El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria por el Juzgado 44° Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá. La sentencia, emitida por la jueza Sandra Liliana Heredia Aranda, lo halló culpable de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

Además de la pena privativa de la libertad, la jueza impuso al exmandatario una sanción económica superior a los 3.444 millones de pesos, monto equivalente a 2.420 salarios mínimos legales mensuales vigentes. También se le prohibió ejercer cargos públicos durante un periodo de ocho años.

El fallo ha generado sorpresa por dos razones principales: la condena supera la solicitud de la Fiscalía, que había pedido nueve años de prisión; y será ejecutada de forma inmediata, sin esperar la resolución de una eventual apelación, lo cual no es habitual cuando no hay indicios de riesgo de fuga.

A pesar de que la jueza reconoció la conducta procesal disciplinada de Uribe durante el juicio, desestimó la petición de su defensa de permitirle permanecer en libertad mientras se resuelven los recursos. Según el contenido filtrado de la sentencia, el exmandatario deberá ser trasladado de inmediato a su finca ubicada en Rionegro, Antioquia, donde cumplirá la pena bajo arresto domiciliario.

Sin embargo, el proceso judicial continúa. La defensa ya anunció que apelará el fallo, por lo que el expediente luego de esta sentencia en primera instancia, pasará al Tribunal Superior de Bogotá. Este organismo tendrá que pronunciarse antes de octubre, para evitar que el caso prescriba.

La condena representa un nuevo capítulo en uno de los procesos judiciales más relevantes de la política colombiana reciente, y deja en manos de una segunda instancia la decisión definitiva.

¿Ha nacido un nuevo dictador? Este último jueves la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una polémica reforma constitucional que permite la reelección indefinida de su jefe de Estado, extendiendo además su mandato de cinco a seis años, todo ello gracias a los votos del partido Nuevas Ideas, de Nayib Bukele, y de sus dos socios políticos.

«Lo importante es darle el poder total al pueblo salvadoreño. Históricamente la reelección siempre ha existido en El Salvador para casi todos los cargos de elección popular sin prohibiciones, los alcaldes se pueden reelegir cuantas veces ellos quieran, los diputados, pero aquí hay una clave bastante importante y es el apoyo de la gente», ha argumentado la diputada oficialista Ana Figueroa, solicitante de las reformas de los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Constitución, en una intervención recogida por el diario salvadoreño ‘El Mundo’.

Con el apoyo de 57 de los 60 diputados que forman el Parlamento, de los cuales sólo seis no pertenecen al grupo del mandatario, la cámara salvadoreña ha dado luz verde a los trámites necesarios para eliminar definitivamente la prohibición de la reelección presidencial inmediata de manera indefinida y modificar la duración del periodo presidencial.

De este modo, aunque el mandato de Bukele se extendería hasta 2029, podría concurrir si así lo deseara en 2027 haciendo coincidir las elecciones presidenciales, legislativas y municipales.

Asimismo, el paquete de reformas aprobado elimina la obligatoriedad de celebrar una segunda vuelta electoral cuando ningún partido político o coalición obtenga mayoría absoluta.

“Ha muerto la democracia”

En tanto, los dos partidos opositores, Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y Vamos, se han mostrado contrarios a la reforma. Entre ellos, la diputada Marcela Villatoro (ARENA) ha denunciado que «hoy ha muerto la democracia en El Salvador», subrayando que el paquete de medidas ha sido «aprobado sin consulta, de forma burda y cínica».

El dato:

Bukele inició su primer mandato en 2019, siendo reelegido en febrero de 2024 con un 82.8 % de los votos válidos, a pesar de que la Constitución de su país lo prohibía expresamente.

Sus métodos han sido enormemente criticados por organizaciones de derechos humanos. La administración de Bukele es acusada de la detención de decenas de miles de personas sin tener pruebas suficientes de que tengan vínculos con las pandillas, y tampoco se les ofrece un juicio justo.

«¿Sabe qué? Me tiene sin cuidado que me llamen dictador. Prefiero que me llamen dictador a ver cómo matan a los salvadoreños en las calles o recibir reportes de cuántos muertos llevamos al día», dijo en un discurso a la nación el pasado enero.

