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Política

Alcalde de Lima López Aliaga a favor de ley contra el “terrorismo urbano”

Delitos como extorsión o sicariato serían catalogados como “terrorismo”.

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La delincuencia urbana afecta de manera transversal a todos, sean grandes o chicos, obreros, funcionarios e incluso autoridades gubernamentales, pues algunas de ellas vienen recibiendo amenazas por parte de organizaciones criminales extranjeras. A propósito de ello, el alcalde la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), Rafael López Aliaga, se pronunció respecto a la ola delictiva que viene azotando varios distritos de la capital, más precisamente sobre la granada que dejaron en los exteriores de la discoteca Xander’s y donde se registró 15 heridos. En ese sentido, afirmó que impulsará la ley de terrorismo urbano.

“Ya estamos en un terrorismo urbano que pongan una granada a un grupo musical en San Juan de Lurigancho es terrorismo acá y en la China. Esa ley fue derogada en la época de [Alejandro] Toledo. Los caviares de porquería que estaban gobernando”, declaró para Canal N.

El alcalde de la MML indicó que se debe volver a aprobar ante la ola de crímenes. Además, señaló que desde el Congreso de la República se tiene que hacer “trabajos” para proteger a la Policía Nacional del Perú (PNP).

A su vez, pidió que los sujetos involucrados en estos casos deben contar con una pena efectiva. “Hay muchos temas que hay que trabajar desde el Congreso y Ejecutivo”, añadió.

Asimismo, el pasado viernes, el Concejo Metropolitano acordó para que el alcalde de Lima pida al Ministerio del Interior por la intervención de las Fuerzas Armadas para apoyar a la PNP. Ante esta situación, López Aliaga precisó que ya se reunió con el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta. Mientras que el encuentro con el ministro del Interior, Vicente Romero, está pendiente.

“Este tema ya no espera […] cuando hablamos de Fuerzas Armadas no nos tome el pelo, estamos hablando de un rol disuasivo, lo que antes era la guardia republicana que estaba protegiendo los activos críticos del país. Eso hay que volver a hacer”, señaló a la prensa.

La autoridad edil aseveró que no es necesario declarar en estado de Emergencia el distrito para aprobarse la salida de los militares. “Uno choro va a pensar mil veces cuando una tanqueta [esté] cada cinco cuadras”, añadió.

Por otro lado, manifestó que apoya al alcalde de San Juan de Lurigancho que convocó una marcha por la ola de criminalidad que se registra en su comuna. Además, respaldó lo anunciado por la presidenta al declarar en emergencia al distrito.

Extorsionadores ahora utilizan explosivos para atemorizar a sus víctimas; muchas veces sus amenazas se concretan. Foto: GEC.

Sicariato, extorsión y organizaciones criminales encajarían como terrorismo

Por su parte, el alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, también viene solicitando que los delitos de extorsión, sicariato y organizaciones criminales sean catalogados como “terrorismo”.

El terrorismo urbano existe cuando se propala una situación que atemoriza a la población y que, ciertamente, crea el caos y el desconcierto. Nosotros hemos podido ver cómo así están lanzando granadas”, sostuvo en conferencia de prensa desde el exterior de Palacio de Gobierno.

Alcalde de Los Olivos también se suma a iniciativa. Foto: diario La Razón.

“Terrorismo urbano o violencia urbana, lo que sea, es que todos los peruanos [debemos] unirnos para derrotar a estas mafias y estas pandillas que andan aterrorizando”, añadió Castillo.

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Política

López Aliaga: “ONG Manuela Ramos le roba al pueblo más de 1 millón de dólares, del millón 400 mil que recibió” [VIDEO]

Al parecer, la ONG feminista se vio descubierta y APCI habría difundido información que revela que ésta habría recibido $1 millón 400 mil dólares de USAID para proyectos de ayuda social; sin embargo, destinó $1 millón en pago de sueldos. “Si te dan US$1 millón 400 mil, que es para ayuda al pueblo ¿1 millón se van en planillas y en consultorías?”, cuestionó el alcalde de Lima.

