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Política

Admiten a trámite habeas corpus para que Pedro Castillo pueda salir en libertad

Ex presidente pretendió dar un autogolpe, y al ver que no resultó quiso fugarse del país.

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Luego que el pasado 7 de diciembre Pedro Castillo Terrones pretendió dar un golpe de Estado, y que al ver que no contaba con el apoyo de las Fuerzas Armadas intentara darse a la fuga buscando asilo en la embajada de México, siendo capturado a mitad de camino y derivado a una carceleta para luego cumplir prisión preventiva en el penal de Barbadillo, ahora aún existen ciudadanos que lo defienden, argumentando que el profesor rural es una víctima de sus detractores.

Luego que la defensa legal presentara dicho recurso, el Quinto Juzgado Constitucional de Lima admitió a trámite el habeas corpus que tiene por finalidad liberar a Pedro Castillo, exmandatario que en la actualidad cumple 18 meses de prisión preventiva.

El profesor chotano anunció la disolución del Congreso de la República, a través de un mensaje a la Nación, así como el reordenamiento del Ministerio Público, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional (TC) y la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

En este marco, el juez Juan Carlos Checkley dictó 18 meses de prisión preventiva para Castillo Terrones, días después del hecho suscitado, por autogolpe de Estado, rebelión, conspiración y abuso de autoridad.

El habeas corpus, admitido por el magistrado Jorge Luis Ramírez Niño de Guzmán, se presentó en contra de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia y el Legislativo.

“Córrase traslado a la parte demandada Procurador Público del Poder Judicial, Congreso de la República y Procuraduría Pública del Congreso de la República, así como la Procuraduría Pública de la Policía Nacional del Perú, en relación a la defensa del director de Seguridad del Estado: para que dentro del plazo de ley contesten la demanda bajo apercibimiento de resolverse sin su pronunciamiento”, se lee en el documento según el diario La República.

Ex mandatario pasa sus días dentro de una prisión, aduciendo estar incomunicado mediante un ‘tuit’. Foto: captura Justicia Tv.

El recurso presentado busca anular la resolución del Parlamento que permitió levantar la prerrogativa de antejuicio político en contra del ex Jefe de Estado. Esta se llevó a cabo sin el proceso de acusación constitucional correspondiente.

Además, se busca dejar sin efecto la resolución del juez supremo Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, por el que Castillo cumple una prisión preventiva antes mencionada. En esta línea, también se tiene la intención de dejar sin efecto el fallo de la Sala Penal Permanente que ratifica la medida del magistrado.

“(La Sala Penal que preside el juez supremo César San Martín) no se pronunció sobre detención arbitraria ordenada por el director de Seguridad del Estado ya que al momento de su detención tenía la condición de presidente ni tampoco el Congreso había iniciado el proceso de antejuicio político”, señala.

En este pliego de pedidos, el expresidente pretende que se declare nulo todo el proceso penal hasta el periodo de instrucción, es decir, hasta la etapa de investigación preparatoria, y se disponga su liberación inmediata.

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Política

Ejército del Perú llegó a zona conocida como Barrio Chino en Ica para desbloquear la Panamericana Sur [VIDEO]

Efectivos militares llegaron como elemento “disuasivo” para cualquier nuevo intento de las pistas.

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Los manifestantes que durante varios días tomaron el control del km 273 de la Panamericana Sur, zona conocida como Barrio Chino en Ica, al ver un fuerte contingente militar aproximarse decidieron por cuenta propia retirarse sin muchos aspavientos, pues se dieron cuenta que esta vez la Policía Nacional del Perú (PNP) contaba con un fuerte aliado para repeler a los vándalos que intentaran bloquear nuevamente las vías.

Así lo indicó también el Ministerio de Defensa, quien indicara a través de su cuenta oficial de Twitter, que el Ejército del Perú se encuentra apostado en toda esa zona en conflicto.

“Personal militar de la Primera Brigada de Fuerzas Especiales del Ejército del Perú se encuentra en Ica con el fin de ejecutar acciones de apoyo a la Policía Nacional para desbloquear la Panamericana Sur y garantizar el derecho al libre tránsito”, indicaron desde la red social del Mindef.

