Sacaban provecho de sus altos cargos. El Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Anticorrupción, encabezada por la fiscal Janny Sánchez Porturas, desde primeras horas del día intervino las sedes del Ministerio de Economía y el Ministerio de Vivienda, en seguimiento a una presunta organización criminal que estaría enquistada dentro de esos portafolios.

Esa presunta banda criminal denominada ‘Los Gestores’ estaría operando a nivel nacional, a través del Direccionamiento y Gestión de proyectos de inversión pública con montos millonarios -a nivel distrital, municipal, regional y nacional- preaprobados por los Ministerios de Vivienda y Transportes y Comunicaciones dentro del Programa Nacional de Gobierno, Plan Nacional de Saneamiento Rural, Plan Nacional de Saneamiento Urbano y Provías.

La fiscalía sospecha que un conjunto de funcionarios de los citados programas y ministerios se habrían coludido con empresarios, traficando influencias para el pago de coimas o porcentajes de obras públicas a cambio del direccionamiento de la buena pro a las empresas beneficiadas.

Para llevar a cabo dichas operaciones ilícitas, la organización criminal habría realizado coordinaciones telefónicas entre altos funcionarios y empresarios; viajes al interior del país de operadores; así como reuniones y acuerdos clandestinos en la capital con empresarios, alcaldes y gobernadores regionales.

Se presume que “Los Gestores” se habrían enquistado al interior del Ministerio de Economía y los mencionados programas estatales desde el 2018, comprometiendo presupuesto importante del Estado, según las investigaciones del Ministerio Público.

El Ministerio de Vivienda aseguró brindar todas las facilidades a la Fiscalía y a la Policía, que hoy ingresaron a la sede de la institución, a fin de contribuir a una investigación sobre hechos que datan del 2018.

El coordinador nacional de Fiscalía Anticorrupción, Omar Tello, indicó a la prensa que ya se capturó a 11 implicados y que el cobro de coimas estaría valorizado en un total 1.000 millones de soles.

Las indagaciones también se realizaron en el interior del país en ciudades como Junín o Loreto. Precisamente ahí las oficinas del GORE Loreto fueron allanadas, así como la vivienda del gobernador regional de esa región, Elisban Ochoa.

Con impedimento de salida. El futuro para el ex secretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, cada vez se va tornando más turbio, y es que el Ministerio Público ha solicitado al Poder Judicial que Pacheco permanezca dentro de territorio nacional por el lapso de seis meses; esto con motivo de los chats revelados por Lima Gris, donde presuntamente el ex secretario de Pedro Castillo habría presionado al superintendente Luis Enrique Vera, para favorecer a sus contactos y amigos.

Fue el propio coordinador de Fiscalías Anticorrupción, Omar Tello, quien confirmara la noticia, señalando que esas diligencias giran en torno al presunto tráfico de influencias de Pacheco durante su gestión con asesor de Palacio.

“Dentro de todas las diligencias que viene realizando el Dr. Marco Huamán, se encuentra una solicitud ante el Poder Judicial para un impedimento de salida. Estamos a la espera de la resolución que emita este órgano para poder sobre ello avanzar en las diligencias que tenemos programadas”, detalló en declaraciones a RPP.

El fiscal superior detalló que el plazo es por unos seis meses y que estos serían renovables.

“Lo importante es que en ese tiempo se garanticen los actos de investigación que viene realizando el Dr. Huamán, velando por el contenido de la investigación. Está avanzando de manera bastante concreta, viene madurando rápidamente con los actos de investigación que viene efectuando. En el transcurso de algún tiempo muy rápido vamos a tener los resultados que la ciudadanía espera”, añadió.

Pacheco deberá responder por dinero encontrado en baño de Palacio de Gobierno

Paralelamente, el ex secretario tendrá que justificar los veinte mil dólares encontrados en el baño privado de su oficina, dentro de Palacio, de acuerdo al acata de registro efectuado a su despacho por la Fiscalía, el pasado 19 de noviembre.

