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Batalla en las tierras del norte: una encrucijada legal manchada por  la mala fe y el lobby político

Recientemente la trama legal de Aspillaga Anderson Hermanos S.A. ha saltado a la prensa. Esta empresa fue declarada en quiebra el 10 de noviembre de 1969 y perdió sus tierras eriazas que revertieron al Estado. Hoy, esa misma empresa pretende confundir a los magistrados para recuperar el terreno con el cual dejaría sin agua a los empresarios agrícolas de la zona. Documentos revelan la mala fe de la empresa Aspillaga Anderson Hermanos S.A. cuya abogada es la excandidata presidencial Lourdes Flores Nano.

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La historia comienza hace más de un siglo, cuando Aspillaga Anderson Hermanos S.A., compra el año 1859 el fundo Cayalti, y tuvo una breve época de prosperidad. Luego, fue declarada en quiebra por Auto del Segundo Juzgado Civil de Lima de 8 de noviembre de 1969.

El Estado peruano a partir 1949 dicta una serie de leyes para desarrollar la agricultura en el país, leyes que incluían como pena la reversión al Estado de todos los terrenos eriazos abandonados por sus propietarios.

A finales de 1969 se promulga el Decreto Supremo que afecta con fines de Reforma Agraria la totalidad de los fundos de propiedad de Aspillaga Anderson Hermanos S.A.

Un año después, la escritura pública que traslada a la dirección de Reforma Agraria los predios de Aspillaga Anderson Hermanos S.A, es firmada por el juez de tierras en rebeldía del síndico departamental de quiebras y en ella aparecen que no son expropiados 29,299.24 hectáreas de terrenos eriazos las que se incorporaban al dominio del Estado precisamente por ser terrenos eriazos y abandonados. Es aquí cuando Aspillaga Anderson Hermanos S.A. pierde todas sus tierras, una expropiadas y pagadas por la Reforma Agraria y otras por ser eriazas y abandonadas.

Casi 20 años después y como parte de un ordenamiento territorial, en 1989 y 1990, se dictó el Decreto Legislativos 556 y la Ley 25303, leyes de presupuesto para 1990 y 1991 cuyos artículos 410 y 218 respectivamente, contienen la disposición de transferir y no de expropiar a nadie los terrenos eriazos de propiedad del Estado a los organismos de desarrollo de la región norte, y ordenan que se inscriba ese traslado en los registros públicos.

En 1999 el Estado convoca a licitación pública internacional para la compra de 6 mil hectáreas de terrenos eriazos de su propiedad y el año 2000 Agrícola Cerro Prieto S.A gana la licitación pública internacional, firma con el Estado un contrato de compra-venta e inscribe sus derechos en los registros públicos.

Con la garantía y la aprobación del Estado construye con su dinero un canal para llevar agua desde el canal Talambo-Zaña a sus tierras e invierte en siembra para convertir esos eriazos en terrenos agrícolas.

Contrato de la compra de las tierras realizada por Agrícola Cerro Prieto.

La mala fe de Aspillaga Anderson Hermanos S.A.

Es ahora, que después de 35 años de inactividad que Aspillaga Anderson Hermanos S.A despierta y se dedica a que el Estado le devuelva esas 29 mil hectáreas que habían revertido por eriazas y abandonadas, y para ello le inicia al Estado un juicio donde se desinforma a los magistrados haciéndoles creer que había sido expropiada por las leyes de 1989 y 1990, bajo el argumento que no se les había pagado. Dentro de estos terrenos que se reclama estaba todo el terreno propiedad de Agrícola Cerro Prieto, su canal de regadío, la infraestructura hidráulica que le habían permitido irrigar esas hectáreas con una inversión de 100 millones de dólares. En ese juicio Aspillaga Anderson Hermanos S.A. no incluye a la empresa Agrícola Cerro Prieto y el año 2009 obtiene de la segunda sala del Tribunal Constitucional sentencia favorable que le devuelve todas las hectáreas reclamadas, con lo que se apropia sin haber invertido un sol de toda la tierra que Agrícola Cerro Prieto compró al Estado con el canal de regadío, la infraestructura hidráulica y todos los sembríos.

