El 26 de abril en un nuevo operativo el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), detuvo al coronel en retiro Martín Gonzáles Sánchez, quien anteriormente se desempeñaba como jefe de la Unidad de Búsqueda de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin) de la PNP.

Gonzáles Sánchez, más conocido por el alias ‘Conejo’, fue detenido como parte de las investigaciones relacionadas con la fuga del exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva y de los sobrinos del expresidente Pedro Castillo.

Según la tesis fiscal, Gonzáles Sánchez conformaría la presunta organización criminal que se habría enquistado en Palacio de Gobierno y que estaría «facilitando la obtención de ganancias ilícitas futuras, copando las instituciones públicas mediante la designación de altos directivos y funcionarios clave en puestos y cargos sensibles y de confianza, en despachos donde cuentan con gran manejo de presupuesto público».

Martín Gonzales Sánchez, ‘El Conejo’ fue retirado de la Digimin por sus cuestionamientos.

Es este nuevo operativo dirigido por el fiscal José Luis Quispe Changanaquí, se allanaron ocho inmuebles y se detuvieron a otras dos personas, junto a Gonzáles Sánchez:

El coronel PNP José Luis Alarcón Camacho.

El mayor PNP Martín Barco Rivadeneyra.

Los tres estarían involucrados en la fuga de Juan Silva, el extitular de la cartera de Transportes y uno de los protegidos del encarcelado expresidente Pedro Castillo, al que se le acusa de irregularidades en el caso Puente Tarata, por lo cual continúa prófugo de la justicia.

Gonzales Sánchez, (a) ‘Conejo’, también habría ayudado al exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, ante la orden de prisión preventiva. Un aspirante a colaborador eficaz fue quien mencionó las implicancias que tendrían ambos coroneles en el caso. En este refiere que el sobrino del exmandatario influyó para que sea nombrado como director de la Digimin.

“[…] se expone las delaciones brindadas, respecto a los hechos vinculados a la influencia que tuvo Fray Vásquez Castillo, en la Designación de Martín Gonzales Sánchez, alias “Conejo” como director de Digimin, con la finalidad que este le brinde o filtre información relacionado a sus investigaciones o posibles detenciones”, se lee.

Gonzáles Sánchez, fue jefe de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin) en dos períodos cortos durante el Gobierno de Pedro Castillo.

Una semana y media después de haber dejado el cargo, el coronel PNP en retiro, fue designado como viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior en abril del 2022, durante el régimen de Pedro Castillo.

Cuando fue jefe de la División de Búsqueda (2013-2021) fugó del país el exjuez supremo César Hinostroza, involucrado en el caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.

Cabe señalar que, desde el 2016, Gonzales Sánchez estuvo al frente de la División de Búsquedas (Divbus) y durante su jefatura en la citada división creó un grupo para realizar videovigilancias, seguimientos de investigados y de escuchas legales.

El 30 de diciembre del 2021, el coronel pasó al retiro por renovación de cuadros, junto a otros 19 agentes de la PNP (17 generales de armas y tres de servicios).

Luego de una larga espera el Gobierno aprobó el establecimiento de la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau, ubicado frente a las costas de Piura y Tumbes, un área protegida que conservará una muestra representativa de los ecosistemas marinos del norte del país con el fin de contribuir a la mitigación del cambio climático y la continuidad de los procesos ecológicos, y así promover el uso sostenible de los recursos naturales.

El anuncio fue hecho por el ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, tras la reunión que sostuvo el pasado miércoles el Consejo de Ministros: “Hemos dado un gran paso en la creación de esta área. Es un área que va a potenciar el turismo en las regiones de Piura y Tumbes. Es un área que va a brindar seguridad alimentaria y el respeto a la cultura. Es un área que además cumple con los compromisos ambientales que el Perú se ha comprometido a nivel de los órganos de las Naciones Unidas”.

