El expresidente del Consejo de Ministros (PCM), Aníbal Torres Vásquez, no tuvo reparos al referirse a la destitución de Pedro Castillo Terrones, de la Presidencia del Perú, y aseguró que, mucho antes del fallido intento de golpe de Estado, Dina Boluarte desde el Ejecutivo, y Keiko Fujimori, detrás del Parlamento, ya habían negociado su derrocamiento.

Torres Vásquez afirmó que él, sus ministros y otros allegados al gobierno de entonces, sabían que, en poco tiempo, el gobierno de Castillo llegaría a su fin. Esta aseveración la dio en una entrevista para ‘Pulso Informativo’; sin embargo, aclaró que la actual presidenta, en ese entonces titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, estaba interesada en que tal acto se concrete rápidamente.

Según el expremier, Boluarte Zegarra habría pactado con Keiko Fujimori la rápida salida del exmandatario chotano. Y admitió que, pese a que ya tenía conocimiento de ello, reconoció que no intervino porque prefería tener cerca a Dina, a quien calificó como «enemiga», para evitar que la caída de Castillo ocurra pronto.

«Lo sabíamos. Sabíamos que estaba haciendo su negocio para derrocar a Pedro Castillo. No se podía hacer nada. Era la viceministra elegida. Y además, como enemiga, consideramos que era mejor tenerla cerca que lejos. Porque eso era incentivar más la caída de Castillo rápidamente. Nosotros sabíamos que teníamos que caer», concluyó el expremier.

El expresidente del consejo de ministros Aníbal Torres asegura que sabían que Dina Boluarte negociaba el derrocamiento de Pedro Castillo.

Sostiene que democráticamente no se podía hacer nada para impedir la caída del Presidente de la República. pic.twitter.com/gwqBoEpmkr

— Rodolfo Lara Mucha (@rodolfolara_) February 26, 2025

A la calle. A través de un comunicado suscrito por la Comisión Nacional de Política del Partido Popular Cristiano (PPC), la agrupación dispuso la suspensión de la militancia a Fernando Cillóniz, dando así su condición de precandidato a la Presidencia de la República en representación del partido.

Bajo el título: «Reafirmamos nuestro compromiso con la ética y la honestidad», el PPC lamentó la revelación hecha por Cillóniz a un programa de televisión respecto de su relación laboral con empresas vinculadas a Odebrecht.

Eso —indicaron— «nos lleva a aceptar la suspensión de su militancia en el partido y a finalizar su condición de precandidato presidencial.

«Frente a las recientes declaraciones de Fernando Cillóniz, el PPC reafirma su compromiso indeclinable con la honestidad y la ética en la convicción de construir una sociedad verdaderamente intolerante a la corrupción, razón por la cual consideramos que nuestros militantes no pueden ser permisivos a ella incluso en sus actividades privadas».

Las declaraciones de Cillóniz

En una entrevista que concedió en la víspera al canal Willax Televisión, Cillóniz reveló que es director de la Concesionaria Trasvase Olmos (CTO) y H2Olmos S.A., ambas de propiedad del consorcio Odebrecht, que tienen a su cargo la construcción, operación y mantenimiento del proyecto Olmos.

«Yo represento legalmente a las dos empresas que son de Odebrecht», indicó y agregó que su preocupación es que Olmos tenga agua.

Añadió que él ocupa el cargo de director independiente hace un año. «Yo he entrado hace un año, que se vayan los corruptos a la cárcel; (…) Barata será el corrupto, esa es mi posición», subrayó.

Con ellos no es la cosa. Luego de que el Poder Judicial (PJ) ratificara la ilegalidad de la organización política Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.), aún se puede constatar que varios de sus locales continúan operando con total normalidad.

Según Rubén Ramos, secretario general del partido, los más de 100 comités partidarios siguen en funcionamiento, pues “todavía no hemos recibido una notificación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para el cierre de los locales”. Aunque también indicó que la defensa legal de la organización ha presentado para revertir esta decisión del PJ.

“Los abogados que tiene el partido, después de declaración de ilegalidad en primera y segunda instancia, han presentado un proceso de casación excepcional. Yo pienso, no soy abogado, que la Corte Suprema aún no notifica al JNE de esta sentencia porque está por resolverse estos recursos”, afirmó en conversación con Panamericana.

Durante el mes de febrero, el JNE ya había emitido un comunicado en el que indicaba que, por su parte, tampoco había recibido una notificación de parte del PJ para aplicar efectivamente la sentencia.

