Ya ni protestar tranquilo dejan. No es novedad que el gobierno de Dina Boluarte se rasga las vestiduras cuando hablan en contra de ella, intentando por todos los medios en presentar una imagen positiva de la mandataria, así contraste notoriamente con la realidad.

Durante el primer día de protestas convocadas para los días 13, 14 y 15 de noviembre, un vehículo donde se transportaba el vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas M1 M2, Julio Campos Cárdenas, fue intervenido por agentes de la Policía cerca a la Plaza Unión por llevar en el techo un muñeco enorme de una rata con una banda presidencial que llevaba la inscripción “Ni un muerto más”.

Las imágenes, que fueron captadas en video, también se puede ver una fotografía de la presidenta Dina Boluarte.

Según el registro de video, Julio Campos señala que “no nos quieren dejar pasar solo por estar con la rata”. También se muestra que la intervención se realizó con la participación de al menos nueve agentes de la PNP, entre los que se encontraban unidades motorizadas que le impidieron el paso e incluso miembros de la Policía Nacional que habían acompañado el trayecto de Campos hacia el Centro de Lima.

“La policía nos ha cerrado con varias motos. Nos estuvieron siguiendo desde Izaguirre con la Panamericana Norte y a la entrada del Centro de Lima no nos dejan avanzar. Estamos con los dirigentes de los transportistas”, afirmó el hombre que grabó el video difundido en redes sociales.

Al consultar a uno de los agentes de la policía que se encontraron en la zona sobre el motivo de la intervención, el efectivo policial solo se limitó a apuntar el número de la placa del vehículo y conversar con otros agentes para evitar los cuestionamientos.

Trujillo podrá respirar tranquilo. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) revocó la decisión adoptada por el Concejo Provincial de Trujillo que abría una posibilidad para que Arturo Fernández vuelva al sillón municipal de la ‘Ciudad de la eterna primavera’. De esta manera, Mario Reyna continuará en su cargo como autoridad edil.

Esta decisión se basa en que la exautoridad edil tiene una sentencia por un delito doloso, por lo que se hace énfasis en el inciso 6 del artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades, de acuerdo con la información de Andina. El pronunciamiento del JNE declara fundada la apelación presentada por el abogado trujillano Carlos Calderón.

El letrado argumentó que Fernández justificaba su vacancia, respaldando su apelación con la resolución 60-2024, que anuló una resolución previa que había declarado la rehabilitación de Fernández por un delito de difamación agravada.

La resolución del JNE establece que no hay posibilidad de apelación adicional y que la vacancia es procedente. Este caso subraya la importancia de la integridad legal en el ejercicio de cargos públicos, especialmente en el ámbito municipal en base con la condena que haya recibido.

La vacancia del ‘Alcalde erótico’

La iniciativa de su vacancia se dio tras una serie de eventos que comenzaron el 4 de mayo de 2021. En esa fecha, mientras ejercía como alcalde del distrito Moche (Trujillo), fue arrestado por su oposición a la aplicación de las vacunas contra el covid -19.

Después de su liberación, Fernández protagonizó un altercado verbal con la teniente Nataly Rojas. La oficial lo denunció por difamación, lo que terminó con su condena y el pago de una reparación civil de 25 mil soles. Como se recuerda, primero se decidió por su suspensión y luego con su vacancia.

Lo sigue contando todo. La joven veinteañera, Yaziré Pinedo, quien confesara que fue la pareja sentimental del ex presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, contó anoche que durante una de sus frecuentes visitas que realizaba cuando Otárola tenía el cargo de ministro de Defensa fue testigo presencial de la entrega de dinero que éste habría realizado a tres congresistas de la República para evitar que prospere en el Legislativo una denuncia constitucional contra Dina Boluarte cuando ella ejercía el cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

Pinedo contó en el programa de la periodista Milagros Leiva que Otárola le entregó una lista con nombres que tenían asignados diversos montos de dinero, haciéndole escribir los nombres de los tres parlamentarios en sobres de papel A3.

