¿Robo a mano armada? La compañía estadounidense UWS (United Weapon Systems) denunció que la empresa estatal FAME S.A. habría replicado sin autorización componentes de un fusil de alta tecnología desarrollado en el marco de una antigua alianza estratégica, exigiendo una indemnización superior a los 50 millones de dólares, así como la incautación inmediata del armamento producido.

De acuerdo al informe del dominical Cuarto Poder, FAME habría utilizado diseños y componentes registrados como propiedad intelectual de la firma estadounidense para fabricar los fusiles ARAD 5, actualmente adquiridos por la Policía y el Ejército del Perú.

La empresa acusa a FAME de “plagio descarado” y sostiene que el armamento utilizado para combatir el crimen en el país es en realidad una copia ilegal.

“Buscamos inmovilizar y confiscar todo lo que nos pertenece y multar a FAME por aquellas armas que han vendido por usar nuestro diseño y tecnología. No hay diferencias, es un diseño robado y estamos solicitando a Indecopi que se cumpla”, dijo Michael Christopher Bingham, representante general de UWS, quien afirmó que se ha presentado dos denuncias ante INDECOPI y una ante el Poder Judicial peruano, además de solicitar medidas cautelares para inmovilizar las armas presuntamente plagiadas.

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Una compañía estadounidense sospecha que la empresa estatal FAME, Fábrica de Armas y Municiones del Ejército, habría vendido a la policía y al ejército fusiles que serían producto de un plagio ► https://t.co/T3blzG3s0R pic.twitter.com/HvCY4Vi6lJ

— Cuarto Poder (@Cuarto_Poder) April 7, 2025

El conflicto tiene origen en una alianza firmada en 2016 entre FAME y UWS, que contemplaba transferencia de tecnología para la producción local de armas. Sin embargo, esta relación se rompió en 2020 y fue reemplazada por un convenio con la empresa israelí IWI, vinculada hoy a Diego Alfaro Di Natale, el empresario que se reunió con el gerente comercial de FAME y con el intermediario de Nicanor Boluarte, Jorge Garboza.

“Este es un producto que no les pertenece y ellos lo están utilizando como si fuera de ellos. Es inverosímil al que hemos llegado a este nivel de falsificación de armamento de guerra”, expresó Sandro Monteblanco, representante legal de UWS en Perú.

El representante de UWS anunció que en las próximas horas se interpondrá una demanda por daños y perjuicios, y exigirán al Estado peruano una reparación civil que supera los 50 millones de dólares.

Ante esta denuncia, el citado dominical buscó la versión de FAME, quienes respondieron, a través de una carta, que no han sido notificados de la denuncia y por ello no emitirán comentarios.

El congresista de Acción Popular (AP) Carlos Enrique Alva Rojas fue denunciado ante la Policía Nacional del Perú (PNP) por su propia esposa por agresión física. El acto de violencia ocurrió el pasado miércoles 26 de febrero en Trujillo, La Libertad, durante la semana de representación, informó el dominical Cuarto Poder.

En la denuncia policial se esgrime que, durante una discusión por una presunta infidelidad cometida por el parlamentario Alva Rojas, éste le respondió a su cónyuge con palabras soeces y le amenazó con que se iban a divorciar. Seguidamente, empezó a propinarle puñetes en el rostro y a la altura del pecho.

“Luego de ello, la empujó y le propinó un puñete en el pómulo izquierdo, para luego propinarle puñetes en el hombro izquierdo (en donde la denunciante indica que tiene una operación en el seno izquierdo), pese a ello el denunciado continuó golpeándola, por lo que se presentó ante esta Comisaría Policial El Alambre, a fin de realizar la denuncia correspondiente del hecho”, se lee en el parte policial.

Asevera que es casado pero que está separado

“Lo que sí me acuerdo es que tengo una hija mayor que estaba en plena discusión y yo fui a separarla. Estoy casado, pero estoy separado de ella”, se defendió Alva Rojas y al ser consultado por los golpes que, de acuerdo a la denuncia policial, le propinó a su esposa, el legislador afirmó que “eso hay que demostrarlo”.

En un comunicado, Carlos Alva Rojas indicó que “si bien fui notificado, no conocía los detalles de la denuncia debido a mis múltiples funciones parlamentarias, asimismo porque en fechas recientes sufrí un accidente vehicular que me mantuvo enfocado en mi recuperación”.

