor (25, Electromecánica), Luis Enrique Ortiz Pereda (21, Cultura Física y Deportes), Dora Eyague Fierro (21, Educación Inicial), Felipe Flores Chipana (25, Electrónica), Bertila Lozano Torres (21, Facultad de Artes y Humanidades), Marcelino Rosales Cárdenas (Facultad de Artes) y el profesor Hugo Muñoz Sánchez (47).
EL CALVARIO DE LOS FAMILIARES
Entre los familiares de las víctimas, destaca la lucha incansable de una de las madres de aquellas víctimas, Raida Cóndor, madre de Armando Cóndor, cuyo cuerpo hasta hoy sigue desaparecido. Su lucha es símbolo de firmeza y entereza de una madre que con coraje continua su búsqueda por la justicia y la memoria de su hijo, a quién aún no ha podido darle cristiana sepultura, también su lucha es un acto de dignidad, de sentar un precedente. «Para que no vuelva a haber otra Raida Cóndor que sufra lo que yo sufrí», según sus propias palabras.
De su primogénito, solo guarda un par de zapatos, ya que todo se lo han quitado. Hasta las prendas y pertenencias de las víctimas fueron llevadas por la policía para continuar con su absurda investigación, y su frustrado intento por borrar su memoria en esta tierra.
También reconocemos a Gisela Ortiz hermana de una de las víctimas quién acompañó siempre a Raida, incluso fue difamada por el fujimorista Wilfredo Risco Paico, ex estudiante de la Universidad La Cantuta, en el diario fujimorista La Razón, de ser un manto y de pertenecer a Sendero Luminoso, por el único hecho de exigir justicia para su hermano. Ese hecho fue parte de una estrategia utilizada por el fujimorismo para defender a su líder, como alguna vez la fujimorista Martha Chávez y Gilberto Siura, endilgaron la hipótesis que los estudiantes se autosecuestraron, igualmente salió otra fujimorista Luisa María Cuculiza, afirmando que eran terroristas para justificar a Fujimori. Tiempo después aducieron que el presidente desconocía aquella operación militar, alegando que él no dio ninguna orden.
¿Quién entonces dio la orden del crimen? Cuando se lo preguntaron al mayor Rivas, respondió: «Se enteraba (Fujimori) y autorizaba y ordenaba los operativos. Le digo que hubo muchos. Digamos, algunos de rutina, o menores, pero el de Barrios Altos fue uno de importancia, y la orden vino desde arriba”.
Aquella noche Fujimori seguía paso a paso aquella operación desde el Cuartel General. El siempre pernoctaba como todas las funestas noches en ese lugar, porque tenía miedo, un terrible miedo que le destripaba los ojos durante las noches.
Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori.
NUNCA MÁS
Hace poco, un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de los Andes, situada en Puno, acaban de manifestarse contra la candidata Keiko Fujimori, pintando sobre un mural fujimorista la frase: “La Cantuta no se olvida”, en referencia a la masacre y crímenes de lesa humanidad perpetrados por órdenes del maquiavélico Alberto Fujimori.
Los estudiantes cantuteños tendrían el deber de expresar su rechazo a la impunidad que no ha permitido que aquel crimen hasta ahora se esclarezca, más ahora cuando el fujimorismo busca instaurarse nuevamente en el gobierno, y corresponde dar a conocer a los más jóvenes lo que el fujimorismo corrupto y criminal significó para el país, porque aprovechándose del olvido colectivo puedan a volver a cometer los mismos crímenes: muerte, militarización, pánico, amenazas a la población, terror, violación de DD.HH. También Susana Villarán de la Puente, integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expresó lo siguiente refiriéndose a estos crímenes “El olvido y la impunidad envilecen a una sociedad, la dañan, la manchan. La verdad y la justicia son fundamentales para la sociedad peruana, porque solo con ellas se la puede reparar”.