En esa lista, cuenta la contadora, pudo ver que se había asignado a tres nombres los montos de 120 mil soles. Al ser consultada sobre los nombres de los legisladores que escribió, Pinedo evitó mencionarlos; sin embargo, aparecen en la denuncia que presentó Zamir Villaverde, jefe del estudio que la patrocina.

“Lo que pasa es que el señor Otárola, como estaba asumiendo la defensa de Dina Boluarte porque era su abogado, se encargaba de recopilar a congresistas para que estén a favor de él, porque Dina tenía una denuncia constitucional, si no me equivoco es la 268 y 269, no sabría decir cuál es. Les daba dinero a los congresistas. Pude ver a tres congresistas. Él les entregaba y ellos se iban”, indicó.

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Los tres congresistas presuntamente ‘comprados’ por Otárola

Es así que los tres nombres de los congresistas serían los de Wilson Soto (Acción Popular), Segundo Quiroz y Elizabeth Medina (Bloque Magisterial). Cabe mencionar que los tres legisladores estuvieron en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Soto y Quiroz en 2022, mientras que Medina en 2023.

Dicho grupo de trabajo evaluó las denuncias constitucionales 268 y 269 que fueron acumuladas contra Dina Boluarte por presuntamente haber incurrido en una infracción constitucional al haber firmado documentos como presidenta del Club Departamental Apurímac cuando era ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

Coincidentemente esa denuncia terminó siendo archivada por ese grupo de trabajo en febrero de este año.

Ayer se desarrolló el APEC legislativo, y uno de los aspectos más llamativos es el estímulo a un adicional energético como es el hidrógeno, no obstante, en el Congreso se habló poco de formas tradicionales de energía más estables o de nuestra potencialidad como país minero, donde Canadá es el segundo inversor en este rubro.

Desde temprano en la mañana un manifestante con polo de la selección peruana y una bandera peruana protestaba solo en la puerta del parlamento, bajo un sol de castigo. Mientras por dentro recibían a los invitados de las diversas embajadas de cooperación internacional, miembros de organizaciones internacionales, diplomáticos y prensa extranjera. Canadienses, estadounidenses, japoneses, coreanos, entre otros poblaron los pasillos del congreso en una reunión que aclaraba la misión de la actual cumbre de la APEC desde la perspectiva técnica y las repercusiones que tendrá en nuestras vidas.

El embajador Carlos Vásquez, presidente de las reuniones de Altos funcionarios del APEC 2024, señaló en su ponencia de ayer en el Congreso de la República, que el Perú como anfitrión del presente foro «propusimos tres prioridades: primero, el comercio y las inversiones, segundo, la digitalización y la innovación, y tercero el crecimiento sostenible para un desarrollo resiliente. En función de estas prioridades tuvimos que plantear los entregable, documentos técnico políticos donde se aterriza las propuestas de políticas públicas que negocian las economías APEC, en función de las prioridades planteadas por la economía anfitriona».

Es decir, prioridades propuestas pero vinculadas a los pilares del foro con miras a sus objetivos del 2040. El embajador destacó tres de ellas, dos que ya fueron aprobadas y que están vinculadas «a nuestra tercera prioridad, que es el crecimiento sostenible para un desarrollo resiliente, que es el uso de una línea de políticas para el uso del hidrógeno bajo en emisiones en la zona Asia Pacífico (…) Un entregable que ya fue aprobado en la reunión ministerial de energía que se llevó a cabo en el mes de agosto aquí en Lima. Y ese entregable contiene una serie de propuestas políticas publicas para armonizar certificaciones, estándares y regulaciones para esta nueva industria (…) Y hay otro pilar en este entregable que tiene que ver con el financiamiento de esta nueva industria, con los esquemas de financiamiento de esta industria y la necesidad de establecer un mercado al interior de las economías de Asia Pacífico para el desarrollo de la industria de hidrógeno que será una energía renovable adicional que se incorpora a las renovables existentes.  Porque uno de los objetivos de la APEC es que se doble hacia 2030 el porcentaje de energías renovables».

