Con 15 votos a favor, 12 en contra y 0 abstenciones, hoy el Pleno del Congreso aprobó el texto sustitutorio de la Comisión de Constitución que precisa la aplicación y alcance del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra, de acuerdo al Proyecto de Ley 6951/2023-CR, que propone que delitos cometidos antes del 01 de julio de 2002 no sean condenados.

Los autores principales del proyecto de ley aprobado son: Fernando Rospigliosi y José Cueto y sus coautores son los legisladores de Renovación Popular María Jauregui, Miguel Ciccia y Alejandro Muñante, y los fujimoristas Martha Moyano, César Revilla, Arturo Alegría y Rosangella Barbarán, entre otros.  

Este dictamen será ahora remitido al Poder Ejecutivo para su revisión y eventual promulgación. El proyecto de ley planteado por Fuerza Popular e, impulsado por Renovación Popular, busca declarar inaplicable el delito de lesa humanidad antes del 2002, cuando entró en vigor -en Perú- el Estatuto de Roma y la Convención contra Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad.  

Qué dice la propuesta legislativa?

De acuerdo al dictamen, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional entró en vigencia en el ordenamiento jurídico peruano el 1 de julio de 2002, por lo que tiene competencia temporal únicamente respecto de los hechos sucedidos después de su entrada en vigor.

Del mismo modo, la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad entró en vigencia en el ordenamiento jurídico peruano el 9 de noviembre de 2003, por lo que debe ser aplicado únicamente respecto a hechos sucedidos después de su entrada en vigor en el país.

“Los delitos cometidos con anterioridad a la entrada en vigencia para el Perú del Estatuto de Roma, y de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, según lo dispuesto en los artículos 2 y 3, prescriben en los plazos establecidos en la ley nacional”, se detalla en la propuesta.

Asimismo, se agrega que la inobservancia de las disposiciones contenidas en la presente ley constituye una vulneración del principio de legalidad y de las garantías del debido proceso; siendo nula e inexigible en sede administrativa o judicial toda sanción impuesta.

“Nadie será procesado, condenado, ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, por hechos cometidos con anterioridad al 01 de julio de 2002, bajo sanción de nulidad y responsabilidad funcional. Ningún hecho anterior a dicha fecha puede ser calificado como delito de lesa humanidad o crímenes de guerra”, se precisa.

¿Quién sustentó la propuesta legislativa?

La propuesta fue sustentada por la presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento, legisladora Martha Moyano (FP), quien alegó que la iniciativa no busca una amnistía y tampoco un desconocimiento de los compromisos del Estado peruano en materia de derechos humanos. Seguidamente, la congresista Isabel Cortez (CD-JPP) dijo que el dictamen tiene “un nombre y apellido”, por lo que no debería ser aprobado. A su juicio, dicha iniciativa no beneficia a los trabajadores, el cual debe ser una prioridad del Congreso. Hay que mencionar que dicha propuesta fue presentada por el parlamentario Fernando Rospigliosi (FP), quien anteriormente aseveró que su propuesta busca “restaurar la legalidad en el Perú”.

Posteriormente, la Comisión Permanente rechazó una reconsideración a la votación presentada por los congresistas Isabel Cortez (CD-JPP) y Bernardo Quito (No A). Votaron a favor 11 legisladores, 15 en contra y 0 abstenciones.

Como se sabe, la primera votación de este dictamen se dio en la sesión del Pleno del Congreso realizada el pasado 6 de junio.

Corte IDH ordenó al Perú dejar sin efecto proyecto de ley que dispone prescripción de crímenes de lesa humanidad

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) requirió al Estado peruano que no se adopte, se deje sin efecto o no se otorgue vigencia al proyecto de ley que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad perpetrados antes del 2002.

Asimismo, solicitó al Perú que presente, a más tardar el 9 de agosto de 2024, un informe completo y detallado sobre el cumplimiento de lo dispuesto.

Además, deberá continuar informando a la Corte cada tres meses, contados a partir de la remisión de su último informe, hasta que el tribunal resuelva su levantamiento.

Al país ibérico. El Gobierno de Dina Boluarte designó oficialmente este jueves al ex parlamentario Luis Iberico como embajador de Perú en España, en reemplazo de Walter Gutiérrez, según la Resolución Suprema N.º 130-2024-RE publicada esta mañana en el diario oficial El Peruano.

La resolución firmada por Boluarte y el canciller Javier González-Olaechea dispuso extenderle las cartas credenciales y plenos poderes correspondientes.

Agregó que la fecha en que deberá asumir sus funciones será fijada mediante resolución ministerial.

Un día antes, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, declaró a la prensa que se había puesto a consideración el nombramiento de nuevos embajadores de Perú en España, República Dominicana y Emiratos Árabes Unidos, los cuales ya había recibido el beneplácito de los países de destino.