Castro Vargas también resaltó que esta nueva área protegida “es el clamor y pedido de muchas organizaciones de pescadores y gremios de turismo que miran en un área protegida una oportunidad para el desarrollo”. Asimismo, agregó que con esta decisión, el Ejecutivo demuestra que un área natural protegida (ANP) “sí puede ser compatible con actividades económicas”.

La Reserva Nacional Mar Tropical de Grau, de 115 675.89 hectáreas (0.14% del mar peruano), abarca cuatro sectores: Isla Foca, Cabo Blanco – El Ñuro, Arrecifes de Punta Sal y Banco de Máncora, ubicados frente a las costas de Piura y Tumbes.

Según el propio Ministerio del Ambiente (Minam), en este lugar habita el 70 % de especies marinas del país. Además, alberga 12 de los 30 tipos de cetáceos que existen en Perú, y es hábitat de especies amenazadas como las tortugas marinas. En dicha zona, además, se alimenta el 60 % de recursos marinos que se destinan para el consumo humano directo.

Además de promover la conservación de los recursos hidrobiológicos, esta ANP beneficiará a la pesca artesanal, además promoverá aún más el turismo que ya existe en la zona y será un espacio ideal para el desarrollo de la investigación científica.

Perupetro se opuso a creación de reserva natural

La creación de Mar Tropical de Grau fue posible pese a que, en noviembre de 2023, se conoció que la empresa Perúpetro expresó su posición en contra que fue manifestada a través de un informe avalado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

En dicho informe, la empresa estatal consideró que la creación de esta área protegida “resultará contraproducente para las actividades de hidrocarburos” y desde un punto de vista legal “no resulta viable” por superponerse con lotes petroleros.

Los avances prometidos no se han cumplido y el proyecto ha quedado estancado en un estado de incertidumbre, desde el mes de enero de este año, luego de un acuerdo para empezar la construcción de la Estación Central de la Línea 2 del Metro de Lima,

El alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga se comprometió para facilitar los permisos correspondientes en la construcción del proyecto; sin embargo, hasta la fecha, existe un estancamiento total en los avances de la obra.

Hace más de tres meses, López Aliaga, explicó, en una conferencia de prensa, las razones por las que se oponía a entregar la autorización para la construcción de la Estación Central de la Línea 2 del Metro de Lima. El popular Porky advirtió que la construcción de dicha obra ocasionaría un caos general entre los ciudadanos capitalinos.

Sin embargo,el 16 de enero, tras reunirse con el ministro de Transportes, Raúl Pérez-Reyes, y el entonces jefe de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), José Aguilar, López Aliaga se comprometió a facilitar las autorizaciones necesarias para iniciar las obras; pero los permisos aún no se han otorgado, a pesar que el concesionario de la Línea 2 cumplió con presentar formalmente las solicitudes de ley.

Con respecto al proyecto de la Estación Central, el concesionario de la Línea 2 habría intentado obtener la aprobación de la comuna metropolitana para sus desvíos en la construcción, pero encontró obstáculos burocráticos.

La MML ha generado retrasos por peticiones burocráticas

La Municipalidad Metropolitana de Lima habría solicitado diversas peticiones de información adicional, prolongando de esa manera el proceso, señalan fuentes del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran).  

Pese al estancamiento, se ha tratado de minimizar las interrupciones, incluso, la reducción del tiempo estimado de construcción, de 24, a 13 meses, así como mantener los carriles abiertos al tránsito en la avenida Garcilaso de la Vega, según afirmaciones de la nueva presidenta de la ATU, Marybel Vidal Matos.

Con la tuneladora Delia en la estación Plaza Manco Cápac, y cuya llegada a la Estación Central sería en junio, el ministerio pretende evitar demoras.

“Ahora se trabaja para que la tuneladora pase de frente hasta la estación Plaza Bolognesi, sin que esté construida la Estación Central, pero para eso se necesita de una adenda al contrato de concesión, en el que, además, el Estado debe pagarle un monto adicional a la concesionaria”, argumentó el ingeniero Miguel González, vocero de Ositran, para dicho medio.