El mausoleo erigido dentro de la ciudad universitaria, colinda con el armatoste de concreto conocido como la capilla, fue construido en honor a aquellas víctimas, simboliza años nefastos de represión contra los estudiantes. Esa misma memoria que hoy pretende borrar aquel gobierno genocida aprovechándose lamentablemente de la “amnesia colectiva, especialmente entre los más jóvenes”, como lo diría Pedro Salinas, esto se agrega a la complicidad de la televisión basura y la prensa amarilla, que agusana con residuos de cloacas telenocivas la mente de los más jóvenes.
Nunca alcanzarán las palabras para describir el horror de aquella masacre, ni describir el dolor causado a los familiares de las víctimas, que enlutaron sus corazones atravesando el neblinoso calvario que durante largos años vienen clamando justicia en este país sin memoria, es necesario que haya justicia, porque no hay crimen ni tragedia más dolorosa que el olvido.
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Gobierno Regional de Loreto intensifica mantenimiento de la carretera Iquitos-Nauta y exige mayor apoyo del Ejecutivo
Gestión del gobernador René Chávez reafirma su compromiso con Loreto.
El Gobierno Regional de Loreto, a través de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones (GRTC), ha intensificado las labores de mantenimiento rutinario en la carretera Iquitos – Nauta, una de las principales vías terrestres de la región amazónica. Las acciones, que comprenden la limpieza de malezas, desbroce de áreas invadidas por la vegetación, limpieza de cunetas y bacheo en zonas críticas, forman parte de una estrategia de conservación de esta importante arteria vial que conecta la capital regional con el distrito de Nauta.
Según lo anunciado por el gobierno regional, el mantenimiento de esta vía es considerado una prioridad, no solo por su relevancia para el tránsito de personas y mercancías, sino también porque es una de las pocas rutas terrestres que permite una conexión directa entre poblaciones del interior de Loreto. La Amazonía, caracterizada por su geografía compleja y dispersión territorial, depende en gran medida del buen estado de sus carreteras para facilitar el acceso a servicios básicos, el comercio local y la reactivación económica de la región.
El Dr. Pío Flores, gerente de la GRTC, informó que, además del mantenimiento rutinario, su despacho viene desarrollando los estudios técnicos necesarios para el mejoramiento integral de la carretera Iquitos-Nauta. “No solo se trata de parchar huecos o limpiar los bordes. Esta vía necesita una intervención mayor, y estamos trabajando en los estudios que lo permitan. Pero sin apoyo del Gobierno central, será difícil avanzar”, declaró Flores.
En ese sentido, el funcionario hizo un llamado enérgico al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de Provías Nacional Descentralizado, así como al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para que asignen mayores recursos al Gobierno Regional de Loreto y a las municipalidades locales. “Con los escasos recursos que tenemos, hacemos lo posible por mantener nuestras vías transitables. Pero esto no puede recaer únicamente en los gobiernos regionales. El Estado debe entender que la conectividad en la Amazonía es una cuestión de urgencia y justicia territorial”, agregó.
La carretera Iquitos-Nauta, que ha sido históricamente afectada por el abandono y las inclemencias del clima, representa una línea vital para más de 120 mil personas que habitan en los distritos adyacentes. En épocas de lluvia intensa, muchas de sus zonas quedan prácticamente intransitables, lo que pone en riesgo la seguridad de los usuarios y limita el traslado de bienes de primera necesidad.
El Gobierno Regional de Loreto reitera su compromiso con el desarrollo vial de la región y continuará ejecutando labores de mantenimiento mientras gestiona el financiamiento necesario para proyectos de infraestructura más sostenibles. La ciudadanía espera que las autoridades nacionales escuchen este llamado y que, por fin, la selva deje de ser olvidada en el mapa de prioridades del Estado peruano.
Gestión del gobernador René Chávez reafirma su compromiso con Loreto. pic.twitter.com/q9tsxnKOZB
— Revista Lima Gris (@Limagris) April 17, 2025
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‘Cajuela’ de motorizados de delivery deberá estar fijada al chasis del vehículo
Quienes brinden servicios deberán empadronarse en el “Registro Nacional de Envíos de Entrega Rápida” de lo contrario ya no podrán circular, y deberán contar con DNI o carné de extranjería, domicilio y correo electrónico, domicilio del representante legal y partida de inscripción registral de la empresa. Asimismo, los motorizados no podrán llevar acompañantes.