Asimismo, indicaron que dicho contingente militar se trasladó desde Lima hacia la base de la Fuerza Aérea de Pisco a bordo de camiones portatropas con el objetivo “de liberar hoy los tramos de la Carretera Panamericana Sur en los sectores conocidos como Barrio Chino y Expansión Urbana”.

Militares se encuentran en Ica para garantizar el libre tránsito de los vehículos. Foto: Andina.

Cabe destacar que, en dichas zonas de Ica, no solo se han reportado el bloqueo de las pistas, sino agresiones de los protestantes a los efectivos policiales, denuncias de presuntos cobros de cupos a transportistas para lograr pasar por las vías y robos.

fuente: rpp.

Horas después, el Mindef difundió que las Fuerzas Armadas llegaron al sector de Barrio Chino para apoyar a la Policía en el desbloqueo de la Panamericana Sur y “restablecer el derecho de todos los peruanos a transitar libremente y recibir atención médica y alimentos”

“La acción de nuestros militares, en apoyo de la Policía, tiene como marco su deber primordial de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y la protección de la población ante amenazas contra su seguridad y bienestar”, se indica en un tuit.

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Política

Congresista Sigrid Bazán es denunciada constitucionalmente por presunta apología a la violencia

Parlamentaria Patricia Chirinos buscaría con ello inhabilitarla por un plazo de 10 años a no ejercer cargos públicos.

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La congresista que hace poco mencionara que las protestas pacíficas no daban resultados ahora acaba de ser denunciada constitucionalmente por la legisladora de Avanza País, Patricia Chirinos, quien la acusara por el presunto delito contra la tranquilidad pública, apología al delito contra la tranquilidad pública y usurpación, ingresando violentamente a la Universidad San Marcos.

Como se recuerda, hace una semana, más de 300 manifestantes llegaron a la casa de estudios superiores para albergarse mientras se organizaban para iniciar las protestas en Lima, exigiendo cambios en el gobierno de Dina Boluarte.

Ante esto, Chirinos argumentó que Bazán Narro actuó en presunta infracción a los artículos 38 y 39 de la Constitución y es por eso que está solicitando su inhabilitación por 10 años para no ejercer cargos públicos.

El documento enviado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento, expresa que Bazán estuvo azuzando a los estudiantes para que se enfrenten a las fuerzas del orden.

“Asimismo, en horas de la madrugada del martes 18, tres buses provenientes de Canchis, Cusco, arribaron a la universidad con decenas de manifestantes, quienes fueron albergados por los alumnos en las instalaciones de dicha ciudad universitaria”, acotó.

Denuncia interpuesta por la congresista Chirinos. Fuente: Congreso.

Además, sustentó que la rectora de San Marcos, Jerí Ramón, también hizo mención de ello y que estas son faltas graves que no pueden pasar por alto.

“Asimismo, en su calidad de congresista, Bazán Narro viene azuzando a los manifestantes en contra de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas, así también contra el propio Congreso de la República, institución de la que es parte”, refirió.

“Por último, la parlamentaria en cuestión fue denunciada por la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de azuzar e incentivar a los estudiantes a tomar la casa de estudios para albergar a los manifestantes”, añadió.

Parlamentaria nunca criticó gobierno de Pedro Castillo, a pesar de una gran cantidad de denuncias por corrupción. Foto: Twitter.

Como se recuerda, el pasado 20 de enero, un grupo de aproximadamente 300 manifestantes llegaron a la ciudad de Lima para sumarse a las protestas exigiendo cambios en el gobierno de Dina Boluarte. Estas personas que vinieron desde varias regiones del país tomaron la Universidad San Marcos para albergarse mientras se organizaban para ser parte de estas manifestaciones en la capital.

Fue el 21 de enero en que Sigrid Bazán llegó hasta los exteriores de la casa de estudios superiores para llevar alimentos y respaldar a los protestantes. Incluso solicitó conversar con el general de la PNP, encargado de la misión de desalojar a los manifestantes tras un acuerdo pactado con las autoridades universitarias.

“Necesitamos saber el nombre para poder dialogar, del comandante que está a cargo de la intervención. Eso es lo que pedimos, un nombre, porque no hay interlocución. Cómo podemos dialogar si nadie nos habla”, expresó Bazán.

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Política

Desaprobación total: Dina Boluarte cuenta con un 70.6% de desaprobación

Y el Congreso obtiene un 87.6% de rechazo, según última encuesta de CPI.

