Ni para el té. Ahora se entiende por qué la presidenta de la República, Dina Boluarte, no quiere declarar a la prensa sin que le pauteen las preguntas, y es que cada vez que abre la boca dice cada ‘cantinflada’ digna de su predecesor.

La ‘mamá de todos los peruanos’ nos quiere hacer creer que vivimos en un país de “paz y tranquilidad”, donde no existen robos ni extorsiones, donde se puede salir tranquilo a trabajar sin que un delincuente no nos pida una “cuota”, o donde a los prófugos se les captura en cuestión de horas, o donde las amas de casa pueden cocinar con solo 10 soles un suculento y nutritivo arroz con pato, su ensalada de palta, su postre, y para cerrar un refrescante jugo de piña.

La jefa de Estado participó en un evento junto a las madres de las ollas comunes, donde buscó destacar la labor de las mujeres que lideran espacios con recursos limitados. Sin embargo, tuvo declaraciones que se alejan de la realidad de lo que el equipo debe realizar a diario.

“A veces con 10 solcitos hacemos sopa, segundo y hasta postrecito. Nos las inventamos, así somos las mujeres, pero también acompañada de los compañeros que acompañan a ustedes”, fueron las palabras de la jefa de Estado el último viernes 22 de noviembre.

@limagristv Dina Boluarte: "A veces solo con 10 solsitos hacemos sopa, segundo y hasta postrecito" #actualidad #limagris #noticia #noticias #parati #actualidadnoticias #fyp #perú #lima #dinaboluarte ♬ sonido original – LimaGris

Si bien algunas madres realizan lo posible para que esto suceda, son muy pocas las veces que se logra garantizar la seguridad alimentaria en sectores vulnerables. Asimismo, el informe elaborado por Oxfam y el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), señala que en el 2024 se necesita S/744 como mínimo para subsistir.

Otro informe del INEI, en Perú, indica que el gasto en alimentos consumidos dentro del hogar lidera con un 29,5%, equivalente a S/256, seguido por el gasto en alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que constituye un 21,6%, con un valor de S/187.

Hace tres días, el pasado martes 19 de noviembre, el Poder Judicial le impuso a Nicanor Boluarte Zegarra 36 meses de prisión preventiva por el caso ‘Waykis en la Sombra’; sin embargo, este imputado desde días atrás del dictamen ya se había mantenido como no habido. Por ello, ya es denominado como un prófugo de la justicia peruana. Pero, pese a este escenario, la presidenta de la República, Dina Boluarte, no sale a pronunciarse respecto a su hermano.

La jefa de Estado tuvo diferentes presentaciones en Palacio de Gobierno y en otros lugares en donde tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre este sensible tema; sin embargo, prefirió guardar silencio y nunca se refirió al estado antijuridico de su hermano. Y apenas optó por hablar de otras problemáticas.

«En estos momentos también es necesario alzar la voz sobre un tema urgente y al que ningún peruano puede ser indiferente: la violencia contra nuestras hermanas mujeres, nuestras jóvenes, nuestras niñas. Todos tendríamos que ser agentes de prevención y de cambio frente a la violencia. Los feminicidios tienen que parar y la indiferencia hacia la violencia también», afirmó recientemente tras el feminicidio de la joven Sheyla Cóndor.

Por su lado, el premier, Gustavo Adrianzén, trató de minimizar este tema; sin embargo, tuvo que responder a la prensa sobre el estado actual del prófugo hermano de la mandataria, e indicó que la Policía cumplió con las órdenes del Poder Judicial, y acudió al domicilio del investigado en el distrito de San Borja. Sin embargo, la prensa previamente constató que en los exteriores de la vivienda de Nicanor Boluarte, luego de darse el fallo del juez Concepción Carhuancho, no había presencia policial.   

«Se ha dispuesto que está orden continúe ejecutándose. Discúlpeme usted que no le puedo dar un plazo ni una fecha exacta (…) No estoy en condiciones de decirles una fecha exacta, lo que sí garantizar es que se les está buscando (a Nicanor Boluarte y Vladimir Cerrón)», respondió el premier Adrianzén ante la prensa.

El premier Gustavo Adrianzén Olaya se pronunció ante los medios en una breve conferencia de prensa y respondió sobre la búsqueda del prófugo hermano presidencial, Nicanor Boluarte Zegarra, tras la orden de prisión preventiva de 36 meses que le dictó en su contra el juez Concepción Carhuancho, por el caso ‘Waykis en la Sombra’.

Tras su participación en el Pleno del Congreso para relatar el balance del reciente APEC 2024, Adrianzén Olaya aclaró que no puede dar una fecha exacta en el que hallarán y capturarán al hermano de la presidenta Dina Boluarte Zegarra.

