Batalla en las tierras del norte: una encrucijada legal manchada por la mala fe y el lobby político
Recientemente la trama legal de Aspillaga Anderson Hermanos S.A. ha saltado a la prensa. Esta empresa fue declarada en quiebra el 10 de noviembre de 1969 y perdió sus tierras eriazas que revertieron al Estado. Hoy, esa misma empresa pretende confundir a los magistrados para recuperar el terreno con el cual dejaría sin agua a los empresarios agrícolas de la zona. Documentos revelan la mala fe de la empresa Aspillaga Anderson Hermanos S.A. cuya abogada es la excandidata presidencial Lourdes Flores Nano.
La historia comienza hace más de un siglo, cuando Aspillaga Anderson Hermanos S.A., compra el año 1859 el fundo Cayalti, y tuvo una breve época de prosperidad. Luego, fue declarada en quiebra por Auto del Segundo Juzgado Civil de Lima de 8 de noviembre de 1969.
El Estado peruano a partir 1949 dicta una serie de leyes para desarrollar la agricultura en el país, leyes que incluían como pena la reversión al Estado de todos los terrenos eriazos abandonados por sus propietarios.
A finales de 1969 se promulga el Decreto Supremo que afecta con fines de Reforma Agraria la totalidad de los fundos de propiedad de Aspillaga Anderson Hermanos S.A.
Un año después, la escritura pública que traslada a la dirección de Reforma Agraria los predios de Aspillaga Anderson Hermanos S.A, es firmada por el juez de tierras en rebeldía del síndico departamental de quiebras y en ella aparecen que no son expropiados 29,299.24 hectáreas de terrenos eriazos las que se incorporaban al dominio del Estado precisamente por ser terrenos eriazos y abandonados. Es aquí cuando Aspillaga Anderson Hermanos S.A. pierde todas sus tierras, una expropiadas y pagadas por la Reforma Agraria y otras por ser eriazas y abandonadas.
Casi 20 años después y como parte de un ordenamiento territorial, en 1989 y 1990, se dictó el Decreto Legislativos 556 y la Ley 25303, leyes de presupuesto para 1990 y 1991 cuyos artículos 410 y 218 respectivamente, contienen la disposición de transferir y no de expropiar a nadie los terrenos eriazos de propiedad del Estado a los organismos de desarrollo de la región norte, y ordenan que se inscriba ese traslado en los registros públicos.
En 1999 el Estado convoca a licitación pública internacional para la compra de 6 mil hectáreas de terrenos eriazos de su propiedad y el año 2000 Agrícola Cerro Prieto S.A gana la licitación pública internacional, firma con el Estado un contrato de compra-venta e inscribe sus derechos en los registros públicos.
Con la garantía y la aprobación del Estado construye con su dinero un canal para llevar agua desde el canal Talambo-Zaña a sus tierras e invierte en siembra para convertir esos eriazos en terrenos agrícolas.
Contrato de la compra de las tierras realizada por Agrícola Cerro Prieto.
La mala fe de Aspillaga Anderson Hermanos S.A.
Es ahora, que después de 35 años de inactividad que Aspillaga Anderson Hermanos S.A despierta y se dedica a que el Estado le devuelva esas 29 mil hectáreas que habían revertido por eriazas y abandonadas, y para ello le inicia al Estado un juicio donde se desinforma a los magistrados haciéndoles creer que había sido expropiada por las leyes de 1989 y 1990, bajo el argumento que no se les había pagado. Dentro de estos terrenos que se reclama estaba todo el terreno propiedad de Agrícola Cerro Prieto, su canal de regadío, la infraestructura hidráulica que le habían permitido irrigar esas hectáreas con una inversión de 100 millones de dólares. En ese juicio Aspillaga Anderson Hermanos S.A. no incluye a la empresa Agrícola Cerro Prieto y el año 2009 obtiene de la segunda sala del Tribunal Constitucional sentencia favorable que le devuelve todas las hectáreas reclamadas, con lo que se apropia sin haber invertido un sol de toda la tierra que Agrícola Cerro Prieto compró al Estado con el canal de regadío, la infraestructura hidráulica y todos los sembríos.