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El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, acusó a la ONG “Manuela Ramos” de haber realizado un mal uso de los fondos de USAID que recibía eventualmente. El burgomaestre señaló que de los 1.4 millones de dólares que habría recibido la ONG de parte de la agencia norteamericana, más de un millón lo habrían utilizado para cubrir los gastos personales de la organización feminista; en lugar de costear los gastos para proyectos de ayuda social en beneficio de poblaciones vulnerables, tal como lo estipula el convenio.

Entre tanto, el burgomaestre metropolitano afirmó: «Estoy buscando la verdad de cómo se le ha robado al pueblo peruano los fondos que eran para ayuda social. Por ejemplo, Manuela Ramos, un caso concreto, le roba al pueblo más de 1 millón de dólares de los 1.4 millones que recibió”.

“Si te dan US$1 millón 400 mil, que es para ayuda al pueblo ¿1 millón se van en planillas y en consultorías?”, cuestionó López Aliaga.

ONG Manuela Ramos rechaza lo dicho por López Aliaga y también emplaza a APCI

A través de sus redes sociales, la ONG Manuela Ramos no se hizo esperar y le respondió al alcalde Rafael López Aliaga sobre las acusaciones del mal uso de fondos provenientes de la ‘Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional’ (USAID) y expresó su rechazo a las expresiones de la autoridad edil. Asimismo, aseguraron que tienen la certeza de que estas acciones se dan como parte de una “campaña en contra de la sociedad civil organizada y el derecho a la participación, libertad de expresión y nuestra lucha permanente por los derechos de las mujeres, personas LGBTIQ y la igualdad de género en el país».

La ONG también indicó que, ante las últimas publicaciones difundidas sobre la ejecución de fondos de la cooperación internacional, iniciarán acciones legales y también solicitaran a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) la información que se ha difundido, pues esta «no se ajusta a la realidad y daña nuestra trayectoria y trabajo de más de 45 años en varios departamentos del país».

“Cabe recordar que, en cumplimiento de nuestras obligaciones, informamos anualmente al Estado peruano-APCI, sobre nuestro trabajo y presupuestos ejecutados, que son a la vez auditados por las agencias de cooperación. Además, reportamos a otras instancias públicas como el Ministerio de Trabajo, SUNAT y la Superintendencia de Lavado de Activos, entre otras. Todo ello guiado por nuestros principios de transparencia», se lee en el comunicado de la ONG feminista.

López Aliaga acusa a la ONG de robarle al pueblo

Entre tanto, el burgomaestre metropolitano cuestiona al organismo feminista y asevera que le ha robado al pueblo dinero que debía ser utilizado para ayuda social.

«Estoy buscando la verdad de cómo se le ha robado al pueblo peruano los fondos que eran para ayuda social. Por ejemplo, Manuela Ramos, un caso concreto, le roba al pueblo más de 1 millón de dólares de los 1.4 millones que recibió», declaró para el medio local.

FUENTE: EXITOSA.

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Política

¡Incompetencia total! Ministro de Educación afirma que viene conversando con los padres de familia para que ellos protejan a sus hijos en el colegio [VIDEO]

Ahora serían los propios padres en velar por la seguridad de sus hijos cuando van al colegio, según declaraciones del ministro Morgan Quero, cuando eso es responsabilidad de la Policía.

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El peor ministro que se ha visto en los últimos 40 años, sin exagerar, por sus constantes exabruptos, pronunciamientos, declaraciones, desconocimiento de la realidad; Morgan Quero Gaime, titular del Ministerio de Educación (Minedu), de lejos, puede ser fácilmente la mejor representación de la improvisación en la gestión de la presidenta Dina Boluarte.

Muchos no comprenden cómo así ha llegado a ser ministro en dos carteras. La única explicación es que calza bien en su rol de ‘escudero’ de la mandataria, entrenado para inmolarse por su “jefecita”.

Ahora, el “engreído” de la jefa de Estado, ha asegurado que se está reforzando la coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) y las brigadas de autoprotección escolar, integradas por padres de familia, con el objetivo de garantizar la seguridad de los colegios y proteger a los estudiantes en caso de un ataque.