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No se dan cuenta de todo el mal que vienen ocasionando, dilatando proyectos, poniendo mil trabas y, sobre todo, continúan velando por intereses subalternos sin importarles las más de 50 muertes en el país.

La última encuesta de CPI (Compañía Peruana de estudios de mercados y opinión pública) arroja altos niveles de desaprobación para la presidenta Dina Boluarte, el Congreso de la República y el Ministerio Público, mientras que instituciones como la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas quedan mejor posicionadas en la opinión de los peruanos.

De acuerdo al estudio, Boluarte es desaprobada por el 70.6 % de los entrevistados y aprobada solo por un 21.2 %. Un 8.2 % no precisó una opinión sobre la mandataria que lleva apenas casi dos meses en el cargo. El mayor nivel de desaprobación de la jefa de Estadoproviene del interior del país, donde 77.4 % la rechaza y solo el 16.3% la aprueba. En el caso de las regiones de la sierra centro y sur el nivel de desaprobación asciende a 87.5 %. En Lima y Callao recibe la aprobación del 29.4% de los encuestados y el rechazo del 59.2 %.

La mayoría de encuestados, el 62.8%, también opina que Boluarte debe renunciar a su cargo, mientras que un 35.4% considera que debería continuar como jefa de Estado hasta que se realicen nuevas elecciones.

En tanto, el Congreso de la República es rechazado por el 87.6 % de la población y solo recibe la aprobación de un 7.7 %. En las regiones de la sierra centro y sur la desaprobación del parlamento sube a 96.6%.

Padres de la patria se encuentran peor que la mandataria. Foto: difusión.

La Fiscalía de la Nación (Ministerio Público) también tiene un alto índice de rechazo. El 66.7% la desaprueba y un 24 % aprueba su comportamiento. Como en el caso de Boluarte y el Congreso, su mayor nivel de desaprobación proviene de las regiones de la sierra centro y sur, donde un 78.2% de los encuestados la rechaza.

Fuerzas Armadas con votaciones divididas

Finalmente, en el marco de las protestas que se desarrollan en varias regiones que, a la fecha, han provocado la muerte de 58 peruanos en enfrentamientos y sucesos relacionados a los bloqueos de carreteras, las Fuerzas Armadas es la única institución en el estudio de CPI cuya aprobación supera a su rechazo. Un 47.3 % la aprueba y un 47.1 % la rechaza. Es en Lima y Callao donde recibe el mayor respaldo con el 64.2 de opiniones favorables, y su más alta desaprobación se ubica en la sierra centro sur del Perú con un 70.3 de rechazo.

Fuerzas Armadas cuentan con una ligera aprobación. Foto: Andina.

En cuanto a la Policía Nacional, el 45.5 % de los entrevistados la aprueba y un 49.2 % rechaza su actuación. Esta institución también recibe su mayor aprobación en Lima y Callao con el 61.5 % de opiniones favorables, mientras que es rechazada por un 74.1 de los entrevistados en regiones de la sierra centro y sur, zonas del país donde se han registrado la mayor cantidad de enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden.

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Política

Alcalde de Lima a los manifestantes: “En Lima no es bienvenida esa gente que viene a destrozar” [VIDEO]

Burgomaestre Rafael López Aliaga anunció que evalúa declarar como zona intangible inmediaciones del Cercado de Lima.

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“Que se vayan a otro lado”. El alcalde de la ciudad de Lima, Rafael López Aliaga (RLA), se mostró en contra de los manifestantes que han destrozado el Centro Histórico de la capital e hizo un llamado a las autoridades a colaborar para mantener el orden público. Ante esto, rechazó los actos vandálicos que han ocasionado algunos protestantes en contra del ornato del Estado.

Durante una campaña en el distrito de Independencia, la autoridad edil se mostró inconforme por cómo personas que vienen desde otras provincias han tomado la capital para generar desmanes, saqueos, destrozos, incendios y más.

Tenemos que hacerles frente a todas estas marchas que están paralizando Lima, porque Lima sí nos toca gobernarla, con base en unirnos todos para evitar esas marchas, por lo menos el Centro de Lima, que vamos a declararlo zona intangible absolutamente”, expresó.