«Se ha dispuesto que esta orden continúe ejecutándose. Discúlpeme usted que no le puedo dar un plazo ni una fecha exacta», manifestó Adrianzén Olaya.

Adrianzén aclara que la PNP cumplió con buscar a Nicanor Boluarte, tras fallo del PJ

Asimismo, el premier aseguró que la Policía Nacional del Perú (PNP) acudió al domicilio de Nicanor Boluarte y del resto de implicados en el caso, «inmediatamente» después de darse a conocer la orden de búsqueda y captura de los imputados. Sin embargo, esto no sería del todo cierto, pues la misma prensa dio a conocer que habrían esperado más de 12 horas para que se ejecute la orden, y por ello, los exteriores del domicilio de Nicanor Boluarte en San Borja, no contaba con presencia policial.

No obstante, Adrianzén Olaya garantizó que Nicanor Boluarte está siendo buscado por las autoridades correspondientes. Sin embargo, no detalló qué acciones se están tomando para dicho objetivo.

“No estoy en condiciones de decirles una fecha exacta, lo que sí garantizar es que se les está buscando (a Nicanor Boluarte y Vladimir Cerrón)», mencionó.

A su vez, Adrianzén señaló haber conversado con la mandataria, asegurando que se encuentra consternada por lo sucedido. Sin embargo, supuestamente ella le refirió que seguirá firme en sus funciones como presidenta.

«Me preocupa a mí en el proceso del señor Boluarte es que se está tejiendo una historia perversa según la cual existiría una organización criminal que seguramente van a decir que la cabecilla es la presidenta. El siguiente capítulo será que ella encabeza la organización criminal, incurre en incapacidad moral y ella tiene que ser vacada», concluyó con ironía.

#EnVivo

Gustavo Adrianzén, jefe de PCM: Estamos en la búsqueda y captura de todos los ciudadanos, sobre quien se ha dispuesto por el Poder Judicial. No puedo dar una fecha exacta de cuándo ocurrirá cada suceso. Se les está buscando

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— Canal N (@canalN_) November 22, 2024

El congresista José Luna Gálvez anunció que impulsarán una urgente moción de censura en contra del ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho Mamani, debido a la apresurada Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal (MAPE) y por el conflicto inacabable que aún no logra la formalización minera de miles de ciudadanos peruanos.

Asimismo, el líder de ‘Podemos Perú’ cuestionó que el titular del Minem haya enviado dicho dictamen a «última hora» al Congreso, asegurando que este problema debió resolverse hace dos años.

«Creo que el ministro Mucho definitivamente debería ser censurado porque no puedes esperar hasta última para tratar de pasarle al Congreso un problema que debía haber solucionado hace dos años», aseveró.

Luna Gálvez calificó como un «abuso» que los mineros tengan que dormir por varios días en los exteriores del Parlamento para alzar su voz de protesta por la incierta situación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y enfatizó que Mucho Mamani es un ministro «indolente». Además, aseguró que la Ley MAPE es un «mamarracho».

«(Hay mineros que llevan cinco días afuera del Congreso) Eso es un abuso, definitivamente este ministro es indolente y ha esperado a última hora para presentar un proyecto que realmente es un mamarracho (…) (¿Podemos va impulsar la censura?) Nosotros vamos a impulsar la censura de ese ministro», refirió Luna Gálvez.

El titular de la cartera de Cultura Fabricio Valencia Gibaja, mediante Resolución Ministerial N° 000418-2024-MC primero aceptó la renuncia de Daniel Adolfo Gaspar Navarro Reto, del cargo de Director de Programa Sectorial IV de la Dirección General de Industrias Culturales del Ministerio de Cultura, quien desde el 25 de enero de este año fue designado por la exministra de Cultura Leslie Urteaga.

Y seguidamente, mediante la Resolución Ministerial N° 000419-2024-MC se designó en reemplazo de Navarro Reto, en el mismo cargo de Directora de Programa Sectorial IV de la Dirección General de Industrias Culturales del Ministerio de Cultura, a Nelly Nereida Hernando Urbina, quien prácticamente asciende en el cargo, porque ya lleva en el Ministerio de Cultura más de 10 años de servicio, desempeñándose generalmente como Asesora del Despacho Viceministerial de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales.

Nuevo director de Patrimonio Cultural es arqueólogo

Asimismo, a través de la Resolución Ministerial N° 000420-2024-MC, el ministro Valencia Gibaja designó a Hugo Renzo Ventura Ayasta, en el cargo de Director de Programa Sectorial III de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura.