“Fue a través de la comunicación (sic) que tomé conocimiento público del caso. La denuncia fue presentada por quien legalmente aún es mi cónyuge, con quien no mantengo convivencia, ni relación afectiva desde hace más de diez años”, aseveró.

Denunciado Alvar Rojas asegura que rechaza todo tipo de violencia

Finalmente, el congresista denunciado por su propia esposa, concluyó que: “Según el acta de la Comisaría PNP El Alambre, la denunciante rectificó su versión inicial, señalando que la denuncia fue presentada en un momento de crisis emocional, provocado por problemas de salud, presiones familiares y una discusión puntual. Es por ello que, por voluntad propia, acudió a dejar constancia de ello con el fin de evitar tergiversaciones que distorsionen los hechos y afecten injustamente mi imagen. Rechazo toda forma de violencia y reafirmo mi compromiso con su erradicación. Este tema debe tratarse con la seriedad que merece, sin distorsiones ni aprovechamientos ajenos a su verdadera gravedad”.

El Poder Ejecutivo, a través de la presidenta Dina Boluarte, firmó la autógrafa de ley que autoriza a los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) utilizar sus armas de fuego en situaciones de flagrante delito, cuando se ponga en peligro la vida de los agentes policiales o de otras personas. Situación que genera desconcierto, tomando en cuenta que ya existen leyes que protegen a los policías y que los eximen de responsabilidad penal, en caso que hagan uso de sus armas de fuego, durante un hecho de flagrancia contra criminales que pretendan atentar contra sus vidas y/o la de terceros.

Boluarte Zegarra firmó la autógrafa, luego de que el Pleno del Congreso aprobara el dictamen de los proyectos de ley n.° 5239/2022-CR y 6531/2023-CR, los cuales proponen modificar el Decreto Legislativo 1186°, que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP).

El acto se realizó en el denominado “Cuartel de Guerra”, y junto a la mandataria estuvieron presentes parlamentarios, altos mandos de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y ministros de Estado, entre ellos el titular del Interior, Julio Díaz Zulueta.

Boluarte Zegarra aseveró que, con esta nueva norma, se acabará con dispositivos que priorizaban la vida del delincuente por encima de la de los miembros de la Policía.

“La democracia no puede ceder ante el miedo ni retroceder frente al crimen. Esta ley marca un antes y un después. Es el primer gran paso para proteger a nuestra Policía y, con ello, restablecer el verdadero Estado de derecho”, afirmó la mandataria. Asimismo, según su criterio, esta ley pone “fin a las leyes que durante años han priorizado la vida del criminal”, sostuvo la mandataria.

La ley establece que los medios autorizados para la PNP, proporcionados por el Estado, incluyen tanto armas letales como no letales, equipos y accesorios que el personal policial emplea para enfrentar amenazas que pongan en riesgo la seguridad pública o la integridad de las personas. Es decir, si un policía en una intervención se enfrenta a armas de fuego, armas letales inoperativas o elementos que representen una amenaza evidente para su vida o la de otras personas, éste podrá abatir al agresor en el lugar de los hechos, considerando la acción como legítima defensa.

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga Peña, se pronunció sobre su continuidad al frente del MIDIS, y negó toda posibilidad de renunciar al cargo por el que actualmente viene siendo cuestionada. Y en lugar de indicar si tomará una decisión al respecto, solo afirmó que su cargo se encuentra a disposición de la presidenta Dina Boluarte, pero que, en este momento, su prioridad únicamente es reestructurar el programa de alimentación escolar ‘Wasi Mikuna’, y no su renuncia al portafolio.

Leslie Urteaga afirma que habrá cambio en el Midis

Pese a que se niega a dejar el cargo de ministra en el Midis, tras la intoxicación de más de 80 escolares por alimentos en mal estado procedentes del programa ‘Wasi Mikuna’, la ministra Urteaga Peña aseguró que aún tiene la misión de implementar grandes cambios.

«Los ministros siempre estamos a disposición. Nuestros cargos están a disposición; la presidenta es quien nos invita y quien decide hasta cuándo podemos permanecer. Tengo apenas dos meses en la gestión y estoy con mi cargo a disposición de la señora presidenta», expresó.

Asimismo, Urteaga Peña, se pronunció sobre la moción de interpelación en su contra, presentada por congresistas de diversas bancadas y aseguró que comparecerá ante el Parlamento y responderá a todas las inquietudes con el fin de aclarar los hechos.