Las cajuelas portátiles que aún llevan en sus espaldas los miles de repartidores motorizados del servicio delivery que circulan por todo el país, están con las horas contadas, debido al reciente Decreto Supremo n.° 006-2025-MTC emitido este jueves 17 de abril, que aprueba medidas específicas para fortalecer la seguridad ciudadana en materia de tránsito y transporte. El mismo que establece la creación de un registro obligatorio para los repartidores de delivery, quienes dentro de un mes deberán inscribirse en dicho padrón a través de sus municipalidades.
Es decir, a partir del 17 de mayo de 2025, todos los repartidores de delivery, ya sean personas naturales o vinculadas a empresas o aplicaciones, están obligados a registrarse, en el «Registro Nacional de Prestadores y Conductores del Servicio y Actividad de Transporte de Envíos de Entrega Rápida», parte del Sistema Nacional de Registros de Transporte y Tránsito (SINARETT).
Requisitos para registrarse como repartidor delivery
El registro incluye a conductores de motocicletas, bicimotos y bicicletas. Estos deberán cumplir con requisitos como presentar su DNI o carné de extranjería, licencia de conducir, placa del vehículo, SOAT vigente y certificado de inspección técnica, cuando corresponda.
-Nombre, razón o denominación social.
-Documento nacional de identidad (DNI), carné de extranjería o número del Registro Único de Contribuyentes (RUC).
-El domicilio y correo electrónico de la persona natural o jurídica solicitante.
-De corresponder, el nombre y domicilio del representante legal y número de partida de inscripción registral de la empresa solicitante y de las facultades del representante legal de la persona jurídica.
-Nombre, documento nacional de identidad o carné de extranjería y número de licencia de conducir del (los) conductor(es) que se solicita habilitar, cuando corresponda.
-El número de las placas de rodaje de los vehículos que se solicita habilitar, cuando corresponda, señalando que los mismos cumplen con las condiciones establecidas en el presente reglamento.
-Contar con certificado SOAT y certificado de inspección técnica vehicular vigente, cuando corresponda.
-Número de operación de pago por derecho de trámite.
También se exigirá una declaración jurada donde se comprometan a no llevar acompañantes y a transportar los paquetes en cajuelas, salvo en el caso de bicicletas.
Se acabaron ‘cajuelas portátiles’ adheridas en espaldas de motorizados
En uno de los preceptos del Decreto Supremo en mención se indica las condiciones técnicas específicas que en lo sucesivo se exigirá a los motorizados repartidores del servicio de delivery
Artículo 24-A.- Condiciones técnicas específicas exigibles a los vehículos destinados al servicio de transporte de envíos de entrega rápida
24-A1 Sólo se puede destinar al servicio de transporte de envíos de entrega rápida vehículos que correspondan a la categoría L subcategorías L1 y L3 del ANEXO I. CLASIFICACIÓN VEHICULAR del RNV y bicicletas. 24-A.2 Los vehículos de la categoría L subcategorías L1 y L3 deben contar con los siguientes elementos, características, equipamientos o dispositivos:
a. Sistema de frenos;
b. Sistema Sonoro;
c. Láminas retrorreflectivas;
d. Alumbrado delantero y trasero; y
e. Cajuela para reparto de mercancía, en la cual debe consignarse la Placa Única Nacional de Rodaje y ser fijada al chasis posterior del vehículo.
Si repartidor no tiene moto, deberá tener ‘contrato de arrendamiento’
La norma contempla situaciones en las que el repartidor no sea propietario del vehículo. En estos casos, se deberá presentar un contrato de arrendamiento que indique expresamente que el vehículo será usado para entrega de pedidos. Este documento será validado por las municipalidades provinciales, que deberán verificar que el arrendador sea el dueño legítimo.