«Hemos mejorado las condiciones de vida de muchas personas y estamos trabajando de la mano con nuestra Policía Nacional y, por supuesto, con las brigadas de autoprotección escolar que están constituidas por nuestros madres y padres de familia. Seguiremos atentos a eso», expresó.

fuente: 24 horas.

Este anuncio se da en un contexto de creciente preocupación y temor en la comunidad, luego de una serie de ataques armados contra instituciones educativas. Hace dos semanas, delincuentes en motocicleta dispararon contra la Institución Educativa César Vallejo, lo que obligó a suspender las actividades escolares.  

A pocas cuadras de allí, la puerta de metal del colegio Javier Heraud también fue atacada en un incidente similar, aparentemente como represalia por negarse a pagar una extorsión.

Ahora, el improvisado ministro Quero Gaime quiere que sean los propios padres de familia los que resguarden la seguridad de sus propios hijos, siendo responsabilidad, en materia de seguridad ciudadana, de la Policía Nacional la vigilancia en los exteriores de las instituciones educativas.

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Política

Gobierno Regional de Loreto gestiona proyectos con el Ejecutivo y el Congreso

Representantes del Gobierno Regional de Loreto estuvieron en Lima gestionando importantes proyectos de carretera y conectividad de internet para la región amazónica.

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La gestión del gobernador de Loreto, Jorge Chávez Silvano, mediante su gerente de Transportes y Comunicaciones, Pio Flores Tang, sostuvo diversas reuniones y mesas de trabajo en el Congreso y en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Dentro de las labores de Flores Tang en Lima, destaca su participación en la conferencia de prensa por el “Día de la Amazonía”. El gerente de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Loreto le solicitó al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, que se mejore la conexión de internet en su región. Un pedido que beneficiará a un millón de habitantes.

Pio Flores Tang también participó de una mesa de trabajo en el despacho de la parlamentaria Ana Zegarra Saboya, en el Congreso de la República. En la reunión se buscó gestionar un mayor presupuesto para los proyectos de carretera en Loreto. También como parte de su agenda, el gerente de Transportes y Comunicaciones visitó el MTC con la finalidad de sustentar proyectos y revisar los estudios de impacto ambiental que se encuentran pendientes.

“Hemos visitado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y en la Dirección de Asuntos Ambientales se encuentran los estudios que esperamos de impacto ambiental, respecto a la cuarta vía de penetración que estamos gestionando para su ejecución. Nuestros hermanos agricultores demandan la ejecución de las vías para mejorar el acceso y así puedan trasladar su producto con mayor facilidad a los mercados de Iquitos. Y esto se traduzca en menores costos para las amas de casa”, señaló Pio Flores Tang.

Además, el gerente de transportes agregó: “También estamos solicitando a Provías Descentralizado que nos apoye con un mayor presupuesto para seguir manteniendo la carretera Iquitos – Nauta, porque este año nos han restringido y eso en verdad es preocupante. Nosotros, como Gerencia de Transportes, hemos venido a sustentar en el MTC que sí necesitamos mayor presupuesto”.

Finalmente, Flores Tang mencionó: “Hemos venido al Congreso de la República con algunas autoridades regionales y hemos exigido que el Congreso haga sus buenos oficios para traer el internet a Loreto. Estamos planteando si es posible crear una ley donde se declare como un derecho fundamental el acceso de internet para las comunidades de Loreto”.

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Política

Congreso: Comisión de Ética blinda a José Jerí, parlamentario denunciado por presunta violación [VIDEO]

Decidieron no investigar a congresista de Somos Perú involucrado en un ataque sexual contra una mujer que tras despertar desnuda en una cama de la casa de campo del parlamentario lo denunció ante Fiscalía. Legislador Álex Paredes afirma: «No se puede juzgar a cualquier funcionario por sus actos (que cometan) cada sábado y domingo».

