Desde el Congreso de la República emitieron un comunicado que atribuye el asesinato de Andrea Vidal a la inseguridad ciudadana, e indicaron que los sicarios tenían como verdadero objetivo al taxista, basándose en un documento pericial de protocolo de necropsia que no tiene firmas ni sellos oficiales, ni de la Fiscalía, ni de Medicina Legal. A pesar de que la Fiscalía continúa con las investigaciones sobre el asesinato de la extrabajadora del área Legal del Parlamento quien fuera contratada por las huestes de Alianza para el Progreso (APP), desde el Legislativo algunos congresistas y funcionarios prácticamente se han atribuido el rol de fiscales y jueces porque prematuramente ya han sacado una conclusión sobre el caso.

A través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, el Parlamento se solidarizó con la familia de la joven e indicó que ella una víctima más del sicariato, alegando que esto lo ha determinado el análisis balístico de la Policía Nacional del Perú (PNP).

«Nos solidarizamos con la familia de la señorita Andrea Vidal. Tal como ha determinado el análisis balístico de la Policía Nacional del Perú, ha sido una víctima más del sicariato que golpea duramente a nuestra sociedad. En este caso, los criminales tenían como objetivo al conductor del taxi», escribieron.

Asimismo, el Poder Legislativo instó a la Fiscalía de la Nación a acelerar la investigación del caso y exhortó a la PNP a realizar las acciones necesarias para capturar a los criminales.

«Instamos a la Fiscalía a acelerar la investigación para esclarecer los hechos y exhortamos a la Policía Nacional a realizar las acciones que sean necesarias para la captura de los sicarios».

La necropsia de Andrea Vidal Gómez y el taxista José Vargas Briceño

El protocolo de necropsia que no tiene sellos ni firmas oficiales revela que Vidal sufrió siete impactos de bala: uno en la cabeza, específicamente en la región parietal derecha, que resultó ser la herida fatal; dos en la mama izquierda y cuatro en las extremidades inferiores (dos en el muslo derecho, uno en la pierna derecha y uno en el pie).

En cuanto al taxista, recibió 16 impactos de bala distribuidos en la cabeza (2), cuello (4), tórax (5), abdomen (1), pelvis (2) y extremidades superiores (2). Según la observación forense, la concentración de disparos en la cabeza, cuello y tórax indica que los atacantes buscaban asegurar la muerte de las víctimas.

El informe señala que la trayectoria de los proyectiles, de arriba hacia abajo, sugiere que los atacantes eran sicarios que dispararon desde vehículos en movimiento, posicionándose en paralelo al objetivo para maximizar la eficacia del ataque.

En el documento, insólitamente concluyeron que el conductor, José Daniel Vargas Briceño, era «probablemente el objetivo principal del ataque», ya que los disparos se concentraron en el parabrisas y el lado izquierdo del vehículo, coincidiendo con su posición. Además, se destaca que la participación de sicarios y la intensidad del ataque apuntan a un ajuste de cuentas por motivos criminales.

Un poco más y los agarraban en plena ‘hora loca’. Cinco trabajadores de la Municipalidad Provincial del Cusco fueron despedidos luego que se descubriera que estaban bailando y bebiendo alcohol dentro de las oficinas del Área de Fiscalización de la mencionada comuna cusqueña.

La oficina, usualmente compuesta por computadoras, escritorios y documentos, fue alterada de manera radical para darle la impresión de una discoteca, con sus luces de neón que podían ser apreciadas fácilmente desde los exteriores del edificio municipal.

En un principio todos imaginaban que esa fiesta clandestina se había realizado recientemente; sin embargo, esta tuvo lugar el pasado 27 de diciembre, cuatro días antes de las celebraciones de Año Nuevo.

En las imágenes se puede apreciar al personal de Recursos Humanos sorprendiendo en flagrancia a los trabajadores municipales cuando estos se preparaban a consumir ron con gaseosa.

La comuna cusqueña se pronunció esta semana a partir de que los videos de esta fiesta comenzaron a circular en las redes sociales.

“Tras lo ocurrido, y por mandato del alcalde Luis Pantoja, se rescindió el contrato de los cinco involucrados”, se lee en el comunicado en el que no se nombra a los implicados.