“El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informa que, hasta la fecha, no ha sido notificado con el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la República que declara la ilegalidad de dicha organización política. Por ello, nos encontramos a la espera de la notificación para dar cumplimiento al respectivo fallo”, se lee en el pronunciamiento emitido el 12 de febrero.

Las consecuencias de la ilegalidad del partido A.N.T.A.U.R.O. por parte del PJ también podría afectar a otras organizaciones que podrían estar interesados o al menos consideran la posibilidad de postular a Humala al Congreso, pues según indicó el abogado especialista en derecho electoral José Manuel Villalobos podría correr la misma suerte que el partido sancionado.

Esto es debido a que, al haber sido declarado ilegal por tener un discurso antidemocrático, también se podría considerar que cualquier partido que pueda llevarlo al Congreso avala lo dicho por Humala, por lo que también estaría expuesto a ser denunciado y declarado ilegal.

Se quiere pasar de listo. Luego de que el ‘compadrazgo’ que tiene con los miembros del Tribunal de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) decidieran anular una suspensión en su contra por pagar con dinero público un curso de posgrado en España, reincorporándolo nuevamente como presidente ejecutivo del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), ahora el Órgano de Control Institucional (OCI) de la mencionada entidad lo acusa de haber utilizado de manera indebida un vehículo oficial del Estado para que vaya a dictar clases a la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Sin lugar a dudas, Rafael Muente Schwarz no ha aprendido bien la lección, pues el mencionado informe del OCI indica que desde el 18 de marzo de 2024 hasta el 25 de setiembre de 2024, el chofer del vehículo asignado al presidente ejecutivo del Osiptel, retiraba el auto de la sede ubicada en la avenida Del Parque Norte 1180, en San Borja, lugar donde se ubica la oficina del funcionario, para llevarlo a la casa de estudios superiores para que dicte clases de derecho administrativo.

La revisión del cuaderno vehicular da cuenta de que, en la mayoría de los casos, la movilidad salía a partir de las 5 de la tarde y retornaba a la entidad fuera del horario laboral.

Al respecto, el conductor de la unidad reconoció que trasladaba a Muente hasta la universidad en San Miguel para el dictado de clases hasta las 8 de la noche, posteriormente, lo trasladaba a su domicilio en Surco.

Incluso, afirmó que el vehículo ingresaba al estacionamiento de la universidad y permanecía allí hasta que Muente terminaba de dar clases.

Otro dato no menor es que el conductor explicó los gastos que se realizaban por el concepto de caja chica, es decir, los gastos como la cena que debía pagar mientras esperaba al presidente ejecutivo del Osiptel, según la información difundida por el diario Correo.

“De lo manifestado por el chofer, se advierte que durante el período de marzo a setiembre de 2024 trasladó al señor Muente a la PUCP de lunes a jueves, todas las semanas (…)”, se lee en el informe.

De acuerdo con datos de la Oficina de Administración y Finanzas del Osiptel, los gastos efectuados por el chofer a través de la caja chica incluyen los conceptos de alimentación y movilidad fuera del horario laboral.

“Se puede evidenciar que los traslados al señor Rafael Muente por los días lunes, martes, miércoles y jueves, a la PUCP, para el dictado de clases, no se encuentran enmarcado con los objetivos de la institución o labores institucionales del Osiptel, por el contrario, estas corresponden a actividades particulares”, señala el documento.

Para el penalista Andy Carrión, lo descrito en el informe configuraría la presunta comisión del delito de peculado de uso, porque los bienes del Estado deben ser destinados únicamente para finalidades propias de la institución.

El delito mencionado tiene una pena de 2 a 4 años, además de la inhabilitación para ejercer cargo público.

“El informe constituiría un indicio relevante para afianzar la hipótesis del delito de peculado de uso. En ocasiones el OCI emite el informe y lo deriva a la Fiscalía para que ellos actúen según sus competencias”, indicó al citado medio.

Por su parte, el presidente de Osiptel manifestó que no utilizó el vehículo del Estado para una actividad recreativa o banal, sino para una actividad académica que es absolutamente compatible con sus funciones.

“Nosotros estamos 24 horas siete días a la semana al servicio de la institución. Yo en el auto hago aprobaciones, firmo virtualmente resoluciones y más. No es que mientras estoy yendo a la universidad, me desvincule a mis funciones de Osiptel”, dijo.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ), mediante la Resolución 070-2025-JNJ, oficializó el inicio de un proceso disciplinario inmediato contra la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, en su calidad de jueza suprema. La medida también involucra a otros magistrados y podría derivar en sanciones severas, incluida la destitución. La resolución emitida por la JNJ establece que, además de Janet Tello, otros cuatro jueces supremos de la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria serán investigados: Edwin Corrales Melgarejo, Carlos Calderón Puertas, Omar Toledo Toribio y Rosa Dávila Broncano.

