Los vientos favorables de los que goza Susana Villarán de la Puente, se deben a una ‘estrategia de blindaje’, de parte de actores políticos de tendencia izquierdista que vienen copando el Estado; no solo en la Fiscalía de la Nación; sino, en el propio Poder Judicial y en la Junta Nacional de Justicia. Eso sin contar, el apoyo que recibió de algunos medios de prensa que guardaron silencio constantemente.

Han transcurrido 148 días desde que el Poder Judicial autorizó el inicio del juicio oral contra la exalcaldesa de Lima, y otros implicados, por el recibimiento de coimas de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS para financiar su campaña del “No a la revocatoria” y su reelección en 2014, a cambio de firmar contratos lesivos para la entrega y concesión de peajes.

Sin embargo, desde aquel 5 de noviembre de 2024, fecha en la que se emitió el auto de enjuiciamiento, hasta la actualidad, el caso no avanza, debido a que siete de los implicados apelaron la orden de llevar el caso a juicio al comenzar el 2025. En tanto, se informó que las “estratégicas apelaciones” serán revisadas por una sala de la Corte Superior Nacional.

Los implicados impugnaron amparándose en una reciente y nociva ley del Congreso (n.° 32130), promulgada en octubre pasado, que permite a los procesados apelar la orden del juez de pasar un caso a juicio oral, tras la fase de control de acusación.

Sala Penal de Apelaciones incurrió en “error” en favor de Susana Villarán

Increíblemente, la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional frustró la audiencia respecto a la acusada Susana Villarán, porque entregó un documento equivocado al Ministerio Público. El estudio de abogados Echecopar había presentado un recurso contra un aspecto del proceso por los peajes de la corrupción, pero la fiscal superior Teresa Tapia Cruz alertó de un peligro.

“Hemos revisado y hemos advertido que, en lugar de consignarnos la resolución correspondiente a esta audiencia, nos habían insertado una concerniente a otro incidente (…) Vamos a presentar un escrito con todas las pruebas”, mencionó la fiscal.

Por su parte, el juez Víctor Enríquez Sumarinde pidió a su secretaria aclarar qué había sucedido. Esta terminó reconociendo su aparente equivocación.

“Se ha indicado que ingrese al contenido de la resolución que se adjuntó para que pueda verificar”, afirmó la fiscal Tapia Cruz, quien, también recibió una llamada de atención, ya que, desde el 19 de marzo, contaba con la comunicación equivocada.

“¿Del 19 al 31 recién se ha dado cuenta de que esa resolución corresponde a otro expediente? Su asistente debió haber verificado. ¿Por qué esperamos hasta el día de la audiencia para darnos cuenta de que tenemos un error?”, cuestionó el magistrado Enríquez Sumarinde.

Susana Villarán confesó que recibió dinero de Odebrecht y OAS

Es importante recordar la confesión que Susana Villarán hizo hace 6 años, exactamente el 11 de mayo del 2019 en una entrevista radial en Exitosa. Ella reconoció que tenía conocimiento de la contribución de las empresas brasileñas y que, junto al exgerente José Miguel Castro, decidieron aceptar los fondos.

«Siempre supe de los aportes de empresas a la campaña de no a la revocatoria. Tomamos la decisión, José Miguel Castro y yo, de procurar y aceptar fondos de campaña. ¿Por qué lo hicimos? El momento por el que atravesaba Lima hacía necesario que la campaña ciudadana que movilizó a miles de ciudadanos se fortaleciera con publicidad», admitió.

Sin embargo, ella mintió cuando negó que su acción buscaba mantenerla en el cargo de alcaldesa, sino en «darle gobernabilidad» a Lima. También, contó que el propósito era continuar con reformas que eran fundamentales que no habían sido ejecutadas por sus antecesores.

«No se trató de mantener el poder de una persona elegida por el voto popular, sino de darle gobernabilidad a Lima, proseguir con las reformas del transporte, las obras de Barrio Mío, de resolver definitivamente el tema de La Parada y el pleno funcionamiento del Mercado Mayorista de Santa Anita», trató de justificar Villarán de la Puente.

Hoy es de conocimiento público que todo eso fue una burda mentira y lo único verosímil en este caso, es su responsabilidad penal por haber sido sobornada para sus propios intereses y en perjuicio de todos los ciudadanos peruanos; pero hasta el momento ella continua libre y sin restricciones por causa de la condescendía del Poder Judicial, jefaturado actualmente por Janet Tello Gilardi.  