El nuevo embajador peruano en Madrid se desempeñó como periodista hasta los años 90 en distintos medios de comunicación e incursionó en la política en las elecciones de 2000 con el Frente Independiente Moralizador, que promovió las marchas de protesta contra la tercera reelección del expresidente Alberto Fujimori.

En la actualidad, en flamante embajador es militante del partido Alianza para el Progreso, de César Acuña.

Salida de Walter Gutiérrez

Como se recuerda, el otrora ex defensor del Pueblo, había renunciado a su cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en España en mayo pasado, tras poco más de un año de ocupar dicho puesto diplomático.

En su carta de renuncia, Gutiérrez indicó que abandonaba su cargo por “consideraciones personales que hacen inviable continuar” con ambas representaciones en el exterior. Esas “consideraciones personales” tendrían que ver con presuntas diferencias con el actual canciller Javier González-Olaechea, vinculadas a las políticas del gobierno relacionadas con el Consejo de Seguridad de la ONU.

“Es fundamental llegar a España e instalar una narrativa apegada a la realidad y la constitucionalidad, y no la narrativa fantasiosa que se ha difuminado en Europa y algunos países de América Latina (…) Nunca será suficiente repetir que lo que hizo el expresidente Pedro Castillo fue un golpe de Estado”, mencionó en esa ocasión.

¿Lobby a la vista? El ministro Raúl Pérez Reyes se reunió en China con representantes de la compañía constructora “China Railway Construction Corporation Investments”, responsable de inversiones en el exterior y de su subsidiaria en Perú, “China Civil Engineering Construction Corporation”, investigada por la Fiscalía de la Nación y que está impedida de contratar con el Estado, por haber presentado durante años información inexacta, documentos falsos y adulterados y que, incluso, ha sido sancionada con casi S/. 6 millones de soles por haber incumplido injustificadamente con el perfeccionamiento de uno de sus contratos.

El encuentro, con la multinacional cuestionada primero estuvo pactado con la mandataria Dina Boluarte; sin embargo, luego fue retirado de la agenda presidencial.

La reunión se realizó el 27 de junio

Al tercer día del viaje a la China de Dina Boluarte y sus ministros se realizó una reunión que, en un inicio, estuvo programada para el 27 de junio, tal como figuraba en la agenda presidencial, para ser sostenida por la presidenta de la República; sin embargo, el encuentro luego fue retirado de su agenda y le fue trasladado al ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, quien efectivamente, se reunió con representantes de “China Railway Construction Corporation Investments”, responsable de inversiones en el exterior y de su cuestionada subsidiaria en Perú, “China Civil Engineering Construction Corporation”.

¿Por qué “China Civil Engineering Construction” está denunciada en Perú?

“China Civil Engineering Construction” es la misma empresa que figura en los expedientes fiscales de Pedro Castillo y el prófugo exministro de Transportes, Juan Silva. Una empresa que, en este momento, está impedida de contratar con el Estado. Esta trasnacional, reiteradamente presentó información inexacta y presentó también lo que OSCE considera documentos falsos o adulterados en procesos en los que buscaba adjudicarse millonarias obras. Una sanción que culminará en los próximos años, en julio del 2026.

¿Cuál es el interés del Gobierno de reunirse con empresas chinas que han sido penalizadas, en este caso tres veces y sancionadas monetariamente en cinco oportunidades?

En Perú existen importantes inversiones chinas con empresas que han causado perjuicio al Estado, dejando obras abandonadas y proveedores impagos que se multiplican a nivel nacional. ¿Acaso la presidenta y sus ministros han abordado y reclamado por este tema en las últimas reuniones bilaterales?

“El impacto de estos contratos con estas empresas chinas ha sido muy grande, tanto así que hacemos que las empresas peruanas puedan estar compitiendo con alguien que tiene como socio en común a un estado. Y nada menos que al estado chino […] cómo puede equiparar los esfuerzos de estas empresas chinas respecto a una empresa nacional que por aquellos días no solo se le pedían un tipo de garantías, sino sendas líneas de crédito que tenían que cubrir. ¿No es una desproporción?”, señaló la experta en contrataciones con el Estado, Cecilia Ruiz.

Ante la denuncia periodística, la vocería del Ministerio de Transportes, respondió que los responsables de realizar la agenda a seguir de la comitiva presidencial en el último viaje realizado a República Popular China, han sido los funcionarios de cancillería.

A pesar de todo, el Minedu continúa contratando a cuestionada empresa china

¡Solo en Peru podría suceder esto! La empresa “China Civil Engineering Construction Corporation” (CCECC) sucursal del Perú, investigada por el Ministerio Público y el Congreso de la República por delitos de corrupción, ha sido contratada por el Ministerio de Educación para construir cuatro Escuelas Bicentenario por un monto total y exorbitante de S/. 383 105 100 millones.