«Ustedes conocen y saben que cada vez que me llama el Congreso hemos ido. Y estaré nuevamente y cuando me llamen hay una indicación para la interpelación. Estamos trabajando de día y de noche para asegurar la calidad de los alimentos que entregamos a los escolares», concluyó la titular del Midis.

Son de una ‘raza distinta’ que hasta se niegan a pagarle a la Sunat. Un contundente informe periodístico realizado por ‘Punto Final’ ha puesto al descubierto la millonaria deuda que tiene la parlamentaria María Acuña Peralta con la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) por una operación inmobiliaria sumamente lucrativa a favor de la legisladora.

Pese a las reiteradas notificaciones de la entidad tributaria, la congresista de Alianza para el Progreso (APP) se niega a pagar la obligación como cualquier ciudadano, y es que la ley establece que cualquier persona natural tiene el deber de pagar impuestos, sin embargo, la hermana de César Acuña no reconoce dicha deuda.

De acuerdo al citado programa, en el año 2009 otorgó un préstamo de U$300,000 a Teresa Vílchez López, quien, al no poder devolver el dinero, transfirió 117 lotes de terreno en la urbanización El Santuario como parte del pago. Estos terrenos fueron utilizados como capital para fundar la empresa Inmobiliaria Los Alizos, en sociedad con el esposo de la congresista.

El dominical dio cuenta que en menos de nueve meses los lotes experimentaron una revalorización extraordinaria: pasaron de valer $2,500 cada uno a S/ 55,000, acumulando un total de S/ 6.7 millones. Esta valorización llamó la atención de la Sunat, que desde 2020 ha exigido el pago de impuestos por esta operación.

A pesar de los intentos de desligarse del caso alegando no tener vínculo actual con la empresa, la Sunat ha determinado que la deuda corresponde a Acuña como persona natural. Las notificaciones han sido enviadas tanto a su domicilio fiscal como al registrado ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Desde que asumió su cargo como congresista, Acuña ha visitado las oficinas de la Sunat en al menos ocho ocasiones para apelar el caso, pero todas sus solicitudes han sido rechazadas. Actualmente, el tema está bajo revisión del Tribunal Fiscal.

El dominical informó que la empresa Los Alizos ha vendido todos los lotes en Chiclayo y no parece estar operativa ni en su sede fiscal ni en otros registros oficiales.

No obstante, María Acuña evita responde a la prensa sobre el tema.

El dato:

La Sunat argumenta que una persona puede transferir un máximo de dos bienes inmuebles como aporte de capital, sin pagar impuestos. Sin embargo, la legisladora llevó 117 propiedades.

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Leslie Urteaga Peña, en una entrevista para Exitosa, reconoció que el programa alimentario ‘Wasi Mikuna’, antes ‘Qali Warma’, ha sido un fracaso y aseguró que debe ser desactivado.

Asimismo, defendió al gobierno de la presidenta de la República, Dina Boluarte, y añadió que se están haciendo los esfuerzos posibles para atender en su alimentación a todos los escolares nacionales, debido a la enorme preocupación que tiene la mandataria.

Las declaraciones de la titular del Midis, se dan luego de los incesantes cuestionamientos que tiene el programa alimentario ‘Wasi Mikuna’, tras la intoxicación masiva de más de 80 estudiantes menores de la institución educativa Elvira Castro de Quiróz, en Piura por haber consumido alimentos en mal estado del programa ‘Wasi Mikuna’.

«La presidenta está sumamente preocupada por el tema de alimentación. La presidenta está respaldando. Cuando ella me llama comentamos este tema porque era una prioridad para ella y este Gobierno. Lo que estamos proponiendo es no arrastrar modelos antiguos y extinguir los que tenemos ahora», aseveró la ministra Leslie Urteaga.

Madres indignadas en Piura protestan por alimentos de ‘Wasi Mikuna’

Tras el anuncio de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga que confirma la extinción del fallido programa alimentario ‘Wasi Mikuna’, tras haber intoxicado masivamente a más de 80 escolares en Piura, las protestas de las madres de familia se han intensificaron con carteles y reclamos directos al Ejecutivo.

Ellas denunciaron con indignación que los alimentos entregados por el programa del Midis están en mal estado. “Que se los coman ellos”, reclamó una madre muy disgustada.