¿Tan difícil es colocar a un funcionario sin cuestionamientos? Tras la salida de Sonia delgado de la jefatura de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), la misma que solo duró 2 días, ahora se ha nombrado en su reemplazo, de manera temporal, a Henry Alfonso Rebaza Iparraguirre, sin embargo, pesa sobre él una polémica que derivó a su despido cuando fungía el rol de viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud.

En el año 2023 el funcionario fue destituido tras un incidente ocurrido en un restaurante en Ayacucho. Un grupo de ciudadanos le increpó por consumir bebidas alcohólicas en un contexto de emergencia nacional y en pleno horario laboral.

En respuesta, el ahora jefe de la Digemid calificó su entonces destitución como “injusta” y lamentó que esta decisión se basara en imágenes difundidas en redes sociales. En entrevista con RPP, explicó que el almuerzo, al que acudió acompañado por funcionarios del Gobierno Regional y personal de seguridad, ocurrió fuera del horario laboral, porque se trataba del tiempo destinado al almuerzo. Aunque aseguró que no bebió alcohol, luego reconoció que fue solo para hacer un brindis.

“Solo hice un brindis como un gesto de cortesía a ellos porque finalmente, cómo es la vida, ¿no? Me pidieron hacer un brindis por la ministra que es ayacuchana. […] porque finalmente decían ‘vamos a brindar por nuestra ministra que es ayacuchana y porque están haciendo una buena gestión y no les iba a decir no”, manifestó.

El dato:

La Resolución Ministerial N° 397-2024, firmada por el titular del sector, César Vásquez, indica que Rebaza mantendrá el cargo como director general de la Digesa hasta que se nombre un titular definitivo.

No cabe duda de que en el Perú y en el mundo aún existen personas que consideran a las mujeres inferiores tanto física como intelectualmente en comparativa con los hombres, arrastrando un pensamiento decimonónico que tal vez adoptaron de sus padres y la costumbre de su época. Pretender cambiar su pensamiento es como chocarse contra un enorme muro de concreto, pues eso lo llevan tan interiorizado que para ellos es lo más normal del mundo.

Recientemente, el parlamentario de Fuerza Popular, Ernesto Bustamante, indicó durante una sesión de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso que el interés de las mujeres en ciencia “no llega a un número tan alto”, porque no tendría una “condición biológica” que las anime a adentrarse en el mundo de las ciencias.

“Dice que hay 33 % de mujeres científicas [en el Perú]. Eso ya me preocupa, porque en el resto del mundo no hay 33 % de mujeres científicas. La prevalencia de interés de las mujeres en ciencia no llega a un número tan alto, y no porque no se les quiera otorgar facilidades, hoy en día ya no hay mayor limitación en el acceso de las mujeres a la ciencia, sino es porque, sencillamente, no hay una condición biológica, aparentemente, no habría una condición biológica que incentive a la mujer a participar en ciertas ciencias, como las exactas o las ciencias naturales o físicas. Ahí los porcentajes de mujeres son de 3 %, 5 %», sostuvo.

Cuando todos pensábamos que había reflexionado en lo dicho, el parlamentario fujimorista se ratificó diciendo que no piensa disculparse porque no insultó a las mujeres.

«Es un hecho que, por ejemplo, las mujeres, en una rama como tecnología de la información que es muy moderna, no representan más del 3, 4 o 5 % en el mundo, y eso es un hecho”, resaltó.

Consultado por su fuente para realizar esa afirmación respecto a la participación de las mujeres, el congresista fujimorista dijo que se trata de «conocimiento general».

“La fuente es conocimiento general […] La pueden buscar o se las puedo enviar, pero es conocimiento general», alegó.

«Yo no he insultado a las mujeres ni a ninguna mujer, al contrario, lo que quiero es que haya participación de las mujeres en base a su mérito. Hay magníficas mujeres que hoy están participando a nivel mundial, peruanas, pero esas mujeres están ahí por su mérito, no porque sean mujeres o usen falda”, puntualizó. 