Ese mismo 2009, Agrícola Cerro Prieto se ve obligada a enjuiciar tanto al Estado como a la empresa Aspillaga Anderson Hermanos S.A. y el año 2011 el pleno juridiccional del Tribunal Constitucional le devuelve sus tierras y declara expresamente que Aspillaga Anderson Hermanos que en el juicio que inicio en el 2004 y que acabó en el 2009 se excluyó indebidamente a Agrícola Cerro Prieto, faltó a los principios de la buena fe procesal y presentó documentos registrales incompletos, induciendo a error a todos los magistrados del Tribunal Constitucional. También ordena que el Estado le pague a Aspillaga Anderson Hermanos S.A. por esas tierras que ahora eran de la empresa Agrícola Cerro Prieto.
A partir de ahí Aspillaga Anderson Hermanos, judicialmente inicia una serie de maniobras destinadas a quitarle el agua a Agrícola Cerro Prieto, ya que no le pudo quitar las tierras ahora pretende quitarle el agua. Pide al Tribunal Constitucional que se declare nula la servidumbre de acueducto que le permite llevar agua del canal Talambo-Zaña a sus tierras, perjudicando a todos los usuarios del canal. El TC en el año 2012 dictó nueva resolución llamando la atención del juez por incumplimiento de su deber de administrar justicia. Califica nuevamente la conducta procesal de Aspillaga Anderson Hermanos como completamente alejada de los principios de la buena fe procesal y rectitud al intentar por otras vías conseguir lo que les había sido negado por el Tribunal Constitucional, declara que Aspillaga Anderson Hermanos ha vulnerado la cláusula Constitucional que impide el abuso del derecho al pretender ilegitima y abusivamente enervar la sentencia del TC a favor de Agrícola Cerro Prieto y ordena a los registros públicos ratificar las inscripciones de Agrícola Cerro Prieto y de su servidumbre otorgada por el Estado.
A pesar de todo lo que el TC les dice, Aspillaga Anderson Hermanos continúa junto a sus abogados, entre ellos Lourdes Flores Nano (ex candidata presidencial), con sus maniobras legales, y el TC nuevamente el 12 de julio del 2013 vuelve a sentenciar declarando que la indemnización que debe pagarle el Estado a Aspillaga Anderson Hermanos debe comprender el valor del área afectada por el contrato de establecimiento de servidumbre. Es decir, el terreno en donde se encuentra construido el canal de regadío.
Terrenos eriazos antes de ser comprado por Agrícola Cerro Prieto.
Ahora así lucen los terrenos comprados y trabajados por Agrícola Cerro Prieto.
El 30 de abril de 2014 el TC dispone que debe indemnizarse a Aspillaga Anderson Hermanos ampliándose la sentencia del 2013, y ordenando que la indemnización justipreciada comprenderá “el valor de la expropiación del área afectada por el contrato de establecimiento de servidumbre, el terreno eriazo adyacente entre el canal y la propiedad de ACP que se considerará para uso exclusivo de los beneficiarios de la servidumbre y de más derechos reseñados en el fundamento 36c de su sentencia del 2012”.
A pesar de ello, llama la atención de los abogados patrocinantes de Aspillaga Anderson Hermanos (doctoras Lourdes Flores Nano y Alicia Augusto Temple) por su conducta procesal y abierto desacato al Tribunal Constitucional.
Con posterioridad Aspillaga Anderson Hermanos a pesar de todo lo que se ha dicho insiste en dejar sin agua a Agrícola Cerro Prieto, y aprovechándose que en enero del 2021 en otra sentencia del TC esta dice que el juez es el que debe determinar el tamaño del área a expropiar entre el canal del regadío y la tierra propiedad de Agrícola Cerro Prieto, teniendo en cuenta lo que ordena la sentencia, consigue que la jueza ejecutora del primer juzgado ignorando la orden del TC y amparándose en un informe presentado por Aspillaga Anderson Hermanos y una pericia del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, ambos partes interesadas e ignorando el informe de ACP declara que solo debe indemnizarse por la zona por donde está el canal. Es decir, solo el área afectada por el contrato de establecimiento de servidumbre, y le quita a ACP el íntegro del terreno eriazo entre el canal y la propiedad en donde actualmente se encuentra sus reservorios y toda la infraestructura hidráulica. Es decir, la deja sin agua, sin la cual no funciona una empresa agrícola.