El caso, que tendrá como miembro instructor a Gino Ríos Patio (presidente de la JNJ), está relacionado a la labor de los magistrados durante su paso por la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema.

Habrían cometido falta grave

Los magistrados tienen un plazo de diez días hábiles para presentar sus descargos por escrito. Según el documento, se les atribuye una presunta falta grave en la resolución de un caso de índole laboral. La decisión fue aprobada con cuatro votos a favor y tres en contra dentro del pleno de la JNJ.

La JNJ argumenta que estos magistrados habrían incurrido en una falta grave al resolver un caso de carácter laboral en la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema. El documento oficial cuenta con la firma del presidente de la JNJ, Gino Ríos Patio, y señala que el proceso se enmarca en los procedimientos disciplinarios establecidos para jueces supremos.

Días antes de la oficialización del proceso, la presidenta del Poder Judicial Janet Tello manifestó su preocupación por la rapidez con la que se ha impulsado esta medida, y según su perspectiva, los procesos disciplinarios inmediatos están reservados para casos de extrema gravedad y deben resolverse en un plazo breve.

Asimismo, Janet Tello remarcó que su accionar siempre ha estado alineado con la Constitución y la normativa vigente. Asimismo, advirtió que esta decisión, en el actual contexto político, podría afectar la independencia del Poder Judicial y el equilibrio de poderes.

El congresista no agrupado Carlos Anderson Ramírez denunció que el Congreso mantiene en su planilla a 4500 «trabajadores fantasmas» que no cumplen con ninguna función específica y oficial.

El legislador aseguró en entrevista para Canal N, que, si todos los trabajadores del Congreso se juntaran en la Plaza Bolívar para que se les pase lista, saldría a la luz el gran número de empleados que en realidad no existen.

«Si convocamos a todos los empleados en la Plaza Bolívar y pasamos lista, veremos que no existen. Hay mucho fantasma aquí», aseveró.

100 trabajadores en el área de comunicaciones

Asimismo, Anderson Ramírez manifestó que la Oficina de Comunicaciones del Parlamento tiene al menos 100 empleados, pero que el resultado de sus trabajos no son equivalentes al número de los trabajadores. Además, sostiene que este problema es consecuencia de la falta de Fiscalización y asegura que el Congreso es el Poder del Estado con menor supervisión; y que por dicha situación se habría contratado a empleados sin funciones claras.

“El Congreso debería tener una presencia mediática potente, pero no es así. Nunca encontramos físicamente a estas personas. (…) «Si este equipo fuera real, el Congreso tendría una presencia fuerte en redes y medios, pero no es así», aseveró el legislador.

Congreso empezó a controlar asistencia de trabajadores

Las declaraciones de Carlos Anderson Ramírez se dan luego de que el Congreso dispusiera una nueva medida para garantizar la eficiencia en el trabajo de sus empleados. Por lo que, a través de un comunicado oficial, la Dirección General de Administración recomendó a los trabajadores que deben permanecer en sus lugares de trabajo durante toda su jornada laboral, con excepción de las autorizaciones previamente otorgadas.

Según el artículo 59° del Reglamento Interno de Trabajo, dejar el puesto de trabajo sin permiso se considera una falta disciplinaria, lo que refuerza el control sobre la asistencia y puntualidad del personal.

Solicita urgente auditoría externa

“Aquí no se trata de salir a cazar brujas, sino de aplicar sentido común y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos», refirió el parlamentario Carlos Anderson, e indicó que la Contraloría General de la República no estaría haciendo un correcto trabajo y, por ello, remarcó que se necesita de una urgente auditoría externa.

En #CuentasClaras, el legislador Carlos Anderson acusó que existen 4500 “trabajadores fantasmas” en el Congreso. Planteó una auditoría externa: "La Contraloría está pintada", consideró

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— Canal N (@canalN_) February 27, 2025

Un puesto creado de la nada y un sueldo que todos le tendremos que pagar por leer comunicados al mismo estilo que el vocero presidencial Fredy Hinojosa. Una información proveniente del diario El Comercio detalla que el coronel PNP en situación de retiro Carlos López Aedo percibirá 30 mil soles por ejercer como vocero del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, según consta en su orden de servicio.