El Proyecto Especial de Inversión Pública (PEIP) Escuelas Bicentenario del Minedu, a través de la modalidad gobierno a gobierno con el Reino Unido y bajo la asistencia técnica del consorcio británico-finlandes Koulu, adjudicó a la cuestionada firma china, la construcción de la I.E. Santo Domingo de Guzmán, en el distrito de Chicama, provincia de Ascope (La Libertad) con una inversión de S/ 95 930 304,38 millones.

Asimismo, la edificación de la I.E. Santa Lucía, distrito de Ferreñafe (Lambayeque) tendrá un costo de S/ 136 938 855,04, la I.E. San Marcos, distrito de Pedro Gálvez (Cajamarca) una inversión de S/87 896 396,06 y, por último, se destinará la suma de S/ 62 339 544,53 soles para la I.E. 21578, distrito de Paramonga, Barranca (Lima).

Al parecer, no se pasaron los verdaderos filtros antes de contratar a “China Civil Engineering Construction Corporation” sucursal del Perú, pues la naturaleza de los contratos gobierno a gobierno en Perú, se supone que empezaron a utilizarse precisamente para evitar la corrupción. Y tampoco se tuvo en cuenta que “China Civil Engineering Construction Corporation” (CCECC), sucursal del Perú, es una de las 12 empresas chinas denunciadas en la Fiscalía de la Nación, por diversos delitos en las contrataciones para la realización de obras en distintas partes del país.

La comisión indagadora de los contratos con las empresas chinas a cargo del legislador Héctor Valer (Somos Perú) investiga también los procesos irregulares a través de los cuales las constructoras chinas ganaron contratos para ejecutar carreteras y puentes, convocados por el MTC, Provías Nacional y Provías Descentralizado, a cambio de sobornos. Sin embargo, nos preguntamos ¿Esta investigación congresal encontrará responsables?

Se rompió el acuerdo. El Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, presidido por la jueza Margarita Salcedo Guevara, ordenó revocar el acuerdo de colaboración eficaz con el ingeniero y empresario brasileño Jorge Barata por no declarar en el juicio contra el ex presidente Ollanta Humala Tasso y su esposa Nadine Heredia.

Como se sabe, el ex funcionario de Odebrecht se había acogido a este beneficio para dar detalles sobre cómo la compañía brasileña habría entregado cerca de 3 millones de dólares en aportes al Partido Nacionalista, en el año 2011. De esa manera, a cambio, la Fiscalía no iba a denunciarlo penalmente.

Ahora, al haberse negado a presentarse en el juicio oral en calidad de testigo, para dar los detalles de la entrega del dinero, el Poder Judicial (PJ) pidió que la Fiscalía lo denuncie penalmente por el megacaso de lavado de activos.

“El 5to Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional revocó el acuerdo de colaboración eficaz con Jorge Barata, y dejó sin efecto su condición de colaborador eficaz. Asimismo, ha ordenado que la Fiscalía lo acuse penalmente en los procesos penales correspondientes”, se lee en el primer párrafo del comunicado del Ministerio Público.

Cabe resaltar que, en setiembre de 2022, el PJ ordenó que Barata compareciera para declarar sobre los aportes de Odebrecht al Partido Nacionalista. Pero Barata rechazó y cuestionó la solicitud de testificar de manera presencial.

Jorge Barata fue notificado en cinco ocasiones para declarar como testigo en este proceso y que su obligación de testificar era una imposición que se basa en la ley de colaboración eficaz.

Esto fue demostrado por el fiscal José Domingo Pérez, quien además lo denunció ante la jueza Margarita Salcedo Guevara.

“La resolución judicial dictada por la jueza Margarita Salcedo Guevara, que revoca el beneficio legal, se da tras la denuncia de incumplimiento de Barata, efectuada por el fiscal Pérez”, aseguró la Fiscalía.

También aclararon que los acuerdos de colaboración eficaz con otros funcionarios de Odebrecht continúan. Sus testimonios ya fueron recogidos por los fiscales del Equipo Especial Lava Jato, “en los juzgamientos seguidos ante la Corte de Justicia Especializada Nacional”.

La presidenta de la República, Dina Boluarte, tras retornar de su viaje a la República Popular China, vuelve a sus actividades protocolares y, desde Palacio de Gobierno, arremetió contra la prensa y calificó de tendencias las noticias lanzadas por los medios.  

Luego de destacar los diversos convenios con empresas de dicho país, como es el caso de la cuestionada empresa Huawei, que pretende instaurar la tecnología de sus vehículos eléctricos en el Perú y que desde el año pasado ha financiado los pasajes aéreos de algunos congresistas de la República, para invitarlos a eventos tecnológicos, la mandataria adoptó un tono irónico y cuestionó a los medios de comunicación y calificó de noticias tendenciosas las investigaciones en su contra. Y pidió noticias más positivas.