Vehículos permitidos para el servicio de delivery
-Motocicletas: Cilindrada mayor a 50 cm3. Velocidad máxima mayor a 50 km/h
-Bicimotos: Cilindrada de hasta 50 cm3. Velocidad máxima de 50 km/h
-Bicicletas: De todo tipo
Adicionalmente, los conductores deberán participar en capacitaciones dictadas por las municipalidades provinciales sobre calidad de servicio, normativas de tránsito y seguridad vial. El incumplimiento de cualquiera de estos lineamientos podrá generar sanciones severas.
Repartidores que no cumplan con la norma pagarán más de S/ 4 mil
Las infracciones por operar sin estar registrado, o por no cumplir las condiciones establecidas serán consideradas «Graves» o «Muy Graves». Cada falta está sujeta a una multa de 0.8 UIT, equivalente a S/ 4.280, además del decomiso del vehículo y su internamiento.
Entre las infracciones figuran: prestar el servicio sin autorización, transportar mercancías fuera de la cajuela, llevar acompañantes, utilizar vehículos sin las condiciones técnicas exigidas o manejar con una licencia vencida, suspendida o no correspondiente.
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Fallece periodista Álamo Pérez – Luna a la edad de 61 años
Un año atrás, polifacético comunicador había indicado que le habían extirpado un tumor maligno en el riñón.
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Sodalicio acata orden del Vaticano y queda oficialmente suprimida
Tras décadas de denuncias por abuso sexual, psicológico y físico, el Vaticano ha puesto fin al Sodalicio de Vida Cristiana.
Perdieron el rumbo en el camino y hoy les toca acatar la orden directa del Santo Padre. El Sodalicio de Vida Cristiana (SVC) ha dejado de existir oficialmente desde ayer, luego de que el superior general de la comunidad firmara el decreto de supresión como Sociedad de Vida Apostólica laical.
La disolución fue confirmada por el propio SVC a través de un comunicado en su sitio web.
La decisión, aprobada por el papa Francisco, pone fin a una institución marcada durante años por denuncias de abusos físicos, psicológicos y sexuales contra sus integrantes, perpetrados por sus líderes y fundadores.
“Con dolor y obediencia aceptamos esta decisión”, señala el comunicado.
En el mismo documento, el disuelto grupo pide perdón por los maltratos y abusos cometidos en la comunidad.
“Nuestra mirada se dirige también a las víctimas; les reiteramos nuestro sincero pedido de perdón por los maltratos y abusos cometidos en nuestra comunidad. Pedimos perdón también a toda la Iglesia y a la sociedad por el dolor ocasionado”, señala el texto.
Asimismo, se da a conocer el nombramiento de monseñor Jordi Bertomeu Farnós como comisario apostólico, encargado de la ejecución del proceso de supresión.
Previo a la entrega del decreto de disolución, se identificaron las propiedades y fundaciones vinculadas al Sodalicio con el fin de evaluar su destino como parte del proceso de reparación a las víctimas y el sustento de los miembros que dependían de la comunidad.
Como se recuerda, hace dos décadas surgieron denuncias de exmiembros que fueron profundizadas por investigaciones periodísticas, las cuales expusieron los abusos sistemáticos perpetrados por su fundador, el laico peruano Luis Fernando Figari, quien fue finalmente expulsado del grupo en agosto de 2024.
El dato:
El SVC se resistió a formalizar su disolución, a pesar de la orden del papa Francisco emitida en enero de 2025.Según el abogado José Ugaz, representante de seis víctimas no indemnizadas, el SVC maniobró para vaciar sus bienes y fondos antes de la disolución, con el fin de evitar que sean gestionados por el Vaticano. Ugaz alertó al Vaticano sobre esta posible fuga de dinero y ocultamiento de patrimonio en una carta enviada el 24 de marzo.
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Metro de Lima: Cierran estaciones La Cultura y Nicolás Arriola por persona herida en rieles [VIDEO]
Como es habitual, la Línea 1 del Metro de Lima ha emitido un comunicado indicando que el cierre temporal se debe a un “incidente ajeno a su operación”. Sin embargo, cada cierto tiempo aquellos incidentes consisten en intentos de suicidios de personas que fortuitamente deciden arrojarse a los rieles de la vía ante la inoperancia de los miembros de seguridad.