El plan de trabajo propuesto, incluye la modificación del proyecto original a través de una adenda, lo que permitirá que la tuneladora avance a un ritmo de 20 metros por día, al operar las 24 horas del día, todos los días. La Línea 2 del Metro, tendrá 35 estaciones y han proyectado que esté lista para el año 2028.

Defensores de la vida. El Comité Permanente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) expresó su rechazo hacia la aplicación de la eutanasia a Ana Estrada, la primera ciudadana en Perú en acceder a este procedimiento.

Los obispos de Perú, a través del CEP, han calificado de vulneración el “derecho inalienable a la vida”, subrayando que no existe justificación para terminar con la vida de una persona, independientemente de las circunstancias.

La Conferencia Episcopal, apoyándose en la reciente declaración Dignitas infinita del Vaticano, ha recordado la importancia de respetar la dignidad humana en todas sus etapas, incluso en los momentos más difíciles por enfermedad o condiciones degenerativas. Se ha enfatizado que la vida, como regalo divino, debe ser custodiada y no interrumpida de manera artificial. Además, se hace un eco de las palabras del Papa Francisco, quien ha calificado tanto la eutanasia como el suicidio asistido como “una derrota para todos”.

En este contexto, la iglesia peruana invita a una reflexión sobre la esperanza y la fe, incluso frente a situaciones complejas como la que enfrentó Estrada, recordando la creencia en la resurrección y la vida eterna.

Por otro lado, el Padre Augusto Meloni Navarro, sacerdote y médico con experiencia en la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha destacado la importancia de los cuidados paliativos y llamado a la oración por el alma de Estrada.

Ana Estrada, la primera peruana en recibir la eutanasia

El pasado domingo 21 de abril de 2024, Ana Estrada, psicóloga y activista por los derechos de una vida plena, ejerció su derecho a una muerte digna a los 47 años y accedió al procedimiento médico de eutanasia, informó a través de un comunicado la abogada de la paciente, Josefina Miró. “Ana murió en sus propios términos, conforme a su idea de dignidad y en pleno control de su autonomía hasta el final”.

Cabe recordar que la Corte Superior de Justicia de Lima concedió a Ana Estrada, quién padecía una enfermedad que le dificultaba respirar y deglutir, el derecho a acceder a la eutanasia, marcando un precedente histórico en Perú.

En febrero de 2021, la decisión judicial eximió de culpa penal a los profesionales de salud que asistan en su procedimiento médico, una medida que luego sería confirmada por la Corte Suprema en julio de 2022.

Tras el pedido de la Fiscalía Suprema de impedimento de salida del país de Patricia Benavides, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria programó para el próximo lunes 29 de abril, a las 11:00 a. m. la audiencia de requerimiento de impedimento de salida del país por 36 meses para la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides.

El pedido del órgano fiscal realizado el martes 23 de abril, se sustenta en el ‘peligro procesal’ por la probable pertenencia de Patricia Benavides a la organización criminal presuntamente enquistada en el Ministerio Público.

Mediante su cuenta X, el Poder Judicial resaltó que: “la Fiscalía Suprema especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos solicitó se imponga esta medida contra Benavides Vargas, investigada por el presunto delito de organización criminal”.

Este requerimiento de impedimento de salida del país contra Benavides Vargas fue presentado el mismo día de que el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) del Ministerio Público detuviera preliminarmente a siete personas entre ellos, los exasesores y allegados de Patricia Benavides: Miguel Girao, Abel Hurtado, José Castillo, Mirtha González, Giancarlo Valer, Jorge Palomino y el exagente de la Diviac, Jorge Rodríguez Menacho. Y allanara un total de 21 inmuebles en el denominado operativo ‘Valkiria XI’, por la investigación contra la presunta organización criminal que lideraría la fiscal suspendida.