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¡El colmo! Primero pasó el pasado jueves 23 de enero, fecha en que la Comisión de Ética se abstuvo de revisar el caso del parlamentario José Jerí por presunta violación por falta de quórum. Aquella vez, solo se hicieron presente los congresistas Alex Paredes y Elvis Vergara de manera presencial. Los demás, ni su sombra. Entre los faltones destacaron María Taipe (Perú Libre), Kira Alcarraz (Podemos Perú) y Cruz María Zeta (Fuerza Popular), ellas habían pedido licencia. Entre los faltantes más relevantes destacó Nelcy Heidinger (APP), secretaria de la Comisión, Rosangella Barbarán, Héctor Ventura, Auristela Obando (Fuerza Popular) y Kelly Portalatino (Perú Libre).

El pasado 23 de enero la Comisión de Ética no revisó el caso de José Jerí por falta de quórum. Solo hubo dos asistencias.

Y esta vez sí asistieron a la Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso nueve congresistas, entre ellos Alcarraz, Heidinger, Paredes, Medina, Portalatino, Palacios Huamán y Vergara. Entre tanto, se mantuvieron ausentes, los dos Bazán y Rosangella Barbarán. Sin embargo, decidieron no abrir una investigación de oficio contra el congresista investigado José Jerí Ore, denunciado por presunta violación sexual a fines de diciembre pasado.

El presidente del grupo de trabajo, Alex Paredes, anunció la determinación al inicio de la sesión, argumentando que el caso se encuentra en la Fiscalía y está bajo reserva.

“No podemos interferir en una investigación en sede fiscal, donde además estamos obligados a respetar la reserva del proceso para salvaguardar a la víctima. Por estas razones, la Comisión no puede formular una denuncia de oficio sin elementos que demuestren una vulneración a la ética parlamentaria”, sostuvo Paredes.

Asimismo, el presidente de la Comisión precisó que, ante la falta de elementos que sustenten una transgresión a la ética parlamentaria, el grupo que dirige continuará a la espera de los avances del Ministerio Público.

“La Comisión de Ética sigue esperando la respuesta del Ministerio Público. Si en el futuro se determinan hechos que ameriten una indagación preliminar, procederemos conforme a nuestras atribuciones”, concluyó Alex Paredes.

Partido Somos Perú suspendió a congresista José Jerí

Como se recuerda, tras hacerse pública la denuncia, los primeros días del mes de enero de este año, Somos Perú emitió un pronunciamiento oficial en el que informó la suspensión de la militancia de José Jerí Oré hasta que culminen las investigaciones.

«Somos Perú, condena todo tipo de violencia contra la integridad de la mujer o personas vulnerables, hemos tomado conocimiento de los hechos que involucran a un congresista de nuestro partido, exigimos al Ministerio la celebridad del caso en las investigaciones, Enrique Jerí queda suspendido», escribió Somos Perú.

FUENTE: DIARIO EXPRESO.

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Política

Congreso: Presentan moción para crear comisión que investigue y detecte a beneficiarios de USAID

La bancada de Renovación Popular presentó iniciativa para crear una Comisión Investigadora que recabe toda información sobre las ONG que fueron financiadas por USAID y determinar si estas se direccionaron irregularmente con el fin de implementar agendas ideológicas, en contravención a la norma constitucional.

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El grupo parlamentario Renovación Popular ha presentado una moción para crear una Comisión Investigadora Multipartidaria que detecte e indague a los beneficiarios del financiamiento que otorgó la “Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional” (USAID) en Perú. Entre los parlamentarios firmantes destacan Alejandro Muñante, Patricia Chirinos, Diego Bazán, Cheryl Trigoso Reátegui, María Jessica Córdova, y Norma Yarrow Lumbreras.

«Constituir una Comisión Investigadora Multipartidaria, encargada de (…) determinar si este financiamiento se direccionó de manera irregular para la implementación de agendas político – ideológicas en contravención a lo normado en la Constitución Política del Perú y las leyes vigentes, y/o al debilitamiento de nuestra institucionalidad democrática», se lee en el documento de la moción.

Asimismo, el documento indica que resulta necesario conformar este grupo de trabajo parlamentario para determinar qué personas jurídicas estatales y/o privadas; así como personas naturales, fueron financiadas por la agencia norteamericana y con qué fines recibieron este financiamiento. Y si esta subvención se encontraba alineada con nuestra Constitución Política y nuestro ordenamiento jurídico interno y nuestra institucionalidad democrática.