Qué mejor aliado para la presidenta que el propio Congreso. Una vez más Dina Boluarte queda bien librada de cualquier investigación luego que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República decidiera archivar la denuncia constitucional presentada por el ex ministro de Trabajo Rudecindo Vega, quien la acusara por la presunta infracción de los artículos 2, (incisos 3,4,13,15 y 17), 22,23,27,139 (incisos 3,14,38,39, 45 y 90) de la Constitución y el presunto delito de abuso de autoridad.

Según Vega, su destitución fue una represalia política por sus críticas a la gestión de Dina Boluarte en entrevistas y medios de comunicación. Argumentó que su remoción no respondió a criterios administrativos, sino a una decisión arbitraria impulsada por la presidenta y la exministra.

Asimismo, la acusación también recaía sobre la ex ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento Hania Pérez de Cuéllar por supuestamente presionar para remover de su cargo en el Comité Nacional de Administración del Fondo para la Construcción de Viviendas y Centros Recreacionales (Conafovicer).

El informe de calificación presentado por el equipo técnico de la SAC recomendaba declarar improcedente la denuncia y el archivamiento respectivo. Fue aprobado por mayoría: 14 votos a favor, cero votos en contra y 2 abstenciones.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró improcedente la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por presunto abuso de autoridad

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— Canal N (@canalN_) April 2, 2025

En la misma sesión, la SAC también resolvió archivar otra denuncia constitucional presentada por el congresista José Vega contra el expresidente Martín Vizcarra, la excanciller Elizabeth Astete y la exministra de Salud Pilar Mazzetti.

Este segundo caso también fue cerrado con 14 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones, bajo el argumento de que no existían fundamentos sólidos para continuar con el proceso.

Se quedó con la herida abierta. La destituida directora de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), que solo duró 2 días, no se quedó callada tras su salida y apuntó directamente hacia el ministro de Salud, César Vásquez, deslizando la idea de que lo habría hecho solamente para salvar su puesto dentro de dicha cartera.

Y es que el ministro Vásquez anunció ayer, en plena sesión de la comisión de Salud del Congreso de la República, que Sonia Delgado ya no iba más al frente de la Digemid, argumentando que lo hacía para garantizar la transparencia en la regulación de medicamentos.

Ante ello, Delgado, durante una entrevista en Canal N, respondió que en la actualidad no tiene ningún vínculo con ninguna empresa farmacéutica, descartando así cualquier conflicto de intereses. En ese sentido, consideró que tanto los medios de comunicación, como los congresistas, se valieron de noticias falsas para generar una presión y ella sea destituida.

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Sonia Delgado, exjefa de Digemid: César Vásquez debe renunciar como ministro de Salud y yo se lo he dicho

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Delgado dijo que la presión que sintió desde que asumió la dirigencia de la Digemid fue notoria y que el ministro se vio condicionado a destituirla, pues los parlamentarios comenzaron a mencionar una interpelación. “Era lógico, la visión que todos tienen ahora, era o Sonia Delgado o el ministro de salud. Porque estaban hablando de una interpelación”, recalcó.

Es así que Sonia Delgado consideró que una vez que se solucione la crisis sanitaria que atraviesa el país, alguien tiene que asumir la responsabilidad política por las muertes causadas por el suero defectuoso de Medifarma y esa persona debe ser el ministro César Vásquez. En ese sentido, reveló que le recomendó dejar su cargo como titular del Ministerio de Salud.

“Lo que sí me queda claro es que aquí hay una responsabilidad política ante los lamentables sucesos por pérdida de vidas humanas. (…) Bueno yo pienso, y es más, este se lo he comentado de una manera muy amable, porque igualmente le he agradecido por la confianza. Él sabe del de las competencias, de la capacidad de gestión que yo tengo, es que se tiene que asumir la solución en este momento. Y eso sí es responsabilidad de él, pero apenas se solucione el tema del abastecimiento del suero fisiológico, él tiene que renunciar y se lo he dicho de una manera muy amable”, comentó.

Por Leonardo Serrano Zapata

El 31 de marzo de 2025, pasada las 10 de la noche en el distrito de Chilca, una estudiante —a quien llamaremos Lucía para preservar su identidad— salió de clases como de costumbre, con su mochila al hombro y la mente llena de las lecciones aprendidas en el CEBA Nuestra Señora de la Asunción ubicado en el distrito Chilca provincia de Cañete. Caminaba con paso rápido, evitando calles solitarias, como siempre lo hacía. Sin embargo, aquella noche, algo rompería su rutina para siempre.