Estados Unidos abandonó nuevamente la agencia de la ONU para la educación, la ciencia y la cultura (Unesco); así lo informó la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce.

“La Unesco trabaja para promover causas sociales y culturales divisivas y mantiene un enfoque desproporcionado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, una agenda globalista e ideológica para el desarrollo internacional que contradice nuestra política exterior de ‘América Primero’ “, indicó.

La nueva salida de los Estados Unidos se encuentra relacionada con la admisión de Palestina como miembro de esta agencia en 2011. Su salida será efectiva en diciembre de este año.

“La decisión de la Unesco de admitir al ‘Estado de Palestina’ como Estado Miembro es sumamente problemática, contraria a la política estadounidense, y contribuyó a la proliferación de la retórica antiisraelí dentro de la organización”, se añade en el comunicado firmado por Bruce.

Esta es la tercera vez que Estados Unidos se retira de la Unesco y la segunda que sucede durante un gobierno de Donald Trump.

En 1984, bajo el gobierno de Ronald Reagen, los Estados Unidos se retiraron por primera vez porque consideraban que la agencia estaba mal gestionada, era corrupta y se utilizaba para promover los intereses de la entonces Unión Soviética.

En 2017, durante el primer mandato de Trump, Estados Unidos anunció su paso al costado argumentando prejuicios contra Israel, medida que comenzó a regir un año después. El país norteamericano regresó a la Unesco en 2023, durante el gobierno de Joe Biden, pero hoy, una vez más, anuncia su retiro.

“La participación continua de Estados Unidos en organizaciones internacionales se centrará en promover los intereses estadounidenses con claridad y convicción”, concluye la declaración de la portavoz del Departamento de Estado.

Unesco esperaba retiro de los Estados Unidos

Por su parte, funcionarios de la agencia habían anticipado tal medida tras la revisión específica ordenada por el gobierno de Trump a principios de este año. También esperaban que Trump se retirara nuevamente, ya que el regreso de Estados Unidos en 2023 había sido promovido por un rival político, el ex presidente Joe Biden.

La retirada de Estados Unidos probablemente afectará a la Unesco porque el país proporciona una parte notable del presupuesto de la agencia. Sin embargo, la organización debería poder hacer frente a su salida.

Una nueva y polémica medida vuelve a colocar a la administración de Donald Trump en el centro del debate migratorio. Esta vez, el expresidente y aspirante a la reelección inauguró un centro de detención exclusivo para inmigrantes ilegales bautizado como ‘Alligator Alcatraz’, ubicado al sur de Florida y rodeado por el Parque Nacional de los Everglades.

La instalación, construida en solo ocho días con estructuras prefabricadas, tiene capacidad para 5 000 extranjeros. Sin embargo, más allá de su rapidez, lo que ha generado indignación en organizaciones de derechos humanos y líderes internacionales es el simbolismo y el lugar elegido para su funcionamiento: un antiguo aeródromo rodeado por una vasta zona pantanosa, hábitat de más de 200 000 caimanes, serpientes y otras especies potencialmente peligrosas.

Trump defendió el proyecto con su característico tono provocador: “Estamos rodeados de kilómetros de pantanos traicioneros y la única salida es la deportación. Aquí vendrán algunos de los migrantes más amenazantes y despiadados del planeta”. El centro contará con sus propios jueces de inmigración para agilizar los procesos de deportación y pretende convertirse en un emblema de lo que el exmandatario llama su “nueva política de seguridad migratoria”.

El penal tendrá un costo anual de 450 millones de dólares, financiado parcialmente por el gobierno de Florida y en gran parte por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), cuyo mandato original está enfocado en desastres naturales. Esta reasignación de recursos ha generado críticas por el uso de fondos públicos destinados a emergencias para sostener una política migratoria altamente controvertida.

Ron DeSantis, gobernador de Florida y aliado de Trump, celebró la medida y anunció el envío de 100 efectivos de la Guardia Nacional al recinto. Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, calificó la cárcel como “eficiente y económica” y la vinculó directamente con la campaña de deportaciones masivas que Trump ha prometido.