“Ojalá que este convenio que hoy se firma para la construcción de estos hospitales de alta complejidad en Áncash y Piura, la prensa nos ayude a repetirla las 24 horas, así como hacen con las noticias tendenciosas. Repitan esto, en las cámaras y micrófonos, estoy convencida de que más peruanas podrán enterarse de las cosas buenas que este Gobierno está haciendo”, expresó.

Tras haber ejercido un desprecio total y burlarse de las niñas Awajún, y negarse a responder ante el Congreso por las denuncias de abuso sexual en la provincia de Condorcanqui, en Amazonas, el ministro de Cultura, esta vez no podrá evadir tratar sobre el tema enfrente de los parlamentarios.

La Comisión de Educación, Juventud y Deporte acordó realizar una sesión extraordinaria este martes 16 de julio y convocó al titular de Cultura Morgan Quero Gaime, a que asista y brinde un informe sobre las denuncias de abuso sexual contra niñas escolares en la provincia de Condorcanqui, departamento de Amazonas.

Ante esa situación, el presidente del grupo de trabajo, José Balcázar Zelada (PB), señaló que emitirán un pronunciamiento público a nombre de la Comisión de Educación, donde exigirán que se tomen medidas correctivas contra las autoridades que hayan incurrido en responsabilidad. Así también lo sugirieron los legisladores Roberto Chiabra (APP) y Alejandro Muñante (RP).

“Considero que el ministro debe ser citado nuevamente. No puede evadir la responsabilidad de no venir y rendir cuentas a la población”, advirtió el congresista, Waldemar Cerrón Rojas.

Este miércoles 3 de julio, en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlamento se aprobó con ocho votos a favor, doce en contra y cuatro abstenciones, el predictamen del Proyecto de Ley 8166/2023-CR que tiene como objetivo reformar el Código Penal para establecer la responsabilidad penal de los adolescentes de 16 y 17 años de edad, como imputables dentro del sistema penal, y estén implicados en delitos graves como sicariato y extorsión.

Por su parte, el congresista Juan Burgos Oliveros explicó que la medida obedece a un incremento significativo de crímenes violentos cometidos por menores, como el sicariato, la extorsión y el crimen organizado. Tras su aprobación, el predictamen será elevado al pleno, o a la comisión permanente, según lo disponga el Congreso, para una decisión final.

El congresista Juan Burgos explicó que esta medida responde a un incremento significativo de crímenes violentos cometidos por menores, como el sicariato, la extorsión y el crimen organizado. Asimismo, advirtió que los jóvenes de 16 a 18 años que cometan estos delitos serán tratados bajo un marco legal similar al de los adultos.

Impulsarán construcción de cárceles para adolescentes

Asimismo, Burgos anunció que se está impulsando la construcción de centros penitenciarios especializados para jóvenes de 16 a 18 años, para separarlos de los adultos en el sistema penitenciario.

El Poder Judicial, a través de los jueces de la Sala Penal de Apelaciones resolvió por unanimidad CONFIRMAR la resolución del 7 de setiembre del 2023 contra el sentenciado Nicolás Risco Orbegozo, exalcalde del distrito de Pallasca en Áncash, como autor del delito contra la administración publica en la modalidad de enriquecimiento ilícito, en agravio del Estado.

La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa ratificó la decisión del juez. En vista que la apelación de la defensa de Risco Orbegozo fue declarada infundada, confirmaron la condena de cinco años de cárcel efectiva, e inhabilitación por el mismo plazo, por el delito de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado. Asimismo, se le impuso una reparación civil de S/668 329.07 y 365 días de multa.

Los jueces, el ponente Daniel Vásquez Cárdenas, Niczon Espinoza Lugo y Walter Lomparte Sánchez ordenaron la ejecución inmediata de la sentencia y solicitaron su captura. Por su parte, la defesa técnica del condenado apeló la decisión judicial.

Como se sabe, Risco Orbegozo fue alcalde del distrito de Pallasca, entre 2011-2014 por el Movimiento Regional Independiente Cuenta Conmigo, y 2015-2018 por el partido Alianza para el Progreso (APP). En esa línea, el tipo penal por el cual ha sido sentenciado abarca desde enero de 2011, hasta julio de 2017.  Y a pesar de haber percibido como alcalde un salario de S/1581 soles, fue denunciado por enriquecimiento ilícito porque poseía cinco predios inmuebles (en Nuevo Chimbote y en Conchucos) y dos camionetas.

Asimismo, Nicolás Risco Orbegozo pretendió ser alcalde de Pallasca en 2022, y postuló a dicha comuna, por el partido Somos Perú.