El burgomaestre exigió al Concejo Metropolitano que se apruebe, cuanto antes, una ordenanza. “Le pido aprobar, de una buena vez, una ordenanza donde se les prohíbe usar la Plaza San Martín para hacer su comida. O sea, después de destrozar Lima se van a tomar trago. Se van a chupar. Así no es. Está mal. Más respeto.Más respeto por el bien de todos nosotros”, manifestó.

“Están destrozando la economía de Lima, la economía de todo el Perú. No se puede estar destrozando la ciudad. Que se vayan a otro lado, pero en Lima no es bienvenida esa gente que viene a destrozar. Si fueran marchas pacíficas, sí. Lo que hacen es destrozar Lima”, refirió.

fuente: tv perú.

Agregó que “a su vez se intentó destruir las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Lima, especialmente las ubicadas en las avenidas principales y jirones, con los cuales se realizará la identificación facial de los vándalos, quienes no solo destruyeron propiedad pública y privada, sino que también cortaron los árboles y rompieron las calles para sacar piedras que eran usadas contra la policía”.

Así quedaron las pistas y veredas de la avenida Abancay. Foto: Twitter.

En tanto, de acuerdo con la información brindada por Municipalidad de Lima, los principales daños se han registrado en las avenidas Grau, Abancay, Nicolás De Piérola, Emancipación, además de los jirones Ucayali, Lampa, Carabaya, Lino Cornejo.

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Política

Congreso de la República verá hoy reconsideración para el adelanto de elecciones

A partir de las diez de la mañana; se plantea que sea para este año.

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Día ‘D’. El conteo de fallecidos no para y este fin de semana se suscitó la primera muerte en la capital durante las protestas en el Centro de Lima; la gente continúa exigiendo reformas desde la base misma pues sostienen que las instituciones del Estado han fracasado rotundamente en estos casi 50 años. Ni Ejecutivo ni Legislativo vienen favoreciendo para apaciguar la situación que vive nuestro país, el cual ya lleva más de un mes de protestas.

Luego que el Congreso de la República denegara la semana pasada un adelanto de elecciones, hoy lunes 30 de enero se verá la reconsideración de esa votación, planteándose que se realicen este año. Dicha iniciativo viene por parte del presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García. Detallando más sobre esta convocatoria, se informó que la sesión iniciará a las 10 de la mañana, según se manifiesta en el oficio compartido a todos los legisladores.

En esa misma línea, el presidente del Congreso, José Williams, manifestó que es importante “reflexionar” sobre la relevancia de su “decisión” en el futuro del país. En ese sentido, se comprometió a trabajar en beneficio de una sucesión democrática.

“Exhorto a los parlamentarios a reflexionar con responsabilidad la decisión a tomar. Como presidente del Congreso, me comprometo a trabajar por el consenso necesario para que este proceso de transición le dé tranquilidad a la población”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Presidenta Dina Boluarte presiona al Congreso para adelantar las elecciones

Por su parte, la jefa de Estado se pronunció al conocer que este lunes 30 el Congreso debatirá sobre el adelanto de elecciones y le dejó esta responsabilidad al Parlamento.

Si mañana (lunes 30 de enero) no prospera el adelanto de elecciones para el 2023, el Ejecutivo presentará dos iniciativas legislativas con carácter de urgencia”, dijo la presidenta en Mensaje a la Nación.

Durante su mensaje a la Nación, la jefa de Estado dio detalles de las propuestas del Ejecutivo en caso el Parlamento, rechace nuevamente este proyecto constitucional.

“La primera propuesta será debatir una reforma constitucional para que las elecciones generales sean este año 2023, la primera vuelta en octubre y la segunda en diciembre”.

Todo o nada. Mandataria presiona al Parlamento para un adelanto de elecciones. Foto: GEC.

“La segunda propuesta es un proyecto de ley, que será destinado a zanjar de una vez por todas el debate sobre la reforma de la Constitución, tema que es permanentemente usado para menoscabar cualquier salida democrática. El próximo Congreso elegido le deberá encargar a la Comisión de Constitución la reforma total de la Constitución del 1993″.

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Política

Fiscalía denuncia a Antauro Humala por presunta apología al terrorismo [VIDEO]

Líder etnocacerista manifestó que “Lo mejor que ha dado la izquierda ha sido Sendero Luminoso.