Asimismo, se busca confirmar si existió un desvío de fondos para financiar agendas políticas ideológicas ajenas al concepto de financiamiento brindado por USAID. Además, plantearon que se les otorgue un plazo de 120 días calendarios, a partir de su instalación con la finalidad de cumplir con la labor planteada.

La moción indica que la comisión investigadora tendrá que encargarse de recabar toda la información requerida en el «primer apartado que sirva, asimismo, para determinar las responsabilidades políticas y administrativas; así como civiles y penales que hubiera, para remitir esa información al Ministerio Público a fin de que proceda con las imputaciones y acusaciones respectivas pasibles de ser sancionadas por ley».

Hasta 2022 organizaciones de Perú recibieron US$157 millones de USAID

Según indicadores, Perú recibiría el 6% de los fondos destinados por parte de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), institución internacional que estaría con los días contados, tras la orden de cierre de todas sus oficinas en el extranjero.

Por su parte, el exdirector ejecutivo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), Carlos Pando, aseguró que Estados Unidos no se puede dar el lujo de dejar de cooperar con el mundo.

“Estados Unidos no se puede dar el lujo de dejar de cooperar con el mundo. Lo que va a hacer es reorientar. El gobierno americano podrá cerrar USAID, pero va a tener que tener una oficina de cooperación y priorizará los temas (…) El gigante del mundo no puede dejar de tener política exterior de cooperación», sostuvo y además reveló que, hasta el 2022, Perú había recibido un total de 157 millones de dólares de USAID.

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Política

Fiscalía presentó denuncia constitucional contra excongresista César Combina

En la denuncia contra el exparlamentario de APP se le acusa como presunto autor del delito de ‘enriquecimiento ilícito’. Anteriormente, ya había sido denunciado constitucionalmente por el Ministerio Público por presunto tráfico de influencias agravado porque habría cobrado coimas a 50 alcaldes a cambio de gestionar sus obras.

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El Ministerio Público, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó una denuncia constitucional contra César Augusto Combina Salvatierra, en su condición de congresista de la República, como presunto autor del delito de enriquecimiento ilícito, en agravio del Estado.

Como se recuerda, Combina Salvatierra fue congresista de la República por la región Junín del 2020 al 2021, por el partido Alianza Para el Progreso (APP).

«Los hechos están referidos a que, entre el 16 de marzo de 2020 y el 26 de julio de 2021, de manera continua y permanente, (Combina) habría incrementado ilícitamente su patrimonio en un importe de S/ 472 868.67», se lee en el texto de la Fiscalía.

Los fondos de César Combina no guardarían relación con sus ‘ingresos legítimos’

Asimismo, el MP menciona que se detectó la existencia de abonos bancarizados de origen y procedencia desconocidos realizados al excongresista por un total de S/ 948 063, según lo determinado por una pericia contable financiera.

«En ese contexto, no solo resultaría ser un incremento significativo que carece de un ámbito de procedencia ilícito corroborado, sino que también no guardaría relación con sus ingresos legítimos percibidos por todo concepto», agrega el comunicado del Ministerio Público.

Fiscal de la Nación denunció constitucionalmente a César Combina por presuntamente cobrar coimas a alcaldes

Como se recuerda, en abril del 2024, el fiscal de la Nación interino de entonces, Juan Carlos Villena, presentó una denuncia constitucional contra el exparlamentario César Augusto Combina Salvatierra por presunto tráfico de influencias agravado, por presuntamente haber recibido dinero de aproximadamente 50 alcaldes, a cambio de gestionar sus proyectos en la Ley de Presupuesto del 2021.

Denuncia Constitucional contra excongresista César Combina por tráfico de influencias.

En el documento dirigido al presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, el titular del Ministerio Público (MP) indicó que Combina Salvatierra es acusado por supuesto tráfico de influencias, en el marco de su actuación como integrante de la Representación Nacional.