¿Lobby político?
En este proceso hay detalles que han despertado la atención del Tribunal Constitucional, y actualmente también del periodismo. Uno de los nombres que resalta en medio de esta pugna legal es el de Lourdes Flores Nano, una abogada y líder política peruana que incluso postuló a la presidencia de la República del Perú.
Otro detalle que salta a la vista es el pasado de Flores Nano, ya que fue imputada por lavado de activos por presuntos aportes recibidos de las constructoras Odebrecht y Camargo y Correa durante las campañas de 2006 (presidencial) y 2010 (municipal). Los recordados lobistas brasileños que se jactaban de poner y sacar presidentes en el continente.
Recordemos, además, que Lourdes Flores reconoció que recibió en su casa de Lima a los exdirectivos de Odebrecht en Perú, Jorge Barata y Raymundo Trindade, pero aseguró que no pidió dinero “en esa reunión, de ninguna manera”.
Además, como no recordar su vinculación César Cataño, personaje que terminó preso por narcotráfico. En esa época Flores Nano se convirtió en Presidenta del Directorio de la empresa aérea Peruvian Airlines de propiedad de Cataño, y en su momento señaló que aceptó el cargo “porque tengo la certeza de que no hay nada irregular y porque creo en el éxito y en la competencia” y además mencionó que asesoraba al empresario desde el 2001, ya que se trataba de «un hombre que surgió desde abajo, y que su patrimonio es producto de su trabajo”.
Parece que tener una abogada con contactos en la política y en las instituciones que imparten justicia resultaría beneficioso para una empresa como Aspíllaga Anderson Hermanos S.A. ¿será por eso que la defensa legal desacató lasdisposiciones del Tribunal Constitucional? Al parecer hay personajes que creen estar por encima de la ley.
Lamentablemente, en nuestro país y sobre todo en nuestra política, el lobby se encuentra asociado a acciones oscuras como la corrupción o tráfico de influencias, y este flagelo en los últimos años ha campeado en diversas instituciones como la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial.
Jueces ejecutores y la presunta corrupción
Revisando la documentación de esta batalla legal entre la empresa Agrícola Cerro Prieto y la empresa Aspíllaga Anderson Hermanos S.A. encontramos diversos hechos que especialistas en el tema han denominado como actos de presunta corrupción.
Según fuentes, en este oscuro proceso a favor de Aspíllaga Anderson Hermanos S.A. se estaría presionando e influenciando a los jueces ejecutores para impedir cumplir lo que ordenó el Tribunal Constitucional. Parece que las conversaciones bajo la mesa de los remanentes “cuellos blancos” continúan debilitando las instituciones encargadas de impartir justicia en nuestro país. En medio de esto, los jueces ejecutores continúan incumpliendo lo ordenado por el Tribunal Constitucional. Un claro hecho que despierta demasiadas suspicacias.
Victimización como estrategia
Ahora desde la vereda de la empresa Aspíllaga Anderson Hermanos, se empieza a lanzar información errónea sin contar la historia completa que se encuentra documentada desde el año 1969. A esto se suma la aparición de algunos representantes de los Aspillaga Anderson Hermanos que han comenzado a salir en los medios victimizándose. Lo que sorprende es que utilizan la poca rigurosidad del dominical Panorama para darle tribuna a Domingo García Belaunde, que aparece como experto constitucionalista, según fuentes este señor sería abogado de la empresa Aspillaga Anderson Hermanos. Aquí faltó realizar el disclaimer. A un programa de periodismo de investigación no se le puede escapar la tortuga.
Aquí lo que ocurre realmente es que la empresa Aspíllaga Anderson Hermanos S.A. que alguna vez tuvo dinero, se empecina en no ceder el terreno por donde transita el agua para el desarrollo agrícola de la zona, y esto al parecer se debe a que ya tendría en los registros públicos un desesperado compromiso de compra-venta del terreno por donde pasa el agua. Todas las hectáreas que se encuentra en disputa, ya se estarían ofreciendo a la venta en España como terreno agrícola. Un gran negocio en un país donde el tráfico de tierras se ha convertido en uno de los principales motores de la corrupción.