Pacheco había renunciado a su cargo el pasado viernes 19 de noviembre, el mismo día que se efectuó el registro en su oficina, después de que los comandantes generales del Ejército y de la Fuerza Aérea renunciaran y le señalaran por presionar e interferir en los ascensos de las Fuerzas Armadas para favorecer a personas allegadas al presidente.

Sin embargo, el secretario presidencial continuaba en funciones hasta la noche del martes, cuando se publicó la resolución de aceptación de su renuncia.

Según el acta de registro realizado el viernes 19 de noviembre, Pacheco dijo a la fiscalía que el dinero encontrado era producto de sus ahorros y de su salario de 25.000 soles (unos 6.200 dólares) brutos mensuales que lleva ganando desde hace poco más de tres meses.

La Contraloría General de la República identificó un perjuicio económico de S/ 3 millones 484 mil 585 en el Hospital San Juan de Lurigancho debido a que recursos asignados a la atención médica de pacientes y compra de insumos médicos, fueron destinados a otorgar tarjetas de consumo a cerca de mil trabajadores. Ocho funcionarios y servidores públicos tendrían presunta responsabilidad penal y/o administrativa.

Según el Informe de Control Específico N° 016-2021-2-5531, la primera irregularidad se produjo cuando funcionarios y servidores del hospital modificaron el presupuesto asignado de la entidad, afectando o limitando la atención de pacientes de las diferentes especialidades médicas, para disponer de S/ 1 millón 931 mil 446, monto que fue empleado para entregarle incentivos económicos a 933 trabajadores que, según la entidad, requerían un soporte nutricional para prevenir enfermedades ocupacionales.

Como el beneficio económico no estaba presupuestado, los responsables de la administración de recursos de la entidad “anularon” algunos gastos que tenían presupuesto asignado como la compra de medicamentos, instrumental médico, artículos de aseo y limpieza, destinados a la atención exclusiva de pacientes con tuberculosis, VIH/SIDA, salud materno neonatal, salud mental, entre otros. Además, anularon gastos orientados a asegurar la alimentación adecuada para enfermos, atención en casos de violencia familiar o sexual, atención en consultas (externas, emergencias, urgencias), asistencia en medicina física y rehabilitación, entre otros.

Es decir, el dinero que fue destinado para las personas con estás graves enfermedades fue desfalcado por los propios trabajadores del Hospital de San Juan de Lurigancho. Aquí debe actuar de oficio la Fiscalía Anticorrupción. El Director del Hospital debe de renunciar y el ministro de Salud ya debería salir a pedir una profunda investigación y abrirle procesos a todos los implicados.

De esta forma, la entidad contó con recursos disponibles para la partida “alimentos y bebidas para consumo humano” y dispuso realizar la adquisición de tarjetas electrónicas de soporte nutricional que fueron entregadas a los 933 trabajadores, las cuales se recargarían mensualmente con S/ 250.

Uso de tarjetas electrónicas para comprar electrodomésticos, alimentos y bebidas

La segunda irregularidad se produjo en la recepción y uso de las tarjetas electrónicas, la aprobación de un adicional y la suscripción de un contrato complementario, lo cual ocasionó el quebrantamiento de la finalidad púbica de la contratación, y generó un perjuicio económico de S/ 1 millón 553 mil 139 a la entidad.

Según el contrato suscrito entre la entidad y una empresa de supermercados, el monto de las tarjetas de soporte nutricional (ascendente a un total de S/ 2 729 025), solo debía ser utilizado para el consumo de alimentos. Sin embargo, se ha evidenciado que los trabajadores utilizaron las tarjetas para comprar alimentos por S/ 1 585 050 (58%) y utilizaron S/ 1 144 659 (42%) en la adquisición de artefactos electrodomésticos, textil, hogar, entre otros.