Paradójicamente, el área tiene la función de realizar intervenciones a los locales nocturnos. 

En la oficina, se encontraron hasta cinco botellas de ron y gaseosa, además de las luces de fiesta y música a alto volumen, que se escuchaba desde el exterior del local municipal.

Los trabajadores, en presunto estado de ebriedad, fueron sorprendidos mientras bailaban.

De momento, la Municipalidad Provincial del Cusco comunicó que los implicados han sido sometidos a los procedimientos administrativos correspondientes y deberán responder a la Ley Disciplinaria en caso amerite.

Durante la reunión para la Gestión de Inversiones para el Desarrollo Territorial – Agenda 2025, desarrollado en el distrito de San Borja, la presidenta de la República, Dina Boluarte respondió fuerte y claro sobre las encuestas que la ponen entre las más bajas cifras de popularidad. Ante ello, la mandataria pidió que la califiquen con un “cero”, para que así la impulsen a trabajar más por el Perú.  

Dina Boluarte dice que gracias a su trabajo la economía ha crecido

En su intervención, la mandataria afirmó que, pese a las críticas en contra de su gobierno, ella está demostrado que han venido trabajando con mejoras en la economía y que ese es un punto innegable; incluso, para aquellos que señalan que «no trabaja».

«Este año que terminó, 2024, vimos con satisfacción y orgullo que nuestra economía ha crecido. Eso nadie lo puede negar, ni siquiera aquellos que nos dicen que no hacemos nada y que nos ponen en las encuestas el 3%, 4%. Ayer en un periódico ‘que nos quiere mucho’ nos han puesto un puntito más. Yo lo que les he dicho es que no me hagan el favor. No les he dicho que me suban; pónganme ‘cero’, y realmente nos concentraremos en seguir trabajando», enfatizó.

«Nadie puede dirigirme el dedo» (por actos de corrupción) ¿Y el caso Rolex qué?

Asimismo, apenas hace 24 horas, desde La Libertad, anunció que nadie puede decir que su gobierno, específicamente nadie de su gabinete, ni ella, son señalados por actos de corrupción, ni que tengan investigaciones abiertas por delitos contra la administración pública.

«Con el orgullo de peruana y decir: Gracias Dios por haberme dado la oportunidad de servir a mi pueblo y lo hice de manera honesta con las ‘manos limpias’. Nadie puede dirigirme el dedo, ni a mí, ni a mis ministros. Ninguno tenemos ninguna carpeta por actos de corrupción», complementó la mandataria.

Sin embargo, Dina Boluarte omite decir que sí existe una, entre las varias investigaciones que corren en su contra y que mantienen una carpeta en el Ministerio Público, precisamente por el caso ‘Rolex’, que la acusa de enriquecimiento ilícito.

Lo mandaron lejos. La Comandancia General de la Policía Nacional del Perú (PNP) designó al capitán Junior Izquierdo Yarleque, alias “Capitán Culebra”, como policía comunitario en Moquegua.

Esta resolución firmada por el general Víctor Zanabria, se emite poco después de que el titular del Ministerio del Interior (Mininter), Juan José Santiváñez, se negara a entregar su cuenta de iCloud a la Fiscalía de la Nación, en el marco de una investigación en su contra.

El documento oficial justifica la reasignación de los oficiales subalternos de armas y servicios por la “causal de necesidad de servicio”. Sin embargo, este movimiento ha generado dudas sobre sus motivaciones, dada la situación que involucra al ministro Santiváñez.

 “Reasignar cargos a los Oficiales Subalternos de Armas y Servicios de la Policía Nacional del Perú, por la causal de necesidad del servicio, con costo y sin costo para el Estado conforme a los anexos 1 y 2 que forman parte de la presente resolución”, se lee.

Antes de su reasignación, el capitán Izquierdo trabajaba en la Dirección Nacional de Orden y Seguridad, gestionando operaciones de emergencia y seguridad pública sin contacto directo con la comunidad. Ahora, como policía comunitario en Moquegua, se enfocará en patrullajes a pie, sensibilización y colaboración con líderes locales para prevenir delitos.

Este cambio se produce en medio de las investigaciones que señalan al ministro Santiváñez por haber solicitado al capitán Izquierdo intervenir en el control del comunicador Marco Sifuentes.