Ese mismo 2009, Agrícola Cerro Prieto se ve obligada a enjuiciar tanto al Estado como a la empresa Aspillaga Anderson Hermanos S.A. y el año 2011 el pleno juridiccional del Tribunal Constitucional le devuelve sus tierras y declara expresamente que Aspillaga Anderson Hermanos que en el juicio que inicio en el 2004 y que acabó en el 2009 se excluyó indebidamente a Agrícola Cerro Prieto, faltó a los principios de la buena fe procesal y presentó documentos registrales incompletos, induciendo a error a todos los magistrados del Tribunal Constitucional. También ordena que el Estado le pague a Aspillaga Anderson Hermanos S.A. por esas tierras que ahora eran de la empresa Agrícola Cerro Prieto.

A partir de ahí Aspillaga Anderson Hermanos, judicialmente inicia una serie de maniobras destinadas a quitarle el agua a Agrícola Cerro Prieto, ya que no le pudo quitar las tierras ahora pretende quitarle el agua. Pide al Tribunal Constitucional que se declare nula la servidumbre de acueducto que le permite llevar agua del canal Talambo-Zaña a sus tierras, perjudicando a todos los usuarios del canal. El TC en el año 2012 dictó nueva resolución llamando la atención del juez por incumplimiento de su deber de administrar justicia. Califica nuevamente la conducta procesal de Aspillaga Anderson Hermanos como completamente alejada de los principios de la buena fe procesal y rectitud al intentar por otras vías conseguir lo que les había sido negado por el Tribunal Constitucional, declara que  Aspillaga Anderson Hermanos ha vulnerado la cláusula Constitucional que impide el abuso del derecho al pretender ilegitima y abusivamente enervar la sentencia del TC a favor de Agrícola Cerro Prieto y ordena a los registros públicos ratificar las inscripciones de Agrícola Cerro Prieto y de su servidumbre otorgada por el Estado.

A pesar de todo lo que el TC les dice, Aspillaga Anderson Hermanos continúa junto a sus abogados, entre ellos Lourdes Flores Nano (ex candidata presidencial), con sus maniobras legales, y el TC nuevamente el 12 de julio del 2013 vuelve a sentenciar declarando que la indemnización que debe pagarle el Estado a Aspillaga Anderson Hermanos debe comprender el valor del área afectada por el contrato de establecimiento de servidumbre. Es decir, el terreno en donde se encuentra construido el canal de regadío.

Terrenos eriazos antes de ser comprado por Agrícola Cerro Prieto.

Ahora así lucen los terrenos comprados y trabajados por Agrícola Cerro Prieto.

El 30 de abril de 2014 el TC dispone que debe indemnizarse a Aspillaga Anderson Hermanos ampliándose la sentencia del 2013, y ordenando que la indemnización justipreciada comprenderá “el valor de la expropiación del área afectada por el contrato de establecimiento de servidumbre, el terreno eriazo adyacente entre el canal y la propiedad de ACP que se considerará para uso exclusivo de los beneficiarios de la servidumbre y de más derechos reseñados en el fundamento 36c de su sentencia del 2012”.

A pesar de ello, llama la atención de los abogados patrocinantes de Aspillaga Anderson Hermanos (doctoras Lourdes Flores Nano y Alicia Augusto Temple) por su conducta procesal y abierto desacato al Tribunal Constitucional.

Con posterioridad Aspillaga Anderson Hermanos a pesar de todo lo que se ha dicho insiste en dejar sin agua a Agrícola Cerro Prieto, y aprovechándose que en enero del 2021 en otra sentencia del TC esta dice que el juez es el que debe determinar el tamaño del área  a expropiar entre el canal del regadío y la tierra propiedad de Agrícola Cerro Prieto,  teniendo en cuenta lo que ordena la sentencia, consigue que la jueza ejecutora del primer juzgado ignorando la orden del TC y amparándose en un informe presentado por Aspillaga Anderson Hermanos y una pericia del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, ambos partes interesadas e ignorando el informe de ACP declara que solo debe indemnizarse por la zona por donde está el canal. Es decir, solo el área afectada por el contrato de establecimiento de servidumbre, y le quita a ACP el íntegro del terreno eriazo entre el canal y la propiedad en donde actualmente se encuentra sus reservorios y toda la infraestructura hidráulica. Es decir, la deja sin agua, sin la cual no funciona una empresa agrícola.