Tras los hechos ocurridos el martes 23 de abril, en los exteriores de la sede del Gobierno Regional de Cusco, en el cual, la ministra de Comercio exterior Elizabeth Galdo Marín le arrebató el micrófono al periodista Néstor Larico para responderle y luego tirarlo al suelo; el hombre de prensa, la denunció ante la comisaria PNP de Wanchaq, por agresión.

En la denuncia verbal, según el acta N° 381, interpuesta por el periodista Néstor Larico Ayamamani de 39 años, en la tipificación, se indica administración pública (delito) por el hecho ocurridos el martes 23 de abril a las 10.00 am. en Cusco, Wanchaq, local del Gobierno Regional de Cusco y cuya denunciada es Elizabeth Galdo Marín, de profesión abogada.

Denuncia policial presentada por periodista ante la comisaria de Wanchaq en Cusco.

En una parte del contenido de la denuncia se lee:

“Acta de recepción de denuncia verbal en el distrito de Wanchaq-Cusco, siendo las 16:45 horas del día 23 de abril del 2024, en la oficina de la sección de Investigación Criminal de la comisaria PNP Wanchaq, se hizo presente ante el instructor, la persona Néstor Larico Ayamamani (39) San Román-Juliaca-Puno, periodista independiente, colaborador de medios de comunicación ‘Nueva Tv Nacional’, redes sociales…”  

Periodista Néstor Larico saliendo de la comisaria de Wanchaq, tras presentar la denuncia.

Asimismo, el periodista denunciante, hizo entrega al departamento de investigación criminal de la comisaria PNP de Wanchaq, de un material fílmico contenido en un CD-DVD, que registra las imágenes y el audio durante el hecho del día 23 de abril, como evidencia y/o medio probatorio del accionar de la titular de Comercio Exterior.

Sobre manila presentado a la PNP conteniendo un DVD de material fílmico que evidencia el hecho.

¿Cómo fue el incidente donde la ministra Galdo perdió el control ante la prensa?

La ministra de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) Elizabeth Galdo Marín durante su visita a Cusco, el martes 23 de abril protagonizó una confrontación bochornosa con periodistas de la prensa local que le hacían preguntas sobre la presidenta Dina Boluarte y sobre la cuestionada contratación de la empresa Joinnus en dicha región.

La ministra Galdo Marín se encontraba desplazándose dentro de las instalaciones del Gobierno Regional de Cusco y participó de una reunión con la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales y el Gobierno Regional de Cusco, para tratar temas referentes a la preocupante situación política del país.

En la cobertura informativa, durante un corto desplazamiento a pie entre la gente de prensa y la titular de Comercio Exterior, el periodista Néstor Larico se acercó a la ministra para realizarle preguntas, entre las que mencionó: ¿Y por qué acepta usted el cargo de ministra de Turismo? sin embargo, la ministra de forma inexplicable le quitó el micrófono al periodista de ‘Nueva Tv Nacional’, y le respondió: “con mucho orgullo”, mientras el hombre de prensa decía: “me está quitando el micro” y luego ella lo arrojó al suelo.

Ministra Elizabeth Galdo perdió el control y agredió a periodista en Cusco.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú rechaza la conducta de la ministra Galdo

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú – ANP, a través de su red social expresó su rechazo a la reacción hostil de la ministra Elizabeth Galdo Marín hacia el periodista Néstor Larico Ayamamani, quien cumplía su trabajo de hacer preguntas a una alta funcionaria del Estado.

En su pronunciamiento se lee: “Ese nivel de intolerancia es impropio de quien ejerce función pública y está sujeta al escrutinio ciudadano”.

A la Policía, lamentablemente, ya no se le respeta. Resulta preocupante que cada vez sea más frecuente ver en los noticieros a efectivos policiales siendo parte de organizaciones criminales, o partícipes de algún robo. Un nuevo estudio llamado Pulso de la democracia en el Perú, difundido por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), reveló una triste realidad que poco a poco se viene normalizando en nuestra sociedad. Según el informe, uno de cada cinco peruanos confesó que un miembro de la Policía Nacional del Perú (PNP) le solicitó algún tipo de soborno para pasar por alto alguna infracción.