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Capitán PNP Junior Izquierdo 'Culebra', implicado en investigación contra el ministro Juan José Santiváñez, fue reasignado a Moquegua

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— Canal N (@canalN_) January 17, 2025

Como se sabe, Izquierdo divulgó audios que, implicarían a Santivañez en comprometedoras conversaciones. En estos audios, se escucharía al ministro mencionar que la presidenta Dina Boluarte le habría ordenado disolver la División de Investigación de Alta Criminalidad (Diviac) para tomar el control del Ministerio del Interior. Además, se sugiere que existía una relación cercana entre ambos.

Suelto en plaza. El Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ordenó la libertad del exalcalde de Anguía en Cajamarca, José Nenil Medina Guerrero, quien es investigado por los delitos de organización criminal, colusión agravada y lavado de activos en agravio del Estado.

«Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ordena la libertad del investigado José Nenil Medina Guerrero e impone las siguientes restricciones: no variar de domicilio sin autorización judicial, concurrir al Poder Judicial para control biométrico cada 15 días, no acercarse a los investigados y pagar una caución de 3 mil soles», se puede leer en la resolución.

Además, el tribunal le impuso restricciones como no variar de domicilio sin autorización judicial, concurrir al Poder Judicial para control biométrico cada 15 días, no acercarse a los investigados y pagar una caución de 3 mil soles.

El exalcalde de Anguía cumplía 30 meses de prisión preventiva como parte de la investigación por presuntamente ser parte de la red criminal enquistada en el Ministerio de Vivienda.

De acuerdo con la investigación fiscal, Medida Guerrero era miembro del denominado Gabinete en la Sombra del expresidente, Pedro Castillo, actuando como operador de una presunta red criminal.

Se le acusa de participar en negociaciones ilícitas para asegurar presupuesto de obras en Cajamarca, particularmente a través del Ministerio de Vivienda, recibiendo presuntas coimas a cambio de adjudicaciones.

En enero del año pasado, el Noveno Juzgado Constitucional de Lima declaró fundada la demanda de habeas corpus a favor del exalcalde de Anguía y anuló el mandato de prisión preventiva en su contra. Sin embargo, un mes después la Tercera Sala Constitucional de Lima revocó el habeas corpus que dejaba sin efecto su reclusión.

Mentirosa y plagiadora. El Ministerio Público concluyó que el libro “Reconocimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario”, de coautoría de la actual jefa de Estado, Dina Boluarte, se detectaron “párrafos completos” extraídos de otros autores sin su consentimiento.

Cabe precisar que el delito de plagio ya prescribió, sin embargo, la Fiscalía ordenó retirar todos los ejemplares de la Biblioteca Nacional del Perú (BNP), así como la anulación definitiva de su registro legal.

De acuerdo a peritajes técnicos realizados con la colaboración de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se constató la reproducción de párrafos completos de textos originales en el libro. No obstante, las diligencias no pudieron continuar debido al tiempo transcurrido desde la publicación, hace 19 años. La normativa vigente permite investigar casos similares solo dentro de un plazo de 12 años.

El proceso fiscal fue impulsado tras una denuncia periodística en el programa Punto Final que señalaba presunto plagio en la obra. El fiscal Miguel Puicón Yaipén lideró las indagaciones, que incluyeron entrevistas con los supuestos coautores del libro y un análisis técnico. Según informó el citado medio, su unidad de investigación pudo confirmar que el Ministerio Público sí corroboró plagio en la obra de la jefa de Estado. “Se advierte de la reproducción de párrafos exactos de los textos originales”.

Sin embargo, el tiempo transcurrido desde la comisión del delito obligó a las autoridades a archivar el caso penal. La Fiscalía explicó: “El transcurso del tiempo habilita la prescripción del presente caso, circunstancia que imposibilita continuar con las diligencias”. Pese a esto, se adoptaron medidas administrativas como el retiro del libro de la Biblioteca Nacional del Perú, instruyendo además la anulación de su registro.

Por su parte, los abogados Luis Gavancho, Carmen Rivera y María Chávez, supuestos coautores de la obra, manifestaron no haber aprobado el texto final de la obra, pues solo se llegó a considerar una publicación conjunta, la cual nunca se concretó.