¿Lobby político?

En este proceso hay detalles que han despertado la atención del Tribunal Constitucional, y actualmente también del periodismo. Uno de los nombres que resalta en medio de esta pugna legal es el de Lourdes Flores Nano, una abogada y líder política peruana que incluso postuló a la presidencia de la República del Perú.

Otro detalle que salta a la vista es el pasado de Flores Nano, ya que fue imputada por lavado de activos por presuntos aportes recibidos de las constructoras Odebrecht y Camargo y Correa durante las campañas de 2006 (presidencial) y 2010 (municipal). Los recordados lobistas brasileños que se jactaban de poner y sacar presidentes en el continente.

Recordemos, además, que Lourdes Flores reconoció que recibió en su casa de Lima a los exdirectivos de Odebrecht en Perú, Jorge Barata y Raymundo Trindade, pero aseguró que no pidió dinero “en esa reunión, de ninguna manera”.

Además, como no recordar su vinculación César Cataño, personaje que terminó preso por narcotráfico. En esa época Flores Nano se convirtió en Presidenta del Directorio de la empresa aérea Peruvian Airlines de propiedad de Cataño, y en su momento señaló que aceptó el cargo “porque tengo la certeza de que  no hay nada irregular y porque creo en el éxito y en la competencia” y además mencionó que asesoraba al empresario desde el 2001, ya que se trataba de “un hombre que surgió desde abajo, y que  su patrimonio es producto de su trabajo”.

Parece que tener una abogada con contactos en la política y en las instituciones que imparten justicia resultaría beneficioso para una empresa como Aspíllaga Anderson Hermanos S.A. ¿será por eso que la defensa legal desacató las disposiciones del Tribunal Constitucional? Al parecer hay personajes que creen estar por encima de la ley.

Lamentablemente, en nuestro país y sobre todo en nuestra política, el lobby se encuentra asociado a acciones oscuras como la corrupción o tráfico de influencias, y este flagelo en los últimos años ha campeado en diversas instituciones como la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial.

Jueces ejecutores y la presunta corrupción

Revisando la documentación de esta batalla legal entre la empresa Agrícola Cerro Prieto y la empresa Aspíllaga Anderson Hermanos S.A. encontramos diversos hechos que especialistas en el tema han denominado como actos de presunta corrupción.

Según fuentes, en este oscuro proceso a favor de Aspíllaga Anderson Hermanos S.A. se estaría presionando e influenciando a los jueces ejecutores para impedir cumplir lo que ordenó el Tribunal Constitucional. Parece que las conversaciones bajo la mesa de los remanentes “cuellos blancos” continúan debilitando las instituciones encargadas de impartir justicia en nuestro país. En medio de esto, los jueces ejecutores continúan incumpliendo lo ordenado por el Tribunal Constitucional. Un claro hecho que despierta demasiadas suspicacias.  

Victimización como estrategia

Ahora desde la vereda de la empresa Aspíllaga Anderson Hermanos, se empieza a lanzar información errónea sin contar la historia completa que se encuentra documentada desde el año 1969. A esto se suma la aparición de algunos representantes de los Aspillaga Anderson Hermanos que han comenzado a salir en los medios victimizándose. Lo que sorprende es que utilizan la poca rigurosidad del dominical Panorama para darle tribuna a Domingo García Belaunde, que aparece como experto constitucionalista, según fuentes este señor sería abogado de la empresa Aspillaga Anderson Hermanos. Aquí faltó realizar el disclaimer. A un programa de periodismo de investigación no se le puede escapar la tortuga.

Aquí lo que ocurre realmente es que la empresa Aspíllaga Anderson Hermanos S.A. que alguna vez tuvo dinero, se empecina en no ceder el terreno por donde transita el agua para el desarrollo agrícola de la zona, y esto al parecer se debe a que ya tendría en los registros públicos un desesperado compromiso de compra-venta del terreno por donde pasa el agua. Todas las hectáreas que se encuentra en disputa, ya se estarían ofreciendo a la venta en España como terreno agrícola. Un gran negocio en un país donde el tráfico de tierras se ha convertido en uno de los principales motores de la corrupción.