No obstante, voces críticas no tardaron en pronunciarse. El exlegislador republicano David Jolly denunció la medida como “una maniobra política despiadada”, mientras que los presidentes de México y Colombia, Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro, respectivamente, lamentaron el tratamiento criminal que se estaría dando a los migrantes, aludiendo a una narrativa que los presenta como amenaza y no como seres humanos en busca de oportunidades.

Bastó una palabra suya de su boca para apaciguar a dos naciones rivales históricamente. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aunque parezca increíble, acaba de ser nominado al Premio Nobel de la Paz. Sí, tal iniciativa llegó de parte del legislador republicano Earl Carter, quien envió una carta al presidente del comité noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes.

En el documento con fecha de hoy, se destacó que Trump frenó una escalada bélica en Medio Oriente y evitó que Irán, calificado como «mayor patrocinador estatal del terrorismo», obtuviera armas nucleares.

Carter subrayó que el acuerdo «salvó miles o millones de vidas» mediante un cese total de hostilidades entre ambos países, alcanzado en un contexto «considerado imposible de resolver diplomáticamente».

El republicano atribuyó al presidente «acciones audaces y decisivas» que encarnarían los ideales del Nobel como la paz, prevención de guerra y armonía internacional. «En una región plagada de enemistades, este avance exige valentía y claridad. Trump demostró ambas», se lee en el petitorio.

Como se recuerda, el mandatario estadounidense anunció el fin de la denominada “guerra de los 12 días”. A través de sus redes sociales, Trump indicó que tal cese iniciaría aproximadamente dentro de 12 horas.

Trump ha manifestado claramente que merece el codiciado premio, que han ganado otros presidentes estadounidenses como Theodore Roosevelt y más recientemente Jimmy Carter y Barack Obama, aunque reconoce que no lo recibirá ya que sus chanches son lejanas pues considera que tienen contra él una posición sesgada.

«No, no recibiré un Premio Nobel de la Paz sin importar lo que haga, incluyendo Rusia/Ucrania e Israel/Irán, sean cuales sean esos resultados, pero la gente lo sabe, ¡y eso es todo lo que me importa!», indicó.

En una muestra más de su estilo confrontacional y carente de diplomacia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a encender la polémica al minimizar el reciente ataque de Irán contra una base militar estadounidense en Qatar. En lugar de responder con la seriedad que demanda una agresión militar en plena tensión regional, el mandatario optó por calificar el bombardeo como “una respuesta muy débil” y hasta se permitió ironizar con que Irán “se desahogó”.

El ataque, ocurrido en la madrugada del lunes 23 de junio, fue reconocido por el propio gobierno iraní como represalia directa por la destrucción de sus instalaciones nucleares, atribuida a EE.UU. Sin embargo, Trump prefirió enfocar su pronunciamiento en una narrativa triunfalista, asegurando que 13 de los 14 misiles fueron interceptados y que el proyectil restante no causó ningún daño relevante ni dejó víctimas.

“Irán ha respondido con una acción débil, algo que esperábamos. Me complace informar que no hubo heridos ni daños significativos”, señaló Trump desde sus redes sociales. Pero lejos de limitarse a un informe técnico, su mensaje tomó un tono de sorna al agradecer a Irán por “avisar con antelación” del ataque y sugerir que esto podría abrir el camino hacia “la paz y la armonía” en Medio Oriente.

El problema no es únicamente su lectura superficial de los hechos, sino el precedente peligroso que deja al restarle importancia a un ataque armado contra personal militar estadounidense en suelo extranjero. Trump convierte lo que podría haber sido un incidente de alto riesgo en una burla geopolítica, debilitando la posición de su país como potencia responsable y estratégica.

Su agradecimiento público a Irán —un adversario histórico— por “advertir” del ataque suena más a sarcasmo irresponsable que a liderazgo. En lugar de enviar un mensaje firme pero diplomático, el presidente eligió hacer espectáculo de un asunto que involucra vidas, soberanía y equilibrios militares delicados.

Mientras tanto, la comunidad internacional observa con inquietud cómo Trump utiliza el conflicto como escenario para su retórica populista, sin medir las consecuencias de trivializar actos de guerra. Su estilo puede servirle en campaña, pero en la arena internacional, cada palabra mal calibrada puede ser la chispa de una nueva escalada.