Alrededor de las 10.30 de la mañana de este lunes 14 de abril, se reportó un nuevo incidente en la Estación La Cultura de la Línea 1 del Metro de Lima. De acuerdo a la información preliminar, una persona resultó herida y fue evacuada al centro de salud más cercano para recibir atención médica. Sin embargo, como es habitual, a través de un comunicado ambiguo, el servicio de transporte público anunció el cierre temporal de las estaciones La Cultura y Nicolás Arriola, indicando que dicho cierre se debe a un incidente ajeno a su operación, evitando informar las verdaderas razones de la suspensión.
Es decir, el servicio de trenes se ha restringido de la siguiente manera: Desde Villa El Salvador hasta San Borja Sur y desde Bayóvar hasta Gamarra.
No habrá circulación de trenes entre San Borja Sur y Gamarra, por lo que las estaciones afectadas no ofrecerán servicio al público.
Las autoridades del Metro de Lima recomiendan a los usuarios considerar otros medios de transporte para sus desplazamientos y agradecen la comprensión del público. Además, solicitan seguir las indicaciones del personal en estaciones.
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Paralizan obras del hotel Sol Ollantaytambo Boutique ante presuntas irregularidades en su construcción
Desde tempranas horas del día, DDC del Cusco intervino construcción salpicada por presuntos actos de corrupción.
Lo que mal empieza, mal termina. Luego de hacerse pública la denuncia de Andrés Bravo Pinedo, presidente del Frente de Defensa de los Intereses del Distrito de Ollantaytambo, respecto a un presunto acto de corrupción perpetrado nada menos que por el alcalde de Ollantaytambo Paul Palma, en colusión con la propietaria del hotel Sol Ollantaytambo Boutique, Lucinda Miranda Farfán, y su administrador Derik Miranda Farfán, la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) del Cusco, con apoyo de los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) paralizaron la construcción del mencionado recinto hotelero como parte de una “medida cautelar” dispuesta por el despacho de Cultura.
La labor fiscalizadora, en principio, le corresponde a la municipalidad de Ollantaytambo, encabezada por Paul Palma, sin embargo, al estar dicha autoridad involucrada en las investigaciones, la encargada de realizar la medida preventiva fue la DDC del Cusco.
Y es que como ya se publicara en este medio, Andrés Bravo Pinedo viene denunciando una presunta red de tráfico de influencias y abuso de autoridad por parte del alcalde Paul Palma y los representantes del hotel Sol Ollantaytambo Boutique.
De acuerdo a los primeros informes obtenidos, la municipalidad de Ollantaytambo otorgó, sin pasar por las comisiones técnicas correspondientes, el permiso de restitución volumétrica para dicha obra, la misma que hasta la fecha no cuenta con una orden de demolición.
“La tardanza en la anulación y la ausencia de una orden de demolición sugieren complicidad o negligencia por parte de las autoridades, permitiendo que el daño al patrimonio continúe”, se lee en la nota publicada el pasado 2 de abril del año en curso.
Asimismo, continúa el informe, “entre las autorizaciones otorgadas de forma irregular se encuentran las siguientes: autorización N° 001-2023-GDUR – MDO, autorización N° 016-2024-GDUR – MDO, y la autorización N° 020-2024-GDUR – MDO. Además, la ejecución de obras no cumple con la normativa vigente, donde los propietarios deberían presentar el expediente respectivo al procedimiento administrativo, en concordancia al Reglamento de Intervenciones Arqueológicas vigente aprobado mediante Decreto Supremo Nº 011-2022-MC, de fecha 23 de noviembre del 2022”.
La nota completa en el siguiente enlace:
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Finalmente, se tuvo conocimiento que la diligencia realizada esta mañana no acudió personal de la Fiscalía, impidiéndose la incautación de las herramientas y maquinarias, y constatando que al término del encintado aún habían obreros trabajando dentro de dicho inmueble.
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