Intentamos comunicarnos con algún representante de la empresa Aspillaga Anderson Hermanos S.A. pero no tuvimos respuesta hasta el cierre de este informe. De la misma forma nos comunicamos vía telefónica con la defensa legal de Agrícola Cerro Prieto, y sobre el tema señalaron: “Yo le voy a rogar que me disculpe, pero este es un asunto que se esta viendo en el Poder Judicial, entonces, mi postura y la postura de la empresa es no discutir esto periodísticamente, sino, que sea el Poder Judicial el que en su momento resuelva”.

Nos queda claro que la actuación del Tribunal Constitucional es clave en esta batalla legal, donde la documentación revela hechos que no favorecen a la empresa Aspillaga Anderson Hermanos, por ello, parece que su estrategia es hacer ruido en los medios para presionar mediáticamente.

Además, es importarte señalar que Agrícola Cerro Prieto es una empresa que lidera el mercado de paltas, arándanos y espárragos, y da empleo a más de 16.000 peruanos. Por su parte, Aspillaga Anderson Hermanos, actualmente no cuenta con producción agrícola y no lidera ningún mercado, tampoco tiene actividad distinta a la trama legal.

Aspillaga Anderson Hermanos y otras empresas están demandando al Estado y obteniendo en base a las maniobras de sus abogados cuantiosas indemnizaciones que son pagadas con el dinero de todos los peruanos, y, además, la devolución de miles de hectáreas de terreno que revertieron al Estado por ser abandonadas. Esto está generando una enorme problemática en los proyectos de inversión como Majes-Siguas y Chavimochic. Lamentablemente, frente a esto el Estado no solo pierde tierras, también se calcula que perderá más 6 mil 600 millones en oscuras indemnizaciones.

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Universidad Telesup cerró sus puertas tras 20 años de funcionamiento

Sunedu le denegó licencia tras incumplir las Condiciones Básicas de Calidad (CBC).

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En 2019, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) decidió negar la licencia institucional a la Universidad Privada Telesup, que contaba con más de 20 mil estudiantes, debido a que no cumplía con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) establecidos en la Ley Universitaria.

Según la resolución  N° 068-2019-SUNEDU/CD emitida por la SUNEDU, la universidad debía iniciar un cierre ordenado en un plazo máximo de dos años y, desde ese momento, se le prohibió la admisión de nuevos alumnos.

Entre las deficiencias detectadas se encontraron la falta de infraestructura adecuada, problemas en la gestión y administración, y un plan docente que no cumplió con los requisitos mínimos de titulación y experiencia.

Sede de SJL se hizo conocida por tener una fachada ‘cascarón’.

Transcurrido ese periodo de cierre, la SUNEDU ha comunicado el cierre definitivo de la Universidad Telesup el pasado 4 de setiembre. Ante ello, los cerca de 20 mil estudiantes de esa casa de estudios tendrán que continuar con sus carreras en otros institutos y universidades, convalidando algunos de los cursos completados.

Pese a la clausura, SUNEDU ha salido a aclarar que los títulos y grados académicos otorgados durante el periodo de cierre seguirán siendo válidos y reconocidos.

Otras universidades que no consiguieron el licenciamiento

Asimismo, la SUNEDU ha llevado a cabo un riguroso proceso de licenciamiento para asegurar que todas las universidades en el Perú cumplan con las condiciones básicas de calidad requeridas por la Ley Universitaria. Este proceso ha resultado en la denegación del licenciamiento a varias instituciones de educación superior, lo que ha generado un impacto significativo en el panorama educativo del país. Otras universidades que no consiguieron su licenciamiento son: Universidad Alas Peruanas (UAP), Universidad Científica del Perú (UCP), Universidad Privada Juan Pablo II (Ujpii), o la Universidad Privada de Pucallpa.

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Solo un tercio de los postulantes aprobaron examen de Serum elaborado por el Minsa [VIDEO]

Titular del Minsa, César Vásquez, responsabiliza a las universidades por bajas calificaciones.