Intentamos comunicarnos con algún representante de la empresa Aspillaga Anderson Hermanos S.A. pero no tuvimos respuesta hasta el cierre de este informe. De la misma forma nos comunicamos vía telefónica con la defensa legal de Agrícola Cerro Prieto, y sobre el tema señalaron: “Yo le voy a rogar que me disculpe, pero este es un asunto que se esta viendo en el Poder Judicial, entonces, mi postura y la postura de la empresa es no discutir esto periodísticamente, sino, que sea el Poder Judicial el que en su momento resuelva”.
Nos queda claro que la actuación del Tribunal Constitucional es clave en esta batalla legal, donde la documentación revela hechos que no favorecen a la empresa Aspillaga Anderson Hermanos, por ello, parece que su estrategia es hacer ruido en los medios para presionar mediáticamente.
Además, es importarte señalar que Agrícola Cerro Prieto es una empresa que lidera el mercado de paltas, arándanos y espárragos, y da empleo a más de 16.000 peruanos. Por su parte, Aspillaga Anderson Hermanos, actualmente no cuenta con producción agrícola y no lidera ningún mercado, tampoco tiene actividad distinta a la trama legal.
Aspillaga Anderson Hermanos y otras empresas están demandando al Estado y obteniendo en base a las maniobras de sus abogados cuantiosas indemnizaciones que son pagadas con el dinero de todos los peruanos, y, además, la devolución de miles de hectáreas de terreno que revertieron al Estado por ser abandonadas. Esto está generando una enorme problemática en los proyectos de inversión como Majes-Siguas y Chavimochic. Lamentablemente, frente a esto el Estado no solo pierde tierras, también se calcula que perderá más 6 mil 600 millones en oscuras indemnizaciones.
Transportistas del Callao realizan paro tras asesinato de chofer de combi por extorsionadores
Transportistas del Callao se encuentran desesperados y salieron a las calles para alzar su voz de protesta y exigir justicia, tras los atentados contra dos de sus compañeros choferes. “Que se vaya Dina Boluarte, porque no hace nada por el pueblo. No hay seguridad, no estamos seguros”, expresó un conductor chalaco, en señal de frustración.
Debido a la indiferencia e inacción del Gobierno para contener a la criminalidad que mata todos los días a nuestros compatriotas, un grupo de transportistas del Callao vienen realizando un paro este miércoles 9 de abril, tras los recientes atentados a dos de sus compañeros choferes, en los cuales, uno de ellos perdió la vida tras ser acribillado por sicarios extorsionadores.
Un gran grupo de transportistas, familiares y vecinos del Callao con una actitud enfurecida y con indignación debido a la ola de inseguridad ciudadana, extorsiones y sicariato, que los azota diariamente salieron a las calles chalacas para alzar su voz de protesta y exigir justicia al Gobierno por el ataque y la muerte de sus compañeros mientras cubrían sus respectivas rutas de transporte, como los recientes casos registrados el día de ayer, 8 de abril.
El primer ataque ocurrió alrededor de las 11:30 a.m. en la cuadra 52 de la avenida Venezuela, contra una combi de placa AJU-943 de la empresa de transportes Emisca S.A., que trasladaba a pasajeros de Lima-Callao. El conductor, identificado como Luis Chinchay (65) fue baleado por sicarios que iban a bordo de una moto lineal. Producto del ataque, el vehículo se descarriló y chocó contra la fachada de un almacén. El chofer quedó herido y tuvo que ser llevado al Hospital Naval para una operación. Actualmente, su estado se mantiene en reserva.
Daniel Alexis Guillermo Díaz, de tan solo 25 años, otro chofer de combi que cubría la misma ruta que Chinchay, también falleció, tras ser herido de bala por delincuentes motorizados.
Mañana jueves 10 de abril se viene otro paro de transportistas: «No queremos más choferes muertos».
Transportistas piden que se vaya Dina Boluarte
Los enardecidos transportistas llegaron hasta el cruce de las avenidas Venezuela con Elmer Faucett, donde también llegó un gran contingente policial para impedir que sigan avanzando más y mantener la calma en la zona. Asimismo, uno de los trabajadores del transporte, cuestionó la inacción del Gobierno de Dina Boluarte para acabar con las bandas criminales.