«Interpongo denuncia constitucional contra César Augusto Combina Salvatierra, en su actuación como congresista de la República, como presunto autor del delito contra la administración pública – delitos cometidos por funcionarios, en la modalidad de tráfico de influencias agravado por la condición de funcionario, ilícito previsto y sancionado en el artículo 400° (primer y segundo párrafo) del Código Penal, en agravio del Estado», se lee en el documento de la denuncia.     

La tesis fiscal sustentó que Combina Salvatierra habría alardeado a los exalcaldes Cruger Miranda Rosales (Yanacancha), José Luis Cerrón Nastares (Colca) y Wilmer Felicio Catay Trucios (San Marcos de Rocchac), tener influencias en el Parlamento y habría ofrecido interceder sobre su “compadre” Héctor Acuña, expresidente de la Comisión de Presupuesto, para el financiamiento de obras, a cambio de S/50 mil soles por proyecto.

César Combina protesta y asevera que la Fiscalía comete un abuso

El excongresista César Combina Salvatierra se pronunció a través de su cuenta de X sobre la denuncia constitucional de la Fiscalía, y aseveró que está basada en una pericia contable con “graves omisiones y fallas”.

“Lamento aclarar al Ministerio Público que su pericia contable tiene graves omisiones y fallas que incluyen muchos ingresos y recursos previos a mi cargo como congresista. Además de violar el debido proceso y permitirme una defensa justa”, afirmó el exlegislador en su cuenta de X.

Pronunciamiento de César Combina luego de ser acusado por la Fiscalía.

“Sobre mi situación contable (antes, durante y después de mis 16 meses como congresista) en donde siempre manejé recursos propios, de mi familia y de mi empresa. La denuncia constitucional es parte de una muestra de abuso que la Fiscalía hace en una investigación incompleta”, concluyó Combina Salvatierra.

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Política

Obstetra de confianza de César Acuña ha sido designada como directivo en Sunedu

Susana Edita Paredes Diaz es militante del partido Alianza para el Progreso y lleva años enseñando en la Universidad César Vallejo, institución que recurrentemente ha sido sancionada por la Superintendencia. Sin embargo, con ella como representante ante el Consejo Directivo, ¿la Sunedu continuará fiscalizando a la universidad de ‘plata como cancha’?

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Ya no es solo ‘plata como cancha’. Ahora se trata de ‘influencia como cancha’. Por algo el partido de César Acuña Peralta, Alianza para el Progreso (APP), prácticamente cogobierna con la presidenta Dina Boluarte, y ha copado a través de “la cuota”, diversas instituciones del Estado con sus militantes.  

En tal sentido, una nueva “alfil” de APP, ingresa al aparato del Estado y nada menos que al campo de la educación. Se trata de la obstetra Susana Edita Paredes Díaz, quien a través de la Resolución de Presidencia N° 017-2025-CONCYTEC-P, ha sido designada como representante del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CONCYTEC) ante el Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU.

Resolución de Presidencia n.° 017-2025-CONCYTEC-P que designa a militante de APP.

Como se sabe, la Sunedu fiscaliza a las universidades como la César Vallejo (UCV), donde Paredes Diaz se desenvuelve como docente de investigación de las carreras profesionales de Obstetricia, Nutrición y Medicina en pregrado y postgrado, desde hace aproximadamente 12 años. Y ¿de quién es esa universidad? Nada menos que de César Acuña Peralta, quien también es propietario del Partido Alianza para el Progreso, (APP), agrupación política en el que ella también es militante activa desde 2013.

Susana Edita Paredes Diaz milita desde hace 12 años en APP, según el ROP del JNE.

El actual presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación (Concytec), Sixto Sánchez Calderón emitió y firmó la resolución publicada en el Boletín de Normas Legales del diario El Peruano— que oficializa en el cargo a Susana Edita Paredes Díaz.

Como es de conocimiento público, la Sunedu tiene la facultad de “aprobar, denegar, suspender o cancelar las licencias para el funcionamiento del servicio de educación superior universitaria bajo su competencia”, pero puede sancionar a las instituciones educativas que no cumplan con la normativa educativa. Sin embargo, con Susana Edita Paredes Diaz en la directiva, ¿la Sunedu continuará fiscalizando a la Universidad César Vallejo?