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Resultados para morirse. No solo el sistema de salud en nuestro país está para llorar, con citas médicas que pueden durar meses de espera, con escasez de medicamentos, indiferencia de algunos malos profesionales para atender a sus pacientes, pésima infraestructura en algunos centros médicos, o el sobrecosto de los medicamentos, algunos imposibles de costear para alguien que alcanza a duras penas el sueldo mínimo; sino que los futuros profesionales no vienen dando la talla para tan importante responsabilidad.

El pasado domingo se llevó a cabo la evaluación para el Servicio Rural Urbano Marginal de Salud (Serums) 2024 -II, y el lunes el Ministerio de Salud (Minsa), publicó los terribles resultados.

El examen, en el que participaron más de 13 mil profesionales de salud, fue clave para la asignación de plazas en las áreas de medicina, enfermería, nutrición, obstetricia, odontología y química farmacéutica.

Según el reporte, los resultados arrojaron un panorama mixto, con un rango de notas aprobatorias entre 10.6 y 15.6. La evaluación reveló que solo el 31% de los postulantes, pertenecientes a diversas carreras de salud, lograron obtener una calificación aprobatoria.

La carrera de enfermería destacó por tener el mayor número de desaprobados, con notas que oscilaron entre 1 y 10.4. De los más de 2 mil postulantes de medicina, apenas 1,195 lograron aprobar con notas entre 10.6 y 15.6, destacando las regiones de Lima Sur, La Libertad y Lima Norte como las que más profesionales aprobaron.

En el área de nutrición, solo 125 profesionales alcanzaron una nota aprobatoria, con un rango de 10.6 a 14.2. Por otro lado, la carrera de obstetricia vio a 219 postulantes aprobar, con una nota máxima de 14.8. 

En odontología, la tasa de aprobación fue particularmente baja, con solo el 33.2% de los postulantes alcanzando una calificación aprobatoria, mientras que el 66.8% desaprobó con notas entre 2 y 10.4.

Titular del Minsa responsabiliza a las universidades por baja calificación

Conocidos los resultados, el ministro de Salud, César Vásquez, ofreció una breve declaración a los medios de prensa tras su salida de Palacio por el cambio de cuatro ministros de Estado.

El ministro Vásquez manifestó que la responsabilidad de la formación de los profesionales no es del ministerio, sino de las universidades, por lo que invocó a los representantes de estos centros de estudio a reunirse a fin de tratar este tema. “De acuerdo a una encuesta, el 67% de peruanos se atiende en centros de salud; entonces lo que estamos haciendo no es una improvisación, es parte de la política de gobierno de fortalecer el primer nivel de atención, lo cual implica infraestructura, equipamiento y personal”, expuso.

fuente: exitosa.

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Ripley anuncia el cierre de su tienda en el edificio Palais Concert

Conocida tienda por departamentos la había inaugurado en el año 2012 pese a que edificación es un patrimonio cultural.

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La conocida tienda por departamentos Ripley anunció el cierre de 2 de sus 33 locales a nivel nacional, quedándose ahora con 31. La primera de ellas se encontraba ubicada en el centro comercial Plaza del Sol, en Piura; mientras que la segunda se ubicaba en pleno jirón de la Unión, en Cercado de Lima.

Mediante un comunicado, Ripley explicó que esta decisión se tomó como parte de una evaluación constante del desempeño de sus puntos de venta.

Según indicó la compañía, las tiendas cerradas representaban una porción menor de las ventas en el retail peruano. 

De los dos cierres resalta más por su valor histórico la que se ubicaba en el Palais Concert, lugar emblemático donde se reunía la literatura peruana así como intelectuales de la primera década del 1900.

“El Perú es Lima, Lima es el jirón de La Unión, el jirón de La Unión es el Palais Concert y el Palais Concert soy yo”, señalaba el escritor peruano Abraham Valdelomar para describir a ese café que sirvió como punto de encuentro de intelectuales, artistas y periodistas de la época.