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Hace unos meses salió en libertad pero podría ir nuevamente preso. La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Terrorismo denunció penalmente a Antauro Humala, hermano del ex presidente nacionalista Ollanta Humala, por el presunto delito de apología al terrorismo. La medida se produce luego que el líder etnocacerista se refiriera, mediante polémicas expresiones, a la agrupación subversiva Sendero Luminoso (SL) como si en realidad se tratara de un partido político.

“Hay que ser realistas. Nosotros, los etnocaceristas, somos matemáticos, científicos, decimos las cosas como son. Lo mejor que ha dado la izquierda, desde Pizarro hasta ahorita, como partido político, ha sido Sendero Luminoso. Y que me graben”, fueron las declaraciones del ahora investigado.

FUENTE: 24 HORAS.

En este contexto, la denuncia fue realizada por Milko Alberto Ruiz Espinoza, procurador público especializado en delitos de terrorismo, el último jueves 26.

“Esta Procuraduría Especializada tomó conocimiento que a través de la red social TikTok (…) dicha publicación fue informada por diversos medios de comunicación, en el cual se aprecia a la persona de Antauro Igor Humala Tasso propalando frases [sobre Sendero Luminoso]”, se lee en el documento.

El delito de apología al terrorismo se encuentra comprendido en el artículo 316-A del Código Penal, el mismo que fue incluido mediante la Ley N° 30610 publicada el 19 de julio del pasado 2017.

Para el procurador Mirko Ruiz “es claro y evidente que la acción realizada por Antauro Humala Tasso recae en el delito de apología al terrorismo al justificar a la ‘organización terrorista – Sendero Luminoso’ y honrar de esta manera su pensamiento ‘pensamiento Gonzalo’”.

“Más aún, teniendo en cuenta que a través de esta acción se reivindica las acciones de la agrupación terrorista”, señaló en el citado texto.

Antauro Humala y su controversial pasado

Antauro Humala Tasso cuenta con amplios antecedentes penales. En su legajo, se encuentra una condena por un levantamiento militar en el pasado 2005 contra el entonces presidente Alejandro Toledo.

En dicho año, el líder etnocacerista llevó a cabo el denominado ‘Andahuaylazo’: un sangriento motín contra el régimen de ese entonces en la ciudad de Andahuaylas. En la práctica, se tomó una comisaría por asalto con un trágico descenlace, pues cuatro policías y otros dos reservistas (como se les denominaba a los acompañantes de Humala) perdieron la vida.

El 1 de enero de 2005 Antauro Humala lideró un levantamiento armado en Andahuaylas. Foto: archivo GEC.

Tras esta situación, fue detenido y posteriormente condenado a 25 años de prisión por los delitos de homicidio, secuestro, rebelión, daños agravados y sustracción de armas. En el año 2011, sin embargo, su pena se redujo a 19 años tras una revisión del caso por parte de la Corte Suprema.

Fue liberado en agosto del 2022 tras solo 17 años en prisión.

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Política

Gobernador de Madre de Dios defiende su domicilio con un arma semiautomática [VIDEO]

Gobernador Luis Otsaku realizó disparos al aire para ahuyentar a manifestantes que empezaron a apedrear su vivienda.

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No se trataba de una película de acción ni una pelea entre bandas del narcotráfico sino una muestra del nivel de violencia y caos en que ha llegado las protestas en las regiones más alejadas del país que poco a poco se van convirtiendo en la ley del viejo oeste en donde cualquier ciudadano se protege de la mejor manera que ve contra los actos vandálicos de seudo manifestantes que aprovechan la ausencia de efectivos policiales para dar rienda suelta a saqueos, pillaje o robos dentro de propiedades privadas.

Esta mañana una turba de alrededor de 500 personas atacaron con piedras y otros objetos la vivienda del gobernador regional de Madre de Dios, Luis Otsuka, quien hizo uso de su arma de fuego con disparos al aire para repeler el vandalismo.

Los vándalos, que participaban de una marcha en la ciudad de Puerto Maldonado, se dirigieron a la casa del gobernador Otsuka que era custodiado por seis policías que solo tenían gases lacrimógenos y escudos.

Manifestantes intentaron quemar vivienda del actual gobernador de Madre de Dios. Foto: captura de video.

Aprovechando esa poca vigilancia, la turba comenzó a lanzar piedras contra el inmueble e intentó incendiarla.