«Seguridad y justicia por Daniel. Estamos cansados por pagar (S/5 soles diarios) en distintas partes, Lima-Callao. El gobierno dice que hay seguridad, pero no es así. (…) ¡Que se vaya Dina Boluarte, porque no hace nada por el pueblo! No hay seguridad, no estamos seguros. ¡Mañana también vamos a parar!», exclamó.
Asimismo, lamentó que los choferes del transporte público se hayan convertido en el nuevo blanco de los extorsionadores. Por ello pidió justicia por la muerte de su compañero Daniel Guillermo Diaz y pidió la renuncia de la presidenta de la República Dina Boluarte, porque «no hace nada por el país».
Motos lineales podrán transitar con dos ocupantes previa presentación de ‘salvoconducto’
Tras cuestionar los planteamientos de la Defensoría del Pueblo, finalmente el presidente de la Asociación de Motociclistas del Perú, llegó a un acuerdo con Josué Gutiérrez para que los conductores de motos durante el ‘estado de emergencia’ lleven copiloto, siempre y cuando éste se registre mediante un salvoconducto.
Como se recuerda, tras la propuesta de la Defensoría del Pueblo, que pedía que las motos lineales no salgan a circular de 6 p.m. hasta las 6 a.m. la Asociación de Motociclistas del Perú, a través de su vocero David Montes, rechazó dicha restricción horaria y respondieron: «La gente no trabaja solo hasta las 5 p.m.».
Comunicado de Defensoría del Pueblo que restringía el uso de motocicletas.
Sin embargo, luego de haber mantenido una reunión con el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, el presidente de la Asociación de Motociclistas del Perú, Ricardo Millones, contó que fijaron algunos acuerdos bilaterales. El más importante consiste en la modificación de la propuesta original, y se fijó introducir el uso de salvoconductos para permitir que dos personas viajen en una moto lineal.
Copilotos de motos deberán portar salvoconducto
El representante de los motociclistas explicó para Exitosa que, debido a que muchos ciudadanos respetuosos de la ley transitan en compañía de familiares, amigos u otras personas, se debe establecer excepciones a la norma propuesta. Por tal motivo, se implementará un sistema de salvoconducto.
“Nosotros hemos cedido en aceptar que las motos sean unipersonales durante el estado de emergencia. Pero llevamos copilotos: esposa, primos, hermanos, hijos, mamá o hasta un amigo. Se podrá llevar siempre y cuando estén registrados mediante un salvoconducto, el cual será gestionado a través de una aplicación diseñada para tal fin».
Motociclistas rechazaron propuesta de Defensoría que buscaba restringir su circulación.
¿Qué datos tendrá el salvoconducto?
El representante del gremio de motorizados afirmó que el documento incluirá nombre completo, DNI del pasajero y el motivo del traslado, ya sea por parentesco o simplemente por tratarse de una persona cercana.
«Se va a registrar a esta persona para tener constancia e identificación del motivo por el que va en la moto durante el estado de emergencia. Es una medida disuasiva», señaló. Según la versión de Ricardo Millones, las modificaciones se incorporarán en la propuesta que la Defensoría del Pueblo presentará al Poder Ejecutivo.
Solo en el imaginario del ministro Morgan Quero la educación en nuestro país está de maravillas. A inicios del año escolar, cientos de centros educativos no se encontraban en la condición de albergar a los estudiantes, presentando severos problemas de infraestructura, con ventanas rotas, techos de calamina partidos o carpetas carcomidas por el tiempo, y cómo no las extorsiones que obligan a cerrar indefinidamente a muchas de ellas. A pesar de ello, el titular del Ministerio de Educación (Minedu), Morgan Quero Gaime, afirmó la continuidad de los colegios a nivel nacional.
Todas sus palabras se estrellan con la lamentable realidad que viven miles de niños que tienen que asistir a un aula defectuosa, sentándose en un ladrillo o lo que sea que encuentren. Ahora, en la institución educativa Juan José Bardales Chuquipiondo, ubicada en Iquitos, cerca de 100 alumnos tienen que proseguir con sus clases en un restobar luego que su colegio fuera declarado como “no habitable”.