A propósito de ello, Lima Gris público hace 12 años que la conocida tienda habría sido autorizada para la remodelación del Palais Concert en presunta confabulación con la entonces gestión de la Municipalidad de Lima y el Ministerio de Cultura. En esa oportunidad logramos comunicarnos con la entonces regidora de la comuna limeña Mónica Erazo Trujillo, advirtiendo que dicha tienda por departamentos no contaba con las autorizaciones respectivas, ya que se trataba de un inmueble considerado como patrimonio cultural.

Aquí el video de la entrevista:

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ATU convoca a ‘Consejo de Estado’ para impulsar medidas contra extorsiones a transportistas

Ante los recientes casos de extorsión que reciben las empresas de transporte público y ante los tres asesinatos de transportistas por negarse a pagar cupos, la Autoridad de Transporte Urbano convocó con carácter de urgencia a una sesión de Consejo de Estado.

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La Autoridad del Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) envió un oficio al Ministerio del Interior (Mininter) en el que se convoca a una sesión de Consejo de Estado, con el objetivo de plantear medidas urgentes para enfrentar a la extorsión y evitar más crímenes, como los asesinatos de tres transportistas realizados durante las últimas semanas.

A través de un comunicado, la entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) remarcó el carácter de urgencia para adoptar estrategias entre los tres Poderes del Estado con el fin de salvaguardar la seguridad del sistema de transporte en beneficio de los ciudadanos.

“La ATU hoy ha remitido al Ministerio del Interior el oficio N° D – 000082-2024-PE, solicitando la elevación al Ejecutivo de la propuesta de convocatoria a ‘Sesión de Consejo de Estado”, se lee en el comunicado.

Comunicado de la ATU.

El Consejo de Estado deberá frenar la ola de extorsiones

En el documento, también se precisa que los crecientes niveles de inseguridad han originado que el servicio de transporte urbano se vea seriamente afectado; por ello, promueve mesas de trabajo entre operadores de transportes y la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú (Dirincri). Asimismo, la ATU resaltó que su pedido tiene el propósito de “aunar esfuerzos con la PNP, que permita intensificar las acciones preventivas en puntos álgidos, así como las investigaciones que contribuyan a la desarticulación y lucha contra la criminalidad”.

Extorsionadores asesinaron a chofer de combi de empresa “El Mandarino”.

Como se sabe, en los últimos días, varias empresas de transporte público han sufrido ataques por parte de extorsionadores. El más reciente tuvo como víctima a un conductor de un bus de la empresa Etul 4. Los hechos se dieron la noche del último viernes, a la altura del sector de Nueva Esperanza, dejando al conductor herido y a los pasajeros en estado de pánico. Dos delincuentes a bordo de una motocicleta interceptaron el bus de la línea P, que cubre la ruta hacia Huaycán.

Este es el cuarto ataque registrado en las últimas semanas contra empresas de transporte público, lo que apunta a una posible campaña de extorsión por parte de organizaciones criminales. Otras empresas afectadas incluyen Etuchisa, conocida como “El Chino”, y “El Ubita”, cuyos vehículos, al igual que el “Naranjito” y “El Mandarino”, han sido blanco de atentados similares.

La reiteración de estos ataques ha generado que muchos conductores teman por sus vidas, al ser víctimas de posibles ajustes de cuentas o extorsiones; un método comúnmente utilizado por mafias para exigir pagos de cupos a cambio de “protección”. No obstante, hasta la fecha, los extorsionadores, mediante sicarios ya han asesinado a tres transportistas.

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En Trujillo extorsionadores exigen a residentes de condominios S/50 diarios por familia

¡Indignante! La criminalidad en la ciudad de la eterna primavera ya se desbordó, al punto que extorsionadores han detonado un explosivo en el pórtico de un condominio, para aterrorizar y obligar a cada familia a pagarles un cupo de S/50 soles por día.

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La criminalidad en Trujillo se ha vuelto incontrolable y, en esa línea, los vecinos que residen en los condominios ‘Villa Las Flores’ denunciaron haber recibido amenazas constantes de parte de extorsionadores, quienes para atemorizar a los residentes detonaron un artefacto explosivo en el pórtico de acceso del centro habitacional. Ellos viven bajo miedo y amenazas, tras la aparición de mensajes en papel en los alrededores del condominio, en donde los criminales exigen el pago de S/50 soles diarios por familia, a cambio de permanecer con vida.