El arqueólogo colegiado Ventura Ayasta se ha desempeñado en el Ministerio de Cultura, en la Dirección Desconcentrada de Cultura La Libertad.  Y además tiene una consultora “Arkeos Asesores Consultores S.A.C.” Esta empresa actualmente se encuentra activa y brinda servicios de asesoría en asuntos de exploración y arqueología. No obstante, Ventura Ayasta tendría que haber renunciado a su cargo de gerente general de dicha empresa; de lo contrario, mientras se viene desempeñando como servidor del Estado, podría incurrir en un presunto conflicto de interés.

Voto de confianza. El juez supremo Roberto Rolando Burneo Burneo juramentó como el nuevo presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para el periodo 2024 -2028. Durante la ceremonia de juramentación realizada en el Palacio de Justicia estuvieron presentes el titular del Poder Judicial (PJ), Javier Arévalo, la jefa de Estado Dina Boluarte, así como de otras autoridades.

Su elección como presidente del JNE fue decidida en octubre por la Sala Plena de la Corte Suprema del PJ, que lo designó como su representante ante el tribunal electoral.

En su discurso, Burneo Bermejo expresó su compromiso con la democracia y el Estado de derecho, enfatizando la importancia de respetar la voluntad popular en los próximos procesos electorales. “Asumo esta responsabilidad con el compromiso de servir a nuestros ciudadanos”, afirmó.

El abogado titulado en la Universidad de Piura cuenta con una maestría en Derecho de Empresa por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UCP). Integró la Sala Constitucional y Social Permanente del PJ y se desempeñó como secretario judicial de la Corte Superior de Justicia de Piura y Tumbes.

Debe señalarse que, en octubre del 2022, Burneo Bermejo fue nombrado juez supremo titular por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en el marco del concurso público para la selección y nombramiento de jueces supremos N.°003-2021-SN/JNJ.

Cuenta con diplomados en Tributación Internacional, Interculturalidad e Identidad, Derecho Notarial, Contrataciones del Estado y Simplificación Administrativa, así como cursos de Liderazgo y Habilidades Directivas, Diseño de Políticas Públicas, Planificación Estratégica, Compras del Estado, entre otros.

Se ha desempeñado como Asesor de la Alta Dirección en la Gerencia General de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y ha ocupado puestos legales de jefatura, coordinación y consultoría en instituciones como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL); Ministerio de la Producción (PRODUCE); Instituto de Defensa Civil (INDECI); y EsSalud.

En el ámbito privado, ha formado parte de diversos estudios de abogados como en el estudio Alva, Burneo & Ramirez Abogados Consultores entre 1999 al 2002 y el Estudio de Abogados Fort, Bertorini, Godoy, Pollari & Carcelén Abogados S.A. (Fobego) entre 2006 y 2007.

Por su parte, Salas Arenas retorna a la Corte Suprema para retomar su función de juez supremo. El presidente del PJ, Javier Arévalo, lo designó como presidente de la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria.

A su casa a comer lo que se ofrece en Qali Warma. Congresistas de diversas bancadas han presentado una moción de censura contra el titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Julio Demartini, tras las graves denuncias relacionadas por la mala calidad de alimentos distribuidos por el programa de alimentación escolar Qali Warma.

«Los hechos ilícitos han sido recurrentes y eso acredita que el señor ministro de Desarrollo e Inclusión Social debe ser censurado, pues no ha estado cumpliendo sus funciones con celo, diligencia y menos con mínima preocupación para fiscalizar estos programas alimentarios, que son muy importantes para alimentación de los niños más pobres del país; por lo que, en atención a la ética en la función pública ya ha debido renunciar al cargo, asumiendo su responsabilidad política», dice la moción de censura.

La investigación periodística de ‘Cuarto Poder’ reveló que la empresa Frigoinca habría suministrado desde el año 2021 conservas con carne de caballo, etiquetadas fraudulentamente como carne de res, a centro educativos que participan en el programa.

El reportaje también mostró documentos que evidencian la distribución de conservas de la marca Don Simón en mal estado, las mismas que llegaron a parar a colegios de varias regiones del país, como La Libertad, Áncash, Cajamarca, Huánuco, San Martín, Amazonas y Lambayeque.

Noemí Alvarado Llanos, extrabajadora de Frigoinca, señaló que dicha empresa habría utilizado un esquema de sobornos para evitar que funcionarios de Qali Warma y Digesa denunciaran las presuntas irregularidades.

Además, acusó a Víctor Salazar, quien fue funcionario de Qali Warma hasta diciembre de 2022, y a Freddy Hinojosa Angulo, actual vocero de la Presidencia de la República, de ser cómplices en este presunto caso de corrupción, otorgando favores a Frigoinca.

Sumado a esa información, el programa dominical ‘Punto Final’ reportó que Frigoinca donó conservas de carne y cerdo de la marca Don Simón para el consumo de perros en Chepén (región La Libertad), con la advertencia de que no eran aptas para el consumo humano.