Posteriormente, se aprobó una prestación adicional de la adquisición de tarjetas electrónicas sin sustentar adecuadamente los motivos excepcionales, suscribiéndose la primera adenda al contrato, donde se gastó S/ 218 395. Luego, se suscribió un contrato complementario por S/ 623 922. En ambos casos, los trabajadores optaron por comprar 60% del monto total en alimentos y el restante en otro tipo de productos.

Además, se evidenciaron irregularidades en la ejecución de un contrato debido a que la entidad recibió 106 tarjetas electrónicas en blanco, por un importe de S/ 70 750, las cuales no consignaban el nombre ni DNI del beneficiario, las mismas que fueron utilizadas para beneficiar a terceros, mediante la entrega de canastas navideñas, almuerzos, celebración por el día de la madre y día de la mujer, entre otros.

Las tarjetas electrónicas no cumplieron con la finalidad de dar un soporte nutricional a los trabajadores expuestos para prevenir enfermedades ocupacionales pues no fueron utilizadas en su totalidad para la compra de alimentos perecibles y no perecibles. Asimismo, lesionó el correcto funcionamiento de la administración pública.

El informe de control fue comunicado al Director General de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima – Centro a fin de que realice las acciones para el deslinde de las responsabilidades que correspondan a los ocho funcionarios y servidores públicos del Hospital San Juan de Lurigancho comprendidos en los hechos irregulares. Además, se comunicó al Procurador Público del Ministerio de Salud a fin de que inicie las acciones legales a tres de ellos que tendrían presunta responsabilidad penal.

En una época plagada de literatura de superación, manipulación de las emociones ajenas y enésimas interpretaciones pesimistas de la humanidad, refresca saber que todavía quedan filósofos (muy pocos) que se hacen entender por el común de los mortales. Uno de ellos es Manolo Alcázar, filósofo y managment. En el mundo solo hay otros 4 o 5 personas con este combo profesional. Y vaya combo.

“Se oye la palabra filosofía y lo que hace el común de los mortales, y con mucho sentido común,  es salir corriendo en dirección contraria, y no les falta razón porque lo que se transmite es que no sirve para nada y no hay verdad. Entonces, para qué perder el tiempo con cosas que no sirven para nada”. Manolo toma el toro por las astas. Lo suyo no es exotismo académico, es simple y llanamente sentido común, filosofía de la buena, la que ilumina a través de la razón el camino de nuestros pasos en el laberinto de la incertidumbre.

“La filosofía” explica Manolo en una entrevista en Canal B, “es apasionante y sirve para los directivos como para los que no lo son y le interesa a mucha  gente. Lo que pasa es que no hay buena oferta”. En la era dominada por los filósofos pop como el surcoreano Chul Han (una reactualización millenial de Foucault) o el autor de Homo Deus, Yuval Noah (a quien el mercado editorial parece estar más interesado en vender sus preferencias sexuales que sus ideas), ya se extrañaba algo más aterrizado al mundo del hombre común, que intenta ayudarnos, como el viejo Sócrates, a pensar.

Uno de sus últimos libros, Antivirus mental (editorial Planeta, 2017. Actualmente agotado), desmiente el famoso slogan postmoderno de que nada es verdad. “¿Qué es esto de saber conocer? Hay una serie de virus que flotan en el ambiente aparte del Covid. El Covid nos fastidia el sistema biológico, pero hay unos virus que nos fastidian a la hora de pensar y cuando hay problemas, cuando uno no encuentra  salidas lo que hay que hacer es no precipitarse y pararse a pensar. Hay que enfrentarlos con la cabeza fría”. Hay que aprender a pensar. “A veces tenemos dudas, a veces certezas y a veces no vemos muy claro que hacer. ¿Cómo gestionar inteligentemente  a la hora de tomar decisiones todas las certezas y dudas? La buena filosofía dice cosas que son entendibles, que entiende la mayoría de gente. La filosofía es una ciencia. No como las matemáticas o la biología. Es la madre de las ciencias. No es palabrería, es razonamiento, es rigor. La filosofía no es esto porque lo dijo Platón o Nietzsche, sino por alguna razón. Un buen filósofo es una persona razonable. Y eso ayuda para entender en que mundo andamos. Ayuda mucho para la vida práctica”.