Ya no es secreto para la opinión pública que la salud mental de algunos miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) se ha visto menoscabada en los últimos tiempos por acciones antijuridicas, no solo ligadas a actos de corrupción; sino a graves delitos penales, como la violación sexual, el feminicidio, y pertenecer a bandas criminales, bajo el ropaje de un uniforme policial. Debido a estas razones, desde el Congreso proponen establecer de manera obligatoria una evaluación psicológica y periódica para todos los miembros de la Policía del Perú, mientras se encuentren en servicio activo.

De esta manera, la legisladora de la bancada de Perú Libre, María Agüero, ha presentado la propuesta legislativa N° 9928/2024-CR que busca implementar las pruebas psicológicas obligatorias para los miembros de las fuerzas del orden. La iniciativa, establece que los aspirantes a ingresar a la PNP deberán aprobar una evaluación psicológica como requisito indispensable para su admisión; aunque este requisito ya se encuentra incluido en la malla de evaluaciones al inicio de una postulación. Pero, además, se estipula que los policías que se mantengan en servicio activo se sometan a pruebas psicológicas trimestrales.

Se crearía la ‘Comisión Técnica de Evaluación Psicológica de la PNP’

La iniciativa legislativa también contempla la creación de la ‘Comisión Técnica de Evaluación Psicológica de la PNP’, que será la encargada de desarrollar, coordinar, implementar y supervisar el sistema de evaluaciones periódicas para todos los agentes de la institución policial. Este órgano será quien vele por la salud mental de todos los efectivos policiales, con el propósito de que se mantengan aptos mentalmente para el desempeño de sus funciones.

Policías que presenten diagnósticos con problemas de salud mental serán tratados

En caso de que un efectivo de la Policía presente indicios de trastornos emocionales graves, la propuesta legislativa establece su derivación a un tratamiento especializado. Pero, si el agente se niega a recibir el tratamiento psicológico, su actitud será considerada como una infracción disciplinaria, con las consecuencias que ello conlleve, como una sanción drástica.

El Congreso debatirá la propuesta legislativa

La parlamentaria Agüero sostiene que esta medida busca garantizar la integridad y eficacia de la institución policial, asegurando que sus efectivos puedan contar con la estabilidad emocional necesaria para enfrentar las exigencias de su labor diaria. «Es fundamental que nuestros policías estén en óptimas condiciones psicológicas para servir y proteger a la ciudadanía», sostuvo.

Mientras tanto, el proyecto de ley se encuentra en debate en las comisiones correspondientes del Congreso, donde se evaluará la viabilidad y las posibles modificaciones que requiera antes de ser sometido a votación en el pleno. Y de ser aprobado, marcaría un cambio importante en las políticas de recursos humanos de la Policía Nacional del Perú.

El Poder Ejecutivo, a través de la Resolución Ministerial N° 007-2025-PCM, autorizó el viaje de la delegación del Despacho Presidencial que acompañará a la presidenta Dina Boluarte a la ciudad de Davos, en Suiza, para participar en el ‘Foro Económico Mundial 2025’ que se desarrollará entre el lunes 20 y el viernes 24 de enero.

Según el dispositivo publicado en el diario oficial El Peruano, entre los servidores que viajarán con la mandataria figuran el Secretario General de Palacio, Enrique Ernesto Vílchez Vílchez; la asesora técnica de la presidenta, Carmen Elizabeth Giordano Velásquez; el jefe de prensa y comunicaciones de Palacio, Luis Manuel Urmeneta Delgado; así como los efectivos PNP y personal de seguridad del despacho presidencial, el suboficial técnico de tercera, Jhon Haidy Alberto Janampa Ruiz y la suboficial de tercera Milagros Kelly Vargas Castro, quien es conocida como ‘la sombra’ y quien sería mano derecha de la jefa de Estado.

Asimismo, el ministro de Economía y Finanzas, José Arista, también viajará al ‘Foro de Davos’, ya que recibió autorización formal para sumarse a la delegación, según la resolución.

Despacho Presidencial gastará más de US$29 mil en viaje de la delegación peruana

El costo estimado del viaje, que incluye pasajes y viáticos solo por tres días de estadía en Suiza, asciende a US$29,201, equivalentes a aproximadamente S/112,424, según fuentes oficiales.