En este marco, lo mencionado por Vásquez nos lleva a pensar si esta apuesta por las renovables esta siendo motivada con inteligente prudencia o con desesperado fundamentalismo. En un contexto en que muchos países como EE.UU. han gastado millones en promover energías verdes, financiadas a través de subsidios extraídos del dinero de los contribuyentes en un afán de una transición energética cuyo alcance al año meta en países más desarrollados se viene posponiendo, hace pensar que este afán es contraintuitivo precisamente ahora que la política de EE.UU. se abre a un probable giro por una parte, mientras otras potencias como la India apuestan al carbón o China misma que apuesta a un modelo energético mixto, de energía verde pero sin renunciar a otras formas de energía más bien tradicionales.

Lo mencionado por Vásquez podría resultar peligroso para la soberanía energética en un contexto en que la conflictividad global aumenta. El relato en APEC da la impresión de vivir en 2010 en el tema energético, mientras el signo de los tiempos comienza a soplar en sentido contrario. Ayer prácticamente nadie habló de minería, de posibilidades de fomentar la inversión para la exploración de gas y petróleo en Perú, o en el campo minero, mercados donde Perú tiene evidentes riquezas, experiencia y hasta ventajas comparativas.

Estas cumbres son importantes pero dan la impresión de tener algo de concilio ecuménico en torno a un dogma cuasi religioso como es este sospechoso afán por meternos en nuestros ojos las energías verdes.

Quien sí habló de minería, aunque solo de pasada fue Andrew Ng, consejero de Asuntos Políticos y Públicos de la Embajada de Canadá, quien recordó que Canadá es el cuarto socio comercial de Perú y el segundo inversionista en el sector minero. Que, por cierto, este año se cumplen 80 años de relaciones diplomáticas entre Perú y Canadá, así como 15 años de la suscripción del TLC entre ambos países.

En fin, hay mucho todavía por hablar sobre nuestras auténticas fortalezas e inversiones seguras que promuevan nuestro desarrollo lejos de aventuras nematologicas.

El Equipo de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) ha solicitado imponer 18 meses de prisión preventiva a César Alexis de la Cruz y Edson Flores Valencia, quienes se desenvolvieron como asesores de la congresista de Perú Libre, María Agüero, y quienes, de acuerdo a un informe de Punto Final, estarían involucrados en la presunta recolección ilícita de un porcentaje de los sueldos de sus trabajadores.

Fiscalía allanó vivienda de la congresista María Agüero por caso ‘Mochasueldos’

Asimismo, hace una semana, el personal de la Fiscalía llegó desde tempranas horas de la mañana hasta la casa y despacho de la parlamentaria de Perú Libre y ambos inmuebles fueron allanados, en el marco de las investigaciones por el presunto recorte de sueldo de sus trabajadores. Las autoridades recopilaron evidencias que puedan confirmar su participación en este esquema, donde se le acusa a la legisladora arequipeña de retener hasta el 10% de los fondos de su personal.

A través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, la Fiscalía de la Nación informó que ejecutaba la diligencia de allanamiento del domicilio de la parlamentaria en el distrito de Breña, en conjunto con el Equipo de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop).

De acuerdo con la tesis fiscal, la defensora del prófugo Vladimir Cerrón, quien es investigada por los presuntos delitos de concusión y enriquecimiento ilícito, «habría abusado de su cargo de parlamentaria para inducir y/o obligar trabajadores de su despacho entregar diversas sumas de dinero provenientes de un porcentaje de sus haberes mensuales», entre junio de 2022 y mayo de 2023. La legisladora habría recolectado aproximadamente S/ 135 mil provenientes del 10% de la remuneración de su personal. Todo ello, a través de sus asesores Edson Flores Valencia y César de la Cruz Canales.

Como recién se anunció, antes de fin de año los parlamentarios, incluyendo los trabajadores del Congreso de la República, recibirán un bono de S/ 1,700 como beneficio por Navidad, así lo dio a conocer el presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, el lunes 11 de noviembre.