El ataque causó heridas en la autoridad regional y en algunos de sus familiares. Debido a este feroz ataque, Otsuka sacó su arma de fuego e hizo disparos mientras llegaban más efectivos policiales.

Los vándalos destrozaron la puerta de ingreso a la vivienda y rompieron todas las lunas, además de daños en su vehículo.

En declaraciones para Canal N, Otsuka pidió al Gobierno tomar una decisión y poner fin al vandalismo y bloqueo de carreteras que afectan a diversas regiones, entre ellas Madre de Dios. “No se puede enviar a los policías enfrentar a los vándalos sin armas con el argumento del costo social. Hay que tomar una decisión y poner fin a esto”, aseveró.

Tierra de nadie. Gobernador Luis Otsaku defendió su propiedad a balazos. Foto: Radio Madre de Dios.

Afirmó que no permitirá que los vándalos atenten contra él y su familia. “Tengo que defender a mi familia, lo mío. Yo no he robado, lo que tengo me ha costado. La próxima vez que vengan los mataré, si la policía no lo hace lo haré yo“, aseveró.

Sostuvo que no se debe permitir que los vándalos provoquen daños y tomen la carretera matando de hambre a la población. Finalmente, Organizaciones de Madre de Dios vienen acatando un paro de 48 horas y se sumaron a las protestas contra el gobierno.

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Política

El consejo directivo de la SUNEDU decidió ubicarse fuera de la ley

El Tribunal Constitucional dispuso la vigencia de la Ley 31520, una ley que los que manejan la SUNEDU están combatiendo, desde julio 2022, con métodos ilegales. ¿Por qué? Porque la norma ordena que los cargos que ostentan desde hace siete años sin rendir cuentas a nadie, deben llegar a su fin.

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Por Umberto Jara

El 19 de julio de 2022, el Congreso publicó la Ley 31520, una norma que modifica la composición del Consejo Directivo de la SUNEDU. En sencillo, los que dirigen actualmente esta entidad, por mandato de dicha ley, deben dar un paso al costado después de largos años de manejo hegemónico de las universidades y cuyo balance puede resumirse en dos ámbitos.

Un primer ámbito, que le dio un prestigio a la institución, fue el haber cancelado el licenciamiento a universidades que no merecían seguir operando por ser básicamente centros de lucro en perjuicio de los alumnos. Al respecto existió consenso público y nadie puede negar que tales cierres fueron un acierto.

Sin embargo, existe un aspecto negativo que no solamente ensombrece la gestión de la SUNEDU sino que tendrá que ser investigado. El pasivo de esta institución es que a partir del gobierno de Martín Vizcarra —sobre cuya corrupción no hay dudas— pasó a convertirse en una entidad que empezó a dar licenciamientos selectivos dirigidos a universidades pertenecientes a grupos económicos, incluso sin exigirles los requisitos de ley. También se convirtió en una entidad pasiva y silenciosa sin investigar casos gravísimos como la fábrica de tesis plagiadas que se descubrió en la Universidad César Vallejo a raíz del bochornoso caso de la tesis del ex presidente Pedro Castillo.

El estilo Sunedu: no investiga la tesis plagiada de Pedro Castillo. Con el poder político, nada.

Son apenas dos graves ejemplos de varios más que tiñen de irregularidades y sospechas a la SUNEDU que, esta vez, ha decidido sumar a estos antecedentes el de ponerse al margen de la legalidad negándose a cumplir con la Ley 31520. ¿Por qué no quieren cumplir con una la ley? Porque es una ley que ordena que el actual Consejo Directivo debe culminar sus funciones.

Apenas el Congreso puso en vigencia la Ley 31520, la entidad inició una activa campaña mediática señalando que se “estaba destruyendo la reforma universitaria y destruyendo a la SUNEDU”. Si bien el título de la norma es pomposo: “Ley que restablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas”, lo real es que al revisar su contenido se puede verificar que no son ciertas las dramáticas proclamas del superintendente Oswaldo Zegarra.

Lo central de la citada ley es que el Consejo Directivo de la SUNEDU —inamovible desde el año 2015 y cuyos miembros, un nombre más o un nombre menos, son los mismos— debían terminar sus funciones y tienen que ser reemplazados no de manera arbitraria sino por miembros designados por varias instituciones: dos representantes de las universidades estatales, uno de las privadas, uno del Concytec, uno del Sineace, uno del Minedu y otro del Consejo de los Decanos de Colegios Profesionales del Perú.