Como es habitual, esta práctica delictiva solo se realizaba en pequeños negocios, emprendimientos y hasta empresas; sin embargo, resulta insólito que, además de viviendas convencionales, un complejo multifamiliar en donde viven más de 40 familias, sea extorsionado para pagar cupos.

Para infundir miedo detonaron una granada en ingreso de condominio

Una residente del condominio ‘Villa Las Flores’, en Huanchaco, Trujillo reveló que durante la semana dos sujetos a bordo de una moto lineal hicieron estallar un explosivo en la entrada del centro habitacional, generando terror entre los residentes.

“Dos sujetos a bordo de una moto lineal explotaron una bombarda en la puerta del condominio. Esto ya sobrepasó los límites. Le pedimos a la Policía que no nos abandonen”, comentó en Exitosa. Como se sabe, en Huanchaco, hay un total de 10 condominios, y una gran mayoría de estos habría recibido amenazas, y en consecuencia, pagarían cupo por garantías contra sus vidas.

“Tenemos el conocimiento de que, por casa, piden 50 soles. Si no acceden, amenazan con atentar contra nuestra vida. Aquí no tenemos luz ni agua estable, somos personas humildes”, reveló un vecino.

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Canal Digital TVGO masifica su oferta televisiva en el Perú

Digital TVGO, anuncia el potenciamiento de su parrilla informativa, con lo que busca llegar a todo el Perú a nivel masivo a través de contenidos multiplataforma con el cableoperador Best Cable.

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El canal de noticias Digital TVGO, fundado en 2021 por el abogado y empresario Luis Alfonso Morey, ampliará su cobertura informativa a todo el Perú gracias a su potenciamiento en la oferta de contenidos de Best Cable, empresa peruana líder en servicios de telecomunicaciones, televisión por cable e internet 100% fibra óptica. 

Digital TVGO reafirma su compromiso con un periodismo independiente y plural, tras su incursión y posicionamiento en mercados internacionales, como Panamá, el canal de noticias proyecta consolidar su audiencia en el Perú a través de Best Cable, considerada una de las operadoras de cable más importantes del Perú.

“Queremos llegar a más peruanos, brindar información valiosa para nuestros compatriotas de todas las partes del país. Gracias a la señal de Best Cable, estamos consolidando una gran audiencia y esperamos seguir creciendo con el apoyo de nuestros auspiciadores”, comenta Juan José Sandoval, editor de Digital TVGO y conductor del programa ‘Tecnología & Negocios’.

Cabe señalar que Best Cable es un proveedor de servicios de telecomunicaciones, televisión por cable e internet 100% fibra óptica, con una reputación labrada en segmentos masivos del país. Recientemente, Best Cable inauguró un local comercial en el Mall Aventura de San Juan de Lurigancho, el distrito más grande del Perú.

Digital TVGO es una apuesta informativa que ha demostrado independencia, pluralidad y, sobre todo, calidad en sus contenidos. Por eso, estamos más que satisfechos con la posibilidad de que este canal multiplataforma incremente su audiencia con nosotros”, mencionó Demóstenes Terrones, gerente general de Best Cable.

Para conocer más de Digital TVGO, visiten: https://digitaltvgo.com/. Para conocer más de Best Cable, visiten: https://bestcableperu.com.pe/.

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Desde hoy rigen reglas restrictivitas para ‘equipaje de mano’ en vuelos internacionales

Normativa afecta a los vuelos con destino a Europa. A partir de ahora, el equipaje de mano no deberá exceder las dimensiones de 55x40x20 centímetros, ni superar los 10 kilogramos de peso. Hasta el momento el MTC no se pronuncia sobre esta disposición que restringe el uso del equipaje de mano.

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Nuevas restricciones rigen sobre el equipaje de mano en vuelos internacionales del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, alineándose con las normativas internacionales establecidas por la Unión Europea y ya es aplicable desde el 1 de septiembre, con el objetivo de reforzar la seguridad aérea y estandarizar el manejo de líquidos, aerosoles y geles (LAG) permitidos a bordo.