“Ya sea mediante una coima para no pagar una multa o para acelerar un trámite, el ciudadano entabla una relación con funcionarios o políticos que abusan de su posición pública para beneficio privado”, se puede leer en el informe difundido.

No solo eso, sino que el documento indica que el Perú aparece en los primeros lugares en este tipo de incidentes a nivel de América Latina y El Caribe. De hecho, “el 22 % de los peruanos reportan que un oficial de la policía les ha solicitado un soborno, lo que lo coloca en la tercera posición, solo superado por Nicaragua con 22% y Bolivia con 24%”.

De hecho, estos casos también están identificados en el código disciplinario de la Policía Nacional del Perú y son calificados como faltas muy graves. “Solicitar o recibir dádivas o cualquier otra clase de beneficio proveniente directa o indirectamente del usuario del servicio o de cualquier persona que tenga interés en el resultado de su gestión” es sancionado con el pase a situación de retiro.

Funcionarios públicos tampoco se salvan

Por otro lado, el estudio de IEP también indica que al menos uno de cada diez peruanos (10%) ha reportado que un funcionario le solicitó algún tipo de soborno durante el año pasado.

En este sentido, el informe también sostiene que es precisamente este tipo de interacciones los que perjudican la imagen que los ciudadanos tienen de las instituciones públicas. “Cuando los ciudadanos viven hechos de corrupción tradicional directamente, la confianza en las instituciones estatales y la percepción de su desempeño podría decaer”, se sostiene.

También se considera que la desigualdad generada por la corrupción afecta a la forma en la que se ven las funciones de la institución, pues “los que pagan la coima son los que acceden al servicio, trámite o excepción, mientras que los que no pueden pagarlo simplemente no los obtienen”.

Existen actos imperdonables en la vida como el hecho de no darle todos los cuidados posibles a nuestros hijos, descuidando su bienestar, su salud, al punto quizás de causarle la muerte; o también tomarlos como simples objetos de intercambio por un poco de licor barato. Un hecho insólito ocurrió en un bar ubicado en el sector de Masusa, distrito de Punchana, provincia de Maynas, región de Loreto, donde la Policía Nacional del Perú (PNP) investiga a una mujer por presuntamente haber entregado a su hijo de tan solo 8 meses por unas cuantas cervezas.

Según relataron los familiares, la joven de 17 años salió con su bebé durante el fin de semana y regresó el lunes sin él, afirmando que lo había dejado con un desconocido mientras iba al baño. Jimena Damazon Fachín, abuela del menor, denunció el lunes 22 de abril la desaparición del niño y contó a las autoridades lo que su hija le dijo.

El jefe del departamento de investigación criminal de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Iquitos, Gregorio Conde Cárdenas, señaló que la mujer aparentemente entregó al niño a otra persona a cambio de algún beneficio. Habrían llegado a esta conclusión porque Mélida Tuanama, una ciudadana que presenció los hechos, fue a las oficinas del área de Trata de Personas asegurando que venía cuidándolo desde hace más de tres días porque la mamá del niño se lo entregó a su pareja. Insistió dejándolo en el piso de un baño mientras pedía unas cervezas.

“Le entregó en el piso al bebé, le dijo ‘no le quiero, dame una cerveza y llévatelo'”, expresó Tuanama en las oficinas de Trata de Personas de Iquitos. 

En ese sentido, los familiares y la madre del bebé acudieron a la sede policial con la intención de llevárselo, pero se les informó que aún deben esperar el avance de las diligencias en medicina legal y la decisión del Ministerio Público sobre la protección del menor.

Agentes policiales femeninas están a cargo del cuidado del menor y están organizando una colecta para comprarle leche y pañales.