Y es que el titular del Mininter había salido a decir anteriormente que desconocía el monto que iba a recibir el vocero/portavoz de su cartera, obviamente para no decir que López Aedo iba a ganar semejante cantidad de dinero.

Cabe mencionar que López Aedo ganará incluso más que el vocero presidencial, quien como jefe del gabinete técnico de la presidenta Dina Boluarte se lleva mensualmente 25 mil soles por estar parado todo el rato mirando a la cámara.

De acuerdo a la documentación obtenida por el citado medio, las funciones del coronel en retiro incluyen la elaboración de presentaciones que resalten los logros del sector, intercambios de experiencias en materia de seguridad ciudadana con personalidades nacionales e internacionales, y contacto con medios de comunicación, en otras palabras y sin tanto adorno de por medio: un simple mensajero.

“Respecto al servicio de gestión y vocería de difusión, el proveedor realizará lo siguiente: doce presentaciones que contengan información de impacto sobre los logros del Sector Interior para su difusión en las redes sociales; doce acciones de intercambio de experiencias con personalidades nacionales y/o internacionales en materia de seguridad ciudadana, para su difusión en las plataformas digitales del Ministerio; y doce atenciones a medios de comunicación sobre solicitudes de información relacionadas con las acciones del Sector”, expone el documento.

La creación de este puesto ha llamado la atención, ya que no existe registro de un vocero oficial en ningún ministerio del país. No obstante, parece ser una medida desesperada ante la presencia de un ministro altamente cuestionado y una percepción pública desfavorable.

El dato:

Durante su carrera policial, López Aedo fue, entre otros cargos, jefe de Comunicación e Imagen de la PNP y jefe de Interpol Lima. Cumplió 37 años de servicio.

Pasó a la situación de retiro el último 1 de enero por renovación de cuadros, mediante una resolución ministerial suscrita por el propio Santiváñez.

El parlamentario separado de Fuerza Popular y que actualmente integra la bancada de Somos Perú, Luis Gustavo Cordero Jon Tay, presentó el Proyecto de Ley N° 10343/2024-CR, que autoriza la reelección inmediata de gobernadores regionales, alcaldes provinciales y alcaldes distritales. El legislador, quien en octubre de 2023 fue blindado por la Comisión de Ética presidida por Diego Bazán, por archivar la denuncia en su contra por violencia contra la mujer, indicó que su iniciativa legislativa fortalecerá la democracia y dará continuidad a las políticas públicas.

No es la primera vez que esta iniciativa legal pretende salir airosa en el Congreso. Como se recuerda, en diciembre del año pasado el congresista de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi aseguró que restablecer la reelección inmediata por un periodo adicional ayudaría a tener un sistema político «más estable y representativo», asegurando la continuidad de quienes lo merezcan.

Sin embargo, la propuesta ha generado diversas críticas entre la ciudadanía, que en su mayoría considera que la norma se ha elaborado pensando únicamente en el beneficio de las autoridades regionales y locales, a quienes solo les interesa mantenerse en el poder.

De aprobarse la norma, modificaría los artículos 191° y 194° de la Constitución Política del Perú, que en adelante aprobará la reelección inmediata de las autoridades locales y regionales por un único periodo adicional.

«La presente ley tiene por finalidad fortalecer la democracia, garantizar la estabilidad en la administración pública y permitir la continuidad de políticas y proyectos de desarrollo local y regional, asegurando una representatividad más eficiente y coherente», se lee en el documento y pasaría a establecer que el gobernador regional, elegido conjuntamente con un vicegobernador regional por sufragio directo por un periodo de cuatro años, podría optar, de manera excepcional y por un único periodo adicional, a la reelección inmediata. El mandato de dichas autoridades sería revocable conforme a la ley.

Gobernadores felices con la medida

La iniciativa legislativa que ya fue debatida a profundidad el pasado mes de diciembre, ha sido ampliamente apoyada por las autoridades regionales. Como es el caso de César Acuña Peralta, actual Gobernador Regional de La Libertad, que aseguró que al no aprobarse «deja como gran perdedor al pueblo». Esto luego que el Pleno del Parlamento no llegara a acumular los suficientes votos para aprobar la norma.

«Como presidente fundador de Alianza Para el Progreso, lamento que el Congreso haya rechazado la reelección de alcaldes y gobernadores. Es injusto que se permita la reelección de congresistas, pero no de autoridades locales que demuestran resultados», expresó el popular ‘plata como cancha’ en su cuenta de X.