Esta implementación responde a un informe técnico recibido por la Comisión Europea, el cual destacó la necesidad de mejorar el rendimiento de los escáneres C3. Estos dispositivos, esenciales para la detección de explosivos, requieren una revisión para optimizar su eficacia y como resultado, se estableció que los pasajeros solo podrán llevar líquidos, aerosoles y geles (LAG) en recipientes con una capacidad máxima de 100 mililitros, que deberán colocarse en una bolsa de plástico, transparente de no más de un litro de capacidad.

Por su parte, Lima Airport Partners (LAP), empresa operadora del Aeropuerto Jorge Chávez, confirmó que estas medidas aplican únicamente para vuelos directos a Europa. Sin embargo, hasta el momento, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) no se ha pronunciado sobre la implementación de esta normativa. Además de las limitaciones en cuanto a los líquidos permitidos, la Unión Europea también fijó nuevas normas respecto al tamaño y peso del equipaje de mano. A partir de ahora, el equipaje de mano no deberá exceder las dimensiones de 55x40x20 centímetros, ni superar los 10 kilogramos de peso.

El Parlamento Europeo también instó a los Estados miembros a garantizar el cumplimiento de estas normativas y a trabajar por una mayor transparencia en la divulgación de cualquier tarifa relacionada con el equipaje de mano.

Finalmente, con respecto a temas de seguridad, se mantiene la prohibición de transportar objetos cortantes, explosivos o inflamables en la cabina, así como en el equipaje facturado.

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¡Aberrante! Castigan con ortiga a dos niños awajún en Bagua para quitarles su “conducta afeminada” [VIDEO]

La ishanga, una ortiga tropical, puede causar una fuerte picazón, dolor y ardor por varios días.

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Las mal llamadas “prácticas culturales” que el ministro de Educación, Morgan Quero, intentaba defender, son una muestra más de la lejanía del Estado de Derecho hacia muchas poblaciones que aún no se desligan de costumbres vetadas por la comunidad internacional, defensores de los Derechos Humanos, así como por cualquier persona con dos dedos de frente.

En Bagua, Amazonas, dos niños awajún fueron cruelmente castigados con ishanga, una ortiga tropical que produce fuerte, dolor picazón y ardor por varios días, como una terrible forma de “corregir su comportamiento”, en referencia a supuestas conductas afeminadas, según lo denunció el activista Euner Kajekui.

El activista awajún de la comunidad LGBTIQ+, Euner Kajekui, denunció los actos de agresión y tortura a los que fueron sometidos los menores por parte de personas adultas de dicha comunidad, que consideran una costumbre, pero se trata de un acción homofóbica.

Euner Kajekui contó que él mismo sufrió anteriormente castigos similares y señaló que el “método tradicional” de aplicar ishanga puede causar hasta cuatro días de intenso dolor y ronchas en el cuerpo.

Dijo que estas agresiones físicas se mantienen vigente en la comunidad awajún de Bagua, como respuesta punitiva hacia comportamientos considerados inadecuados por ciertos sectores. El activista decidió difundir el video en el que un menor es sometido a esa práctica, en el que se escucha gritos desesperantes.

No obstante, parte de la población insiste erróneamente que el uso de ishanga es una práctica ancestral. Al respecto, defensores de los derechos humanos señalan que ello constituye una forma de maltrato y abuso infantil.

fuente: tv peru.

Ministerio de la Mujer en contra de maltrato infantil

Al respecto, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) rechazó cualquier tipo de violencia contra nuestras niñas, niños y adolescentes. “El MIMP ha tenido acceso a un video que está circulando en redes sociales, en el que se muestra castigos físicos a niños en una comunidad indígena de nuestro país. Estamos tomando medidas para identificar el lugar de los hechos y a los posibles afectados, con el fin de intervenir y contribuir a su protección”, señaló en la red social “X”.

Además, lamentó que según la Encuesta Nacional Sobre Relaciones Sociales (Enares) en el Perú el 58,5% de la población adulta tolera o justifica el castigo físico a niñas, niños y adolescentes, “una realidad que debe ser revertida por el bien de las infancias”.

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