Esta noticia, ha generado críticas en diversos sectores que consideran que pese al desprestigio que actualmente protagoniza el Legislativo, desde la mesa directiva, sí se muestren diligentes para gestionar sus propios beneficios económicos. Sin embargo, algunos congresistas defendieron el bono navideño que recibirán en diciembre, con el argumento, de que se trata de una práctica establecida desde hace décadas.

Por su parte, el parlamentario Alejandro Cavero, tercer vicepresidente del Congreso y miembro de la bancada de Avanza País, justificó la bonificación, y añadió que cualquier legislador, si lo desea, tiene toda la libertad de rechazar el beneficio.

“Cualquier parlamentario que quiera renunciar a ese bono podrá hacerlo tranquilamente, sea demagogia o no”, respondió Cavero ante la prensa, e hizo hincapié en que el bono se debe a un acuerdo colectivo con el sindicato de trabajadores parlamentarios.

Por otro lado, la congresista Maricarmen Alva aseveró que este incentivo económico no es nuevo y que se otorgó en diferentes formas a lo largo de 50 años y remarcó que anteriormente el bono se ofrecía en forma de canasta navideña, pero los trabajadores parlamentarios solicitaron recibir el monto equivalente en efectivo para poder adquirir productos de su elección.

“Es un tema de negociación colectiva que se viene manteniendo desde hace años. La entrega se hacía antes en canastas, pero luego se optó por el monto, ya que muchos preferían comprar según sus necesidades”, precisó Alva Prieto.

El parlamentario Alejandro Muñante mencionó que un año atrás donó su bono navideño a organizaciones de ayuda social, porque entiende la preocupación ciudadana por este tipo de asignaciones; sin embargo, también considera que sus colegas pueden darle un uso responsable a su bonificación.

“Yo doné mi aguinaldo el año pasado a unas ollas comunes. Si no se puede cambiar esta práctica, al menos se puede utilizar para apoyar a quienes más lo necesitan”, respondió ante la prensa.

Como se sabe, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Eduardo Salhuana, reiteró que esta asignación obedece a un acuerdo institucional de larga data.

El mandamás de la Defensoría del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, criticó al Gobierno de Dina Boluarte y al ministro de Educación Morgan Quero por haber ordenado impartir clases virtuales para los escolares de educación primaria y secundaria, así como para universitarios durante la semana APEC 2024.

En ese sentido, el defensor del Pueblo indicó que se tomó una mala decisión al suspender las actividades presenciales en los planteles educativos y en las universidades.

«De ninguna manera debió haberse suspendido. Ya se había declarado los feriados, jueves, viernes, sábado, y domingo, y era lo necesario para garantizar la seguridad de nuestros invitados que se merecen todo un tratamiento especial», expresó para Canal N.

Defensoría también cuestiona implantar ‘teletrabajo’ para sector estatal

Gutiérrez Cóndor también cuestionó que el Gobierno haya ordenado implantar teletrabajo para el sector público durante el 11, 12 y 13 de noviembre, por motivo del APEC, y precisó que hay áreas del sector público que no han podido realizar teletrabajo debido a que sus labores implican su presencia activa. «Existe la necesidad de producir, de trabajar», remarcó.

Por su parte, la congresista y exministra de Educación Flor Pablo también asumió una postura crítica, al referirse a esos días como «una semana perdida» y consideró que la disposición respaldada por el Ministerio de Educación (Minedu) «no tiene ningún criterio» y carece de «empatía».

«Condena a los más pobres, al atraso, a que realmente la educación sea para el que tenga las condiciones y el que pueda avanzar, avance. Eso es lo que está diciendo en pocas palabras. (…) Un discurso vacío, hueco, fuera de contexto, sin sentido de realidad; realmente una vergüenza», señaló Pablo Medina.

Ministro Morgan Quero defiende las ‘clases virtuales’

No obstante, El ministro de Educación, Morgan Quero, defendió la medida instaurada y aseguró que las clases virtuales permitirán que los padres de familia «estén más cerca de sus hijos» debido a que ellos estarían laborando en modalidad de teletrabajo durante el APEC.