Luego de la confesión de varios testigos respecto a la cirugía realizada a Dina Boluarte, la mandataria ahora ha cambiado de parecer y ya no se encuentra tan predispuesta a colaborar. Tal parece que existiría mayor información sobre las horas en el quirófano de la presidenta y eso no le favorecería a su defensa legal.

El pasado 4 de abril, en el tercer piso del Palacio de Justicia, se realizó una audiencia virtual entre representantes del Ministerio Público, el doctor Mario Cabani, médicos de la clínica Sanna y por supuesto la jefa de Estado. En ese escenario, la presidenta solicitó formalmente al juez supremo Juan Carlos Checkley que su historial clínico se mantenga reservado. “Solicito a su despacho que cautele mi derecho a mantener en privado mis documentos que engloban mi atención médica”, según el informe del programa dominical Cuarto Poder.

Durante su participación en la audiencia, Boluarte Zegarra insistió en que la cirugía fue usada políticamente. Sostuvo que fue su ex jefe de gabinete, Alberto Otárola, quien mencionó el procedimiento ante el Congreso, con el propósito de desviar la atención de las acusaciones que pesaban sobre él. “La noticia de la cirugía fue revelada como una cortina de humo por Alberto Otárola ante la Comisión de Fiscalización del Congreso”, declaró supuestamente el informe del citado programa dominical.

Cambio de parecer

La participación de la “chalhuanquina” llamó la atención no solo por su presencia, sino por el contraste con su discurso anterior. En diciembre del año pasado, durante un mensaje a la Nación, señaló: “Cuando se dignen en citarme una vez más, el Ministerio Público haga su trabajo, renunciaré voluntariamente a mi derecho a la confidencialidad médica y entregaré mi historial clínico”.

Ese compromiso, sin embargo, no se materializó en la audiencia del viernes. Por el contrario, pidió explícitamente que se mantenga la reserva médica. “En esta audiencia en particular, están haciendo uso y abuso de poder. Pretenden violentar asuntos propios y privados, de mi atención, de mi salud”, se mostró en el informe.

#AlDíaConWillax | Boluarte solicita al Poder Judicial que se respete su privacidad médica

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Su ‘estate quieto’ por faltoso. Entre berrinches, dolores de estómago, pataletas y tropelías contra los magistrados de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, el ex presidente Pedro Castillo se ganó a pulso que no se le conceda el “uso de la palabra”. Cabe recordar que el ex mandatario se encuentra en el juicio oral por el presunto golpe de Estado perpetrado en el año 2022.

El profesor chotano, a lo largo de las audiencias, se ha mostrado evasivo y confrontacional con los magistrados, apelando a calificativos ofensivos o denigrantes contra el proceso, tildando de “mamarracho” la misma.

En la última sesión, el ambiente se tornó aún más tenso cuando Castillo volvió a desafiar la autoridad del tribunal, lo que motivó una decisión drástica por parte del juez José Neira: suspenderle el derecho a la palabra. Esta medida se tomó luego de que el exmandatario hiciera varios comentarios que fueron considerados como agravios directos a los magistrados, generando un desorden que dificultó el desarrollo del juicio.

De acuerdo al artículo 375 del Código Penal se establecen sanciones para quienes perturben el orden en lugares donde las autoridades ejercen funciones, lo que incluye las salas de justicia.

#EnVivo

Juzgado decide que no le dará la palabra a Pedro Castillo, tras registrarse incidentes en el juicio por el caso golpe de Estado

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— Canal N (@canalN_) April 4, 2025

El desarrollo del juicio se ha visto interrumpido no solo por las actitudes de Pedro Castillo, sino también por las intervenciones de sus abogados, quienes han generado más de un momento de tensión. Durante la jornada de ayer, uno de los defensores del expresidente buscó presentar un recurso de reposición, alegando que se estaba vulnerando el derecho constitucional a la libre expresión de su cliente. Este intento de impugnación fue rechazado por el tribunal, que reafirmó la decisión de suspender la intervención de Castillo.

El juez José Neira, quien preside el juicio, también se vio obligado a reprender a los abogados durante el proceso. En particular, hizo un llamado a la disciplina en la sala, señalando que las intervenciones no estaban siendo realizadas conforme a los protocolos procesales. Con esta reprimenda, el juez restableció el orden y aclaró que el tribunal no toleraría más interrupciones que alteraran el ritmo del juicio.