Sunedu ha sancionado múltiples veces a la UCV de César Acuña Peralta

Como se recuerda, la Sunedu anteriormente ha mostrado su relativa independencia, al imponerle una multa a la UCV de S/193,251.38 por el pago indebido de regalías por S/1,894,737.00 a César Acuña Peralta, bajo el rubro de “Conoce Más Viajes y Turismo”, y otra sanción de S/594 mil, por utilizar los fondos de la universidad, cerca de S/7 millones, para financiar los viajes de sus parientes cercanos. Asimismo, en agosto de 2023, la Sunedu multó con S/1’160,363 a la universidad de César Acuña Peralta por infringir la Ley Universitaria.

Susana Edita Paredes Diaz es obstetra de la Universidad de Cajamarca

De acuerdo a su expediente registrado ante el Concytec, la doctora Paredes Diaz indica que es obstetra, egresada de la Universidad Nacional de Cajamarca, magister en Educación y posee una larga trayectoria laboral en la Universidad César Vallejo (UCV) desde el año 2013, tiempo durante el cual ha desempeñado cargos directivos que revelan su cercana relación con César Acuña Peralta.

Hoja de vida de Susana Edita Paredes Díaz, según lo que registró en Concytec.

La nueva directiva de Sunedu es militante activa del partido Alianza para el Progreso (APP)

Susana Edita Paredes Díaz también es, desde el 4 de diciembre de 2013, una activa militante del partido acuñista Alianza para el Progreso (APP).

De esta manera, la opinión pública nuevamente es testigo de la gran influencia que ostenta César Acuña Peralta y todo su clan de “Alianza para el Progreso” (APP), que desde el Parlamento y en un “pacto” con el gobierno de Dina Boluarte, vienen decidiendo los infortunados destinos que hoy vive el país. Sin embargo, como dice el refrán: “No hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista”. 

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Política

Congresistas de izquierda pretenden derogar Ley que expulsa a profesores condenados por terrorismo o violación sexual [VIDEO]

Legisladores promotores de la iniciativa sostiene que muchos profesores han sido condenados injustamente. Waldemar Cerrón, segundo vicepresidente del Congreso, opina lo mismo.

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Hace menos de un mes el Congreso de la República aprobó la Ley n. º 32242 el 11 de enero la cual establece la destitución automática de cualquier director, profesor, auxiliar o personal administrativo de colegios públicos o privados que sea condenado en primera instancia a prisión, ya sea efectiva o suspendida, por ciertos delitos.

La norma también prohíbe el reingreso de estas personas a la carrera pública magisterial, dejándolas inhabilitadas permanentemente para trabajar en el ámbito educativo, tanto en instituciones públicas como privadas, así como en otras entidades descentralizadas del sector.

Ante ello, congresistas de las bancadas de izquierda como Perú Libre (Flavio Cruz), Bancada Socialista (Alfredo Pariona) y el Bloque Magisterial (Paul Gutiérrez) presentaron proyectos de ley para derogar la citada norma que destituye a los profesores condenados por delitos graves como terrorismo, apología al terrorismo, tráfico ilícito de drogas y abuso sexual.

Los proyectos buscan permitir que estos docentes puedan volver a las aulas de clase. Según los congresistas, la defensa se centra en aquellos profesores que han sido «injustamente» sentenciados.

fuente: tv peru.

Waldemar Cerrón a favor de derogatoria

Por su parte, el segundo vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso, Waldemar Cerrón, se mostró a favor de derogar la norma vigente y permitir que los docentes recobren sus puestos de trabajo.

“[La norma actual] más bien terminaría perjudicando a personas inocentes y aprovechando la instrumentalización de la justicia se persiga al magisterio, y nadie va a querer ser maestro”, sostuvo el parlamentario, quien agregó que la norma actual es rechazada por los maestros del Perú, porque “es una forma de perseguir al docente”.

El congresista también hizo un llamado a la justicia para “que se respete el principio de presunción de inocencia” de los maestros y se utilicen todos los mecanismos legales “para evitar que se cometan injusticias”.

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