Tal vez una de las más decisivas características que separa a Manolo de otros autores del rubro, es que es alguien que no se ha limitado a vivir en la burbuja teorética de las universidades, sino más bien que es alguien que como el común de los mortales se la ha buscado para vivir. Además de autor de una casi decena de libros (40 mil copias vendidas internacionalmente ¡Sin publicidad!) y docente de la Escuela de negocios de la Universidad de Piura, es consultor de directivos. Como una especie de médico de interconsulta que asesora sobre la salud de la organización de empresas, claro, sin que le deriven el paciente. Su mirada no es la estándar. Amplía perspectivas, ofrece otros enfoques más allá de la mirada de un especialista. O sea, ayuda a repensar, ergo es una persona que se ha sabido hacer útil a los demás aunando managment pero también el espíritu de la filosofía que alimenta su perspectiva.

Como un experto en Gobierno de personas, el trabajo de Manolo ha ido dirigido a comprender cómo somos las personas, con nuestras motivaciones y libertad, y por tanto cómo funcionan las organizaciones y cómo contribuir a qué las organizaciones sean más efectivas. “Cuando digo organizaciones me refiero a las empresas y partidos políticos.  Son cosas que sirven al presidente de gobierno, pero también a los padres que deben dirigir un hogar. Este es un conocimiento que siendo necesario no llega y que se nutre también de la filosofía”.

Lo que brinda la filosofía es algo que no brindan otras especialidades. Es algo mucho más serio y vital de lo que se cree. Se trata de pensar, y pensar con rigor, como argumentos y serenidad. Algo que cada vez hacemos menos y que se necesita que alguien nos lo recuerde. Como un sparring del pensamiento, eso es un filósofo. No piensa por ti, solo te asiste a qué encuentres el por qué.

A partir de este jueves  2 de  diciembre a las 7pm y  durante tres semanas, Manolo impartirá un taller de filosofía enfocado al Laberinto sentimental, cómo no extraviarse. Una guía práctica desde la filosofía para la gestión de nuestros afectos, sentimientos y emociones. Una especie de lógica afectiva como antivirus a la ansiedad y angustia de nuestros tiempos. Mejor que llenarse de ansiolíticos o antidepresivos es pensar, saber pensar. Porque es una cuestión de salud mental. Y también porque la filosofía es útil.

Encuentre más información en:

http://www.manoloalcazar.com/services/laberinto-sentimental/

No vale parpadear. Si usted acostumbraba tomar una siesta en el trabajo, o cae fácilmente en los brazos de Morfeo, piénsele dos veces ya que la reciente sentencia casatoria emitida por la Corte Suprema (Casación N° 13969 -2019) permitirá despedir sin previo aviso al trabajador.

Sin embargo, dicha medida será efectiva para aquellos empleados que al quedarse dormidos pongan en riesgo la integridad de los demás trabajadores, su propia vida, o dañen las instalaciones donde se encuentran laborando.

En el caso analizado por la corte, el trabajador se quedó dormido mientras manejaba un vehículo pesado con la llave puesta en contacto.

Al respecto, Ricardo Herrera, abogado laboralista, explicó a Canal N que el empleador no puede despedir de inmediato al empleado por quedarse dormido, sino que se debe seguir el procedimiento de despido para garantizar su derecho de defensa. Es decir que deberá enviarle una carta de preaviso imputando los hechos que sustentan la falta grave que justificarán el despido.

Añadió que el trabajador tendrá seis días para que haga sus descargos. El empleador decidirá si despide o no al trabajador. Luego, el trabajador podrá cuestionar el despido judicialmente si considera que este fue arbitrario.