Mientras avanzaba, un mototaxi se detuvo bruscamente a su lado. Antes de que pudiera reaccionar, dos individuos descendieron, la interceptaron e intentaron bruscamente someterla para subirla al motaxi que no contaba con placa. Su corazón se aceleró y, con todas sus fuerzas, logró zafarse y correr hacia una zona iluminada, donde milagrosamente encontró ayuda. El peligro se disipó, pero el miedo quedó impregnado en su piel.

Este no es un caso aislado. Muchas estudiantes de escuelas nocturnas en el país enfrentan riesgos similares al salir de sus centros educativos. La falta de iluminación en las calles, la escasa presencia de seguridad y la vulnerabilidad de quienes estudian en horarios nocturnos convierten el trayecto a casa en un desafío diario. Mientras tanto, las comisarías carecen de presupuesto para trasladar a las víctimas a un examen médico legista, y el Centro de Emergencia Mujer de Cañete no tiene la capacidad operativa para brindarles atención inmediata lo que pone en riesgo a las víctimas y desnuda una realidad sobre las políticas públicas a favor de las poblaciones vulnerables.

Las escuelas nocturnas desempeñan un papel fundamental en la educación de jóvenes y adultos que buscan una oportunidad para mejorar su futuro en los Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA). Sin embargo, es urgente que el despacho del ministro de Educación Morgan Quero, junto con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Ministerio del Interior, tomen medidas concretas para garantizar su seguridad.

Lo preocupante es que el Minedu, que maneja un presupuesto equivalente al 5.1 % del PBI, no ha distribuido material educativo para los CEBA modalidad presencial y no se cuenta con una normativa actualizada para la modalidad a distancia, la normativa vigente es del 2014 y limita que los CEBA brinden servicio a distancia: La Resolución de secretaria general N° 613-2014- Minedu, indica; que la modalidad a distancia es exclusiva para estudiantes mayores de 18 años, además en el literal c. Del artículo 6.2. “Respecto a la infraestructura y mobiliario, entre otros aspectos, es necesario verificar la disponibilidad de un espacio físico implementado con equipos informáticos y con conectividad a internet para el uso de los tutores virtuales. Ello incluye la plataforma e-learning, la cual debe contemplar las secciones indicadas en el anexo 2”.

 Los CEBA públicos no cuentan con recursos económicos para la creación de plataformas individuales, esto requiere inversión en desarrollo tecnológico, mantenimiento y soporte técnico.

Además, existe acceso desigual a internet y dispositivos en la población estudiantil, esto hace necesario un entorno digital unificado y accesible desde diversos dispositivos. En Pandemia la modalidad EBA no recibió dispositivos, tablet o laptop. Es decir, no se preocuparon por disminuir la brecha digital.

Finalmente, es importante precisar, que el Minedu cuenta con la plataforma, Perú Educa, una infraestructura consolidada, con herramientas de aprendizaje virtual, acceso a contenido educativo, seguimiento docente y soporte técnico, esto debería ser suficiente para modificar la norma y permitir que los CEBA puedan brindar el servicio público en la modalidad a distancia, incluso para los estudiantes desde los 14 años.

Lucía y muchas otras estudiantes solo quieren aprender sin miedo. El derecho a la educación no debería estar condicionado por la inseguridad o el limitado acceso a la infraestructura tecnológica. Es momento de actuar y brindar a los estudiantes de los CEBA la protección que merecen, pues muchos de ellos provienen de contextos de marginalidad y vulnerabilidad.

Este martes 1 de abril, durante su presentación ante la Comisión de Salud del Congreso, el ministro de Salud, César Vásquez Sanchez, dio una revelación que involucra a un grupo de emporios farmacéuticos comerciales que ostentarían su poder y contó que le informaron extraoficialmente que el Ministerio Público ha archivado la investigación por el delito de colusión que estaba siguiendo contra el laboratorio Medifarma y otras compañías de fármacos.

“Nosotros hemos denunciado el 24 de julio del año pasado y yo lo dije en presencia de todos los medios de comunicación, que junto a 14 laboratorios más, formaban parte de una red criminal que yo les llamé ‘La Red de las Medicinas’ y que no me hicieron caso y que estaban detrás de una campaña de desestabilización en mi contra, porque obviamente era incómodo para ellos”, advirtió el titular del Minsa.