Sin embargo, su respuesta no quedó ahí, pues aseguró que sería una oportunidad para «reunirnos en familia» y permitiría reflexionar sobre la importancia del APEC 2024. En suma, continúo defendiendo la modalidad virtual, a la que él llama “remota”.

«Será una oportunidad para estar más cerca a nuestros hijos y organizarnos. Todos vamos a estar en teletrabajo en Lima Metropolitana», declaró Quero hace unos días para Canal N.

En #CuentasClaras, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, sobre clases virtuales durante APEC: "De ninguna manera debió haber suspendido (las clases presenciales). Se tomó una mala decisión. El sector público no debió dejar de trabajar" ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/LkwD4a4rg3

— Canal N (@canalN_) November 13, 2024

Mientras el presidente de la FPF, Agustín Lozano, sigue detenido preliminarmente desde el pasado jueves 7 de noviembre, hoy por la mañana un grupo de fiscales y policías de la Dirección de Inteligencia de la PNP y la Policía Fiscal allanaron la sede de la empresa ‘1190 Sports’, ubicada en la calle Esquilache, en el distrito de San Isidro en Lima, como parte de las investigaciones contra el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano Saavedra, por presuntamente ser el cabecilla de la organización criminal denominada ‘Los Galácticos’. Estas diligencias de allanamiento, también se ejecutan en nueve inmuebles en Lima.

Agustín Lozano, líder de una ‘organización criminal’ que habría favorecido a ‘1190 Sports’

Al imputado Agustín Lozano Saavedra, se le vincula por ser presunto autor del delito de organización criminal, al constituir desde el 7 de diciembre del 2018 hasta la actualidad, la presunta organización criminal enquistada en la Federación Peruana de Fútbol (FPF), la que estaría conformada por 21 personas.

Asimismo, Lozano instruyó al secretario general de la junta directiva de la FPF para que implementen y ejecuten acuerdos de directorio, sobre otros acuerdos comerciales, como el caso del contrato con ‘1190 Sports’ (compañía que gestiona y comercializa derechos deportivos), donde surgió un conflicto de intereses que vulneró los estatutos de la FPF y la norma de Conmebol y FIFA.

Además, habría creado de manera ilegal la “dirección de competiciones” y a los integrantes de la “comisión de organización de competiciones”, con el objetivo de modificar el reglamento interno de la Liga 1-Temporada 2023, creando sanciones graves a los clubes que se oponían al contrato entre la FPF y ‘1190 Sports’ y habría dirigido la realización de la licitación pública de derechos de televisión de la Liga 1, creando así un conflicto de intereses para favorecer a la empresa ‘1190 Sports’ en los derechos de trasmisión de los partidos de la Liga 1-Temporada 2023. Además, se le atribuye haber suscrito, en conjunto con el secretario general de la FPF, Jean Marcel Robilliard Ibárcena, el contrato con ‘1190 Sports’, pese a que sabía que existía un conflicto de intereses.

Según la hipótesis de la Fiscalía, el dirigente ratificó las negociaciones directas, presuntamente ilegales, que realizó la Comisión de Derechos de Televisión con la compañía chilena, pese a que no había concluido el proceso de licitación y que esta comisión no tenía facultades para ello.

En tanto, se atribuye un conflicto de interés porque la comisión de los derechos de televisión estuvo conformada por Joel Raffo, presidente del Club Sporting Cristal y Gisella Karen Mandriotti, presidenta del Club Academia Cantolao. Y justamente, Diego Fernando Delgado Raffo es representante de Prisma SpA y además primo de Joel Raffo, quien era miembro de la citada comisión. Ambos son primos del representante de la empresa ‘1190 Sports’, Julio Carlo Gianella Raffo, sustentó la Fiscalía.

@limagristv La Policía y Fiscalía allanan las oficinas de las empresa 1190 Sports en San Isidro por el caso Los Galácticos, que implica a Agustín Lozano. #actualidad #limagris #noticia #noticias #parati #actualidadnoticias #fyp #perú #lima #agustinlozano #fpf ♬ sonido original – LimaGris