En medio de cajas de cerveza y botellas de licor, los menores reciben sus clases en ese insólito espacio, a la espera de que las autoridades se dignen a reparar su centro educativo.
fuente: bdp.
En tanto, la directora de la mencionada institución educativa, Margia Lita Gálvez Ochavano, ha detallado que, pese a los esfuerzos realizados, no se ha logrado aún una solución concreta para reubicar a los alumnos en un ambiente adecuado. Por su parte, una docente de la institución educativa en cuestión, hizo un llamado al gobernador regional para que los ayude en esta difícil situación.
“Ya tenemos, señor gobernador, el título que usted nos prometió para hacer nuestra escuela. Ayúdenos, no a nosotros, los maestros, sino a los niños que tienen derecho a la educación. Ese derecho no se lo podemos quitar”, manifestó la docente.
Recordemos otra desatinada declaración del ministro Quero
Durante la realización del APEC 2024 en nuestro país, el titular del Minedu salió muy risueño a declarar que mientras dure ese importante evento los alumnos recibirían clases virtuales, afirmando que ellos “están conectados y felices”; sin embargo, la realidad, nuevamente, es totalmente distinta.
De acuerdo al ex viceministro de Gestión Institucional del Minedu, José Luis Gargurevich, solo el 46 % de los hogares en Lima tiene acceso a una conexión a internet estable.
Motociclistas rechazan propuesta de Defensoría que busca restringir su circulación
Tras la propuesta de la Defensoría del Pueblo que quiere que las motos lineales no salgan de 6 p.m. hasta las 6 a.m. el vocero de la Asociación de Motociclistas del Perú, David Montes, rechaza la restricción horaria y le responde: «La gente no trabaja solo hasta las 5 p.m.»
El vocero de la Asociación de Motociclistas del Perú, David Montes Quiñones, rechazó la propuesta de la Defensoría del Pueblo de restringir la circulación de motos entre las 6 p.m. y las 6 a.m. como medida para reducir la ola criminal y el sicariato. En ese sentido, refirió para Exitosa que la Defensoría está «promoviendo» que se vulnere el derecho al libre tránsito de «personas de bien».
«La Defensoría del Pueblo está promoviendo que se vulnere el derecho al libre tránsito de personas de bien, de personas que van a trabajar. Las personas no trabajan hasta las 5 de la tarde. Muchas personas viven lejos de su zona de trabajo y no podrán usar su moto porque el defensor del Pueblo tiene la primacía de la realidad muy alejada de la que vivimos», aseveró Montes Quiñones. Asimismo, indicó que en Colombia se adoptaron medidas similares, pero que no funcionaron para disminuir la criminalidad.
Comunicado de Defensoría del Pueblo que restringe el uso de motocicletas.
«La delincuencia está campando a sus anchas a nivel nacional. No negamos que deben tomarse medidas drásticas para reducir la delincuencia, pero que sean efectivas. Hemos mostrado informes y estudios de lugares donde también se ha ejecutado esta medida, como Colombia, que señalan que esta disposición no funciona», sostuvo.
Afirma que restricción afectará a más de 3 millones de moteros
Por otro lado, David Montes continuaba arremetiendo contra la Defensoría del Pueblo y advirtió que la propuesta de la Defensoría de restringir la circulación de motos lineales por una franja de 12 horas, afectará a cerca de 3.5 millones de personas a nivel nacional.
Comunicado de la Asociación de Motociclistas del Perú en su red social.
«Estamos hablando de afectar a cerca de 2 millones de personas en Lima o 3.5 millones de personas a nivel nacional por un impacto que ni siquiera está propuesto. En esta propuesta, ni siquiera se menciona cuál podría ser el resultado beneficioso para la seguridad ciudadana», concluyó.
Migraciones ordenó expulsión de más de 760 venezolanos que violaron la ley
La entidad adscrita al Mininter realizó más de mil operativos de verificación migratoria, junto a la PNP en diversas regiones del país. A los extranjeros intervenidos se les aplicó el Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE), que establece su expulsión en un plazo máximo de 24 horas.