Indicó que el caso concreto analizado por la corte, se trata de una falta grave denominada incumplimiento injustificado de obligaciones de trabajo que quebrantan la buena fe laboral, por haberse quedado dormido.

En la sentencia previa, la Corte Superior había señalado que no se podía despedir al trabajador en cuestión, porque no se había generado daño alguno, por lo que la gravedad de la conducta no acarrea el despido.

Sin embargo, los magistrados de la Corte Suprema señalaron que no se puede esperar a que se produzca un evento dañino para sostener que existió gravedad en la conducta del trabajador y que generar dicha situación ya es suficiente para el despido.

Para los demás casos en los que el trabajador, por ejemplo, se encuentre en una oficina o en un establecimiento y opte por tomar una siesta siendo descubierto por su empleador, esa conducta continúa siendo tomada como una infracción o sanción, descartándose su despido.

Antauro Igor Humala Tasso lleva recluido 16 años, 10 meses y 9 días por haber perpetrado en el 2005 la toma de una comisaría en Andahuaylas, acusándolo aquella vez de haber cometido los delitos de rebelión, sustracción de armas, secuestro, daños y homicidio simple con dolo eventual. El tiempo ha pasado y ahora el ex militar, hermando del ex presidente Ollanta Humala, ha solicitado que se le libere por tener sentencia cumplida.

A través de un oficio, el líder etnocacerista solicitó al director del establecimiento penitenciario de Ancón II el cumplimiento efectivo de su condena, en aplicación de la figura de “ley por remisión” que consiste en la reducción de la pena por laborar siete días dentro del penal (7 días de labor por un día de pena).

De este modo, Humala Tasso busca acogerse a la Ley 28760, publicada el 14 de junio del 2006, que establece beneficios penitenciarios para los condenados por ese delito, en base a lo previsto en el artículo 2, 3 y 4 del Decreto Legislativo 927.

El documento fue presentado por Ina Andrade Ríos, esposa de Antauro Humala, quien exige su libertad inmediata por tener sentencia cumplida. Junto a su abogada, entregó la solicitud al Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

En el documento se precisa que inicialmente en el 2009 fue sentenciado a 25 años de prisión por la toma de una comisaría en Andahuaylas, hecho conocido como el ‘Andahuaylazo’, el 1 de enero del 2005. Posteriormente, la pena fue reducida por la Corte Suprema a 19 años de prisión efectiva.

Cabe indicar que en octubre pasado Antauro Humala fue trasladado desde el Establecimiento Penitenciario de Ancón I hacia el Penal Ancón II por “motivos de seguridad del interno”.

Ese mismo mes, el Tribunal Constitucional (TC) declaró improcedente el recurso de hábeas corpus presentado por el representante de la Coordinadora Nacional Anticorrupción del Perú (Conan Perú), Enrique Bernal Solano, que buscaba la liberación de Humala Tasso.

La referida medida constitucional pretendía revertir la resolución que había declarado improcedente la demanda de Antauro Humala contra los procuradores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el TC, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría, la Junta Nacional de Justicia y demás presuntos responsables, emitido por la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, el 30 de noviembre de 2020.

Al respecto, la esposa de Antauro se pronunció: “Le digo al señor Castillo que ni siquiera cumpla la promesa porque el indulto no vale acá, simplemente que mi esposo debe estar afuera (…) Todas las bases etnocaceristas en provincia lo apoyaron, que no se olvide de eso”, apuntó Ina Andrade desde los exteriores del penal de Ancón II. ¿Se dará su liberación durante el gobierno de Pedro Castillo?

Actualmente nuestros ‘Padres de la patria’ se encuentran en semana de representación, lo que les permite retornar a sus localidades de origen desde el 29 de noviembre hasta el 3 de diciembre. Esos viajes, realizados la última semana de cada mes, permiten a los congresistas escuchar y atender las demandas de sus paisanos, acercándolos con el Estado.