Anteriormente, el nombramiento de los directivos de la SUNEDU estaba a cargo del Ministerio de Educación. Se suponía que por concurso público pero en los hechos operó un llamado “Comité de Selección” cuyos miembros surgían del interés político: Fabiola León Velarde (2015) esposa del ex congresista del Partido Morado Gino Costa; Francisco Sagasti (2016-2019) del Partido Morado; y el curioso caso del inamovible  Walter Estrada López (2016 a la fecha) puesto en el cargo por su relación de fidelidad con Jorge Alva, padre de la ex ministra de Economía, María Antonieta Alva y amigo personal de Martín Vizcarra.

Es imposible negar que la SUNEDU hoy es un ente politizado y es nítido que su Consejo Directivo surge del manejo del Partido Morado. En su afán de enquistarse en el cargo, el propio superintendente, Oswaldo Zegarra, se dirigió, el 23 de diciembre 2022, a Palacio de Gobierno junto a la congresista morada Flor Pablo, a pedir audiencia a la presidenta Dina Boluarte, el día antes de Navidad, para solicitar la cabeza del ministro de Educación, Oscar Becerra, por el simple hecho de que este ministro osó decir: “Tenemos que apoyar a la Sunedu, pero no debemos apoyarla como si fuera un dogma o una revelación divina”.

Jefe de la SUNEDU, Oswaldo Zegarra, y Flor Pablo, congresista morada, en la puerta de Palacio el 23 de diciembre.

La rebeldía de la SUNEDU en acatar una ley se hizo pública desde el instante en que se promulgó la Ley 31520. De inmediato iniciaron una sostenida campaña mediática con una idea fuerza que es falsa “La ley 31520 trae abajo la reforma universitaria”. Ciertos medios de comunicación repitieron la frase en lugar de tomarse el afán de leer la norma y allí se puede encontrar que se ha dispuesto que el Consejo Directivo tenga una composición plural: universidades estatales y privadas, Concytec, Sineace, Minedu y Colegios Profesionales.

La SUNEDU no solamente ha utilizado la desinformación como cuestionable arma. En su afán por desconocer la Ley 31520, se dirigió al Poder Judicial y encontró una jueza temeraria que, burlándose de la Constitución, declaró fundada una acción de amparo que declara nulo “el procedimiento legislativo seguido por el Congreso para modificar artículos de la Ley Universitaria”.

Un disparate total porque nuestro sistema legal y democrático está basado en la separación de poderes y una jueza que pertenece al Poder Judicial no puede dejar sin efecto un acto del Congreso porque pertenece al Poder Legislativo. Ya sabemos que el actual Congreso es muy cuestionable pero el orden constitucional no puede ser pisoteado porque la SUNEDU busca a una jueza ¿amiga? ¿corrupta? que trató de ayudar a que sus directivos sigan en sus cargos.

El guión de la ilegalidad continúa. Ocurre que el Tribunal Constitucional emitió una sentencia a finales de diciembre de 2022 ordenando que la Ley 31520 se cumpla. El efecto inmediato es que los que actualmente manejan la SUNEDU deben poner sus cargos a disposición; sin embargo, están decididos a no respetar la ley con tal de mantenerse en funciones y en la misma línea de cuando buscaron a una jueza para un fallo ajeno a ley, ahora esta utilizando una leguleyada digna de un abogado bufón. Su argumento es que la Ley 31520 para ser aplicada necesita ser reglamentada y al no existir ese reglamento no se puede aplicar y, así, los dueños de la SUNEDU deben seguir en sus cargos.

Se trata de un argumento que un alumno de primer ciclo de Derecho tendría vergüenza en utilizar por la sencilla razón de que la Ley 31520 lo que ha hecho únicamente es modificar cinco artículos de la Ley 30220, Ley Universitaria. Por lo tanto, no necesita ser reglamentada porque, simplemente, está modificando una ley vigente que ya cuenta con su propio reglamento.

El Consejo Directivo de la SUNEDU encabezado por Oswaldo Zegarra no se quiere ir. ¿A quién se parecen? A los políticos cuando se atornillan a sus cargos incumpliendo la ley. Se confirma la tendencia de estos años: La SUNEDU no es un ente supervisor de la educación universitaria; es una organización política.

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