La Superintendencia Nacional de Migraciones, en un trabajo conjunto con la Policía Nacional del Perú (PNP), realizó 1,123 operativos de verificación y fiscalización migratoria, entre enero y marzo del presente año, y ha ordenado la expulsión de más de 760 personas extranjeras de nacionalidad venezolana, por haber vulnerado la legislación migratoria.
Desde julio de 2024 venezolanos deberán tener ‘visa’ y ‘pasaporte vigente’ para ingresar a Perú.
Los operativos se realizaron en 16 regiones
Del total de operativos que efectuó Migraciones, 20.93 % se realizaron en Puno, 11.84% en Pucallpa, 10.15 % en Tumbes, 9.26 % en Tarapoto, 7.21 % en Lima, 5.88 % en Arequipa, 5.25 % en Chimbote, y el resto de porcentaje lo completan Callao, Chiclayo, Cusco, Huancayo, Ica, Iquitos, Puerto Maldonado, Trujillo y Tacna. En los operativos se verificó los documentos de los extranjeros intervenidos, para poder acceder al control de sus identidades y conocer sus situaciones migratorias, mediante la corroboración en tiempo real de la información proporcionada, a través del uso de tabletas electrónicas, que se encuentran interconectadas a la base de datos de Migraciones.
Según CPI, el 95 % de peruanos exigía la inmediata expulsión de delincuentes venezolanos.
A los 760 ciudadanos venezolanos se les aplicó el Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE), que establece la rápida expulsión de los infractores en un plazo máximo de 24 horas, por haber ingresado al Perú sin cumplir con la normativa migratoria y/o representar una amenaza para la seguridad nacional y el orden interno. El PASEE consta de una fase instructora y otra sancionadora, mediante la cual se les comunica a los infractores las respectivas imputaciones en su contra. Tras finalizar dicho proceso, Migraciones, a través de sus jefaturas zonales, emite las órdenes de expulsión, que inmediatamente son ejecutadas por la Policía Nacional del Perú (PNP).
Bien dicen que cuando nos llevamos un alimento a la boca también estamos ingiriendo algo de los aditivos, pesticidas y microplásticos que frecuentemente van acompañados en las comidas, sea ese tomate, el pollo, o los tubérculos que ponemos en nuestra mesa. Pero la dieta de Marcelino Abad Tolentino, mejor conocido como ‘Mashico’ es ajena a todos esos elementos químicos que ahora se han hecho costumbre en la producción masiva.
Puede que su alimentación sana, sumada a un ambiente limpio de polusión y la actividad física le hayan permitido llevar una vida en armonía con la naturaleza, la cual le viene regalando 125 larguísimos años. Ya muchos darían todo el dinero del mundo por vivir un año, un mes, una semana o solamente un día, ajenos a las enfermedades o los dolores típicos del paso del tiempo, sin embargo, han preferido la modernidad a una vida balanceada con la ‘Madre naturaleza’.
Don ‘Mashico’ no sabe lo que es un cigarro, o una botella del más exclusivo whisky, o sentarse en los más opulentos restaurantes con la calificación michellin, pagando miles de soles para que le den un plato con burbujas y servido por cinco personas. Él solo come lo que produce de su huerto, lo que recoge de su palto o las plantas medicinales que ha sabido reconocer a lo largo de las décadas. ¿El resultado? Mientras miles esperan meses o años para una mesa en un restaurante que ofrece “insumos de altísima calidad”, elaborado por los mejores cocineros del mundo, al centenario anciano solo le bastó cosechar y sembrar para tener una vida más prolongada.
fuente: latina noticias.
Nacido un 5 de abril de 1900, Marcelino Abad, natural de las profundidades de Huánuco, ha visto a presidentes y reyes morir, a pedantes ministros y déspotas dictadores sucumbir ante el levantamiento de las masas, países desaparecer por intereses comerciales o políticos, megaestrellas del cine o el deporte perecer a corta edad víctimas de una vida desbocada u frenética, altivos generales irse de este mundo con sus botas puestas, reinas de belleza corroborar año a año frente a un espejo que solo su corona permanece inmutable.
Con sus 130 centimetros de altura, ‘Mashico’ es el vivo ejemplo de que todo lo podemos conseguir en la naturaleza si la sabemos preservar y respetar, alimentandonos con solo lo necesario y llevando una vida de arduo trabajo en el campo y reconfortante descanso al aire libre.