Los crecientes conflictos bélicos en Medio Oriente y Europa del Este, especialmente entre Israel, Irán y Palestina, así como la guerra entre Ucrania y Rusia, están generando un efecto dominó en la economía global. El Perú no es la excepción. La Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (FENPETROL) ha advertido que los precios de la gasolina podrían duplicarse en las próximas semanas si el gobierno no toma medidas urgentes para garantizar la estabilidad operativa del Oleoducto Nor Peruano (ONP).

Esta infraestructura estratégica, operada por Petroperú, permite transportar crudo desde los lotes amazónicos en Loreto hasta la Refinería de Talara, considerada una de las más avanzadas de América Latina. Sin embargo, el ONP ha sido blanco de constantes atentados y sabotajes en los últimos meses, lo que ha obligado a reducir su operatividad y ha provocado pérdidas millonarias.

La situación internacional, marcada por el alza del precio del petróleo debido a las tensiones bélicas, agrava aún más el panorama. La paralización del ducto ha obligado a Petroperú a importar crudo a precios internacionales mucho más altos, trasladando ese sobrecosto al consumidor final. “La gasolina podría llegar a costar el doble si no se restablece con urgencia la operatividad del ONP”, advirtió Rafael Noblecilla Escobedo, secretario general de FENPETROL.

En un pronunciamiento público, FENPETROL exhortó al gobierno de la presidenta Dina Boluarte a garantizar la seguridad del oleoducto mediante la intervención de las fuerzas del orden y a acelerar la recuperación de los lotes petroleros I y VI de Talara. Según el gremio, esto permitiría una mayor autonomía energética y reduciría la dependencia de crudo extranjero en un contexto global volátil.

La Refinería de Talara, con capacidad para producir combustibles limpios a gran escala, representa una oportunidad estratégica para blindar al país de los vaivenes del mercado internacional. Sin embargo, sin un abastecimiento seguro de petróleo nacional, su potencial queda limitado.

FENPETROL anunció que se mantendrá en alerta permanente para defender la operatividad de Petroperú y la seguridad energética del país, subrayando que la estabilidad del ONP es hoy más crucial que nunca para proteger el bolsillo de millones de peruanos.

Primero fueron las deportaciones, luego una ‘cacería de brujas’ para aquellos inmigrantes que se oponían a las nuevas regulaciones de Donald Trump, observando en las noticias cómo eran detenidos en sus domicilios o centros de trabajo para luego subirlos a un avión con destino a su país de origen, y hace poco el mandatario estadounidense decidió buscar entre las aulas de las universidades más prestigiosas de su país; es así que suspendió las visas para los estudiantes internacionales que planeaban asistir a la Universidad de Harvard, justificando que se trata de una medida de seguridad nacional.

No contento con todo ello, el magnate ‘gringo’ ha prohibido el ingreso a los Estados Unidos a 12 países del orbe, justificando que se trata de un control migratorio y, para variar, que responde a una medida de seguridad nacional.

De esta manera, de acuerdo al New York Time, el presidente de una de las naciones más poderosas del mundo firmó ayer una orden ejecutiva que prohíbe el ingreso a Estados Unidos de ciudadanos provenientes de: Afganistán, Myanmar, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Libia, Somalia, Sudán, Yemen e Irán.

Cabe recordar que el próximo año se disputará el mundial de fútbol en suelo norteamericano e Irán es uno de los países clasificados para la última ronda. Al respecto, la prohibición no se aplicará a quienes ya tengan visas, residentes permanentes legales de EE.UU., ni a equipos que viajen para la Copa del Mundo o los Juegos Olímpicos.

En tanto, el citado medio detalló que la administración Trump también impondrá restricciones adicionales a los siguientes países: Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela, que a propósito se encuentra en zona de repechaje para el mundial del 2026.

Los ciudadanos de estas naciones no podrán solicitar residencia permanente ni acceder a visados de turismo o de estudios en territorio estadounidense.

“No los queremos aquí”, manifestó recientemente el mandatario estadounidense.