Sobre el tema, las bancadas de Perú Libre (Américo Gonza Castillo), Fuerza Popular (Martha Moyano y Carlos Lizarzaburu) y Podemos Perú (Digna Calle Lobatón) presentaron un conjunto de Proyectos de Ley que proponen extender la semana de representación de cinco a diez días hábiles; que los congresistas puedan viajar no solo a su región de origen, sino a cualquier parte del país; y que los legisladores que representan a peruanos en el exterior tengan hasta 12 días hábiles para hacer lo propio.

Sobre este grupo de Proyectos de Ley (y dos más relacionados al derecho al uso de la lengua originaria en el Congreso) emitió un dictamen la Comisión de Constitución presidida por la congresista de Fuerza Popular Patricia Juárez. En él —en lo que respecta a la semana de representación— se aprueba la modificación del Reglamento del Congreso permitiéndose que todos los congresistas puedan viajar a cualquier región, ya no solo a su región de origen.

Además, se especifica que el Parlamento asumiría el costo “de los viáticos y pasajes de los congresistas de la circunscripción electoral de Lima Metropolitana que deseen hacer representación parlamentaria en otra circunscripción”. El siguiente paso luego de este dictamen sería su discusión en el Pleno del Congreso para así poder modificar el reglamento.

El principal cambio, siempre de acuerdo con el dictamen emitido por la Comisión de Constitución sobre el tema, es que los congresistas elegidos por Lima quienes, por obvios motivos, no viajaban en su semana de representación, ahora podrían hacerlo si así lo consideran. En ese caso, el costo lo asumiría el Congreso.

De igual manera, un congresista no tendría que viajar necesariamente a su región de origen, sino podría hacerlo a cualquier otra.

Definitivamente esto conllevaría a un mayor desembolso para que los legisladores puedan realizar esos viajes, contando además que lo harán acompañados de sus asesores y personal de seguridad y comunicaciones.

A nuestra redacción nos llegó la carta notarial N° 5510 remitida por el señor Carlos Lezameta Escribens emplazándonos a que rectifiquemos la información propalada en el informe periodístico que publicamos el 06 de noviembre de 2021 titulado: “Aliados de Rocío Barrios y Martín Vizcarra son designados en Ministerio de la Producción”.

En la nota publicada se halla un párrafo cuya literalidad es:

“Cabe mencionar que Lezameta Escribens, el año pasado y en plena pandemia fue designado, a partir del 27 de julio de 2020, en el cargo de Asesor II – Jefe de Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial del Ministerio de la Producción (Según R.M. N° 236-2020-PRODUCE) justamente, por el entonces, ministro de la Producción José Salardi y apenas unos meses antes, (a través de la RM N° 096-2020-Produce del 3 de marzo de 2020) cuando Salardi era viceministro, ya habían designado a Lezameta Escribens, en el cargo de Asesor II del Despacho Viceministerial de Mype e Industria del Ministerio de la Producción. Quien firmó dicha resolución fue precisamente, la ministra de entonces, Rocío Barrios Alvarado.

Además, Lezameta Escribens, anteriormente en 2018 fue designado para el cargo de Vicecontralor General de la República el día 8 de febrero, mediante Resolución 054-2018-CG; pero a los pocos días, el propio Contralor General de la República, Nelson Shack, dejó sin efecto la resolución que nombraba al vicecontralor, porque se hizo público que la empresa de propiedad de Lezameta, Carlebi Consulting S.A.C., fue suspendida e inhabilitada por 37 meses, por parte del Tribunal de Contrataciones del Estado, por falsificación y adulteración de documentos”.