Bus de la empresa ‘El Rápido’ es baleado minutos después de iniciarse el paro de transportistas [VIDEO]
Ataque no ocasionó víctimas mortales. Conductores de las empresas de Lima Norte se encuentran desprotegidos ante la pasividad del gobierno de Dina Boluarte.
¿Y el estado de emergencia? De nada sirven los ‘Cuartos de Guerra’ si la población se encuentra sometida a las organizaciones criminales que día a día tiñen de sangre las calles de la ciudad. Colegios, mercados, ambulantes, emprendedores, taxistas y choferes de transporte público; todos por igual tienen que pagar a los extorsionadores para que los dejen vivir un día más. En tanto, la jefa de Estado se aparece impoluta y adusta bajo la seguridad de sus ministros y comandantes, asegurando que la criminalidad ha disminuido.
Un bus de la empresa de transporte ‘El Rápido’ ha sido baleado esta madrugada, minutos después de que iniciara el paro de transportistas convocado para hoy. Los criminales no dudaron ni un segundo en disparar sobre la unidad móvil pese a encontrarse con pasajeros. Afortunadamente ninguno de ellos recibió un impacto de bala.
Los ataques contra los buses de transporte público se han vuelto más frecuentes durante las últimas semanas y, lamentablemente, 15 transportistas han perdido la vida en lo que va del 2025. El dato fue compartido por la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), la misma que a través de la protesta exige respuestas de las autoridades para frenar la ola delincuencial.
fuente: bdp.
Transportistas salen a marchar al Congreso por muerte de conductor
Como se recuerda, el último sábado un nuevo atentado contra la empresa de transportes Etuchisa, conocida como ‘Los Chinos’, dejó como víctima mortal al chofer Loymer Noé Benigno, de 38 años. El ataque ocurrió en plena vía pública, en la avenida Alfredo Mendiola, frente a la Universidad César Vallejo, en el distrito de Los Olivos. Dos sicarios a bordo de una motocicleta interceptaron el bus, que en ese momento trasladaba pasajeros, y abrieron fuego directamente contra el conductor. A pesar de los esfuerzos por auxiliarlo, Benigno falleció mientras era trasladado de emergencia a un hospital cercano. Los pasajeros, aunque aterrados, resultaron ilesos.
El libro ‘Coquito’ es declarado Patrimonio Cultural de la Nación
La legendaria primera edición del texto educativo de Everardo Zapata Santillana, y que contribuyó a la instrucción escolar de millones de peruanos de diferentes generaciones, ha sido reconocida por su trascendencia histórica y pedagógica.
La primera edición del libro ‘Coquito’, de 1955, del autor Everardo Zapata Santillana, la cual contenía ilustraciones de Raúl Tamayo Calderón y Víctor Valdivia Miranda, fue declarada, mediante Resolución Viceministerial n.° 000081-2025-VMPCIC/MC, del Ministerio de Cultura, como Patrimonio Cultural de la Nación, por su importancia histórica y pedagógica en el país.
De acuerdo al dispositivo del Mincul, los textos escolares creados por el educador arequipeño próximo a cumplir 99 años de edad, son considerados como un hito en la enseñanza de la lectura y escritura en Perú y en otras regiones de América Latina. Para hacerse acreedor al importante reconocimiento que le da la condición de patrimonio cultural, la Biblioteca Nacional del Perú (BNP) indicó cuatro criterios: el legado del autor, la contribución de la obra al desarrollo social y educativo, la singularidad de la primera edición, así como sus características materiales.
‘Coquito’ es considerado un hito en la enseñanza de la lectura y escritura nacional, y ha formado a varias generaciones de estudiantes en el Perú y de otras partes de Latinoamérica.
Everardo Zapata Santillana, autor del libro Coquito.
‘Coquito’ será llevado al cine
Asimismo, el libro del educador arequipeño Everardo Zapata Santillana será llevado al cine con la cinta: ‘Coquito, la película’, dirigida por Eduardo Guillot, cineasta que en su haber tiene películas como ‘Caiga quien caiga’ (2018) y ‘La Pasión de Javier’ (2019). Según información, el rodaje será en Arequipa.