En declaraciones a la prensa, el parlamentario Carlos Anderson, impulsor de la censura, mencionó que “lo que ha pasado no quede impune. Alguien tiene que pagar las consecuencias”, en relación al actual titular del Midis que ya lleva 18 meses al mando de esa cartera, uno de los ministros más longevos durante la gestión de Dina Boluarte.

En el marco de mejora del procedimiento legal y operativo de ejecución de la ley de obras por impuestos, se propuso hoy en el pleno reformas a la ley 29230.

En una emocionante sesión del Pleno de hoy el presidente de la Comisión de Economía, el ‘niño’ López, expuso esta mejora a la norma, la cual ayudará a impulsar la inversión pública en los gobiernos regionales y locales con participación del sector privado a fin de ampliar e impulsar el desarrollo del mecanismo de obras por impuestos. Conforme a lo que dijo el congresista López «el objetivo del dictamen es ampliar el mecanismo de Obras por Impuestos (…) busca ampliar las entidades habilitantes que además del gobierno local y regional se habilitará también a las universidades nacionales para que ellos también puedan utilizar el mecanismo de Obras por Impuestos y mejorar su infraestructura mediante la participación privada.

«Si bien es cierto los gobiernos regionales tienen determinados objetivos de cierre de brechas, estos no impactan a través de obras por impuestos a la solución de otros tipos de problemas como la educación» dijo López.

Lo que busca este dictamen es ampliar fuentes de financiamiento para expandir la capacidad de realizar proyectos bajo obras por impuestos.  «En la actual norma no se puede utilizar los recursos directamente recaudados y lo que hace esta norma es también que estos recursos puedan habilitar también que estos recursos puedan utilizarse para estos proyectos y su planificación para que puedan ser desarrollados. Además, se plantea un seguimiento y monitoreo [esto huele a más burocracia y que va ser más lenta la ejecución] a través de ProInversión. Además, el uso de IGV como crédito fiscal que incentive a más empresas a participar».

Debemos recordar que esta herramienta que impulsa la inversión en salud, saneamiento y educación, en favor de comunidades con brechas identificadas, contribuye a cerrar la profunda pero muy profunda brecha en infraestructura que tiene Perú. Solo en Apurímac existe un puente de piedra que data de 1580 que hasta ahora se utiliza porque no se ha construido otro.

Por su parte el diputado Víctor Flores se refirió a la situación del mecanismo «el monto máximo del CIPRL (Certificado de Inversión Pública Regional y Local) considera a los dos últimos años y no solo el último como señaló MEF, lo cual ha perjudicado a los gobiernos regionales para hacer obras por impuestos. Consideramos debe actualizarse excepcionalmente los topes máximos de capacidad anual para los gobiernos regionales, locales y universidades. Para que en un plazo de 15 días MEF pueda actualizar los flujos transferidos, los montos reducidos para el repago de los CIPRL y la relación de los convenios suscritos. La modificatoria prevista incidiría en la reducción de 91 proyectos sin adjudicarse por un máximo de 877 millones».

La congresista Diana González, mencionó la importancia de la norma «que fortalece el régimen de OXI, dónde el privado diseña e implementa la obra, cerrando muchos presuntos canales de corrupción, y el Estado tiene que reconocer al sector privado como aliado estratégico para el cierre de brechas, y muchos ministros han reconocido el impacto de OXI para la realización de obras y el incremento de las mismas respecto al año anterior». También mencionó «fortalecer los techos presupuestales de los gobiernos regionales y locales para la emisión del certificado de OXI, pero en la última ley del crédito suplementario se incluyó una modificación a la segunda disposición que redujo el monto máximo que pueden usar los gobiernos regionales y locales, afectándolos».  En resumen, se busca incrementar el techo presupuestal para coadyuvar a los gobiernos regionales.

Por su parte, la parlamentaria Ruth Luque fue crítica con esta propuesta. «Estoy opuesta a la incorporación de la reducción al IGV en el art. 7 de la norma, por tener un impacto, porque significaría una reducción a los propios gobiernos locales. Ya de por sí las empresas tienen de por sí ciertos beneficios».

El congresista Eduardo Castillo Rivas solicitó en el pleno al presidente de la comisión de economía, «incorporar a los locadores como beneficiarios de la especialización y certificación gradual de profesionales señalados en el art. 7 de la norma 29230». Es decir, pretende hacerlo más rápido incorporando a los locadores como parte de los beneficiarios.

Finalmente, por 60 votos a favor fue aprobado en primera votación esta propuesta. El proyecto será materia de segunda votación en 7 días calendario.

Posteriormente, según informó la oficina de comunicaciones del Congreso, el proyecto de ley fue exonerado de segunda votación, con lo cual quedó expedido para ser enviado al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación.