En medio de la crisis política, el pasado 21 de marzo de 2025, el Pleno del Congreso de la República del Perú aprobó en primera votación una modificación al Decreto Legislativo 892, que regula el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de las empresas. La reforma propone aumentar progresivamente el porcentaje de reparto de utilidades en el sector eléctrico del actual 5% hasta alcanzar el 10% en 2030.
El aumento irá de manera progresiva año a año: 7% en 2025, 8% en 2026 y 9% en 2027. Esto con el objetivo de equiparar este sector con otros, como el pesquero y el de telecomunicaciones, que ya aplican dicho porcentaje.
El arriesgado dictamen actualmente se encuentra pendiente de una segunda votación. Sin embargo, su aprobación en primera instancia ha generado polémica entre los sectores empresariales y trabajadores.
Postura del sector empresarial y analistas
Voces del sector empresarial han sido críticos con la iniciativa, ya que consideran que la medida es inviable y perjudicial por las siguientes razones:
– Impacto en tarifas: El aumento del reparto de utilidades podría incrementar las tarifas eléctricas en un 4%, afectando a todos los consumidores.
– Falta de sustento técnico: No existe un análisis técnico ni económico que justifique la medida y evalúe sus implicancias en el sector.
– Desincentivo a la productividad: Se modificaría la distribución de utilidades sin considerar el rendimiento individual de los trabajadores, lo que podría afectar la eficiencia laboral.
– Riesgo para la inversión: La medida podría desalentar la inversión en un sector que requiere constantes desembolsos para modernización y expansión.
– Falta de respaldo del Ministerio de Trabajo: Este organismo ha señalado que la propuesta carece de sustento suficiente, pues se basa en datos desactualizados.
Postura de los trabajadores del sector eléctrico
Por otro lado, la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza del Perú ha defendido la iniciativa. Los sindicalistas han lanzado los siguientes argumentos:
– La medida corrige una desigualdad histórica en la distribución de utilidades en comparación con otros sectores industriales.
– La Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoce a la industria eléctrica como parte del sector industrial, lo que justificaría un reparto mayor de utilidades.
– Consideran que el aumento del porcentaje no afectará la rentabilidad de las empresas ni desalentará la inversión.
– Argumentan que otros sectores con una distribución del 10% de utilidades no han sufrido impactos negativos en su economía.
– Sostienen que la oposición a la medida responde a intereses empresariales y no al bienestar de los trabajadores.
Evaluación del impacto
Tras conocer las posiciones y argumentos del sector empresarial y de los trabajadores, consultamos a la inteligencia artificial (ChatGPT) para obtener una respuesta imparcial del impacto potencial de esta medida en la inversión en infraestructura y energías renovables.
Nuestra pregunta fue: ¿Cómo afectaría el aumento del reparto de utilidades al 10% la capacidad de inversión en infraestructura y energías renovables del sector eléctrico, y cuáles serían las consecuencias para los consumidores y la economía a largo plazo?
A continuación, la respuesta tras el análisis de la inteligencia artificial:
El aumento del reparto de utilidades al 10% en el sector eléctrico afectaría la capacidad de inversión en infraestructura y energías renovables de varias maneras:
Impacto en la inversión
1. Reducción de recursos para inversión: Las empresas del sector eléctrico, especialmente aquellas con inversiones intensivas en capital, destinarían una mayor parte de sus utilidades al reparto de beneficios, lo que reduciría los fondos disponibles para proyectos de expansión, modernización de redes y transición hacia energías limpias.
2. Mayor dependencia del financiamiento externo: Para compensar la menor reinversión de utilidades, las empresas podrían recurrir a deuda o financiamiento externo, lo que aumentaría costos financieros y riesgos a largo plazo.
3. Desincentivo a nuevas inversiones: Un mayor reparto de utilidades podría hacer que los inversionistas perciban menor rentabilidad en el sector, reduciendo el atractivo para nuevos proyectos, especialmente en energías renovables que requieren grandes desembolsos iniciales.
Consecuencias para los consumidores
1. Tarifas más altas: Si las empresas trasladan el impacto del menor margen de inversión a los consumidores, podrían aumentar las tarifas eléctricas para compensar la menor rentabilidad y garantizar la sostenibilidad de las operaciones.
2. Menor calidad del servicio: La reducción en inversión en mantenimiento y modernización de la infraestructura eléctrica podría aumentar la frecuencia de cortes de energía y reducir la confiabilidad del suministro eléctrico.
3. Retraso en la transición energética: Menos inversión en energías renovables significaría una mayor dependencia de fuentes convencionales de generación, retrasando la descarbonización del sector eléctrico.
Impacto en la economía a largo plazo
1. Menor competitividad del sector eléctrico: La reducción de inversiones podría afectar la capacidad del sector para modernizarse y mejorar su eficiencia, haciendo que el país dependa más de energías costosas o contaminantes.
2. Impacto en la generación de empleo: Aunque el mayor reparto de utilidades beneficiaría a los trabajadores en el corto plazo, una reducción en la inversión podría frenar la creación de nuevos empleos en el sector eléctrico y en industrias relacionadas.
3. Mayor incertidumbre para el crecimiento económico: La energía es un insumo clave para la industria y la economía en general. Si el sector eléctrico se vuelve menos eficiente o más costoso, esto podría afectar la competitividad de otros sectores productivos, reduciendo el crecimiento económico en el largo plazo.
En conclusión, aunque el aumento del reparto de utilidades podría beneficiar a los trabajadores en el corto plazo, su impacto en la inversión y el desarrollo del sector eléctrico podría generar efectos negativos en la calidad del servicio, las tarifas y la transición energética, afectando tanto a los consumidores como al crecimiento económico del país a largo plazo.
Aspectos pendientes en el debate legislativo
Al analizar el dictamen y sus antecedentes, se identificó que este proviene de dos proyectos de ley acumulados:
* PL 02117/2021-CR, presentado por el congresista Ilich Fredy López Ureña (Acción Popular).
* PL 01644/2021-CR, presentado por el congresista Alex Antonio Paredes Gonzales (Bloque Magisterial de Concertación Nacional).
El 21 de febrero de 2025, la CGTP solicitó al presidente del Congreso acelerar la aprobación de la medida. Sin embargo, sorprende que el dictamen solo cuente con una opinión del Ministerio de Trabajo, que indica que no hay sustento suficiente en la exposición de motivos, la cual se basa en datos desactualizados.
Por otro lado, llama la atención la ausencia de opiniones técnicas de entidades clave como el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Economía y Finanzas, cuyos aportes serían fundamentales para evaluar las implicancias económicas y sectoriales.
Preguntas claves que debe responder el Congreso
Ante la falta de un análisis integral, surgen las siguientes interrogantes:
– Afectará la medida las tarifas eléctricas para los consumidores?
– Cómo impactará en la competitividad de sectores industriales que dependen de la electricidad?
– Se está considerando el riesgo de desincentivar la inversión privada?
– El aumento del reparto de utilidades podría comprometer la generación de empleo en el sector a largo plazo?
Si bien la Federación de Trabajadores argumenta en favor de la justicia laboral y la equiparación con otros sectores, no ha presentado evidencia sobre cómo esta medida afectará las inversiones necesarias para garantizar el desarrollo sostenible del sector eléctrico.
En este contexto, resulta indispensable que las comisiones de Economía y Energía y Minas del Congreso analicen de manera rigurosa estos puntos antes de someter la norma a segunda votación. Una decisión apresurada podría tener consecuencias adversas para la estabilidad del servicio eléctrico, las tarifas y la inversión en energías renovables.