Seguidamente, en la carta notarial, el señor Lezameta Escribens señala que es un profesional cuyo aval es su trayectoria transparente de más de 40 años prestando servicios y consultorías en los sectores, público y privado, e incluso para organismos de la comunidad internacional y que no ha incurrido en falsedad alguna y menos aún ha falsificado documentos, situación que ha sido probada en sede fiscal y judicial y que ha sido difundida a nivel nacional por el diario La República en edición impresa y virtual de fecha 11 de enero de 2020, conforme acredita a continuación:

1. Por el solo dicho del Sr. Enrique Chávez Gurmendi, representante legal de la empresa COMPESATION OUTSOURCING SAC, quien señaló que no había emitido una constancia a favor de la empresa Carlebí Consulting SAC (en donde ejercí como representante legal solo hasta enero de 2018), el Tribunal de Contrataciones del Estado del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (TCE-OSCE) sancionó a esta última con inhabilitación.
2. Esta sanción injustamente fue cuestionada en la vía judicial, a través de una demanda contenciosa administrativa instancia en la que el juez valoró entre otros, las pruebas contundentes de que el Sr. Chávez Gurmendi sí había emitido los documentos cuya autoría no reconoció ante el TCE OSCE, por lo que concedió una medida cautelar que dispuso que OSCE anule la sanción; y dada la contundencia de las pruebas también se ganó el juicio, declarándose fundada la demanda de Carlebí Consulting SAC.
3. Ratificando la inocencia de la empresa Carlebí Consulting SAC y de mi persona )al haber ostentado hasta enero 2018 la representación legal de la citada persona jurídica) la 2da Fiscalía Provincial Penal del Callao, sobre la base de dos peritajes realizados y la contundencia de las pruebas a nuestro favor, solicitó el sobreseimiento (archivamiento) definitivo de la denuncia penal. Esta decisión fue ratificada por el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao, y por la 2da. Sala Penal de Apelaciones Permanente de la Corte Superior de Justicia del Callao.
4. Habiéndose probado que el Sr. Chávez Gurmendi mintió, se inició una investigación penal en su contra, ante la 29° Fiscalía Provincial Penal de Lima por falsedad genérica en agravio de Carlebí Consulting SAC, la misma que con fecha 20 de agosto de 2019 resolvió formalizar denuncia penal contra Enrique Chávez Gurmendi por Delito contra la fe pública-Falsedad Genérica, igualmente, solicito se le trabe embargo preventivo y mandato de comparecencia con restricciones. Dadas las pruebas en contra del Sr. Chávez el 47° Juzgado Penal de la Corte Superior de Lima el 23 de junio de 2021 apertura instrucción, disponiendo el inicio del juicio en su contra.
5. Contando con pruebas irrefutables de que: i) La empresa Carlebí Consulting ni mi persona falsificaron jamás documento alguno; ii) La sanción impuesta por el TCE OSCE fue injusta, motivo por el cual en la vía judicial se dispuso su anulación; y, iii) El Sr. Chávez Gurmendi mintió deliberadamente, incurriendo en delito de falsedad genérica, por el cual en la actualidad se le viene procesando en el 47° Juzgado Penal de Lima; el Diario La República, en su edición impresa y virtual de fecha 11 de enero de 2020 (Se adjunta nota periodística como anexo), publica esta información consignando en sus últimos dos párrafos de la noticia lo siguiente:

(…) “Ante estos hechos, Carlebí Consulting presentó denuncia penal contra Enrique Chávez Gurmendi por falsedad genérica y la 29 Fiscalía Provincial de Lima resolvió formalizar denuncia penal contra Chávez y solicitó que se le trabe embargo y comparecencia con restricciones. El 47° Juzgado Penal de Lima accedió al requerimiento de la fiscalía y fijó el 19 de marzo de este año la audiencia de presentación de cargos”.

Será la justicia la que sancione como corresponde a Enrique Chávez por dañar la reputación de Carlos Lezameta, cuya carrera como funcionario público fue afectada por la repudiable conducta de Chávez.

En vista, que el señor Carlos Lezameta Escribens nos hizo llegar medios impresos que sustentan su reclamo y que corroboran que el Tribunal archivó una falsa denuncia contra él cuando fue funcionario de la Contraloría, se procedió a retirar el párrafo que contiene lo referente a su paso por la Contraloría.