Indecopi investiga a Medifarma por concertación de precios

“Indecopi inició las investigaciones. Hoy con mucha frustración, extraoficialmente me he informado que la Fiscalía ha archivado el caso. Cuando hay evidencias y hemos denunciado formalmente, no públicamente, que esta empresa junto a 14 más concentraban precios. Buscaban que en las licitaciones que hacían, se paguen precios mayores a los del mercado”, añadió.

De acuerdo a lo informado por el ministro César Vásquez, con dicho modus operandi malvado, los laboratorios habrían logrado retrasar las compras del Estado. Asimismo, aseguró que luego de una presunta campaña mediática sobre un “aparente desabastecimiento brutal”, tuvo que realizar compras directas a través de los hospitales, las cuales pueden llegar a costar “tres, cuatro, hasta cinco veces más”.

“(Es) un modus operandi malvado, criminal que yo denuncié penalmente y que pocos me acompañaron en esa lucha. Esas empresas, porque pertenecen a grupos económicos que han estado acostumbrados a manejar el país a su antojo, hoy ven las consecuencias. Están matando a los peruanos. Están presionando, mandándome mensajes y haciendo lo necesario, seguramente, para que a mí me saquen del cargo, porque hay intereses mayores”, concluyó.

Indecopi inició proceso sancionador por colusión

El 16 de julio del 2024, la Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia del Indecopi (DLC) inició un procedimiento administrativo sancionador (PAS) de oficio, contra quince empresas y cinco personas naturales. Las firmas privadas habrían cometido el delito de colusión en procesos convocados por el Estado, durante 14 años, entre diciembre de 2006 y febrero de 2020. Mediante este procedimiento se pretendía determinar si hubo coordinación de propuestas y abstenciones en las subastas del Ministerio de Salud y del Seguro Social de Salud (EsSalud). De esa manera, habrían ganado licitaciones de compras de medicamentos en ambas entidades públicas y sanitarias.

Según la información que brindó el Indecopi en julio del año pasado, las 15 empresas investigadas fueron: Medifarma S.A. Braun Medical Perú S.A. Instituto Quimioterápico S.A. Perulab S.A. Jobal Pharma E.I.R.L. Laboratorios AC Farma S.A. Distribuidora Droguería Sagitario S.R.L. Laboratorios Americanos S.A. Laboratorios Lansier S.A.C. Laboratorios Portugal S.R.L. Laboratorios Unidos S.A. Pereda Distribuidores S.R.L. Pharmagen S.A.C. OQ Pharma S.A.C. y Teva Perú S.A.

Se le venció el tiempo. La gestión de Sonia Delgado al frente de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) sería tan breve como una curita en una herida, pues fue el propio titular del Ministerio de Salud (Minsa), César Vásquez, quien anunciara en plena Comisión de Salud del Congreso que ya no iba más.

Y es que habían surgido muchas críticas respecto a su designación, como su pasado por el partido de César Acuña, APP, o sus nexos con farmacéuticas las cuales se beneficiaron mucho gracias a sus contactos precisamente con la Digemid.

De acuerdo a un reportaje del portal Salud con Lupa se reveló que Delgado Céspedes es accionista de dos empresas farmacéuticas, Delpher SAC y Somefarm SAC, las cuales asesoran en temas regulatorios, como la obtención de registros sanitarios. En la primera, ella sería dueña del 50 % de las acciones y, en la segunda, sería accionista minoritaria. 

Al respecto, el titular del Minsa indicó que removerá a Sonia Delgado de la Digemid y que nombrará a su reemplazo «en las próximas horas».

«Así es que, en esta sesión, en aras de dejar bien claro que nosotros, como gestión, no queremos una sola sombra de duda en la transparencia que estamos haciendo, yo, públicamente hoy, le agradezco los servicios a la directora de Digemid y voy a proceder, en las próximas horas, a designar un nuevo funcionario al frente de esa institución”, remarcó. 

Sí, señores, es verdad. El ministro de Salud acaba de despedir en vivo y frente a los congresistas a la nueva jefa de la Digemid, Sonia Delgado. Duró dos días en el puesto. ¿Por qué? Por sus conflictos de interés, que se los vengo mencionando desde ayer. Este país es el deshueve. pic.twitter.com/gUfzyKj0pq

— Paolo Benza (@paolobenza) April 1, 2025